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martes, 5 de marzo de 2019

_- Esclavitud moderna, el crimen organizado en su máxima expresión

_- Este artículo forma parte de una serie sobre trata y tráfico de personas, que cuenta con el respaldo de Riana Group.


NACIONES UNIDAS, 26 feb 2019 (IPS) - Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud en el mundo, entre ellas 25 millones realizando trabajos forzosos y 15 millones en matrimonios forzados, 71 por ciento de las cuales son mujeres y niñas, concluyó un exhaustivo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y la situación podría haber empeorado desde que se publicó “Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna”, en 2017, realizado en colaboración con la Fundación Walk Free.

La Red Safe Haven, con sede en Chicago, calificó la trata de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”.

En la actualidad, la esclavitud y la discriminación racial son dos lados de la misma moneda en Estados Unidos, donde el racismo se hizo más visible bajo la bandera nacionalista de la “supremacía blanca”, resurgida con el demagógico gobierno de Donald Trump.

A pesar de estar prohibida en todas partes del mundo, la esclavitud adoptó nuevas formas como la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento de niños soldados, el matrimonio precoz, la servidumbre doméstica, tanto en el Sur como en el Norte global.

Los trabajadores migrantes, ya sea en plantaciones de naranja en Italia o en la construcción, en Qatar, están en riesgo, puntualizó Karolin Seitz, oficial de programa para responsabilidad corporativa y derechos humanos de Global Policy Forum, con sede en Bonn, en diálogo con IPS.

La experiencia muestra que los compromisos voluntarios de las compañías trasnacionales no son suficientes, puntualizó.

No alcanza porque países como Gran Bretaña, con su Ley contra la Esclavitud, Australia, con su Ley sobre la Esclavitud Moderna, o Francia con su Ley de Vigilancia, llegaron a la conclusión de que solo funcionan las normas vinculantes.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de los refugiados y migrantes en Europa concluyó que los trabajadores migrantes tienen más probabilidades de trabajar una cantidad excesiva de horas en empleos riesgosos y sin las medidas de seguridad adecuadas y sin quejarse.

Las víctimas de trata o tráfico quedan fuera del radar de las autoridades y no tienen acceso a la justicia, observó Seitz.

Según ella, para eliminar las ventajas competitivas que ofrece la esclavitud moderna, la trata de personas y la contaminación ambiental, los mecanismos de derechos humanos necesarios deben ir más allá de los límites fronterizos, opinó Seitz.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, en inglés), Sharan Burrow, dijo a IPS que la desigualdad y la esclavitud moderna van de la mano para millones de personas. Pero es posible terminar con esta última.

“La esclavitud moderna está en todas partes, desde el kafala (sistema en que trabajadores migrantes tienen un patrocinador local, responsable de su visa y su estado legal) en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pasando por las haciendas de Paraguay y la pesca en Tailandia y Filipinas, hasta la agricultura en Italia”, observó.

“Es una cuestión de voluntad política generar los cambios legales y garantizar la libertad de asociación, que derivará de exponer el escándalo y de las campañas de trabajadores, consumidores y sindicatos. Los gobiernos deben ejercer presión sobre las corporaciones, la gente lo reclama”, añadió.

La directora de la oficina en Medio Oriente y África del norte de Igualdad Ya, Dima Dabbous, dijo a IPS que la OIT estima que hay 1,6 millones de mujeres migrantes en la región viviendo bajo el kafala.

En los países del Golfo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación vulnerable pues trabajan en el ámbito doméstico, sujetas a un empleador sin poder renunciar ni cambiar de empleo ni irse del país sin el consentimiento de su patrocinador, el que las puede amenazar con deportarlas en caso de que protesten por las condiciones laborales, precisó.

En esas condiciones, abusos como restricción de movimiento, retención del pago y agresión física y sexual son moneda corriente. Y en casos extremos, causaron la muerte de alguna mujer, indicó Dabbous, exdirectora del Instituto de Estudios de Mujeres en el Mundo Árabe.

En Líbano se lograron ciertas mejoras en el tipo de contratos que regulan el trabajo de mujeres migrantes que realizan tareas domésticas, como descanso semanal, el pago en fecha del salario y que las que sufren abusos recurran a las autoridades.

Pero no se logró un gran cambio porque los contratos no están escritos en una lengua que hablen las empleadas migrantes ni las autoridades velan por su cumplimiento.

“Los empleadores les siguieron confiscando los pasaportes, todavía no tienen un día de descanso semanal y tienen muy pocas posibilidades de quejarse ante las autoridades o de denunciar un abuso”, se lamentó Dabbous.

La OIT y otras organizaciones no gubernamentales internacionales deben seguir denunciando el sistema de kafala que hace que las mujeres migrantes queden sujetas a sus empleadores como si fueran esclavas, subrayó.

Además, la comunidad internacional debe ayudar a las organizaciones locales a abolir o reemplazar ese sistema.

Las leyes, si bien tienen falencias y presentan dificultades en su implementación, obligan a las grandes compañías a realizar declaraciones precisando el riesgo de esclavitud en su cadena de suministro, así como las acciones que toman para evitarlo, destacó Seitz, de Global Policy Forum.

Otros países, en cambio, todavía creen en medidas voluntarias. El Plan de Acción Nacional de Alemania para la implementación de los Principios Guía de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos carece de responsabilidad, en parte también por la gran presión de las empresas.

A fin de fijar estándares comunes y sólidos a escala mundial, los Estados deben apoyar el proceso actual en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un tratado vinculante que regule a las empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos, instó.

El documento debería requerir que los Estados establezcan la obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que las compañías se hagan responsables por romperla en casos de violación y que eliminen los impedimentos que tienen las víctimas para acceder a la justicia, precisó Seitz.

El trabajo es más inseguro en el mundo, con el predominio de contratos a corto plazo, y aumentan el trabajo informal y la esclavitud moderna, puntualizó Burrow, de ITUC.

La desigualdad de ingresos hace que la gente acepte empleos en condiciones de explotación, lo que impide a los trabajadores ejercer sus derechos.

“Cuando hay salarios bajos y no hay un empleo decente, cuando no hay sindicatos que representen y defiendan los derechos de los trabajadores, se crean las condiciones que llevan a la esclavitud moderna”, apuntó.

La debida diligencia y la transparencia son clave para poner fin a la esclavitud moderna en la cadena de suministro, subrayó.

Cuando las corporaciones asumen su responsabilidad con la debida diligencia y, por consiguiente, le dan transparencia a su cadena de suministro, es posible crear procedimientos de reclamo que pueden facilitar una solución a violaciones laborales, desde el trabajo forzado a un sueldo por debajo del salario mínimo.

Una ley sobre debida diligencia con nuevo mandato se está por adoptar en Francia, y otros países como Alemania y Holanda se preparan para seguir el mismo camino, apuntó.

Traducción: Verónica Firme

viernes, 26 de octubre de 2018

La escuela no es capaz de mejorar la clase social del alumnado. La brecha en el desempeño académico de unos estudiantes y otros se abre a los diez años, según la OCDE-

La mitad de los estudiantes españoles de clases pobres se concentra en escuelas de condiciones depauperadas. A este respecto, España se encuentra muy cerca de la media de la OCDE (48%), y esta “segregación” es una de las claves que dificultan el progreso social porque esos alumnos arrastrarán durante años un peor rendimiento escolar. La escuela no cumple, de este modo, la función clave de proporcionar una ventana de oportunidad para niños de todos los orígenes económicos y sociales, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el estudio Equidad en la Educación: superar las barreras a la movilidad social, publicado este martes.

“La escuela no está sirviendo de contrapeso a las desigualdades económicas que sufren las familias”, lamenta el responsable del informe de la OCDE y analista de PISA, Daniel Salinas, en conversación con este diario en París.

Según el informe, presentado en Londres, “hay una fuerte relación entre el perfil socioeconómico de la escuela y el desempeño del alumno: estudiantes que acuden a escuelas con recursos materiales, buenos profesores y de alumnado de clases acomodadas obtienen mejores resultados en PISA”.

De promedio, alumnos desfavorecidos que acuden a escuelas de mayor nivel socioeconómico lograron una puntuación 78 puntos superior —equivalente a más de dos años y medio de escolarización— que la de aquellos que van a escuelas desfavorecidas. Por eso, concluye el informe, “los estudiantes desfavorecidos que acuden a escuelas desfavorecidas sufren, a priori, una desventaja doble”.

Una constatación preocupante sobre todo porque, tal como destaca en el informe el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher,
“los niños de familias pobres a menudo solo tienen una oportunidad en la vida, y esa es una buena escuela que les dé la posibilidad de desarrollar su potencial”.

Estudiantes desfavorecidos pero emocionalmente resilientes (que se sobreponen a las dificultades) tienden al menos a tener un rendimiento académico mejor.
Sin embargo, en España, más del 80% de estos alumnos no son ni social ni emocionalmente resilientes (frente a la media de 73,8% de la OCDE), lo que hace que se sientan menos integrados en la escuela.

La desigualdad precoz
Además, el estudio, que compara datos del informe PISA 2015 y 2006, lanza otra advertencia: la brecha de desempeño académico se empieza a abrir a los diez años de edad, antes de lo que se pensaba. “Las desigualdades en educación no se originan de un día para otro, sino que empiezan desde muy temprano y se van acumulando a lo largo del tiempo”, explica Salinas. “La diferencia socioeconómica ya es de una magnitud bastante grande a los diez años, sigue creciendo a los 15 y todavía crece un poco más después de los 15 años”.

El informe constata en este sentido que más de dos tercios de la brecha de desempeño académico observado en estudiantes de 15 años y otros dos tercios de la brecha entre los jóvenes de 25-29 años “ya se veía en los niños de diez años”.

“Se han logrado muy pocos avances para acabar con las barreras de la movilidad social y darle a todos los niños una oportunidad igual de tener éxito” en la vida, criticó Schleicher en Londres. El responsable de Educación de la OCDE reclamó “más inversiones para ayudar a los estudiantes desfavorecidos”.

Desde París, el autor del informe coincide y apunta a otras claves: “Focalizar” mejor los esfuerzos y, sobre todo, “intervenir lo antes posible”. Se trata, señala, de “garantizar no solo acceso a la educación infantil, sino que esta sea de buena calidad”. También se debe asegurar que las escuelas primarias y secundarias a las que acceden los estudiantes más vulnerables “tengan los suficientes recursos y tengan profesores de calificaciones y preparación comparables a los que enseñan en escuelas que reciben a estudiantes de clase más privilegiada”.

Las escuelas desfavorecidas son aquellas que están en el 25% más bajo de la escala socioeconómica entre las escuelas de un país. Las escuelas favorecidas se sitúan en el 25% más alto de escala. Para medir el nivel socioeconómico de los estudiantes, PISA tiene un índice basado en la formación y ocupación de los padres, así como los bienes materiales disponibles en el hogar. El nivel socioeconómico de una escuela es el promedio del nivel socioeconómico de sus estudiantes.

El informe de la OCDE constata que, hoy por hoy, “ningún país del mundo puede afirmar que ha acabado con estas desigualdades en la educación”. Lo que no quiere decir, subraya Salinas, que sea algo imposible. “El nivel de equidad o inequidad en educación no es algo que esté fijo, sino que es modificable”, sostiene. Clave es la voluntad de los Estados para cambiar la situación porque, recuerda, “lo que sí está muy claro es que las políticas y las prácticas de los países en educación pueden hacer una diferencia”.

https://elpais.com/sociedad/2018/10/23/actualidad/1540304913_128972.html?rel=str_articulo#1540353686321

martes, 4 de septiembre de 2018

Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante


Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales
Según los establishment político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.

Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares
Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.

Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE.UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.

En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.

Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales
En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.

Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.

¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?
Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.

Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país.

La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales
Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.

Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).

Lo mismo o peor está ocurriendo en España
En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.

Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.

¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?
Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.

Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros. El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.

Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta
Esta situación explica el surgimiento de los movimientosantiestablishment, que protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalización. El abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.

Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaron. EnEE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.

La demonización de las protestas populares antiestablishment
Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Des del Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.

En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.

La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.

Vicenç Navarro. Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra.

Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/08/16/las-falsedades-de-la-supuesta-recuperacion-economica-promovida-por-el-pensamiento-neoliberal-dominante/

sábado, 1 de septiembre de 2018

Carne humana

El diario



- Los discursos del poder han recurrido siempre a deshumanizar y animalizar a aquellos sectores a los que se quiere ignorar o explotar.

- Todas las personas que quedan fuera del estrecho marco de lo aceptado, son estigmatizadas como inmundas, sucias, contaminantes y consideradas carne.


Matteo Salvini EFE

Según el diccionario, carne es la parte blanda del ser humano y de algunos animales, formada fundamentalmente por músculos del cuerpo. En una cultura antropocéntrica como la nuestra, los individuos no humanos son frecuentemente reducidos al estado de carne.

La valoración de la vida animal como simple carne supone la transformación de muchos seres vivos en una mercancía. Se cree que su vida tiene sentido solo porque es útil para los seres humanos y los mercados. Pero muchos seres humanos son considerados también carne. Carne viva con capacidad de trabajo, carne que puede ser explotada para hacer crecer la economía y engrosar las ganancias de otros que no se consideran carne ni cuerpo.

En esta fase neoliberal del capitalismo mundializado, y con los límites ecológicos sobrepasados, cada vez más personas formamos parte de esa masa de carne humana utilizada como recurso o como desecho para mantener una economía que, en vez de garantizar la satisfacción de las necesidades, tiene como finalidad maximizar las tasas de ganancia del capital y para ello devora minerales, petróleo, animales, plantas, tierra, agua, reduce personas a carne y expulsa residuos, gases contaminantes, plásticos, artefactos que ya no sirven y también carne humana.

La expresión 'carne de cañón' nació para designar a los soldados, normalmente de rango bajo, que se exponían al fuego de los enemigos sabiendo que su muerte era casi segura. Pero fue utilizada, también, como sinónimo de proletariado y como metáfora de la mano de obra barata y explotada. Marx utilizó esta expresión para referirse a las cuadrillas de trabajo y a la población obrera sobrante o fuerza de trabajo desempleada, estructuralmente necesarias en el capitalismo para garantizar el control de las condiciones laborales, que optimizan la acumulación de capital.

Los discursos del poder han recurrido siempre a deshumanizar y animalizar –en una cultura, insisto, donde lo animal es despreciado– a aquellos sectores a los que se quiere ignorar o explotar. Quitarles la cualidad humana, despreciarles y reducirlos a carne, es el paso previo para poder legitimar la explotación y, en regímenes autoritarios e inhumanos, el abandono e incluso el exterminio.

Primo Levi cuenta cómo los nazis, antes de matar judíos, gitanos, comunistas y homosexuales, les arrebataban la condición humana reduciéndoles a la pura condición de carne. La deshumanización justificaba su exterminio y la pasividad de muchas personas ante él. En nuestra sociedad tecnologizada, muchas personas siguen siendo tratadas como carne.

Las aparadoras del calzado, por ejemplo, se resisten y se organizan para no ser tratadas como tal . Llevan décadas trabajando como si no existiesen. Sin derechos, sin contratos. Ganando apenas 400 euros por 10 u 12 horas de trabajo que hacen en casa, aportando ellas la maquinaria y el coste del consumo eléctrico. Han contraído enfermedades derivadas del oficio: problemas de huesos o columna a causa de pasar horas en la misma posición, depresión por la situación en la que tradicionalmente se han encontrado u otras enfermedades derivadas del contacto con productos químicos tóxicos. Esconder el trabajo en casa sin que genere derechos es ser tratada como carne.

La plantilla de Iveco irá a la huelga en septiembre porque se está despidiendo a trabajadores por faltas de asistencia intermitentes y justificadas. Son gente enferma y personas que tienen lesiones derivadas de los ritmos excesivos del trabajo. Según los representantes sindicales, se trata de una plantilla joven y la empresa aplica los despidos sobre gente que puede tener futuras bajas. Explotar hasta la enfermedad y después despedir a quien enferma es también ser tratado como carne. El colmo de la explotación de la carne es que una empresa cárnica explote también carne humana a través de Servicarne , una falsa cooperativa en la que 1.350 falsos autónomos trabajaban en condiciones precarias y con una absoluta vulneración de sus derechos.

También son deshumanizados y reducidos a la más pura corporalidad las personas pobres. Adela Cortina acuñó el término "aporofobia" para definir el rechazo al pobre, el odio al "sin techo" y a quienes, por desposeídos, no tienen poder. Un artículo reciente , se hacía eco de un informe de la Fundación Rais en el que se concluía que un 80% de las personas sin hogar que se encuentran en la calle han sufrido acoso o agresiones de diversos tipos. Raúl o Alberto son algunas de ellas. Duermen alrededor de la Plaza Mayor de Madrid y, llevar sudaderas con la bandera de España, no les ha servido para esquivar las patadas o insultos de quienes deambulan por allí y les dicen que dan asco.

Susanne Soederberg, investigadora de la universidad canadiense de Queen, afirmaba a raíz de un estudio realizado que la población sobrante es el sector que más crece en el mundo. Todas las personas que quedan fuera del cada vez más estrecho marco de lo aceptado, son estigmatizadas como inmundas, sucias, contaminantes. Son consideradas exclusivamente carne.

Pero la situación más extrema de "sobrecorporalidad" en el momento actual, la están viviendo las personas, que previamente expulsadas de sus territorios, buscan otro lugar para vivir. El poder económico y político también trata como carne de cañón a quienes sufren en mayor medida las consecuencias del cambio climático, el despojo de los recursos y el territorio, el extractivismo; a quienes son expulsadas de sus territorios a causa de la pobreza, las guerras formales e informales que se desencadenan por el acaparamiento de tierra y recursos.

Están surgiendo liderazgos y partidos que han hecho del racismo su eje discursivo central. Amanecer Dorado, desató una ola de odio y violencia en Grecia, que logró ser temporalmente frenada en las urnas. FPÖ's de Austria, la AfD de Alemania, los Finns de Finlandia o los Sweden Democrats de Suecia, el gobierno xenófobo del húngaro Viktor Orbán o Donald Trump son algunos ejemplos de este eclosión.

En toda Europa crece el número de personas que creen que su pérdida de nivel de vida, su precariedad o las expectativas incumplidas están causadas por las personas migrantes que compiten con ellas. Éstas últimas son señaladas como culpables por los dedos de las mismas manos que precarizan a trabajadores y trabajadoras, especulan con la vivienda, el agua o la energía, aprueban tratados internacionales que arruinan territorios y sectores y hacen hasta de la comida y los cuerpos, un negocio. Todo vale con tal de escalar en las encuestas electorales. Y lo malo es que en algunos espacios, habitados por personas con incertidumbre y miedo, eso da votos. Es como si se tuviese la esperanza de poder escapar de ser tratado como carne, yendo contra la carne de otros que están peor que tú.

En fechas recientes, Matteo Salvini rechazaba que un barco en el que se hacinaban personas migrantes desembarcase en tierra italiana. Se jactaba de haber impedido que el Aquarius, repleto, decía textualmente, "de carne humana", soltase su carga "contaminante" en su país. También él tiene carne. La mostraba en las fotos, descamisado y con corbata verde , que vendió –como si fuese una burla más– para favorecer a una organización que se autodenomina "pro–vida". Sonreía en la foto con la tranquilidad de quien nunca ha abandonado un barco de personas al borde de la muerte en el mar.

Rivera también usó su propia carne como reclamo electoral . Pareciera que el cuerpo de quien ostenta, o pugna por ostentar el poder, es menos cuerpo y su carne, tan vulnerable, mortal y contingente como la del resto, es menos carne y da menos asco. En estos momentos, Rivera y Casado, a lo Salvini, rivalizan por ver quién enarbola con más fuerza la bandera del control de las fronteras, de los límites a la entrada de extranjeros pobres, del acrecentamiento de los beneficios económicos y electorales que genera tratar la migración como si fuese un problema de seguridad. Algunos medios de comunicación ofrecen datos falsos o medias verdades sobre la entrada de personas, inventan enfermedades y falsas amenazas que refuerzan la percepción de la gente. Se promete la vuelta a una España próspera y cañí que nunca existió.

Todas somos –podemos ser– trabajadoras que pierden derechos, personas que no pueden pagar la hipoteca, familias con dificultades para afrontar las matrículas de la universidad de las hijas, sujetos cuyo territorio se cede a una minera, gente que se tiene que marchar de su tierra porque deja de haber agua o posibilidades de supervivencia digna o mujeres obligadas a sostener cotidianamente la vida en un mundo que la ataca. Todas somos susceptibles de ser consideradas carne humana.

Todas somos –podemos ser– futuras refugiadas que tratan de saltar fronteras, ya sean territoriales, raciales, de género o económicas, para poder mantener vidas que merezcan la pena ser vividas. Y cuando lo seamos, a quienes defienden que lo primero son los españoles les importará bien poco lo que diga la partida de nacimiento. De Cuenca, Madrid, Granollers o Écija, si se trata de elegir entre los beneficios o las personas, la elección estará clara y seremos carne humana abandonable y culpable.

En estas circunstancias, es una locura confiar y seguir a quien señalan a otros como culpables, a quien esconde las posibilidades de medrar detrás de la persecución de los que tienen otro color de piel, no nacieron aquí, tienen menos que el resto, y no se resignan ante la desposesión y el despojo.

Es peligroso fiarse de los discursos que no hacen más propuestas que la de asegurar las fronteras y se limita a increpar, insultar y calumniar sin mesura; de quienes reclaman el poder para sí mismos haciendo promesas a todos los bandos, sin preocuparse de las contradicciones en las que se incurre. Fue la estrategia que a Hitler le fue funcional en un momento no tan diferente al que vivimos hoy y con adversarios políticos incapaces, o no dispuestos a oponer una resistencia verdadera.

Como explicaba Hannah Arendt –y nos recuerda permanentemente Santiago Alba Rico– el ser humano desnudo, sin atributos, sin nombre propio, protegido solo por los derechos humanos se convierte en carne de matadero. Pero, aunque cuando se arrincona y señala a alguien diferente, deshumanizado y solo, hace falta poco para que surja el linchamiento, en ese momento de inflexión, también puede ocurrir que brote la solidaridad, la compasión, el apoyo mutuo –una versión del amor– que iguala y rehumaniza. Para ello, es imprescindible que existan discursos y alternativas viables, reales y valientes que confronten con las promesas de la exclusión y la expulsión.

Luchar hoy es establecer lazos que permitan resistir frente a la ofensiva de quienes van a hacer lo que sea con tal de mantener sus privilegios. Tú, ellos y yo les importamos muy poco y por eso no queda ninguna opción más viable que la de cuidarnos unos a otros. El capitalismo global ha declarado la guerra a todo lo vivo. Cantaba Silvio Rodríguez que en esta contienda, la orden de fuego siempre la dan "disidentes de la cultura, la carne, la gente, el sueño y la vida que no sea virtual".

La tarea constituyente que tenemos por delante y que ya es inaplazable es la adquisición de la conciencia de que podríamos ser reducidos solo a carne útil y potencial desecho y que solo podremos superarlo poniendo las vidas, las luchas y las alternativas en común. Arrinconar a quienes disparan y reorganizar la vida para que quepamos todos, establecimiento lazos de solidaridad entre diferentes que nos igualen, adoptar una dignidad colectiva sin victimismos son pasos necesarios para superar esta situación de encrucijada sin dejarnos jirones de vida por el camino.

@yayo_herrero 

Fuente: https://www.eldiario.es/zonacritica/Carne-humana_6_805679446.html

martes, 7 de agosto de 2018

Préstamos a estudiantes, una experiencia negativa e incluso peligrosa

Juan Torres López
CTXT

En casi todos los países donde existen esta práctica la deuda es creciente y se alimenta a sí misma. Eso es lo que lleva a pensar que el sistema es insostenible o que terminará estallando en algún momento

Un grupo de economistas vinculados a FEDEA acaba de publicar una propuesta de financiación de la universidad basada en la concesión de créditos a estudiantes a semejanza de lo que ya ocurre en otros lugares del mundo.

FEDEA es una fundación financiada principalmente por la banca y es lógico que los economistas que trabajan en su seno hagan propuestas como ésta, que está clara y casi exclusivamente orientada a aumentar el negocio bancario, es decir, la deuda. La banca no tira el dinero y es legítimo que financie a quien defiende sus intereses haciendo propuestas que aumentan su cuenta de resultados. Pero, precisamente por eso, es imprescindible que la ciudadanía sea consciente de que las “soluciones” que se lanzan como científicas y objetivas por fundaciones de apariencia neutral no lo son en realidad, sino que forman parte del negocio de quien financia a sus autores. En este caso, de la banca, cuyo negocio es sencillamente el de crear deuda convirtiendo de cualquier manera a los individuos y a las empresas, a la economía en general, en consumidores compulsivos de crédito.

En 2015 escribí un documento sobre la naturaleza de los créditos a estudiantes sobre su funcionamiento y sus consecuencias reales en los países donde han funcionado (incluyendo España). Como la nueva propuesta de FEDEA pone de nuevo de actualidad el tema voy a resumir a continuación sus principales conclusiones. Quien desee leer el documento completo, con el análisis concreto de las experiencias y los datos de donde obtengo mis conclusiones puede hacerlo aquí:
Los prestamos a estudiantes: una mala vía para financiar la universidad 

http://ctxt.es/es/20180704/Firmas/20646/Juan-Torre-Lopez-prestamos-estudiantiles-FEDEA-deuda.htm


Es cierto que el sistema de préstamos a estudiantes para financiar los estudios universitarios es complejo, que las diferentes experiencias son muy diversas y aún es pronto para conocer con total seguridad cuáles son sus resultados finales. Pero si se analiza con un mínimo de rigor y objetividad la literatura científica disponible se pueden establecer algunas conclusiones básicas sobre sus resultados en los países en donde se lleva aplicando algún tiempo.

En primer lugar, hay que señalar que prácticamente en todos los países donde existen estos préstamos a estudiantes la deuda es creciente y se alimenta a sí misma (Brown y otros 2015a). Y eso es lo que lleva a pensar que el sistema es insostenible o que terminará estallando en algún momento, después de provocar grandes problemas financieros y personales. Según la Reserva Federal, la deuda estudiantil en Estados Unidos ha pasado de 600.000 millones de dólares a 1,5 billones en la actualidad en solo 10 años. Y algo parecido viene ocurriendo en Inglaterra y otros países, aunque es verdad que en menor escala, de momento.

Los análisis de cohortes que se realizan en diversos países son claros en este sentido (Brown y otros 2015b): los estudiantes terminan pagando una cantidad considerablemente mayor de la inicial y eso hace que los impagos se multipliquen. En Estados Unidos, a medida que avanzan las cohortes aumentan el porcentaje de impagos y el montante de la deuda. La cohorte de 2005 en Estados Unidos tendría que haber desembolsado ya el 90% de su deuda inicial pero solo ha pagado el 38%. Y la de 2010 solo ha desembolsado el 9%. Más de la mitad de la cohorte de 2009 ha dejado de pagar o ve aumentar su deuda.

El porcentaje de impagos aumenta también claramente a medida que pasa el tiempo. A los cinco años del inicio del reembolso de la deuda, se había impagado el 21% de los préstamos de la cohorte del año 2005. Pero la cohorte de 2009 tenía ya un porcentaje de impagos del 26% a los cinco años de haber empezado el reembolso.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los préstamos a estudiantes no se establecen porque se haya demostrado que con ellos se disponga de una vía más adecuada para financiar la enseñanza universitaria sino para ahorrar gasto público. Así se ha reconocido explícitamente en algún documento gubernamental, como en el caso británico (Department for Business, Innovation and Skills (2011).

Diversos estudios de entidades tan poco sospechosas como el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Federal Reserve of New York 2014) o el Banco de Francia (Mistretta-Belna 2014) han reconocido los problemas de todo tipo que está generando el sistema y el incremento extraordinario de la deuda que lleva consigo. Y los principales aspectos críticos que se suelen poner de manifiesto en la literatura científica que ha evaluado el sistema de préstamos a estudiantes son los siguientes.

– Los préstamos estudiantiles no solo han provocado una deuda gigantesca que por sí misma es peligrosa, sino que también han afectado negativamente al consumo y al ahorro de las familias. En Estados Unidos se ha podido comprobar que existe una fuerte correlación entre este tipo de deuda y la disminución del consumo y la compra de viviendas o de automóviles, por ejemplo.

– También se ha comprobado que el sistema de préstamos genera exclusión porque los estudiantes más endeudados tienen además dificultades añadidas a la hora de acceder a otras vías de financiación, lo que disminuye sus posibilidades de acceso a nuevas fuentes de rentas.

– La suscripción de préstamos y el aumento de la deuda estudiantil va de la mano del retraso en la creación de familias. Y también de la prostitución de miles de estudiantes. Uno de los más grandes portales de citas y encuentros sexuales incluso tiene una entrada especial con el señuelo explícito de encontrar financiación para pagar la deuda estudiantil: Say goodbye to college debt.

– También se ha puesto de relieve que el sistema es muy dependiente del ciclo económico. En fases de crisis o recesivas aumentan los impagos y las dificultades para hacerles frente, provocando una dinámica que refuerza la caída de la actividad.

– Estos préstamos generan problemas financieros tanto si son asumidos por la banca privada como si no. En el primer caso, los bancos proceden a titulizarlos (convirtiéndolos en nuevos productos financieros), generando antes o después, como en Estados Unidos, burbujas o añadiendo problemas a los que vienen ocasionando la inestabilidad financiera de nuestros días. Y la deuda también puede terminar vendiéndose en los mercados financieros aunque el sistema se base en préstamos concedidos por el sector público o con dinero de los contribuyentes (el gobierno británico reconoció que se lo plantea y que estudia diversas posibilidades de hacerlo).

– Cuando el sistema de préstamos va acompañado de subidas en los gastos de escolarización (lo que ha ocurrido casi siempre) se produce, como en el caso claro del Reino Unido, una disminución de la demanda de estudios universitarios por razones de renta y, por tanto, inequitativa e ineficiente pues puede dar lugar a que dispongan de titulaciones no quienes estén más preparados sino quienes gocen de más recursos familiares.

– El sistema de préstamos se basa en una idea falsa: que quien se beneficia de la inversión en estudios universitarios es el propio estudiante. Pero es evidente que eso es cierto solo parcialmente puesto que la sociedad en su conjunto también se beneficia, y eso es lo que justifica que la enseñanza universitaria se financie, en todo o al menos en parte, con recursos públicos.

– Cuando se recurre a préstamos y se establece el principio de que deben ser los propios individuos quienes asuman la carga financiera de sus estudios lo que ocurre es que los gobiernos tienen más fácil desentenderse de su financiación, cuando se ha podido comprobar que ésta es fundamental para garantizar que el sistema sea eficiente, suficiente y justo y funcione adecuadamente.

– También se ha podido comprobar que los costes que pueden llegar a suponerle al Estado (por ejemplo, cuando ha de hacer frente a avales por impagos o por costes de administración del sistema) pueden encarecerse tanto que el sistema de préstamos ni siquiera suponga un ahorro de gasto público respecto al mejor sistema de becas.

– Cuando se toman en cuenta todos los factores que hay que considerar (coste general, equidad, incentivos, balance de costes y beneficios sociales...) no está de ningún modo claro, ni se ha podido demostrar que recurrir a préstamos sea más eficaz, más económico o más equitativo que proporcionar becas.

– Aunque no sea el tipo de crédito más rentable para la banca, el sistema siempre supone un negocio para ella, bien como financiadora directa o porque fideliza clientes o porque le proporciona recursos para generar nuevos negocios en los mercados financieros.

– La literatura científica suele concluir señalando algunas condiciones que, en todo caso, parece que son las que deberían darse para que un sistema de préstamos no genere problemas de ese tipo, o para que sus inconvenientes no sean mayores que las ventajas. Entre ellas, que sea menos costoso que el de becas (lo que, como acabamos de señalar, ni siquiera está asegurado); que haya una buena administración específica del sistema para demorar sin dificultades los pagos cuando no se puedan hacer por razones temporales; que la administración fiscal sea fuerte y eficiente, puesto que conviene que esté vinculada con ésta última; que haya voluntad política de perseguir a los malos pagadores con capacidad para pagar; que los préstamos se utilicen en alguna medida como incentivos para determinadas titulaciones; que no se utilice el sistema como una renta básica disimulada; que el sistema financiero sea sofisticado y solvente; que no haya elevados niveles de paro; que se produzcan economías de escala (porque se sabe que el sistema funciona mejor cuando está más extendido); o que se subsidien los intereses. En otras circunstancias no solo no se puede asegurar que el sistema sea bueno o mejor que cualquiera otro, sino que puede inferirse que lo más seguro es que provoque costes sociales, públicos y personales elevados, problemas financieros y administrativos graves e incluso consecuencias macroeconómicas muy negativas.

En cualquier caso, y antes de establecer este sistema, se debe abrir un debate amplio, plural y riguroso sobre las consecuencias de mercantilizar la educación. Hay que evaluar previamente los costes y beneficios de todo tipo de este sistema en relación con el de becas. Debe disponerse una administración específica y de recursos financieros que impidan que aquí se reproduzcan los males de otros países. Y deberían tenerse en cuenta las condiciones de entorno (paro, desigualdad de partida, previsiones económicas...) para evitar que el sistema colapsara incluso antes de haber llegado a consolidarse.

Pero la propuesta de FEDEA no va por aquí. Es un simple camino corto para que la banca siga haciendo negocio convirtiendo la economía española en una bomba de deuda.

La aplicación del sistema en España (sin economía de escala, sin administración ad hoc, con alto nivel de paro, con paro juvenil elevado que expresa poco aprecio a los valores de la educación, con un sistema bancario propicio al riesgo, poco riguroso y con grandes privilegios) puede ser muy negativo desde todos los puntos de vista. Así se ha podido comprobar incluso cuando el volumen de préstamos concedidos hasta ahora ha sido bastante bajo. Juan Torres López es economista. Es miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

miércoles, 1 de agosto de 2018

La desigualdad en España, rentas, riquezas y consumo.

http://www.rebelion.org/docs/243985.pdf

Uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza. La proporción de trabajadores en riesgo de pobreza ha crecido en España 2,2 puntos en cinco años.

Ana Isabel Cordobés
Cuarto Poder

Los peor parados son los jóvenes entre 18 y 25 años: el riesgo de pobreza ha crecido en 6 puntos en solo un lustro

Tener trabajo ya no asegura unas condiciones de vida dignas. Eso es lo que se desprende de numerosos estudios sobre un fenómeno que cada vez es más conocido y menos ajeno: los trabajadores pobres o en riesgo de pobreza. El último estudio que lo corrobora es la encuesta de condiciones de vida publicada por Eurostat.

Casi uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza. Y es un dato mucho peor ahora que en el inicio de la crisis. Ahora, el 18,3% de los trabajadores entre 18 y 25 años tiene riesgo de caer en pobreza. En 2011, la proporción era del 13,1%. Más de 6 puntos de diferencia en tan solo cinco años (los datos de Eurostat recogen cifras de 2016). Estos datos completan el mapa mundial, en el que España es el séptimo país de la OCDE con mayor proporción de trabajadores pobres.

La proporción de trabajadores pobres jóvenes es la cuarta más alta de toda la Unión Europea, por detrás de Rumanía, con un 31,2%, Dinamarca, con un 21,3%, y Grecia, con un 19%. Entre el resto de trabajadores también aumenta el riesgo de pobreza, pero de una manera más sosegada y solo disminuye entre aquellos trabajadores en edad de jubilación o ya jubilados, los mayores de 65 años.

9 de cada 10 jóvenes viven aún con sus padres

Las consecuencias de la alta proporción de trabajadores jóvenes pobres se refleja en el aumento de jóvenes entre 18 y 24 que viven con sus padres. El 92,4% de ellos no han podido independizarse y tener su propio hogar. 4 de cada 10 jóvenes de 25 a 34 años también viven con sus padres. La proporción ha crecido respecto al inicio de la crisis. En 2011, eran un 36,6% de los jóvenes. Más del 25% de todos ellos están empleados a tiempo completo.

Uno de cada cuatro hogares sin hijos, en riesgo de pobreza
Tener a cargo niños o jóvenes en dependencia económica no exime a los hogares españoles de salir del riesgo de exclusión por pobreza. El 23,8% de los hogares sin hijos a su cargo se encuentra en riesgo de pobreza. Entre aquellos con hogares a su cargo, el porcentaje asciende al 32%.

La situación es crítica entre aquellos adultos solos con hijos a su cargo: el 53% de ellos se encuentra en riesgo de pobreza. La soledad en la crianza es un factor esencial en la posible carencia de medios económicos: existe una diferencia marcada entre aquellos hogares con un adulto e hijos a su cargo y aquellos con dos adultos. Las familias con dos adultos e hijos a su cargo en riesgo de pobreza baja a la mitad, el 25,4%.

Fuente:
http://www.cuartopoder.es/economia/2018/07/25/uno-de-cada-cinco-jovenes-con-trabajo-se-encuentra-en-riesgo-de-pobreza/

sábado, 2 de junio de 2018

El Gobierno portugués pone freno al desalojo salvaje de viviendas. Las personas con más de 25 años en la misma casa tendrán alquiler vitalicio.

El Gobierno portugués pone freno al desalojo salvaje de viviendas
“Me llamo Felicidad Silva, tengo 79 años y siempre viví en Alfama. Mi piso ha sido comprado por una chica de 20 años y quieren echarme”. Felicidad es uno de los Rostros del Desahucio, movimiento vecinal para evitar la invasión de pisos turísticos en los barrios históricos de Lisboa.

El precio de la vivienda ha subido un 18% en un año en la capital portuguesa, pero más aún en Alfama. Alfama no es que sea la Quinta Avenida, ni la playa de Ipanema. Las casitas de Alfama no tienen ni balcones ni suites, mucho menos ascensor o parking, pero a la bohemia europea, joven y con dinero, le gusta la incomodidad, lo auténtico, y están desalojando a los auténticos vecinos, sin edad ni dinero para mudanzas.

La situación alcanza tintes dramáticos en los barrios de Alfama, Morería, Chiado o Baixa. Hay miedo de abrir el buzón por si encuentran una fatídica carta en la que les anuncian la subida del alquiler o el precio de compra del inmueble. En un día, 16 familias de una calle de la Morería recibieron el fatídico aviso. Los fondos inmobiliarios compran no ya edificios, sino calles enteras, y esperan pacientemente al final de los contratos o a que las casas —o sus inquilinos— se caigan de viejas.

Según datos del distrito de Santa Maria Maior, estos barrios con 10.000 vecinos reciben diariamente 250.000 visitas. Su desnaturalización se agrava con la huida de sus habitantes. Hoy son 3.000 menos que hace cuatro años. Los permisos de alojamiento local han saltado de 43 a 1.676.

Si algo no se le puede achacar al primer ministro es falta de reflejos (con la excepción de los incendios). Ante la alarma creciente, en un santiamén ha aprobado una ley de vivienda que pone límites a la actual, aprobada por el anterior Gobierno. A partir de ahora, los mayores de 65 años no pueden ser desalojados de su casa, tampoco los que lleven en ella más de 25 años ni las personas con problemas de movilidad. La rehabilitación de la vivienda dejará de ser motivo de desalojo o renovación del alquiler. En 2017, la mitad de todos los contratos firmados tenían un año de vigencia.

https://elpais.com/elpais/2018/05/08/opinion/1525779078_547935.html

lunes, 28 de mayo de 2018

España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres. El 14,8% de los hogares con trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza.


España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres
En España casi el 15% de los hogares en los que hay al menos uno de sus miembros trabajando viven bajo el umbral de la pobreza, según la OCDE, partiendo de datos de 2015. Este es el porcentaje más alto en el club de los países industrializados, excepto Turquía. Otros estados como Brasil, Costa Rica, India y China también superan el porcentaje español. Muy por debajo de estas cifras están Irlanda o Alemania, con menos del 5%. España también supera la media de desigualdad medida con el índice Gini, según el organismo que dirige Ángel Gurría.

Las estadísticas que destacan la pobreza laboral y la desigualdad en España se apilan. Esta misma semana ha sido un estudio de Fedea y Accenture, en colaboración con entidades como Caritas o Cruz Roja, el que resaltaba que en España hay casi cinco millones de personas que viven entre la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo. En esa misma línea abunda la OCDE al cuantificar que en el 14,8% los hogares españoles en los que hay, al menos, una persona con trabajo se vive por debajo del umbral de la pobreza. La organización que dirige el mexicano Gurría sitúa ese nivel relativo en el 50% de la mediana de los ingresos disponibles en cada país.

Para hacer estos cálculos, la OCDE parte de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida para la mayor parte de países europeos, completada en algunos casos, como en el de España, con otras fuentes. En los países no europeos, recurre a las estadísticas propias de cada estado. Con ellos elabora una comparación, que ha difundido esta semana a través de sus redes, en la víspera de la celebración en Canadá de un encuentro de Ministros de Asuntos Sociales para analizar las políticas que llevan a la “prosperidad compartida”. En esa comparación se ve que en China sería el 25% de los hogares los que vivirían bajo el umbral de la pobreza, seguidos de India (18,5%) y Costa Rica (15,9%)

Ninguno de estos países forma parte del club de países industrializados. Entre los que sí forman parte de él, los primeros que aparecen en lista aparecen Turquía (15,3%), México (15,3%) y España (14,8%), que también sería el primero de los que, a la vez, integran la Unión Europea. En el otro extremo de la tabla, se encuentran países como Irlanda, Alemania o República Checa.

Para Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y autor del informe presentado esta semana, estos números de la OCDE, como los que él mismo ha elaborado, “muestran que España tiene un problema evidente de pobreza en el trabajo”. “Esto viene de antiguo”, destaca. Y añade: “No es suficiente con generar empleo”.

No obstante, Felgueroso también pone un pero a estas cifras ya que son de hace al menos tres años: “No son actuales. Estos resultados son de 2015, con datos de 2014. Y se publican después”. Esto puede provocar, señala el investigador, que la situación de los encuestados haya cambiado mucho cuando se publican.

Debido a esto, Felgueroso ha tratado de proyectar en su estudio cuántas de las personas que se encuentran entre la pobreza laboral, la precariedad, el paro o la inactividad pero con disposición al trabajo tienen una alta probabilidad de continuar en esa misma situación en los 12 meses siguientes. El resultado que ha obtenido es cuatro millones, algo menos de los 4,78 millones que sufrían en 2017 esta misma situación viviendo en hogares con ingresos bajos.

Las cifras de la OCDE también inciden en una tendencia que se ha dado durante la crisis. El porcentaje de hogares compuesto por personas jóvenes que viven bajo el umbral de la pobreza supera de largo al de los más mayores. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, los hogares que viven debajo de ese nivel llegan al 22,1%. Mientras que cuando se trata de mayores de 65 años, el porcentaje baja hasta el 5,9%.

La situación española destaca menos en las estadísticas de la OCDE cuando se observa la desigualdad, aunque también queda por encima de la media con nitidez. De acuerdo con el índice Gini, el medidor de desigualdad más aceptado en el que cero es la igualdad absoluta y uno 1o contrario, España se sitúa en el 0,3446, por detrás de países como Suráfrica, que lidera la lista con el 0,623, China (0,514) o India (0,495).

Cerca de la media de los países de la organización (0,317), o algo por debajo se sitúan países como Holanda (0,303), Francia (0,295), Polonia (0,292) o Alemania (0,289). Los estados menos desiguales, a tenor de estos datos, son Islandia, Eslovenia y la República Checa.

https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525891014_281592.html

Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación

sábado, 19 de mayo de 2018

El fin del dinero barato y el desmantelamiento del Estado social


Manuel Gabarre
El Salto

El fin de las políticas de estímulo promulgadas por el Banco Central Europeo amenaza con devolver a la población perjudicada por la crisis a una situación peor que la de 2012, cuando la institución de Draghi "ganó tiempo" y los poderes de la UE impusieron una política de reformas que el PP ha dirigido

Desde la crisis financiera desencadenada en el año 2007, la política de desmantelar los servicios públicos es una tendencia que parece imparable. En este artículo se trata el caso del Estado español. Primero se trata su origen, en segundo lugar se analiza la situación actual de calma chicha propiciada por el dinero prestado por el Banco Central Europeo y en tercer lugar las consecuencias que tendrá previsiblemente el enorme endeudamiento que está acumulando el estado español.

El origen: la crisis de 2007
Tras la introducción del euro en el año 2002, la banca europea apostó por el crecimiento infinito del sector residencial y turístico del Sur de Europa. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2007 provocó que la banca mediterránea se fuese desmoronando como un castillo de naipes. Debido a la magnitud de lo que los inversionistas europeos habían invertido en nuestro país, la quiebra del sistema financiero español les hubiese arrastrado hacia su propio hundimiento. Quizá este fue el motivo por el que las instituciones internacionales presionaron para que el Estado asumiese la deuda bancaria. De esta manera, la sociedad española ha asumido el coste de salvar el sistema financiero francés, alemán u holandés. Este salvamento se ha hecho mediante la subida de impuestos, los recortes en el gasto social y el incremento desmesurado de la deuda pública.

Tras la quiebra de Grecia, los mercados comenzaron a sembrar dudas sobre la capacidad del Estado español para devolver la deuda que este había ido acumulando por haber asumido una quiebra bancaria tras otra. Esta política de despilfarro, que todavía no ha tocado a su fin, generó los ataques especulativos del año 2012, en el que se hizo famosa la prima de riesgo, concepto usado como medida de presión política.

Los países más expuestos a los ataques especulativos, entre los que comenzaba a asomarse Francia, forzaron la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo a prácticamente el 0% y otro tipo de medidas. Entre ellas, el rescate financiero y la intervención de la Unión Europea en el estado español que tuvieron lugar durante 2012.

Aunque tales medidas fueron efectivas para terminar con los ataques especulativos, no fueron eficaces para la sociedad en su conjunto: la economía seguía instalada en la deflación y las cifras de paro eran superiores al 20% en España o en Grecia. La inestabilidad política llegó a su punto álgido en la primavera de 2015 con el referéndum promovido por Syriza y con la victoria de las candidaturas populares en las principales ciudades españolas.

Se manifestó así una tendencia política capaz de acceder al gobierno del estado español si no se aliviaba la virulencia de la crisis. Por lo tanto, algo tenían que hacer los poderes de la Unión Europea para preservar el orden político. Con este fin la Unión intervino a través de una de sus principales instituciones: el Banco Central Europeo. Así la Unión Europea optó por una medida que beneficiase a las élites como la expansión cuantitativa o quantitative easing, en su traducción inglesa (QE), que es el motivo de la calma chicha actual.

La expansión cuantitativa o el aluvión de dinero barato para España
El interés de un préstamo depende del riesgo de que el deudor no lo devuelva. Por tanto, cuanto mayor sea el riesgo de que el deudor no devuelva el préstamo, mayor será el interés con el que el banco compensará este riesgo. Para rebajar el riesgo, y por tanto el interés, el Banco Central Europeo decidió comprar a la banca los préstamos concedidos a las administraciones públicas y también a determinadas entidades privadas mediante el programa de expansión cuantitativa (QE).

Estas decisiones de compra se han tomado con total opacidad por el Banco de España, en quien el BCE delegó la selección de los beneficiarios para su territorio. En este sentido, solo se publica la identidad del beneficiario pero no la cantidad, a pesar de que estas compras distorsionan el mercado, ya que alteran la competencia en favor de las entidades beneficiadas.

Entre las empresas beneficiadas hay dieciséis españolas, la mayoría provenientes de las privatizaciones de los noventa. Estos datos quizá se oculten porque revelarían asuntos turbios, por ejemplo las compras de deuda de Redexis Gas, S.A. empresa que era propiedad de Goldman Sachs, entidad plenipotenciaria de la que el propio Mario Draghi fue vicepresidente en Europa.

El objetivo de los QE era inundar el sistema financiero de dinero, ya que la banca al liberarse de los préstamos concedidos a las administraciones públicas y a otras compañías, supuestamente, concedería nuevos créditos al sector privado. Del mismo modo, ya no sería tan atractivo prestar dinero a las administraciones públicas porque los intereses fijados eran artificialmente bajos.

El crecimiento de los precios de la vivienda y la —endeble— recuperación de la economía española desde 2015 provienen de esta política monetaria, por la que el Banco Central Europeo a través del banco de España ha comprado 235.000 millones de euros de deuda pública española.

El fin del dinero barato
Una de las promesas de Trump era reflotar la industria de EE UU Para ello ha devaluado el dólar. Con un dólar más barato los productos made in USA resultan más económicos y por tanto, EE UU vende más fuera de sus fronteras al tiempo que reduce sus importaciones.

A su vez, el petróleo se comercializa en dólares, por lo que si baja el dólar, los países productores de petróleo deben subir el precio al que venden el petróleo para mantener sus ingresos. Ingresos que son necesarios para preservar la estabilidad política en sus países, muy dependientes de las importaciones. La subida de precios del petróleo conlleva un incremento generalizado de los precios en Europa, porque esta es su principal fuente de energía y tiene que importarla casi en su totalidad.

Por su parte, los QE también hacen que suban los precios, ya que la banca dispone de más dinero para conceder préstamos. Esto se produce porque al incrementarse los préstamos, se incrementan los precios ya que hay más compradores. Este fenómeno se plasma perfectamente en el sector de la vivienda, donde se puede constatar la aparición de una nueva burbuja.

La suma de estos factores provoca la subida general de los precios, es decir, la inflación. La inflación hace que la banca pierda capacidad adquisitiva porque si hay inflación resulta más barato para los deudores devolver los préstamos contraídos con interés fijo, afectando también a los préstamos con interés variable y, por tanto, perjudicando gravemente a la banca. Y la Unión Europea ha demostrado que puede tolerar cualquier cosa menos esa.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta por un lado que el principal acreedor europeo son las entidades financieras alemanas y, por el otro, que Europa poco puede hacer para bajar el precio del petróleo, podemos estar seguros de que nos encontramos cerca del fin del dinero barato proporcionado a la economía española a través de los QE.

¿Cómo nos afectará el fin de los QE?
Sabine Lautensläger representante de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo manifestó acerca de los QE que “han servido para comprar tiempo, pero no han arreglado las causas estructurales de una recuperación económica endeble”. Y es que, durante este tiempo prestado por la Unión Europea con el fin de acometer reformas estructurales, el estado español se ha endeudado de manera masiva mientras la sociedad ha estado mirando hacia otro lado.

La deuda pública ha pasado de 440.000.000.000 de euros en 2007 a 1.158.379.000.000 en febrero de 2018. Es decir, casi se ha triplicado en una década. Para hacernos a la idea, hoy cada residente en España tocaría a una media de 25.000 euros de deuda pública, sea menor de edad, pensionista o directivo de Amazon.

Esto sin contar las enormes deudas de las empresas españolas, en particular, de las multinacionales (2,5 veces el PIB) ni los préstamos que haya contraído cada cual.

Les pido que hagan un ejercicio muy simple: cuando salgan a la calle, observen a las personas con las que se crucen y, tras ello, plantéense si esta deuda se puede devolver. A mí me parece que no, lamentablemente.

Por otro lado, la recuperación ficticia de la economía española depende del petróleo y del dinero barato. Por lo tanto, conforme vaya subiendo el precio del petróleo, cualquier subida de los tipos de interés del BCE, por nimia que pueda parecer, tendría unos efectos devastadores para la economía española.

Por esto, está previsto que la eliminación de los QE se haga teniendo en cuenta que la recuperación económica ha sido meramente artificial. Una subida brusca de los tipos de interés llevaría a los actores de la economía española a la posibilidad de no poder afrontar el pago de sus deudas y, por tanto, a otra crisis grave. En este sentido, Draghi ha manifestado que la eliminación de los QE se haría conforme se vaya incrementando la inflación hasta llegar el 2%. En otras palabras, que la eliminación de los QE será paulatina e irá acompasada a la subida de los precios del petróleo.

El futuro: las consecuencias del fin del dinero barato para el estado español
La subida de los intereses está al caer. Desde los centros de poder de la Unión Europea se considera que ya se ha concedido el tiempo suficiente para que las economías de los países mediterráneos hayan implantado las reformas que consideraban necesarias. Pero, a pesar de la propaganda oficial, la deuda de España no ha hecho sino aumentar irresponsablemente durante el gobierno de Rajoy. Este ha optado por hipotecar el futuro del país para consolidar la posición de un partido atenazado por la corrupción. Por otro lado, el marco legal europeo no deja lugar a dudas: en 2011 se consagró la primacía de los acreedores frente a la democracia mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución. Son ellos quienes tienen la prioridad de cobrar por encima de las necesidades y de las decisiones de la ciudadanía.

Por lo tanto, cuando esta subida de tipos de interés se produzca, el gobierno tendrá que equilibrar sus cuentas bajo la presión de los fondos especulativos. Quienes con certeza desencadenarán otra tormenta en la que aumentarán los intereses de las deudas españolas.

En este punto aparece Ciudadanos, un partido aupado por las élites financieras a través de algunos medios de comunicación que manejan a su antojo. A este respecto, conviene tener en cuenta que el Partido Popular cuenta con una importante autonomía que proviene de la victoria de sus ancestros en la Guerra Civil, verdadero hecho constituyente del régimen español, lo que le permite controlar los poderes del estado.

Su autonomía puede llevarle a no adoptar medidas impopulares que demanden las élites financieras, cuando las consideren perjudiciales para sus intereses electorales. Un ejemplo de esto sería la rebaja de las pensiones de jubilación, a la que el Partido Popular es renuente. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos su posición sería mucho más endeble, puesto que es evidente que las élites podrían defenestrar a este partido del mismo modo que lo han promovido.

Nos encontramos ante una encrucijada en la que se está jugando el desmantelamiento del estado del bienestar. Debido al endeudamiento que se ha alcanzado y a los límites en la política económica establecidos por la Unión Europea, la única alternativa para evitar la descomposición del sistema público es una subida importante de los ingresos fiscales cuya aportación debería provenir de quienes tengan más capacidad para ello.

Las instituciones neoliberales han fomentado la evasión fiscal, verdadera clave de la globalización. Por ejemplo, la Unión Europea, diga lo que diga, promueve esta evasión, pues de otra manera no se explicaría su connivencia con que algunos de sus miembros como Luxemburgo u Holanda hayan establecido regímenes fiscales mediante los que las multinacionales eluden sistemáticamente el pago de impuestos.

El resultado de esta política neoliberal en España es un sistema fiscal regresivo, basado en la recaudación sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Esto es, el IVA, que paradójicamente no ha dejado de aumentar durante los últimos años, a pesar de la bajada del consumo y, por tanto, del incremento del paro. Sin un sistema fiscal progresivo, donde quienes más ganen o tengan sean quienes más aporten, el estado de bienestar no puede tener lugar.

Es así de simple. Pero, como dice el inspector de hacienda Raúl Burillo, la política la fiscal ha sido única en España durante el bipartidismo; daba lo mismo quien gobernara, y así, salvo ligeros matices, con todos los ejes de las estructuras económicas del país.

Dado que el principal partido de la izquierda, Podemos, parece irremediablemente instalado en la banalidad, sería más necesario que nunca que alguien enunciase un proyecto político solvente que sea capaz de preservar el estado social, dado que para su desmantelamiento ya han sido designados los ejecutores.

Fuente:
http://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/fin-dinero-barato-banco-central-europeo-expansion-cuantitativa

lunes, 7 de mayo de 2018

El blindaje constitucional de la educación concertada.

"No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas”
(Philippon de la Madeleine, (1734-1818).

En las últimas semanas se ha puesto el foco en las escuelas que segregan por sexo a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que no solo avala la constitucionalidad de los colegios que segregan por sexo sino que apoya el blindaje de la LOMCE a los conciertos educativos de este tipo de escuelas y, por ende, a los conciertos educativos en general.

Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dónde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho fundamental a la educación.

La razón de ser de las escuelas concertadas
Durante la década de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarización universal, ya que la red de escuelas de titularidad pública era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que parecía ganar tiempo para, con el paso de los años, ir consolidando una oferta educativa enteramente pública. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educación que nacieron en la época franquista y que pasaron a ser de titularidad pública en los años posteriores.

Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando año a año su número a pesar de haber perdido su razón de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarización. Desde 2009, la propia Ley de Educación de Catalunya ya no diferencia entre centros públicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos públicos.

Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran líneas y colegios públicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administración justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero público).

Los presupuestos públicos están financiando a las escuelas privadas por dos vías: 1) mediante la dotación de conciertos; y 2) mediante las subvenciones públicas.

En Cataluña, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiación de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la única partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que añadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones públicas que reciben los centros privados y que —dicho sea de paso— es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administración.

Qué son y cómo funcionan las escuelas concertadas
Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educación. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educación, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulación y control del profesorado, los comedores escolares, la regulación sobre la escuela inclusiva, y un largo etcétera. De hecho, mientras que en la escuela pública (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas públicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administración quien fija el precio máximo de los menús, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios públicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos públicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pública al profesorado se le aplican los procedimientos públicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educación pública es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarización y reserva del derecho de admisión. Y estos son solo unos pocos ejemplos.

Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organización, en la competencia y en la reproducción de las estructuras patriarcales.

Es la consolidación de la educación como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas.

El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carácter o una determinada orientación. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garantía constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que “una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también consagra la Constitución”.

Parece que el TC, en esta última sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carácter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la última consecuencia. La libertad de empresa estaría por encima del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 CE.

En Madrid y en Cataluña son muy pocas las escuelas privadas que a día de hoy no estén sujetas a concierto educativo. La mayoría de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean católicas.

En España, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes Órdenes.

La segregación por razón de sexo no es la única segregación que favorece la escuela concertada. También está la segregación por razones socioeconómicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la única religión válida y digna de estar sometida a concierto económico sea la católica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes públicos por la dotación de conciertos económicos a los centros privados de educación católica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos públicos ya ofrecen dicha formación religiosa, pero que a diferencia de los centros privados está abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formación religiosa que los padres escogen.

Segregación por razones socioeconómicas
Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederación de Escuelas Cristianas admitía en una entrevista la segregación por motivos económicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solución que proponía era más módulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para así estar en condiciones de igualdad con la escuela pública. Ahora bien, defendía férreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.

Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas según la población y el barrio donde se encuentren y según su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que añadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.

Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensión prestacional del derecho a la educación que corresponde a los poderes públicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artículo 27.4 CE, en su argumentación tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista económico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregación por razones socioeconómicas en el modelo de educación concertada.

En este sentido la financiación de las escuelas privadas va en detrimento del artículo 14 y del artículo 9.2 CE, así como del artículo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educación por razones socioeconómicas, siendo imposible que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.

Segregación por razón de sexo y de género
La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoración por el Tribunal Constitucional del artículo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educación diferenciada y los conciertos económicos con los centros que la imparten.

El TC ampara el artículo 84.3 LOE argumentando que la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trataría de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.

Sorprende el argumento esgrimido porque más adelante explica la sentencia que la educación diferenciada no vulnera los artículos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separación por razón de sexo no llevaría implícita una educación diferente por ser niño o niña, y de ser así el centro sí incurriría en la vulneración de los preceptos mencionados.

Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educación debe ser igual, independientemente de su sexo, ¿cómo se sustenta la necesidad de un instrumento pedagógico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?

Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto está justificada la educación diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino —como así se muestra en la propaganda en espacios como el transporte público o la televisión—. Por otro, que sin atractivos sexuales próximos es más fácil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificaría el instrumento pedagógico segregacionista.

Esta ideología heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedagógico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.

Para justificar jurídicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). Según ésta, siempre que el Estado lo permita la creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminación.

El TC desecha la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educación mixta, por ser el modelo que predomina en España.

Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mínimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mínimo aquello que se establece en los mismos. Es más, los Estados están obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretación y garantía. El propio Tribunal Constitucional admite que “el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar”.

El TC concluye que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio.

Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes públicos debían financiarlos por la vía de los conciertos educativos y/o las subvenciones públicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artículo 84.3, último párrafo, de la LOE, cuando dice que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (…) un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas podían decidir no dotar de conciertos económicos a este tipo de escuelas.

Pues bien, el Tribunal Constitucional tenía aquí una oportunidad histórica para obligar a los poderes públicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niñez y contribuir a una sociedad más igualitaria en un futuro cercano.

Distintamente, el TC señala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública e impediría la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Y añade que eso vulneraría tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creación de centros. Concluye que los centros privados de educación diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando así la constitucionalidad del último párrafo del artículo 84.3 LOE.

Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretación de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la elección de centro de los padres no se traducía en un derecho de los mismos sobre un modelo pedagógico; la libertad de creación de centros docentes no conllevaba una obligación económica por parte de la administración; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestación pública.

Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez más, la educación no es una cuestión de Estado sino de gobiernos al servicio del poder económico y de la iglesia católica. Ningún partido político con opción a ganar unas elecciones negaría la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislación a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artículo 84.3 LOE, y de la segregación en las escuelas que éste permite por razón de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relación al derecho a la educación.

Lidón Gasull Figueras es la directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada