_ No contento el TS con dar un salto cronólogico en la investigación, este miércoles el juez instructor ha ordenado que la Guardia Civil registrara el despacho del fiscal general e incautara su móvil, como si se estuviera combatiendo una célula terrorista o una banda de narcotraficantes
El pacto de conformidad es un instituto al que suelen acudir los autores de un delito tributario con la finalidad de evitar el juicio, primero, y una condena privativa de libertad, después. Es el presunto delincuente y no el Ministerio Fiscal el que lo propone. Y, si lo propone, es porque su abogado le habrá aconsejado hacerlo por entender que es la mejor alternativa para él.
La premisa de la propuesta de un pacto de conformidad es el reconocimiento por parte del presunto autor de un delito tributario de que efectivamente ha cometido el delito. El autor del delito sigue siendo titular de la presunción de inocencia, pero de una presunción de inocencia vinculada a la confesión del acto delictivo. La presunción de inocencia se conserva hasta que el pacto de conformidad es puesto en conocimiento del juez y este lo valida.
Quiere decirse, pues, que el hacer públicos la propuesta de un pacto de conformidad o incluso un acuerdo ya negociado para alcanzar dicho pacto no perjudica en nada al autor del delito ni afecta a su derecho a la defensa, ya que, para que esto ocurriera, tendría que ser perjudicial para él el conocimiento público de tal pacto, algo que es, como acabo de decir, contrario a la propia naturaleza del pacto de conformidad.
Esta es la razón por la que la Fiscalía provincial de Madrid y la Fiscalía General del Estado no consideraron que se vería afectado el derecho a la defensa del Sr. González Amador por emitir una nota pública desmintiendo el bulo que se había hecho circular de que el fiscal encargado del caso había propuesto un pacto de conformidad al Sr. González Amador y que “desde arriba” se había torpedeado dicho pacto. Ningún derecho fundamental del Sr. González Amador se veía afectado por la nota informativa.
Así lo ha reconocido la Sala Segunda del Tribunal Supremo al admitir a trámite la querella del Sr. González Amador contra la fiscal jefe de Madrid y contra el fiscal general del Estado. Desmentir un bulo no puede ser nunca revelación de un secreto, porque el propio bulo ha dado conocimiento público a lo que la nota informativa de la Fiscalía desmiente. La Fiscalía no da a conocer un secreto, sino que desmiente el bulo que se ha hecho circular a partir del secreto.
Ahora bien, la Sala Segunda añade que, si la emisión de la nota informativa no puede ser constitutiva del delito de revelación de secreto, ello no quiere decir que el acto previo de filtración a los medios no lo sea. Y el autor de ese acto previo sí puede ser la fiscal jefe de Madrid o el fiscal general del Estado, razón por la cual decide abrir una investigación contra ellos.
Resulta sorprendente que la Sala Segunda considere que tiene que ser investigada la filtración a El País y al Diario.es, pero no a El Mundo, que fue el primer medio de comunicación que desveló la existencia del pacto de conformidad, pero de forma invertida, es decir, en forma de bulo, atribuyendo al fiscal encargado del caso la propuesta del pacto y no al Sr. Fernández Amador. Fue El Mundo y no El País o el Diario.es el que desveló el secreto. Y esto es algo que la Sala Segunda del TS no podía no conocer. ¿Por qué la publicidad del secreto por El Mundo no se investiga?
El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto, ya que, como todo el mundo sabe, el Derecho y las matemáticas son cosas distintas. Esperemos que el tiempo ponga las cosas en su lugar.
Pero no contento el TS con dar ese salto cronológico en la investigación, este miércoles el juez instructor del caso ha ordenado que la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general e incautar su móvil, actuando como si se estuviera combatiendo una célula terrorista o una banda de narcotraficantes.
Ya he indicado que la revelación de un pacto de conformidad por un delito tributario es lo menos que se despacha en lo que al delito de revelación de secretos se refiere. Montar en la sede de la Fiscalía General del Estado la operación ordenada este miércoles no puede tener otro sentido que el de continuar haciendo ruido para calentar todavía más el ambiente. Por desgracia es algo que se está repitiendo con asiduidad.
Javier Pérez Royo
Mostrando entradas con la etiqueta justicia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta justicia. Mostrar todas las entradas
jueves, 7 de noviembre de 2024
lunes, 5 de agosto de 2024
_- Una operación sucia y asquerosa
_ - Hoy te escribo desde mi pueblo, Torresandino. Son las fiestas patronales y he venido con mi familia a pasar unos días aquí, huyendo también del calor de Madrid.
Ha sido una semana movida, con mucho que comentar. Probablemente lo más relevante para el futuro es la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP. Sobre este asunto, te recomiendo este estupendo análisis de Iñigo Saéz de Ugarte. Pero he preferido centrar mi boletín en otros dos temas de la semana: dos cuestiones que no se pueden dejar pasar como si fueran otra noticia más.
La Stasi del PP
Nacho Cano: “Todo esto lo ha orquestado la Policía, es como la Stasi. Es una operación sucia y asquerosa”. “Esto es lo más parecido a la Stasi, a Venezuela.”
Isabel Díaz Ayuso: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”. “Aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir”. “La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno”.
El músico y la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen mucha razón, aunque por los motivos equivocados. Por supuesto, ellos se refieren a lo ocurrido con los becarios del musical Malinche a los que Nacho Cano tenía trabajando sin los permisos en regla. Aunque su encendida denuncia encaja mejor con los nuevos datos que hemos desvelado esta semana elDiario.es y El País sobre la persecución policial del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos.
Eso sí fue estalinismo. Eso sí fue la Stasi. Eso sí fue una operación sucia y asquerosa, que buscaba la destrucción personal por motivos políticos.
Los hechos. La Policía espió a medio centenar de diputados de Podemos durante el Gobierno del PP. La casi totalidad de los cargos electos de Podemos en esos años fueron investigados sin orden judicial: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Carolina Bescansa, Pablo Bustinduy, Juan Pedro Yllanes, Alberto Rodríguez, Tania Sánchez…También fue espiada Victoria Rosell, incluso antes de que entrara en política: cuando aún era jueza en activo.
Entre 2015 y 2016, hubo casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas por parte de distintos agentes de la policía –también algunos pocos guardias civiles–. Son ficheros informáticos donde se guardan los establecimientos hoteleros donde se aloja cada ciudadano, las matrículas de los coches, su residencia…
En esas bases de datos también figuran los antecedentes penales y policiales. Como los que el número dos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, pidió rastrear tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando el PSOE negoció por primera vez con Podemos una coalición. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, preguntó Martínez en un mensaje por whatsapp a uno de los más destacados comisarios de la brigada política, Enrique García Castaño.
El rastro de este espionaje está hoy en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz está investigando la guerra sucia contra Podemos y ha encontrado ya algunas evidencias palmarias. Como lo que ocurrió con un ciudadano venezolano al que premiaron con el permiso de residencia a cambio de lanzar un bulo sobre Pablo Iglesias: una cuenta en un paraíso fiscal que nunca existió. O las anotaciones en las libretas del comisario Villarejo, que desde septiembre de 2014 empezó a investigar ilegalmente a este partido.
Con todo, esta investigación penal llega muy tarde. Ha pasado una década desde que se produjeron estos presuntos delitos y, durante años, la Justicia miró hacia otro lado. Buena parte de los abusos de aquella Stasi que operó durante el Gobierno de Rajoy van a quedar impunes.
La cúpula del Ministerio del Interior de aquel Gobierno se sentará en el banquillo: el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el ministro Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy. Pero solo por una de las muchas trapacerías de la policía patriótica: la Operación Kitchen, el uso del dinero público y de las fuerzas de seguridad para encontrar y destruir las pruebas de la corrupción del PP que escondía el tesorero Luis Bárcenas.
Esa investigación judicial la lideró en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Contra el criterio de la Fiscalía, que quería ir más allá, este juez trazó una “línea roja” para no investigar la trama política. María Dolores de Cospedal se libró. Mientras que Mariano Rajoy, el principal beneficiado de aquel operativo policial y jefe directo de Jorge Fernández Díaz, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo.
Manuel García Castellón redujo la Kitchen a su mínima expresión. Y se negó a investigar las otras dos principales ramas de la Stasi del Gobierno de Rajoy: la guerra sucia contra Podemos y la operación Catalunya.
Es el mismo juez que también se ha negado a investigar las operaciones de Villarejo contra Pedro Sánchez y su mujer.
García Castellón, conviene recordarlo, debe buena parte de su carrera a los gobiernos del PP: 17 años como magistrado de enlace en París y en Roma, dos de los puestos mejor pagados a los que puede aspirar un juez.
García Castellón no encontró nada raro en el espionaje a Podemos, a pesar de que las grabaciones de Villarejo –donde este tema es recurrente– se investigaban en su juzgado. Pero sí dedicó enormes esfuerzos infructuosos en abrir todo tipo de causas judiciales contra Podemos y sus principales dirigentes, que después tuvo que cerrar.
Con la Operación Catalunya, Manuel García Castellón operó igual. En noviembre de 2021, el hijo de Jordi Pujol presentó un recurso ante el juez solicitando una investigación por las maniobras de la policía patriótica. García Castellón se pasó dos años sin contestar. Solo cuando elDiario.es publicó la noticia del llamativo retraso, el juez respondió a ese recurso: por supuesto, para negarse a investigar.
https://www.eldiario.es/blog/el-boletin-del-director/operacion-sucia-asquerosa_132_11521609.html
Ha sido una semana movida, con mucho que comentar. Probablemente lo más relevante para el futuro es la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP. Sobre este asunto, te recomiendo este estupendo análisis de Iñigo Saéz de Ugarte. Pero he preferido centrar mi boletín en otros dos temas de la semana: dos cuestiones que no se pueden dejar pasar como si fueran otra noticia más.
La Stasi del PP
Nacho Cano: “Todo esto lo ha orquestado la Policía, es como la Stasi. Es una operación sucia y asquerosa”. “Esto es lo más parecido a la Stasi, a Venezuela.”
Isabel Díaz Ayuso: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”. “Aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir”. “La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno”.
El músico y la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen mucha razón, aunque por los motivos equivocados. Por supuesto, ellos se refieren a lo ocurrido con los becarios del musical Malinche a los que Nacho Cano tenía trabajando sin los permisos en regla. Aunque su encendida denuncia encaja mejor con los nuevos datos que hemos desvelado esta semana elDiario.es y El País sobre la persecución policial del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos.
Eso sí fue estalinismo. Eso sí fue la Stasi. Eso sí fue una operación sucia y asquerosa, que buscaba la destrucción personal por motivos políticos.
Los hechos. La Policía espió a medio centenar de diputados de Podemos durante el Gobierno del PP. La casi totalidad de los cargos electos de Podemos en esos años fueron investigados sin orden judicial: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Carolina Bescansa, Pablo Bustinduy, Juan Pedro Yllanes, Alberto Rodríguez, Tania Sánchez…También fue espiada Victoria Rosell, incluso antes de que entrara en política: cuando aún era jueza en activo.
Entre 2015 y 2016, hubo casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas por parte de distintos agentes de la policía –también algunos pocos guardias civiles–. Son ficheros informáticos donde se guardan los establecimientos hoteleros donde se aloja cada ciudadano, las matrículas de los coches, su residencia…
En esas bases de datos también figuran los antecedentes penales y policiales. Como los que el número dos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, pidió rastrear tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando el PSOE negoció por primera vez con Podemos una coalición. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, preguntó Martínez en un mensaje por whatsapp a uno de los más destacados comisarios de la brigada política, Enrique García Castaño.
El rastro de este espionaje está hoy en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz está investigando la guerra sucia contra Podemos y ha encontrado ya algunas evidencias palmarias. Como lo que ocurrió con un ciudadano venezolano al que premiaron con el permiso de residencia a cambio de lanzar un bulo sobre Pablo Iglesias: una cuenta en un paraíso fiscal que nunca existió. O las anotaciones en las libretas del comisario Villarejo, que desde septiembre de 2014 empezó a investigar ilegalmente a este partido.
Con todo, esta investigación penal llega muy tarde. Ha pasado una década desde que se produjeron estos presuntos delitos y, durante años, la Justicia miró hacia otro lado. Buena parte de los abusos de aquella Stasi que operó durante el Gobierno de Rajoy van a quedar impunes.
La cúpula del Ministerio del Interior de aquel Gobierno se sentará en el banquillo: el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el ministro Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy. Pero solo por una de las muchas trapacerías de la policía patriótica: la Operación Kitchen, el uso del dinero público y de las fuerzas de seguridad para encontrar y destruir las pruebas de la corrupción del PP que escondía el tesorero Luis Bárcenas.
Esa investigación judicial la lideró en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Contra el criterio de la Fiscalía, que quería ir más allá, este juez trazó una “línea roja” para no investigar la trama política. María Dolores de Cospedal se libró. Mientras que Mariano Rajoy, el principal beneficiado de aquel operativo policial y jefe directo de Jorge Fernández Díaz, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo.
Manuel García Castellón redujo la Kitchen a su mínima expresión. Y se negó a investigar las otras dos principales ramas de la Stasi del Gobierno de Rajoy: la guerra sucia contra Podemos y la operación Catalunya.
Es el mismo juez que también se ha negado a investigar las operaciones de Villarejo contra Pedro Sánchez y su mujer.
García Castellón, conviene recordarlo, debe buena parte de su carrera a los gobiernos del PP: 17 años como magistrado de enlace en París y en Roma, dos de los puestos mejor pagados a los que puede aspirar un juez.
García Castellón no encontró nada raro en el espionaje a Podemos, a pesar de que las grabaciones de Villarejo –donde este tema es recurrente– se investigaban en su juzgado. Pero sí dedicó enormes esfuerzos infructuosos en abrir todo tipo de causas judiciales contra Podemos y sus principales dirigentes, que después tuvo que cerrar.
Con la Operación Catalunya, Manuel García Castellón operó igual. En noviembre de 2021, el hijo de Jordi Pujol presentó un recurso ante el juez solicitando una investigación por las maniobras de la policía patriótica. García Castellón se pasó dos años sin contestar. Solo cuando elDiario.es publicó la noticia del llamativo retraso, el juez respondió a ese recurso: por supuesto, para negarse a investigar.
https://www.eldiario.es/blog/el-boletin-del-director/operacion-sucia-asquerosa_132_11521609.html
jueves, 31 de agosto de 2023
"La justicia nos da la razón tras 47 años". La condena en Chile a los asesinos del diplomático español Carmelo Soria durante el régimen de Pinochet
La esposa de Carmelo Soria, Laura González, en 1998.
La Corte Suprema de Chile ratificó el martes las sentencias a los 6 agentes de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet) que secuestraron, torturaron y asesinaron a Soria.
Cuando ocurrieron los hechos, el 14 de julio de 1976, el economista y diplomático español era representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de la ONU.
Sus asesinos recibieron finalmente las sentencias definitivas tras un larguísimo proceso.
Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, entonces jefes de la DINA, recibieron 15 años de prisión cada uno, mientras que los agentes Juan Morales Salgado, Guillermo Salinas Torres, René Quihot Palma y Pablo Belmar Labbé fueron condenados a entre 15 y 10 años.
La Corte Suprema también emitió otras dos condenas vinculadas a este caso: cuatro años de cárcel a Eugenio Covarrubias Valenzuela por presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento, y 600 días a Sergio Cea Cienfuegos por falsificación de instrumento público.
Secuestrado y torturado
Carmelo Soria Espinoza nació en Madrid en 1921, fue militante del Partido Comunista de España (PCE) y al inicio del régimen de facto de Francisco Franco (1939-1975) se mudó a Chile, donde pasó gran parte de su vida.
Su trabajo como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade, dependiente de la Cepal) le otorgaba inmunidad diplomática.
Esto le permitía ayudar a perseguidos políticos a buscar asilo en sedes diplomáticas durante el régimen de Pinochet (1973-1990).
La tarde del 14 de julio de 1976, Soria salió de su oficina en Santiago, sector de Providencia, en su automóvil marca Volkswagen cuando fue interceptado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA.
“La víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte”, recoge la sentencia.
Dos días después, el vehículo apareció con el cadáver del diplomático en su interior volcado en un canal en el este de Santiago, en lo que se considera una maniobra de los servicios secretos chilenos para encubrir el asesinato y hacerlo parecer un accidente.
Pese a la censura, la prensa de la época ya planteó dudas sobre el supuesto acciden
"Las condenas son una miseria"
Carmelo Soria estaba casado con la médica Laura González Vera, hija del premio nacional de literatura José Santos González Vera, y tenía tres hijos: Laura, Luis y Carmen.
"El poder judicial nos da la razón", expresó Carmen Soria en Facebook, tras "47 años sosteniendo una verdad silenciada".
"He vivido todos estos años con mi familia peleando porque se castigue a quienes torturaron y asesinaron a mi padre", agregó en conversación con BBC Mundo.
"Después de esperar 47 años, estas condenas muestran que la injusticia es enorme en Chile. El poder judicial y el Estado chileno se lavan las manos".
"Pasaron 47 años porque las Fuerzas Armadas se han negado a decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes participaron en las torturas y asesinatos", agregó.
Carmen Soria llevó a cabo en la década de 1990 una serie de acciones legales con las que logró unas primeras condenas a dos agentes, aunque finalmente estos quedaron libres al beneficiarse de la Ley de Amnistía promulgada en 1978 durante la época de Pinochet.
La familia de Soria siempre se negó a aceptar las compensaciones económicas del Estado chileno y siguió buscando justicia hasta que en 2019 los seis agentes recibieron las primeras sentencias: seis años de cárcel para cuatro de ellos y absolución para otros dos.
Ahora, sin embargo, la Corte Suprema los condenó ya de forma definitiva y con penas mayores.
Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann ya están en la cárcel cumpliendo condena por otros crímenes cometidos en la época del régimen militar.
Unas 40.175 personas entre ejecutados políticos, desaparecidos y víctimas de prisión y tortura sufrieron la represión de Pinochet, según datos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Chile.
La sentencia de la Corte Suprema llega semanas antes del aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al entonces líder Salvador Allende e instauró un régimen autoritario en el país por los siguientes 17 años.
https://www.bbc.com/mundo/articles/c99n5rw87wvo
miércoles, 17 de agosto de 2022
Reino de España: No hay dos sin tres para el juez García Castellón
“El resultado de las dos investigaciones que ha emprendido García Castellón contra Podemos desde 2020, el caso Dina y el de la financiación irregular, han derivado en archivo tras practicar instrucciones que han arrojado impactantes titulares en los medios, revocaciones y advertencias por parte de la instancia superior de la Audiencia Nacional y han finalizado sin que el juez logre atribuir la condición de imputado a ninguno de los nueve miembros de la formación a los que situó como sospechosos en uno y otro caso”.
Con estas palabras abre Pedro Águeda la crónica que lleva por título “Dos años de García Castellón contra Podemos: nueve sospechosos, ningún imputado”.
Pero, como dice la conocida expresión, que no ha llegado a alcanzar todavía la categoría de refrán, “no hay dos sin tres”. Una vez cerrada las investigaciones sobre el caso Dina y sobre la financiación de Podemos, el juez García Castellón ha decidido mediante Auto de 28 de julio la incoación de unas Diligencias Previas “nuevas” (entrecomillado mío), que tendrán por objeto la investigación de posibles delitos de blanqueo y falsedad, en relación con… Juan Carlos Monedero“.
Para justificar la incoación de estas diligencias, García Castellón introduce un Antecedente de Hecho Segundo según el cual “con fecha 7/07/2022, tuvo entrada en este Juzgado Central de Instrucción el Oficio 3018/2022 de la UDEF, en el que se remite la documentación remitida como consecuencia de los requerimientos acordados en el seno de las presentes DPA 79/2016”.
No hay información nueva por parte de la UDEF, sino que se vuelve a enviar la información que ya había sido remitida en el año 2016 y que, por tanto, ya obraba en poder del Juzgado Central de Instrucción num. 6, en un asunto que había sido archivado en 2016 por el Juez que ocupaba en ese momento dicho Juzgado. Pero la documentación ya estaba en el Juzgado. No entraba en el Juzgado el 9/07/2022. El Oficio de la UDEF 3018/2022 únicamente puede ser resultado de que el Juez García Castellón le ha solicitado a la UDEF que se lo remita de nuevo para poder justificar de esta manera la incoación de “nuevas” Diligencias Provisionales.
No hay ninguna circunstancia nueva que justifique la incoación de nuevas diligencias provisionales para seguir investigando la financiación irregular de Podemos. Materialmente García Castellón está desobedeciendo la orden que le fue dirigida por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es decir, está incurriendo en el delito de prevaricación al dictar “a sabiendas” una resolución injusta, ya que él mismo recuerda en el Antecedente de Hecho Primero del Auto de 28 de julio de 2022 la orden de la mencionada Sala.
El Auto de 28 de julio necesitaba hacer pasar como “nueva” la documentación remitida por la UDEF para evitar una posible querella por prevaricación. En la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras darle la orden de que ponga fin a la investigación sobre financiación ilegal de Podemos, se añadía el siguiente inciso final: “ello sin perjuicio de que el Juzgado, si así lo estimara, deduzca el testimonio oportuno para la investigación de delitos económicos y falsedades”.
A este inciso final se acoge el Juez García Castellón en su auto de 28 de julio de 2022 para justificar la continuación de la investigación de financiación ilegal de Podemos. Recupera una documentación que obraba en poder del Juzgado Central de Instrucción desde 2016 en unas Diligencias Archivadas provisionalmente, las hace pasar como documentación “nueva”, de la que se ha tenido conocimiento por primera vez el 7/07/2022, y decide investigar si se puede deducir de la misma la posible existencia de “delitos económicos y falsedades” atribuibles a Juan Carlos Monedero.
El Juez García Castellón sabe que está desobedeciendo la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional e introduce ese Antecedente de Hecho Segundo, con la finalidad de cubrirse las espaldas ante la posible querella por su comportamiento.
La finalidad que se persigue es sobradamente conocida. No se trata de conseguir que Juan Carlos Monedero acabe imputado como consecuencia de la incoación de estas “nuevas” Diligencias Provisionales, sino de “hacer todo el ruido posible” con la colaboración de los periodistas de siempre y de los policías patrióticos de siempre.
Más de cuarenta años después de una Transición “ejemplar” y de una trayectoria democrática impecable, todavía ocurren estas cosas nada menos que en la Audiencia Nacional, que es un órgano jurisdiccional que no debería existir, porque no tiene encaje en la arquitectura de un Estado de Derecho “adecuado al concepto”, como hubiera dicho Hegel.
Javier Pérez Royo Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/garcia-castellon-no-hay-tres_132_9211372.html
Con estas palabras abre Pedro Águeda la crónica que lleva por título “Dos años de García Castellón contra Podemos: nueve sospechosos, ningún imputado”.
Pero, como dice la conocida expresión, que no ha llegado a alcanzar todavía la categoría de refrán, “no hay dos sin tres”. Una vez cerrada las investigaciones sobre el caso Dina y sobre la financiación de Podemos, el juez García Castellón ha decidido mediante Auto de 28 de julio la incoación de unas Diligencias Previas “nuevas” (entrecomillado mío), que tendrán por objeto la investigación de posibles delitos de blanqueo y falsedad, en relación con… Juan Carlos Monedero“.
Para justificar la incoación de estas diligencias, García Castellón introduce un Antecedente de Hecho Segundo según el cual “con fecha 7/07/2022, tuvo entrada en este Juzgado Central de Instrucción el Oficio 3018/2022 de la UDEF, en el que se remite la documentación remitida como consecuencia de los requerimientos acordados en el seno de las presentes DPA 79/2016”.
No hay información nueva por parte de la UDEF, sino que se vuelve a enviar la información que ya había sido remitida en el año 2016 y que, por tanto, ya obraba en poder del Juzgado Central de Instrucción num. 6, en un asunto que había sido archivado en 2016 por el Juez que ocupaba en ese momento dicho Juzgado. Pero la documentación ya estaba en el Juzgado. No entraba en el Juzgado el 9/07/2022. El Oficio de la UDEF 3018/2022 únicamente puede ser resultado de que el Juez García Castellón le ha solicitado a la UDEF que se lo remita de nuevo para poder justificar de esta manera la incoación de “nuevas” Diligencias Provisionales.
No hay ninguna circunstancia nueva que justifique la incoación de nuevas diligencias provisionales para seguir investigando la financiación irregular de Podemos. Materialmente García Castellón está desobedeciendo la orden que le fue dirigida por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es decir, está incurriendo en el delito de prevaricación al dictar “a sabiendas” una resolución injusta, ya que él mismo recuerda en el Antecedente de Hecho Primero del Auto de 28 de julio de 2022 la orden de la mencionada Sala.
El Auto de 28 de julio necesitaba hacer pasar como “nueva” la documentación remitida por la UDEF para evitar una posible querella por prevaricación. En la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras darle la orden de que ponga fin a la investigación sobre financiación ilegal de Podemos, se añadía el siguiente inciso final: “ello sin perjuicio de que el Juzgado, si así lo estimara, deduzca el testimonio oportuno para la investigación de delitos económicos y falsedades”.
A este inciso final se acoge el Juez García Castellón en su auto de 28 de julio de 2022 para justificar la continuación de la investigación de financiación ilegal de Podemos. Recupera una documentación que obraba en poder del Juzgado Central de Instrucción desde 2016 en unas Diligencias Archivadas provisionalmente, las hace pasar como documentación “nueva”, de la que se ha tenido conocimiento por primera vez el 7/07/2022, y decide investigar si se puede deducir de la misma la posible existencia de “delitos económicos y falsedades” atribuibles a Juan Carlos Monedero.
El Juez García Castellón sabe que está desobedeciendo la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional e introduce ese Antecedente de Hecho Segundo, con la finalidad de cubrirse las espaldas ante la posible querella por su comportamiento.
La finalidad que se persigue es sobradamente conocida. No se trata de conseguir que Juan Carlos Monedero acabe imputado como consecuencia de la incoación de estas “nuevas” Diligencias Provisionales, sino de “hacer todo el ruido posible” con la colaboración de los periodistas de siempre y de los policías patrióticos de siempre.
Más de cuarenta años después de una Transición “ejemplar” y de una trayectoria democrática impecable, todavía ocurren estas cosas nada menos que en la Audiencia Nacional, que es un órgano jurisdiccional que no debería existir, porque no tiene encaje en la arquitectura de un Estado de Derecho “adecuado al concepto”, como hubiera dicho Hegel.
Javier Pérez Royo Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/garcia-castellon-no-hay-tres_132_9211372.html
sábado, 5 de febrero de 2022
_- La desfachatez del Consejo General del Poder Judicial.
_- Ha llegado el momento de que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular dimitan. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”
— Cinco vocales del Poder Judicial ven “coherente” la ley de vivienda y acusan a la mayoría de “extralimitarse”
El lector es probable que recuerde que en varias ocasiones he subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “órgano de Gobierno” y no un “órgano judicial”. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero él mismo no forma parte de dicho Poder. Se trata, por tanto, de un órgano de “naturaleza política” y, en cuanto tal, su renovación está vinculada a la evolución del principio de legitimidad democrática que se expresa a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales.
La renovación del CGPJ no coincide con la renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, pero sí guarda una vinculación muy estrecha con la renovación de estos órganos que constituyen las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado se renuevan cada cuatro años. El CGPJ cada cinco. Justamente por eso, por su naturaleza política, no es admisible la “prórroga” del mandato de los miembros integrantes del CGPJ, de la misma manera que no lo es la del Congreso de los Diputados o el Senado. La prórroga va contra la “naturaleza” de los órganos de naturaleza política. La prórroga los “desnaturaliza”, es decir, los convierte en órganos “deformes”, incompatibles con el lugar que ocupan en el edificio constitucional.
Esto es lo que está ocurriendo con el CGPJ. La prórroga del actual CGPJ es una prórroga “contra natura”, que lo convierte en un Rigoletto constitucional, que choca frontalmente con el lugar que el constituyente le asignó en nuestra fórmula de gobierno.
Esto no lo pueden no saber los actuales miembros del CGPJ. Y si no lo supieran, estarían prevaricando de manera continuada por “ignorancia inexcusable”. Como esto no es razonable que sea así, la conclusión más plausible es que la interpretación que están haciendo de su función, admitiendo una prórroga plurianual, solamente puede ser explicada como resultado de una extraordinaria desfachatez, es decir, de un extraordinario “descaro o desvergüenza” (Diccionario de la RAE).
Este descaro o desvergüenza ha alcanzado su máxima expresión en el informe que acaba de emitir la mayoría del CGPJ, constituida por 15 miembros, sobre el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Los 6 miembros que han firmado el voto particular se lo vienen a decir a sus compañeros de manera inequívoca. La mayoría no está cumpliendo con la función que corresponde al CGPJ en cuanto órgano constitucional en el proceso de elaboración de un proyecto de ley, sino que están ejerciendo de una manera desviada dicha función, contribuyendo con ello no al perfeccionamiento del texto del proyecto, sino a participar en un debate político encanallado, como el que se está produciendo de forma generalizada como consecuencia de la polarización política, que por ello mismo debería estar fuera de lo que debe ser el contenido de su informe sobre un proyecto de ley. El CGPJ, dice la minoría en su voto particular, no está para hacer lo que ha hecho la mayoría. No está para tomar partido por una determinada opción política, sino para emitir un informe exclusivamente técnico.
Como el lector sin duda sabe, el informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante y, en consecuencia, el Gobierno no tiene por qué hacer suya la opinión de la mayoría. Pero ese carácter no vinculante no debería ser interpretado por los miembros del CGPJ que lo han aprobado por mayoría como una coartada para entrar en el debate político.
En mi opinión, creo que ha llegado el momento para que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular adopten la decisión de dimitir. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”. No se puede continuar formando parte de un órgano que actúa de la forma en que el CGPJ lo hace, desnaturalizando la voluntad del constituyente. El voto particular debería haber venido acompañado del anuncio de la dimisión de la condición de miembro del CGPJ. Hasta aquí hemos llegado.
Javier Pérez Royo
— Cinco vocales del Poder Judicial ven “coherente” la ley de vivienda y acusan a la mayoría de “extralimitarse”
El lector es probable que recuerde que en varias ocasiones he subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “órgano de Gobierno” y no un “órgano judicial”. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero él mismo no forma parte de dicho Poder. Se trata, por tanto, de un órgano de “naturaleza política” y, en cuanto tal, su renovación está vinculada a la evolución del principio de legitimidad democrática que se expresa a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales.
La renovación del CGPJ no coincide con la renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, pero sí guarda una vinculación muy estrecha con la renovación de estos órganos que constituyen las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado se renuevan cada cuatro años. El CGPJ cada cinco. Justamente por eso, por su naturaleza política, no es admisible la “prórroga” del mandato de los miembros integrantes del CGPJ, de la misma manera que no lo es la del Congreso de los Diputados o el Senado. La prórroga va contra la “naturaleza” de los órganos de naturaleza política. La prórroga los “desnaturaliza”, es decir, los convierte en órganos “deformes”, incompatibles con el lugar que ocupan en el edificio constitucional.
Esto es lo que está ocurriendo con el CGPJ. La prórroga del actual CGPJ es una prórroga “contra natura”, que lo convierte en un Rigoletto constitucional, que choca frontalmente con el lugar que el constituyente le asignó en nuestra fórmula de gobierno.
Esto no lo pueden no saber los actuales miembros del CGPJ. Y si no lo supieran, estarían prevaricando de manera continuada por “ignorancia inexcusable”. Como esto no es razonable que sea así, la conclusión más plausible es que la interpretación que están haciendo de su función, admitiendo una prórroga plurianual, solamente puede ser explicada como resultado de una extraordinaria desfachatez, es decir, de un extraordinario “descaro o desvergüenza” (Diccionario de la RAE).
Este descaro o desvergüenza ha alcanzado su máxima expresión en el informe que acaba de emitir la mayoría del CGPJ, constituida por 15 miembros, sobre el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Los 6 miembros que han firmado el voto particular se lo vienen a decir a sus compañeros de manera inequívoca. La mayoría no está cumpliendo con la función que corresponde al CGPJ en cuanto órgano constitucional en el proceso de elaboración de un proyecto de ley, sino que están ejerciendo de una manera desviada dicha función, contribuyendo con ello no al perfeccionamiento del texto del proyecto, sino a participar en un debate político encanallado, como el que se está produciendo de forma generalizada como consecuencia de la polarización política, que por ello mismo debería estar fuera de lo que debe ser el contenido de su informe sobre un proyecto de ley. El CGPJ, dice la minoría en su voto particular, no está para hacer lo que ha hecho la mayoría. No está para tomar partido por una determinada opción política, sino para emitir un informe exclusivamente técnico.
Como el lector sin duda sabe, el informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante y, en consecuencia, el Gobierno no tiene por qué hacer suya la opinión de la mayoría. Pero ese carácter no vinculante no debería ser interpretado por los miembros del CGPJ que lo han aprobado por mayoría como una coartada para entrar en el debate político.
En mi opinión, creo que ha llegado el momento para que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular adopten la decisión de dimitir. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”. No se puede continuar formando parte de un órgano que actúa de la forma en que el CGPJ lo hace, desnaturalizando la voluntad del constituyente. El voto particular debería haber venido acompañado del anuncio de la dimisión de la condición de miembro del CGPJ. Hasta aquí hemos llegado.
Javier Pérez Royo
sábado, 22 de enero de 2022
CORRUPCIÓN POLÍTICA. Joaquim Bosch: “Perseguimos en bici a corruptos que huyen en Mercedes”
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/FMIMETX4VNDJDI274Y2R2QOHSQ.jpg)
El magistrado recopila en ‘La patria en la cartera’ la historia de la corrupción en España, analiza sus causas y propone soluciones.
Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 57 años) ingresó en la carrera judicial hace casi dos décadas por vocación. Era el primero en su familia que terminaba los estudios básicos. Publica La patria en la cartera (Ariel), un exhaustivo ensayo sobre la corrupción en España, de la que dice que “solo se conoce la punta del iceberg”.
Pregunta. Una de las tesis del libro es que la corrupción actual tiene su origen en el franquismo, pero luego hay 400 páginas más con los escándalos de los 46 años siguientes. ¿No es mucho para ser inercia de la dictadura?
Respuesta. La responsabilidad es exclusiva de los gobernantes democráticos, pero para entender por qué ha sido tan fácil corromperse en España hay que examinar ese periodo. Las estructuras clientelares del franquismo pasaron a ser estructuras clientelares de los principales partidos.
P. Recuerda que hasta 1997 no se retiraron las monedas con la imagen de Franco y opina que el “pacto de silencio” de la Transición permitió la institucionalización de la corrupción.
R. Cerca de la mitad de los últimos ministros de Franco continuó en política; la otra mitad, en los consejos de administración de las principales empresas del país y lo mismo pasó a todos los niveles: alcaldes, concejales, gobernadores civiles...El partido único del franquismo y los sindicatos verticales se disolvieron, pero sus miles de empleados pasaron a la Administración. Todo ese poso tenía que generar consecuencias. Javier Pradera explicaba que la corrupción fue uno de los costes que tuvo que asumir la democracia como herencia del franquismo. Era muy difícil cuestionar la corrupción de la dictadura, igual que los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos porque implicaba deslegitimar a aquellos que continuaban en política y con los que se estaban realizando grandes pactos de Estado. Hay que agradecer a la Transición que en muy poco tiempo se lograra articular un sistema democrático y una Constitución equiparable a la de los países europeos, pero en esas circunstancias era muy difícil cuestionar las prácticas corruptas de la dictadura y eso explica en gran parte su continuidad.
“Los políticos no tienen toda la culpa. Hay un electorado corrupto”
P. Hasta 2015 no entró en vigor el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. ¿Por qué?
R. Por el conflicto de intereses. En líneas generales se mantuvieron leyes que en el franquismo posibilitaron la corrupción en el ámbito de la contratación pública, del nombramiento de altos cargos, las dinámicas clientelares… Las reformas se hicieron tarde y mal. En 1995 se aprobó el código penal de la democracia, muy poco después de los escándalos Naseiro y Filesa. Era el espacio idóneo para regular el problema de la financiación de los partidos políticos, pero no se hizo. La legislación de constatación pública actual, de 2017, se ha aprobado a instancias de una directiva europea. Hay otra que dice que tenemos que proteger a los denunciantes de la corrupción. Nos obligan. Tenemos una cantidad de aforados sin equivalente en países democráticos; los delitos de corrupción son los que más indultos reciben, los órganos que debían vigilar la acción política han sido colonizados... Todo ha favorecido la corrupción.
P. Recopila casos mucho más antiguos que el franquismo, pero subraya que no es lo mismo un Lazarillo que un Roldán, la picaresca que la corrupción...
R. Es habitual asignar esto a razones de tipo cultural, a la picaresca. El Lazarillo de Tormes era un huérfano intentando sobrevivir. Los corruptos tienen un elevado nivel de vida y pretenden vivir mejor a costa de los organismos públicos. Es falso que exista un carácter hispánico que predisponga a la corrupción. Esto es un problema de configuración de las instituciones. En el sigo XIX no había grandes diferencias entre la corrupción en España y en Dinamarca. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX hay un proceso de democratización y mejora de las instituciones en los países europeos, pero España se queda rezagada primero con la Restauración, luego con la tentativa de reformismo democrático de la II República, frenada por el golpe de Estado y con la corrupción general del franquismo. Cuando tengamos un sistema de solidez institucional como el de Alemania, Dinamarca o Suecia, si seguimos teniendo corrupción podremos echar la culpa a la sangría, la paella o la siesta, mientras tanto, no.
P. O sea, que no existe un gen corrupto ni siquiera en el caso de todos los Borbones poco ejemplares que cita en el libro.
R. Casos como el de la regente María Cristina, Alfonso XIII o las acusaciones actuales contra el rey emérito obedecen al sistema institucional, a una figura como la inviolabilidad, a la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Si el problema fuera genético no tendría solución, pero afortunadamente, no es cultural. Y lo demuestran países que en el pasado tuvieron muchos problemas y hoy lideran los indicadores internacionales de control de la corrupción.
P. Botsuana, por cierto, ha llegado a estar en niveles de percepción de la corrupción más bajos que España. ¿Es una distorsión?
R. España está ahora en los indicadores internacionales en la franja de Taiwan, Botsuana, Costa Rica o Chile. Esos países hace años estaban peor, pero hicieron un esfuerzo de reformas. Aquí ha faltado voluntad política.
Es absolutamente imposible juzgar en plazos razonables los casos de corrupción con los instrumentos que tenemos.
P. ¿Se ha robado por encima de nuestras posibilidades?
R. Sí. La corrupción nos cuesta al año miles de millones de euros, cantidades muy superiores a las del rescate bancario, por ejemplo. Economistas que han analizado el fenómeno nos dicen que si no hubiera habido esos niveles de corrupción cuando murió Franco España estaría hoy en una renta per cápita cercana a la de Finlandia y por encima de la media de la Unión Europea. Un estudio financiado por el BBVA indica que si se aplicaran las reformas institucionales necesarias nuestro país podría conseguir en pocos años un incremento importante del PIB. Los indicadores de potencial de productividad, formación y capacidad económica de España no son muy diferentes a los de países como Francia o Alemania; lo que nos diferencia, lo que nos falla, es la organización de nuestras instituciones.
P. ¿A qué países o qué reformas debería imitar España?
R. Está casi todo bastante inventado: infraestructuras éticas, controles internos, mecanismos que aporten medios para perseguir y condenar la corrupción, transparencia en la actuación pública y un funcionamiento democrático de los partidos políticos son los factores que consiguen tener la corrupción en límites bajos. En todos esos ámbitos queda mucho trabajo por hacer pero es perfectamente realizable si hay voluntad política.
P. Habla también de un “electorado corrupto”, que consiente o incluso aplaude esas prácticas. Pero la clase política aparece señalada desde hace años en el CIS como uno de los principales problemas del país.
R. En todos los estudios europeos, España está en los lugares más bajos de confianza en la clase política. Esa percepción tiene mucho que ver con la corrupción, pero no se puede echar toda la culpa a los políticos o exculpar completamente a la ciudadanía, que también tiene responsabilidades. Hay alcaldes implicados en corrupción que han sido reelegidos reiteradamente. Ese electorado apoya la corrupción porque cree que le beneficia o porque considera que no es importante. Y en este ámbito también se debe trabajar institucionalmente generando infraestructuras éticas, en el ámbito educativo, para hacer valer la importancia de que la política sea honesta para el conjunto.
P. ¿Faltan mecanismos de control también en la judicatura? ¿Tiene medios suficientes para detectar abusos o incluso trastornos en los jueces?
R. Una característica peculiar de la corrupción en España es que, a diferencia de otros países, es fundamentalmente política. No la hay apenas en las fuerzas de seguridad, en la Administración o en la judicatura… Está muy concentrada. Aquí hay comunidades autónomas donde han sido condenados o investigados el presidente, los consejeros, los presidentes de Diputación, los alcaldes de las principales ciudades... Eso se debe a secuelas del franquismo y a cómo se configuraron luego los partidos políticos y el enorme poder que han tenido. En la judicatura, afortunadamente, ha habido muy pocos casos de corrupción y han tenido condenas conocidas. La judicatura tiene recursos suficientes para detectar situaciones anómalas o problemas de salud mental y hay planes en marcha para mejorar en ese aspecto. Nuestro gran problema es la falta de medios. Es absolutamente imposible juzgar en plazos razonables los casos de corrupción con los instrumentos que tenemos y eso explica que los casos duren diez años, que se genere sensación de impunidad y que muchas veces sea muy difícil conseguir todas las pruebas. A menudo los jueces perseguimos en bicicleta a corruptos que escapan en Mercedes.
P. De los múltiples casos de diferentes etapas históricas que recopila en el libro, ¿Cuál cree que ha sido el más grave?
R. El más grave a partir de los hechos probados en las sentencias es Gürtel porque no es un caso de cuatro manzanas podridas, sino de un eficaz sistema de corrupción que relaciona a la tesorería de uno de los principales partidos con toda una trama de sobornos y adjudicaciones fraudulentas con consecuencias en el ámbito electoral y con manejo de millones de euros de dinero negro. Concurren todo el catálogo de los delitos de la corrupción y los riesgos más importantes para nuestro sistema de integridad institucional. También es especialmente grave el caso de los ERE en Andalucía porque enlaza con prácticas del franquismo sobre cómo se tejen redes clientelares que favorecen el ejercicio del poder manejando muchísimos millones de dinero público desde espacios institucionales que están diseñados para mejorar la vida de las personas y no para repartir prebendas masivas.
P. ¿La corrupción es como los alijos de droga, que solo se detecta un pequeño porcentaje?
R. La corrupción conocida es solo la punta del iceberg. Existen auténticas tramas organizadas con ingeniería financiera que desvían el dinero a paraísos fiscales y saben hacer desaparecer el rastro del delito. El porcentaje que llega al juzgado es muy pequeño comparado con la corrupción existente.
https://elpais.com/espana/2022-01-19/joaquim-bosch-perseguimos-en-bici-a-corruptos-que-huyen-en-mercedes.html
martes, 5 de octubre de 2021
_- Último dictamen del Comité de la ONU. Naciones Unidas insta a España a investigar y perseguir penalmente los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista
_- España
Fuentes: Nueva Tribuna
Por ello, la ONU recomienda a nuestro país a que tipifique dicho delito en el Código Penal como delito autónomo (art. 167) de “desaparición forzada” especificando las penas aplicables y “garantizando que sean proporcionales a su extrema gravedad”.
Asimismo, pide que se establezca expresamente en nuestro ordenamiento jurídico que el plazo de prescripción “debe contarse a partir del momento en que cesa la misma”.
El Comité exhorta al Estado español a investigar estos crímenes “independientemente del tiempo transcurrido, y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” y “asegurar que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.
Añade que el Estado debe asegurarse los medios económicos, técnicos y humanos para la búsqueda de desaparecidos (fosas franquistas), y “asegurar que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral”, incluyendo indemnizaciones.
La ONU también insta a España a agilizar la creación del Banco Nacional de ADN y acelerar la tramitación de la Proposición de Ley sobre Bebés Robados que en estos momentos se encuentra paralizada en el Congreso.
Además, apunta la necesidad de garantizar el acceso a los archivos y documentos que “pudieran ser relevantes para las investigaciones y para la búsqueda de las personas desaparecidas en el pasado” y atender las solicitudes que otros Estados pudieran hacer para la investigación de casos de desaparición forzada como ha ocurrido con Argentina.
Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/onu-insta-espana-perseguir-penalmente-autores-desaparecidos-franquismo/20211001181915191512.html
Emplaza al Estado a asumir la búsqueda, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos.
El último dictamen de la Comisión contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas vuelve a emplazar al Estado español a asumir la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura y a perseguir penalmente a los autores de dichos delitos.
La ONU reconoce las medidas adoptadas en respuesta a sus anteriores recomendaciones, pero observa todavía ciertas lagunas en el proyecto de ley de memoria democrática impulsado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario.
El Comité centra sus observaciones en la investigación de casos de desaparición forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas del franquismo y muestra su “preocupación” por que los tribunales españoles sigan amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 que califica de “obstáculo jurídico”.
Ante la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo de que dichos crímenes habrían prescrito o les debería ser aplicable la Ley de Amnistía, el Comité recuerda que el delito de desaparición forzada no empieza a prescribir hasta que cese la desaparición es decir hasta que no se tenga conocimiento de la ubicación de la persona, dado que se trata de un delito permanente (delito de lesa humanidad), tal y como explicó en su día a este periódico el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias.
La legislación interna no es óbice para impedir la persecución de los crímenes franquistas ya que el derecho internacional ampara a las víctimas de este delito desde los juicios de Nuremberg.(Ver artículo ‘Franquismo y Núremberg’)
El último dictamen de la Comisión contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas vuelve a emplazar al Estado español a asumir la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura y a perseguir penalmente a los autores de dichos delitos.
La ONU reconoce las medidas adoptadas en respuesta a sus anteriores recomendaciones, pero observa todavía ciertas lagunas en el proyecto de ley de memoria democrática impulsado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario.
El Comité centra sus observaciones en la investigación de casos de desaparición forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas del franquismo y muestra su “preocupación” por que los tribunales españoles sigan amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 que califica de “obstáculo jurídico”.
Ante la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo de que dichos crímenes habrían prescrito o les debería ser aplicable la Ley de Amnistía, el Comité recuerda que el delito de desaparición forzada no empieza a prescribir hasta que cese la desaparición es decir hasta que no se tenga conocimiento de la ubicación de la persona, dado que se trata de un delito permanente (delito de lesa humanidad), tal y como explicó en su día a este periódico el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias.
La legislación interna no es óbice para impedir la persecución de los crímenes franquistas ya que el derecho internacional ampara a las víctimas de este delito desde los juicios de Nuremberg.(Ver artículo ‘Franquismo y Núremberg’)
Por ello, la ONU recomienda a nuestro país a que tipifique dicho delito en el Código Penal como delito autónomo (art. 167) de “desaparición forzada” especificando las penas aplicables y “garantizando que sean proporcionales a su extrema gravedad”.
Asimismo, pide que se establezca expresamente en nuestro ordenamiento jurídico que el plazo de prescripción “debe contarse a partir del momento en que cesa la misma”.
El Comité exhorta al Estado español a investigar estos crímenes “independientemente del tiempo transcurrido, y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” y “asegurar que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.
Añade que el Estado debe asegurarse los medios económicos, técnicos y humanos para la búsqueda de desaparecidos (fosas franquistas), y “asegurar que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral”, incluyendo indemnizaciones.
La ONU también insta a España a agilizar la creación del Banco Nacional de ADN y acelerar la tramitación de la Proposición de Ley sobre Bebés Robados que en estos momentos se encuentra paralizada en el Congreso.
Además, apunta la necesidad de garantizar el acceso a los archivos y documentos que “pudieran ser relevantes para las investigaciones y para la búsqueda de las personas desaparecidas en el pasado” y atender las solicitudes que otros Estados pudieran hacer para la investigación de casos de desaparición forzada como ha ocurrido con Argentina.
Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/onu-insta-espana-perseguir-penalmente-autores-desaparecidos-franquismo/20211001181915191512.html
sábado, 24 de julio de 2021
Pablo de Greiff, exrelator de la ONU: “La Fundación Franco es una anomalía en Europa”
El experto, que ha asesorado al Gobierno en la nueva ley de memoria, advierte del riesgo de manipular la historia y negar que la Guerra Civil comenzase con un golpe de Estado
Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.
Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?
Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.
P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?
R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.
P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?
R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.
P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.
R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.
El País.
Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.
Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?
Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.
P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?
R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.
P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?
R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.
P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.
R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.
El País.
sábado, 6 de febrero de 2021
Por qué va a ser declarada nula de pleno derecho la sentencia del procés.
He venido sosteniendo desde siempre que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los ex miembros del Govern y los ex miembros de la Mesa del Parlament acabaría siendo declarada nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. Cada día que pasa, más convencido estoy de que será así.
En buena lógica jurídica, debería ser el Tribunal Constitucional el que adoptara tal decisión en la sentencia sobre el recurso de amparo que se ha interpuesto contra la sentencia del TS. En el caso de que no lo haga, acabará haciéndolo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque los derechos fundamentales de la Constitución Española también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para poner todas las cartas encima de la mesa, quiero dejar claro que, en mi opinión, los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017 nunca debieron acabar en los tribunales, sino que debió darse una respuesta de naturaleza política a los mismos. La integración de Catalunya en el Estado, como la de cualquier otra nacionalidad o región únicamente puede ser resuelta políticamente mediante la participación de órganos legitimados democráticamente de manera directa. Así es como está diseñado el proceso en la Constitución Española sin que se contemple la intervención del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de ningún órgano judicial. Sin la STC 31/2010 no estaríamos donde estamos.
Pero, una vez, que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se descartó la respuesta política y se optó por la respuesta judicial, se tenía que haber aplicado lo previsto en el ordenamiento jurídico español, que, como vamos a ver a continuación, es de una claridad meridiana.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, inició las actuaciones inmediatamente después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy destituyera a los miembros del Govern y disolviera el Parlament. A partir de ese momento, tanto el expresident como los exconsellers pasaban a ser ciudadanos españoles exclusivamente. Dejaban de tener el fuero jurisdiccional que tenían y que obligaba a que la responsabilidad por su actos le fuera exigida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La ex presidenta del Parlament, en la medida en que continuaba siendo miembro de la Diputación Permanente, mantenía el fuero jurisdiccional y, por tanto únicamente el TSJC podía entender de su conducta.
Desde el momento en que dejaron de ser presidente y consellers, "el juez ordinario predeterminado por la ley" para entender de sus conductas era la Audiencia Provincial de Barcelona. A ella hubieran tenido que ser dirigidas las querellas contra todos ellos. A partir de la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona tendría que haber declinado la competencia a favor del TSJC, dado que varios de ellos fueron elegidos diputados en tales elecciones y habían recuperado el fuero jurisdiccional.
Por supuesto, la conducta de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, en cuanto ciudadanos sin más, también tenía que haber sido residenciada inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El TSJC debería haber instruido la causa y haber dictado en su momento sentencia, contra la cual se podría acudir en casación al TS.
Constitucionalmente este es el orden que se tenía que haber seguido. Es la única manera de respetar el derecho de los querellados al juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a la doble instancia.
Nada de esto se hizo. La Fiscalía General del Estado residenció la conducta de los ex miembros del Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y la de la ex presidenta del Parlament ante el TS. La AN acabaría declinando la competencia a favor del TS, que se convirtió en juez de primera y única instancia respecto de todos los querellados.
Para justificar su competencia, el TS interpretó de manera invertida el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece como norma en su apartado 1 que el TSJC es el órgano ante el que se podrá exigir la responsabilidad penal a los miembros del Govern y del Parlament, añadiendo en el apartado 2 como excepción, que para los actos cometidos fuera de Catalunya la responsabilidad se exigirá ante el TS.
El TS privilegió en su interpretación la excepción sobre la norma, a pesar de que todos los actos de los querellados por los que habían sido acusados por el delito de rebelión habían tenido lugar en Catalunya.
Con ello no solamente contradecía lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sino que, además, y esto es lo decisivo, hacía una interpretación del mismo no "de conformidad con la Constitución", como es obligado, sino que hizo una interpretación "contraria a la Constitución", en la medida en que se privaba con ella a todos los querellados de los derechos fundamentales ya mencionados. No se hizo la interpretación "más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales, sino la "más lesiva" para tal ejercicio.
Esto es lo que acaba de decidir la justicia belga, como doy por supuesto que el lector ya sabe.
¿Lo acabará decidiendo también el Parlamento Europeo cuando tome la decisión sobre el suplicatorio que le ha sido dirigido por el TS para que le autorice a proceder contra Puigdemont, Comín y Ponsatí? No cabe duda de que los tres parlamentarios catalanes pondrán en conocimiento de sus colegas europeos la decisión de la justicia belga y solicitarán que no se conceda la autorización para que se pueda proceder contra ellos con base en que el TS no es el juez competente para entender de sus conductas y no es competente para solicitar, en consecuencia, autorización para proceder contra ellos.
Ya veremos qué decide el Parlamento Europeo. El Parlamento puede considerar que no es un órgano jurisdiccional y que no tiene por qué entrar en si el TS es el órgano competente para solicitar el suplicatorio o no lo es. Esto puede pasar. O no. Ya lo veremos. Pero, en todo caso, la decisión del Parlamento es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este sí es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que no podrá dejar de dar una respuesta a la alegación de falta de competencia del TS.
Es muy posible que tanto el TEDH, si el Tribunal Constitucional no otorga el amparo, como el TJUE, tengan que pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los que fueron condenados por el TS y de los que no han podido serlo, porque el TS no ha conseguido que ni la justicia alemana primero ni la belga después hayan atendido las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. El TEDH lo hará contra la vulneración de derechos de los que han sido condenados. El TJUE, contra la vulneración de derechos de los que no han sido condenados.
El tiempo de la justicia es el que es. Es mucho el dolor que se ha ocasionado. Es mucha la perturbación que se ha producido en el funcionamiento de las instituciones. Pero, al final, estoy convencido de que la justicia española quedará desautorizada.
Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/declarada-nula-pleno-derecho-sentencia-proces_129_6789558.html
En buena lógica jurídica, debería ser el Tribunal Constitucional el que adoptara tal decisión en la sentencia sobre el recurso de amparo que se ha interpuesto contra la sentencia del TS. En el caso de que no lo haga, acabará haciéndolo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque los derechos fundamentales de la Constitución Española también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para poner todas las cartas encima de la mesa, quiero dejar claro que, en mi opinión, los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017 nunca debieron acabar en los tribunales, sino que debió darse una respuesta de naturaleza política a los mismos. La integración de Catalunya en el Estado, como la de cualquier otra nacionalidad o región únicamente puede ser resuelta políticamente mediante la participación de órganos legitimados democráticamente de manera directa. Así es como está diseñado el proceso en la Constitución Española sin que se contemple la intervención del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de ningún órgano judicial. Sin la STC 31/2010 no estaríamos donde estamos.
Pero, una vez, que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se descartó la respuesta política y se optó por la respuesta judicial, se tenía que haber aplicado lo previsto en el ordenamiento jurídico español, que, como vamos a ver a continuación, es de una claridad meridiana.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, inició las actuaciones inmediatamente después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy destituyera a los miembros del Govern y disolviera el Parlament. A partir de ese momento, tanto el expresident como los exconsellers pasaban a ser ciudadanos españoles exclusivamente. Dejaban de tener el fuero jurisdiccional que tenían y que obligaba a que la responsabilidad por su actos le fuera exigida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La ex presidenta del Parlament, en la medida en que continuaba siendo miembro de la Diputación Permanente, mantenía el fuero jurisdiccional y, por tanto únicamente el TSJC podía entender de su conducta.
Desde el momento en que dejaron de ser presidente y consellers, "el juez ordinario predeterminado por la ley" para entender de sus conductas era la Audiencia Provincial de Barcelona. A ella hubieran tenido que ser dirigidas las querellas contra todos ellos. A partir de la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona tendría que haber declinado la competencia a favor del TSJC, dado que varios de ellos fueron elegidos diputados en tales elecciones y habían recuperado el fuero jurisdiccional.
Por supuesto, la conducta de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, en cuanto ciudadanos sin más, también tenía que haber sido residenciada inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El TSJC debería haber instruido la causa y haber dictado en su momento sentencia, contra la cual se podría acudir en casación al TS.
Constitucionalmente este es el orden que se tenía que haber seguido. Es la única manera de respetar el derecho de los querellados al juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a la doble instancia.
Nada de esto se hizo. La Fiscalía General del Estado residenció la conducta de los ex miembros del Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y la de la ex presidenta del Parlament ante el TS. La AN acabaría declinando la competencia a favor del TS, que se convirtió en juez de primera y única instancia respecto de todos los querellados.
Para justificar su competencia, el TS interpretó de manera invertida el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece como norma en su apartado 1 que el TSJC es el órgano ante el que se podrá exigir la responsabilidad penal a los miembros del Govern y del Parlament, añadiendo en el apartado 2 como excepción, que para los actos cometidos fuera de Catalunya la responsabilidad se exigirá ante el TS.
El TS privilegió en su interpretación la excepción sobre la norma, a pesar de que todos los actos de los querellados por los que habían sido acusados por el delito de rebelión habían tenido lugar en Catalunya.
Con ello no solamente contradecía lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sino que, además, y esto es lo decisivo, hacía una interpretación del mismo no "de conformidad con la Constitución", como es obligado, sino que hizo una interpretación "contraria a la Constitución", en la medida en que se privaba con ella a todos los querellados de los derechos fundamentales ya mencionados. No se hizo la interpretación "más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales, sino la "más lesiva" para tal ejercicio.
Esto es lo que acaba de decidir la justicia belga, como doy por supuesto que el lector ya sabe.
¿Lo acabará decidiendo también el Parlamento Europeo cuando tome la decisión sobre el suplicatorio que le ha sido dirigido por el TS para que le autorice a proceder contra Puigdemont, Comín y Ponsatí? No cabe duda de que los tres parlamentarios catalanes pondrán en conocimiento de sus colegas europeos la decisión de la justicia belga y solicitarán que no se conceda la autorización para que se pueda proceder contra ellos con base en que el TS no es el juez competente para entender de sus conductas y no es competente para solicitar, en consecuencia, autorización para proceder contra ellos.
Ya veremos qué decide el Parlamento Europeo. El Parlamento puede considerar que no es un órgano jurisdiccional y que no tiene por qué entrar en si el TS es el órgano competente para solicitar el suplicatorio o no lo es. Esto puede pasar. O no. Ya lo veremos. Pero, en todo caso, la decisión del Parlamento es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este sí es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que no podrá dejar de dar una respuesta a la alegación de falta de competencia del TS.
Es muy posible que tanto el TEDH, si el Tribunal Constitucional no otorga el amparo, como el TJUE, tengan que pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los que fueron condenados por el TS y de los que no han podido serlo, porque el TS no ha conseguido que ni la justicia alemana primero ni la belga después hayan atendido las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. El TEDH lo hará contra la vulneración de derechos de los que han sido condenados. El TJUE, contra la vulneración de derechos de los que no han sido condenados.
El tiempo de la justicia es el que es. Es mucho el dolor que se ha ocasionado. Es mucha la perturbación que se ha producido en el funcionamiento de las instituciones. Pero, al final, estoy convencido de que la justicia española quedará desautorizada.
Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/declarada-nula-pleno-derecho-sentencia-proces_129_6789558.html
martes, 2 de febrero de 2021
"Filosofar es examinar la vida, cuestionarla, interrogarla, precisamente para poderla vivir humana y cabalmente"
El profesor Eduardo Infante lanza retos filosóficos en redes sociales. "Filosofar es examinar la vida, es un interrogar la vida para poderla vivir humana y cabalmente".
Apenas dos palabras de una alumna llevaron al profesor Eduardo Infante a cambiar radicalmente cómo enseñaba filosofía.
"Su respuesta me destrozó, no supe qué decirle", le relató a BBC Mundo Infante, quien enseña actualmente filosofía en un instituto en Asturias, España.
El docente español revolucionó sus clases, en las que Twitter se vuelve una versión moderna de los mercados públicos de Atenas en los que debatía Sócrates.
Infante plantea en Twitter sus llamados #filoretos, retos filosóficos para la vida cotidiana abiertos no solo a sus alumnos sino a todo el mundo.
BBC Mundo habló con el profesor sobre su nuevo libro, "Filosofía en la calle", y de por qué es crucial recuperar en estos tiempos de pandemia el ejercicio de la filosofía.
En tu libro relatas que las palabras de una alumna te afectaron profundamente. ¿Qué sucedió?
Fue hace unos 20 años, en mi primer año dando clase de filosofía. Acababa de llegar de Perú, donde había estado un año como voluntario en una ONG, y había comenzado a dar clase en un instituto de Sevilla.
Les estaba explicando la metafísica de Aristóteles a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato, el año anterior a entrar a la universidad.
Ellos se portaban muy bien, y yo era uno de esos profesores que confundían el respeto con el interés.
Iban anotando todo lo que yo iba explicando en su libreta. Pero había una chica sentada al fondo de la clase, con nada sobre la mesa y su libro guardado en la mochila, que se distraía mirando por la ventana.
Yo seguía dando clase intentando no darle importancia, pero me fui poniendo cada vez más nervioso.
Así que dejé la tiza en la mesa, me acerqué hacia ella, y le pregunté con esa ironía que nos gastamos a veces los profesores y que solo nos hace gracia a nosotros, que qué era eso tan importante que había al otro lado de la ventana y que si sería más interesante que el examen que teníamos la semana que viene.
Entonces fue cuando la chica me respondió con esas dos palabras que me cayeron encima como una bomba de napalm que lo arrasa todo a su paso.
Mi alumna me respondió: "La vida". Y a mí eso me destrozó, no supe que decirle.
¿Qué sentiste en ese momento?
Sentí que sin darme cuenta había convertido mi aula en una caverna.
Estaba tan obsesionado por impartir el programa oficial y prepararlos para la prueba de acceso a la universidad, que había olvidado en qué consistía la filosofía.
Yo me enamoré de la filosofía precisamente con la edad de esa chica, curiosamente cuando mi tutor en el instituto me castigó.
Había pintado "la justicia es una gran mentira" sobre la pared del baño con espray negro, y mi tutor me puso como castigo leer la "Apología de Sócrates" —una obra de Platón que da una versión del discurso que Sócrates pronunció como defensa, ante los tribunales atenienses, en el juicio en el que se le acusó de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la polis—, y me alucinó.
La figura de Sócrates y la historia de su juicio y de su muerte me marcaron, y esas dos palabras que dijo mi alumna me hicieron volver hacia atrás y darme cuenta de que había hecho algo tremendo, que era desconectar la filosofía de la vida.
Porque Sócrates avisaba una y otra vez que filosofar es examinar la vida, cuestionarla, interrogarla, precisamente para poderla vivir humana y cabalmente.
Entonces, el hecho de que la vida quedase al otro lado de mi aula a mí me mató.
¿Qué hiciste entonces?
Terminé la clase como pude y estuve todo el día pensando en las dos palabras que me había dicho mi alumna.
Al día siguiente volví a aparecer en clase, y lo que hice fue borrar la pizarra, cerrar los libros e invitar a mis alumnos a salir a la calle.
Fuimos a un pequeño parque que había al lado del instituto, haciendo filosofía a lo aristotélico, dando paseos.
Nos sentamos debajo de un árbol, y ese día la clase me la dieron ellos a mí, porque por primera vez era yo el que cerraba la boca, el que escuchaba.
Simplemente les pregunté cuáles eran los problemas que a ellos les inquietaban, y fui tomando nota en mi libreta de lo que me fueron diciendo.
El nuevo libro de Infante trata muchos de los temas que debate con sus alumnos.
¿Qué temas preocupaban a tus alumnos?
Los temas son los capítulos que salen en el libro: cómo afrontar una ruptura sentimental, cómo superar la muerte de un ser querido, la muerte, el sentido de la vida, la agresividad y la violencia, el aborto, el tema de Dios, de la justicia..
Lo que hice fue "darle la vuelta a la tortilla", dejar que la vida inundase mi aula, y traer a los grandes filósofos de la historia.
Yo les decía a los chicos: "Esas preguntas que vosotros hacéis y que todos nos hacemos son preguntas que han abordado hombres y mujeres a lo largo de la historia. Quizás sus respuestas puedan dar algo de luz, o quizás no, pero en el fondo os toca a vosotros elegir".
La filosofía es más un amor a la pregunta que un amor a la respuesta. La filosofía no es dogma, en la filosofía no hay púlpitos.
Antes de pasar a algunos de los problemas que debates con tus alumnos, háblanos de la figura de Sócrates.
Yo creo que Sócrates fundamentalmente era un ciudadano, quizás como dice Platón el más justo y bueno de todos los ciudadanos de Atenas.
Estamos faltos de modelos de ciudadanía, por eso quiero recuperar la figura de Sócrates en nuestro mundo.
Necesitamos entender que ser ciudadano no es votar cada cuatro años, o delegar nuestras responsabilidades políticas en unos profesionales.
¿Qué es ser ciudadano?
Ser ciudadano es preocuparse del bien común y participar en su construcción.
Hay que encontrar cuál es y separarlo de los intereses de la mayoría, que es algo diferente.
"Y me pregunté, ¿por qué no le doy la vuelta a la tortilla y les meto la clase de filosofía en su mundo, en sus pantallas?"
Hay dos formas de entender la filosofía, creo yo.
Tenemos el modelo de Descartes —contra quien no tengo nada—, que no me gusta mucho. Se encierra en una habitación separado del mundo: "Yo no necesito a nadie, solo voy a encontrar la verdad".
Y luego está la postura socrática, que me parece más acertada: "Necesito a los demás para encontrar qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es el bien común".
Y ser ciudadano exige efectivamente desarrollar una serie de capacidades que no son naturales. Nadie nace con la capacidad de debatir, de dialogar, de consensuar, de discernir y de juzgar. Es algo que se aprende y que se necesita practicar.
En la antigua Atenas los gimnasios eran los lugares de crecimiento y de formación, donde los ciudadanos se reunían para cultivar su cuerpo, porque era muy importante estar sano, pero también para ejercitar el espíritu mediante la práctica de la filosofía.
La filosofía era eso: debatir, dialogar, enfrentar los argumentos y tu posición a los demás.
Era pedir a los demás razones de por qué pensaban como pensaban, dejar que los demás nos preguntasen por qué pensábamos como pensábamos.
Es algo muy importante a recuperar, porque es un ejercicio de empatía.
Más ahora con sociedades tan divididas…
Por eso hablo de la importancia de recuperar la práctica filosófica en la cotidianeidad.
Cuando entras en el diálogo filosófico, lo haces queriendo entender cuáles son las razones que esgrime la persona que opina de manera diferente, entendiendo que la persona que opina de manera diferente a mí es mi colaborador.
La sociedad hoy en día está polarizada y enfrentada, y entendemos que una persona que opina de manera diferente a mí es mi enemigo al que hay que combatir.
Y encima nuestra sociedad está profundamente infantilizada, y utilizamos una lógica que me parece perversa y que se nota mucho sobre todo en las redes sociales.
En ellas nos movemos con un principio lógico absurdo: que algo es bueno o justo simplemente porque me gusta, y algo es malo o perverso porque me ofende.
Esto es dejar que las emociones, las más básicas además, ocupen el lugar que tienen que ocupar las ideas, renunciar al juicio ético, racional.
Explícanos más a qué te refieres al decir que la sociedad actual está infantilizada.
El adulto se comporta cada vez más de manera totalmente impulsiva.
Vivimos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado e incluso nos parece bueno satisfacer el deseo cuanto antes mejor.
Lo que nos vende realmente Amazon es tener lo que deseamos ya. Es una actitud totalmente infantil.
Decía Aristóteles que lo que nos hace humanos, lo que nos dignifica, es la capacidad de reflexión.
Es decir, la capacidad que tenemos a diferencia del animal de parar el impulso, de pararnos a pensar y hacernos una pregunta: ¿esto que quiero hacer es lo mejor que puedo hacer?
Volviendo a tus clases, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo debates con tus alumnos?
En el primer capítulo del libro lo que planteo es el valor moral de la mentira.
En un principio, si a cualquiera le preguntaras si está bien mentir, rápidamente diría que no.
Pero te pongo un caso que nos podría pasar a cualquiera de nosotros: imagínate que en verano vas de vacaciones a tu pueblo, una noche el alcohol te corre por las venas y te terminas liando con una persona a la que no vuelves a ver el resto de tu vida.
Al día siguiente por la mañana recibes un mensaje de tu pareja y surge una pregunta: ¿qué es lo correcto, lo justo, confesar o callar?
Ahí planteo dos alternativas. Y en ese momento Kant toma la palabra.
Kant sueña con una utopía moral, con el mejor de los mundos posibles, y dice que en ese mundo no cabe la mentira bajo ningún concepto.
Parece que nos tiene convencidos cuando aparece Jeremy Bentham y nos dice que nuestro deber es justo el contrario, que la máxima moral que debería seguir nuestra conducta es algo tan simple como no hacer daño.
Y si evalúas las consecuencias de tu acción, te das cuenta que confesando lo único que vas a hacer es causar daño a todo el mundo.
¿Qué es lo correcto, confesar y decir que te liaste con otra persona una noche, o callar para no hacer daño a tu pareja?
"¿Qué es lo correcto, confesar y decir que te liaste con otra persona una noche, o callar para no hacer daño a tu pareja?"
Y la idea es siempre un amor a la pregunta, no hay resolución.
No hay resolución, ahí esta la clave.
Cuando ya han visto la respuesta de Kant, les planteo el famoso contraejemplo del asesino en la puerta.
Imagínate que estás en tu casa, tocan la puerta y es un amigo tuyo que dice que por favor que lo ocultes porque hay un asesino que lo está persiguiendo.
Vuelven a llamar a la puerta, y en este caso es el asesino que nos pregunta: "¿Está ahí la persona a la que quiero matar?".
Si seguimos a rajatabla el criterio de Kant, lo que tenemos que hacer es no mentir.
Pero el sentido común parece que nos dice que el imperativo categórico de Kant es una auténtica atrocidad.
En el caso de Jeremy Bentham también pongo otro contraejemplo.
Cuando intento convencer al lector que ya está claro, que tenemos que intentar hacer el menor daño posible, le planteo el famoso dilema del tranvía desbocado, de la filósofa norteamericana Philipa Foot, aunque también existe otra versión de la también filósofa Judith Jarvis Thompson.
¿En qué consiste el dilema?
Un tranvía desbocado va a chocar contra cinco trabajadores que están en una vía.
Lo único que puedes hacer es tirar de una palanca para que vaya a la vía de al lado, en la que hay un solo trabajador.
La mayoría de la gente piensa que debemos evitar el mayor mal posible, que es preferible que muera uno a que mueran cinco, y la mayoría elige tirar de la palanca.
Pero Judith Jarvis Thompson va mas allá y nos dice: "Imagínate ahora que el tranvía está desbocado, va a impactar contra cinco trabajadores y tú te encuentras en lo alto de un paso a desnivel y al lado tuyo hay un señor corpulento. La única manera de detener el tren es empujar al señor para que detenga el tren".
Si seguimos el criterio anterior, salvar el mayor número de vidas posibles, lo que tendríamos que hacer sería empujar al señor corpulento.
Y ahí los alumnos te dicen: "Pero no es lo mismo empujar que tirar de una palanca".
"Vale", les digo. "Si tienes ese escrúpulo moral, no te preocupes".
"El señor corpulento va a estar al lado de una trampilla junto a una palanca, y lo que tienes que hacer es tirar de ella, para que se abra la trampilla y el señor caiga. ¿Qué es lo correcto?".
A través de estas historias trato de demostrar que entender qué es lo bueno, lo justo, hacer el bien, es complicado.
Es difícil y exige una continua reflexión, un continuo diálogo en el que necesitamos de la ayuda de los demás.
¿Es una habilidad que se cultiva?
Sin duda, por eso me gustaría que recuperásemos esa habilidad, ese ejercicio.
Yo digo que la filosofía es el ejercicio del ciudadano,e igual que hay que hacer ejercicio para mantener la salud del cuerpo, tenemos que hacer continuas prácticas para mantener la salud del alma.
Si no hay respiradores para todos los pacientes, ¿quién merece más uno? ¿El hombre de 35 años sano con mayor expectativa de vida, o el señor de 85 que pagó impuestos toda su vida para construir el hospital?
Los problemas que te he planteado nos pueden parecer muy raros.
Pueden decirme, "yo nunca voy a estar en un tranvía", pero circuló hace meses un video que es lo mismo que lo que te acabo de plantear.
En un momento en el que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estaban a rebosar, el jefe del equipo médico de un hospital de Madrid les decía literalmente a sus doctores: "No tenemos respiradores para todos los pacientes. Hay que decidir quién vive y quién muere".
El criterio que proponía, y yo estoy totalmente en contra, era la esperanza de vida: salvaremos a aquellos que tengan mayor esperanza de vida.
Es, por cierto, lo que se ha hecho en España literalmente: dejar morir a los mayores. Si entra un señor con 85 y un señor con 35 y sano, le pondré el respirador al de 35.
Pero la vida humana tiene valor. La vida humana, lo decía Kant, es precisamente aquello que es digno.
Es decir, lo digno es aquello a lo que no se puede poner ningún tipo de precio.
Y yo podría decir: "¿Quién ha aportado más a la sociedad? ¿Quién ha estado más años de su vida aportando impuestos para pagar este hospital, el de 35 o el de 85? ¿Quién se merece ese respirador?".
Por eso se me ocurrió dejar los capítulos abiertos, para seguir debatiendo, sin dar UNA respuesta. Se dan respuestas.
Al final pongo un código QR para que el lector pase el celular por la página y vaya directamente a un hilo de Twitter en el que puede dialogar con otros y también conmigo.
Decías que otro tema que inquieta a tus alumnos es el de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo puede ayudar en este caso la filosofía?
En el libro cuento una historia bonita que me pasó.
Estaba dando clase ya en Asturias, en un colegio, y tenía un alumno al que quería mucho.
Su madre estaba en el hospital enferma de cáncer, y el padre me llamó para decir que ya se estaba muriendo y que avisase al chico para que saliera de clase, y que intentase tranquilizárselo hasta que llegase a recogerlo con el coche.
Fue un shock para mí.
Lo que hice fue subir a mi despacho y sacar un viejo libro de un filósofo estoico que nos enseña precisamente a soportar el dolor, porque también supo lo que es sufrir.
Cogí el "Manual de Epicteto", llevé a mi alumno a mi despacho y le dije que su madre se estaba muriendo, que tenía que ir a despedirse de ella.
Le entregué el libro, le dije que a mí me ayudó mucho cuando tuve que enfrentar la muerte de mi padre y que, bueno, lo quería mucho.
Años después este chico volvió, ya hecho un hombre, a devolverme el libro y me pidió disculpas porque estaba lleno de anotaciones y subrayados.
"Me encanta, pues cada vez que lo lea a partir de ahora es como leerlo contigo", le contesté.
Le pregunté si le había ayudado, y me dijo: "No solo me ayudó, sino que me ha convertido en el médico que soy hoy". Es oncólogo.
En el caso de la muerte de un ser querido, ¿cuáles son los argumentos que debates con tus alumnos?
Hay varios ejercicios que practicaban los estoicos.
Lo primero es prepararse. Nuestros seres queridos son seres vivos, vulnerables y por tanto contingentes. Así que la muerte está presente, aquello que se nos ha dado se nos ha dado durante un tiempo.
Los estoicos reflexionaban mucho acerca de la realidad, y ahí está el problema. Nosotros vivimos, como decía antes, en un mundo que está infantilizado, en que nos gustaría tener unos deseos ficticios, y enfrentar nuestro deseo a la realidad nos puede ayudar a no sufrir.
La segunda idea de Epicteto es que podemos gobernar nuestros pensamientos y ver las cosas de diferentes puntos de vista.
Puedo pensar que la vida me ha arrebatado a mi padre, pero también que la vida me ha dado 20 años, que son muchos años, junto a él. Se trata de cambiar la perspectiva.
También Epicteto habla de ser realista, de entender la verdad de las cosas.
Cuando mi padre murió, a mi hermano menor, como era pequeño, para no enfrentarlo a la muerte lo apartaron. "Que no lo vea".
Y eso es lo que estamos haciendo hoy, apartar la muerte de nuestras vidas. La gente muere sola, muere apartada, no sabemos qué es eso de morir.
Esto es algo que también forma parte de la infantilización de nuestra sociedad.
"La filosofía es más un amor a la pregunta que un amor a la respuesta, la filosofía no es dogma, en la filosofía no hay púlpitos".
¿Cómo surgió la idea de lanzar a tus alumnos "filorretos" o retos de filosofía en twitter?
Andaba un día paseando por la calle con mi compañero de física, porque en nuestro instituto no tenemos patio, y los alumnos estaban en pequeños grupos con sus celulares.
Mi compañero me dijo: "Esta generación es una generación de niños autistas, que están ahí en el momento del recreo y no dialogan, no interactúan".
"Yo creo que te equivocas", le contesté. "Creo que sí que se están comunicando, pero lo hacen a través de una pantalla".
¿Por qué no le doy la vuelta a la tortilla y les meto la clase de filosofía en su mundo, en sus pantallas?, me pregunté entonces.
Me pareció muy interesante Twitter porque la filosofía usa mucho el aforismo y esa red social te obliga a condensar un pensamiento en pocos caracteres.
Empecé así, y se fue metiendo gente que no conocía y me preguntaba si podía participar. Claro, todos podemos aprender de todos, les contestaba.
La cosa fue creciendo y creciendo, y ahora mismo es todo un éxito.
Para terminar, una invitación a los lectores para incorporar la filosofía en sus vidas, para ejercitar esas herramientas.
En el Día Mundial de la Filosofía escribí un artículo en el que decía que lo que estamos viviendo con la pandemia es un momento de crisis.
La palabra crisis viene del griego y significa ruptura: se rompe un viejo mundo, y parece que comienza uno nuevo.
Lo se está produciendo es que nuestras certezas están metamorfoseándose en preguntas. Nos preguntamos cosas como "¿cuándo volveré a ver a mis seres queridos?".
A veces nos llamaban a los filósofos y se nos preguntaba por certezas, pero decía: "Yo estoy igual que tú de acojonado, no soy un ser especial".
Pero la filosofía sí que nos puede enseñar a vivir con la incertidumbre como compañera de viaje. El filósofo entiende que la duda forma parte de la existencia humana. Era una ilusión la certeza.
Yo a veces les digo a mis alumnos: "Chicos, esto no lo sé". Y eso, lo decía Sócrates, es una respuesta intelectualmente muy honesta. Tenemos que aceptar nuestra vulnerabilidad.
Cuando decías que la filosofía nos puede ayudar a vivir con la duda, ¿cómo puede hacerlo?
Podemos empezar entendiendo que los problemas complejos exigen soluciones complejas, evitar caer precisamente en las soluciones simples.
Es preferible decir un no lo sé a decir por ejemplos "cinco cómodos pasos para…". No hay cinco cómodos pasos, no existe, si no todos seríamos felices.
Tenemos problemas políticos muy complejos que exigen soluciones complejas, y la filosofía precisamente a través de la pregunta cuestiona el populismo y las soluciones fáciles.
__________________________________________________________________________________
Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad colombiana del 22 al 31 de enero de 2021
¿Cómo aplicar las ideas de la filosofía en la vida cotidiana? El filósofo alemán Wolfram Eilenberger te lo explica. https://www.bbc.com/mundo/noticias-46914172
Qué es el estoicismo, la filosofía de 2.000 años de antigüedad que se usa para sobrevivir al caos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-46587528
Qué enseña el filósofo Michael Sandel, considerado "el profesor más popular del mundo" en Harvard. https://www.bbc.com/mundo/noticias-44309123
Marina Garcés: "Filosofar siempre ha sido un acto subversivo".
domingo, 27 de diciembre de 2020
_- Luis García Montero. El peligroso espectáculo del poder judicial
_- La dinámica de malestar y degradación democrática que hemos vivido en los últimos años tiene una de sus razones principales en la judicialización de la política. El espectáculo es amplio: acontecimientos muy llamativos que van desde el recurso constitucional al Estatuto que los catalanes habían votado en 2006 hasta la realidad última de un consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid que se ha convertido en consejero de Salud y, casi, en presidente autonómico debido a las grietas abiertas entre las decisiones políticas y judiciales.
El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.
Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.
Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.
El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.
Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.
Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.
El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.
[Fuente: infoLibre]
El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.
Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.
Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.
El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.
Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.
Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.
El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.
[Fuente: infoLibre]
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
