Lesmes no dimite y reparte culpas entre Gobierno y PP por el bloqueo del Poder Judicial.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces carga contra las razones del Ejecutivo para indultar a los líderes del procés y la reforma que impide que el CGPJ haga nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado

— Casado pide en los argumentarios internos culpar a Sánchez del bloqueo del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la “insostenible” situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que la semana pasada rebasó los mil días en funciones. Carlos Lesmes ha llamado a “las fuerzas políticas concernidas” a acabar con la "lucha partidista" y acordar en las próximas semanas el acuerdo “necesario” para la renovación.

Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP
“Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha dicho el también presidente del Tribunal Supremo, que ha descargado la responsabilidad en el Gobierno y en el PP —a los que ha pedido “patriotismo constitucional” y “generosidad”— y no ha aludido a la posibilidad de presentar su dimisión. Es la cuarta vez que Lesmes se refiere en este discurso a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya situación de interinidad se remonta a diciembre de 2018. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo.

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.

En los últimos meses los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras.

Durante su discurso, Lesmes también ha cargado contra la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. A juicio del presidente del CGPJ, esta norma “ha venido a agravar” la situación del CGPJ y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.

Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Este lunes, Lesmes ha reprochado a la Cámara que desatendiera “todas” las peticiones que realizó el CGPJ para pronunciarse sobre esta reforma.

En su discurso, el presidente del CGPJ también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés y el hecho de que el ejecutivo haya justificado la medida de gracia por constituir "la concordia frente al resentimiento". Ha asegurado Lesmes que "nada más alejado de la realidad" y que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos". Con esta crítica a la justificación política de los indultos ha querido ensalzar, ha dicho, "la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha pronunciado este discurso en el Tribunal Supremo ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La formación conservadora rechaza negociar la renovación de los vocales y propone ahora un nuevo sistema para elegir vocales que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno. En los argumentarios internos del partido, Casado pide incluso culpar a Pedro Sánchez de la no renovación del órgano argumentando que "la pelota, en el tejado de Sánchez".

Aunque no ha citado el bloqueo del Poder Judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en su discurso de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha señalado que, más allá de las tensiones propias y de los necesarios ajustes para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no debe convertirse en un "campo de batalla política" y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad". En su intervención, Delgado también ha subrayado la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía. 

https://www.eldiario.es/politica/lesmes-no-dimite-reparte-culpas-gobierno-pp-bloqueo-cgpj-deber-constitucional-no-subordinarse-razones-politicas_1_8275731.html

Por qué va a ser declarada nula de pleno derecho la sentencia del procés.

He venido sosteniendo desde siempre que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los ex miembros del Govern y los ex miembros de la Mesa del Parlament acabaría siendo declarada nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. Cada día que pasa, más convencido estoy de que será así.

En buena lógica jurídica, debería ser el Tribunal Constitucional el que adoptara tal decisión en la sentencia sobre el recurso de amparo que se ha interpuesto contra la sentencia del TS. En el caso de que no lo haga, acabará haciéndolo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque los derechos fundamentales de la Constitución Española también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Para poner todas las cartas encima de la mesa, quiero dejar claro que, en mi opinión, los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017 nunca debieron acabar en los tribunales, sino que debió darse una respuesta de naturaleza política a los mismos. La integración de Catalunya en el Estado, como la de cualquier otra nacionalidad o región únicamente puede ser resuelta políticamente mediante la participación de órganos legitimados democráticamente de manera directa. Así es como está diseñado el proceso en la Constitución Española sin que se contemple la intervención del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de ningún órgano judicial. Sin la STC 31/2010 no estaríamos donde estamos.

Pero, una vez, que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se descartó la respuesta política y se optó por la respuesta judicial, se tenía que haber aplicado lo previsto en el ordenamiento jurídico español, que, como vamos a ver a continuación, es de una claridad meridiana.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, inició las actuaciones inmediatamente después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy destituyera a los miembros del Govern y disolviera el Parlament. A partir de ese momento, tanto el expresident como los exconsellers pasaban a ser ciudadanos españoles exclusivamente. Dejaban de tener el fuero jurisdiccional que tenían y que obligaba a que la responsabilidad por su actos le fuera exigida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La ex presidenta del Parlament, en la medida en que continuaba siendo miembro de la Diputación Permanente, mantenía el fuero jurisdiccional y, por tanto únicamente el TSJC podía entender de su conducta.

Desde el momento en que dejaron de ser presidente y consellers, "el juez ordinario predeterminado por la ley" para entender de sus conductas era la Audiencia Provincial de Barcelona. A ella hubieran tenido que ser dirigidas las querellas contra todos ellos. A partir de la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona tendría que haber declinado la competencia a favor del TSJC, dado que varios de ellos fueron elegidos diputados en tales elecciones y habían recuperado el fuero jurisdiccional.

Por supuesto, la conducta de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, en cuanto ciudadanos sin más, también tenía que haber sido residenciada inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El TSJC debería haber instruido la causa y haber dictado en su momento sentencia, contra la cual se podría acudir en casación al TS.

Constitucionalmente este es el orden que se tenía que haber seguido. Es la única manera de respetar el derecho de los querellados al juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a la doble instancia.

Nada de esto se hizo. La Fiscalía General del Estado residenció la conducta de los ex miembros del Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y la de la ex presidenta del Parlament ante el TS. La AN acabaría declinando la competencia a favor del TS, que se convirtió en juez de primera y única instancia respecto de todos los querellados.

Para justificar su competencia, el TS interpretó de manera invertida el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece como norma en su apartado 1 que el TSJC es el órgano ante el que se podrá exigir la responsabilidad penal a los miembros del Govern y del Parlament, añadiendo en el apartado 2 como excepción, que para los actos cometidos fuera de Catalunya la responsabilidad se exigirá ante el TS.

El TS privilegió en su interpretación la excepción sobre la norma, a pesar de que todos los actos de los querellados por los que habían sido acusados por el delito de rebelión habían tenido lugar en Catalunya.

Con ello no solamente contradecía lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sino que, además, y esto es lo decisivo, hacía una interpretación del mismo no "de conformidad con la Constitución", como es obligado, sino que hizo una interpretación "contraria a la Constitución", en la medida en que se privaba con ella a todos los querellados de los derechos fundamentales ya mencionados. No se hizo la interpretación "más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales, sino la "más lesiva" para tal ejercicio.

Esto es lo que acaba de decidir la justicia belga, como doy por supuesto que el lector ya sabe.

¿Lo acabará decidiendo también el Parlamento Europeo cuando tome la decisión sobre el suplicatorio que le ha sido dirigido por el TS para que le autorice a proceder contra Puigdemont, Comín y Ponsatí? No cabe duda de que los tres parlamentarios catalanes pondrán en conocimiento de sus colegas europeos la decisión de la justicia belga y solicitarán que no se conceda la autorización para que se pueda proceder contra ellos con base en que el TS no es el juez competente para entender de sus conductas y no es competente para solicitar, en consecuencia, autorización para proceder contra ellos.

Ya veremos qué decide el Parlamento Europeo. El Parlamento puede considerar que no es un órgano jurisdiccional y que no tiene por qué entrar en si el TS es el órgano competente para solicitar el suplicatorio o no lo es. Esto puede pasar. O no. Ya lo veremos. Pero, en todo caso, la decisión del Parlamento es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este sí es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que no podrá dejar de dar una respuesta a la alegación de falta de competencia del TS.

Es muy posible que tanto el TEDH, si el Tribunal Constitucional no otorga el amparo, como el TJUE, tengan que pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los que fueron condenados por el TS y de los que no han podido serlo, porque el TS no ha conseguido que ni la justicia alemana primero ni la belga después hayan atendido las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. El TEDH lo hará contra la vulneración de derechos de los que han sido condenados. El TJUE, contra la vulneración de derechos de los que no han sido condenados.

El tiempo de la justicia es el que es. Es mucho el dolor que se ha ocasionado. Es mucha la perturbación que se ha producido en el funcionamiento de las instituciones. Pero, al final, estoy convencido de que la justicia española quedará desautorizada.

Javier Pérez Royo,  Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/declarada-nula-pleno-derecho-sentencia-proces_129_6789558.html

_- Luis García Montero. El peligroso espectáculo del poder judicial

_- La dinámica de malestar y degradación democrática que hemos vivido en los últimos años tiene una de sus razones principales en la judicialización de la política. El espectáculo es amplio: acontecimientos muy llamativos que van desde el recurso constitucional al Estatuto que los catalanes habían votado en 2006 hasta la realidad última de un consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid que se ha convertido en consejero de Salud y, casi, en presidente autonómico debido a las grietas abiertas entre las decisiones políticas y judiciales.

El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.

Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.

Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.

El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.

Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.

Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.

El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.

[Fuente: infoLibre]

Lesmes dice que la corrupción es un “mal endémico, incluso sistémico”. El presidente del Poder Judicial pide reforzar la cooperación internacional contra los paraísos fiscales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que la corrupción es un "mal endémico, sistémico incluso", que "acecha a la sociedad desde tiempos inmemoriales". En la inauguración de un curso para magistrados sobre macroprocesos de corrupción, Lesmes ha solicitado una mayor cooperación internacional para luchar contra los paraísos fiscales, tanto a través de acuerdos bilaterales con los países que permiten ocultar a los titulares de los fondos que contemplen cláusulas de intercambio de información como mediante pactos multilaterales. "La colaboración internacional es fundamental para combatir el fraude fiscal y los delitos económicos", ha señalado.

Ante un foro de 70 magistrados, Lesmes ha anunciado la próxima firma de un convenio de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude. El acuerdo se basa en la formación tanto de los magistrados como de los funcionarios de Hacienda y prevé la organización conjunta de seminarios, jornadas y cursos y la realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por parte de funcionarios de ambas instituciones.

El curso sobre los macroprocesos contra la corrupción está organizado por Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles (Madrid) y anterior instructor de los casos Gürtel y Bárcenas, entre otros, en la Audiencia Nacional. Lesmes ha enumerado en su discurso inaugural las dificultades que experimentan los jueces en la investigación de la delincuencia económica. Entre ellos, ha citado su complejidad, la "sobrecarga" de muchos órganos judiciales e "incluso las presiones que a veces reciben" los magistrados en el desarrollo de sus instrucciones.

En su intervención, Lesmes ha defendido que la elaboración de un "marco legislativo específico" para las investigaciones de "macrocriminalidad" económica y fiscal, que se escapan de las previsiones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/11/actualidad/1460373311_858101.html