_- ¿Acabarán la austeridad y la precariedad con la especie humana?

_- Fuentes: Sin permiso

Por James K. Galbraith | 29/12/2023 | Economía 

El destino último de una sociedad humana depende de su capacidad y voluntad de reproducirse a largo plazo. La combinación entre el descenso de la población y el aumento de la longevidad, típica de las sociedades ricas, puede tener consecuencias mucho más destructivas que la explosión de unas cuantas bombas, escribe James Galbraith. La creciente inseguridad económica exacerba estas tendencias. Sin embargo, la economía de la decisión de reproducirse ha sido de interés marginal para los economistas.

Al principio de la pandemia de Covid-19, muchos con un interés menor por las matemáticas se familiarizaron con un concepto conocido como «R»: el valor R o tasa de reproducción de las infecciones por coronavirus. R es un factor multiplicativo, que se aplica al número de casos en un momento dado «t» para obtener el número que prevalecerá en un momento posterior, «t+1». Si R supera 1, la epidemia crecerá; de lo contrario, disminuirá y, finalmente, se extinguirá (Delamater et al., 2019).

La lógica es idéntica para muchos procesos, incluida la reacción de fisión en el corazón de una bomba atómica. En ese ejemplo, cada neutrón que choque contra el núcleo de un átomo de uranio-235 o plutonio-239 provocará la expulsión de dos neutrones, que se desplazarán hacia otros núcleos. Así, R=2 y tras 80 generaciones en una fracción de segundo, la energía liberada es suficiente para hacer estallar la masa, con una fuerza adecuada para destruir una ciudad. Por el contrario, si la reacción se amortigua, de modo que R1 y la reproducción avance. Más bien, la sustitución de individuos más jóvenes por otros de más edad dentro de la población es una ventaja; aumenta la cuota de los activos y reduce la de los que ya han dejado de hacer aportaciones productivas. Sólo en los casos más extremos -me viene a la mente el invierno nuclear- es probable que las nuevas amenazas maltusianas sean fatales para el conjunto de la especie.

Sin embargo, el destino último de una sociedad humana -la nuestra, al igual que las que ya han surgido y desaparecido- depende de su capacidad y voluntad de reproducirse a largo plazo. Sobre este tema, por lo que he podido saber tras un somero examen de la bibliografía, la profesión económica no ha dicho gran cosa. Como se ha señalado, la dinámica de la población es exógena a la teoría neoclásica del crecimiento. Las disputas malthusianas y neomalthusianas han ocupado bastante espacio y tiempo, pero afectan a la tasa de crecimiento exógena. Como se ha señalado, hay bastantes trabajos sobre las implicaciones de un crecimiento demográfico más lento para el crecimiento económico (ONU, 2020), para el nivel de vida, para el clima y también – un inconveniente – para la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones. Por último, está bien establecido que la fertilidad es menor en los países más ricos. El descenso de la fecundidad se inició durante los prósperos años sesenta, pero se aceleró en los setenta, cuando el mundo de altos ingresos atravesaba una serie de crisis, como la inflación, el desempleo y el elevado coste de la energía. El descenso de la fecundidad ha seguido acentuándose tras las crisis posteriores. Evidentemente, no es sólo la riqueza la que suprime la fecundidad; en las sociedades ricas intervienen otros factores.

La economía de la decisión de reproducirse atrajo la atención temprana de Gary Becker (Becker, 1960, 1981, 1992), y más recientemente varias contribuciones de la economía feminista (Tertilt et al., 2022). Estos economistas son conscientes de que las condiciones y los incentivos económicos son importantes, incluidos el nivel de ingresos, la política fiscal y la disponibilidad de guarderías y seguros médicos. Pero, en términos generales, se centran en la igualdad de género y el bienestar de las mujeres, y no tanto en el resultado social general.

En el análisis de Becker, los niños son un «bien de consumo duradero» que proporciona «ingresos psíquicos» a sus padres. Al escribir en la época del baby boom, Becker pensaba que el aumento de los ingresos incrementaba la fertilidad, pero argumentaba que las mujeres más ricas podían preferir la «calidad» a la «cantidad» y, por tanto, optar por dedicar sus mayores ingresos a la crianza de una prole más pequeña y de mejor calidad. Escritores posteriores, teniendo en cuenta el descenso de la fertilidad, se han centrado en facilitar el camino, para las mujeres adultas, hacia la conciliación de la maternidad (en cantidades limitadas) con las carreras, especialmente las carreras profesionales. Una opinión generalizada sostiene que las políticas pronatalistas pueden (y deben) fomentar la compatibilidad entre familia y carrera profesional para las mujeres de las sociedades de renta alta (Doepke et al., 2022).

Todos coinciden en que la decisión de reproducirse está ahora firme e irrevocablemente bajo el control de los individuos directamente implicados; ya no está bajo el control coercitivo del Estado, la tribu, el grupo religioso o incluso la familia extensa, en la mayoría de los casos. ¿Debemos tener hijos o no? Y si es así, ¿cuántos? Son cuestiones privadas, incluso de derechos humanos. Sin embargo, tomadas en conjunto, tienen un impacto decisivo en las condiciones a las que se enfrentarán las generaciones posteriores.

Permítanme argumentar que la cuestión principal es si, en conjunto, las decisiones privadas de reproducirse conducen a un valor R igual o superior a 1. Se trata de las consecuencias de las microdecisiones, tomadas en condiciones sociales y económicas específicas, para la macroestructura. En esta cuestión, tres factores parecen muy pertinentes. Se trata de (a) la capacidad de controlar la reproducción; (b) el coste esperado de criar a los hijos hasta la edad adulta; y (c) la ganancia o pérdida esperada, para los adultos, asociada a tener o no tener un hijo o un hijo más. Esa ganancia o pérdida puede ser en gran medida económica, pero también incluye incentivos sociales e instintos biológicos. La magnitud de la pérdida o ganancia dependerá de las condiciones económicas específicas y de las tensiones a las que se enfrente el hogar. Además, como la mayoría de los seres humanos tienen cierta aversión al riesgo, tanto los costes como las ganancias están sujetos a incertidumbres considerables, que actúan como elemento disuasorio.

En lo que respecta a la capacidad de controlar la reproducción, la batalla ha terminado en gran medida y así ha sido desde la llegada de la anticoncepción química a mediados del siglo XX. Sigue habiendo escaramuzas importantes, que afectan sobre todo al acceso a los servicios reproductivos, pero son acciones de retaguardia del patriarcado. Los efectos sobre las mujeres directamente afectadas son duros, pero es poco probable que tengan un gran impacto en las tasas de reproducción, como ocurrió una vez, por ejemplo, en Rumanía en la década de 1970 (Mackinnon, 2019). La llegada de soluciones farmacéuticas a los embarazos no deseados es un factor que probablemente reducirá aún más las consecuencias prácticas, en conjunto, de los ataques legislativos a las clínicas abortistas.

Los otros dos factores son, por tanto, decisivos. Y aquí nos enfrentamos a dos realidades de las sociedades «avanzadas» -o, en cualquier caso, ricas-. La primera es que los niños son muy caros. Hay que alimentarlos, alojarlos, vestirlos, educarlos y entretenerlos, por no hablar de tolerarlos, tiempo durante el cual, en los entornos urbanos en los que casi todos vivimos, su contribución económica al hogar es nula, y su uso en otras capacidades -lavar los platos, sacar la basura- es muy limitado. Además, a medida que aumentan las exigencias de la educación para una vida de éxito – hasta la universidad y los estudios de postgrado – también aumenta la parte del coste que recae en el presupuesto privado de los padres. Todo esto hay que tenerlo en cuenta de antemano. Y existe el riesgo de complicaciones aún más costosas, como una discapacidad, un accidente, una crisis de salud o un encontronazo con el sistema de justicia juvenil. Las ventajas económicas compensatorias -como dar a luz a un prodigio de la música o a una estrella de cine- pueden figurar, pero sólo como las posibilidades más remotas.

La ausencia de ventajas económicas compensatorias es relativamente reciente. En épocas anteriores -hace apenas un siglo- los niños eran útiles en la granja e incluso en la casa desde una edad temprana. Pero no sólo eso. Los hijos adultos eran el principal apoyo de sus padres ancianos, que generalmente vivían con algunos de sus vástagos o razonablemente cerca. La perspectiva de ser cuidado si uno llegaba a una edad en la que esto se hacía necesario era un fuerte incentivo para tener hijos en primer lugar, para cuidar de ellos, y también para renunciar a los ingresos externos asociados con el hecho de que ambos padres tuvieran un trabajo. La familia era el sistema de seguridad. En los países ricos, este mundo de obligaciones intergeneracionales en ambos sentidos ha desaparecido en gran medida.

Es cierto que este sistema estaba (y donde aún prevalece, sigue estando) plagado de otras formas de injusticia. Los adultos que no podían tener hijos, o que no los tenían, o que los perdían, o que se distanciaban, o cuyos hijos resultaban inútiles por una u otra razón, carecían de cualquier forma de protección. Entre los hogares multigeneracionales intactos, la armonía no era una regla universal. Los padres que habían tiranizado a sus hijos serían tiranizados por ellos en la vejez. Sin duda, ambas partes anhelaban a menudo la liberación. Sin duda, los funerales, si llegaban en el orden adecuado, eran a menudo escenas de emociones encontradas.

La Seguridad Social en Estados Unidos -junto con Medicare y Medicaid 30 años después- supuso una transformación revolucionaria de la vida familiar estadounidense. También lo hicieron los sistemas de pensiones, seguros sociales y asistencia sanitaria, aún más completos e igualitarios, introducidos en Europa, sobre todo después de la segunda guerra mundial. Lo mismo ocurrió en el norte de Asia. Estos sistemas se describen a menudo (por sus oponentes) como una transferencia de los jóvenes a los mayores, mientras que son defendidos (por sus partidarios) como planes de inversión autosuficientes. Ninguna de las dos caracterizaciones es del todo exacta, ya que ambas no tienen en cuenta las formas anteriores de organización familiar y cómo éstas se vieron modificadas por los seguros sociales.

En realidad, lo que hacen las pensiones públicas y los seguros de enfermedad es repartir entre toda la comunidad una carga que antes era específica de la familia. De este modo, los adultos mayores que no tienen hijos dispuestos o capaces de mantenerlos tienen prestaciones de pensiones y sanitarias suministradas por el conjunto de la población trabajadora. Y la población trabajadora, incluidos los que no tienen padres a los que mantener (o no estarían dispuestos a hacerlo), está obligada a contribuir, en EE.UU. a través del impuesto sobre la nómina, a mantener a sus propios padres y a los de los demás. La colectividad sustituye a la familia en esta función.

La Seguridad Social, otras pensiones y el seguro de enfermedad liberan así a cada parte de la colectividad de la otra. Permiten a las personas mayores vivir de forma independiente (o en comunidades de personas mayores), al tiempo que liberan a las familias trabajadoras para que se concentren (tras pagar el impuesto sobre la nómina) en sus propias necesidades, y en los gastos de sus propios hijos. Estas nuevas disposiciones han demostrado ser muy populares, al menos entre los mayores de muchos países ricos, al menos durante las primeras etapas de la vida de la tercera edad. No parece que haya mucha nostalgia por el modelo anterior de dependencia y cuidados.

Otra cuestión es si esto seguirá siendo así al final de la vida en las residencias de ancianos. Pero para entonces, el poder de decisión ha pasado generalmente a la generación más joven, que tiene pocas ganas de soportar una carga de la que pueden encargarse profesionales, reembolsados por el Estado.

Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué tener hijos en primer lugar? Si uno ya tiene un hijo, o dos, ¿por qué tener más? Son un compromiso a largo plazo, costoso y arriesgado. No aportan ningún beneficio económico cuando son jóvenes. Cuando crecen, devuelven poco o nada, en concreto, en términos económicos. De adultos son, en el mejor de los casos, una fuente de orgullo, placer y apoyo moral; en el peor, evocan un discreto silencio, o incluso vergüenza activa, según los casos. Y luego están los beneficios económicos de limitar el tamaño de la familia o de renunciar a tener hijos. Son muy importantes.

La unidad familiar típica de un país rico, una vez establecida, recibe unos ingresos elevados según los estándares mundiales, pero se enfrenta a una serie de costes fijos a largo plazo. Hay un alquiler o una hipoteca. Hay facturas de servicios públicos. Hay impuestos, incluidos los impuestos sobre la propiedad que no varían en función de los ingresos. Hay seguro médico, seguro de propiedad, seguro de vida. Hay gastos de desplazamiento. Hay que comprar alimentos básicos. Y luego están los costes de tener hijos. Así, incluso las personas bastante acomodadas operan con un estrecho margen de «recursos gratuitos». Este margen puede verse erosionado por el aumento de los costes fijos: energía, servicios públicos, tipos de interés. Se erosiona con el aumento de la precariedad del empleo. Lo erosiona la política de austeridad.

El problema de los márgenes estrechos se ve agravado por el aumento de la desigualdad de ingresos en la sociedad en general. Los ricos establecen normas de consumo y seguridad a las que aspiran las clases medias y bajas. Esto aumenta las horas que los trabajadores están dispuestos a pasar en el trabajo. El fácil acceso al crédito hace posible vivir en una casa más grande, poseer mejores vehículos y disfrutar de un nivel de vida más alto a corto plazo. Sin embargo, la carga de la deuda tiende a acumularse, lo que aumenta la presión sobre los ingresos. Si los tipos de interés suben, una carga de deuda manejable puede volverse difícil, o incluso inmanejable, en poco tiempo.

Sin hijos, los dos miembros de la pareja pueden desarrollar carreras independientes y remuneradas y disfrutar plenamente de sus propios ingresos y de los del otro. No están atados a los horarios de los colegios y a las citas para jugar, ni a los gastos de la educación superior de un vástago que se irá pronto. Las mujeres no tienen por qué interrumpir su trabajo ni retrasar su carrera profesional. La llegada desde los años 80 de un mercado de trabajo precario, que ofrece empleos de servicios con salarios mediocres, prima fuertemente el hecho de tener varios adultos asalariados en cada hogar. Dos ingresos son a menudo necesarios para mantener un nivel de vida de clase media, y también proporcionan un poco de seguro contra la pérdida de empleo de uno u otro miembro de la pareja.

La decisión de renunciar a los hijos puede tener un efecto dramático en la capacidad de hacer frente a otros gastos fijos y en la disponibilidad de recursos libres para disfrutar de la vida. Es obvio que este efecto es más poderoso cuando los costes de los recursos – que afectan a gastos inevitables como la calefacción, la luz y la gasolina – aumentan, que cuando los recursos son baratos. Es más poderoso cuando los presupuestos militares se hinchan mientras los bienes públicos y las infraestructuras mueren de hambre. Es más fuerte cuando las perspectivas de crecimiento futuro de los ingresos son débiles o inciertas. Es más poderosa cuando la desigualdad de ingresos aumenta, agudizando el impulso de buscar mayores ingresos pero reduciendo los medios para conseguirlos. Y éstas, más allá de cualquier argumento razonable, son las principales razones por las que las tasas de fertilidad cayeron en los países ricos durante las crisis económicas de los años setenta y de nuevo en EE.UU. tras la gran crisis financiera de 2008 (Macrotrends, 2023). Muchos adultos jóvenes de los países ricos se han dado cuenta de que los hijos son, en el mejor de los casos, una bendición mixta y, en el peor, un mal negocio.

Por supuesto, lo anterior es exagerado. La gente tiene hijos por muchas razones no económicas, como las creencias religiosas, la costumbre, esperanzas que pueden o no ser realistas de contar con la compañía de la progenie en etapas posteriores de la vida, instintos biológicos, amor y -también- por error. Puede que las razones económicas no predominen. Pero son un factor. Y el punto clave es que parecen ser inequívocas en la dirección de su efecto. En los países ricos, militan en contra de la maternidad. En los países pobres y agrarios, que carecen de seguridad social a gran escala y de otros costes fijos, no actúan con tanta fuerza. Si se quiere entender por qué la fecundidad ya ha caído por debajo del nivel de reemplazo en todas las regiones del mundo, salvo en las más pobres y «menos avanzadas», ésta es casi con toda seguridad la razón principal.

En los países de renta baja, la población es más joven que en los ricos. En estos países, aunque las tasas de fecundidad disminuyan, la población aumentará durante un tiempo. Por tanto, la composición demográfica del mundo se desplazará necesariamente hacia las regiones agrarias de renta baja. Éstas se encuentran sobre todo en el sur de Asia y en el África subsahariana, donde las poblaciones son jóvenes y las cohortes de natalidad numerosas. Sin embargo, en la India, la fecundidad pasó por debajo de la tasa de reemplazo en torno a 2017; en Bangladesh, en torno a 2013. En Pakistán y Nigeria, sigue siendo más alta, aunque ha ido disminuyendo en ambos desde aproximadamente 1970. (Banco Mundial, 2023)

Para las regiones ricas, la migración es un factor atenuante. ¿En qué medida? Sin duda, un gran diferencial en los ingresos disponibles atraerá a la gente. Pero la disponibilidad de ese diferencial es una amalgama de factores, entre ellos la dificultad de cruzar la frontera, la probabilidad de obtener un empleo remunerado, el poder adquisitivo del salario del país rico cuando se transmite como remesas al país pobre, el riesgo de deportación, etcétera. Mientras los diferenciales sigan siendo razonablemente grandes, la inmigración continuará. Cuando disminuyan, la inmigración neta se ralentizará o se detendrá.

Una vez tenida en cuenta la inmigración, una sociedad cuya R de población se mantenga por debajo de 1 experimentará un envejecimiento general. Esto tiene tres consecuencias previsibles. En primer lugar, aumenta la proporción de personas mayores que no trabajan y son dependientes, muchas de ellas con costosas necesidades de apoyo, que deben ser atendidas de alguna manera. Suponiendo que se mantengan los ingresos y los recursos disponibles para los mayores, esto proporciona empleo e ingresos a parte de la próxima generación. Pero también supone una mayor carga fiscal para el conjunto de la población. Y los costes sociales compiten con la provisión de infraestructuras para los jóvenes: las residencias de ancianos compiten con las guarderías, los hospicios con los parques y zonas de juego. A menos que se tomen medidas enérgicas para mantener los servicios para los jóvenes, con un coste social adicional, la calidad de la crianza tiende a disminuir.

En segundo lugar, a medida que aumenta la edad media, más mujeres superan la edad de procrear, habiendo dado a luz a una cohorte menor de mujeres a las que seguir. El menor número de mujeres que se crían, con una fecundidad sin cambios, conlleva necesariamente un nuevo descenso de los nacimientos futuros. Incluso si esta tendencia se compensa con una potente política pronatalista, una cohorte limitada limita el efecto sobre el crecimiento global de la población. Un ejemplo llamativo de este fenómeno es Rusia, donde el desplome demográfico de los años noventa tiene su eco en una pequeña cohorte de nacimientos en la década de 2020, a pesar de que las tasas de fecundidad se han recuperado en cierta medida (Shcherbakova, 2022). Esto se ve mitigado (por ahora) por la inmigración a gran escala procedente de Ucrania, y también de otros Estados postsoviéticos en una situación aún peor. Pero la inmigración tiene un límite, incluso en situaciones tan extremas.

En tercer lugar, a medida que la población envejece, aumentan las probabilidades de que se produzca un sacrificio maltusiano, ya que los ancianos son más vulnerables a las enfermedades, al frío y al calor, y al impacto de una pauperización repentina. Estas fuerzas, sin embargo, hacen poco para reducir la carga de cuidar a los ancianos, ya que las inversiones fijas en la infraestructura de atención deben, por lo general, mantenerse. Por lo tanto, el coste por persona del cuidado de los que siguen sobreviviendo aumenta.

La implicación general es que una vez que la tasa de reemplazo de la población R cae por debajo de 1, lo que corresponde a una tasa de fertilidad por mujer de menos de aproximadamente 2,1 en una estructura de edad equilibrada, entonces, aparte de la inmigración que es inherentemente una solución temporal, el coste/beneficio económico de tener hijos empeora inexorablemente con el tiempo. En la medida en que una sociedad rica necesite realmente ciudadanos con una educación especializada y costosa – y quizás no sea así – es difícil ver algún camino para invertir este equilibrio desfavorable. Podría lograrlo una reducción drástica del coste de los recursos, un milagro tecnológico o el éxito de las guerras de conquista, pero nada de esto parece muy probable.

La previsión de la ONU para Estados Unidos es que la actual tasa de fertilidad, ligeramente por debajo de 1,8, se mantendrá indefinidamente (Macrotrends, 2023). Si no hubiera inmigración y la estructura por edades estuviera equilibrada, esto correspondería a un valor R de aproximadamente 0,9, sin tener en cuenta que incluso en los países ricos algunos niños no llegan a adultos. A este ritmo, harían falta unas diez generaciones para reducir la población estadounidense en unos dos tercios. Pero no parece haber ninguna base firme para tal optimismo (relativo). Del mismo modo, algunas proyecciones demográficas a largo plazo sostienen que, incluso después de una grave despoblación durante muchos años, la población mundial podría estabilizarse (Wilmoth et al., 2023). Como señala Spears (2023), tampoco existe una base clara para ello. Ninguna sociedad con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo se ha recuperado todavía.

Lo que parece más probable es una situación en la que la carga que supone el cuidado de los mayores, con la austeridad, la desigualdad y el aumento de los costes de los recursos que someten a los presupuestos familiares a una presión cada vez mayor, siga degradando la fertilidad de los jóvenes. Es probable que los intentos de extender el control sobre los recursos, por la fuerza o mediante el fraude, para hacer más llevadera la carga, sean rechazados por las poblaciones robustas y más jóvenes de las regiones que siguen siendo ricas en recursos. La gran desigualdad de ingresos y los elevados presupuestos de defensa agravan la situación. Incluso cuando los ancianos pasen a mejor vida, los sistemas establecidos para su mantenimiento, incluida la asistencia sanitaria avanzada y especializada, seguirán exigiendo y absorbiendo recursos. A medida que los recursos básicos sigan agotándose, su coste unitario seguirá aumentando. La reducción, el desguace y el abandono de las instalaciones innecesarias, junto con la reducción de los sectores financiero y militar depredadores, son requisitos previos para la renovación. Pero éstos no se consiguen fácilmente ni sin dolor.

En resumen, el desarrollo de una gran estructura de costes fijos y seguros sociales -el mayor logro del Estado del bienestar del siglo XX-, combinado más recientemente con las cotizaciones obligatorias a pensiones de aportación definida, los planes de ahorro a largo plazo protegidos de impuestos, el aumento de los costes de los recursos y de la sanidad, la austeridad inducida por las políticas, el militarismo y una estructura de ingresos sobrecargada, ha obligado a la gran masa de jóvenes de los países más ricos a hacer economías donde pueden. La mayor economía a su alcance, dadas las circunstancias, está en el ámbito privado de la reproducción humana. Muchos han tomado el camino que quedaba abierto. Nadie puede culparles, ya que ellos no tomaron las decisiones que fijaron las condiciones de esta elección.

Pero una sociedad – o una especie – en esta situación parece estar en vías de autoextinción. No inmediatamente, desde luego, pero sí a lo largo de varios siglos, con la posibilidad de una grave crisis una vez que la situación supere las circunstancias que podemos imaginar actualmente. Este zapato parece encajar en prácticamente todas las sociedades ricas y casi ricas del mundo moderno, especialmente Japón, Europa, China, Brasil y Rusia, junto con Estados Unidos.

Y cuando los países pobres finalmente se «desarrollen», ¿qué les impedirá seguir el mismo camino?

Referencias. 

 Adam, D.,A Guide to R – the pandemic’s misunderstood metric Nature, 03 July 2020.; Nature, 03 July 2020. 

 Becker, G., An Economic Analysis of Fertility. Demographic and Economic Change in Developed Countries, 11:209–231. 1960

— A Treatise on the Family. Harvard University Press. 1981.

— Fertility and the Economy. Journal of Population Economics, 5:185–201. 1992.

Bricker, D. and Ibbitson, J., Empty Planet – The Shock of Global Population Decline. Crown. 2019.

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Delamater, P. L. et al., Complexity of the Basic Reproduction Number (R0). Emerging Infectious Diseases vol. 25,1 (2019): 1-4. doi:10.3201/eid2501.171901. 2019.

Doepke, M. et al., The New Economics of Fertility. International Monetary Fund. 2022.

Galbraith, J.K., The Affluent Society. Cambridge: Houghton-Mifflin Co. 1958.

Keynes, J.M., The Economic Consequences of the Peace. London: MacMillan, 1919.

Mackinnon, A., What Actually Happens When a Country Bans Abortion. Foreign Policy. 2019.

Macrotrends, US Fertility Rate, 1950-2023, Accessed September 29, 2023.

Malthus, T. R., An Essay on the Principle of Population. 1798

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens, W. W., Limits to Growth.1972. Dartmouth College Library Digital Production Unit.

Shcherbakova, E M., Population Dynamics in Russia in the Context of Global Trends. Studies on Russian Economic Development, vol. 33,4 (2022): 409-421. doi:10.1134/S1075700722040098

Solow, R. M., A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), pp. 65-94.

The MIT Press.1956.

Spears, D., The World’s Population May Peak in Your Lifetime. What Happens Next? The New York Times. 2023. September 18.

Tertilt, M. et al., A New Era in the Economics of Fertility. VoxEU. 2022.

United Nations, Department of Economic and Social affairs. World Fertility and Family Planning, 2020: Highlights. 2020.

James K. Galbraith es Lloyd M. Bentsen, jr. de Relaciones Gobierno/Empresa en la Escuela Lyndon B. Johnson de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas en Austin. Es Doctor en Economía por Yale. Agradece a Deepshikha Arora su ayuda en la investigación de este artículo.

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/acabaran-la-austeridad-y-la-precariedad-con-la-especie-humana

_- PRECARIEDAD. Joan Benach: “Una economía que necesita personas precarias dopadas con cafeína y ansiolíticos no es sana” Es el coordinador del equipo de expertos del Ministerio de Trabajo que ha estudiado la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad, una “pandemia tóxica”

_- Es el coordinador del equipo de expertos del Ministerio de Trabajo que ha estudiado la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad, una “pandemia tóxica”.

Joan Benach (Barcelona, 65 años), doctor en Salud Pública por The Johns Hopkins University y catedrático de Sociología en la Universitat Pompeu Fabra, ha coordinado la elaboración del informe Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas, un encargo del Ministerio de Trabajo. Este estudio calcula que un tercio de los problemas de salud mental en la población activa son atribuibles a las jornadas interminables, los bajos salarios y tantos otros determinantes de la precariedad. “Cambiar la realidad no solo requiere hacer visibles los problemas y comprender sus causas, sino, sobre todo, disponer del poder político necesario para actuar y evitar la pandemia tóxica que hoy representa la precariedad laboral y social”, dice en una entrevista con este periódico a través de correo electrónico.

Pregunta. España es un país con salarios por debajo de la media europea, con una tasa de temporalidad en la franja superior, con una proporción de desempleo altísima y la más elevada entre los jóvenes, trabajamos más horas que la media de la OCDE y distribuidas de forma más expandida a lo largo del día. ¿Su estudio ha encontrado una relación causal entre estas variables y la alta prevalencia de problemas de salud mental?
Respuesta. Contrariamente a lo que se suele creer, la precariedad laboral no solo tiene que ver con el tipo de contrato o el salario, sino que es un fenómeno multidimensional. Además de la estabilidad y seguridad, es imprescindible tener en cuenta la escasez de derechos, el escaso poder de negociación, o la vulnerabilidad, indefensión y discriminación que se padece cuando se trabaja. El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio.

P. ¿Qué ha aprendido sobre la relación de precariedad y salud mental que no supiera antes de la elaboración de este estudio? ¿Cuáles son los aspectos más originales?
R. El estudio, que próximamente será publicado de forma más extensa como libro, es original por dos razones principales. En primer lugar, porque es la primera vez en el mundo que un Gobierno encarga un estudio sobre dos temas de tanta importancia social como son la precariedad laboral y la salud mental. Y segundo, porque, para comprender temas tan complejos, hemos hecho un trabajo transdisciplinar integrando el mejor conocimiento disponible de la sociología, derecho del trabajo, epidemiología, psicología y salud pública, entre otras disciplinas. Mediante una visión crítica, hemos logrado obtener una síntesis nueva y plantear propuestas políticas que van mucho más allá de la visión limitada y fragmentaria de cada disciplina.

P. Una de las conclusiones más contundentes es que un tercio de los casos de depresión en la población activa en 2020 son atribuibles a la precariedad. ¿Le sorprendió este resultado?
R. No. Hace años mostramos que el impacto sobre la salud mental era más del doble en los trabajadores precarizados, siendo los más afectados la clase trabajadora, migrantes, jóvenes y mujeres. Pero es esencial comprender mejor las causas y el impacto global de la precariedad sobre nuestras vidas. Es lamentable que aún no dispongamos de un sistema de información e investigación adecuado para medir integralmente la precariedad, con indicadores válidos y comparables. En la sociedad actual no basta con medir el desempleo y la temporalidad, hay que medir todas las dimensiones de la precariedad laboral y social y conocer todos sus efectos en la salud y calidad de vida.

P. ¿Qué reacción le genera la frase “no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato”, que tanto se ha popularizado últimamente? ¿Qué es más importante para que mejore la salud mental de los españoles: una caída en los índices de precariedad o un refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en la sanidad pública?
R. Tratar de eliminar la precariedad laboral a la vez que atender a las personas que sufren trastornos de salud mental derivados de su situación laboral deben ser objetivos complementarios. Hay que prevenir y hay que curar y cuidar: ambas cosas son imprescindibles. Ahora bien, el precarizado y excesivamente medicalizado sistema de salud mental no puede evitar el sufrimiento de muchas personas que a menudo se autoculpabilizan de sus dolencias. La precariedad laboral es un problema social causado por tener relaciones de empleo y trabajo nocivas. Por tanto, las soluciones sobre la precariedad y el sistema de salud, deben ser políticas. Eso significa que hay que politizar el sufrimiento generado por la precariedad.

Más que aumentar el número de profesionales, que también es necesario, lo que necesitamos es desarrollar una salud mental comunitaria donde casi todo está por hacer”

P. Intentando ser más concreto, ¿haría más por la salud mental de los españoles una reducción de entre cinco u ocho horas de la jornada semanal, como plantean en su estudio, o que se triplique el número de psicólogos y psiquiatras de la sanidad pública, hasta situarnos en la media europea?
R. El informe propone numerosas recomendaciones, así como la necesidad de abrir debates sociales tan importantes como el trabajo garantizado, la renta básica universal, la democratización de las empresas o el tiempo de trabajo. Acortar las jornadas laborales y reducir la precariedad podría tener un impacto muy positivo. Permitiría reducir el desempleo, racionalizar horarios, el estudio y la vida familiar, así como aumentar las relaciones sociales y la participación política. Al mismo tiempo, mejoraría el descanso, la salud y la calidad de vida. En relación con la atención, más que aumentar el número de profesionales, que también es necesario, lo que necesitamos es desarrollar una salud mental comunitaria donde casi todo está por hacer. Un sistema público, no precarizado y no medicalizado, cuyo centro de gravedad sean la atención primaria y los determinantes sociales, y que trabaje en estrecha coordinación con los sistemas de protección social.

P. España es el país con mayor consumo de ansiolíticos por habitante. ¿En qué medida depende la economía española, o al menos su mercado de trabajo, de una fuerza laboral que realmente no está en condiciones reales de trabajar de forma saludable?
R. Medicalizar los trastornos de salud mental derivados de la precariedad laboral tratando de solucionar problemas a base de consumir medicamentos no es una solución adecuada. Primero, porque no va a la raíz del problema, lo que significa que en el mejor de los casos la medicación trata síntomas y no causas. Segundo, porque la utilización masiva de medicamentos genera dependencia y iatrogenia, es decir, efectos secundarios que dañan la salud; y tercero, porque aumenta la aceptación de una realidad social intolerable. Eso se ve claro con un fenómeno insuficientemente estudiado como es el presentismo laboral, es decir, el tener que ir a trabajar incluso estando enfermos. Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar no es una sociedad sana.

P. ¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza, como apuntan desde algunos sectores, que esta prevalencia tan alta de los problemas de salud mental y de consumo de ansiolíticos puede no deberse a la precariedad, sino a que en España los trabajadores sean más vagos o más frágiles que en otros países?
R. Toda la evidencia científica nacional e internacional muestra que la precariedad laboral es un determinante social de la salud. Eso comporta sobre todo dos cosas: a mayor precariedad laboral, peor salud mental; y que esta produce desigualdades entre grupos sociales, donde la clase trabajadora, mujeres, migrantes y jóvenes son los más afectados, además de colectivos olvidados como los trabajadores culturales, las personas con diversidad funcional, las personas trans, entre otros. Ello indica que no estamos ante un problema individual sino ante un fenómeno social y colectivo que requiere de la acción política para ser eliminado. Una visión individual del fenómeno no permite entender sus causas estructurales, además de que culpabiliza a las personas de su sufrimiento y salud.

P. ¿En qué sectores cree que los trabajadores sufren más problemas de salud mental?
R. La reciente pandemia puede ayudar a ilustrar la situación. Con la covid-19 se habló mucho, casi siempre retóricamente, de la importancia de trabajadores y trabajadoras esenciales. Colectivos que trabajan en sectores como la salud, educación, cuidados, alimentación, transporte, cultura o comunicación, entre otros, con enfermeras, cajeras de supermercado, camareros, educadoras, transportistas, limpiadoras, cuidadoras de niños o ancianos, trabajadoras de servicios sociales, periodistas y artistas, entre otros muchos trabajos. Trabajos que son esenciales, pero que están insuficientemente valorados y mal pagados, y que lleva a cabo la clase trabajadora o una clase media proletarizada, donde predominan muchas mujeres y migrantes.

Aunque los estudios son aún limitados, quienes trabajan en las plataformas digitales presentan elevados niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad y depresión”

P. ¿Qué papel cree que juegan plataformas como Uber y Glovo, que mantienen relaciones por cuenta ajena con sus empleados, aunque en la práctica sean laborales, en este debate?
R. La economía de las plataformas digitales ilustra muy bien la preocupante realidad de la precariedad laboral. Quienes trabajan allí se ven sometidos a salarios exiguos, una disciplina constante, pero invisible, horarios laborales irregulares, largas jornadas y frecuentes episodios de discriminación. Aunque los estudios son aún limitados, quienes trabajan en las plataformas digitales presentan elevados niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.

P. ¿Cree que la prevalencia de los problemas de salud mental de los trabajadores españoles va a empeorar o a mejorar en los próximos años?
R. La precariedad no es un destino inexorable ni una maldición histórica. Como todo problema social, todo dependerá de las políticas que se lleven a cabo. En el informe señalamos un gran número de intervenciones basadas en el mejor conocimiento disponible, pero cambiar la realidad no solo requiere hacer visibles los problemas y comprender sus causas, sino, sobre todo, disponer del poder político necesario para actuar y evitar la pandemia tóxica que hoy representa la precariedad laboral y social. No debemos aceptar tener que trabajar para poder existir, sino reclamar poder trabajar y vivir dignamente en un entorno habitable y con buena salud. Como señala la periodista filipina y premio nobel Maria Ressa, la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a hacer y sacrificar para lograrlo

_- Viviendas comunitarias. Cuando lo lógico parece revolucionario. Gotzon Aramburu

_- Gotzon Aramburu
Naiz

La casuística es amplia, pero su común denominador es que el chico o la chica se encuentra con que ha terminados sus estudios, no trabaja o ha empezado hace poco, y sus ingresos hacen inviable que abandone el hogar familiar. Ocupación, alquiler entre amigos, compra y rehabilitación de una casa abandonada… se ensayan todo tipo de salidas, algunas con más éxito que otras. En los últimos tiempos ha tomado auge una fórmula que viene del centro y norte de Europa, la vivienda comunitaria.

La vivienda comunitaria, con distintos grados de autogestión, empieza a dar sus primeros pasos en Euskal Herria. En algunos casos, la iniciativa es fruto de un colectivo de jóvenes, sin participación de las instituciones, que intenta diseñar una fórmula factible de vivienda propia. En otros casos, se da el trabajo conjunto de ayuntamientos y colectivos, al adquirir conciencia los primeros de la situación que atraviesan los jóvenes y poner sus medios para facilitar la difícil empresa de la emancipación. Son los casos de Errenteria y Usurbil.

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Aumenta la inseguridad y la violencia contra profesionales. Los grandes desafíos del periodismo europeo

Sergio Ferrari
Rebelión

Asamblea anual de la Federación Europea de Periodistas
El periodismo europeo se confronta a su propia sobrevivencia. Desde el constante cambio tecnológico, hasta las cada vez más fuertes amenazas al servicio público, pasando por situaciones de inseguridad y violencia, todo influye directamente en el ejercicio de la profesión. Estas fueron las temáticas principales del debate animado por más de 70 representantes de 42 asociaciones y sindicatos de comunicación de 32 países del continente, del 4 al 6 de junio en Lisboa.

La asamblea anual de la Federación Europea de Periodistas (FEP) – que reúne 320 mil miembros afiliados pertenecientes a 71 asociaciones y sindicatos de 43 países- aprobó el miércoles 6 en la capital portuguesa una veintena de resoluciones.

Amenazas contra la profesión
Los temas tratados en Lisboa son un termómetro de la realidad de la profesión en Europa. Ratificar la importancia del audiovisual público, moción sostenida por una quincena de sindicatos de otros tantos países, apareció en un primer lugar.

Caracterizado por los promotores de la misma como “piedra angular de la democracia”, el servicio público sufre amenazas de distinta índole en numerosos países. Lo que explica el apoyo en bloque a esta resolución de parte de sindicatos de España, Italia, Austria, Irlanda, Alemania, Serbia, Austria, Noruega y Suiza, entre otros.

La violencia, cada vez más sistematizada, que afecta al libre ejercicio de la profesión en Europa, apareció como otro tema central. Agresiones en una amplia diversidad: desde las que soportan los periodistas deportivos, hasta las presiones recibidas por mucho redactores y analistas políticos. Incluyendo, también, censuras internas a redactores cuando pretenden tratar problemas referentes a los accionistas o propietarios del propio medio.

“Si bien dicha violencia no alcanza los niveles que sufren colegas en otros continentes, como Latinoamérica o África, aparece cada vez con más insistencia también en Europa”, subraya el periodista belga Philippe Leruth, actual presidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que, con 600 mil miembros en 140 países, es la más importante del sector a nivel mundial.

La marcada desigualdad salarial entre hombres y mujeres periodistas; así como la precarización creciente de las condiciones laborales a nivel general que confronta el gremio en Europa, acapararon la reflexión de los delegados.

Un último estudio de la situación de la prensa en Portugal de 2016 –cuyos resultados siguen siendo procesados-, presentado en el cónclave de la FEP, reconoce que un tercio de la rama “gana salarios indignos”, de menos de 700 euros mensuales (el salario básico en el país es de 800 euros).

Casi el 80 % de los encuestados manifiestan su descontento con las condiciones de trabajo y el 90 % considera que el futuro del periodismo será cada vez “más precario e incierto”. Un tercio carece de un contrato laboral regulador.

La preocupante radiografía portuguesa no es única en el continente. La realidad en varios países balcánicos y del este europeo, expresan similitudes o aún más precariedad.

La precariedad atenta contra la libertad de prensa
Si uno de nuestros objetivos principales, en tanto que organizaciones internacionales de periodistas, es la defensa de la calidad de la información, “debemos estar conscientes que la precariedad de las condiciones de trabajo de las y los periodistas atenta directamente contra dicha calidad”, subrayó Philippe Leruth.

Un periodista que no sea pagado decentemente, no podrá hacer correctamente su trabajo, ni ofrecer una información de nivel, completa.

Me animaría a decir, continúa el especialista belga -que antes de ser presidente de la FIP fuera vicepresidente de la FEP durante nueve años- “que, si bien la defensa del audiovisual público es importante, debemos entender al periodista en sí mismo como un bien público”, considerando la trascendencia de su trabajo para la consolidación de la democracia.

Y ese ejercicio debe comenzar en las propias empresas, “para asegurar la democracia interna, exigiendo, por ejemplo, una representación, presencia y observación de los trabajadores y periodistas, en los órganos de decisión”. En particular, en esta etapa donde se da no solo una concentración creciente de los medios, sino que “grandes empresas, que en muchos casos no se dedican exclusivamente a la información, detienen buena parte de los mismos”.

La propia esencia del periodismo está en la mira, evalúa el presidente de la Federación Internacional de Periodistas. “No debemos olvidar que nuestra principal razón de ser es asegurar una información de calidad que el público esté de acuerdo en pagar”.

En un momento en que la información –en gran parte no profesional- abunda en los sitios web, llevado a la confusión entre la “verdadera información con la falsa, o no profesional”.

Si algo importante dejó como lección la votación suiza del 4 de marzo pasado contra la iniciativa reaccionaria No-Billag (que pretendía liquidar la radio y televisión como servicio público) fue justamente eso: “demostró que el pueblo helvético reconoce la calidad de su radio y televisión y está dispuesto a pagar para mantenerla”, subraya.

El valor supremo de la solidaridad
La reflexión final del presidente de la FIP toca un aspecto esencial del trabajo de las federaciones internacionales de periodistas, el de la solidaridad.

No podemos caer en la trampa, reflexiona, que, por confrontar problemas graves en la profesión en Europa, debemos reducir la solidaridad en el plano continental y mundial. Al contrario, enfatiza. “Si se especulara con dicha actitud, tanto Europa como los otros continentes, saldríamos todos perdiendo. Si desarmamos la solidaridad sería muy difícil saber a dónde vamos”, concluye.

Sergio Ferrari, en colaboración con swissinfo.ch y syndicom

_- Informe OXFAM enero 2018. Premiar el trabajo, no la riqueza

_- OXFAM

Para poner fin a la crisis de desigualdad, debemos construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos.

El año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días. En 12 meses, la riqueza de esta élite ha aumentado en 762 000 millones de dólares. Este incremento podría haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. El 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo.

La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal remunerado de una mayoría. Mientras las mujeres ocupan mayoritariamente los empleos más precarios, prácticamente todos los súper ricos son varones. Los Gobiernos deben favorecer la creación de una sociedad más igualitaria a base de dar prioridad a los trabajadores y a los pequeños productores agrarios en vez de a los más ricos y poderosos.

Informe:
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-es.pdf

Resumen: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-summ-es.pdf

Metodología: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/tb-reward-work-not-wealth-methodology-note-220118-es_0.pdf

Fuente: https://www.oxfam.org/es/informes/premiar-el-trabajo-no-la-riqueza

Los silencios sociales. Dos lecciones que cabe extraer de la crisis: la concesión de crédito no ayuda a vencer la desigualdad y no es posible la redistribución de la riqueza en un mundo globalizado.

Para entender buena parte de lo que ha sucedido durante los años de la Gran Recesión hay que tener en cuenta lo que se denominan “silencios sociales”. Son aquellos aspectos de la vida cotidiana que habitualmente se omiten o se ocultan, a pesar de ser tan importantes o más que aquellas cuestiones que son objeto del debate público. Muchas veces estos silencios son los que ayudan a reproducir un sistema y sus estructuras de poder a lo largo del tiempo.

La periodista del Financial Times Gillian Tett aplicó esta teoría de los silencios sociales al mundo de las finanzas, en el que es experta. Y la complementó con lo que denominó la trampa del silo: la existencia de compartimentos estancos que dificultan sacar consecuencias del conjunto de la realidad. Conectar los puntos que definen el perímetro de la cartografía social es cada vez más complicado.

Se pueden buscar dos ejemplos de lo que el economista norteamericano Mark Blyth ha calificado como “la mayor operación de engaño con señuelo de la historia moderna”. Son dos falacias: la consideración del crédito como factor de lucha contra la desigualdad; y la distribución de la riqueza y el poder en el seno de una misma clase social porque la globalización impide que se haga entre distintos grupos sociales.

Aunque la desigualdad en el interior de los países haya crecido exponencialmente durante la crisis, ya estaba muy presente antes. Ha crecido sin parar desde los años ochenta del siglo pasado. Lo denunció, entre muchos otros, uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, cuando escribió en 2011 un artículo en The New York Times, titulado Dejad de mimar a los ricos: “Mientras las clases media y baja luchan por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos pelean por ganarse la vida, nosotros, los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias”. Ya entonces el mapa cotidiano de las clases medias y bajas era de salarios prácticamente estancados, amén de una creciente precariedad laboral. Las diferencias entre unos y otros se trataron de compensar con el acceso masivo al crédito, en un tiempo en que los tipos de interés eran bastantes bajos. No ganamos mucho, pero nos podemos endeudar para comprar casa, coche e irnos de vacaciones. Precisamente la expansión de los préstamos bancarios a las familias de menos ingresos fue el origen de las hipotecas subprime (de alto riesgo) con el que arranca la crisis financiera del verano de 2007.

Los beneficios de esta forma de actuar —aumento del consumo, compra de viviendas, incremento del precio de las mismas, lo que hacía que las familias se sintieran más pudientes (el efecto riqueza), más empleo...— son inmediatos, en tanto que el pago de la inevitable factura se aplaza para el futuro. Pelotazo hacia adelante. Así se puso en marcha el ¡qué coman crédito!, que funcionó hasta que estalló la burbuja. El crédito como sustitutivo de una distribución más progresiva de la renta y la riqueza ha sido uno de los silencios sepulcrales de la Gran Recesión.

Otro de ellos ha sido el de la distribución en las entrañas del mismo grupo social. Se ha instalado una verdad ideológica: no se puede distribuir desde el capital hacia el trabajo, desde los ricos hacia los pobres, porque las empresas y los ciudadanos ricos abandonan los países de altos impuestos hacia aquellos de gravámenes bajos o directamente hacia los paraísos fiscales, aprovechando la libertad de movimientos de capitales. La mayor parte de las reformas fiscales han reducido los impuestos al capital y han paliado o eliminado los impuestos del patrimonio (a lo que se posee, no a lo que se gana) y el de sucesiones y donaciones (a lo que se hereda). Las clases medias, ya suficientemente demediadas por la crisis, son las que padecen esas reformas fiscales y las reformas laborales que exigen dosis cada vez superiores de flexibilidad del mercado de trabajo.

En este contexto, los sindicatos y los trabajadores permanentes se convierten, a los ojos de los demás (exempleados que perdieron su puesto, jóvenes que lo buscan por primera vez pero no lo encuentran, mujeres que aún siendo menos jóvenes lo intentan por las dificultades económicas familiares, asalariados a tiempo parcial, trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, falsos autónomos, becarios permanentes, etcétera), en defensores de los derechos adquiridos. ¿Cuántas veces se escucha que los jóvenes no pueden encontrar trabajo por culpa de los “privilegios” de los trabajadores fijos, o que los sindicatos sólo se preocupan de los intereses de estos? Se elimina lo que es seguro, mientras se promete lo que es incierto.

Como consecuencia de esta argumentación, la redistribución sólo se hace en el seno de cada clase social, de cada estamento, no entre unas clases y grupos sociales y otros. La redistribución se hace ontológicamente imposible, por mor de la globalización. En el periódico italiano Il Manifesto, el periodista Aldo Carra hablaba de ello como una guerra en el interior de la clase media. Se dice: estamos pagando los abusos del pasado (vivir por encima de las posibilidades) y, por lo tanto, los privilegiados tienen que pagar. Pero ¿quiénes son los privilegiados? En una sociedad en crisis, individualizada y fragmentada, empobrecida, son aquellos que están más cerca de nosotros: quien tiene un trabajo es un privilegiado para el que está en paro; el que tiene un trabajo indefinido para el que tiene uno temporal; el que trabaja a tiempo completo para el que sólo trabaja a tiempo parcial, el que gana 2.000 euros para el que gana 1.000; etcétera.

¿Y los demás? ¿Y los privilegiados de verdad? ¿Y las élites extractivas que se han amparado en las instituciones políticas y económicas para subir la cucaña social? Esas están muy lejos y no se las ve. En la cola social que no avanza se mira con envidia al vecino que está delante. Y si ya no se le ve porque ha avanzado mucho, se observa con antipatía a los que nos rodean y compiten por lo poco, por lo escaso. Así, la lucha de clases se convierte en la envidia dentro de la clase. El sociólogo francés Pierre Bourdieu escribió que los efectos ideológicos más seguros son aquellos que para ejercerse no precisan de palabras o no demandan más que silencios cómplices.

Joaquín Estefanía acaba de publicar Estos años bárbaros (Galaxia Gutenberg) y Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Siete ‘Ensayos de persuasión’. Una lectura de John Maynard Keynes (Taurus).

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/18/actualidad/1447865827_638475.html

Atados a la casa paterna. La tasa de emancipación juvenil española se sitúa entre las más bajas de Europa.

Que casi el 80% de los jóvenes españoles menores de 30 años vivan todavía en la casa de los padres da cuenta de la profundidad de la crisis que vivimos. La tasa de emancipación juvenil española se sitúa entre las más bajas de Europa, solo por encima de la de Grecia, Italia y Croacia, y muy por debajo de la media europea, donde los jóvenes se emancipan de media a los 26,1 años, mientras que aquí lo hacen a los 28,9. Es muy posible, además, que estas estadísticas escondan una parte de la realidad, pues muchos de los jóvenes que han abandonado el hogar paterno siguen necesitando la ayuda económica de sus padres.

Estos datos marcan un panorama social deprimente para las expectativas de las nuevas generaciones, pues las causas son estructurales y se necesitan políticas más decididas que las aplicadas hasta ahora para cambiar la tendencia. En primer lugar, la alta tasa de paro —el 38,7% de los menores de 30 años están desempleados— y la precariedad laboral de los que trabajan impiden que tengan ingresos suficientes. A ello se añade el alto precio de la vivienda, inasequible para los salarios medios que perciben quienes comienzan su vida laboral.

La incertidumbre sobre la continuidad en el puesto de trabajo es otra barrera importante a la hora de decidir la emancipación. El nuevo gobierno que se forme en España no puede ignorar esta realidad. Su prioridad debe ser un plan de choque de empleo juvenil.

http://elpais.com/elpais/2016/01/01/opinion/1451674254_231965.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s

Crisis demográfica (07/12/2015)

Precariedad peligrosa (09/08/2015)

Con una rueda no anda el carro

La impresionante precarización laboral lleva consigo menor sueldo y productividad más baja


Los datos de la Encuesta de Población Activa publicados esta semana han servido para que algunos echen las campanas al vuelo y proclamen de nuevo que se consolida la recuperación económica, pero me temo que hay demasiado optimismo infundado detrás de ello.

Lo que realmente indican los datos no es que esté aumentando el volumen de empleo que crea nuestra economía sino que está cambiando su composición pues está bajando el número total de horas trabajadas (3,8 millones semanales menos que en el primer semestre de 2013) y también la jornada media (30 minutos a la semana menos en el mismo periodo). Y el hecho de que baje el paro no quiere decir ni mucho menos que las personas que dejan de estar estadísticamente desempleadas pasen a estar ocupadas sino que muchas de ellas se desaniman, emigran o son extranjeras que vuelven a sus países de origen. Como tampoco se puede olvidar que la EPA registra como ocupada a una persona simplemente si ha trabajado una hora a la semana y a cambio de cualquier tipo de retribución, aunque haya permanecido todo el tiempo restante sin empleo alguno.

El aumento en la ocupación que registra la EPA no refleja, por tanto, sino la transformación de miles de puestos de trabajo a tiempo completo en otros a tiempo parcial o discontinuos que lógicamente representan un número de contratos o empleos mucho mayor (en el último año, 3,2 millones de trabajadores temporales firmaron casi 15 millones de contratos de trabajo).

Y es precisamente por ello por lo que tampoco puede pensarse que la situación del mercado laboral sea el resultado de una recuperación efectiva de la actividad o el inicio de una nueva etapa de mayor y mejor rendimiento económico. La impresionante precarización laboral que se está produciendo lleva consigo menor sueldo y productividad más baja y, por tanto, menos capacidad de nuestra economía para crear valor añadido, como demuestra el hecho de que el empleo siga cayendo en la industria. Eso es lo que explica que esté aumentando el empleo estadístico mientras que el consumo y la inversión no se recuperan, cuando aumenta el déficit comercial, cuando se hunde el ahorro de los hogares y aumenta la deuda y cuando la renta disponible baja a un ritmo de casi el 11% anual. Que se registre mayor número de ocupados en estas circunstancias y con un crecimiento insignificante del PIB no es un milagro de la economía española sino la prueba de que eso no significa en realidad más empleo.

Otra cosa es que gracias a esa precarización del empleo se haya recuperado el excedente de las grandes empresas y el de los bancos pero es imposible que con esa sola rueda ande bien el carro de la economía española.
Fuente: JUAN TORRES LÓPEZ 27 JUL 2014 - El País.

La crisis perpetua

Luis García Montero

"Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas".

La salida de la crisis no es una salida real, sino la santificación de un tiempo nuevo que podemos definir como crisis perpetua. Las meditaciones de Kant sobre la paz necesitaron debatir unas circunstancias capaces de asegurar la concordia definitiva. No bastaba con la posibilidad de una tregua, había que conseguir un futuro sin herencias bélicas. Paz perpetua… Con la misma ambición, parece que la política española, medida a medida, se ha empeñado en instaurar una crisis perpetua. Lo que se justificó como consecuencia de una coyuntura difícil, se define ya como la costumbre del futuro. El porvenir se confunde con una realidad precaria.

El poder es, antes que nada, un profesor de filología. Le saca punta a las palabras, analiza la semántica de sus sílabas, la coloca, la desordena, la recoloca. Pidió sacrificios en nombre de la palabra crisis porque significaba escasez, carestía, situación dificultosa o complicada. Pero ocultó en lo que pudo el verdadero sentido de sus letras: mutación importante, proceso de cambio físico, histórico o espiritual. De la escasez a la mutación, la crisis ha sido un tiempo de acercamiento a la precariedad definitiva. Ahora salimos de la crisis, porque el proceso de mutación ha concluido y la desigualdad más insolente está fundada.

Cada vez que el presidente de gobierno, o la ministra, o el secretario de Estado, o el experto de las tertulias, hablan de buenos síntomas se produce una redefinición de la verdad. Los puestos de trabajo creados que tanto se aplauden son en realidad una conquista no sólo escasa, sino también muy triste. Si miramos con los ojos de un pasado inmediato, los ojos que buscaban unas condiciones laborales dignas, el panorama es aterrador.

Bajo el gobierno del PP, en España se han hecho 34 reformas que afectan al Estatuto de los Trabajadores, el empleo y las pensiones. En España hay 23 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En España se ha impuesto la desigualdad más alta de la Unión Europea hasta el punto de que una pequeña población rica tiene un ingreso 7 veces mayor que una inmensa población pobre. En España no basta con encontrar trabajo para salir de los índices de pobreza, porque los salarios son tan bajos que no sirven para cubrir unas necesidades mínimas. En España baja de manera notable el empleo a tiempo completo y suben el contrato basura y las condiciones miserables de los autónomos. Y en España decir estas cosas empieza a ser propio de los aguafiestas… Mientras todo el mundo busca la luz, parece que uno no quiere reconocer la salida de la crisis. Molesta la conciencia de que no hay salida de la dificultad, sino mutación en un estado de dificultad perpetua.

El poderoso Filólogo quiere redefinir, imponer, decretar la palabra alegría. La dignidad es un valor que sólo se pueden permitir los afortunados. Poner un ejemplo futbolístico nunca está de más en España, porque es el único fenómeno social que se resiste a la desvertebración. Carles Puyol, el admirable central barcelonista, se ha despedido de la afición y de su club esta semana. Se retira de forma muy digna. Las lesiones y la edad han castigado su rendimiento. En vez de amarrarse al banquillo y a la ficha, renuncia a dos años de contrato. Es sin duda una postura honesta. ¿Pero quién puede permitirse la honestidad? ¿Hubiera podido anunciar Puyol su despedida estando en unas condiciones adversas? La dignidad personal es inseparable de la situación social de los individuos.

En España no están las cosas para renunciar a un contrato, aunque sea basura, aunque se rebaje el poder adquisitivo, aunque las condiciones laborales conviertan al trabajador en una cosa de usar y tirar. Se juntan, además, el hambre con las ganas de comer. 6 millones de parado definen bien una realidad en la que ni siquiera el dinero resulta lo más importante. Llegar a fin de mes es decisivo, por supuesto; pero hace más daño el estado de ánimo que la situación económica. Sentirnos inútiles, una carga para los demás, unos excluidos, nos degrada el carácter, nos deja huecos por dentro. Sólo en un país de muertos vivientes resulta posible que un presidente de gobierno se atreva a borrar la experiencia de la gente para vender el triunfo de la precarización como el final de la crisis.

Y la gente está tan necesitada, tan angustiada, que corren peligro las voces empeñadas en recordar la dignidad. No hablo de luchadores, sino de rutina común. Hace pocos años existía una sociedad en la que se tomaba en serio el derecho de los trabajadores y el salario como factor indispensable en el reparto de la democracia y de la riqueza. Ahora ese recuerdo es una molestia para disfrutar del “justo y necesario final de la crisis”. Y otra aclaración: no estoy hablando de ningún paraíso pasado, sino del infierno presente, del infierno que le dejamos a nuestros hijos.

Peor que la crisis misma es esta salida de la crisis.
Fuente: Artículo publicado en Público.es

Hacia una sociedad de precarios. Especialistas en derecho laboral alertan de que la precariedad se extiende como fenómeno global

Hace unos años las situaciones de “riesgo de exclusión” o “pobreza” se limitaban a determinados estratos sociales. Actualmente, el estado de “precariedad” se extiende con la celeridad que impone la crisis al conjunto del cuerpo social. Aunque con diferencia de grados (afecta sobre todo a mujeres, inmigrantes, jóvenes desempleados y jubilados), la condición de “precario” sustituye en términos generales a la de trabajador asalariado con derechos.

Esta es la tesis central del libro sobre la precariedad que preparan los especialistas en derecho laboral, y autores de “El Huracán Neoliberal” (Ed. Sequitur), Héctor Illueca y Adoración Guamán, que se publicará el próximo mes de enero. Una afirmación categórica recorre el texto, y explica por qué se globaliza la condición de precario: “El mercado ha secuestrado al conjunto de la sociedad”.

No falta información estadística que avale esta hipótesis. Según el informe de Cáritas correspondiente a 2013, tres millones de personas viven en España por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 300 euros al mes (esta cifra duplica la de las personas se hallaban en esta situación antes de la crisis). Los datos coinciden con el incremento de millonarios (personas con un patrimonio de al menos 740.000 euros) que, según un informe de Credit Suisse, ha aumentado en el estado español un 13,2% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013. Según este estudio, el estado español cuenta actualmente con 402.000 millonarios.

Los pronósticos de Intermón Oxfam tampoco resultan halagüeños: España podría tener 20 millones de pobres en el año 2025 (el 40% de la población). Negro sobre blanco, la revista Forbes señala que 30 familias, que acumulan cerca de 30.000 millones de euros, se reparten la mayor parte de la riqueza en el estado español. Además, España, que había acortado la “brecha” en materia de desigualdad con respecto a la Unión Europea (una diferencia de sólo 0,5 puntos en el índice de Gini -coeficiente que mide la desigualdad de ingresos- en 2008), ha visto como se disparan las diferencias a los 4,5 puntos en el año 2012, lo que sitúa al estado español como segundo en términos de desigualdad tras Letonia, según el informe “Desigualdad y Estado Social en España” de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

En su trabajo, Illueca y Guamán abordan los diferentes procesos que apuntalan la precariedad. Señalan, primeramente, la creciente inestabilidad en el empleo, a la que han contribuido las últimas reformas laborales. El abaratamiento del despido, la igualación “por abajo” de contratados fijos y temporales, y la institución de nuevas modalidades de contratación eventual dibujan un horizonte muy claro de inestabilidad en el empleo. Los efectos de la última reforma laboral (febrero de 2012) dejan pocas dudas: la cifra de trabajadores afectados por ERE (despidos colectivos) ha aumentado en un 21,2% en los ocho primeros meses de 2012 (299.021 trabajadores afectados).

Durante los 10 primeros meses de 2012 se registraron, además, 19.599 ERE con invocación de “causas económicas” (un 108,63% más que en el mismo periodo del año anterior). Por tanto, se ha facilitado el despido, también se ha abaratado, y se han difuminado las fronteras entre la contratación temporal e indefinida. Es más, abunda Adoración Guamán, “se cuestiona el carácter fijo e inamovible de la ocupación de los funcionarios; de entrada, la última reforma laboral ya permite expedientes de regulación de empleo para el personal laboral de las administraciones públicas”.

Además del empleo “inestable”, Illueca y Guamán señalan un segundo proceso de precarización: la modificación de las jornadas laborales y de las funciones que se desarrollan en el centro de trabajo, por un lado; y, además, las rebajas salariales (otro de los grandes objetivos de las últimas reformas laborales). En todo caso, los números avalan la hipótesis de los autores. La encuesta trimestral del coste laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 (con la última reforma laboral ya en vigor) situó el coste salarial total (incluida la seguridad social) por trabajador en 1.805,63 euros, un 7% menos que en el segundo trimestre de 2012 (1.939,73 euros). En el sector público, los funcionarios acumulan varios años de salarios congelados, tras el recorte del 5% aprobado en 2010. Según el informe “Desigualdad y estado social en España”, entre los años 2008 y 2012, los salarios han perdido 3,8 puntos porcentuales, y han pasado de una participación del 57,1% del PIB a sólo el 53,3%.

La “individualización” de las relaciones laborales (entre empresario y trabajador) ahondan en el mismo escenario de precariedad, apuntan Héctor Illueca y Adoración Guamán. De hecho, “a los sindicatos se les ha expulsado del marco de relaciones laborales en el estado español”, agregan (“La última reforma laboral revienta la negociación colectiva, ya que les otorga el poder en la misma a los empresarios”). Los autores explican que en las pequeñas empresas (el 95% de las empresas españolas cuentan con menos de 50 empleados), donde el sindicalismo es prácticamente inexistente, ya no obligará el convenio de sector; la negociación colectiva se dará, por tanto, en el marco de la empresa, entre el empresario y el trabajador. De manera “individualizada” y con un desequilibrio en la correlación de fuerzas más que evidente.

Recortes en servicios públicos, aumento de las tasas en la educación, “repagos” sanitarios, reducción de las prestaciones por desempleo y de las pensiones representan otro vector de la precariedad. “Bienes y servicios que anteriormente prestaba el estado ahora se deben costear en el mercado con el salario directo”, explican Illueca y Guamán. Dicho de otro modo, “pasamos del llamado Estado de Bienestar a lo que Ulrich Beck ha denominado la sociedad del riesgo”. En todo caso, la precarización del cuerpo social no es algo inocente ni azaroso, ni depende de un contexto de crisis. Según los autores, “se trata de una poderosa herramienta de control social, que produce (y esto es decisivo) parálisis y miedo; para pensar en un horizonte de liberación humana, la gente ha de tener perspectivas a largo plazo; esto resulta imposible en un mundo precario y en el que prima la lucha por la subsistencia cotidiana”.

Pintado el tenebroso mural, ¿Qué alternativas desarrollarán los autores en el próximo libro? Matizan, de entrada, que las propuestas se inscriben en el ámbito del Derecho Laboral, y que son “de mínimos”, un “punto de partida”. Plantean primeramente un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que aumentaría sustancialmente al pasar de los actuales 645 euros a 1.000 euros.

Una segunda idea para mitigar la precariedad es el reparto del trabajo y la reducción de la jornada laboral. La medida (más o menos inspirada en el modelo de 35 horas semanales, que en Francia impulsó el primer ministro socialista Lionel Jospin) se implantaría por ley, pero de modo flexible y recogiendo la casuística y los matices de cada empresa. De ahí la importancia que se le otorgaría a la negociación entre empresario y sindicatos. La iniciativa reservaría, asimismo, significativas funciones de control a la inspección de trabajo.

Por último, Héctor Illueca y Adoración Guamán proponen el incremento de la prestación por desempleo y plantean una renta garantizada de ciudadanía, con el fin de atenuar las diferencias entre trabajadores contratados y desempleados (con o sin derecho a prestación). “Actualmente, las diferencias salariales globales son muy considerables”, apunta el informe “Desigualdad y estado social en España”: El 10% de la población trabajadora con salario más elevado percibe unas retribucioens cinco veces superiores a las del 10% de la población con salarios más bajos. Pero más allá de estas propuestas paliativas, “se trata de combatir la precariedad que se proyecta sobre el conjunto de una población secuestrada por el mercado; una precariedad que se impone como modelo sustitutorio del empleo asalariado”, concluyen los autores.
Enric Llopis

Portugal. Decenas de miles de portugueses se manifiestan contra la precariedad en la mayor concentración al margen de los partidos. (Foto de (O)Porto)

Las convocatorias han sido promovidas por el movimiento juvenil Geração à rasca (Generación en apuros) en más de 11 localidades lusas.
Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, salieron ayer a la calle para protestar pacíficamente contra "la precariedad" en Lisboa, Oporto y otras ciudades portuguesas, en la mayor movilización que se realiza en este país al margen de partidos y sindicatos desde la revolución del 25 de abril de 1974. Los organizadores aseguran que sólo en Lisboa 300.000 personas respondieron a la convocatoria de la autodenominada Geração à rasca (Generación en apuros), efectuada a través de Facebook por un reducido grupo de jóvenes hace poco más de un mes. Al margen de las cifras, lo cierto es que las manifestaciones en Lisboa y Oporto superaron todas las expectativas.
"El país está en apuros" y "La precariedad no escoge edad" eran los lemas de las dos grandes pancartas que abrían la marcha en la capital portuguesa, que abarrotó de punta a punta la Avenida de la Libertad, arteria principal de la ciudad. La consigna más coreada fue "Con precariedad no hay libertad", signo de las condiciones en que viven más de un millón de portugueses, entre desempleados y trabajadores en condiciones lamentables.
"Estoy harta, pero no me callo", podía leerse en un cartel que enarbolaba una joven. Las críticas a los políticos estaba presente en toda la iconografía de las manifestaciones. Ayer quedó meridianamente claro que hay muchos portugueses que no creen en la clase política. Lo demostraron en las elecciones presidenciales del pasado 23 de enero, en las que la abstención llegó al 53,48% (más de cinco millones), y lo dijeron ayer en voz alta en las calles de 11 ciudades.

Los jóvenes eran clara mayoría, pero también había padres y abuelos, porque como decía un veterano de abril "la precariedad no respeta edad". La manifestación era un cuadro variopinto de ciudades de distinta edad y condición, mucho de los cuales difícilmente responderían a una convocatoria partidista, y que ayer lo hicieron no por curiosidad.
La manifestación ha concluído en la plaza de Rossío, símbolo en Portugal por ser escenario de las mayores manifestaciones desde la revolución de los claveles del 25 de abril. "Aquí pasa todo", comentaba en inglés un portugués a un turista despistado. Tres de los cuatro jóvenes que promovieron la protesta leyeron el manifiesto que está colgado en Facebook desde el 5 de febrero. "Somos la generación con mejor educación de la historia del país", "no protestamos contra otras generaciones, protestamos por una solución y queremos ser parte de ella", "protestamos para que todos los responsables actúen en conjunto", dijeron uno tras otro João Labrincha, 27 años, Paula Gil, 26, y Alexandre Sousa Carvalho, 25 antiguos compañeros de facultad en la Universidad de Coimbra que, de la noche a la mañana, han pasado a acaparar la atención de todos los medios de comunicación. "La lucha no acaba hoy", repetía De Sousa Carvalho.
En los días previos a la manifestación hubo intentos de manipulación y de sembrar la confusión, con mensajes falsos que circularon por Internet, como el que pedía un millón de personas en la calle para acabar con la clase política. Algo así como aquel "que se vayan todos" argentino en la época del corralito. Algunos comentaristas criticaron y despreciaron a los organizadores de la manifestación.
Pese al descrédito de los políticos, los promotores de Geração à rasca no son anti-partidos. Tres de ellos militan o han militado en las juventudes del Partido Socialista, Comunista y del Bloco de Esquerda. Y para evitar malas interpretaciones invitaron a los 230 diputados de la Asamblea de la República a acudir a la manifestación. "Tienen que ser parte de la solución, y para nosotros no son el problema", señaló Sousa Carvalho. "No es una protesta contra el Gobierno", añadió Paula Gil. "Hemos contactado a diputados, movimientos estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, religiosas, deportivas..." ...
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