_- Una operación sucia y asquerosa

_ - Hoy te escribo desde mi pueblo, Torresandino. Son las fiestas patronales y he venido con mi familia a pasar unos días aquí, huyendo también del calor de Madrid.

Ha sido una semana movida, con mucho que comentar. Probablemente lo más relevante para el futuro es la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP. Sobre este asunto, te recomiendo este estupendo análisis de Iñigo Saéz de Ugarte. Pero he preferido centrar mi boletín en otros dos temas de la semana: dos cuestiones que no se pueden dejar pasar como si fueran otra noticia más.

La Stasi del PP
Nacho Cano: “Todo esto lo ha orquestado la Policía, es como la Stasi. Es una operación sucia y asquerosa”. “Esto es lo más parecido a la Stasi, a Venezuela.”

Isabel Díaz Ayuso: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”. “Aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir”. “La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno”.

El músico y la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen mucha razón, aunque por los motivos equivocados. Por supuesto, ellos se refieren a lo ocurrido con los becarios del musical Malinche a los que Nacho Cano tenía trabajando sin los permisos en regla. Aunque su encendida denuncia encaja mejor con los nuevos datos que hemos desvelado esta semana elDiario.es y El País sobre la persecución policial del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos.

Eso sí fue estalinismo. Eso sí fue la Stasi. Eso sí fue una operación sucia y asquerosa, que buscaba la destrucción personal por motivos políticos.

Los hechos. La Policía espió a medio centenar de diputados de Podemos durante el Gobierno del PP. La casi totalidad de los cargos electos de Podemos en esos años fueron investigados sin orden judicial: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Carolina Bescansa, Pablo Bustinduy, Juan Pedro Yllanes, Alberto Rodríguez, Tania Sánchez…También fue espiada Victoria Rosell, incluso antes de que entrara en política: cuando aún era jueza en activo.

Entre 2015 y 2016, hubo casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas por parte de distintos agentes de la policía –también algunos pocos guardias civiles–. Son ficheros informáticos donde se guardan los establecimientos hoteleros donde se aloja cada ciudadano, las matrículas de los coches, su residencia…

En esas bases de datos también figuran los antecedentes penales y policiales. Como los que el número dos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, pidió rastrear tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando el PSOE negoció por primera vez con Podemos una coalición. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, preguntó Martínez en un mensaje por whatsapp a uno de los más destacados comisarios de la brigada política, Enrique García Castaño.

El rastro de este espionaje está hoy en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz está investigando la guerra sucia contra Podemos y ha encontrado ya algunas evidencias palmarias. Como lo que ocurrió con un ciudadano venezolano al que premiaron con el permiso de residencia a cambio de lanzar un bulo sobre Pablo Iglesias: una cuenta en un paraíso fiscal que nunca existió. O las anotaciones en las libretas del comisario Villarejo, que desde septiembre de 2014 empezó a investigar ilegalmente a este partido.

Con todo, esta investigación penal llega muy tarde. Ha pasado una década desde que se produjeron estos presuntos delitos y, durante años, la Justicia miró hacia otro lado. Buena parte de los abusos de aquella Stasi que operó durante el Gobierno de Rajoy van a quedar impunes.

La cúpula del Ministerio del Interior de aquel Gobierno se sentará en el banquillo: el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el ministro Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy. Pero solo por una de las muchas trapacerías de la policía patriótica: la Operación Kitchen, el uso del dinero público y de las fuerzas de seguridad para encontrar y destruir las pruebas de la corrupción del PP que escondía el tesorero Luis Bárcenas.

Esa investigación judicial la lideró en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Contra el criterio de la Fiscalía, que quería ir más allá, este juez trazó una “línea roja” para no investigar la trama política. María Dolores de Cospedal se libró. Mientras que Mariano Rajoy, el principal beneficiado de aquel operativo policial y jefe directo de Jorge Fernández Díaz, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo.

Manuel García Castellón redujo la Kitchen a su mínima expresión. Y se negó a investigar las otras dos principales ramas de la Stasi del Gobierno de Rajoy: la guerra sucia contra Podemos y la operación Catalunya.

Es el mismo juez que también se ha negado a investigar las operaciones de Villarejo contra Pedro Sánchez y su mujer.

García Castellón, conviene recordarlo, debe buena parte de su carrera a los gobiernos del PP: 17 años como magistrado de enlace en París y en Roma, dos de los puestos mejor pagados a los que puede aspirar un juez.

García Castellón no encontró nada raro en el espionaje a Podemos, a pesar de que las grabaciones de Villarejo –donde este tema es recurrente– se investigaban en su juzgado. Pero sí dedicó enormes esfuerzos infructuosos en abrir todo tipo de causas judiciales contra Podemos y sus principales dirigentes, que después tuvo que cerrar.

Con la Operación Catalunya, Manuel García Castellón operó igual. En noviembre de 2021, el hijo de Jordi Pujol presentó un recurso ante el juez solicitando una investigación por las maniobras de la policía patriótica. García Castellón se pasó dos años sin contestar. Solo cuando elDiario.es publicó la noticia del llamativo retraso, el juez respondió a ese recurso: por supuesto, para negarse a investigar.

https://www.eldiario.es/blog/el-boletin-del-director/operacion-sucia-asquerosa_132_11521609.html