Tocar dos teclas (clave). Las ayudas a la contratación cuando se generalizan raramente impulsan la contratación y convierten en más estables los empleos

Decir en un país que ha superado el 20% de paro tres veces en los últimos 30 años que las políticas de empleo no funcionan suena a obviedad. En cambio, la persistencia de esos dos datos (20%, 30 años), muestra que muchos gobiernos centrales y autonómicos han fracasado o fallado tratando de acabar con esa obviedad. Para hacerlo, el PSOE propone un programa que toca, entre otras cuestiones, dos puntos importantes de las políticas de empleo: la eliminación de las bonificaciones para estimular la contratación y la descentralización de las prestaciones por desempleo para que las gestiones las comunidades autónomas.

La primera propuesta arrancará, sin duda, aplausos entre los estudiosos del mercado laboral. La ineficacia de las ayudas a la contratación (tanto si son bonificaciones como simples reducciones de cotizaciones) cuando se generalizan —eso es lo que sucede ahora y ha sucedido en el pasado— está demostrada por la literatura económica desde hace años y admitida por casi todos los responsables políticos. Raramente impulsan la contratación y convierten en más estables los empleos que se benefician de estas ayudas.

Pese a ello, año tras año la partida ronda los 3.000 millones de euros. Solo los recortes de 2012, que acabaron con buena parte de las bonificaciones, parecieron acabar con este error histórico. La partida se redujo casi a la mitad, pero ya al año siguiente superó los 2.000 millones. Para este año, los presupuestos esperan un gasto, de nuevo, superior a los 3.000 millones de euros.

La otra tecla que plantea tocar el PSOE, que las autonomías gestionen las prestaciones por desempleo, es un cambio todavía más profundo, pero le va a costar más defenderlo. Las autonomías gestionan las políticas activas de empleo (orientación, formación, búsqueda...) desde los años noventa y no se puede decir que hayan tenido un gran éxito. Basta con ver los datos de colocación: solo el 2,5% de trabajadores encuentra empleo a través de los servicios públicos. Además, los casos más grandes de fraude en la formación continua y de parados (desde que se acabó con el Forcem) han aparecido en esas administraciones.

Desde luego, sacar adelante esta medida puede acabar con la situación bipolar que se vive ahora en las oficinas públicas de empleo, en las que conviven los funcionarios estatales (encargados de la gestión de las prestaciones) con los autonómicos (responsables de las políticas activas), y el lío que supone al parado saber a qué ventanilla acudir. Y también puede servir para adaptar mejor las políticas activas —si estas mejoran de una vez— al desempleado. Pero también es cierto que la bipolaridad podría incluso multiplicarse si, siguiendo al archicitado Conde de Romanones (“hagan ustedes las leyes y ya me encargo yo de los reglamentos”), cada autonomía fija una instrucción para reconocer las prestaciones o las aplica de forma distinta, con más o menos rigidez.
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