Volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué les ha ocurrido? Que entre 2009 y 2014 han perdido 159.000 puestos de trabajo y más de 2.000 organizaciones han desaparecido. “Pero la morbilidad ha sido mucho menor que en el resto del tejido económico”, recalca Pérez. El catedrático de la Universidad de Valencia José Luis Monzón señala con datos de la EPA y del Ministerio de trabajo que en los periodos más duros de la crisis, de 2009 a 2013, en el sector privado los asalariados cayeron un 18,5% y en el sector cooperativo un 8%, diez puntos menos. “Eso pone en evidencia que tienen una mayor resistencia a las crisis. Han hecho ajustes voluntarios tanto de plantilla, a través de pactos, como de reducción de jornada o salario, intentando mantener el máximo del empleo”.
Ignacio Ugalde, director de Recursos Humanos de Fagor Ederlan Tafalla, una cooperativa navarra dedicada a la fabricación de piezas para la automoción, lo ha padecido. “En 2008 nos convertimos en una cooperativa de trabajo asociado. Más de la mitad de los 700 empleados dijimos que sí, y tuvimos que aportar unos 13.000 euros cada uno. Pero después llegó la crisis, y decidimos bajarnos el sueldo un 6,35%. Además ampliamos capital, a razón de 3.000 euros por persona. Afortunadamente nos ha salido bien, pero aquí nadie viene a hacerse rico”.
Grandes sectores económicos del país están copados por el negocio de las cooperativas. El ejemplo de funcionamiento para la mayoría está en Mondragón, la localidad vasca de apenas 22.000 habitantes que es la capital de un grupo de 103 sociedades, con 125 fábricas, una docena de centros de investigación y casi 40.000 socios. Son el pulmón industrial vasco gracias a un ecosistema propio: cuentan con un hospital, una universidad, una mutua y hasta un banco. En 2015 facturaron 11.368 millones de euros, un 2,8% más que el año anterior. Su modelo es complejo pero parte de los principios clásicos del cooperativismo: cada persona, sea directivo o empleado de base, tiene un voto. Todo se decide en asamblea y ningún alto cargo cobra un salario que multiplique por seis el de un puesto más modesto. Por comparar, en las empresas del Ibex-35 el salario más alto llega a multiplicar por 104 el sueldo promedio.
Junto a Mondragón otros siete grupos —la Fundación Espriú (salud), Clade Grup (multisectorial), Unide (alimentación), el Grupo Cooperativo Cajamar (crédito) Atlantis (seguros), Ilunion (multisectorial y el Grupo Gredos San Diego— tienen en nómina a más de 128.000 personas. Otras corporaciones son líderes en su nicho de mercado: en Valencia Anecoop factura 577 millones de euros gracias a comercializar 746.342 millones de toneladas de fruta. En Ourense, Coren, con 6.000 ganaderos asociados, produce huevos, aves y cerdo por valor de 950 millones de euros.
“Nos consideramos ya como un sector económico y social suficientemente importante y reconocido como para tener un espacio propio donde se construyen las políticas públicas. Llevamos tiempo reclamando un lugar en ese diálogo”. Lo pide el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, que defiende que es posible un nuevo modelo económico donde las preocupaciones de las personas se tengan algo más en cuenta. “Una de las razones por las que las cooperativas han destruido menos empleo es que hay un mayor compromiso. Son empresas democráticas que no reparten en función del capital aportado, sino en función del tiempo de dedicación de las personas”. Además del caso vasco señala que la cultura de la economía social está muy arraigada en Cataluña, Navarra, Andalucía y desde hace pocos años en Murcia. “Pero si hacemos una radiografía de Europa solo en el sur, Francia, Italia, Portugal y Turquía son intensivas en la creación de empleo cooperativo. En el resto del continente hay cooperativas muy grandes de vivienda, de crédito, de consumo… pero con socios que no son trabajadores”. Pedreño también preside la patronal europea Social Economy Europe (SEE), una institución que ha conseguido que la Eurocámara aprobase el pasado mes de marzo un informe que incluye a este sector en la planificación de las políticas económicas y presupuestarias de la UE dentro de la Estrategia UE 2020. “Apostamos por un plan de acción social que esperamos aprobar en los próximos dos o tres meses”.
Pero el camino hacia el éxito está sembrado de cactus. Ilunion, el conglomerado empresarial de la ONCE compuesto por 90 sociedades, la mayoría centros especiales de empleo, registró unas pérdidas de 1,4 millones en 2015 y tiene una deuda neta de unos 200 millones. Su cifra de negocio el año pasado alcanzó los 723 millones de euros. Alejandro Oñoro, su consejero delegado, cree que la clave está en equilibrar el objetivo social con el económico. “Intentamos ser un grupo sostenible y muy rentable desde el punto de vista social. Trabajamos para revertir los malos datos de últimos de años anteriores. Hemos mejorado en casi 11 millones las pérdidas de 2014”.
El caso Ilunion
El holding ha apostado muy fuerte por el sector hotelero, los servicios industriales —tienen un proyecto con Ford en el que trabajan 1.100 personas—, y son primeros en España en lavandería, con 200 millones de kilos gestionados al año y más de 4.000 trabajadores, el 82% con discapacidad. En el último año han contratado a 1.430 personas hasta alcanzar un total 24.604; el 39% tiene alguna discapacidad. “La rentabilidad social y económica van en paralelo. No puedo llegar al consejo de administración y decir: “Este año nos ha ido bien pero no hemos creado empleo. De hecho, intentamos dar pasos más allá”. En esos pasos está el integrar a colectivos con mayores complicaciones, como el de personas con enfermedades mentales. Ilunion está cerca de conseguir ese equilibrio económico, pero la duda es si habría sido posible construir la marca sin el respaldo de una organización como la ONCE. “Desde luego habría sido difícil, los comienzos son complicados, pero sí, hay instituciones en España que lo han hecho muy bien empezando de cero. Es importante el apoyo de las Administraciones. El que tengamos empresas rentables con personas con discapacidad es absolutamente posible”, cree Oñoro, quien percibe que desde el punto de vista de los clientes está creciendo la sensibilidad hacia ese tipo de iniciativas.
Ese sector económico alternativo al puro capitalismo enfrenta otros problemas. En el balance que publica cada año la Agencia Tributaria, la cuenta agregada de pérdidas y ganancias de empresas encuadradas en la economía social cerraron 2013 con un resultado neto negativo de 343 millones de euros, la mayoría de las pérdidas (195 millones) generadas por las cooperativas. El buenismo conceptual de la economía social choca con un mercado competitivo que genera gigantescas tensiones. La burocratización de las organizaciones, la falsa seguridad de que el puesto de trabajo es para toda la vida —uno de los problemas que sufrió Fagor electrodomésticos antes de su caída— y la escasez de incentivos para ganar competitividad acechan.
“Las cooperativas, si se desvinculan de su finalidad social, pueden morir de éxito”, reflexiona José Luis Monzón, que también dirige el Observatorio Español de Economía Social. “Piense en las teorías del isomorfismo organizativo, que nos dicen que todo cuerpo vivo tiende a adoptar la forma dominante de su entorno para evitar perecer. Según esta teoría, a la larga, o degeneran en estructuras capitalistas puras o mueren… pero la experiencia nos dice que eso no es así”. Pone un ejemplo: “La función del gerente de una cooperativa no es la misma que la del trabajador de a pie. En teoría, ese empleado tendrá una mayor tendencia a maximizar la parte de beneficios que se reparte entre los socios y a disminuir la tasa de inversión, mientras que el director es consciente de que como no haga inversiones, la empresa se irá a pique. Pero los equilibrios funcionan: al final los trabajadores no son tan irresponsables, porque las empresas de la economía social son igualitarias en el mejor sentido de palabra”.
El caso teórico se puede comprobar fácilmente en muchas sociedades laborales y cooperativas que han superado obstáculos gracias al diálogo. Ignacio Ugalde, que además de cooperativista es presidente de Cepes Navarra, parte de ese principio: “Cada uno de los trabajadores hace suyo el negocio, eso es impensable en una sociedad anónima. La participación, el trabajo en equipo, el poder de decisión, las políticas de conciliación, la promoción interna… eso es más fácil en la cultura cooperativa, que las palabras acompañen a los hechos. En Navarra, por ejemplo, la economía social genera el equivalente al 11% del PIB y el 7,5% del empleo privado”, ilustra.
Luis Mari Imaz, director de Mondragon Assembly, que fabrica paneles solares, piezas para la automoción y dispositivos médicos, cuenta que los más de cien socios de su empresa (75 de ellos ingenieros superiores) que puntualmente reciben información sobre la cartera de pedidos, las magnitudes económicas, la marcha de sus filiales o la evolución económica a medio plazo. Durante seis años votaron bajarse un 10% el sueldo para mantener a la cooperativa del grupo, Fagor Electrodomésticos (de la que previamente también habían recibido aportaciones solidarias) y en 2014, durante otro momento de dificultad, renunciaron a una paga. La mayor parte de los beneficios de la sociedad se reinvierten. “Nuestra gran competencia es China, tenemos que ir una generación por delante de ellos y destinar los recursos necesarios para desarrollar nuevos productos. Lo hemos asumido todos. Esto es como el ajedrez, si no te mueves de tu baldosa te comen en un par de movimientos”. En sus filiales en Alemania, Francia, México China y Brasil no hay socios, “el sistema no se entiende”, dice Imaz, pero entre el resto de trabajadores, hasta completar una plantilla de casi 300, reparten el 10% de los beneficios anuales para incentivar el sentimiento de pertenencia a la empresa.
El régimen fiscal, que data de 1991, es otro caballo de batalla. Reconoce beneficios tributarios en el impuesto de sociedades hasta un tipo del 20% (frente al 30% máximo) con una bonificación de hasta el 50% de la cuota resultante. “Es el chocolate del loro”, cree Monzón. “Las cooperativas por la normativa de desgravaciones apenas pueden beneficiarse de las deducciones que tienen las grandes empresas”.
El tamaño importa
Otro de los problemas tiene que ver con el tamaño, ya que la mayoría son microempresas de entre 10 y 12 empleados. Los 426 ganaderos de la láctea Feiraco, por ejemplo, llevan años dándole vueltas a un proyecto de fusión con otras tres organizaciones para producir leche con más rentabilidad (ahora pagan el litro a 24 céntimos). Pero no es fácil. “Hay explotaciones que no tienen relevo generacional, algunas subsisten sin inversiones adecuadas, otras desaparecen. Ojalá se consolide nuestro proyecto de una gran cooperativa. Pero reconozco que somos poco ágiles, para unirnos necesitamos el voto favorable de dos tercios de las asambleas. Aún así, hemos decidido que la empresa resultante no sea una sociedad anónima porque queremos seguir perteneciendo a la economía social. Porque el bienestar no se consigue con más dinero en el bolsillo, sino construyendo algo que perdure”, señala su presidente, José Montes. Las mutualidades, sociedades sin ánimo de lucro que ejercen en el campo de los seguros complementando el sistema de previsión de la Seguridad Social, son otro núcleo duro de la economía social que ve el futuro con cierto optimismo. Han crecido en primas y patrimonio incluso durante los años de plomo de la crisis.
Pedro Muñoz, presidente de la Confederación Española de Mutualidades, busca una explicación en su eficiencia y en su condición de entidades sin ánimo de lucro. “En los fondos de pensiones [privados] las comisiones de gestión llegan a ser del 1,5%, a lo que hay que sumar los costes por depositaría y corretaje. Nosotros, en cambio, tenemos costes bajos”. Y un mercado fiel. Sólo la mutualidad de la abogacía cerró 2015 con un patrimonio de 6.288 millones; le sigue LagunAro, la mutualidad de previsión del grupo Mondragón, con 5.291 millones.
Muñoz cree sin embargo que se le ha hecho juego sucio a la economía social beneficiando a aseguradoras privadas con cambios legislativos. “La actuación de los poderes públicos y los sindicatos no ha sido favorable. Lo único que pedimos es neutralidad, no queremos ninguna ventaja sobre nadie”.
EL FIASCO DE LAS CAJAS
La palabra era adoración. Los representantes de los poderes públicos se deshicieron durante años en elogios sobre la implicación social de las cajas de ahorros, unas instituciones cuyo gobierno estaba supuestamente en manos de impositores, instituciones públicas (desde Ayuntamientos a todo tipo de organizaciones sociales, educativas y culturales), Cámaras de Comercio o en representantes de los propios trabajadores. La base no podía ser mayor. El resto de la historia —desde simples torpezas en la gestión hasta el fraude más descarado en entidades como Caja Madrid o la CAM— es conocido. Sólo resistieron honrosas excepciones, como puede ser La Caixa o Kutxa, hoy transformadas en bancos controlados por sus fundaciones.
“Es innegable que tienen una acción social y un fundamento que se basaba en la devolución al territorio de parte del negocio que generaban”, señala el presidente de la patronal de la economía social Cepes, Antonio Pedreño. “Pero que tuviesen una dotación para obra social no significa que fuesen entidades de economía social”, puntualiza.
Para el catedrático José Luis Monzón, que reconoce que durante casi una década se mantuvo cierta ambigüedad al considerar las cajas como entes de la economía social, “no lo son” porque carecen de funcionamiento democrático. Tampoco las fundaciones lo serían. “Por razones políticas o sociológicas se las considera como parte de la economía social, pero desde un punto de vista de coherencia práctica, intelectual, una fundación no lo es”.
Teorías aparte, lo cierto es que ninguna organización está libre de padecer del virus corrupción. “Hace muchísimo tiempo que no aparecen casos en este sector. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos asamblearios donde hay que dar cuenta, donde se introducen variables que condicionan y limitan la capacidad de actuación de las personas. Esas barreras hacen que sea más difícil que se produzcan fraudes o ocultación de documentos”, cree Pedreño. Esa fortaleza y el hecho de que internalicen costes sociales que de otro modo tendrían que ser atendidos por el Estado es el argumento que utiliza la patronal para reclamar más presencia pública y nuevas compensaciones fiscales. “Lo único que hemos conseguido es que entre las medidas firmadas en los pactos para la formación de un nuevo Gobierno, —primero entre PSOE y Ciudadanos y ahora entre PP y Ciudadanos—, figure una sola línea que dice que el próximo Ejecutivo apostará por la reducción de trabas administrativas y el fomento del sector”.
En su carta a los Reyes Magos envidada a los partidos políticos ante la formación, sea cuando sea, de un Gobierno en España, Cepes solicita que las cooperativas y los autónomos formen parte de las mesas de diálogo social. También reclaman que este tipo de empresas no puramente capitalistas sean incluidas en la agenda de políticas públicas vinculadas con el desarrollo económico de España.
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/02/actualidad/1472829250_222038.html?rel=lom
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