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viernes, 24 de febrero de 2017

Software libre para proyectos de la economía social

Charo Rueda
blogs.20minutos.es

Coopdevs es una asociación catalana formada por personas que de forma voluntaria y sin ánimo de lucro colaboran para crear soluciones tecnológicas para fomentar y promover la economía social.

Se constituyó hace ahora un año, en febrero de 2016, aunque su recorrido comenzó en 2012 y ha recogido el esfuerzo de muchas personas que han dedicado sus energías (tanto técnicas como creativas) a los distintos proyectos que se han ido poniendo en marcha.

Sus promotores creen firmemente en el software libre y código abierto (open source) que son la razón principal para elaborar sus proyectos y contribuir así al ecosistema open source, señalan.

Los proyectos de Coopdevs están orientados a facilitar y promover áreas de la economía social que necesitan herramientas tecnológicas para solucionar sus necesidades específicas, sean estas logísticas, de gestión y/o administrativas.

Como algunos sectores de la economía social, especialmente el sector asociativo, se encuentran con problemas para solucionar sus necesidades cotidianas de gestión y administración, con los recursos que cada entidad puede dedicar, Coopdevs les ofrece soluciones tecnológicas que facilitan esas tareas.

Así, contribuye al fomento de la economía social a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para conseguirlo, proponen objetivos específicos tales como permitir al ecosistema de la economía social enfocarse en sus propios objetivos y dedicar menos recursos a la creación de sus propias herramientas de trabajo o facilitar la creación de nuevas entidades eliminando el elemento potencialmente bloqueante y permitiendo a las nuevas entidades heredar toda la experiencia y las buenas prácticas de las otra entidades que contribuyen a mejorar las herramientas de gestión.

También, facilitan la comunicación entre desarrolladores y usuarios de los distintos proyectos y ofrecen la posibilidad de compartir entre todos los gastos de realización y mantenimiento de las distintas herramientas.

Los sectores sobre los cuales Coopdevs está concentrando su trabajo son los de los bancos del tiempo y los grupos de consumo.

TimeOverflow es el software que han desarrollado para los bancos de tiempo y que ofrecen como servicio gratuito. Facilita el trabajo administrativo a los equipos de gestión de los bancos de tiempo y, por otro lado, facilita la interacción y el intercambio de servicios entre los miembros de un banco.

“Mejorar la herramienta TimeOverflow tiene un impacto directo en la interacción social entre vecinos y eso nos motiva –dicen- a seguir dedicándole todos nuestros esfuerzos”.

En el caso de los grupos de consumo, Coopdevs trabaja en Katuma, una herramienta que facilita la creación y la gestión de los grupos de consumo. Una alternativa económica sostenible en comparación a la gran distribución y al uso de intermediarios comerciales en general, que pueden utilizar grupos de consumo colaborativo para gestionar sus compras a productores locales.

Fuente:
http://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/2017/02/17/software-libre-para-proyectos-de-la-economia-social/

jueves, 13 de octubre de 2016

El impulso de las cooperativas para transformar la economía

La Marea

La última crisis ha disparado la creación de empresas sociales. Algunas surgen por pura supervivencia, pero otras obedecen a la voluntad de cambiar el sistema.

Las cooperativas están tomando en la actualidad un nuevo impulso al calor de la crisis. Desde 2008 el número de este tipo de empresas ha crecido un 75%. Además, según el Ministerio de Empleo, la estabilidad laboral en estas empresas es bastante por encima del resto del tejido empresarial. Algunas de estas cooperativas –cerca del centenar, según estima la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado– han sido construidas a partir de compañías arruinadas, cuyo control han tomado los propios trabajadores. Hay ejemplos de empresas recuperadas en una gran variedad de sectores. Por ejemplo, Ibersolar, una empresa de ingeniería de energías renovables de Barcelona, tuvo que anunciar un ERE a principios de 2009 cuando la crisis y los recortes golpearon al sector. Algunos de sus trabajadores entonces constituyeron una cooperativa que, bajo el nombre de Arkenova, hoy sigue funcionando. En el caso del fabricante de muebles Cuin Factory de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ante la amenaza de cierre el dueño se asoció con sus empleados para reflotar el negocio como cooperativa.

Y es que la filosofía básica del cooperativismo se basa en que la empresa es propiedad de sus trabajadores, o de los consumidores, en vez de contar con accionistas que, a menudo, tienen un mero interés financiero en lograr la máxima rentabilidad de su inversión. La responsabilidad es compartida ya que las cooperativas son gobernadas de forma asamblearia donde cada socio tiene un voto. En Argentina o Chile, países muy acostumbrados a las crisis económicas, ha habido cientos de casos de empresas recuperadas por sus trabajadores, y este modelo se está extendiendo en España. Pero, ¿qué hay detrás de este repunte? ¿Una fórmula forzosa ante la crisis o un verdadero espíritu cooperativista?

Lo cierto es que, en cualquier caso, el empleo cooperativo suele ser estable y de mayor calidad, con un 80% de contratos indefinidos. “El modelo está salvando la situación de crisis de manera muy distinta a las empresas del capital”, defiende María del Mar García, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), quien a duras penas puede disimular su pasión por el sector. “En las cooperativas el trabajador es también el dueño, así que siempre se buscan vías alternativas al despido, más o menos imaginativas, no tenemos las cifras económicas como único objetivo”, explica. Andalucía es la región líder en cooperativismo de toda España: el 19,5% de este tipo de empresas están radicadas allí y dan trabajo a más de 62.000 andaluces y andaluzas. Sin embargo, según denuncian las asociaciones, la Junta no hace los esfuerzos suficientes para impulsar el modelo. “En Andalucía, por ejemplo, el 90% de la ayuda a domicilio la gestiona Clece [empresa de la constructora ACS, que cotiza en el Ibex 35], que ha tenido despidos mientras que suele acaparar las licitaciones públicas. Se deberían incluir cláusulas sociales en los concursos, ya que competimos en un mercado donde sólo impera lo económico”, lamenta García. “La Junta asegura que nuestro modelo es el que hay que fomentar pero impide que las pequeñas empresas accedan a los recursos”, agrega.

No todo han sido, sin embargo, méritos para el cooperativismo. A finales de 2013 Fagor, el buque insignia del grupo cooperativista vasco Mondragón, echó el cierre. La compañía, en la que trabajaban 5.600 personas, arrastraba una deuda de 859 millones de euros. Su quiebra fue presentado desde algunos sectores y medios como el fracaso de todo un modelo, incapaz, supuestamente, de sobrevivir en tiempos de neoliberalismo, sobre todo por no poder tomar con rapidez decisiones drásticas, como los despidos masivos. Más de dos años después, el debate ha quedado cerrado por los positivos números del sector. De hecho, las cooperativas de trabajo asociado, entre ellas las del grupo Mondragón, crecían el año pasado a un ritmo del 11%.

El papel de las personas
Sin embargo, muchas de las grandes cooperativas han perdido, en cierto modo, la esencia. Así lo cree Koldo Saratxaga, una especie de gurú de este sector tras los 14 años que estuvo al frente de Irizar, una de las empresas del grupo vasco, en los que logró sacarla de los números rojos y convertirla en un ejemplo de éxito. Para él, el modelo económico de una compañía cada vez cuenta menos. “Los estilos al final tienen que ver con las personas. Una de las razones por las que dejé Irizar, teniendo mucha categoría y ganando mucho dinero, fue por el estilo de relaciones”, asegura. “He visto muchas cooperativas, he estado en el grupo más grande del mundo y me he dado cuenta de que éstas en su gran mayoría al final funcionan como una S.A., es decir, siguiendo un modelo de arriba a abajo, con su director general, etc.”, critica. Saratxaga opina que, pese a que en un principio los promotores empiezan a trabajar de forma colaborativa y horizontal, posteriormente “se va sumando gente, porque es necesario, pero nos encontramos a nivel social una deficiencia de sentido cooperativo”. Es ahí donde, para este veterano, entran en juego los valores, algo que para él es la clave: “Se aprecian los conocimientos, los estudios, los idiomas, pero no se destacan los valores necesarios para trabajar en una cooperativa”, lamenta.

En cualquier caso, Mondragón ofrece una alternativa nada desdeñable dado el estado actual del mercado laboral. El grupo engloba a más de 30.000 socios y socias de diferentes cooperativas –soberanas y democráticas, aunque con algunas reglas comunes, como la limitación de sueldos de los directivos–, que facturan 11.875 millones de euros. En 2015 realizaron inversiones de cerca de 250 millones de euros y hacen el 71% de sus ventas en el mercado internacional. Además, el grupo cooperativo actúa como un Estado en miniatura: los socios destinan el 6,5% del salario bruto a un fondo de previsión, destinado a pensiones, desempleo o asistencia sanitaria privada. Cuando llegan vacas flacas, suele buscarse cualquier alternativa antes que el despido. De hecho, en 2013 los 8.500 socios de Eroski, cooperativa integrante de Mondragón, acordaron una bajada de sueldos general. Eso sí, la decisión recayó sólo en un 21% de la plantilla, ya que la cadena de hipermercados tiene hasta 40.000 trabajadores.

Pese a las ventajas del sector cooperativo con respecto a la empresa tradicional en términos democráticos y al cuestionamiento de la maximización del beneficio por encima de todo que tiene lugar en la mayoría de ellas, no todas tienen una dimensión política o un afán superador del sistema económico actual. De hecho, desde sectores más politizados afean a las cooperativas grandes que, en sus procesos de crecimiento e internacionalización, sufran una pérdida drástica de las esencias y caigan en la lógica de la deslocalización para producir en países donde las libertades sindicales son más reducidas. Aquí es donde entran en juego entidades de la economía social y solidaria como el Mercado Social de Madrid o la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), redes que aspiran a unir producción, distribución y consumo al mismo tiempo que participan en el debate político y los movimientos sociales. Para Fernando Paniagua, miembro de la XES, el cooperativismo no se puede considerar un fin en sí mismo, sino que es más bien una herramienta. “Permite empezar a caminar, a montar proyectos con formas distintas de gestionar lo económico. Pensar que porque la sociedad se organice en cooperativas vamos a superar un sistema injusto y depredador como el capitalismo es ingenuo”, sentencia.

El cooperativismo parece haber cobrado nueva fuerza tras el hundimiento del bloque soviético y la posterior crisis del modelo neoliberal. “Venimos de un siglo XX con recetas finalistas de revolución que han ido fracasando, así que creo que es mucho más constructivo dotarnos de herramientas que podamos usar como laboratorios, tanto en los terrenos del consumo, como en el de la precariedad, más allá de un sistema que nos convierte en marca y emprendedores”, profundiza. El movimiento de economía social y solidaria engloba, además de a cooperativas, a asociaciones, ONG y economías informales, esto es, las que logran la satisfacción de necesidades sin intermediación monetaria. “El objetivo es acercarse a lo económico de una forma distinta a la relación capital-trabajo, poniendo en el centro de la vida una economía a la escala de las personas”, agrega.

La XES se basa en tres ejes principales: la visibilización, sobre todo mediante la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, los encuentros de intercooperación, que trabajan en la cohesión de las diferentes iniciativas, y el balance social, que vendría a ser un “termómetro” de las distintas iniciativas que la integran. El objetivo es generar un ecosistema cada vez más independiente, aunque reconocen que no lo tienen nada fácil. “El consumo responsable tiene una gran fuerza de transformación, pero es cierto que cuando se producen alternativas serias el sistema éste reacciona de la forma más violenta posible”, concede Paniagua. Como ejemplo, pone el de Som Energia, una cooperativa eléctrica, que se ha topado de lleno con el impuesto al sol [el gravamen del autoconsumo de la energía que se produce desde paneles solares] del Gobierno de Mariano Rajoy. “Las fronteras están aquí, pero bueno, podemos a día de hoy gestionar nuestro dinero en bancas éticas como Fiare o Coop57, lo que puede suponer al menos retirar parte del dinero del movimiento especulativo”, señala. También hay otras iniciativas destacables en territorio comanche, como Som Connexió, en las telecomunicaciones, a las que se suman las ya clásicas cooperativas agroecológicas, por ejemplo. “Ahora lo que tenemos que hacer es ir detectando agujeros en nuestras cadenas económicas e ir generando nuevos proyectos, con la idea del ensayo-aprendizaje”, continúa.

Los problemas de crecer
La prueba de fuego de las iniciativas que plantean una alternativa al capitalismo clásico es cómo afrontar el crecimiento sin perder las esencias del modelo. Un negocio grande requiere otro modelo de organización que una cooperativa pequeña que agrupa a cultivadores de aceitunas, por ejemplo. Así lo expresan en la revista de ideología anarquista Todo por hacer: “Hoy Mondragón es una empresa con una división del trabajo muy particular, con trabajadores/as socios/as cooperativistas, asalariados/as comunes y equipos ejecutivos/as completamente separados del proceso productivo. Se ha dado un salto cualitativo dirigiéndose hacia la internacionalización de la corporación, con filiales en países conocidos por sus estupendas condiciones laborales como son Brasil, Polonia, India o China”.

Desde los círculos cooperativistas menos rupturistas sostienen, sin embargo, que es posible acometer ese proceso sin perder la coherencia. “Es cierto que lo local es uno de nuestros mayores valores, pero la internacionalización actual no tiene por qué llevar aparejada la desestructuración del modelo, o salirse de los cánones”, opina García, de FAECTA, y asegura que lo importante es “conservar los valores”. Aun así, reconoce que en el plano práctico “nadie es totalmente puro”. Saratxaga tiene mucha experiencia en este terreno. “He creado ocho empresas en todo el mundo, como México o Brasil, y nadie ha puesto pegas. Hacíamos asambleas, repartíamos el 30% de los beneficios… y sólo recuerdo problemas en Marruecos, donde los gestores trataban mal a los empleados. Eran unos caciques, lo veía cada vez que iba a los consejos allí, pero al final logramos cambiarlos”, recuerda. “Después hemos vivido allí asambleas maravillosas, hemos practicado una transparencia total”, agrega.

No son tan optimistas en la XES, donde continuamente tienen debates sobre su modelo. “A día de hoy es muy difícil crecer en volumen de negocio o trabajadores sin perder la potencia de transformación social que tienen. No quiere decir que no se pueda, pero de momento no hemos sido capaces”, reconoce Paniagua. Lo local y el avance sostenido, lento y sólido, es la receta de estos cooperativistas-activistas. “Salir al entorno capitalista es muy difícil, las reglas de mercado están diseñadas para destruir todo lo que trate de romperlas. El mercado es tramposo, habla de manos invisibles y es el más intervenido, juega con la evasión fiscal, bordea irregularidades… Las reglas no son las mismas para todos, así que no queda otra que construir poco a poco, desde abajo, en un movimiento de largo recorrido”, desarrolla. Otra vuelta de tuerca son las llamadas cooperativas integrales. En 2010, el llamado “Robin Hood de la banca”, Enric Duran, que logró obtener 492.000 euros en créditos de 39 entidades bancarias durante la burbuja inmobiliaria que luego dedicó a iniciativas anticapitalistas, impulsó la creación de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), un modelo que se ha replicado en otros lugares del Estado, como Aragón, Andalucía o Castilla y León. Este concepto pretende superar las cooperativas de un único proyecto o ámbito de actuación y aunar bajo el mismo paraguas jurídico a productores, consumidores y una mezcla de ambos, a los que llaman “prosumidores”. El objetivo: independizarse lo máximo posible del sistema capitalista, mediante el contacto directo de los diferentes elementos de la cadena económica y la utilización de una moneda social.

Juanito Piquete es músico de punk y, como socio de la CIC, también trata de construir “desde la base” y desde hoy ese otro mundo que imagina en sus canciones. “Tratamos de construir una economía que no esté relacionada con el sistema, y lo hacemos mediante herramientas como la moneda social, el crédito mutuo o el trueque, que están basadas en la economía real del territorio”, explica. Pese a la radicalidad de la propuesta, el cooperativismo “no es un fin en si mismo”, advierte este socio de la CIC. “Son herramientas que nos permiten hoy tener una realidad regida por la reflexión individual y colectiva pero también por la acción, por la posibilidad de poner en práctica todo ese afán coordinador que está surgiendo en todos los lugares del mundo”, concluye. Piquete defiende que la CIC no sólo es una vía revolucionaria sino también una alternativa ante la pobreza generada en España tras el comienzo de la crisis.
Fuente:
http://www.lamarea.com/2016/09/23/cooperativas-transformar-la-economia/

Este reportaje forma parte del dossier sobre cooperativas de #LaMarea41, a la venta en quioscos y en tienda online.

domingo, 11 de septiembre de 2016

Un capitalismo más humano pide paso. 43.000 compañías pertenecen a la economía social, que emplea a 2,2 millones de personas

¿Cuántas cooperativas han caído durante la crisis? Puede que sea una pregunta irritante. “¿Le respondo con otra ¿cuántas sociedades de capital han caído? Es asombroso que sobre ellas no se ponga el mismo foco”, se queja José María Pérez de Uralde, jurista y presidente del centro de investigación sobre economía social Ciriec. Cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías y algunas fundaciones constituyen un universo económico gigantesco que va unos pasos más atrás del capitalismo más genuino, buscando, además de ganar dinero, otros objetivos sociales. Son cerca de 43.000 en todo el país, y facturan el equivalente al PIB de Galicia (52.541 millones, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2013). De ellas dependen 2,2 millones de puestos de trabajo, la mitad en el campo.

Volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué les ha ocurrido? Que entre 2009 y 2014 han perdido 159.000 puestos de trabajo y más de 2.000 organizaciones han desaparecido. “Pero la morbilidad ha sido mucho menor que en el resto del tejido económico”, recalca Pérez. El catedrático de la Universidad de Valencia José Luis Monzón señala con datos de la EPA y del Ministerio de trabajo que en los periodos más duros de la crisis, de 2009 a 2013, en el sector privado los asalariados cayeron un 18,5% y en el sector cooperativo un 8%, diez puntos menos. “Eso pone en evidencia que tienen una mayor resistencia a las crisis. Han hecho ajustes voluntarios tanto de plantilla, a través de pactos, como de reducción de jornada o salario, intentando mantener el máximo del empleo”.

Ignacio Ugalde, director de Recursos Humanos de Fagor Ederlan Tafalla, una cooperativa navarra dedicada a la fabricación de piezas para la automoción, lo ha padecido. “En 2008 nos convertimos en una cooperativa de trabajo asociado. Más de la mitad de los 700 empleados dijimos que sí, y tuvimos que aportar unos 13.000 euros cada uno. Pero después llegó la crisis, y decidimos bajarnos el sueldo un 6,35%. Además ampliamos capital, a razón de 3.000 euros por persona. Afortunadamente nos ha salido bien, pero aquí nadie viene a hacerse rico”.

Grandes sectores económicos del país están copados por el negocio de las cooperativas. El ejemplo de funcionamiento para la mayoría está en Mondragón, la localidad vasca de apenas 22.000 habitantes que es la capital de un grupo de 103 sociedades, con 125 fábricas, una docena de centros de investigación y casi 40.000 socios. Son el pulmón industrial vasco gracias a un ecosistema propio: cuentan con un hospital, una universidad, una mutua y hasta un banco. En 2015 facturaron 11.368 millones de euros, un 2,8% más que el año anterior. Su modelo es complejo pero parte de los principios clásicos del cooperativismo: cada persona, sea directivo o empleado de base, tiene un voto. Todo se decide en asamblea y ningún alto cargo cobra un salario que multiplique por seis el de un puesto más modesto. Por comparar, en las empresas del Ibex-35 el salario más alto llega a multiplicar por 104 el sueldo promedio.

Junto a Mondragón otros siete grupos —la Fundación Espriú (salud), Clade Grup (multisectorial), Unide (alimentación), el Grupo Cooperativo Cajamar (crédito) Atlantis (seguros), Ilunion (multisectorial y el Grupo Gredos San Diego— tienen en nómina a más de 128.000 personas. Otras corporaciones son líderes en su nicho de mercado: en Valencia Anecoop factura 577 millones de euros gracias a comercializar 746.342 millones de toneladas de fruta. En Ourense, Coren, con 6.000 ganaderos asociados, produce huevos, aves y cerdo por valor de 950 millones de euros.

“Nos consideramos ya como un sector económico y social suficientemente importante y reconocido como para tener un espacio propio donde se construyen las políticas públicas. Llevamos tiempo reclamando un lugar en ese diálogo”. Lo pide el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, que defiende que es posible un nuevo modelo económico donde las preocupaciones de las personas se tengan algo más en cuenta. “Una de las razones por las que las cooperativas han destruido menos empleo es que hay un mayor compromiso. Son empresas democráticas que no reparten en función del capital aportado, sino en función del tiempo de dedicación de las personas”. Además del caso vasco señala que la cultura de la economía social está muy arraigada en Cataluña, Navarra, Andalucía y desde hace pocos años en Murcia. “Pero si hacemos una radiografía de Europa solo en el sur, Francia, Italia, Portugal y Turquía son intensivas en la creación de empleo cooperativo. En el resto del continente hay cooperativas muy grandes de vivienda, de crédito, de consumo… pero con socios que no son trabajadores”. Pedreño también preside la patronal europea Social Economy Europe (SEE), una institución que ha conseguido que la Eurocámara aprobase el pasado mes de marzo un informe que incluye a este sector en la planificación de las políticas económicas y presupuestarias de la UE dentro de la Estrategia UE 2020. “Apostamos por un plan de acción social que esperamos aprobar en los próximos dos o tres meses”.

Pero el camino hacia el éxito está sembrado de cactus. Ilunion, el conglomerado empresarial de la ONCE compuesto por 90 sociedades, la mayoría centros especiales de empleo, registró unas pérdidas de 1,4 millones en 2015 y tiene una deuda neta de unos 200 millones. Su cifra de negocio el año pasado alcanzó los 723 millones de euros. Alejandro Oñoro, su consejero delegado, cree que la clave está en equilibrar el objetivo social con el económico. “Intentamos ser un grupo sostenible y muy rentable desde el punto de vista social. Trabajamos para revertir los malos datos de últimos de años anteriores. Hemos mejorado en casi 11 millones las pérdidas de 2014”.
Un capitalismo más humano pide paso


El caso Ilunion
El holding ha apostado muy fuerte por el sector hotelero, los servicios industriales —tienen un proyecto con Ford en el que trabajan 1.100 personas—, y son primeros en España en lavandería, con 200 millones de kilos gestionados al año y más de 4.000 trabajadores, el 82% con discapacidad. En el último año han contratado a 1.430 personas hasta alcanzar un total 24.604; el 39% tiene alguna discapacidad. “La rentabilidad social y económica van en paralelo. No puedo llegar al consejo de administración y decir: “Este año nos ha ido bien pero no hemos creado empleo. De hecho, intentamos dar pasos más allá”. En esos pasos está el integrar a colectivos con mayores complicaciones, como el de personas con enfermedades mentales. Ilunion está cerca de conseguir ese equilibrio económico, pero la duda es si habría sido posible construir la marca sin el respaldo de una organización como la ONCE. “Desde luego habría sido difícil, los comienzos son complicados, pero sí, hay instituciones en España que lo han hecho muy bien empezando de cero. Es importante el apoyo de las Administraciones. El que tengamos empresas rentables con personas con discapacidad es absolutamente posible”, cree Oñoro, quien percibe que desde el punto de vista de los clientes está creciendo la sensibilidad hacia ese tipo de iniciativas.

Ese sector económico alternativo al puro capitalismo enfrenta otros problemas. En el balance que publica cada año la Agencia Tributaria, la cuenta agregada de pérdidas y ganancias de empresas encuadradas en la economía social cerraron 2013 con un resultado neto negativo de 343 millones de euros, la mayoría de las pérdidas (195 millones) generadas por las cooperativas. El buenismo conceptual de la economía social choca con un mercado competitivo que genera gigantescas tensiones. La burocratización de las organizaciones, la falsa seguridad de que el puesto de trabajo es para toda la vida —uno de los problemas que sufrió Fagor electrodomésticos antes de su caída— y la escasez de incentivos para ganar competitividad acechan.

“Las cooperativas, si se desvinculan de su finalidad social, pueden morir de éxito”, reflexiona José Luis Monzón, que también dirige el Observatorio Español de Economía Social. “Piense en las teorías del isomorfismo organizativo, que nos dicen que todo cuerpo vivo tiende a adoptar la forma dominante de su entorno para evitar perecer. Según esta teoría, a la larga, o degeneran en estructuras capitalistas puras o mueren… pero la experiencia nos dice que eso no es así”. Pone un ejemplo: “La función del gerente de una cooperativa no es la misma que la del trabajador de a pie. En teoría, ese empleado tendrá una mayor tendencia a maximizar la parte de beneficios que se reparte entre los socios y a disminuir la tasa de inversión, mientras que el director es consciente de que como no haga inversiones, la empresa se irá a pique. Pero los equilibrios funcionan: al final los trabajadores no son tan irresponsables, porque las empresas de la economía social son igualitarias en el mejor sentido de palabra”.

El caso teórico se puede comprobar fácilmente en muchas sociedades laborales y cooperativas que han superado obstáculos gracias al diálogo. Ignacio Ugalde, que además de cooperativista es presidente de Cepes Navarra, parte de ese principio: “Cada uno de los trabajadores hace suyo el negocio, eso es impensable en una sociedad anónima. La participación, el trabajo en equipo, el poder de decisión, las políticas de conciliación, la promoción interna… eso es más fácil en la cultura cooperativa, que las palabras acompañen a los hechos. En Navarra, por ejemplo, la economía social genera el equivalente al 11% del PIB y el 7,5% del empleo privado”, ilustra.

Luis Mari Imaz, director de Mondragon Assembly, que fabrica paneles solares, piezas para la automoción y dispositivos médicos, cuenta que los más de cien socios de su empresa (75 de ellos ingenieros superiores) que puntualmente reciben información sobre la cartera de pedidos, las magnitudes económicas, la marcha de sus filiales o la evolución económica a medio plazo. Durante seis años votaron bajarse un 10% el sueldo para mantener a la cooperativa del grupo, Fagor Electrodomésticos (de la que previamente también habían recibido aportaciones solidarias) y en 2014, durante otro momento de dificultad, renunciaron a una paga. La mayor parte de los beneficios de la sociedad se reinvierten. “Nuestra gran competencia es China, tenemos que ir una generación por delante de ellos y destinar los recursos necesarios para desarrollar nuevos productos. Lo hemos asumido todos. Esto es como el ajedrez, si no te mueves de tu baldosa te comen en un par de movimientos”. En sus filiales en Alemania, Francia, México China y Brasil no hay socios, “el sistema no se entiende”, dice Imaz, pero entre el resto de trabajadores, hasta completar una plantilla de casi 300, reparten el 10% de los beneficios anuales para incentivar el sentimiento de pertenencia a la empresa.

El régimen fiscal, que data de 1991, es otro caballo de batalla. Reconoce beneficios tributarios en el impuesto de sociedades hasta un tipo del 20% (frente al 30% máximo) con una bonificación de hasta el 50% de la cuota resultante. “Es el chocolate del loro”, cree Monzón. “Las cooperativas por la normativa de desgravaciones apenas pueden beneficiarse de las deducciones que tienen las grandes empresas”.

El tamaño importa
Otro de los problemas tiene que ver con el tamaño, ya que la mayoría son microempresas de entre 10 y 12 empleados. Los 426 ganaderos de la láctea Feiraco, por ejemplo, llevan años dándole vueltas a un proyecto de fusión con otras tres organizaciones para producir leche con más rentabilidad (ahora pagan el litro a 24 céntimos). Pero no es fácil. “Hay explotaciones que no tienen relevo generacional, algunas subsisten sin inversiones adecuadas, otras desaparecen. Ojalá se consolide nuestro proyecto de una gran cooperativa. Pero reconozco que somos poco ágiles, para unirnos necesitamos el voto favorable de dos tercios de las asambleas. Aún así, hemos decidido que la empresa resultante no sea una sociedad anónima porque queremos seguir perteneciendo a la economía social. Porque el bienestar no se consigue con más dinero en el bolsillo, sino construyendo algo que perdure”, señala su presidente, José Montes. Las mutualidades, sociedades sin ánimo de lucro que ejercen en el campo de los seguros complementando el sistema de previsión de la Seguridad Social, son otro núcleo duro de la economía social que ve el futuro con cierto optimismo. Han crecido en primas y patrimonio incluso durante los años de plomo de la crisis.

Pedro Muñoz, presidente de la Confederación Española de Mutualidades, busca una explicación en su eficiencia y en su condición de entidades sin ánimo de lucro. “En los fondos de pensiones [privados] las comisiones de gestión llegan a ser del 1,5%, a lo que hay que sumar los costes por depositaría y corretaje. Nosotros, en cambio, tenemos costes bajos”. Y un mercado fiel. Sólo la mutualidad de la abogacía cerró 2015 con un patrimonio de 6.288 millones; le sigue LagunAro, la mutualidad de previsión del grupo Mondragón, con 5.291 millones.

Muñoz cree sin embargo que se le ha hecho juego sucio a la economía social beneficiando a aseguradoras privadas con cambios legislativos. “La actuación de los poderes públicos y los sindicatos no ha sido favorable. Lo único que pedimos es neutralidad, no queremos ninguna ventaja sobre nadie”.

EL FIASCO DE LAS CAJAS
La palabra era adoración. Los representantes de los poderes públicos se deshicieron durante años en elogios sobre la implicación social de las cajas de ahorros, unas instituciones cuyo gobierno estaba supuestamente en manos de impositores, instituciones públicas (desde Ayuntamientos a todo tipo de organizaciones sociales, educativas y culturales), Cámaras de Comercio o en representantes de los propios trabajadores. La base no podía ser mayor. El resto de la historia —desde simples torpezas en la gestión hasta el fraude más descarado en entidades como Caja Madrid o la CAM— es conocido. Sólo resistieron honrosas excepciones, como puede ser La Caixa o Kutxa, hoy transformadas en bancos controlados por sus fundaciones.

“Es innegable que tienen una acción social y un fundamento que se basaba en la devolución al territorio de parte del negocio que generaban”, señala el presidente de la patronal de la economía social Cepes, Antonio Pedreño. “Pero que tuviesen una dotación para obra social no significa que fuesen entidades de economía social”, puntualiza.

Para el catedrático José Luis Monzón, que reconoce que durante casi una década se mantuvo cierta ambigüedad al considerar las cajas como entes de la economía social, “no lo son” porque carecen de funcionamiento democrático. Tampoco las fundaciones lo serían. “Por razones políticas o sociológicas se las considera como parte de la economía social, pero desde un punto de vista de coherencia práctica, intelectual, una fundación no lo es”.

Teorías aparte, lo cierto es que ninguna organización está libre de padecer del virus corrupción. “Hace muchísimo tiempo que no aparecen casos en este sector. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos asamblearios donde hay que dar cuenta, donde se introducen variables que condicionan y limitan la capacidad de actuación de las personas. Esas barreras hacen que sea más difícil que se produzcan fraudes o ocultación de documentos”, cree Pedreño. Esa fortaleza y el hecho de que internalicen costes sociales que de otro modo tendrían que ser atendidos por el Estado es el argumento que utiliza la patronal para reclamar más presencia pública y nuevas compensaciones fiscales. “Lo único que hemos conseguido es que entre las medidas firmadas en los pactos para la formación de un nuevo Gobierno, —primero entre PSOE y Ciudadanos y ahora entre PP y Ciudadanos—, figure una sola línea que dice que el próximo Ejecutivo apostará por la reducción de trabas administrativas y el fomento del sector”.

En su carta a los Reyes Magos envidada a los partidos políticos ante la formación, sea cuando sea, de un Gobierno en España, Cepes solicita que las cooperativas y los autónomos formen parte de las mesas de diálogo social. También reclaman que este tipo de empresas no puramente capitalistas sean incluidas en la agenda de políticas públicas vinculadas con el desarrollo económico de España.

http://economia.elpais.com/economia/2016/09/02/actualidad/1472829250_222038.html?rel=lom

sábado, 28 de noviembre de 2015

El crimen lastra la economía mundial. La delincuencia produce unas pérdidas equivalentes a tres veces la riqueza española

La delincuencia produce unas pérdidas equivalentes a tres veces la riqueza española

Durante 50 años, Meyer Lansky fue el hombre que gestionó las finanzas del crimen organizado en Estados Unidos. Inspiración del personaje de Hyman Roth en la segunda parte de El Padrino, Lansky era indiscutiblemente un genio para los negocios, tanto los suyos como los ajenos. Un agente del FBI afirmó, no sin admiración: “Si hubiera sido honesto, podría haber sido el consejero delegado de General Motors”.

La historia de Lansky permite aventurar dos conclusiones. Primero, que el delito es un negocio global que mueve miles de millones de euros; segundo, que el crimen es un perjuicio para el resto de la economía: sea por negocios que se dejan de hacer, sea por los gastos que obliga a realizar o, como en el caso del mafioso estadounidense, por talento que podría haber tenido un mejor uso.

Pero ¿cuánto le cuesta al planeta el crimen? Es un problema tan multifacético y con tantos factores ocultos que hasta los mayores expertos tienen sus dudas. “Si uno empieza a sumar, resulta en un porcentaje importante del PIB, y es imposible cuantificarlo todo”, explica por teléfono Alys Willman, especialista del equipo de prevención de la violencia y cohesión social del Banco Mundial. “El efecto del crimen en la economía solo ha empezado a considerarse desde hace poco. Hace 15 años nadie pensaba en calcular lo que costaba la violencia. Pero está creciendo una conciencia de que esto es un asunto importante para el desarrollo”.

El que más se aventura es el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, en sus siglas en inglés), una organización no gubernamental fundada por un empresario de la informática, el australiano Steve Killelea. En su último informe, el IEP estima que en 2014 el planeta perdió 3,3 billones de dólares (un 4,2% del PIB global) en combatir la inseguridad interna: dos billones en pérdidas por los efectos del crimen y otros 1,3 billones en gastos de seguridad no militar.

Ante la dificultad de generalizar los datos, la mayoría de los estudios sobre el tema son regionales o sectoriales. Un análisis de 2010 del think tank Center for American Progress calculaba que solo en Estados Unidos, los costes directos de cuatro delitos (asesinato, violación, agresión y robo) sumaban 42.000 millones de dólares (34.000 millones de euros), 137 dólares por cada estadounidense. En Tailandia, una investigación estimaba que cada caso de violencia suponía alrededor de 65 euros en costes directos para el sistema de salud pública —lo que se acumula hasta sumar el equivalente al 4% del presupuesto sanitario del país asiático— y cerca de 700 euros en productividad perdida.

De los 10 países con mayor tasa de homicidios del mundo, según el Banco Mundial, ocho están en el continente americano. En todos ellos los índices de muerte violenta son homologables a los de países en conflicto civil. “En ella [América Latina y el Caribe] vive menos del 9% de la población mundial, pero se registran el 33% de los homicidios en todo el mundo”, explica un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el pasado octubre.

“Y, lo que es más preocupante (…), es la única región donde la violencia sigue siendo alta y ha seguido aumentando desde 2005”, continúa el informe. “De hecho, en la mayoría de los países [de la región], los niveles de violencia son tan altos que el aumento de la violencia se compara con el de una epidemia según los estándares internacionales”. No es de extrañar que los esfuerzos para desentrañar las consecuencias económicas del crimen se centren en América Latina. El propio IEP ha realizado varios informes referidos exclusivamente a México. “Nosotros estimamos que en 2014 la violencia le costó a México tres billones de pesos [165.000 millones de euros]”, explica Killelea. “Un 77% de esa cifra deriva del homicidio y el crimen violento y organizado”.

Cuanto más específicos son los estudios, más claros pueden apreciarse los efectos del crimen. En 2010, la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI) afirmó que solo ese año la violencia había evitado inversiones por valor de 240.000 millones de pesos (14.650 millones de euros), el equivalente a un 30% del mercado inmobiliario y un 1,6% del PIB. La propia AMPI señala que durante los años más duros de la violencia en el norte del país, las rentas inmobiliarias habían caído un 30%.

Pocas compañías quieren hablar del efecto de la criminalidad en sus resultados

“Hay tres formas de contabilizar los efectos de la violencia en la economía”, apunta Killelea por teléfono. “Los costes directos son los de policía, la Administración de justicia o gastos médicos. Los costes indirectos incluyen las pérdidas de salario o de productividad para las víctimas de un delito”. Y pone un ejemplo con los homicidios, que suponen más de 450.000 personas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “La mayoría de los asesinados están en la veintena. Eso son aproximadamente 40 años de salarios que pierde la economía”. No hace falta haber sufrido el delito de primera mano para ser víctima. “La familia, los amigos sufren el trauma del crimen”, considera Killelea. “Su mente vuelve una y otra vez a su sufrimiento, y esto, sin duda, afecta a su productividad laboral”.

Golpe a las empresas
El efecto directo de la violencia se refleja en las empresas que operan en los países con mayores tasas de criminalidad. Pocas quieren hablar del alcance que tiene el delito en sus negocios, incluso las que se dedican a la seguridad. Las que lo hacen, piden discreción. “Vivir en un país como este te chupa la energía”, explica un empresario español del sector energético afincado en Centro­américa. “Hay una permanente tensión, porque te pueden matar por usar un teléfono móvil”. No es el único problema. “Es muy difícil encontrar crédito, porque a los bancos les asusta la criminalidad”, recuerda. “Es más fácil recurrir a fuentes de financiación multilaterales, aunque, claro, dependes de los intereses que te cobren”.

Pero para muchas empresas el principal problema es atraer el talento. “A un chaval le dices de trabajar en Brasil, o incluso en México, y se va encantado”, sigue explicando el empresario. “Pero le dices Honduras o Guatemala…, y no tanto. Si acepta venir, te pedirá un 50% más que en una expatriación normal. Y al final te acabas dando cuenta de que estás de paso, no te traes a la familia, terminas el proyecto y te vas”. “Los que somos de aquí tenemos asumida la violencia”, confirma la responsable de una empresa venezolana dedicada a los automóviles. “Pero para quien viene de fuera siempre es más complicado”.

La respuesta de los poderes públicos ante las crisis de seguridad ciudadana suele ser la de hacer grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad que muchos de esos mismos Gobiernos predican. En 2015, México presupuestó más de 8.000 millones de euros en seguridad ciudadana; el Gobierno colombiano ha invertido 2.800 millones de dólares entre 2013 y 2015; en El Salvador, el Estado destinó en 2010 un 3,5% del PIB, el doble del porcentaje promedio de la Unión Europea. No obstante, en muchos casos, más dinero no quiere decir más efectividad, sino más oportunidades para prosperar a costa de las arcas públicas.

Y la ciudadanía es consciente: según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, elaborado en 2013 con datos de 107 países, la policía es la segunda institución que se percibe más corrupta a nivel global, tras los partidos políticos. Según una encuesta de Gallup, el 45% de los mexicanos se fían de la policía local, frente al 70% de España o el 91% de Suiza.

Esa desconfianza en la policía obliga igualmente a mirar con circunspección las cifras de criminalidad. Muchos delitos se quedan sin denunciar, lo que se conoce como subnotificación. “Es un problema incluso en los países desarrollados”, explica Rodrigo R. Soares, profesor de la brasileña Fundación Getulio Vargas y coautor del estudio del BID. “Los homicidios pueden ser un referente más preciso del nivel de criminalidad, aunque solo sea porque son una estadística de salud pública y no de la policía”.

Las encuestas de victimización, en las que se pregunta a la ciudadanía si ha vivido algún delito, son más precisas, pero también más caras y menos abundantes. “Hasta hace 15 años no se hacían”, explica Soares. “Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de su importancia”.

Los Gobiernos hacen grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad
Aun así, hay que tomarse estas encuestas de victimización con prudencia. Uno de los motivos que complican la comparación entre países son las distintas clasificaciones que un mismo crimen violento puede tener en un código penal u otro. Lo que una encuesta elaborada por el instituto Demoscopia en Costa Rica y Honduras clasifica por separado como “vandalismo en la casa”, “ruptura de rejas, portones y llavines” y “robo e invasión de la vivienda” (diferenciando entre con o sin la presencia de la familia), un sondeo en Chile lo engloba en un —relativamente— genérico “robo con fuerza a la vivienda”.

La relación entre violencia, miedo y corrupción genera un círculo vicioso. “Pasado un nivel de corrupción, es más probable que las actividades de la policía aumenten la criminalidad a que la disminuyan”, considera Killelea. “Eso hace que se rompa la confianza y que se informe de menos crímenes”. A veces, la solución a un problema puede generar otro. “Hay países muy corruptos que no tienen un alto nivel de violencia”, apunta James Shaw, analista de UNICRI, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la investigación sobre temas de criminalidad. “Paradójicamente, cuando en estos casos se empiezan a establecer mecanismos para luchar contra la corrupción, la presión aumenta, los criminales la empiezan a notar y reaccionan ante esa presión con más violencia. Es por eso que la respuesta ha de ser integral”.

Ante el recelo con las fuerzas (dícese) del orden, las empresas de seguridad privada como Prosegur o G4S (antes Securicor), la mayor del mundo, ven enormes posibilidades de negocio. Según un estudio de 2012 de la empresa de investigación Freedonia, el sector tiene previsto crecer un 7,4% anual hasta llegar a los 244.000 millones de dólares (220.000 millones de euros) en 2016. La misma consultora apunta a EE UU y Brasil como los dos mayores mercados, y China e India, como los más prometedores.

Pero la experiencia demuestra que no es bastante. “Poner un policía en cada cuadra no parece ser la mejor forma de asignar los recursos de la sociedad”, apunta Laura Jaitman, editora del informe del BID. La investigación del IEP coincide: “No hay una correlación entre número de policías y seguridad”, señala en su último informe. “La mayoría de los gastos utilizados en contener la violencia no generan beneficios de productividad adicionales”, expone Killelea. “Construir una cárcel puede costar 200 millones de dólares, y mantenerla, 20 millones de dólares más al año. Si ese dinero se hubiera gastado en innovación o en transporte, habría beneficios adicionales para la economía. Nosotros estimamos que cada dólar gastado en violencia reduce la actividad económica en otro dólar”.

La ineficacia de las “guerras” contra la criminalidad obliga a mirar más allá. “No hay una bala mágica contra la violencia”, explica Shaw. “Si la hubiera, muchos países ya la habrían adoptado hace años. Hace falta un abordaje integral, y no solo es la policía: también es necesario involucrar a otros funcionarios, como las aduanas, por ejemplo. Y, por supuesto, hace falta una implicación de la sociedad civil”.

Reducir la pobreza puede ser un primer paso. Un estudio de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Banco Mundial sobre 12.000 empresas en 27 países emergentes apreció que un incremento del 1% de la renta por habitante real se traducía en un 0,3% menos de pérdidas por culpa del crimen, una estadística más relevante en las pymes (-0,33%) que en las grandes empresas (-0,21%). “Hay evidencia de que los pobres son los más afectados por el crimen”, explica Jaitman, “puesto que tienen menor capacidad de protegerse y menor acceso a la justicia. Por lo que proveer de seguridad a los sectores más vulnerables de la población debe ser una prioridad”.
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/05/actualidad/1446721438_679771.html?rel=lom

sábado, 22 de agosto de 2015

Las alternativas sociales al negocio de la ropa usada. La Economía Social reclama su sitio en los servicios municipales

El Salmón Contracorriente

La recogida de ropa puede ser un negocio muy rentable económicamente como parece demostrar la última concesión firmada por el Ayuntamiento de Madrid, (También otras recogidas si se obliga a pagar por el reciclaje) que ingresará unos 600.000 euros al año. Pero, ¿es el beneficio económico el último fin que ha de regir la actuación de un Ayuntamiento en un servicio municipal basado en la solidaridad de la ciudadanía? La alternativas que propone la economía social existen desde hace mucho tiempo. Y son olvidadas.

¿Es admisible que un Ayuntamiento como el de Madrid obtenga unos beneficios de 600.000 euros anuales por un servicio como el de la recogida de ropa usada de los madrileños?

La noticia que durante estas últimas semanas mostraba esa “herencia recibida” por un Ayuntamiento como el de Madrid, hace que la nueva contrata, la empresa Ecotextil Solidarity, entregue al consistorio madrileño 600.000 euros anuales, oferta que le sirvió para obtener la adjudicación del gobierno municipal liderado por Ana Botella, quien firmó el contrato a una semana de la celebración de elecciones.

El aspecto económico representaba el 75% de la puntuación final que recibían las contratas. Así, los 3.200 euros por cada uno de los 170 que presentó la empresa son inasumibles por otro tipo de entidades, cuyo foco de atención no está en el beneficio económico y que desde hace mucho tiempo vienen reclamando la inclusión de clausulas sociales en este tipo de adjudicaciones. Veamos algunos ejemplos.

Recumadrid
Es una cooperativa de Iniciativa Social madrileña que nace en julio de 2009, e integrante del Mercado Social de Madrid desde 2015, que tiene como objetivo principal la inserción social y laboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión social a través de la recogida, recuperación, reciclaje, y posterior venta de muebles, textil y electrodomésticos. La recogida de ropa se realizan de manera gratuita tanto a particulares como a entidades para su posterior venta en tienda.

Los ingresos de la actividad permiten sufragar los costes laborales y de funcionamiento necesarios, teniendo como fin último la creación de puestos de trabajo y la mejora medioambiental de nuestro entorno, ya que, además de favorecer su reutilización, evitan que un porcentaje elevado de este tipo de residuos vaya a los vertederos. “Todo el dinero se invierte en la cooperativa a través de la formación, inserción social de colectivos vulnerable, etc", afirma Cristina Salvador, cooperativista y gerente de Recumadrid.

Los artículos que recogen son puestos a la venta a precios muy bajos y accesibles a todo el mundo, especialmente para colectivos en riesgo de exclusión social. Así, organizaciones como Cáritas derivan a entidades como Recumadrid a personas que buscan amueblar su piso y que,debido a su precaria condición, no tienen acceso al mercado regular.

Participar en una contratación pública con las actuales queda muy lejos de una entidad como Recumadrid en primer lugar porque ”pagar un canon por contenedor es inviable económicamente e inmoral luchar contra eso desde nuestro punto de vista”, señala Cristina. “Las contrataciones públicas de cualquier Administración deberían incluir cláusulas sociales que amparen a proyectos de la Economía Social y que prime el proyecto de la recogida de ropa y lo que hay detrás de él, no solo el aspecto economíco”, culmina la cooperativista.

Deixalles
La web de la Fundación Deixalles deja claro que es un entidad sin ánimo de lucro constituida en 1986 por iniciativa de la Delegación de Acción Social del Obispado de Mallorca y de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM). Un 27% de los trabajadores/as de la fundación son socios/as.

Bajo los principios de equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, ausencia de carácter lucrativo y compromiso con el entorno Deixalles busca que las personas desarrollen tareas ligadas a la actividad de recuperación y tratamiento de residuos con el objetivo es mejorar, recuperar o consolidar las habilidades sociales necesarias para favorecer su inclusión social.

Implantada en Palma, Soller, Félatnix, LLevant, Calvià, Inca e Ibiza, sus lineas de trabajo y algunos de sus últimos resultados de su actividad las siguientes:

Inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión de las Islas Baleares. En el año 2014 un total de 348 personas participaron en los procesos de inserción sociolaboral, lo que representaba 51% menos que el año anterio, aún así, se mantuvieron los mismos puestos de trabajo. Además , un 21% de las personas que han participado de los procesos se insertaron laboralmente.

Contribuir a construir una sociedad más justa y sostenible
Fomentar la mejora ambiental, a través de actividades relacionadas, principalmente, con la gestión y recuperación de residuos.

Así, en el 2014 recogieron, trataron y gestionaron un total de 2.430 toneladas de residuos. Los que un 60% se aprovecharon a través de la reutilización y un 25% a través del reciclaje.

Traperos Murcia
Traperos Murcia, es una asociación sin ánimo de lucro, implantada en Murcia desde 1995 en su vertiente de formación e inserción social y laboral, desarrollando formas alternativas en las relaciones laborales, económicas y sociales. Pertenece al movimiento Emaus, que nace en 1945 de la mano de por iniciativa del Abate Pierre, sacerdote y diputado francés, en la París arrasada por la II Guerra Mundial como respuesta a la pobreza y falta de acceso a la vivienda.

A través del acompañamiento social y laboral a personas en situación de riesgo de exclusión Emaus busca participar en “la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”. El proceso de acompañamiento se realiza con la recuperación de objetos y materiales de segunda mano y de desecho y acciones de apoyo y atención integral de cara a que las personas recuperen la confianza y se sientan con la capacidad para decidir y orientar libremente sus vidas.

El pasado mes de marzo, cumplían 20 años de servicio a los colectivos más desfavorecidos y lo celebraban con este vídeo que recorre su trayectoria.

Ver vídeo: https://youtu.be/q2wqr9OJYzY

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Las-alternativas-sociales-al