Siguiendo al sociólogo T. H. Marshall, la humanidad primero conquistó la “ciudadanía civil” con las revoluciones americana y francesa en el siglo XVIII (libertad de expresión, derechos del hombre y del ciudadano). En el siglo siguiente se logró la “ciudadanía política” que reguló la participación ciudadana en el ejercicio del poder político, extendiendo el derecho de voto a grupos cada vez más amplios. En el siglo XX se desarrolló la “ciudadanía social y económica” que suponía el reconocimiento de los derechos sociales como la educación, la salud, el bienestar económico y la vivienda, básicos para la vida de un ser civilizado.
En base a este esquema, el economista Albert O. Hirschman expuso en una relevante conferencia -Doscientos años de retórica reaccionaria: la tesis de la inutilidad, recogida en Vivir como iguales (1996), las duras respuestas a estas tres oleadas progresistas. Explicó cómo frente a estos tres grandes avances aparecieron otras tantas tesis reaccionarias que desmenuza y ridiculiza con sutileza.
Son las tesis de la perversidad, la inutilidad y la peligrosidad.
1. La primera sostenía que las políticas públicas tenían un efecto contraproducente porque los programas de bienestar social crearían más y no menos pobreza.
2. La tesis de la inutilidad afirmaba que todo intento de cambiar algo sería superficial y, por lo tanto, ilusorio “en la medida que las estructuras profundas de la sociedad permanecen completamente intocadas”.
3. La tesis del peligro aseguraba que la ampliación de derechos que suponía el Estado de bienestar pondría en peligro las conquistas previas en libertad individual.
En los debates actuales sobre la reforma laboral y ley de la vivienda hemos visto la reiteración y combinación de estos viejos argumentos reaccionarios. A pesar de todo, el avance de derechos, con sus vaivenes, es incontestable. Como señala el Boletín 29 de Jueces por la Democracia en su editorial: “¡Eppur si muove! (y, sin embargo, se mueve) Pese al CGPJ, la vivienda, derecho subjetivo”. Sostienen estos jueces que “aunque el Consejo General del Poder Judicial lo rechace, el derecho progresa y cabe admitir un derecho subjetivo a la vivienda”. Admiten que conseguirlo no será sencillo. En la publicación, el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui hace un detallado recorrido de los avances del derecho en la vivienda desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pasando por la legislación europea y española. Subraya los significativos avances a través de la legislación catalana (2007 y 2013); andaluza (2010); castellanomanchega (2011) y, sobre todo, vasca (2015). Unos avances que fueron saboteados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que logró que el Tribunal Constitucional redujera alguna de las medidas de las normas catalana y andaluza.
En el boletín, la abogada Verónica Dávalos enfatiza que ante el aumento de los desahucios, la pandemia ha puesto de relieve que “el derecho a la vivienda ha quedado íntimamente ligado con el derecho a la salud”, como señala la Organización Mundial de la Salud. Los desastres a que nos enfrentamos justifican la necesidad de ampliar los derechos. Lo decisivo es exigirlos aunque sea por una minoría.
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