La desigualdad económica es posiblemente el fenómeno más perturbador al que se enfrentan en este inicio del siglo XXI los sistemas políticos democráticos de nuestros países, así como también el propio sistema de economía de mercado, el capitalismo.
La razón es que la desigualdad es un poderoso disolvente del pegamento que una sociedad pluralista y una economía de mercado necesitan para poder funcionar de forma eficaz. La materia de ese pegamento invisible es la confianza social. Esa confianza es la que facilita la cooperación tanto en el seno de la sociedad como en el de las empresas. En la medida en que disminuye la confianza, la desigualdad impide la cooperación y la existencia de un proyecto de futuro compartido.
En este sentido, quienes se deberían preocupar más por la desigualdad son los partidarios de la libre empresa. Tienen que recordar que el núcleo moral que legitima el sistema de economía de mercado no es la rentabilidad ni la eficiencia, sino las oportunidades de progreso social que es capaz de ofrecer, especialmente a aquellos que más las necesitan.
Para aquellos para los que este argumento moral no sea suficiente, hay que recordar que la desigualdad también perturba el crecimiento económico. La investigación académica y de instituciones como el FMI o la OCDE de los últimos años es concluyente: la desigualdad daña el crecimiento y hace al capitalismo más volátil, más maníaco depresivo de lo que ya lo es por naturaleza.
Sin embargo, la desigualdad no está en la agenda política de los Gobiernos. Este es un hecho sorprendente y hasta intrigante.
¿Cómo explicar este desinterés del sistema político tradicional por la desigualdad?
Existen dos posibles explicaciones, no excluyentes entre sí.
La primera es que, conscientes o no, las políticas de los Gobiernos están respondiendo más a las preferencias de los muy ricos que a las del resto de la sociedad. A medida que la desigualdad ha ido aumentando a lo largo de las tres últimas décadas, la capacidad de influencia política de los muy ricos ha ido aumentando. Un ejemplo paradigmático es la agenda fiscal mínima que, desde EE UU, se ha ido imponiendo en todos los países desarrollados. Pero hay otros muchos ejemplos.
Es un hecho que los ricos son más influyentes a la hora de introducir sus intereses y preferencias en la agenda política. Lo que no está claro es cómo lo consiguen. La vía parece ser la desigualdad en la representación política. De la misma forma que los economistas calculan el índice de Gini para medir la desigualdad económica, algunos politólogos han buscado calcular un índice de Gini de la desigualdad de representación política. Los resultados son muy ilustrativos. Cuanto menos representativas son las cámaras altas de un país, mayor es la desigualdad.
La segunda explicación es que los Gobiernos han aceptado sin más la idea de que la desigualdad es una consecuencia inevitable del juego de las fuerzas del mercado frente a la que no se puede luchar. Esta creencia está muy extendida, especialmente entre los economistas y las élites. Por un lado, las nuevas tecnologías y la robótica inteligente producirían una inevitable desigualdad de ingresos entre los más y menos capacitados en el dominio de estas tecnologías. Por otro, la globalización, en la medida en que pone a competir a los trabajadores de distintos países, reduciría de forma inevitable los ingresos de los trabajadores de países con salarios altos. Las fuerzas del mercado actuando como la fuerza del destino en la tragedia griega clásica.
Este fatalismo de la desigualdad inevitable no tiene fundamento. Los Gobiernos pueden influir en las pautas que siguen el progreso técnico y la globalización. Esas fuerzas ya operaron en el pasado y, con la ayuda de políticas e instituciones sociales y regulatorias adecuadas, fueron fuentes de progreso social y de aumento de oportunidades para todos. Las fuerzas del mercado se comportan como un caballo de carreras, que dejado a su libre albedrío puede ir hacia cualquier lugar, pero embridado puede llevarnos a la meta que deseemos.
Las causas fundamentales del crecimiento de la desigualdad no están en las fuerzas del mercado, sino en los cambios políticos que tuvieron lugar a partir de finales de los años setenta. Esos cambios no eran inevitables. Y son reversibles.
De hecho, la fotografía de la evolución de la desigualdad en los países desarrollados ofrece caras muy diferentes. Allí donde las políticas operaron en la dirección adecuada, esas fuerzas del mercado no han producido mayor desigualdad. Al contrario, se ha logrado reducirla. Por desgracia, ese no es el caso de España, que se ha puesto a la cabeza de la desigualdad en la UE.
No hay ningún fatalismo en las fuerzas del mercado. El crecimiento de la desigualdad no es una tendencia inevitable.
Pero que no sea inevitable no significa que vaya a ser fácil revertirla. Se necesitarán políticas y acciones de muy diferente tipo. Probablemente lo más importante es lograr que las preferencias del conjunto de la sociedad pesen más que las de los muy ricos en las prioridades de las políticas públicas. Para ello, la representación política en nuestras instituciones tiene que reflejar mejor las preferencias de las clases medias y trabajadoras.
Tengo para mí que ese es el sentido de la fuerte demanda de cambio político que hay en España. Por eso, la próxima legislatura debería ser profundamente reformista.
Antón Costas es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona.
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427449472_108759.html
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