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domingo, 17 de noviembre de 2024

Galardón económico por la peor investigación

Fuentes: El tábano economista

La combinación correcta de tecnología, humanos y Estado impulsará la prosperidad

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson recibieron el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel, comúnmente, aunque incorrectamente, llamado “Nobel de Economía”, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad.

El economista Michael Roberts, quien ha escrito numerosos artículos sobre varios galardonados, cree que generalmente se otorga el premio por su peor investigación, es decir, aquella que confirma la visión dominante del mundo económico.

Esto es lo que los jueces del premio Nobel dicen que fue la razón para otorgarlo:

«Hoy en día, el 20% más rico de los países son alrededor de 30 veces más ricos que el 20% más pobre. Las brechas de ingresos entre países han sido muy persistentes en los últimos 75 años. Los datos disponibles también muestran que las disparidades de ingresos entre países han aumentado en los últimos 200 años. ¿Por qué las diferencias de ingresos entre los países son tan grandes y persistentes?

“Los laureados de este año han sido pioneros en un nuevo enfoque para proporcionar respuestas creíbles y cuantitativas a esta pregunta crucial para la humanidad. Su investigación se centra en la idea de que las instituciones políticas dan forma fundamental a la riqueza de las naciones. Pero, ¿qué da forma a estas instituciones?”

El trabajo por el que fueron premiados sugiere que los países que han alcanzado la prosperidad y han erradicado la pobreza lo han hecho adoptando instituciones democráticas. Por el contrario, las sociedades controladas por élites sin responsabilidad democrática tienden a ser “extractivas”, es decir, extraen recursos sin respetar la propiedad ni los derechos, lo que impide su desarrollo y prosperidad.

Dos puntos se deducen de esto. En primer lugar, se considera que el crecimiento y la prosperidad van de la mano con la «democracia», sobre todo occidental, a pesar que los jueces del premio Nobel dicen las disparidades de ingresos entre países han aumentado en los últimos 200 años, lo que implica que la diferencia no está en entredicho.

La segunda es que, si consideramos que países como China tienen élites “extractivas” y antidemocráticas, ¿cómo explican los ganadores del Nobel su éxito económico indudable? Sería correcto decir que las revoluciones o reformas políticas son necesarias para situar las cosas camino a la prosperidad. Puede haber algo de verdad en eso: ¿estaría Rusia a principios del siglo XX donde está hoy sin la revolución de 1917 o China estaría donde está en 2024 sin la revolución de 1949? Pero nuestros «nobelistas» no nos presentan esos ejemplos: los suyos se refieren a la extensión del sufragio en Gran Bretaña en el siglo XIX o la independencia de las colonias americanas en la década de 1770.

Pero lo que nos interesa es que dos de los tres laureados, Daron Acemoglu y Simon Johnson, tienen un libro, “Poder y progreso: una lucha de mil años por la tecnología y la prosperidad”, que presenta un relato histórico exhaustivo de cómo la tecnología ha hecho avanzar a la humanidad en términos de niveles de vida, pero a menudo ha creado miseria, pobreza y mayor desigualdad, como mostramos en los dos artículos anteriores con los dueños de la IA (aquí y aquí).

Resulta que “la Edad Dorada de finales del siglo XIX fue un período de rápido cambio tecnológico y desigualdades alarmantes en Estados Unidos, como hoy. Aunque los salarios reales aumentaron a medida que la economía se expandía, la desigualdad se disparó y las condiciones de trabajo eran abismales para millones de personas que no tenían protección contra sus jefes económica y políticamente poderosos. Los barones ladrones, como se conocía a los más famosos e inescrupulosos de estos magnates, hicieron enormes fortunas no solo por su ingenio para introducir nuevas tecnologías, sino también por la consolidación con empresas rivales. Las conexiones políticas también fueron importantes en la búsqueda de dominar sus sectores”. 
Fuente: El Tábano Economista

 El poder político y la prosperidad económica muestran cómo la tecnología ha moldeado el bienestar humano a lo largo de la historia y cómo las dinámicas de poder determinan si sus beneficios se distribuyen equitativamente o se concentran en manos de unos pocos. Los autores destacan que el progreso tecnológico no garantiza un aumento en la prosperidad general.

A lo largo de la historia, las élites han controlado la dirección y los beneficios del avance tecnológico para consolidar su poder y riqueza. Acemoglu y Johnson muestran cómo, en muchos casos, la tecnología ha sido utilizada para mantener la desigualdad, en lugar de fomentar un crecimiento inclusivo. Para ellos, el progreso no es neutral: está siempre mediado por quienes tienen el poder y los recursos para aprovecharlo.

Uno de los casos más emblemáticos es la Revolución industrial. Si bien trajo grandes innovaciones, también condujo a una concentración del poder económico y político. Las máquinas reemplazaron el trabajo humano, pero en lugar de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, desembocaron la explotación laboral y el empobrecimiento de grandes sectores de la población. Los avances tecnológicos no se tradujeron automáticamente en bienestar generalizado, sino que dependieron de la forma en que se distribuyeron los beneficios.

El papel del Estado y las instituciones políticas juega un papel crucial en determinar si los beneficios del progreso tecnológico se distribuyen equitativamente. En sociedades donde las instituciones son inclusivas y democráticas, es más probable que el progreso tecnológico genere prosperidad para la mayoría. Sin embargo, en contextos donde las instituciones están controladas por élites extractivas, la tecnología tiende a concentrar el poder y la riqueza en un grupo reducido.

Algunos de los temas centrales del libro son el impacto actual y futuro de la inteligencia artificial (IA) y la automatización. Acemoglu y Johnson advierten que estos avances tecnológicos tienen el potencial de agravar la desigualdad si no se gestionan de manera adecuada. Señalan que, así como ocurrió durante la Revolución industrial, la IA puede ser utilizada para reemplazar el trabajo humano en lugar de complementarlo, lo que podría llevar a la precarización del empleo y a un aumento de la concentración de riqueza en las manos de los dueños de estas tecnologías.

Para los autores, el progreso no puede medirse únicamente en términos de avances tecnológicos o crecimiento económico, sino que debe evaluarse en función de cómo estos beneficios se distribuyen entre la población. Si no se toman medidas para democratizar el acceso y los beneficios de la tecnología, y apuntalar al Estado, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado, donde el progreso fue acaparado por unos pocos a expensas de muchos. Lo mismo que está pasando en la actualidad. 

Fuente: 

sábado, 21 de septiembre de 2024

_- Demasiado ricos y egoístas para que el mundo vaya bien

_- La confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam Internacional acaba de publicar otro informe demoledor sobre la concentración de la riqueza en el mundo que, además, pone de relieve la injusticia que lleva consigo y el profundo egoísmo de los sujetos más ricos del planeta.

Según las estimaciones de Oxfam, el tipo impositivo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas más ricas de la Unión Europea cayó del 44,8 al 37,9 por ciento, entre 2020 y 2023, y el pagado por las mayores corporaciones del 32,1 al 21,2 por ciento.

Por el contrario, los tipos que principalmente recaen sobre la gente común han aumentado: del 33,3 al 34,8 por ciento el del trabajo y del 17,7 al 18,7 por ciento el que recae sobre el consumo.

Los impuestos sobre el trabajo proporcionaron 3,23 billones de euros, tres veces más que los que proporcionan los impuestos sobre ganancias del capital (1,03 billones) y casi nueve veces más que los establecidos sobre el capital social (374.000 millones).

Eso quiere decir que la política impositiva europea, en lugar de mejorar la distribución de la renta, la empeora. Algo que es muy grave porque la concentración del ingreso y la desigualdad son ya de por sí muy elevadas.

Según Oxfam, el 1% de la población más rica de la Unión Europea acumulaba el 25% de la riqueza. Una concentración extraordinaria que no sólo se da en Europa.

La misma organización ha mostrado en otro informe que en los 20 países más ricos que conforman el llamado G-20, solamente 8 céntimos de cada dólar recaudado por impuestos provienen de los que gravan la riqueza.

Mientras que la proporción de la renta nacional que se destina al 1% de los que más ganan en los países del G20 ha aumentado un 45% en los últimos 40 años, la tasa impositiva máxima que se aplica a sus ingresos ha bajado del 60% en 1980 al 40% en 2022.

No es de extrañar, así, que el aumento en la última década del patrimonio medio neto del 1% más rico del mundo (400.000 dólares) sea 1.200 veces mayor que el de la mitad de la población más pobre (335 dólares), según los informes de Oxfam.

Esta organización estima que un impuesto sobre la riqueza del 5% para los multimillonarios y billonarios del G20 podría recaudar casi 1,5 billones de dólares al año. Con esa cantidad se podría acabar con el hambre mundial que provoca más de 20.000 muertes cada día del año, ayudar a los países de ingresos bajos y medios a adaptarse al cambio climático y empezar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Aun así, sobrarían más de 500.000 millones de dólares para que los países ricos invirtieran en servicios públicos que eliminen la desigualdad y los efectos del cambio climático.

Nos dicen constantemente que no hay recursos, que no hay dinero suficiente y es mentira. Lo que sucede es que sobra egoísmo y avaricia, y que un puñado de seres auténticamente inhumanos no tiene otro objetivo que ganar dinero sin cesar y sin pararse a considerar los efectos que su comportamiento tiene sobre el resto de la humanidad y sobre la naturaleza.

Todo lo anterior no sólo provoca un problema económico, sino también político y social.

Acumular riqueza de ese modo tan brutal y exagerado es incompatible con la democracia porque el enriquecimiento de unos se hace inevitablemente a costa de otros.

La fortuna de las cinco personas más ricas del mundo viene aumentando a un ritmo de 14 millones de dólares por hora, desde 2020, más de 122.000 millones cada año, justo cuando 5.000 millones de personas de todo el mundo se han empobrecido.

No puede ser de otro modo. El enriquecimiento de unos se hace a costa de los otros y, cuando ese proceso no tiene límites y produce tantos efectos desastrosos y tanta frustración e insatisfacción, no se puede dejar que sean libres y tomen decisiones por sí mismos y democráticas los seres que los padecen.

La desigualdad tan exagerada y su crecimiento sin freno en todo el planeta es la auténtica razón del deterioro de la democracia, lo que explica que se difunda constantemente el odio y se genere artificialmente el enfrentamiento y la polarización, para que así resulte imposible la deliberación y el entendimiento entre las personas. O acabamos con la concentración tan extrema de la riqueza y del poder de decisión y se pone coto a la avaricia antidemocrática de los ultrarricos que dominan el mundo, o acabarán destruyendo la civilización. El desequilibrio y sus consecuencias ya no se pueden disimular y comienzan a ser insostenibles.

Fuente: 

martes, 30 de enero de 2024

Se estanca el progreso social

El capitalismo ha traído consigo los avances más extraordinarios de la historia de la humanidad. Es una evidencia que ya reconocieron Marx y Engels en las primeras páginas de su Manifiesto Comunista. Sin embargo, hay otra quizá más relevante aún e igual de indiscutible: una muy gran parte del mundo capitalista no disfruta de esos avances. Hoy día, cuando disponemos de más recursos y dinero que nunca en la historia humana para poder evitarlo, la mitad de la población mundial no tiene acceso a saneamiento seguro, y cada día mueren 1.000 niños y niñas por falta de agua y unas 25.000 personas por desnutrición.

En las últimas décadas podría decirse que el capitalismo ha sido más capitalismo que nunca, puesto que se ha dado plena libertad de movimientos al capital y se han liberalizado todos los mercados, para que las grandes corporaciones no tengan prácticamente ninguna atadura a la hora de obtener más beneficio. Pero, justo entonces, ha sido cuando más crisis económicas ha habido (más de 400 desde 1970), menos crecimiento económico, peor empleo y menos inversión productiva. El capitalismo de nuestros días solo ha funcionado bien para hacer que los ya de por sí más ricos lo sean cada vez más. Y el progreso social, entendido como la mejora general de las condiciones de vida de la población, se detiene o incluso se deteriora.

Esto último es lo que señala un informe que acaba de publicarse hace unos días en Estados Unidos sobre el progresos social analizado con 12 componentes y 57 indicadores en 170 países. De todos estos, 61 registraron una disminución significativa en 2023, 77 se estancaron y sólo 32 mejoraron.

Es muy significativo que de los cuatro países que han reducido su índice de progreso social desde 2011 dos hayan sido las grandes potencias del capitalismo, Estados Unidos y Reino (junto a Venezuela y Siria). En general, el informe refleja que cuatro de cada cinco personas de todo el mundo viven en países cuyo progreso social se estanca o disminuye.

Estos datos se registran al mismo tiempo que la fortuna de los grandes milmillonarios del planeta se multiplica, tal y como acaba de indicar el último informe sobre la desigualdad global de Oxfam internacional: la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado en los dos últimos años y los beneficios de las mayores empresas aumentaron el 89 %, mientras que la riqueza de las 5.000 millones más pobres se ha reducido.

Vivimos en una economía capitalista, así que no se puede responsabilizar a otro sistema de esta desigualdad a la hora de repartir los frutos del progreso y de provocar la inestabilidad y el mal rendimiento económico que todo eso lleva consigo. Lo que sorprende es que las fuerzas políticas que dicen enfrentarse a estas situaciones no pongan en cuestión las bases del capitalismo ni diseñen un relato de largo plazo alternativo. Entre nosotros, en España, no lo hace el PSOE, a pesar de su nombre, cuyos documentos ideológicos apuntan, si acaso, a “otro capitalismo; ni tampoco las nuevas formaciones de izquierda, como Sumar.

Sin abordar la causa profunda y real de los problemas, y sin luces largas para pensar en el futuro y ofrecer a la gente una propuesta de sociedad diferente, no se podrá avanzar mucho. En realidad, eso es lo que estamos viendo que le ocurre a las izquierdas de todo el mundo en las últimas décadas, demasiado presentismo y mucha superficialidad que las hace incapaces de propulsar cambios sociales de envergadura y las deja impotentes ante la ofensiva de las derechas que hacen política en beneficio de quien más tiene.

martes, 24 de octubre de 2023

OPINIÓN. Desigualdad y democracia. JOSEPH E. STIGLITZ

Para mejorar con justicia el bienestar de toda la ciudadanía hay que dejar atrás el capitalismo neoliberal

Estos últimos años hubo mucha preocupación por la retirada de la democracia y el ascenso del autoritarismo, y con buenas razones. Del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a los expresidentes de Brasil Jair Bolsonaro y de Estados Unidos Donald Trump, tenemos una lista cada vez más larga de autoritarios y aspirantes a autócratas que canalizan una forma curiosa de populismo de derecha: mientras prometen proteger a la ciudadanía ordinaria y preservar viejos valores nacionales, aplican políticas que protegen a los poderosos y echan a la basura viejas normas. Y nos dejan a los demás tratando de explicar en qué radica su atractivo.

Explicaciones hay muchas, pero una que se destaca es el aumento de la desigualdad, un problema derivado del capitalismo neoliberal moderno, al que también se le pueden hallar muchos vínculos con la erosión de la democracia. La desigualdad económica tiene como resultado inevitable la desigualdad política, aunque con diversos grados según el país. En uno como Estados Unidos, donde las donaciones a partidos en las elecciones no están sujetas a casi ningún control, el principio de “una persona, un voto” se ha transformado en “un dólar, un voto”.

Esta desigualdad política se retroalimenta, y eso produce medidas de gobierno que afianzan todavía más la desigualdad económica. Políticas tributarias que favorecen a los ricos, un sistema educativo que beneficia a los ya privilegiados y una regulación de defensa de la competencia mal diseñada y mal fiscalizada que tiende a dar a las corporaciones vía libre para acumular poder de mercado y explotarlo. Además, como los medios están dominados por empresas privadas, propiedad de plutócratas como Rupert Murdoch, el discurso dominante refuerza en general las mismas tendencias. Hace mucho que a los consumidores de noticias se les dice que cobrar impuestos a los ricos daña el crecimiento económico, que los impuestos a la herencia son gravámenes a la muerte, etcétera.

En tiempos más recientes, a los medios tradicionales controlados por los superricos se les han sumado empresas de redes sociales controladas por los superricos; la única diferencia es que las segundas tienen incluso más libertad para difundir desinformación. Gracias a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, las empresas con sede en Estados Unidos no tienen responsabilidad por lo que publiquen terceros en sus plataformas, ni por la mayoría de los otros daños sociales que causan (por ejemplo, a las adolescentes).

En este contexto de capitalismo sin rendición de cuentas, a nadie debería sorprender que tanta gente recele de la creciente concentración de riqueza o crea que el sistema está arreglado. La difundida sensación de que la democracia ha generado resultados injustos debilitó la confianza en ella, y llevó a algunos a concluir que sistemas alternativos podrían ser más eficaces.

Este debate no es nuevo. Hace 75 años, muchos se preguntaban si las democracias podían crecer tan rápido como los regímenes autoritarios. Ahora muchos se preguntan cuál de los sistemas produce más justicia. Pero este debate se desarrolla en un mundo en el que los muy ricos tienen herramientas para moldear el pensamiento tanto en sus propios países como en el exterior, a veces con mentiras lisas y llanas (“¡Nos robaron la elección!”, “¡Las máquinas de votación estaban amañadas!”; una falsedad que le costó a Fox News 787 millones de dólares).

Uno de los resultados ha sido una polarización cada vez más profunda, que obstaculiza el funcionamiento de la democracia, especialmente en países como Estados Unidos con sistemas de escrutinio uninominal por mayoría simple (donde “el ganador se lleva todo”). Cuando Trump fue elegido presidente en 2016 con una minoría del voto popular, la política estadounidense, que en otros tiempos alentaba a resolver los problemas con la búsqueda de acuerdos, ya se había convertido en una competencia desvergonzada por el poder, un torneo de lucha libre donde al menos uno de los lados parece creer que no tiene que haber reglas.

En un contexto de polarización tan excesiva, puede parecer que hay demasiado en juego como para hacer concesiones. En vez de buscar puntos de acuerdo, quienes tengan el poder usarán todos los medios a su disposición para conservarlo (como han hecho abiertamente los republicanos mediante la manipulación del trazado de distritos electorales y medidas para suprimir la participación de votantes).

Las democracias funcionan mejor cuando lo que está en juego no parece ni demasiado ni demasiado poco (en el segundo caso, la gente no sentirá mucha necesidad de participar en el proceso democrático). Hay opciones de diseño que las democracias pueden hacer para mejorar las chances de encontrar este feliz término medio. Los sistemas parlamentarios, por ejemplo, alientan la formación de coaliciones y suelen dar el poder al centro en vez de a los extremos. Otras soluciones que han demostrado ser útiles son el voto obligatorio y por orden de preferencia, lo mismo que la existencia de un funcionariado de carrera dedicado y protegido.

Estados Unidos suele presentarse como un faro de la democracia. Aunque siempre hubo hipocresía (desde la benevolencia de Ronald Reagan hacia Augusto Pinochet hasta el hecho de que Joe Biden no se haya distanciado de Arabia Saudí ni denunciado el fanatismo antimusulmán del Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi), al menos Estados Unidos encarnaba un conjunto compartido de valores políticos.

Pero ahora, la desigualdad económica y política se ha vuelto tan extrema que muchos rechazan la democracia. Es terreno fértil para el autoritarismo, sobre todo la clase de populismo de derecha que representan Trump, Bolsonaro y el resto. Pero ya está claro que estos dirigentes no tienen ninguna de las respuestas que buscan los votantes descontentos. Por el contrario, las políticas que aplican cuando se les da el poder sólo empeoran las cosas.

En vez de buscar alternativas en otra parte, tenemos que reflexionar sobre nuestro propio sistema. Con las reformas adecuadas, las democracias pueden volverse más inclusivas, más responsables ante la ciudadanía y menos responsables ante las corporaciones y los ricos que hoy controlan la billetera mundial. Pero para salvar la política también se necesitan reformas económicas igual de drásticas. El único modo de empezar a mejorar con justicia el bienestar de toda la ciudadanía (y desinflar la ola populista) es dejar atrás el capitalismo neoliberal y cumplir mejor la promesa de prosperidad compartida de la que tanto hablamos.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia y copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.

miércoles, 11 de octubre de 2023

Arruinando la economía desde 1970

La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder

 (Eduardo Galeano)


La economía capitalista desde 1974 en adelante, solo para poner un año de referencia, se asemeja mucho a la leyenda japonesa del espíritu Aka-Manto, un espectro que aparece en lugares públicos para darle a elegir a sus víctimas entre dos papeles: uno azul y otro rojo. Si la víctima selecciona el papel rojo, Aka-Manto procederá a cortarle el cuello con un cuchillo hasta teñir su ropa de rojo con la sangre de la víctima. Si se elige el color azul, el espíritu lo estrangulará hasta la muerte, logrando con ello que su rostro y piel adquieran la misma coloración azul del papel. El mundo no ha podido escoger otro color, y cuando tímidamente lo hizo entre tenues gamas de grises, la consecuencia fueron las mismas, la muerte. Al parecer la única posibilidad de sobrevivir sería indicarle al fantasma que en economía no se necesita papel alguno para el juego, se puede elegir otro pasatiempo donde no siempre los trabajadores y los pobres sean víctima o mártires.

Casi todos los indicadores desde 1974 a la fecha tienen la misma lógica que la comparación entre productividad y salario real de Estados Unidos mostrada en el cuadro. Desde 1979 a 2022 la productividad creció un 69.6%, mientras que los salarios por hora lo hicieron en un 11.3%, es decir, 6.15 veces menos que la productividad. ¿Quién se quedó con la diferencia? Si el indicador fuera el salario real, (descontándole la inflación) el salario ha estado más congelado que Wall Disney durante los últimos 43 años.

La productividad mide cuánto ingreso total se genera en toda la economía. El salario se define como la compensación promedio de los trabajadores, la referencia apropiada sería el “salario medio de los trabajadores”, aproximadamente el 80% de la fuerza laboral estadounidense. Como muestra la figura, los salarios de estos trabajadores aumentaron junto con la productividad desde 1948 hasta finales de los años setenta. Pero eso no sucedió por casualidad, ocurrió porque se adoptaron políticas específicas con el objetivo intencional de distribuir ampliamente los beneficios del crecimiento entre las clases capitalista y los trabajadores. Cuando se abandonó estos objetivos político intencionales, a finales de los años 1970 y después, los salarios y la productividad divergieron.

La coyuntura actual se parece a la de los años setenta, pero se ha desmejorado de manera inhumana desde entonces. La economía está saliendo de dos crisis, 2008 y la pandemia de 2020, como lo hizo durante la estanflación (recesión con inflación) de los años setenta, idéntica definición en la actualidad. Pero si bien la inflación se aceleró, ha sido notoriamente menor a la crisis del petróleo de mediados de setenta, como muestra el cuadro, aunque el crecimiento ha sido peor. La energía si tuvo un fuerte aumento como muestra el gráfico, pero a diferencia de los setenta, la eficiencia en su gasto, apoyada en terribles políticas energéticas de austeridad, incrementos de la tasa de interés que congelaron la demanda, llevó a que los efectos fueran menores a las de los años setenta.

Evolución precio del barril de petróleo a valores 2010
Otro punto a tener en cuenta por su similitud con la actualidad es que la estanflación de los setenta coincidió con la primer ola global de deuda. Entre 1960 y 2020 hubo cinco recesiones globales, 1975, 1982, 1991, 2009 y 2020, según los estudios del Banco Mundial (véase Recesiones Globales), la deuda pública aumentó entre 4 y 15 puntos porcentuales del PBI durante los cinco años posteriores a estos eventos. Es decir, las deudas estatales aumentaron un 4% del PBI entre 1975-1980, en 15% entre 1982-1987, 9% entre 1991-1996 y 4% entre 2009 y 2014, para cerrar con un 100% en un año para el 2020. Pero lo importante es que durante el fin de los años setenta y los ochenta, los niveles de deuda de América Latina explotaron, condenándola para el futuro en un sistema de endeudamiento perfectamente diseñado. A cada recesión la caída fue mayor, la salida más tardía y las perdidas más intensas y sostenidas, y la concentración del ingreso más notoria. Esta lógica llevó a la recomposición de esta extraña ecuación donde, desde los años sesenta en adelante, los salarios se estancaron, la inflación se elevó, la pobreza aumentó y la riqueza se concentró de manera desmedida.

Todo va de la mano. Las bajas tasas de interés permitieron que los petrodólares fueran prestados como deuda a economías en vías de desarrollo en la primera ola de deuda, que se aceleró en 2010 con la cuarta ola que, hasta antes del 2020, significó el más amplio y rápido aumento de deuda de las economías de mercados emergentes de los últimos 50 años, especialmente en América Latina y los países de bajos ingresos. Si bien las similitudes son preocupantes, las diferencias llaman más la atención que las semejanzas. En el trascurso de estos 43 años sucedió algo que modifico la ecuación. Las materias primas subieron menos que en los setenta, pero deberían de haber alentado a los países exportadores de petróleo y alimentos del sur global a tener un mejor pasar, y no lo hicieron. Deuda, inflación, congelamiento salarial, beneficios por productividad y concentración del ingreso aumentaron la degradación económica de las sociedades.

A partir de finales de la década de 1970, los formuladores de políticas comenzaron a desmantelar todos los baluartes políticos que ayudaban a garantizar que los salarios de los trabajadores crecieran con la productividad. Se toleró el exceso de desempleo, disciplinando los salarios para mantener bajo control cualquier posibilidad de inflación. Los aumentos del salario mínimo se hicieron cada vez más pequeños y raros, y en algunos casos completamente desfasados. La legislación laboral no logró seguir el ritmo de la creciente hostilidad de los empleadores hacia los sindicatos. Se redujeron las tasas impositivas sobre los ingresos más altos, y fueron eliminadas políticas fiscales progresivas, como quienes más ganan, pagan más. Desregulaciones contra los trabajadores –desde la desregulación de las industrias del transporte por carretera y de las aerolíneas hasta el retroceso de la política antimonopolio, el desmantelamiento de las regulaciones financieras y más – tuvieron éxito una y otra vez.

En esencia, las decisiones políticas adoptadas para suprimir el crecimiento salarial impidieron que  el crecimiento salarial potencial,  impulsado por el aumento de la productividad, se tradujera en un  crecimiento salarial real para la mayoría de los trabajadores. El resultado de este cambio de política fue la marcada divergencia entre la productividad y el salario medio de los trabajadores que se muestra en el gráfico. Una aumenta de manera desmedida mientras la otra se mantiene estable.

Después de 1979, la productividad creció a un ritmo significativamente más lento en comparación con décadas anteriores. Pero como el crecimiento salarial del trabajador medio se desaceleró aún más, surgió una gran brecha entre productividad y salario. La creciente fisura en medio de una desaceleración del crecimiento de la productividad nos dice que, el mismo conjunto de políticas que suprimieron el crecimiento salarial para la gran mayoría de los trabajadores durante los últimos 43 años, también estuvieron asociadas con una desaceleración del crecimiento económico general. En resumen, el crecimiento económico se volvió más lento y más radicalmente desigual.

Una cosa es clara, si los costos están congelados y los precios aumentan, quien se queda con los beneficios son quienes obtuvieron las mayores ganancias desde la década de 1980. Se llama rentabilidad. Costos laborales estables, costos estables de los bienes intermedios y precios de los productos exorbitantes, la diferencia está en los beneficios. Pero esta idea se ha ido madurando durante todos estos años. Pérdidas de beneficios, flexibilización laboral, pérdida del poder de compra, hace que en la actualidad el desempleo no sea un problema, sino el valor del salario. Los asalariados son pobres.

Las políticas monetarias apuntan a bajar la inflación y reconstruir reservas ante la falta de crédito por el ahogo de la deuda dado los aumentos de la tasa de interés. Las políticas fiscales son presas de la austeridad para bajar subsidios y beneficios y no brindar incentivos a la producción, sólo pagar las deudas. El mundo se acostumbró a que los pobres sigan pobres y los ricos tengas facilidades crediticias y fiscales para poder generar trabajos con menores sueldos, más flexibles, sin aportes, o directamente marginales.

La creciente brecha entre la productividad y el salario típico de los trabajadores es que los ingresos van a todas partes excepto a los sueldos del 80% inferior de los trabajadores. Si no termina en los bolsillos de los trabajadores, ¿adónde se fue todo el crecimiento del ingreso que implica la línea de productividad creciente?

Los multimillonarios aumentaron su riqueza en 3,9 billones de dólares entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, y los 10 más ricos experimentaron colectivamente un incremento de 540.000 millones de dólares, según Oxfam. Los multimillonarios han tenido una pandemia increíble, los diez más ricos duplicaron su patrimonio y 160 millones de personas han caído en la pobreza durante la COVID-19. Pero no fue la pandemia, sino el modelo creado desde fines de los setenta. El mismo que a cada paso, cada año, arroja una mayor pobreza sin dar solución alguna a los problemas sociales. Así nace, se reproduce y crece el tsunami fascista, si nadie da soluciones, ¿quizás ellos sí?

Lo extraño es que queda claro quien se quedó con la productividad de hacer un vaso. Y después de hacer 10 vasos con el mismo personal, o menos, y en menos tiempo, con el mismo salario, pero con un precio por vaso 10 veces mayor. Bienvenidos a la estanflación de los setenta, menos crecimiento, más inflación, deuda ilimitada, menos Estado, menos salarios y con el Estado del bienestar en franca desintegración. Todo este orden es aceptado y no cuestionado, todo sea por admitir las responsabilidades de los compromisos asumidos, aunque los hijos también son compromisos y quieren comer, pero eso es otro capítulo.
Fuente:

sábado, 16 de septiembre de 2023

El insoportable maniqueísmo de la izquierda «antiimperialista»

El socialista alemán August Bebel comentó una vez que el antisemitismo es el “socialismo de los tontos” porque los antisemitas reconocen la explotación capitalista solo si el explotador era judío, pero de lo contrario haría la vista gorda ante la explotación que emana de otros sectores.

Más de un siglo después, ese socialismo de tontos ha sido resucitado por una autoproclamada izquierda “antiimperialista” que condena la explotación y la represión capitalista en todo el mundo cuando las perpetra por Estados Unidos y otras potencias occidentales o los gobiernos que estas potencias apoyan, pero hace la vista gorda o incluso defiende a los Estados represivos, autoritarios, y dictatoriales simplemente porque estos Estados enfrentan la hostilidad de Washington.

Las políticas de la explotación capitalista y el control social en todo el mundo están moldeadas fundamentalmente por la contradicción entre una economía globalmente integrada al lado de un sistema de dominación política basado en el Estado-nación. La globalización económica y la integración transnacional de capitales brindan un impulso centrípeto al capitalismo global, mientras que la fragmentación política brinda un poderoso contra-impulso centrífugo que está resultando en una escalada del conflicto geopolítico. El abismo se está ampliando rápidamente entre la unidad económica del capital global y la competencia política entre los grupos dominantes que deben buscar la legitimidad y evitar que el orden social interno de sus respectivas naciones se rompa frente a la creciente crisis del capitalismo global. Esta coyuntura global es el telón de fondo del “socialismo de los tontos” contemporáneo.

Discutiré aquí los casos de China, Nicaragua, los BRICS, y la multipolaridad ya que sacan a relucir la lógica enrevesada y la política retrograda de esta izquierda “antiimperialista.”

China y el Desarrollo Capitalista
El capitalismo con peculiaridades chinas ha implicado el surgimiento de poderosos capitalistas transnacionales chinos fusionados con una elite del Partido-Estado dependiente de la reproducción del capital y de estratos medios de alto consumo, alimentados por una devastadora ola de acumulación primitiva en el campo y la explotación de cientos de miles de trabajadores chinos. Chino es ahora uno de los países más desiguales del mundo. Las huelgas y los sindicatos independientes no son legales en China. El Partido Comunista Chino hace tiempo que abandonó cualquier referencia a la lucha de clases o el poder de los trabajadores. A medida que las luchas laborales continúan aumentando en el país, también lo hace la represión estatal contra ellas.

Es cierto que el desarrollo capitalista ha sacado a millones de personas de la pobreza extrema –al menos de acuerdo con las estrechas mediciones de pobreza del Banco Mundial por debajo de $785 dólares en ingresos anuales– y ha provocado una rápida industrialización, progreso tecnológico e infraestructura avanzada. Es igual de cierto que los países centrales de América del Norte y Europa Occidental experimentaron estos logros durante sus periodos de rápido desarrollo capitalista desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La izquierda nunca vio este desarrollo capitalista en el Occidente como una victoria para la clase trabajadora ni perdió de vista el vínculo entre este desarrollo y la ley de la acumulación desigual y combinada en el sistema capitalista mundial. China se está “poniendo al día”.

El modelo chino se basa en un complejo de empresas estatales y privadas en las que el capital privado representa las tres quintas partes de la producción y las cuatro quintas partes del empleo urbano. China no ha seguido la ruta neoliberal hacia la integración capitalista transnacional. El Estado juega un papel clave en el sistema financiero, en la regulación del capital privado, en el gasto público, especialmente en la infraestructura, y en la planificación. Este puede ser un modelo distinto de desarrollo capitalista que la variante neoliberal occidental, pero sigue obedeciendo las leyes de la acumulación de capital. Tras la apertura al capitalismo global en la década de los 1980, China se convirtió en un mercado para las corporaciones transnacionales y un sumidero de capital excedente acumulado capaz de aprovechar una vasta oferta de mano de obra barata controlada por un estado de vigilancia omnipresente y represivo. Pero al viraje del siglo se estaban acumulando presiones para encontrar salidas en el extranjero para el capital chino excedente acumulado durante años de desarrollo capitalista intensivo.

Sostener este desarrollo pasó a depender ahora de la exportación de capital al exterior. En las dos primeras décadas del siglo XXI, China lideró al mundo en una oleada de inversión extranjera directa (IED) hacia países del Sur y del Norte Global por igual, profundizando la integración transnacional de capitales y acelerando la transformación capitalista en los países en los que invierte. Entre 1991 y 2003, la inversión extranjera directa de China se multiplicó por 10 y luego se multiplicó por 13,7 entre 2004 y 2013, de 45 mil millones de dólares a 613 mil millones de dólares. Para 2015, China se había convertido en el tercer inversor extranjero más grande en el mundo. Se IED saliente comenzó a superar la IED entrante y el país se convirtió en acreedor neto. ¿Qué sucede cuando esta IED china en el exterior aterriza en el antiguo Tercer Mundo?

Despojo y Extracción Se Convierten en “Cooperación Sur-Sur”
Las comunidades indígenas del departamento de Apurímac, en el altiplano de Perú, han librado luchas sangrientas en los últimos años contra la mina de cobre a cielo abierto Las Bambas, de propiedad y operación china, una de las más grandes del mundo, que han dejado decenas de muertos y heridos. De hecho, el estado peruano vende legalmente servicios policiales a las empresas mineras, lo que permite que la MMG de China compre la fuerza física de la policía para avanzar en la extracción de cobre por medios violentos. Si bien este espacio extractivista chino-peruano y otros similares son promocionados por los “antiimperialistas” como un modelo de cooperación Sur-Sur y modernización post-occidental, los agudos observadores reconocerán de inmediato la estructura clásica de extracción imperialista, mediante la cual el capital transnacional desplaza comunidades y se apropia de recursos bajo la protección política y militar de Estados locales encargados de la represión violenta de la resistencia a la expulsión y la explotación.

El patrón es el mismo en toda América Latina. Los bancos chinos han otorgado más de $137 mil millones en préstamos para financiar proyectos de infraestructura, energía y minería. Un informe de 2022 de una coalición de grupos ambientalistas y de derechos humanos analizó 26 proyectos en Argentina, Brasil, Bolivia, México, Perú, y Venezuela. Encontró violaciones generalizadas de los derechos humanos, el desplazamiento de comunidades locales, devastación ambiental y conflictos violentos dondequiera que se realizaran inversiones chinas en minas y megaproyectos. Los defensores de las prácticas crediticias de China afirman que estos préstamos son diferentes de los que provienen de Occidente porque no imponen condiciones como lo hacen los prestamistas occidentales. Esto no es enteramente verdad. Pero incluso si lo fuera, ¿qué diferencia hace eso para los trabajadores, campesinos y comunidades indígenas que resisten la explotación, la represión y la destrucción ambiental asociadas con el capital chino en colaboración con inversionistas transnacionales de otros lugares y Estados capitalistas locales?

El punto no es que el capital chino sea peor o mejor que el capital originario de otros países. El capital es capital independiente de la identidad nacional o étnica de sus portadores. Sin embargo, cuando un Estado capitalista occidental y un Estado capitalista en el Sur Global cooperan para imponer megaproyectos a las comunidades locales o para facilitar el saqueo corporativo transnacional en la extracción o la industria, esta cooperación es condenada (correctamente) como explotación por parte del imperialismo y las clases dominantes locales. Cuando dos Estados capitalistas del Sur Global cooperan para los mismos megaproyectos y la explotación corporativa, esto se elogia como una “cooperación Sur-Sur” progresista y antiimperialista y “que trae desarrollo”.

Organizaciones como la Tricontinental, encabezada por Vijay Prashad, elogian a borbotones este papel chino en el antiguo Tercer Mundo como “mutuamente beneficioso”, “ayudando el desarrollo” y “ganador-ganador” para China y los países en los que invierten sus corporaciones. ¿Realmente debemos creer que los inversionistas chinos están expandiendo las zonas francas industriales y reubicando la producción industrial intensiva en mano de obra de China a zonas de salarios más bajos en Etiopia, Vietnam y otros lugares, ¿no para obtener ganancias sino para “ayudar a estos países a desarrollarse”? ¿No es ese el mismo discurso legitimador del Banco Mundial? Repitiendo el discurso legitimador de la elite china Partido-Estado, la Tricontinental también ha insistido en que “el ascenso pacífico del socialismo con particularidades chinas” proporciona una alternativa al imperialismo occidental. Bueno, lo hace. Pero no una alternativa al despojo y la explotación capitalista. El desarrollo capitalista no es un proceso neutral frente a los antagonismos de clase. Es por definición un proyecto de clase de la burguesía. El desarrollo capitalista, ya sea del Oeste o del Este, se trata de expandir las fronteras de la acumulación.

El Mal Uso de la Soberanía y la Solidaridad
La izquierda “antiimperialista” condena legítimamente la propaganda occidental, pero parece incapaz de denunciar o incluso reconocer la propaganda no occidental en todo el mundo, o peor aún, repite esa misma propaganda como cámara de eco.

Nicaragua proporciona un caso de manual. El régimen de Ortega ha demostrado ser hábil en el uso de un lenguaje que suena radical y una retórica antiimperialista para tocar una cuerda reflexiva de apoyo de apoyo entre la izquierda internacional. Ortega volvió al poder en 2007 a través de un pacto con la tradicional oligarquía de derecha del país, los exmiembros de la contrarrevolución armada y la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y las sectas evangélicas. Prometiendo respeto absoluto por la propiedad privada y libertad irrestricta para el capital, procedió a cogobernar hasta 2018 con la clase capitalista, otorgando al capital transnacional 10 años de exenciones fiscales, desregulación, libertad irrestricta para repatriar ganancias y represión de los trabajadores en huelga. El 96 porciento de la propiedad del país sigue en manos del sector privado. La dictadura ha reprimido toda la disidencia y ha cerrado más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018, esto en un país de apenas seis millones de habitantes, porque considera que cualquier vida cívica fuera de la propia es una amenaza.

Muchos progresistas pueden estar genuinamente confundidos debido al merecido apoyo que la revolución Sandinista de 1979-1990 recabó en todo el mundo y la historia de la despiadada intervención norteamericana contra el país. Esa revolución murió en 1990 y lo que llegó al poder en 2007 bajo Ortega fue todo menos revolución. Sin embargo, la izquierda “antiimperialista” ha optado por abrazar calurosamente la dictadura, justificada por los supuestos intentos de Estados Unidos de desestabilizar el régimen y en nombre de la “soberanía”. Pero la evidencia no respalda la afirmación de estos detractores de que Estados Unidos está impulsando un “cambio de régimen contrarrevolucionario” contra Ortega, a pesar retórica de ruido de sables de Washington.

Nicaragua no enfrenta sanciones comerciales o de inversión. Estados Unidos es el principal socio comercial del país (el comercio bilateral superó los $8,3 mil millones en 2022) y la inversión corporativa transnacional continúa llegando, al igual que los préstamos multilaterales al Banco Central. No hay intervención militar o paramilitar estadounidense. Sin embargo, ninguno de estos hechos ha impedido que la organización estadounidense Code Pink, entre otras, afirme que el de Ortega es un “gobierno socialista” bajo la presión de “sanciones devastadoras” y que enfrenta “violentos intentos de golpe de estado”.

Washington si emprende campañas de desestabilización en toda regla, no contra Ortega, sino contra Irán, Venezuela y otros países. Tales crímenes no tienen nada que ver que los intereses de las masas obreras y populares en estos países y deben ser condenados por vehemencia por cualquier izquierdista digno de ese nombre. Pero esto no absuelve a la izquierda del compromiso con el internacionalismo y la solidaridad con los imprimidos solo porque resistimos las pretensiones imperiales de Estados Unidos en todo el mundo. La izquierda “antiimperialista”, sin embargo, le dirá lo contrario. Preste atención a la advertencia de la periodista Caitlin Johnstone: si vives en un país occidental, “simplemente no es posible que prestes tu voz a la causa de los manifestantes en las naciones atacadas por el imperio sin facilitar las campañas de propaganda del imperio sobre esas protestas. O tienes una relación responsable con esta realizad o una irresponsable”. Es así de sencillo. ¡Proletarios de solo algunos países uníos!

Los “antiimperialistas” han vuelto a una concepción de soberanía, no del pueblo o de las clases trabajadoras, sino de los gobiernos en los países que defienden. Las luchas anticolonialistas y antiimperialistas del siglo XX defendieron la soberanía nacional, no estatal, frente a la injerencia de las potencias imperiales. Los Estados capitalistas usan este reclamo de soberanía como un “derecho” para explotar y oprimir dentro de las fronteras nacionales libres de injerencia externa. Nosotros la izquierda no tenemos reparos en “violar la soberanía nacional” para condenar los abusos de los derechos humanos por parte de los regímenes pro-occidentales, y tampoco deberíamos tenerlos en defensa de los derechos humanos en aquellos regímenes no favorecidos por Washington.

El internacionalismo proletario llama a las clases trabajadoras y oprimidos de un país a extender la solidaridad no a los Estados sino a las luchas de las clases trabajadoras y oprimidas de otros países. Los Estados merecen el apoyo de la izquierda en la medida –y sólo en la medida– que impulsan las luchas emancipatorias de las clases populares y trabajadoras, que impulsen, o se vean obligados a impulsar, políticas que favorezcan a estas clases. Los “antiimperialistas” confunden el Estado con la nación, el país, y el pueblo, generalmente careciendo de cualquier concepción teórica de estas categorías y avanzando en la orientación policía populista sobre la de clase. Nosotros en la izquierda, condenamos la invasión y ocupación estadounidense de Irak a principios de este siglo. Lo hicimos no porque apoyáramos al régimen de Saddam Hussein –solo un tonto podría haberlo hecho– sino porque nos solidarizamos con el pueblo iraquí y porque todo el proyecto imperial para el Medio Oriente equivalía a un ataque contra los pobres y los oprimidos en todas partes.

BRICS: Sustitución de la Contradicción Capital-Trabajo por una Contradicción Norte-Sur

Los “antiimperialistas” aplauden a los BRICS como un desafío del Sur al capitalismo global, una opción progresista, incluso antiimperialista, para la humanidad. Solo pueden hacer tal afirmación reduciendo el capitalismo y el imperialismo a la supremacía occidental en el sistema internacional. En el apogeo del colonialismo y sus secuelas inmediatas, las clases dominantes locales eran, en el mejor de los casos, antiimperialistas, pero no anticapitalistas. Su nacionalismo borró las divisiones de clase al proclamar una identidad de intereses entre los ciudadanos de un país en particular.

Este nacionalismo tuvo un aspecto progresista y, a veces, en la medida en que todos los miembros del país en cuestión estaban oprimidos por la dominación colonial, los sistemas de castas que impuso y la supresión de capital endógena. Los “antiimperialistas” de hoy se entusiasman por los BRICS como un “proyecto del Tercer Mundo” revivido, en palabras de Prashad, una nostalgia anticuada por ese momento anticolonial de mediados del siglo XX que oscurece las contradicciones de clase internas junto con la red de las relaciones de clase transnacionales en las que están enredados. Dos referencias bastarán para ilustrar cuán desconectado está ese pensamiento de la realidad del siglo XXI.

Hace varios años tue la oportunidad de dar una charla en Manila a un grupo de activistas revolucionarios filipinos. Una mujer presente, originaria de la India, se opuso a mi análisis del surgimiento de una clase capitalista transnacional que incorporó contingentes del antiguo Tercer Mundo. Me dijo que en la India “estamos luchando contra el imperialismo y por la liberación nacional”. Le pregunté qué quería decir con esto. Los capitalistas centrales estaban explotando a los trabajadore indios y transfiriendo el excedente a los países imperialistas siguiendo las líneas que analizó Lenin, respondió ella.

Fue pura coincidencia que en la misma semana de mi charla, el conglomerado corporativo global con sede en la India, Tata Group, que opera en más de 100 países en seis continentes, había adquirido una serie de íconos corporativos de su antiguo amo colonial británico, entre ellos, Land Rover, Jaguar, Tetley Tea, British Steel, y la cadena de supermercados Tesco, lo que convirtió a Tata en el mayor empleador del Reino Unido. Entonces, estos capitalistas con base en la India se habían convertido en los mayores explotadores individuales de los trabajadores británicos. ¡Según la propia lógica de esta mujer, el Reino Unido ahora era víctima del imperialismo indio!

Poco después de su primera toma de posesión, en 2003, y luego nuevamente en 2010 durante su segundo mandato presidencial, el presidente brasileño Lula cargó un avión del gobierno con ejecutivos corporativos brasileños y se dirigió a África. El séquito presidencial-corporativo presionó a Mozambique y otros países africanos para que se abrieran a la inversión en los abundantes recursos minerales del continente por parte de la corporación minera transnacional con sede en Brasil, Vale, que también opera en los seis continentes, bajo la retórica de la “solidaridad Sur-Sur”. No está claro qué había de antiimperialista, y mucho menos anticapitalista, en los safaris corporativos africanos de Lula y, por extensión, en la agenda de “cooperación Sur-Sur” que personifica, o porque la izquierda debería aplaudir la expansión del capital con sede en Brasil en África, capital con sede en China en América Latina, capital con sede en Rusia en Asia Central o capital con sede en India en el Reino Unido.

Podemos apoyar las políticas (ligeramente) redistributivas a nivel doméstico y la política exterior dinámica en el extranjero de gobiernos como el de Lula. Todos los Estados capitalistas no son iguales y es muy importante quién está en el gobierno. Pero un gobierno “progresista” no es necesariamente socialista ni tampoco necesariamente antiimperialista. Para los miopes, la expansión hacia el exterior del capital chino, indio o brasileño es vista como una especie de liberación del imperialismo. ¿Qué se puede hacer con la extraña afirmación del Geopolitical Economy Research Group (Grupo de Investigación de Economía Geopolítica) con sede en Canada y el International Manifesto Group (Grupo de Manifiesto Internacional) que patrocina, para quienes el compromiso ideológico triunfa sobre los hechos, de que los BRICS se encuentran “entre los éxitos más conocidos” en los esfuerzos por promover “desarrollo nacional e industrialización autónomos e igualitarios para romper las cadenas imperialistas”?

Si bien los BRICS no representan una alternativa al capitalismo global y la dominación del capital transnacional, sí señala el cambio hacia un sistema interestatal más multipolar y equilibrado dentro del orden capitalista global. Pero tal sistema interestatal multipolar sigue parte de un mundo capitalista global brutal y explotador en el que los capitalistas y Estados BRICS están tan comprometidos con el control y la explotación de las clases trabajadoras y populares globales como sus contrapartes del Norte. A medida que aumenta la membresía de los BRICS, los nuevos candidatos para unirse al bloque en 2023 incluyen Estados tan magníficamente “autónomos e igualitarios” que luchan contra las “cadenas imperialistas” como Arabia Saudita, Egipto, Baréin, Afganistán, Nigeria y Kazajstán.

Multipolaridad: El Nuevo Albatros
La invasión rusa de Ucrania en 2022 y la respuesta política, militar y económica radical de Occidente pueden señalar el golpe de gracias de un orden interestatal decadente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un capitalismo global cada vez más integrado es incompatible con un orden político internacional y una arquitectura financiera controlados por Estados Unidos y el Occidente, y con una economía global denominada exclusivamente en dólares. Estamos al comienzo de una reconfiguración radical de las alineaciones geopolíticas globales al ritmo de la creciente turbulencia económica y el caos político. Sin embargo, la crisis de hegemonía en el orden internacional tiene lugar dentro de esta economía global única e integrada. El pluralismo capitalista global emergente puede ofrecer un mayor margen de maniobra para las luchas populares en todo el mundo, pero un mundo políticamente multipolar no significa que los polos emergentes del capitalismo global sean menos explotadores u opresores que los centros establecidos.

Por el contrario, el Occidente establecido y los centros emergentes en este mundo policéntrico están convergiendo en turno a tropos de “Gran Potencia” notablemente similares, especialmente el nacionalismo jingoísta, a menudo étnica, y la nostalgia de una “civilización gloriosa” mitificada que ahora debe recuperarse. Las narrativas spenglerianas difieren de un país a otro según las historias y culturas particulares, a saber:

En China el hipernacionalismo se combina con la obediencia confuciana a la autoridad, la supremacía étnica Han y una nueva Gran Marcha para recuperar el estatus de gran potencia. Para Putin son los días de gloria de un imperio de la “Gran Rusia” anclado en Eurasia, políticamente respaldado por un conservadurismo patriarcal extremo que Putin llama “valores espirituales y morales tradicionales” que encarnan la “esencia espiritual de la nación rusa sobre el Occidente decadente”. En EEUU, es la bravuconería hiperimperial de una Pax Americana menguante, legitimada por la doctrina de “excepcionalismo estadounidense” y la grandilocuencia de la “democracia y la libertad”, en cuyo margen siempre ha estado la supremacía blanca, ahora encarnada en un movimiento fascista en ascenso como “teoría del reemplazo”. A estos podríamos agregar el panturquismo, el nacionalismo hindú y otras ideologías cuasi fascistas en este mundo policéntrico en ascenso. ¡Haz América Grande de Nuevo! ¡Haz China Grande de Nuevo! ¡Haz Rusia Grande de Nuevo!

Estados Unidos puede ser el mandamás y el criminal más peligroso entre los cárteles de Estados criminales que compiten entre sí. Debemos condenar a Washington por instigar una Nueva Guerra Fría y por empujar a Rusia a través de una expansión agresiva de la OTAN para que invada Ucrania. Sin embargo, la izquierda “antiimperialista” insiste en que hay un solo enemigo, Estados Unidos y sus aliados. Este es un cuento maniqueo del “Occidente y el resto”. Tal narrativa metafísica de Star Wars (Guerra de las Galaxias) sobre la lucha virtuosa contra el singular Imperio del Mal termina legitimando la invasión rusa de Ucrania. Y al igual que Star Wars, se vuelve difícil distinguir el balbuceo fantástico de un mundo de fantasía del balbuceo de la izquierda “antiimperialista”.

William I. Robinson. Distinguido Profesor de Sociología. Universidad de California en Santa Barbara.

Publicado en inglés en Los Angeles Review of Books (The Philosophical Salon)

Traducido por el Autor

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

jueves, 1 de junio de 2023

_- “Ser casero conlleva una responsabilidad social. Es algo que puede generar mucho sufrimiento a la gente”.

_- El periodista Sergio C. Fanjul desgrana en ‘La España invisible’ las causas de la pobreza y la desigualdad extremas en España y analiza el porqué del fin de la conciencia de clase obrera.

Ya cuando Sergio C. Fanjul (Oviedo, 42 años) era solo un niño que jugaba por las calles de su ciudad natal le resultaba especialmente incomprensible que hubiese gente pidiendo limosna. “¿Por qué unos tienen que hacer eso y otros no?”, se preguntaba. Ahora que, tras la pandemia, las cifras de gente en riesgo de exclusión grave en nuestro país son las más altas de Europa este periodista de EL PAÍS (licenciado en astrofísica) se ha propuesto contestar a aquella pregunta en La España invisible (Arpa), un ensayo en el que analiza las causas de la pobreza y desigualdad extremas. Y entre otras muchas cosas, con su trabajo ha descubierto por qué en su infancia aquella imagen le resultaba tan dolorosa: “A los niños la desigualdad no les parece lógica. La idea de la pobreza como algo inevitable se va legitimando a través de los años pero las personas nacen con resistencias naturales a estar contentas con eso”.

Pregunta. Ha hablado durante meses con gente que vive en la calle y con organizaciones que se dedican a ayudar y acoger a estas personas. ¿Qué ha aprendido de esa forma de vida que cree que todo el mundo debería saber?
Respuesta. Todo el mundo debería saber que vivir en la calle no es estar tirado a la bartola, tocándose las narices. Que, como me explicó Pedro Cabrera, uno de los sociólogos con más conocimiento sobre este tema en España, también hay que hacer méritos para vivir en la calle y que es muy complicado. Las personas sin hogar tienen que enfrentarse cada día, por ejemplo, a vivir sin un baño que no solo comporta que no te puedas asear ni tener cierta intimidad, sino que tampoco puedas hacer tus necesidades cuando quieras. Luego está el reto diario de “buscar el chupano”, que es encontrar un sitio ni muy oculto ni muy expuesto, para que no te molesten ni molestes pero a la vez que seas visible, para que si te atacan alguien lo vea y no te pase como a aquella señora a la que unos chicos quemaron en un cajero de Barcelona sin que nadie la socorriera.

P. Usted acaba de ser padre. ¿Se puede entrenar la empatía en los niños?
R. Yo tengo la sensación de que la paternidad en sí misma te hace más empático. Antes de ser padre me decían: “Cuando tengas un hijo, todos los niños serán el tuyo”. Y es un poco verdad. Ahora cada vez que veo a un niño desgraciado pienso: “Esa podría ser Candela”. Cuando ella nació mucha gente me preguntó si la iba criar en el barrio en el que vivía, Lavapiés, que aunque tiene una comunidad de padres muy unida no está especialmente diseñado para los niños; pero allí, cuando crezca, verá muchas realidades que no vería en otros sitios: para empezar, gente de otras culturas, de otros países y por otro lado, también problemas sociales como el sinhogarismo o la droga. Eso no me parece negativo. Al contrario. Tengo un amigo que es profesor en un colegio de élite y muchos de sus alumnos no han estado en contacto con personas pobres, personas sin hogar, ni siquiera con personas homosexuales. Creo que ahí está la clave de que a alguna gente le resulte tan complicado empatizar. Y por eso la segregación urbana también es un problema.

P. De hecho habla de cómo las ciudades ahora se diseñan para expulsar a los pobres. ¿Diría que Madrid es una ciudad con un urbanismo aporófobo?
R. Decididamente sí. En realidad es vecinófoba, porque no se lo pone fácil a ningún ciudadano que quiera sombra, agua, asientos, pocos ruidos, poca contaminación y por ende, es peor aún para las personas sin hogar, que son las que más se exponen a la arquitectura hostil: las superficies llenas de pinchos para que no te tumbes, las superficies inclinadas para lo mismo, los bancos antipobres, con brazos que impiden que se pueda dormir en ellos, y también el hostigamiento de la policía municipal, que es muy común. Es verdad que en las grandes ciudades hay comedores sociales y por tanto más oportunidades de conseguir alimento y por eso mucha gente pobre se junta en los centros urbanos.

P. ¿Y a esa línea de gestión aporófoba la llamaría simplemente “maldad”?
R. No creo que la gente que diseña las ciudades de esta forma lo haga pensando en dañar a los pobres. Simplemente, los pobres están fuera de la lógica del mercado y de la economía actual. No aportan, no compran ni venden. Las ciudades ahora no están pensadas para nuestro propio cuidado, sino para la producción y el consumo.

P. Cuenta usted en el libro que el proceso por el que alguna gente de la parte baja de la clase media se despeña hacia la pobreza y decide tirar la toalla se denomina “desafiliación”. ¿Cuáles son los puntos de inflexión que llevan a una persona a dejar de intentar estar en el sistema?
R. Está muy estudiado que para acabar en una situación de sinhogarismo y pobreza extrema tiene que haber una concatenación de causas. Por ejemplo, uno puede perder el trabajo pero si tiene una red familiar o una casa en propiedad, puede aguantar y no caer en la calle. Pero si de repente uno se divorcia, no tiene familia, es alcohólico y pierde el trabajo, entonces, no hay red. Pero mucho ojo, porque también hay gente pobre que tiene casa y esa es la que más me costó encontrar porque no vas a un centro de día y los encuentras ahí. Esos pobres no están en albergues, no están en la calle. Son tus vecinos o los vecinos de los barrios más pobres y hacen una vida supuestamente normal, pero se alimentan mal, no pueden pagar las facturas y acumulan todas esas pobrezas a las que se pone nombre, de la energética a la infantil, y que constituyen la pobreza en sí misma.

P. Tras la pandemia han aparecido los llamados “nuevos pobres”, gente que estaba en el extremo bajo de la clase media que ha acabado descarrilando silenciosamente.
R. Sí, y que es curioso, pero se examinan como si fueran mejores que los “pobres de siempre” porque son víctimas de una injusticia: estas eran gentes de bien, eran gente productiva, eran gente que tenía un negocio, no eran vagos ni maleantes, pero por la mala suerte de la macroeconomía, pues de repente se van a pique. Son vistos mejor que cualquier otro pobre que tenga adicciones o que esté en la calle tirado con una raigambre de años.

P. Dice usted en el libro que tener un trabajo ya no significa necesariamente no ser pobre.
R. El fenómeno de los trabajadores pobres ha sido común en Estados Unidos pero en España es nuevo. Gente que tiene varios empleos y aún así no le llega para vivir. Por el contrario, está toda esa gente rica que defiende que lo es por meritocracia. Me parece mucho más honesta la gente rica que dice “soy rentista y por eso tengo dinero”. No tengo un problema con ellos, sino con el sistema. Si alguien ha heredado muchos pisos, pues mejor para él. Eso sí, que le crujan a impuestos. Quien posee pisos, inmuebles o terrenos tiene una responsabilidad social. No es una cosa como otra cualquiera: son cosas que generan mucho sufrimiento en la vida de la gente y no pueden basarse solo en la rentabilidad.

P. ¿Y cómo se educa al casero en la empatía?
R. Pues como cuando me preguntabas por los niños, creo que de nuevo es una cuestión de visibilidad. En parte por eso yo escribí este libro, para que la gente vea que la gente sufre mucho por la ideología que domina el mundo. Es como el tema de la sociedad low cost [bajo coste]: siempre que algo es low cost se está pagando con el sufrimiento de alguien.

P. ¿No es ingenuo pensar que la conciencia de la desgracia ajena despierta conciencias? La gente sigue pidiendo a Glovo, a pesar de que todo el mundo conoce la terrible precariedad de sus trabajadores.
R. Es muy curioso porque el CEO del Glovo es un chico con una pinta adorable. Antes los empresarios se presentaban con una chistera y un puro, parecían seres malvados. Ahora son chavales muy jóvenes, con pinta muy amable, a los que ves incapaces de hacer algo malo. Se produce una enorme disonancia cognitiva entre su imagen y el sufrimiento que crean.

P. En dos décadas en España la cantidad de gente que se considera de clase obrera ha pasado del 50 al 16 por ciento. ¿Por qué cree que ha pasado eso?
R. La clase obrera ha dejado de ser algo deseable. Nunca lo fue, pero antes había un orgullo de pertenecer a ella: aunque fuera la clase más desfavorecida, estaba preñada del futuro. Iba a hacer la revolución, se organizaba, tenía sus formas de resistencia, sus redes sociales, sus sindicatos, sus economatos, sus barrios. Al desaparecer ese orgullo, ya no tiene ese poder transformador, ya no es algo de lo que puedas estar orgulloso. Ahora, gracias a la cultura del esfuerzo y el emprendimiento, la gente en vez de pensar “soy clase obrera y estoy orgulloso”, piensa: “Soy pobre, pero algún día podré avanzar”. Estamos en un régimen de trabajo posfordista donde ya no hay grandes factorías y el trabajo se ha atomizado en pequeñas empresas, en autónomos. Cada uno va a lo suyo y los sindicatos están muy preocupados porque se han perdido esos lazos.

P. ¿Quizá sea un pensamiento anticuado por parte de los sindicatos? Hay minorías muy oprimidas que han conseguido unirse gracias a lo remoto y a las redes sociales.
R. No creo que sea imposible lograr una nueva organización a través de las redes sociales, de Internet o de las videollamadas. El fin de la conciencia de clase no solo tiene que ver con el fin de los grandes centros de trabajo, sino también con la ideología imperante.

P. ¿Y es necesario tener conciencia de clase para acabar con la pobreza?
R. Las nuevas luchas para acabar con las injusticias no tienen que pasar necesariamente por tener conciencia de clase obrera pero sí por la conciencia de los problemas.

sábado, 13 de mayo de 2023

La desigualdad lo corroe todo

Javier Pérez Royo

O hay una rectificación política del proceso de distribución de la riqueza dominado por la acumulación del capital, o simplemente veremos cómo las democracias se van descomponiendo una tras otra

— La desigualdad desciende a mínimos en 14 años y recupera niveles previos al mazazo de la crisis financiera.

Joaquín Estefanía tituló el domingo 30 de abril su tribuna habitual en El País, “Piketty convenció, pero no venció”. El título es sobradamente elocuente. El impacto de la publicación de “El Capital del siglo XXI”, seguido de “Capital e ideología. La economía de las desigualdades. Una breve historia de la igualdad” fue enorme en el terreno del debate intelectual, pero apenas afectó a la toma de decisiones políticas. La tendencia hacia el aumento del desequilibrio en la distribución de la riqueza no se ha visto afectada en los diez años transcurridos desde la publicación del primero de los dos libros de Piketty.

Coincido con el análisis de Estefanía salvo en un punto, en el que, si nos sentáramos a hablar, es más que probable que estuviéramos también de acuerdo. El punto de desacuerdo es su afirmación de que “la desigualdad no es consecuencia de leyes inexorables de la economía, sino de decisiones políticas y estratégicas”.

La desigualdad es una consecuencia inexorable del capital como principio de constitución económica de la sociedad contemporánea. Toda sociedad que descansa en el capital genera inexorablemente desigualdad y desigualdad creciente, ya que la plusvalía para la nueva obtención de plusvalía es la ley que rige de manera inexorable el proceso de acumulación del capital.

Dicho proceso de acumulación es la forma de manifestación de la ley del más fuerte en el modo de producción capitalista. Es una ley que en democracia está sometida siempre al control de decisiones políticas y de normas jurídicas por los órganos constitucionales habilitados para ello. La ley del más fuerte no se expresa nunca en estado puro, es decir, no está nunca exenta de un control de naturaleza político-jurídica.

Ahora bien, ese control puede ser un control proclive a acelerar el proceso de acumulación o un control tendente a reducir el resultado de dicho proceso. La ley del más fuerte no puede ser suprimida. La sociedad en que esto ocurriera entraría en un proceso de descomposición. Lo que sí se puede hacer es poner límites al ejercicio de esa ley mediante normas jurídicas resultantes de decisiones políticas democráticamente alcanzadas.

De hecho, es lo que ocurrió desde la década de los treinta del siglo pasado en los Estados Unidos y en los estados democráticamente constituidos en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

Desde finales de los años setenta del siglo pasado a esa política de limitar la progresión acelerada del proceso de acumulación y de redistribución de la riqueza se pondría fin de manera paulatina pero continuada. El proceso de acumulación del capital se vería favorecido por nuevas normas jurídicas también aprobadas democráticamente. Ello conduciría a un desequilibrio gigantesco que no para de aumentar.

Estamos llegando ya al momento en que ese desequilibrio brutal afecta no solo a los ciudadanos o ciudadanas de manera individualizada, sino que afecta a la democracia como forma política. Si el principio de igualdad en el que descansa la democracia deja de tener credibilidad como fórmula de gestión de las diferencias personales en lo que a la distribución de la riqueza se refiere, es la propia democracia como forma política la que deja de ser creíble.

La desigualdad resultante de un principio de acumulación del capital sin límites aprobados democráticamente es sencillamente insoportable. Se extiende a la esperanza de vida, a la educación, a la vivienda… La desigualdad lo corroe todo. El sentido de pertenencia a una misma comunidad desaparece. El libre desarrollo de la personalidad que es el corolario del principio de igualdad se convierte en un espejismo, que se desvanece al entrar en contacto con la realidad.

Este va a ser el debate de los próximos decenios. O hay una rectificación política del proceso de distribución de la riqueza dominado por la acumulación del capital, o simplemente veremos cómo las democracias se van descomponiendo una tras otra.

martes, 18 de abril de 2023

_- Thomas Piketty, azote de los ricos. Una década de verdades incómodas y pocos avances.

_- ‘El Capital en el Siglo XXI’, de Thomas Piketty, cumple 10 años. Pese a su enorme influencia intelectual y académica, una década después, la desigualdad sigue aumentando y el debate sobre la fiscalidad global continúa más abierto que nunca.


The poor stay poor, the rich get rich
That’s how it goes, everybody knows

Leonard Cohen

Hace exactamente diez años se publicaba en su versión en français lo que podríamos denominar como la biblia de la izquierda posmoderna: El Capital en el Siglo XXI, del por aquel entonces no tan conocido y hoy economista estrella, Thomas Piketty.

Para aquellos que habéis vivido debajo de una piedra, o mejor dicho, habéis podido disfrutar tranquilamente de la última década, dejadme que os resuma. Mr Piketty, haciendo un claro guiño a Mr. Marx (Karl) argumenta que el sistema capitalista tal y como está construido sólo puede dar lugar a un aumento constante de la desigualdad. Un alegato que claramente no fue comprado por las grandes fortunas mundiales.

Ochocientas dieciséis páginas de análisis económico y político que podemos resumir en una sola fórmula: r > g. Cuando el retorno de las inversiones en capital son mucho más rentables que los retornos del trabajo (durante un espacio de tiempo considerable) el capitalismo desencadena automática y perversamente un aumento espeluznante de la desigualdad. Y ello, a la postre, desincentiva la pocas ganas de trabajar que nos quedaban. ¿Les suena la gran dimisión?

En otras palabras: que dejes de hacer el idiota y te compres un piso en Chueca con la herencia de tu abuela (si es que eres de los afortunados que tienes abuela con piso) antes de ponerte a estudiar en ICADE. Trabajar está sobrevalorado y no da para mucho. Pero ser un hipster con piso propio que alquila a guiris en airbnb por un pastizal es una manera óptima de comprender el capitalismo. Aunque uno siempre haya sido de izquierdas. Y proclame que lo sigue siendo.

La cuestión es que desde su publicación en 2013 Mr Pikkety ha inundado no sólo las librerías, sino el discurso de la izquierda global. Y lo ha hecho en particular con una frase: Tax the Rich. Es tentador pensar que sólo ha sido un fenómeno fan entre estudiantes de economía y ciencia política, pero ha conseguido conquistar el discurso mainstream, llegando nada más y nada menos que a la Met Gala de la mano de Alexandra Ocasio-Cortez, la congresista más joven (y cool) de la historia de Estados Unidos.

Grosso modo, la propuesta consiste en imponer una tasa a la riqueza de los mega-ricos con el fin de recaudar y redistribuir esos millones entre el llamado precariado (otro concepto de moda entre la izquierda). Esta idea ya se ha traducido en propuestas concretas en España. Tras Yolanda Díaz, única invitada a la puesta de largo española del economista francés, Teresa Ribera ha sido una de las últimas en unirse a la ola Pikettiana sugiriendo una tasa climática a los más ricos para contribuir a los costes derivados de la lucha contra el desastre climático. La factura promete ser tan colosal como el desafío a costear.

Más allá del brillo intelectual de algunas de estas ideas y del buen estilo literario del autor (algo raro entre economistas), la pregunta relevante quizá sea: ¿Hemos aprendido algo o sólo hemos conseguido engordar, paradójicamente, la cuenta corriente y el ego de Monsieur Piketty? Aquí van unas reflexiones de una fan declarada y, a la postre, acaso poco agradecida.

Todos sabemos que a partir de septiembre del 2008 la desigualdad comenzó a escalar hacia niveles históricos y obscenos (y algunos aún no nos hemos recuperado, económica ni democráticamente). No hace falta acudir a ningún gráfico. Si tomamos el año 2013 como base y el índice Gini como referencia que mide de 0 a 1 cómo de desiguales son las sociedades (siendo el 0 el ideal de igualdad en riqueza) vemos que desde la publicación del aclamado libro no mucho ha cambiado sustancialmente. Al menos no a mejor.

Los niveles de desigualdad se encuentran hoy mundialmente cerca del 0,85 (en España 0,71), un nivel que se ha mantenido más o menos constante desde que vio la luz el bestseller que nos ocupa. A pesar de que la desigualdad no ha aumentado de forma estrepitosa (aunque sea escandalosa), eso no quiere decir que podamos abrir el champagne. Ni mucho menos, lo que esta tendencia refleja es algo muy triste: nos sigue resbalando la desigualdad.

Por supuesto, hay muchos factores que han hecho que esta desigualdad mantenga cifras espeluznantes, entre los que se encuentran la presidencia de Donald Trump, una pandemia, el desvarío de Putin y un mundial de fútbol en Catar. Son numerosos los gobiernos, políticos e influencers que han intentado aportar al debate con desigual suerte. Sin embargo, no hemos dado ni con la tecla ni con la fórmula. De hecho, diría que al revés, la hemos cagado bastante.

¿Estoy loca? Sin duda, pero:
Según el último informe de Tax Justice, se pierden más de 400.000 millones de euros al año en paraísos fiscales. O, lo que es lo mismo, el doble del PIB de Ucrania en 2021 antes de ser invadida; o el patrimonio familiar hipotético si Elon Musk y Jeff Bezos decidieran darse el sí quiero. Da que pensar. En España, los tax havens se llevan un 0,5% de nuestro PIB. No hace falta decir que hecha la norma, hecha la trampa. Parece poco apropiado decir que el discurso victimista y señalador hacia los ricos haya funcionado. Pregunta: ¿ha funcionado alguna vez demonizar a los ricos sin legitimar gobiernos decepcionantes en el nombre del pueblo? Está claro que la jugada no está siendo la ganadora, principalmente por tres razones:

Una. Nadie ha tenido la valentía (ni creo que la tenga) de impulsar y capitanear las negociaciones para establecer una tratado internacional (más allá de la UE) que establezca las bases del impuesto global sobre el patrimonio que Piketty plantea. En este sentido, su propuesta aunque loable, resulta obviamente idealista y peligrosamente contraproducente.

Dos. Lo que es un poco ridículo (e ingenuo) es querer imponer una tasa a los más ricos (y que estos la paguen alegremente) con un discurso que los criminaliza y los hace sentir como los villanos de una película (en la bastantes de ellos a menudo lo sean). Qué queréis que os diga. A nadie le gusta que le quiten pasta de su cuenta bancaria por muy capitalista, socialista o comunista que seas. Y por supuesto, esto a los mega-ricos que creen firmemente que su posición social no es cuestión de azar sino de mucho esfuerzo y sudor, les gusta aún menos.

Y tres. No hay nada de lo que disfrute más el top 1% que una cuenta de resultados positiva para seguir invirtiendo pasta. Y la cuenta de resultados del sistema redistributivo español deja mucho que desear. Según datos de 2020 del Observatorio social de La Caixa, la capacidad redistributiva del sistema de impuestos y transferencias español está entre las más bajas de la Unión Europea, con una reducción de 0,194 en el índice de Gini, algo que advirtieron ya en 2013 desde FUNCAS. La cosa es que si queremos convencer a los ricos (o realmente a cualquiera) de pagar impuestos, empecemos por ajustar y mejorar el sistema. Es hora de dejar de echar balones fuera y mirarnos un poco en el espejo.

Habiendo dicho todo esto, no es que no haya que imponer un impuesto a la riqueza del top ya sea el 1%, 5% o 10%. Ni mucho menos. Como una discípula (o groupie) más del economista francés, creo que no estamos entendiendo bien el problema de fondo que Mr Piketty plantea. Nuestro sistema económico está incentivando acumular capital en vez de promover el trabajo. Algo más que cobrarle a los ricos hay que hacer.

El problema principal, como yo lo veo, reside en que en una sociedad cansada, víctima del burnout y con trabajos miserables, el riesgo de fomentar esta contra-cultura demonizadora de la acumulación de capital es más delicado (y peligroso) que nunca. Una población que prefiere invertir el poco dinero que le queda en la cuenta bancaria en una casa de apuestas porque el trabajo ya no dignifica mínimamente la vida. Este es el problema. Si currar es de losers todo el castillo de naipes de la meritocracia se hunde.

Creo firmemente que si de verdad queremos conseguir luchar contra la desigualdad colectivamente, ya es hora de cambiar la narrativa, el discurso y la demagogia. Lo que no podemos pretender es hacer creer a la ciudadanía que con una tasa a los más ricos el problema se termina. Por supuesto que necesitamos un sistema fiscal más equitativo de lo que tenemos ahora, pero no pretendamos convencernos de que estamos así de mal sólo porque se nos fugan millones a paraísos fiscales. La cosa va mucho más allá de eso.

Para terminar ya, no podemos olvidar que la desigualdad se erradica si empezamos desde la cuna. Todo lo demás son parches. Por lo tanto, lo que es realmente necesario es implantar medidas pre-distributivas (que por lo general son más seductoras para todos los públicos) que estrechen aquellas fracturas antes de que perpetúen las brechas entre clases y entre generaciones. Por ejemplo, deberíamos empezar por una sanidad y una educación de calidad que ayude a no tener ciudadanos de primera y de segunda nada más nacer. Mi hija de dos meses fue a vacunarse la semana pasada y una vacuna que neutraliza las infecciones gastrointestinales (voluntaria claro, pero muy recomendable según el pediatra) cuesta 96 euros. Mi hija no tendrá tantos dolores de tripa como algún otro bebé a quién no puedan pagársela. A partir de ahí, comienza la condena de demasiados. Por supuesto, es fundamental un sistema fiscal que dote al Estado de capacidad de acción. Pero, por favor, dejemos de pensar que todos los políticos y las políticas son iguales.

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. O eso dicen. Lo más inteligente sería dar un volantazo a la estrategia y, sobre todo, a la mentalidad proletaria y cuasi-revolucionaria que lleva con indisimulado orgullo desde hace mucho tiempo la izquierda. ¿Cómo hacerlo? Sinceridad, profesionalidad, desmitificación, abandonando dogmatismos, afrontando contradicciones y creando país. Y educando en todo, con todos, a todos. A ver si para el 20 aniversario puedo escribir otra cosa.

* Elsa Arnaiz Chico es burgalesa, graduada en Derecho y Relaciones Internacionales por la IE University y máster en Big Data por la IE Business School. Presidenta de Talento para el Futuro, el primer ‘lobby’ que trabaja para que la juventud tenga un futuro, preferiblemente mejor.

domingo, 16 de abril de 2023

_- PRECARIEDAD. Joan Benach: “Una economía que necesita personas precarias dopadas con cafeína y ansiolíticos no es sana” Es el coordinador del equipo de expertos del Ministerio de Trabajo que ha estudiado la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad, una “pandemia tóxica”

_- Es el coordinador del equipo de expertos del Ministerio de Trabajo que ha estudiado la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad, una “pandemia tóxica”.

Joan Benach (Barcelona, 65 años), doctor en Salud Pública por The Johns Hopkins University y catedrático de Sociología en la Universitat Pompeu Fabra, ha coordinado la elaboración del informe Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas, un encargo del Ministerio de Trabajo. Este estudio calcula que un tercio de los problemas de salud mental en la población activa son atribuibles a las jornadas interminables, los bajos salarios y tantos otros determinantes de la precariedad. “Cambiar la realidad no solo requiere hacer visibles los problemas y comprender sus causas, sino, sobre todo, disponer del poder político necesario para actuar y evitar la pandemia tóxica que hoy representa la precariedad laboral y social”, dice en una entrevista con este periódico a través de correo electrónico.

Pregunta. España es un país con salarios por debajo de la media europea, con una tasa de temporalidad en la franja superior, con una proporción de desempleo altísima y la más elevada entre los jóvenes, trabajamos más horas que la media de la OCDE y distribuidas de forma más expandida a lo largo del día. ¿Su estudio ha encontrado una relación causal entre estas variables y la alta prevalencia de problemas de salud mental?
Respuesta. Contrariamente a lo que se suele creer, la precariedad laboral no solo tiene que ver con el tipo de contrato o el salario, sino que es un fenómeno multidimensional. Además de la estabilidad y seguridad, es imprescindible tener en cuenta la escasez de derechos, el escaso poder de negociación, o la vulnerabilidad, indefensión y discriminación que se padece cuando se trabaja. El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio.

P. ¿Qué ha aprendido sobre la relación de precariedad y salud mental que no supiera antes de la elaboración de este estudio? ¿Cuáles son los aspectos más originales?
R. El estudio, que próximamente será publicado de forma más extensa como libro, es original por dos razones principales. En primer lugar, porque es la primera vez en el mundo que un Gobierno encarga un estudio sobre dos temas de tanta importancia social como son la precariedad laboral y la salud mental. Y segundo, porque, para comprender temas tan complejos, hemos hecho un trabajo transdisciplinar integrando el mejor conocimiento disponible de la sociología, derecho del trabajo, epidemiología, psicología y salud pública, entre otras disciplinas. Mediante una visión crítica, hemos logrado obtener una síntesis nueva y plantear propuestas políticas que van mucho más allá de la visión limitada y fragmentaria de cada disciplina.

P. Una de las conclusiones más contundentes es que un tercio de los casos de depresión en la población activa en 2020 son atribuibles a la precariedad. ¿Le sorprendió este resultado?
R. No. Hace años mostramos que el impacto sobre la salud mental era más del doble en los trabajadores precarizados, siendo los más afectados la clase trabajadora, migrantes, jóvenes y mujeres. Pero es esencial comprender mejor las causas y el impacto global de la precariedad sobre nuestras vidas. Es lamentable que aún no dispongamos de un sistema de información e investigación adecuado para medir integralmente la precariedad, con indicadores válidos y comparables. En la sociedad actual no basta con medir el desempleo y la temporalidad, hay que medir todas las dimensiones de la precariedad laboral y social y conocer todos sus efectos en la salud y calidad de vida.

P. ¿Qué reacción le genera la frase “no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato”, que tanto se ha popularizado últimamente? ¿Qué es más importante para que mejore la salud mental de los españoles: una caída en los índices de precariedad o un refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en la sanidad pública?
R. Tratar de eliminar la precariedad laboral a la vez que atender a las personas que sufren trastornos de salud mental derivados de su situación laboral deben ser objetivos complementarios. Hay que prevenir y hay que curar y cuidar: ambas cosas son imprescindibles. Ahora bien, el precarizado y excesivamente medicalizado sistema de salud mental no puede evitar el sufrimiento de muchas personas que a menudo se autoculpabilizan de sus dolencias. La precariedad laboral es un problema social causado por tener relaciones de empleo y trabajo nocivas. Por tanto, las soluciones sobre la precariedad y el sistema de salud, deben ser políticas. Eso significa que hay que politizar el sufrimiento generado por la precariedad.

Más que aumentar el número de profesionales, que también es necesario, lo que necesitamos es desarrollar una salud mental comunitaria donde casi todo está por hacer”

P. Intentando ser más concreto, ¿haría más por la salud mental de los españoles una reducción de entre cinco u ocho horas de la jornada semanal, como plantean en su estudio, o que se triplique el número de psicólogos y psiquiatras de la sanidad pública, hasta situarnos en la media europea?
R. El informe propone numerosas recomendaciones, así como la necesidad de abrir debates sociales tan importantes como el trabajo garantizado, la renta básica universal, la democratización de las empresas o el tiempo de trabajo. Acortar las jornadas laborales y reducir la precariedad podría tener un impacto muy positivo. Permitiría reducir el desempleo, racionalizar horarios, el estudio y la vida familiar, así como aumentar las relaciones sociales y la participación política. Al mismo tiempo, mejoraría el descanso, la salud y la calidad de vida. En relación con la atención, más que aumentar el número de profesionales, que también es necesario, lo que necesitamos es desarrollar una salud mental comunitaria donde casi todo está por hacer. Un sistema público, no precarizado y no medicalizado, cuyo centro de gravedad sean la atención primaria y los determinantes sociales, y que trabaje en estrecha coordinación con los sistemas de protección social.

P. España es el país con mayor consumo de ansiolíticos por habitante. ¿En qué medida depende la economía española, o al menos su mercado de trabajo, de una fuerza laboral que realmente no está en condiciones reales de trabajar de forma saludable?
R. Medicalizar los trastornos de salud mental derivados de la precariedad laboral tratando de solucionar problemas a base de consumir medicamentos no es una solución adecuada. Primero, porque no va a la raíz del problema, lo que significa que en el mejor de los casos la medicación trata síntomas y no causas. Segundo, porque la utilización masiva de medicamentos genera dependencia y iatrogenia, es decir, efectos secundarios que dañan la salud; y tercero, porque aumenta la aceptación de una realidad social intolerable. Eso se ve claro con un fenómeno insuficientemente estudiado como es el presentismo laboral, es decir, el tener que ir a trabajar incluso estando enfermos. Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar no es una sociedad sana.

P. ¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza, como apuntan desde algunos sectores, que esta prevalencia tan alta de los problemas de salud mental y de consumo de ansiolíticos puede no deberse a la precariedad, sino a que en España los trabajadores sean más vagos o más frágiles que en otros países?
R. Toda la evidencia científica nacional e internacional muestra que la precariedad laboral es un determinante social de la salud. Eso comporta sobre todo dos cosas: a mayor precariedad laboral, peor salud mental; y que esta produce desigualdades entre grupos sociales, donde la clase trabajadora, mujeres, migrantes y jóvenes son los más afectados, además de colectivos olvidados como los trabajadores culturales, las personas con diversidad funcional, las personas trans, entre otros. Ello indica que no estamos ante un problema individual sino ante un fenómeno social y colectivo que requiere de la acción política para ser eliminado. Una visión individual del fenómeno no permite entender sus causas estructurales, además de que culpabiliza a las personas de su sufrimiento y salud.

P. ¿En qué sectores cree que los trabajadores sufren más problemas de salud mental?
R. La reciente pandemia puede ayudar a ilustrar la situación. Con la covid-19 se habló mucho, casi siempre retóricamente, de la importancia de trabajadores y trabajadoras esenciales. Colectivos que trabajan en sectores como la salud, educación, cuidados, alimentación, transporte, cultura o comunicación, entre otros, con enfermeras, cajeras de supermercado, camareros, educadoras, transportistas, limpiadoras, cuidadoras de niños o ancianos, trabajadoras de servicios sociales, periodistas y artistas, entre otros muchos trabajos. Trabajos que son esenciales, pero que están insuficientemente valorados y mal pagados, y que lleva a cabo la clase trabajadora o una clase media proletarizada, donde predominan muchas mujeres y migrantes.

Aunque los estudios son aún limitados, quienes trabajan en las plataformas digitales presentan elevados niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad y depresión”

P. ¿Qué papel cree que juegan plataformas como Uber y Glovo, que mantienen relaciones por cuenta ajena con sus empleados, aunque en la práctica sean laborales, en este debate?
R. La economía de las plataformas digitales ilustra muy bien la preocupante realidad de la precariedad laboral. Quienes trabajan allí se ven sometidos a salarios exiguos, una disciplina constante, pero invisible, horarios laborales irregulares, largas jornadas y frecuentes episodios de discriminación. Aunque los estudios son aún limitados, quienes trabajan en las plataformas digitales presentan elevados niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.

P. ¿Cree que la prevalencia de los problemas de salud mental de los trabajadores españoles va a empeorar o a mejorar en los próximos años?
R. La precariedad no es un destino inexorable ni una maldición histórica. Como todo problema social, todo dependerá de las políticas que se lleven a cabo. En el informe señalamos un gran número de intervenciones basadas en el mejor conocimiento disponible, pero cambiar la realidad no solo requiere hacer visibles los problemas y comprender sus causas, sino, sobre todo, disponer del poder político necesario para actuar y evitar la pandemia tóxica que hoy representa la precariedad laboral y social. No debemos aceptar tener que trabajar para poder existir, sino reclamar poder trabajar y vivir dignamente en un entorno habitable y con buena salud. Como señala la periodista filipina y premio nobel Maria Ressa, la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a hacer y sacrificar para lograrlo

viernes, 24 de febrero de 2023

Estados Unidos y su rol en el golpe de Estado en Perú

Estados Unidos legitimó rápidamente el golpe de Estado de la semana pasada contra el presidente Pedro Castillo, culminación de los intentos de Fujimori de desestabilizar su gobierno.

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo se sentó a trabajar en su despacho, durante el que sería su último día como presidente de Perú. Sus abogados revisaban los documentos que mostraban que Castillo triunfaría sobre una moción en el Congreso para destituirlo. Iba a ser la tercera vez que Castillo se enfrentaba a una impugnación del Congreso, pero sus abogados y asesores – entre ellos el ex primer ministro Aníbal Torres – le decían que tenía ventaja sobre el Congreso en las encuestas de opinión (su índice de aprobación había subido al 31%, mientras que el del Congreso apenas rondaba el 10%).

Desde hacía un año, Castillo estaba sometido a una enorme presión por parte de una oligarquía que no veía con buenos ojos a este antiguo profesor. Sorpresivamente, el 7 de diciembre anunció a la prensa que iba a “disolver temporalmente el Congreso” y a “establecer un Gobierno excepcional de emergencia”. Esta medida selló su destino. Castillo y su familia corrieron hacia la Embajada de México, pero fueron detenidos por los militares en la Avenida España, antes de que pudieran llegar a su destino.

¿Por qué Pedro Castillo dio el paso fatal de intentar disolver el Congreso cuando estaba claro para sus asesores –como Luis Alberto Mendieta– que se impondría en la votación de la tarde?

La presión pudo con Castillo, a pesar de la evidencia. Desde su elección en julio de 2021, su oponente en las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, y sus asociados han tratado de bloquear su ascenso a la presidencia. Ella trabajó con hombres que tienen estrechos vínculos con el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. Un miembro del equipo de Fujimori, Fernando Rospigliosi, por ejemplo, había intentado en 2005 implicar a la embajada estadounidense en Lima contra Ollanta Humala, quién se presentó en las elecciones presidenciales peruanas de 2006. Vladimiro Montesinos, ex agente de la CIA que cumple condena en una prisión de Perú, envió mensajes a Pedro Rejas, ex comandante del ejército peruano, para que fuera “a la embajada de los Estados Unidos y hablara con el oficial de inteligencia de la embajada”, para intentar influir en las elecciones presidenciales peruanas de 2021. Justo antes de las elecciones, EE. UU. envió a una ex agente de la CIA, Lisa Kenna, como embajadora en Lima. Se reunió con el ministro de Defensa de Perú, Gustavo Bobbio, el 6 de diciembre y al día siguiente envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso (el 8 de diciembre, tras la destitución de Castillo, el Gobierno estadounidense – a través de la embajadora Kenna – reconoció al nuevo Gobierno de Perú).

Una figura clave en la campaña de presión parece haber sido Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asistencia y Asesoramiento Militar (MAAG), que funciona efectivamente como agregado de Defensa de los Estados Unidos. Se dice que funcionarios como Alvarado, que están en estrecho contacto con los generales militares peruanos, les dieron luz verde para actuar contra Castillo. También es sabido que la última llamada telefónica que Castillo tomó antes de abandonar el palacio presidencial provino de la Embajada de los Estados Unidos. Es probable que le advirtieran que huyera a la embajada de una potencia amiga, lo que le haría parecer débil.

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power (con Noam Chomsky).

José Carlos Llerena Robles es educador popular, miembro de la organización peruana La Junta y representante del capítulo peruano de Alba Movimientos.

Fuente: https://alborada.net/castillo-coup-washington-embassy-fujimori/