No hace falta que explique hasta qué punto es grande el problema de acceso a la vivienda debido a su alto precio, ni las consecuencias tan dramáticas que provoca, principalmente en el ámbito personal y familiar, pero también en el económico, financiero, urbanístico y social, en general.
Hoy me limito a señalar tres confusiones que, a mi juicio, se vienen cometiendo constantemente, no sólo entre la gente corriente, sino entre los políticos que debieran hacer frente a este asunto y también, aunque parezca mentira, entre muchos economistas. Como se verá enseguida, son graves porque impiden percibir correctamente la naturaleza del problema, de modo que resulta entonces imposible solucionarlo.
Son las siguientes.
En primer lugar, creer que la subida exagerada de los precios de la vivienda ocurre sólo en nuestro entorno, en nuestro pueblo o ciudad, en nuestra región o país. No es cierto. Es un error de percepción porque la subida y su exagerada magnitud se está produciendo en la práctica totalidad de los países. Si bien es verdad que algunos, incluso de nuestro entorno más cercano, registran subidas más moderadas, se puede decir con total fundamento que el alza de los precios de la vivienda es un auténtico fenómeno global.
Una confusión de este tipo impide resolver el problema por una razón bien sencilla. No es lo mismo que cualquier tipo de mal se padezca individual o localmente que de forma generalizada. No se trata igual ni se cura con el mismo procedimiento una enfermedad singularizada en una persona que la producida por una pandemia. Las causas que lo generen serán, con toda seguridad, muy diferentes.
Una segunda e importante confusión consiste en no percatarse de que el precio de la vivienda no es el único que está subiendo.
La realidad es que a la vivienda le viene ocurriendo exactamente lo mismo que a otros bienes que se han convertido en objeto de la inversión de quienes en los últimos años han acumulado una cantidad ingente de ahorro y riqueza.
Si sólo fuera el precio de la vivienda el que está subiendo, tendríamos que darle solución específica. Pero si comprobamos que evoluciona al alza siguiendo la misma estela que otros bienes como el oro, la plata, los objetos de lujo, las piezas de arte, o los activos financieros, y si tenemos en cuenta que todos ellos son los que efectivamente adquieren quienes disponen de ahorro en abundancia, tendremos otra clave fundamental.
La razón es sencilla, sabemos que en los últimos años y muy particularmente tras la pandemia, los grandes patrimonios han multiplicado su magnitud en casi todos los países. Y ese incremento no se destina al consumo de bienes y servicios corrientes, sino al tipo de activos de inversión que he mencionado. Eso es lo que ha producido un incremento muy grande de su demanda que impulsa extraordinariamente al alza sus precios o cotizaciones, según el caso.
La vivienda es un bien de inversión muy atractivo, quizá no tanto como el oro o las acciones cuando se tienen grandes capitales, pero sí lo suficiente como para que allí se destinen cantidades de dinero muy grandes que elevan, como acabo de decir, la demanda de viviendas y su precio. Lógicamente, no para que en ellas vivan quienes las adquieren, sino para obtener rentas de su mera posesión, dedicándolas al alquiler o a usos turísticos, por ejemplo.
Además, la mayor demanda de vivienda para los grandes ahorradores no sólo eleva su precio, sino que «tira», por una especie de efecto reflejo, de los precios de todas las viviendas que hay en el mercado, para propiedad o alquiler.
La consecuencia de esta confusión es que se intenta resolver el problema de la vivienda dentro del mercado cuando su origen, como acabo de mostrar, se encuentra fuera de él,
La tercera confusión es un efecto de la anterior. Consiste en creer que, ante la gran presión de la demanda producida por la razón que acabo de apuntar, la solución es elevar la oferta, hacer que el número de viviendas construidas crezca, crezca y crezca si cesar. Como ocurre ante tantos otros problemas económicos, sólo se sabe recurrir al crecimiento constante, cuando el problema que se sufre no es, en realidad, de cantidad, sino de calidad o de reparto, como en este caso.
Se trata de otra confusión no menos relevante que las dos anteriores porque igualmente impide resolver el problema de acceso a la vivienda o, cuanto menos, frenar el alza de su precio.
Cuando la oferta de viviendas aumenta mediante la iniciativa privada, se buscará atraer a la demanda más solvente, justo la que en mayor medida impulsa el alza de precios, pues puede pagarlos sin apenas tener que preocuparse por cuál sea su cuantía. Y, aunque la oferta de viviendas sea pública, será esa misma demanda la que más fácil y rápidamente pueda adquirirlas. Y en ambos casos, como he dicho, la mayor oferta atrae más demanda que arrastra al conjunto del mercado y lo que sucede, como está sucediendo, es que, aunque suba la oferta, los precios siguen aumentando sin cesar.
El corolario de todo lo que acabo de señalar es bastante evidente y se puede resumir con claridad: no se puede enfrentar el problema de la vivienda como si fuese un problema local (porque es global), sin tener presente que está causado por un fenómeno que no tiene origen en el mercado de la vivienda (la concentración extraordinaria de la renta y la riqueza) y limitándose a aumentar el parque de viviendas que se ofrecen en el mercado (pues, en su totalidad o en una proporción suficientemente determinante, serán adquiridas por la demanda de alta riqueza, retroalimentando la subida de precios).
Sabiendo esto, lo que se puede y se debe concluir es que resultará materialmente imposible no ya resolver, sino incluso paliar en pequeña medida el problema de acceso a la vivienda de los grupos sociales de menor renta si no se cumplen dos requisitos imprescindibles:
a) Frenar con firmeza la desigualdad y a la concentración de la riqueza.
b) Impedir que la vivienda siga siendo un activo de inversión, al menos mientras no esté asegurado que sea lo que debe ser, un bien de primera necesidad para los individuos y familias y cuya provisión debe quedar garantizada a todas las personas por los poderes públicos.
En resumen sencillo de todo lo anterior: es un hecho objetivo y claramente observado día a día que el mercado está siendo incapaz de resolver el problema de la vivienda. Es más, está generando otros al conjunto de la economía y a la sociedad de gran magnitud y que pueden llegar a ser explosivos si no se resuelve. Por tanto, no hay otra alternativa que sacar, literalmente hablando, u ofrecer fuera del mercado el número de viviendas suficiente para garantizar el derecho de habitación de todas las personas que hoy día la necesitan y no pueden acceder a ella; por supuesto, contribuyendo a su financiación en la medida de su capacidad.
Todo lo demás es retórica y cada día que pase sin que se asuman y pongan en práctica estos últimos presupuestos hace que el problema se haga cada vez más difícil, por no decir imposible, de resolver.
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miércoles, 7 de enero de 2026
martes, 5 de noviembre de 2024
Vivienda: la izquierda se manifiesta contra sí misma
La presencia de dirigentes políticos de izquierdas que ocupan o han ocupado cargos en el gobierno en las manifestaciones por la vivienda que se llevaron a cabo hace unos días resulta un tanto surrealista.
Esas personas y sus organizaciones respectivas han sido responsables del deterioro que en los últimos años ha sufrido el ejercicio del derecho que reconoce el artículo 47 de la Constitución Española: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
No digo que la cada vez mayor dificultad de acceso a la vivienda por los grupos de población de menos renta haya sido provocada por la izquierda que viene gobernando en España desde 2018, o en periodos anteriores con Rodríguez Zapatero. Entre otras cosas, porque lo mismo o peor ocurrió cuando gobernó el Partido Popular y, además, en otros muchos países del mundo, incluso en mayor medida.
Tampoco digo que me parezca mal que esos dirigentes promuevan, apoyen y asistan a las manifestaciones. Simplemente digo que eso representa manifestarse contra ellos mismos si, al mismo tiempo, no explican el por qué de su fracaso a la hora de mejorar el derecho de acceso a la vivienda.
Es ingenuo pedir que la izquierda pueda resolver cualquier problema mientras gobierna cuando los problemas son de extraordinaria magnitud, como en este caso, requieren disponer de un poder real que no se tiene, o mucho tiempo por delante para que las decisiones que se adopten den frutos positivos. Las barbaridades que durante tanto tiempo se han cometido en política de suelo y vivienda en España no se pueden revertir ni en una, ni quizá en dos o tres legislaturas. Pero sí se puede hacer algo más que es muy importante, puesto que es un inexcusable punto de partida para no errar en la inmediatez: diseñar estrategias y políticas adecuadas a medio y largo plazo, lograr acuerdos y alianzas sociales para poder llevarlas a cabo y, sobre todo, explicar a la población la naturaleza real del problema, sus causas, las dificultades o barreras que hay que superar para resolverlo y, quizá lo más importante, el por qué no se puede avanzar en la dirección deseada. Es decir, hacer pedagogía, informar, comunicar y lograr que la ciudadanía pueda ser partícipe, cooperadora y cómplice.
Casi todo esto último es lo que yo creo que no está haciendo la izquierda.
Se está equivocando en la estrategia. En el caso del POSE, de forma garrafal. Dedicarse a pedir solidaridad a los arrendadores o conceder bonos de alquiler que no van a bajar los precios sino quizá a subirlos, resulta no sólo frustrante, sino hasta patético.
A su izquierda, creo que se comete el error de empeñarse en corregir la actuación del mercado, cuando este es muy rígido a causa de la concentración, de la gran presencia de fondos de inversión especulativos y del tipo de vivienda que se ha construido. Y también, el de limitarse a hacer planteamientos puramente moralistas, como el que desarrollaba Alberto Garzón, máximo dirigente de Izquierda Unida hasta hace poco, en un reciente artículo periodístico.
La única estrategia que podrá permitir que se ejerza el derecho a la vivienda es su desmercantilización en las áreas o modalidades requeridas para satisfacer la necesidad de habitación de la población, dándole prioridad a ese derecho y construyendo las que hagan falta para ello, si hace falta, con la colaboración del sector privado. Dicho de otro modo: no se trata de enfrentarse a los molinos del mercado como quijotes, sino salirse de él, porque está demostrado que este, movido con el exclusivo motor del afán de lucro, no es capaz de satisfacer a la totalidad de la demanda social de un bien de primera necesidad.
Es imprescindible contar con un parque nacional del bien público de la vivienda. No hay otra. Y es muy urgente avanzar en esa línea porque lo que está sucediendo con la vivienda y que expliqué en un artículo anterior, va acompañado de la mercantilización de otros bienes y servicios básicos para la vida humana, como el agua y otros recursos naturales, el conocimiento, los remedios a la salud, la educación y muchos otros.
Se puede justificar la impotencia de la izquierda, pero es injustificable que no sea consciente de ello, no explique el por qué, o que actúe como si el problema que deja sin resolver no fuese con ella.
En este sentido y por último, no puedo dejar de mencionar una última responsabilidad (hoy no toca hablar de los promotores, bancos, y fondos de inversión que se hacen de oro especulando). También creo que la tienen las docenas de miles de personas afectadas que hasta ahora apenas se han dejado notar, no se informan bien, no salen constantemente a la calle para reclamar soluciones y que, para colmo, o no votan o votan a los partidos que aplican políticas que les impiden ejercer sus derechos constitucionales. Por tanto, bienvenidas sean estas movilizaciones que, en cualquier caso, son la condición previa para que dispongan de vivienda todas las personas que la necesiten.
Esas personas y sus organizaciones respectivas han sido responsables del deterioro que en los últimos años ha sufrido el ejercicio del derecho que reconoce el artículo 47 de la Constitución Española: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
No digo que la cada vez mayor dificultad de acceso a la vivienda por los grupos de población de menos renta haya sido provocada por la izquierda que viene gobernando en España desde 2018, o en periodos anteriores con Rodríguez Zapatero. Entre otras cosas, porque lo mismo o peor ocurrió cuando gobernó el Partido Popular y, además, en otros muchos países del mundo, incluso en mayor medida.
Tampoco digo que me parezca mal que esos dirigentes promuevan, apoyen y asistan a las manifestaciones. Simplemente digo que eso representa manifestarse contra ellos mismos si, al mismo tiempo, no explican el por qué de su fracaso a la hora de mejorar el derecho de acceso a la vivienda.
Es ingenuo pedir que la izquierda pueda resolver cualquier problema mientras gobierna cuando los problemas son de extraordinaria magnitud, como en este caso, requieren disponer de un poder real que no se tiene, o mucho tiempo por delante para que las decisiones que se adopten den frutos positivos. Las barbaridades que durante tanto tiempo se han cometido en política de suelo y vivienda en España no se pueden revertir ni en una, ni quizá en dos o tres legislaturas. Pero sí se puede hacer algo más que es muy importante, puesto que es un inexcusable punto de partida para no errar en la inmediatez: diseñar estrategias y políticas adecuadas a medio y largo plazo, lograr acuerdos y alianzas sociales para poder llevarlas a cabo y, sobre todo, explicar a la población la naturaleza real del problema, sus causas, las dificultades o barreras que hay que superar para resolverlo y, quizá lo más importante, el por qué no se puede avanzar en la dirección deseada. Es decir, hacer pedagogía, informar, comunicar y lograr que la ciudadanía pueda ser partícipe, cooperadora y cómplice.
Casi todo esto último es lo que yo creo que no está haciendo la izquierda.
Se está equivocando en la estrategia. En el caso del POSE, de forma garrafal. Dedicarse a pedir solidaridad a los arrendadores o conceder bonos de alquiler que no van a bajar los precios sino quizá a subirlos, resulta no sólo frustrante, sino hasta patético.
A su izquierda, creo que se comete el error de empeñarse en corregir la actuación del mercado, cuando este es muy rígido a causa de la concentración, de la gran presencia de fondos de inversión especulativos y del tipo de vivienda que se ha construido. Y también, el de limitarse a hacer planteamientos puramente moralistas, como el que desarrollaba Alberto Garzón, máximo dirigente de Izquierda Unida hasta hace poco, en un reciente artículo periodístico.
La única estrategia que podrá permitir que se ejerza el derecho a la vivienda es su desmercantilización en las áreas o modalidades requeridas para satisfacer la necesidad de habitación de la población, dándole prioridad a ese derecho y construyendo las que hagan falta para ello, si hace falta, con la colaboración del sector privado. Dicho de otro modo: no se trata de enfrentarse a los molinos del mercado como quijotes, sino salirse de él, porque está demostrado que este, movido con el exclusivo motor del afán de lucro, no es capaz de satisfacer a la totalidad de la demanda social de un bien de primera necesidad.
Es imprescindible contar con un parque nacional del bien público de la vivienda. No hay otra. Y es muy urgente avanzar en esa línea porque lo que está sucediendo con la vivienda y que expliqué en un artículo anterior, va acompañado de la mercantilización de otros bienes y servicios básicos para la vida humana, como el agua y otros recursos naturales, el conocimiento, los remedios a la salud, la educación y muchos otros.
Se puede justificar la impotencia de la izquierda, pero es injustificable que no sea consciente de ello, no explique el por qué, o que actúe como si el problema que deja sin resolver no fuese con ella.
En este sentido y por último, no puedo dejar de mencionar una última responsabilidad (hoy no toca hablar de los promotores, bancos, y fondos de inversión que se hacen de oro especulando). También creo que la tienen las docenas de miles de personas afectadas que hasta ahora apenas se han dejado notar, no se informan bien, no salen constantemente a la calle para reclamar soluciones y que, para colmo, o no votan o votan a los partidos que aplican políticas que les impiden ejercer sus derechos constitucionales. Por tanto, bienvenidas sean estas movilizaciones que, en cualquier caso, son la condición previa para que dispongan de vivienda todas las personas que la necesiten.
domingo, 13 de febrero de 2022
_- Retórica reaccionaria y vivienda.
_- En los debates sobre la reforma laboral y ley de la vivienda hemos visto la reiteración y combinación de viejos argumentos
Siguiendo al sociólogo T. H. Marshall, la humanidad primero conquistó la “ciudadanía civil” con las revoluciones americana y francesa en el siglo XVIII (libertad de expresión, derechos del hombre y del ciudadano). En el siglo siguiente se logró la “ciudadanía política” que reguló la participación ciudadana en el ejercicio del poder político, extendiendo el derecho de voto a grupos cada vez más amplios. En el siglo XX se desarrolló la “ciudadanía social y económica” que suponía el reconocimiento de los derechos sociales como la educación, la salud, el bienestar económico y la vivienda, básicos para la vida de un ser civilizado.
En base a este esquema, el economista Albert O. Hirschman expuso en una relevante conferencia -Doscientos años de retórica reaccionaria: la tesis de la inutilidad, recogida en Vivir como iguales (1996), las duras respuestas a estas tres oleadas progresistas. Explicó cómo frente a estos tres grandes avances aparecieron otras tantas tesis reaccionarias que desmenuza y ridiculiza con sutileza.
En los debates actuales sobre la reforma laboral y ley de la vivienda hemos visto la reiteración y combinación de estos viejos argumentos reaccionarios. A pesar de todo, el avance de derechos, con sus vaivenes, es incontestable. Como señala el Boletín 29 de Jueces por la Democracia en su editorial: “¡Eppur si muove! (y, sin embargo, se mueve) Pese al CGPJ, la vivienda, derecho subjetivo”. Sostienen estos jueces que “aunque el Consejo General del Poder Judicial lo rechace, el derecho progresa y cabe admitir un derecho subjetivo a la vivienda”. Admiten que conseguirlo no será sencillo. En la publicación, el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui hace un detallado recorrido de los avances del derecho en la vivienda desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pasando por la legislación europea y española. Subraya los significativos avances a través de la legislación catalana (2007 y 2013); andaluza (2010); castellanomanchega (2011) y, sobre todo, vasca (2015). Unos avances que fueron saboteados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que logró que el Tribunal Constitucional redujera alguna de las medidas de las normas catalana y andaluza.
En el boletín, la abogada Verónica Dávalos enfatiza que ante el aumento de los desahucios, la pandemia ha puesto de relieve que “el derecho a la vivienda ha quedado íntimamente ligado con el derecho a la salud”, como señala la Organización Mundial de la Salud. Los desastres a que nos enfrentamos justifican la necesidad de ampliar los derechos. Lo decisivo es exigirlos aunque sea por una minoría.
Siguiendo al sociólogo T. H. Marshall, la humanidad primero conquistó la “ciudadanía civil” con las revoluciones americana y francesa en el siglo XVIII (libertad de expresión, derechos del hombre y del ciudadano). En el siglo siguiente se logró la “ciudadanía política” que reguló la participación ciudadana en el ejercicio del poder político, extendiendo el derecho de voto a grupos cada vez más amplios. En el siglo XX se desarrolló la “ciudadanía social y económica” que suponía el reconocimiento de los derechos sociales como la educación, la salud, el bienestar económico y la vivienda, básicos para la vida de un ser civilizado.
En base a este esquema, el economista Albert O. Hirschman expuso en una relevante conferencia -Doscientos años de retórica reaccionaria: la tesis de la inutilidad, recogida en Vivir como iguales (1996), las duras respuestas a estas tres oleadas progresistas. Explicó cómo frente a estos tres grandes avances aparecieron otras tantas tesis reaccionarias que desmenuza y ridiculiza con sutileza.
Son las tesis de la perversidad, la inutilidad y la peligrosidad.
1. La primera sostenía que las políticas públicas tenían un efecto contraproducente porque los programas de bienestar social crearían más y no menos pobreza.
2. La tesis de la inutilidad afirmaba que todo intento de cambiar algo sería superficial y, por lo tanto, ilusorio “en la medida que las estructuras profundas de la sociedad permanecen completamente intocadas”.
3. La tesis del peligro aseguraba que la ampliación de derechos que suponía el Estado de bienestar pondría en peligro las conquistas previas en libertad individual.
En los debates actuales sobre la reforma laboral y ley de la vivienda hemos visto la reiteración y combinación de estos viejos argumentos reaccionarios. A pesar de todo, el avance de derechos, con sus vaivenes, es incontestable. Como señala el Boletín 29 de Jueces por la Democracia en su editorial: “¡Eppur si muove! (y, sin embargo, se mueve) Pese al CGPJ, la vivienda, derecho subjetivo”. Sostienen estos jueces que “aunque el Consejo General del Poder Judicial lo rechace, el derecho progresa y cabe admitir un derecho subjetivo a la vivienda”. Admiten que conseguirlo no será sencillo. En la publicación, el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui hace un detallado recorrido de los avances del derecho en la vivienda desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pasando por la legislación europea y española. Subraya los significativos avances a través de la legislación catalana (2007 y 2013); andaluza (2010); castellanomanchega (2011) y, sobre todo, vasca (2015). Unos avances que fueron saboteados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que logró que el Tribunal Constitucional redujera alguna de las medidas de las normas catalana y andaluza.
En el boletín, la abogada Verónica Dávalos enfatiza que ante el aumento de los desahucios, la pandemia ha puesto de relieve que “el derecho a la vivienda ha quedado íntimamente ligado con el derecho a la salud”, como señala la Organización Mundial de la Salud. Los desastres a que nos enfrentamos justifican la necesidad de ampliar los derechos. Lo decisivo es exigirlos aunque sea por una minoría.
viernes, 22 de febrero de 2019
_- La lucha por el derecho a la vivienda digna. Un vecino de Carabanchel se enfrenta al fondo buitre BlackStone
_- #JoséPedroVsBlackStone
Rebelión
Jose Pedro es vecino de Carabanchel y se enfrenta este miércoles 13 de febrero a un juicio con el fondo buitre BlackStone que quiere desahuciarlos a él y a su familia.
El fondo buitre BlackStone nos ha declarado la guerra. Pretender dejar sin casa a José Pedro, nuestro compañero de la Asamblea Popular de Carabanchel, a su pareja, a Lucía (su hija) y a Manuel (su hijo).
Todo comenzó con un SMS. Ese fue el modo por el que José Pedro y su familia tuvieron la información de que se les había adjudicado una vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a comienzos del año 2012, tras tres años de espera.
Pasado el año, nació el rumor en el barrio de que las viviendas habían sido vendidas a fondos buitres. Algunas de ellas, incluso habían sido visitadas antes de su venta. Cabe destacar que durante el gobierno del PP y bajo la gestión de la EMVS, más de un 40 por ciento de las mismas se encontraban vacías al no haber sido adjudicadas.
Con esta situación y en medio de una nueva burbuja inmobiliaria, en esta ocasión protagonizada especialmente en los precios de alquiler, José Pedro y su familia reciben un burofax del fondo buitre Fidere, filial de BlackStone.
La notificación que recibe José Pedro y su familia por parte del fondo buitre, es en resumidas cuentas para echarles de su casa, en un momento en el que los ingresos familiares no alcanzan los mil euros al mes.
En ningún momento se les ofrece la posibilidad de prorrogar el actual contrato de alquiler, si no firmar uno nuevo con una subida del precio de hasta 900 euros el primer año, y en aumento con cada transcurso de año. José Pedro intentó en varias ocasiones comunicarse con el fondo buitre para tratar de prorrogar el contrato ya que no pueden afrontar las condiciones impuestas, pero la respuesta siempre fue negativa lo que les conllevo a una demanda por desahucio.
Las distintas acciones llevadas a cabo por José Pedro tan sólo logran retrasar la fecha del desahucio, al no haber renovado en ningún caso el segundo contrato a las actuales vecinas y vecinos adjudicatarios de las viviendas expoliadas. Pero al no firmar lo que el fondo buitre les imponía, José Pedro recibe una demanda por parte del fondo buitre.
El juicio se celebrará el próximo miércoles, 13 de febrero a las 9:45h horas en el Juzgado de Primera Instancia Nº 84.
La lucha por el derecho a la vivienda digna
José Pedro es compañero de la Asamblea de Carabanchel, ha participado en decenas de stop desahucios para evitar que vecinas y vecinos se queden en la calle. Ahora nos toca apoyarle a él y a su familia. Se enfrenta a un gigante, el fondo buitre BlackStone, pero no está solo y vamos a ir a por todas.
Rebelión
Jose Pedro es vecino de Carabanchel y se enfrenta este miércoles 13 de febrero a un juicio con el fondo buitre BlackStone que quiere desahuciarlos a él y a su familia.
El fondo buitre BlackStone nos ha declarado la guerra. Pretender dejar sin casa a José Pedro, nuestro compañero de la Asamblea Popular de Carabanchel, a su pareja, a Lucía (su hija) y a Manuel (su hijo).
Todo comenzó con un SMS. Ese fue el modo por el que José Pedro y su familia tuvieron la información de que se les había adjudicado una vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a comienzos del año 2012, tras tres años de espera.
Pasado el año, nació el rumor en el barrio de que las viviendas habían sido vendidas a fondos buitres. Algunas de ellas, incluso habían sido visitadas antes de su venta. Cabe destacar que durante el gobierno del PP y bajo la gestión de la EMVS, más de un 40 por ciento de las mismas se encontraban vacías al no haber sido adjudicadas.
Con esta situación y en medio de una nueva burbuja inmobiliaria, en esta ocasión protagonizada especialmente en los precios de alquiler, José Pedro y su familia reciben un burofax del fondo buitre Fidere, filial de BlackStone.
La notificación que recibe José Pedro y su familia por parte del fondo buitre, es en resumidas cuentas para echarles de su casa, en un momento en el que los ingresos familiares no alcanzan los mil euros al mes.
En ningún momento se les ofrece la posibilidad de prorrogar el actual contrato de alquiler, si no firmar uno nuevo con una subida del precio de hasta 900 euros el primer año, y en aumento con cada transcurso de año. José Pedro intentó en varias ocasiones comunicarse con el fondo buitre para tratar de prorrogar el contrato ya que no pueden afrontar las condiciones impuestas, pero la respuesta siempre fue negativa lo que les conllevo a una demanda por desahucio.
Las distintas acciones llevadas a cabo por José Pedro tan sólo logran retrasar la fecha del desahucio, al no haber renovado en ningún caso el segundo contrato a las actuales vecinas y vecinos adjudicatarios de las viviendas expoliadas. Pero al no firmar lo que el fondo buitre les imponía, José Pedro recibe una demanda por parte del fondo buitre.
El juicio se celebrará el próximo miércoles, 13 de febrero a las 9:45h horas en el Juzgado de Primera Instancia Nº 84.
La lucha por el derecho a la vivienda digna
José Pedro es compañero de la Asamblea de Carabanchel, ha participado en decenas de stop desahucios para evitar que vecinas y vecinos se queden en la calle. Ahora nos toca apoyarle a él y a su familia. Se enfrenta a un gigante, el fondo buitre BlackStone, pero no está solo y vamos a ir a por todas.
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Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.
domingo, 10 de enero de 2016
Atados a la casa paterna. La tasa de emancipación juvenil española se sitúa entre las más bajas de Europa.
Que casi el 80% de los jóvenes españoles menores de 30 años vivan todavía en la casa de los padres da cuenta de la profundidad de la crisis que vivimos. La tasa de emancipación juvenil española se sitúa entre las más bajas de Europa, solo por encima de la de Grecia, Italia y Croacia, y muy por debajo de la media europea, donde los jóvenes se emancipan de media a los 26,1 años, mientras que aquí lo hacen a los 28,9. Es muy posible, además, que estas estadísticas escondan una parte de la realidad, pues muchos de los jóvenes que han abandonado el hogar paterno siguen necesitando la ayuda económica de sus padres.
Estos datos marcan un panorama social deprimente para las expectativas de las nuevas generaciones, pues las causas son estructurales y se necesitan políticas más decididas que las aplicadas hasta ahora para cambiar la tendencia. En primer lugar, la alta tasa de paro —el 38,7% de los menores de 30 años están desempleados— y la precariedad laboral de los que trabajan impiden que tengan ingresos suficientes. A ello se añade el alto precio de la vivienda, inasequible para los salarios medios que perciben quienes comienzan su vida laboral.
La incertidumbre sobre la continuidad en el puesto de trabajo es otra barrera importante a la hora de decidir la emancipación. El nuevo gobierno que se forme en España no puede ignorar esta realidad. Su prioridad debe ser un plan de choque de empleo juvenil.
http://elpais.com/elpais/2016/01/01/opinion/1451674254_231965.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
Estos datos marcan un panorama social deprimente para las expectativas de las nuevas generaciones, pues las causas son estructurales y se necesitan políticas más decididas que las aplicadas hasta ahora para cambiar la tendencia. En primer lugar, la alta tasa de paro —el 38,7% de los menores de 30 años están desempleados— y la precariedad laboral de los que trabajan impiden que tengan ingresos suficientes. A ello se añade el alto precio de la vivienda, inasequible para los salarios medios que perciben quienes comienzan su vida laboral.
La incertidumbre sobre la continuidad en el puesto de trabajo es otra barrera importante a la hora de decidir la emancipación. El nuevo gobierno que se forme en España no puede ignorar esta realidad. Su prioridad debe ser un plan de choque de empleo juvenil.
http://elpais.com/elpais/2016/01/01/opinion/1451674254_231965.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
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