_ - Hoy te escribo desde mi pueblo, Torresandino. Son las fiestas patronales y he venido con mi familia a pasar unos días aquí, huyendo también del calor de Madrid.
Ha sido una semana movida, con mucho que comentar. Probablemente lo más relevante para el futuro es la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP. Sobre este asunto, te recomiendo este estupendo análisis de Iñigo Saéz de Ugarte. Pero he preferido centrar mi boletín en otros dos temas de la semana: dos cuestiones que no se pueden dejar pasar como si fueran otra noticia más.
La Stasi del PP
Nacho Cano: “Todo esto lo ha orquestado la Policía, es como la Stasi. Es una operación sucia y asquerosa”. “Esto es lo más parecido a la Stasi, a Venezuela.”
Isabel Díaz Ayuso: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”. “Aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir”. “La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno”.
El músico y la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen mucha razón, aunque por los motivos equivocados. Por supuesto, ellos se refieren a lo ocurrido con los becarios del musical Malinche a los que Nacho Cano tenía trabajando sin los permisos en regla. Aunque su encendida denuncia encaja mejor con los nuevos datos que hemos desvelado esta semana elDiario.es y El País sobre la persecución policial del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos.
Eso sí fue estalinismo. Eso sí fue la Stasi. Eso sí fue una operación sucia y asquerosa, que buscaba la destrucción personal por motivos políticos.
Los hechos. La Policía espió a medio centenar de diputados de Podemos durante el Gobierno del PP. La casi totalidad de los cargos electos de Podemos en esos años fueron investigados sin orden judicial: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Carolina Bescansa, Pablo Bustinduy, Juan Pedro Yllanes, Alberto Rodríguez, Tania Sánchez…También fue espiada Victoria Rosell, incluso antes de que entrara en política: cuando aún era jueza en activo.
Entre 2015 y 2016, hubo casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas por parte de distintos agentes de la policía –también algunos pocos guardias civiles–. Son ficheros informáticos donde se guardan los establecimientos hoteleros donde se aloja cada ciudadano, las matrículas de los coches, su residencia…
En esas bases de datos también figuran los antecedentes penales y policiales. Como los que el número dos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, pidió rastrear tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando el PSOE negoció por primera vez con Podemos una coalición. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, preguntó Martínez en un mensaje por whatsapp a uno de los más destacados comisarios de la brigada política, Enrique García Castaño.
El rastro de este espionaje está hoy en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz está investigando la guerra sucia contra Podemos y ha encontrado ya algunas evidencias palmarias. Como lo que ocurrió con un ciudadano venezolano al que premiaron con el permiso de residencia a cambio de lanzar un bulo sobre Pablo Iglesias: una cuenta en un paraíso fiscal que nunca existió. O las anotaciones en las libretas del comisario Villarejo, que desde septiembre de 2014 empezó a investigar ilegalmente a este partido.
Con todo, esta investigación penal llega muy tarde. Ha pasado una década desde que se produjeron estos presuntos delitos y, durante años, la Justicia miró hacia otro lado. Buena parte de los abusos de aquella Stasi que operó durante el Gobierno de Rajoy van a quedar impunes.
La cúpula del Ministerio del Interior de aquel Gobierno se sentará en el banquillo: el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el ministro Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy. Pero solo por una de las muchas trapacerías de la policía patriótica: la Operación Kitchen, el uso del dinero público y de las fuerzas de seguridad para encontrar y destruir las pruebas de la corrupción del PP que escondía el tesorero Luis Bárcenas.
Esa investigación judicial la lideró en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Contra el criterio de la Fiscalía, que quería ir más allá, este juez trazó una “línea roja” para no investigar la trama política. María Dolores de Cospedal se libró. Mientras que Mariano Rajoy, el principal beneficiado de aquel operativo policial y jefe directo de Jorge Fernández Díaz, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo.
Manuel García Castellón redujo la Kitchen a su mínima expresión. Y se negó a investigar las otras dos principales ramas de la Stasi del Gobierno de Rajoy: la guerra sucia contra Podemos y la operación Catalunya.
Es el mismo juez que también se ha negado a investigar las operaciones de Villarejo contra Pedro Sánchez y su mujer.
García Castellón, conviene recordarlo, debe buena parte de su carrera a los gobiernos del PP: 17 años como magistrado de enlace en París y en Roma, dos de los puestos mejor pagados a los que puede aspirar un juez.
García Castellón no encontró nada raro en el espionaje a Podemos, a pesar de que las grabaciones de Villarejo –donde este tema es recurrente– se investigaban en su juzgado. Pero sí dedicó enormes esfuerzos infructuosos en abrir todo tipo de causas judiciales contra Podemos y sus principales dirigentes, que después tuvo que cerrar.
Con la Operación Catalunya, Manuel García Castellón operó igual. En noviembre de 2021, el hijo de Jordi Pujol presentó un recurso ante el juez solicitando una investigación por las maniobras de la policía patriótica. García Castellón se pasó dos años sin contestar. Solo cuando elDiario.es publicó la noticia del llamativo retraso, el juez respondió a ese recurso: por supuesto, para negarse a investigar.
https://www.eldiario.es/blog/el-boletin-del-director/operacion-sucia-asquerosa_132_11521609.html
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lunes, 5 de agosto de 2024
sábado, 5 de febrero de 2022
_- La desfachatez del Consejo General del Poder Judicial.
_- Ha llegado el momento de que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular dimitan. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”
— Cinco vocales del Poder Judicial ven “coherente” la ley de vivienda y acusan a la mayoría de “extralimitarse”
El lector es probable que recuerde que en varias ocasiones he subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “órgano de Gobierno” y no un “órgano judicial”. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero él mismo no forma parte de dicho Poder. Se trata, por tanto, de un órgano de “naturaleza política” y, en cuanto tal, su renovación está vinculada a la evolución del principio de legitimidad democrática que se expresa a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales.
La renovación del CGPJ no coincide con la renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, pero sí guarda una vinculación muy estrecha con la renovación de estos órganos que constituyen las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado se renuevan cada cuatro años. El CGPJ cada cinco. Justamente por eso, por su naturaleza política, no es admisible la “prórroga” del mandato de los miembros integrantes del CGPJ, de la misma manera que no lo es la del Congreso de los Diputados o el Senado. La prórroga va contra la “naturaleza” de los órganos de naturaleza política. La prórroga los “desnaturaliza”, es decir, los convierte en órganos “deformes”, incompatibles con el lugar que ocupan en el edificio constitucional.
Esto es lo que está ocurriendo con el CGPJ. La prórroga del actual CGPJ es una prórroga “contra natura”, que lo convierte en un Rigoletto constitucional, que choca frontalmente con el lugar que el constituyente le asignó en nuestra fórmula de gobierno.
Esto no lo pueden no saber los actuales miembros del CGPJ. Y si no lo supieran, estarían prevaricando de manera continuada por “ignorancia inexcusable”. Como esto no es razonable que sea así, la conclusión más plausible es que la interpretación que están haciendo de su función, admitiendo una prórroga plurianual, solamente puede ser explicada como resultado de una extraordinaria desfachatez, es decir, de un extraordinario “descaro o desvergüenza” (Diccionario de la RAE).
Este descaro o desvergüenza ha alcanzado su máxima expresión en el informe que acaba de emitir la mayoría del CGPJ, constituida por 15 miembros, sobre el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Los 6 miembros que han firmado el voto particular se lo vienen a decir a sus compañeros de manera inequívoca. La mayoría no está cumpliendo con la función que corresponde al CGPJ en cuanto órgano constitucional en el proceso de elaboración de un proyecto de ley, sino que están ejerciendo de una manera desviada dicha función, contribuyendo con ello no al perfeccionamiento del texto del proyecto, sino a participar en un debate político encanallado, como el que se está produciendo de forma generalizada como consecuencia de la polarización política, que por ello mismo debería estar fuera de lo que debe ser el contenido de su informe sobre un proyecto de ley. El CGPJ, dice la minoría en su voto particular, no está para hacer lo que ha hecho la mayoría. No está para tomar partido por una determinada opción política, sino para emitir un informe exclusivamente técnico.
Como el lector sin duda sabe, el informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante y, en consecuencia, el Gobierno no tiene por qué hacer suya la opinión de la mayoría. Pero ese carácter no vinculante no debería ser interpretado por los miembros del CGPJ que lo han aprobado por mayoría como una coartada para entrar en el debate político.
En mi opinión, creo que ha llegado el momento para que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular adopten la decisión de dimitir. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”. No se puede continuar formando parte de un órgano que actúa de la forma en que el CGPJ lo hace, desnaturalizando la voluntad del constituyente. El voto particular debería haber venido acompañado del anuncio de la dimisión de la condición de miembro del CGPJ. Hasta aquí hemos llegado.
Javier Pérez Royo
— Cinco vocales del Poder Judicial ven “coherente” la ley de vivienda y acusan a la mayoría de “extralimitarse”
El lector es probable que recuerde que en varias ocasiones he subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “órgano de Gobierno” y no un “órgano judicial”. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero él mismo no forma parte de dicho Poder. Se trata, por tanto, de un órgano de “naturaleza política” y, en cuanto tal, su renovación está vinculada a la evolución del principio de legitimidad democrática que se expresa a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales.
La renovación del CGPJ no coincide con la renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, pero sí guarda una vinculación muy estrecha con la renovación de estos órganos que constituyen las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado se renuevan cada cuatro años. El CGPJ cada cinco. Justamente por eso, por su naturaleza política, no es admisible la “prórroga” del mandato de los miembros integrantes del CGPJ, de la misma manera que no lo es la del Congreso de los Diputados o el Senado. La prórroga va contra la “naturaleza” de los órganos de naturaleza política. La prórroga los “desnaturaliza”, es decir, los convierte en órganos “deformes”, incompatibles con el lugar que ocupan en el edificio constitucional.
Esto es lo que está ocurriendo con el CGPJ. La prórroga del actual CGPJ es una prórroga “contra natura”, que lo convierte en un Rigoletto constitucional, que choca frontalmente con el lugar que el constituyente le asignó en nuestra fórmula de gobierno.
Esto no lo pueden no saber los actuales miembros del CGPJ. Y si no lo supieran, estarían prevaricando de manera continuada por “ignorancia inexcusable”. Como esto no es razonable que sea así, la conclusión más plausible es que la interpretación que están haciendo de su función, admitiendo una prórroga plurianual, solamente puede ser explicada como resultado de una extraordinaria desfachatez, es decir, de un extraordinario “descaro o desvergüenza” (Diccionario de la RAE).
Este descaro o desvergüenza ha alcanzado su máxima expresión en el informe que acaba de emitir la mayoría del CGPJ, constituida por 15 miembros, sobre el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Los 6 miembros que han firmado el voto particular se lo vienen a decir a sus compañeros de manera inequívoca. La mayoría no está cumpliendo con la función que corresponde al CGPJ en cuanto órgano constitucional en el proceso de elaboración de un proyecto de ley, sino que están ejerciendo de una manera desviada dicha función, contribuyendo con ello no al perfeccionamiento del texto del proyecto, sino a participar en un debate político encanallado, como el que se está produciendo de forma generalizada como consecuencia de la polarización política, que por ello mismo debería estar fuera de lo que debe ser el contenido de su informe sobre un proyecto de ley. El CGPJ, dice la minoría en su voto particular, no está para hacer lo que ha hecho la mayoría. No está para tomar partido por una determinada opción política, sino para emitir un informe exclusivamente técnico.
Como el lector sin duda sabe, el informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante y, en consecuencia, el Gobierno no tiene por qué hacer suya la opinión de la mayoría. Pero ese carácter no vinculante no debería ser interpretado por los miembros del CGPJ que lo han aprobado por mayoría como una coartada para entrar en el debate político.
En mi opinión, creo que ha llegado el momento para que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular adopten la decisión de dimitir. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”. No se puede continuar formando parte de un órgano que actúa de la forma en que el CGPJ lo hace, desnaturalizando la voluntad del constituyente. El voto particular debería haber venido acompañado del anuncio de la dimisión de la condición de miembro del CGPJ. Hasta aquí hemos llegado.
Javier Pérez Royo
domingo, 27 de diciembre de 2020
_- Luis García Montero. El peligroso espectáculo del poder judicial
_- La dinámica de malestar y degradación democrática que hemos vivido en los últimos años tiene una de sus razones principales en la judicialización de la política. El espectáculo es amplio: acontecimientos muy llamativos que van desde el recurso constitucional al Estatuto que los catalanes habían votado en 2006 hasta la realidad última de un consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid que se ha convertido en consejero de Salud y, casi, en presidente autonómico debido a las grietas abiertas entre las decisiones políticas y judiciales.
El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.
Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.
Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.
El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.
Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.
Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.
El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.
[Fuente: infoLibre]
El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.
Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.
Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.
El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.
Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.
Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.
El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.
[Fuente: infoLibre]
viernes, 31 de julio de 2020
Un Tribunal Supremo maoísta
Javier Pérez Royo 26/07/2020
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los “campos de reeducación”, tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad.
La "reeducación política" de los condenados mediante sentencia judicial fue práctica frecuente durante los años de la Revolución Cultural en China. No era suficiente la privación de libertad, sino que el Régimen maoísta exigía la "conformidad expresa" de los condenados con la sanción que se les había impuesto. Hemos sido condenados porque nos hemos desviado del pensamiento correcto y no hemos respetado la ley. Esta confesión era la premisa indispensable que se exigía para que se pudiera poner fin a la privación de libertad. Primero la humillación y después la libertad. Sin humillación autoimpuesta no hay libertad. Ese es el precio que tenéis que pagar para que podamos empezar a fiarnos de vosotros y os podáis reintegrar a la vida civil.
Cuando España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho en 1978, jamás se pasó por la cabeza que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo acabarían haciendo suyas esta doctrina puesta en práctica durante la Revolución Cultural. Jamás se me pasó por la cabeza que el objetivo de la "reinserción" del artículo 25 de la Constitución, desarrollado por la Ley General Penitenciaria, que fue la primera Ley Orgánica de la democracia española, la primera Ley Orgánica aprobada por las primeras Cortes Constitucionales, acabaría convirtiéndose para los políticos nacionalistas catalanes en una exigencia de "reeducación" con el objetivo de que "aprendan a respetar la ley".
Y sin embargo, eso exactamente es lo que ha ocurrido. Las Juntas de Tratamiento de diversas prisiones catalanas así como varios Jueces de Vigilancia Penitenciaria de Catalunya no habían considerado imprescindible que los dirigentes nacionalistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición, tuvieran que someterse a un programa de "reeducación" para que les fuera de aplicación el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite salir de la cárcel para trabajar, para cuidad de la madre o por cualquiera otra de las circunstancias previstas en el ordenamiento.
La necesidad de que los políticos presos catalanes se sometieran a este programa de "reeducación" ha venido siendo exigida de manera ininterrumpida por el Ministerio Fiscal y rechazada hasta por siete jueces catalanes con el argumento de que el "programa específico de educación planteado por la Fiscalía buscaba cambiar o modificar la ideología política de los internos, algo proscrito por la Constitución y que atenta contra los más elementales derechos fundamentales" (palabras del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya).
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha hecho suya la tesis "maoísta" de la Fiscalía y considera imprescindible que los condenados acepten asistir a un programa de "reeducación", en el que se les enseñe y aprendan que "hay que cumplir la ley" y que la Constitución únicamente puede ser reformada mediante los procedimientos de reforma previstos en los artículos 167 y 168 de la misma. Una vez que se hayan sometido a ese "programa de reeducación" y hayan "interiorizado" la "justicia" de la condena que les fue impuesta y hayan aprendido a comportarse como deben hacerlo los ciudadanos en una sociedad democrática, estarán en condiciones de salir de la cárcel en los términos previstos en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los "campos de reeducación", tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad. Una vez que la hayan reconocido, el Supremo podrá ser magnánimo y aceptar las decisiones que las Juntas de Tratamiento de las prisiones y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria puedan dictar en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Primero la humillación. Después, ya veremos. Esta es la administración de justicia para los nacionalistas catalanes condenados por el Supremo. Acepten la humillación de que se les tiene que "enseñar" que la ley hay que cumplirla y que la Constitución solamente puede ser reformada de la forma en ella misma prevista. No sé si se les exigirá además que acrediten mediante un examen que han asimilado las "enseñanzas" que se les han trasmitido. En eso ha acabado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Cómo es posible que fiscales y jueces del Supremo se puedan faltar el respeto a sí mismos de esta manera?
Esto no puede acabar bien nunca.
Javier Pérez Royo Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Fuente: https://www.eldiario.es/contracorriente/tribunal-supremo-maoista_129_6126752.html
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los “campos de reeducación”, tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad.
La "reeducación política" de los condenados mediante sentencia judicial fue práctica frecuente durante los años de la Revolución Cultural en China. No era suficiente la privación de libertad, sino que el Régimen maoísta exigía la "conformidad expresa" de los condenados con la sanción que se les había impuesto. Hemos sido condenados porque nos hemos desviado del pensamiento correcto y no hemos respetado la ley. Esta confesión era la premisa indispensable que se exigía para que se pudiera poner fin a la privación de libertad. Primero la humillación y después la libertad. Sin humillación autoimpuesta no hay libertad. Ese es el precio que tenéis que pagar para que podamos empezar a fiarnos de vosotros y os podáis reintegrar a la vida civil.
Cuando España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho en 1978, jamás se pasó por la cabeza que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo acabarían haciendo suyas esta doctrina puesta en práctica durante la Revolución Cultural. Jamás se me pasó por la cabeza que el objetivo de la "reinserción" del artículo 25 de la Constitución, desarrollado por la Ley General Penitenciaria, que fue la primera Ley Orgánica de la democracia española, la primera Ley Orgánica aprobada por las primeras Cortes Constitucionales, acabaría convirtiéndose para los políticos nacionalistas catalanes en una exigencia de "reeducación" con el objetivo de que "aprendan a respetar la ley".
Y sin embargo, eso exactamente es lo que ha ocurrido. Las Juntas de Tratamiento de diversas prisiones catalanas así como varios Jueces de Vigilancia Penitenciaria de Catalunya no habían considerado imprescindible que los dirigentes nacionalistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición, tuvieran que someterse a un programa de "reeducación" para que les fuera de aplicación el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite salir de la cárcel para trabajar, para cuidad de la madre o por cualquiera otra de las circunstancias previstas en el ordenamiento.
La necesidad de que los políticos presos catalanes se sometieran a este programa de "reeducación" ha venido siendo exigida de manera ininterrumpida por el Ministerio Fiscal y rechazada hasta por siete jueces catalanes con el argumento de que el "programa específico de educación planteado por la Fiscalía buscaba cambiar o modificar la ideología política de los internos, algo proscrito por la Constitución y que atenta contra los más elementales derechos fundamentales" (palabras del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya).
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha hecho suya la tesis "maoísta" de la Fiscalía y considera imprescindible que los condenados acepten asistir a un programa de "reeducación", en el que se les enseñe y aprendan que "hay que cumplir la ley" y que la Constitución únicamente puede ser reformada mediante los procedimientos de reforma previstos en los artículos 167 y 168 de la misma. Una vez que se hayan sometido a ese "programa de reeducación" y hayan "interiorizado" la "justicia" de la condena que les fue impuesta y hayan aprendido a comportarse como deben hacerlo los ciudadanos en una sociedad democrática, estarán en condiciones de salir de la cárcel en los términos previstos en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los "campos de reeducación", tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad. Una vez que la hayan reconocido, el Supremo podrá ser magnánimo y aceptar las decisiones que las Juntas de Tratamiento de las prisiones y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria puedan dictar en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Primero la humillación. Después, ya veremos. Esta es la administración de justicia para los nacionalistas catalanes condenados por el Supremo. Acepten la humillación de que se les tiene que "enseñar" que la ley hay que cumplirla y que la Constitución solamente puede ser reformada de la forma en ella misma prevista. No sé si se les exigirá además que acrediten mediante un examen que han asimilado las "enseñanzas" que se les han trasmitido. En eso ha acabado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Cómo es posible que fiscales y jueces del Supremo se puedan faltar el respeto a sí mismos de esta manera?
Esto no puede acabar bien nunca.
Javier Pérez Royo Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Fuente: https://www.eldiario.es/contracorriente/tribunal-supremo-maoista_129_6126752.html
lunes, 3 de febrero de 2014
Ataque a los jueces que frenan los despidos colectivos
En los últimos años de crisis económica y recortes, los jueces españoles han alcanzado un protagonismo especial como defensores de los derechos de los ciudadanos. “En este momento los jueces españoles están siendo valorados muy positivamente porque están luchando contra la corrupción. También han sido pioneros en la lucha contra los desahucios y están teniendo mucho protagonismo en otros temas que afectan a los ciudadanos como las preferentes o las cláusulas abusivas. Creo que en estos momentos la percepción que hay es que los jueces están tutelando los derechos de la gente más desfavorecida socialmente, como muestra también el tema de la reforma laboral. La gente ve como la última confianza que tiene es acudir al juez”, afirma Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una entrevista para el dossier sobre la Justicia en el número de febrero de la revista de La Marea.
Sin embargo, el Gobierno está intentando cortarles las alas a los jueces, especialmente en los casos de despidos colectivos (EREs) en los que los tribunales han estado más del lado de los trabajadores que de las empresas desde que muchos conflictos laborales acabasen en los juzgados a consecuencia de la reforma laboral. La Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)- advertía en sus últimos informes sobre el rescate a la banca española de que los jueces eran un obstáculo.
El Ministerio de Trabajo ya retocó la legislación para reducir el margen de interpretación de los tribunales en los EREs. Y en enero, el Tribunal Supremo ratificó la reforma laboral y pidió a los jueces que no se excedan a la hora de evaluar las causas de los despidos colectivos. “El legislador de 2012 ha querido, y así lo ha hecho constar en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, que los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento de los despidos colectivos no sustituyan al empresario en la elección de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad suficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas apropiadas) para hacerles frente”, dijo el máximo órgano del poder judicial en un comunicado.
Al parecer no ha sido suficiente. Hace unos días, el FMI advirtió al Gobierno de España que “la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales“. Esta recomendación ha provocado una respuesta contundente por parte de los jueces españoles que piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy amparo del sistema judicial ante estas críticas de las organizaciones internacionales.
“Con estas manifestaciones el FMI está sugiriendo la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX, cuando no existían derechos. Con sus pretensiones este organismo internacional parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico. Además, esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos”, dijo Jueces para la Democracia en un comunicado.
Thilo Schäfer. La Marea
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/02/02/ataque-los-jueces-que-frenan-los-despidos-colectivos/
lunes, 17 de junio de 2013
No han aprendido nada. No se enmiendan
Nombrar a Enrique López desmiente que exista intención de atajar el desprestigio institucional
Parece que fue Jeremías, el profeta, quien primero trasladó el concepto de pecado de un pueblo a los individuos. Si fue así, Jeremías, además de dejar un libro bastante confuso y tan lleno de lamentaciones que parece actual, nos transmitió un legado apreciable. Son las personas las que asumen la responsabilidad por lo que hacen. Han sido el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia y el presidente saliente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, quienes han puesto su rúbrica al pie de un documento que certifica la vigencia de la apropiación partidista de las instituciones. Han sido ellos quienes han impuesto el nombramiento de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional, en contra de toda prudencia o ponderación.
Las decisiones imprudentes tienen consecuencias, y en este caso son importantes. El nombramiento del señor López no es un problema menor, un caso poco pulcro que se pueda criticar un día y olvidar al siguiente, porque desmiente de manera radical que exista en el Gobierno la menor intención de atajar el creciente desprestigio de las instituciones.
Estaba en su mano hacer honor al compromiso manifestado por el Gobierno de que pensaba trabajar para la recuperación del buen crédito de las instituciones, muchas de las cuales tienen su fama seriamente dañada. Pero a la primera oportunidad lo han vuelto a hacer. No han aprendido nada. Nadie está dispuesto a enmendarse.
No se trata de atacar al señor López por su reconocida simpatía o su cercanía al Partido Popular. El problema no es ese. El problema es que un magistrado que no solo no tiene el reconocido prestigio jurídico que se exige para ser miembro del Constitucional, sino que es conocido precisamente por su discutible prestigio jurídico, va a ocupar uno de los 12 sillones del máximo tribunal español, el único que puede quitar la razón al Tribunal Supremo y el que interpreta el principal texto jurídico de este país, por encima de las decisiones de los Parlamentos o de los referendos populares.
Los títulos y la trayectoria profesional del señor López hicieron dudar a seis magistrados del Constitucional sobre su idoneidad y su grado de especialización jurídica, pero no hicieron recapacitar al señor Sala.
En sus 50 años de vida, Enrique López ha sido ponente en un total de 64 sentencias, según datos de jurisprudencia de la Audiencia Nacional, el único tribunal en el que ha ejercido esa labor, durante cuatros años y medio. Previamente, el señor Lopez ha sido juez instructor en juzgados de primera instancia de Coruña, Valladolid y León, y letrado y portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
De las 64 sentencias en las que ha sido ponente, 28 fueron dictadas de conformidad entre el fiscal y los abogados defensores. De las 36 restantes, el propio señor López tuvo que dictar autos de aclaración en más de un 10% de los casos para corregir errores graves, no erratas, como declarar rebelde en los hechos probados al condenado o dictar una pena de cárcel no compatible con los hechos probados. Consta, por otra parte, que el Tribunal Supremo ha corregido un porcentaje sensible de las sentencias en las que el señor López fue ponente.
Podría argumentarse que el señor López no tiene gran experiencia jurídica, pero que su prestigio se basa en su labor docente. Pero la carrera docente del magistrado es fácil de resumir: profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Valladolid, 1990-1991; profesor asociado en el área de Derecho Penal de la Universidad de León (1996-1998) y profesor de Derecho Penal de la Universidad Europea de Madrid. En cuanto a sus publicaciones, consta un variado catálogo, coloquios como tertuliano y artículos en prensa. Su artículo más comentado en ámbitos jurídicos fue el publicado en junio de 2010 y titulado La justicia de los toros, en el que el autor establecía un paralelismo entre las corridas de toros y los procedimientos judiciales.
El problema no es el señor López, es el prestigio del Constitucional, su eficacia y su futuro. La amargura, la pena y el disgusto que causa ver arruinada y debilitada, una vez más, a una de las principales instituciones de este país.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 16 JUN 2013
Fuente: El País.
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