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viernes, 27 de octubre de 2023

Buitres. Eso es lo que son (gracias a las leyes y los gobiernos)

">Buitres. Eso es lo que son (gracias a las leyes y los gobiernos)"> Leyes injustas y hechas para dar privilegio a los fondos de inversión que actúan como buitres arruinan todavía más a los países más endeudados.

Buitres. Eso es lo que son (gracias a las leyes y los gobiernos)

Muchas de las personas que lean estas líneas quizá no hayan oido hablar nunca de los «fondos buitres» o no sepan a qué se dedican y por qué se llaman así.

Voy a explicar a continuación de una manera muy sencilla y elemental cómo operan y el daño tan grande que hacen porque es tanto el silencio habitual que suele haber en torno a ellos que bien se les podría aplicar el verso de Dante: «No meditáis en cuánta sangre cuesta».

En los últimos cuarenta años, y por razones que no voy a explicar aquí, se ha multiplicado el negocio bancario de la deuda y los hogares, empresas y gobiernos tienen que dedicar cada día más ingresos a pagarla, junto a sus intereses. Cuando su situación se pone mal y no pueden afrontarla, tratan de alcanzar acuerdos con sus acreedores para reestructurarla o incluso para conseguir quitas. La reestructuración es un acuerdo entre deudores y acreedores para modificar los plazos y condiciones del pago de la deuda y la quita consiste en anular una parte de ella para que el deudor pueda pagarla sin arruinarse. Lógicamente, los acreedores prefieren este tipo de acuerdos a no cobrar nada.

Pues bien, los llamados fondos buitres son grandes capitales que se dedican a comprar la deuda de los gobiernos (principalmente) o empresas, pero no para cobrarla, sino para especular con ella.

Cuando saben que un Estado está en apuros compran parte de su deuda, lógicamente a muy bajo precio, precisamente porque está en dificultades.

En esa situación, los demás acreedores estarán tratando de llegar a acuerdos de reestructuración para procurar cobrar el máximo posible. Es entonces cuando los buitres pleitean para pedir que no se acuerde nada. Lo hacen allí donde saben que los jueces les van a dar la razón porque, previamente, se han aprobado leyes que permiten que un solo acreedor paralice el acuerdo alcanzado incluso por todos los demás sin excepción. El buitre no quiere cobrar su deuda, sino paralizar el pago para que, al cabo de los años, la suma a cobrar por el título que compró a bajo precio se haya multiplicado a base de intereses e indemnizaciones. Así logran obtener rentabilidades de hasta el 1.270%, como ocurrió con el fondo Singer en Argentina en 2016.

Para que los buitres puedan obtener estos beneficios gigantescos arruinando a países enteros se ha generado un entramado verdaderamente diabólico: primero, se logró que más del 60% de los acreedores de los países endeudados sean privados y que Nueva York fuese la sede judicial donde se dirimen más del 50% de los contratos de ese tipo; luego, se aprobaron las leyes que dan a los acreedores los derechos que he mencionado; tercero, se mantienen despachos de abogados literalmente dedicados a expoliar a pueblos enteros; y, final y lógicamente, se financia a grupos de presión encargados de conseguir que los políticos y gobiernos permitan todo esto y lo pongan en marcha.

La deuda es, de por sí, una esclavitud impuesta por la banca a la humanidad: el 42% de la población mundial (3.300 millones) vive en países en donde se dedica más dinero a pagar intereses que a salud o educación; en unos 20 países más que a educación y en 45 más que a sanidad. Y, para colmo, cuando se disponen a pagar, ya al límite de sus recursos, los fondos buitres especuladores los arruinan todavía más actuando con la maldad y la saña que he explicado.

Afortunadamente, la gente, no los gobiernos, ha comenzado a movilizarse contra este auténtico terrorismo financiero y en Nueva York hay ya iniciativas para cambiar esas leyes que permiten la especulación de los fondos buitres. Aunque no lo parezca, porque apenas se informa de ello, la humanidad despierta y se da cuenta de lo que pasa porque la inmensa mayoría está de acuerdo con lo que decía Quevedo: es quitar la codicia y no añadir dinero lo que hace ricos a los seres humanos. 

lunes, 23 de diciembre de 2019

FONDOS BUITRE. El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 pisos de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre - Goldman Sachs ha vendido ya más de 500 viviendas en el mercado libre - El alto tribunal rechaza los recursos de la Comunidad y del propietario

El Tribunal Supremo ha anulado la venta de casi 3.000 viviendas protegidas que compró un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad de Madrid por 201 millones en 2013. El alto Tribunal rechazó este jueves los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo que compró las viviendas contra la sentencia dictada en mayo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que avaló la nulidad de la operación porque el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) no explicó las razones de la venta ni acreditó, como exige la ley, que los pisos ya no eran necesarios para su fin social.

La operación cuya nulidad ha confirmado ahora el Tribunal Supremo supuso que la Comunidad de Madrid dejara en manos de Encasa Cibeles, un fondo de inversión de Goldman Sachs, suelo y viviendas que habían sido públicas. La Sala de lo Contencioso Administrativo no entra en el fondo del asunto (si las viviendas podían o no venderse), sino que directamente inadmite el recurso presentado por la Comunidad y el fondo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez confirmó el fallo dictado por un juzgado de la capital.

El Supremo no admite los recursos por falta de interés casacional (no hay un asunto que requiera un pronunciamiento del alto tribunal para unificar doctrina, ya que se refiere a una resolución concreta de la Comunidad). Pero en el auto dictado para exponer su decisión, da por buenos los argumentos de las sentencias anteriores, según las cuales, la Comunidad sí justificó las razones políticas de la venta de los pisos (la necesidad de liquidez para alcanzar la estabilidad presupuestaria), pero no cumplió con otro requisito que exige la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para vender un bien público: en este caso, argumentar que las viviendas que se enajenan ya no eran necesarias para cumplir con la función social del IVIMA.

Esperanza Aguirre impulsó la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios, destinadas a régimen de alquiler, alquiler con derecho a venta para jóvenes, y alquiler con derecho a venta en general. Pero en 2013, en plena crisis y ya bajo la presidencia de Ignacio González, la Comunidad se las vendió al fondo Encasa Cibeles por 201 millones.

El periodo de protección que impedía vender las residencias acabó poco después de la compra y las consecuencias de la nulidad de la venta están en el aire porque el fondo ya ha vendido 1.159 apartamentos, 505 en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido, según fuentes conocedoras de su operativa, como publicó EL PAÍS a finales de noviembre. Hoy solo quedan 600 de los más de 2.200 inquilinos originales del IVIMA y los procesos judiciales abiertos por los afectados rodean de dudas miles de nuevos contratos de venta y alquiler.

La abogacía de la Comunidad de Madrid afirmó este jueves, tras conocer el auto del Supremo, que está valorando la resolución y recordó que la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “En cualquier caso, la anulación, de producirse de manera definitiva y con sentencia firme, solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3000 viviendas”, afirmó un portavoz del actual Gobierno regional (PP y Ciudadanos). Sin embargo, el Supremo recuerda en su auto que la sentencia dictada en mayo de 2018 por un juzgado de la capital decretaba una doble nulidad: una, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otra, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente.

Por su parte, Alejandra Jacinto, la abogada que representa a los vecinos, consideró este jueves que la sentencia del alto tribunal confirma la anulación de la venta de las viviendas. “Ahora hay que entrar en el largo camino de la ejecución de la sentencia, en el que pediremos que se retrotraiga toda la venta”, añadió, avanzando que cree que la Administración argumentará que es imposible devolver al parque público casas que ya han sido vendidas a terceros en el mercado libre. En ese caso, avanzó, habrá que “reparar el daño”.

Encasa Cibeles señaló que están analizando el fallo y que “siempre” ha cumplido todos los contratos de inquilinos firmados con el IVIMA, también en lo que respecta a las bonificaciones de renta que algunos de ellos tenían concedidas. “En su política de gestión, Encasa Cibeles siempre da especial prioridad a aquellos casos de vulnerabilidad social, que son atendidos por su equipo de mediación social para buscar las alternativas y soluciones más adecuadas a cada situación”, señaló un portavoz.

BOTELLA VENDIÓ 1.860 CASAS DE LA CAPITAL
Aunque la sentencia del Tribunal Supremo afecta únicamente a las 2.935 viviendas que vendió la Comunidad al fondo de inversión Encasa Cibeles, esta no fue la única Administración que acudió a esa fórmula en busca de ingresos durante los peores años de la crisis.

Así, el Ayuntamiento de la capital también vendió 1.860 viviendas públicas a un fondo —en este caso, Fidere—.

Ocurrió en 2013, cuando Ana Botella era la alcaldesa por la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón al Gobierno de Mariano Rajoy, y reportó 128 millones de euros a las arcas municipales.

En la actualidad, más del 90% de las viviendas compradas están en el mercado libre.

LAS CLAVES DE LA POLÉMICA
Ignacio González vendió en 2013 2.935 viviendas protegidas que compró un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad por 201 millones. Eran 32 promociones de viviendas públicas repartidas por 11 municipios: 2.371 en alquiler con opción a comprar para jóvenes; otras 105 en alquiler con opción a compra; y 459 en alquiler.

De esas viviendas, 1.159 ya han sido vendidas, 505 en el mercado libre.

Un inquilino de Navalcarnero recurrió la venta al entender que se alteraban las condiciones con las que había accedido a su vivienda, argumentando, por ejemplo, que la empresa pública IVIMA revisaba los alquileres cada dos meses —adaptándolos a la situación de cada familia—. En 2016, la justicia dictaminó que no tenía legitimación activa para recurrir.

En 2017, sin embargo, el Supremo concluyó que los inquilinos sufrían las consecuencias directas de la venta, y que por lo tanto podían recurrir sus casos.

En mayo y junio de 2019, el Tribunal Superior de Madrid dictó sendas sentencias confirmando la anulación de las resoluciones del IVIMA permitiendo la venta, al no argumentar por qué esos bienes no tenían utilidad para la Administración.

Tras inadmitir el Supremo los recursos de la Comunidad y el fondo comprador, el Gobierno estudia acudir al Constitucional. Encasa Cibeles maneja la posibilidad de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ejecutivo ya que “el vicio que determinó la anulación del acuerdo sería imputable a la Administración”, según su memoria de 2018. 

https://elpais.com/ccaa/2019/12/12/madrid/1576168137_552059.html

miércoles, 22 de mayo de 2019

_-Madrid intenta recuperar las 1.860 viviendas sociales malvendidas por Botella a fondos buitre. El Consistorio estudia la posibilidad de presentar un recurso para que los 25,7 millones de euros que se exigen a la exalcaldesa y su equipo se eleven a 127 millones

_- El Ayuntamiento de Madrid celebró este viernes la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de 1.860 viviendas a dos fondos buitre durante el mandato de Ana Botella (PP).

La corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compraventa y recuperar la titularidad de los inmuebles. El fallo considera a Botella, junto con su equipo, “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado 18 promociones inmobiliarias y les condena a resarcir de su bolsillo a las arcas públicas con 25,7 millones de euros.

A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento de la capital valora volver a presentar un proceso de nulidad, según anunció este viernes la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras. El Consistorio ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó en abril, después de que el Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo. Los servicios jurídicos municipales estudian también recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella, a seis de sus ediles —Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González— y al ex consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé. Estiman en 127 millones de euros el perjuicio a las arcas públicas, en lugar de los 25,7 millones exigidos por la justicia.

Los dos fondos del grupo Fidere que compraron 18 promociones inmobiliarias municipales a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 —que comprendían 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales—, formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas del Tribunal de Cuentas, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000 euros, un precio que el Tribunal de Cuentas considera por debajo del de mercado y que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por 151.211.518 euros.

Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. Tras analizar los datos, el tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Les condena a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) porque los miembros del equipo de Gobierno eran a la vez “integrantes de la junta de accionistas de la EMVS”. A Fermín Oslé, antiguo responsable de la empresa de vivienda, el Tribunal le condena a abonar otros tres millones.

La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento, tras la llegada de Manuel Carmena a la alcaldía, presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas —el tribunal de cuentas autonómico— alertara en 2016 sobre irregularidades en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMVS les negó la condición de interesados”. La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal y gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente de las empresas estrictamente particulares.

Recurso de Botella
La exalcaldesa y sus antiguos ediles anunciaron que recurrirán el fallo. En un comunicado, manifestaron que “la anterior junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas”. Los condenados alegan que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.

La teniente de alcalde, Marta Higueras, mano derecha de Carmena, señaló: “El problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, añadió. Higueras quiso transmitirles que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.

La alcaldesa en funciones recordó que el Ayuntamiento está personado en otra causa judicial iniciada por el grupo socialista municipal en 2013 y reabierta en 2017 tras ser archivada, en la que se exigen responsabilidades penales por la operación de compraventa. Purificación Causapié, portavoz municipal socialista, recordó que el PP, con “el apoyo de Ciudadanos” bloqueó la creación de una comisión municipal para investigar el caso. A la vista de la sentencia, Higueras confió en que Ciudadanos “reconsidere esta postura y apoye el proceso penal”. La portavoz municipal de este último partido, Begoña Villacís, ya cambió de postura tras conocer este viernes el fallo y declaró: “Fue un procedimiento absolutamente chapucero en el que se malvendió patrimonio de todos los madrileños, basándose en recovecos legales”.

CUATRO DE LOS CONDENADOS SIGUEN EN CARGOS POLÍTICOS
Dos de los ocho condenados del equipo de gobierno de Botella son miembros del actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido (PP). Se trata de Diego Sanjuanbenito, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, y de José Enrique Núñez, viceconsejero de Justicia. Pedro Corral sigue en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerce como presidente de la Comisión de Cultura y Deportes. María Dolores Navarro Ruiz es concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

La exalcaldesa Botella está retirada de la política y el exconsejero delegado de la empresa municipal de vivienda Fermín Oslé trabaja en el sector privado, como director de desarrollo de negocio en Velasco Grupo Empresarial. Concepción Dancausa dejó la corporación local en 2015 cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid. Paz González fue diputada en la Asamblea madrileña pero dimitió al aparecer mencionada en la investigación del caso Lezo sobre supuesta corrupción.

Botella, condenada por malvender vivienda pública a fondos buitre


Cuatro de los condenados por malvender pisos públicos ejercen cargos públicos en Madrid

https://elpais.com/ccaa/2018/12/28/madrid/1545998391_273573.html?rel=str_articulo#1558377154852

lunes, 20 de mayo de 2019

El banco ha vendido mi hipoteca a un fondo buitre sin avisarme. La cesión de los préstamos de vivienda a fondos de titulización llega poco a poco a los juzgados: una afectada ha llevado su caso al Tribunal Supremo

Sira Olivares, madrileña de 34 años, termina de relatar la pesadilla que dura ya una década en la que han subastado su casa y ha encajado cuatro resoluciones judiciales en contra por impago. Ha recurrido hasta el Supremo para demostrar que el banco que le concedió la hipoteca y después instó al desahucio vendió el préstamo a un fondo buitre sin avisarle. Cuenta toda la historia y dice que todavía tiene esperanza: “Yo no doy por perdido el piso”. Y no se refiere al que habita ahora con sus tres hijos en San Fermín, un barrio del sur de Madrid, con un alquiler social de 126 euros al mes. “No quiero esta casa, no es mía. Por la que he sudado lágrimas y la que me ha costado el divorcio es la otra”, zanja.

Con “la otra” se refiere al piso en el barrio de Usera donde vive su exmarido gracias a una prórroga que le han concedido sobre el desahucio dictado en 2015. El último resquicio de esperanza para Olivares se abrió ese año. Una prima de Barcelona le habló de un grupo de activistas en la red Telegram y ahí supo por primera vez qué eran las titulizaciones. Quiso saber si su hipoteca estaba titulizada, es decir, si quien le concedió el crédito vendió después los derechos de cobro a un fondo. Efectivamente, era así.

A Sira y a su exmarido Credifimo les concedió 210.000 euros en 2005 en dos préstamos, uno hipotecario y otro personal. Ambos fueron titulizados a los pocos meses sin que ellos lo supieran hasta casi 10 años después. Como los préstamos se venden en paquetes de muchos, encontrar la referencia para denunciar el caso no fue fácil. “Me metía en la web del Banco de España y con Credifimo me salían 25 o 26 fondos con 60 hojas de líneas minúsculas. Estuve cuatro meses, día y noche. Acostaba a mis hijos y me quedaba hasta las cuatro o las cinco”, recuerda.

Los encontró y envió al juzgado los contratos mercantiles correspondientes. Pidió la nulidad de actuación porque la entidad que le dio el crédito e instó en 2012 a la ejecución hipotecaria había vendido sus derechos hipotecarios. “El juez me respondió que lo tenía que haber pedido en los primeros días, cuando yo entonces no tenía ni puñetera idea”, se queja Olivares. Tampoco el Tribunal Constitucional le dio la razón en un recurso de amparo.

“Son escasas las personas que saben que su préstamo ha sido titulizado”, apunta Alejandro García, del servicio jurídico de Facua. En su opinión, no avisar a un prestatario de que su crédito ha sido cedido a otro “es del todo abusivo porque es una omisión intencionada de información al consumidor”. Aunque las titulizaciones son legales y la jurisprudencia al respecto no es unánime, García señala que “cuando se trata de un crédito litigioso hay regulación del Código Civil que en determinadas circunstancias facultaría al deudor a adquirir el préstamo por lo que paga el concesionario”.

Eso es lo que busca N. M., una vecina de Pontevedra de 75 años. Su hija pide anonimato para relatar al teléfono lo que le ha pasado a su madre. El caso arranca de un préstamo de los años noventa con Caja Pontevedra, integrada ahora en Abanca. En octubre, el juez anuló la ejecución hipotecaria de la vivienda de N. M. por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado. Sobreseída la causa, llamaron a Abanca para buscar solución a los 16.000 euros que quedaban por pagar. La respuesta fue que la demandada ya no era su clienta.

El 4 de diciembre, una carta firmada por Abanca y el fondo alemán Prosil Acquisition informaba a N. M. de que la primera había cedido “los derechos de crédito de la financiación en virtud de un contrato de compraventa firmado el 18 de julio de 2018 e intervenido en póliza por el notario (…) el 30 de octubre de 2018”.

“Vamos a reclamar una acción de retracto. Abanca debería haber ofrecido primero comprar el crédito por el dinero que se lo ofrecía al fondo buitre”, asegura la abogada de oficio de N. M., María Baquero. La letrada destaca que la hija de su defendida puso un burofax al fondo para saber por cuánto había comprado el préstamo pero no obtuvo respuesta. Y también recuerda el artículo 1.535 del Código Civil: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo…"

Fuentes de Abanca niegan sin embargo que se trate de un crédito litigioso y defienden que avisaron en tiempo y forma a su antigua clienta. “La venta de una cartera de créditos es una negociación mercantil, no es lo mismo que la venta de un crédito concreto e individualizado", señalan esas fuentes, “además, el mero hecho de cuestionar el vencimiento anticipado no convierte el crédito en litigioso porque no cuestiona la existencia de la deuda”.

El activista y abogado Óscar Viera apunta una de las razones por las que falta jurisprudencia: “Como los juicios hipotecarios no tienen sentencia, terminan con un auto, no hay forma de llegar al Supremo a menos que hagas uno ordinario”. Eso es lo que hizo Sira Olivares, que ha presentado un recurso ya admitido a trámite por el alto tribunal con Viera como letrado. Tras sendos noes de la juez de primera instancia y la Audiencia Provincial, quieren que el Supremo se pronuncie.

La presencia de Viera en el proceso no es casual. Ambos pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el letrado consiguió, tras un intercambio de escritos con el Banco de España, una respuesta clave: “Reconoció que al ceder el crédito al fondo, el banco deja de ser el acreedor hipotecario”. En su opinión, eso implica que “el banco pierde la legitimación activa”, es decir, la capacidad de actuar como parte afectada en un proceso por impago de hipoteca. Muchas Audiencias Provinciales no lo han visto así, pero la de Castellón emitió un pronunciamiento contrario y en eso se basa también la casación presentada al Supremo. Credifimo ha declinado hacer declaraciones. Esta financiera, que perteneció a Caja Sol, acabó tras la reestructuración bancaria en manos de CaixaBank, que señala que nada tenía que ver cuando empezó el litigio con su actual filial.

Viera asegura que, de ganar este proceso, se abriría una espita para la nulidad de miles de desahucios. Otra posibilidad, como ha sucedido con gran parte de la legislación hipotecaria, es que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una opción que no descarta García, de Facua: “El TJUE puede dar otro balón de oxígeno a los consumidores”.

UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL
J. M., de 43 años, pide ser identificado con iniciales porque es militar. Tras años “acojonado”, la PAH de Alcalá de Henares (Madrid) le animó hace meses a regresar a Daimiel (Ciudad Real), donde en 2010 había dejado de pagar un piso comprado en 2006. Descubrió que el caso nunca había entrado en los juzgados y que el crédito estaba titulizado. Con esos argumentos, en octubre logró una dación en pago que la financiera le negaba antes. A cambio devolverá poco a poco el préstamo personal con el que le habían completado el importe del piso. “Me he quitado un peso; no es igual deber 16.000, aunque sea injusto, que ciento y pico mil”, respira aliviado. Y añade que no se desvinculará de la PAH aunque ha puesto una condición: “No me pienso enfrentar a la policía en un desahucio, entiendo que es su trabajo”.

https://elpais.com/economia/2019/05/18/actualidad/1558188239_683335.html?rel=lom

viernes, 22 de febrero de 2019

_- La lucha por el derecho a la vivienda digna. Un vecino de Carabanchel se enfrenta al fondo buitre BlackStone

_- #JoséPedroVsBlackStone
Rebelión

Jose Pedro es vecino de Carabanchel y se enfrenta este miércoles 13 de febrero a un juicio con el fondo buitre BlackStone que quiere desahuciarlos a él y a su familia.

El fondo buitre BlackStone nos ha declarado la guerra. Pretender dejar sin casa a José Pedro, nuestro compañero de la Asamblea Popular de Carabanchel, a su pareja, a Lucía (su hija) y a Manuel (su hijo).

Todo comenzó con un SMS. Ese fue el modo por el que José Pedro y su familia tuvieron la información de que se les había adjudicado una vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a comienzos del año 2012, tras tres años de espera.

Pasado el año, nació el rumor en el barrio de que las viviendas habían sido vendidas a fondos buitres. Algunas de ellas, incluso habían sido visitadas antes de su venta. Cabe destacar que durante el gobierno del PP y bajo la gestión de la EMVS, más de un 40 por ciento de las mismas se encontraban vacías al no haber sido adjudicadas.

Con esta situación y en medio de una nueva burbuja inmobiliaria, en esta ocasión protagonizada especialmente en los precios de alquiler, José Pedro y su familia reciben un burofax del fondo buitre Fidere, filial de BlackStone.

La notificación que recibe José Pedro y su familia por parte del fondo buitre, es en resumidas cuentas para echarles de su casa, en un momento en el que los ingresos familiares no alcanzan los mil euros al mes.

En ningún momento se les ofrece la posibilidad de prorrogar el actual contrato de alquiler, si no firmar uno nuevo con una subida del precio de hasta 900 euros el primer año, y en aumento con cada transcurso de año. José Pedro intentó en varias ocasiones comunicarse con el fondo buitre para tratar de prorrogar el contrato ya que no pueden afrontar las condiciones impuestas, pero la respuesta siempre fue negativa lo que les conllevo a una demanda por desahucio.

Las distintas acciones llevadas a cabo por José Pedro tan sólo logran retrasar la fecha del desahucio, al no haber renovado en ningún caso el segundo contrato a las actuales vecinas y vecinos adjudicatarios de las viviendas expoliadas. Pero al no firmar lo que el fondo buitre les imponía, José Pedro recibe una demanda por parte del fondo buitre.

El juicio se celebrará el próximo miércoles, 13 de febrero a las 9:45h horas en el Juzgado de Primera Instancia Nº 84.

La lucha por el derecho a la vivienda digna
José Pedro es compañero de la Asamblea de Carabanchel, ha participado en decenas de stop desahucios para evitar que vecinas y vecinos se queden en la calle. Ahora nos toca apoyarle a él y a su familia. Se enfrenta a un gigante, el fondo buitre BlackStone, pero no está solo y vamos a ir a por todas.
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Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.

martes, 16 de enero de 2018

Fondos buitre. La plutocracia contra el pueblo

El Salto

El pueblo de los países pobres se mata trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos.
El Sur financia al Norte, y especialmente a las clases dominantes de los países del Norte. El medio de dominación más poderoso es actualmente la deuda.

Warren Buffet, considerado por la revista estadounidense Forbes uno de los hombres más ricos del mundo, hace algunos años declaró a la CNN: "There's a class warfare, all right , but it's my class that's making war, and we're winning". O sea: "De acuerdo, existe una guerra de clases, pero es mi clase la que la hace y la está ganando".

El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas comienza con estas palabras: "Nosotros, el pueblo de las Naciones Unidas". Por lo tanto, la tarea de proteger y garantizar los intereses colectivos de los pueblos, el bienestar universal, corresponde a la ONU —y más exactamente a los Estados aliados que firmaron esa carta el 20 de junio de 1945, en San Francisco—. Pero, actualmente, esos intereses se ven atacados por doquier por la clase de los plutócratas, la de los Warren Buffet. A los Estados les quitaron su capacidad normativa y su eficacia. De alguna manera lograron que los tenedores del capital financiero mundializado los hayan derrotado.

Mi más reciente combate, el que llevé contra los fondos buitre en las Naciones Unidas, ilustra esta realidad de forma paradigmática. Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008, confieso no ser, ni por un instante, neutro en mi trabajo. Los derechos humanos son un arma formidable en manos de aquellos que quieren cambiar el mundo, aliviar los sufrimientos del otro, vencer a los depredadores. Y progresar en ese combate supone formar alianzas.

El medio de dominación más poderoso es actualmente el servicio de la deuda. Los flujos de capitales Sur-Norte tienen excedentes en relación a los flujos Norte-Sur. Los llamados países "pobres" pagan anualmente a las clases dirigentes de los países ricos mucho más dinero del que reciben de ellas, ya sea como inversiones, préstamos, ayuda humanitaria o la llamada ayuda al "desarrollo". El servicio de la deuda mantiene a los pueblos en la esclavitud y saquea sus recursos.

Este expolio aún se vio agravado, durante estas últimas décadas, con la aparición de los fondos buitre, llamados así por su característica de rapaces y carroñeros. Son fondos de inversiones especulativas, registrados en los paraísos fiscales y que están especializados en la compra de deudas, que desde hace largo tiempo se venden por debajo de su valor nominal, con el fin de obtener máximos beneficios. Estos fondos especulativos son propiedad de individuos extremadamente adinerados que se cuentan entre los más terribles depredadores del sistema capitalista. Logran disponer de botines de guerra de miles de millones de dólares. Comandan batallones de abogados capaces de abrir procedimientos en los cinco continentes, durante diez o quince años, si fuese necesario.

Los fondos buitre matan. Os damos un ejemplo: en 2002, y debido a una sequía espantosa, el hambre provocó la muerte de decenas de miles de seres humanos en Malawi. De los 11 millones de habitantes de ese país del sudeste de África, 7 millones se encontraban gravemente subalimentados. El Gobierno era incapaz de ayudar a las víctimas porque algunos meses antes había tenido que vender en el mercado los stocks de reserva de maíz (¡40.000 toneladas!) para pagar a un fondo buitre. Ese fondo había obtenido de un tribunal británico la condena de Malawi a pagar varias decenas de millones de dólares.

El editorialista del Financial Times, Martin Wolf, quien no es realmente lo que se puede llamar un revolucionario, sin embargo, escribió: "It is unfair to the real vultures to name the holdouts such since at least the real vultures perform a valuable task", o sea: "Dar el nombre de buitres a esos fondos es un insulto a los buitres, ya que éstos desempeñan una valiosa tarea". Y tiene razón: los buitres limpian los esqueletos de los animales muertos en las sabanas y evitan de ese modo la difusión de epidemias…

Bajo el impulso de Argentina, una de las víctimas de los fondos buitre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Comité Asesor, por su resolución 27/30 del 26 de septiembre de 2014, un informe que responde a esta doble pregunta: "¿En qué medida y de qué manera las actividades de los fondos buitre violan los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos agredidos? Llegado el caso, ¿qué nueva norma del derecho internacional habría que crear para acabar con esas actividades?".

Fui nombrado relator del Comité para responder a esa doble interrogación. Raramente en mi vida trabajé tanto como durante esos dos años: 2014 y 2015. Entregué mi informe el 15 de febrero de 2016. En el mismo explicaba que las actividades de los fondos buitre contravienen por definición la regla de la buena fe presente prácticamente en las legislaciones de los Estados de todo el mundo. Como testimonio, el ejemplo del código civil suizo: "Todas las personas tienen el deber de ejercer sus derechos y de ejecutar sus obligaciones según las normas de la buena fe. El abuso manifiesto no está protegido por la ley".

El Palacio de las Naciones en Ginebra, y la ONU en general, están plagados de espías. Todos los servicios secretos del mundo, sobre todo aquellos ligados a las grandes potencias, escuchan las conversaciones mejor protegidas, fotocopian documentos, pagan a funcionarios y actúan bajo la máscara de la diplomacia acreditada. Nada más normal, por lo tanto, que los agentes de los servicios occidentales (y otros) hayan estado informados de la más breve de mis conversaciones y del desarrollo de todas mis sesiones de trabajo.

La votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaba prevista para la sesión de septiembre de 2016. En la fortaleza de la embajada estadounidense de Pregny [cantón de Ginebra], a algunos centenares de metros del Palacio de las Naciones, sonó la alarma. Nuestros enemigos eran perfectamente conscientes de que se arriesgaban a una derrota. Conocían mis recomendaciones. Sabían que, muy probablemente, éstas serían aprobadas por el Consejo.

Entonces nuestros enemigos cambiaron de táctica, abandonaron el terreno de las Naciones Unidas y se replegaron en otra, ancestral, menos complicada y bien comprobada: la corrupción. Las elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2015. El candidato designado por la coalición de izquierda, que debía proseguir el combate contra los fondos buitre, era el favorito según todas las encuestas. Pero finalmente fue derrotado por un político local de derecha. Éste había gastado sumas astronómicas para ganar la elección. No bien asumió su cargo, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri declaraba querer pagar sin retardo todas las demandas provenientes de los fondos buitre. ¡Y eso fue lo que hizo!

La prosperidad de los fondos buitre ilustra de manera caricaturesca el poder de la plutocracia. La acumulación de las mayores riquezas en manos de unos pocos, y por consiguiente la desigualdad que deriva, es posible gracias a la eliminación de la normativa estatal, la abolición del control a los bancos, la institución de monopolios privados, la proliferación de paraísos fiscales, etc. Dicha desigualdad conduce inexorablemente a la destrucción de la relación de confianza entre los ciudadanos y sus dirigentes. Cuando los Estados se debilitan y los oligarcas sin fe ni ley gobiernan el planeta, cuando un orden criminal sustituye al Estado de derecho, ¿Quién podría tener todavía la pretensión de proteger el bien público y el interés general?

Como escribe el sociólogo alemán Jürgen Habermas: "El desalojo de la política por el mercado se traduce en el hecho de que el Estado nacional pierde progresivamente su capacidad de recaudar impuestos, estimular el crecimiento y garantizar mediante esas medidas las bases esenciales de su legitimidad, no obstante esa pérdida no está compensada por ningún equivalente funcional […]. Enfrentados al riesgo de ver fugarse los capitales, los gobiernos nacionales se comprometen en una carrera loca hacia la desregulación para la disminución de costes, de donde resultan beneficios obscenos y diferencias inéditas entre los salarios, el crecimiento del desempleo y la marginación social de una población pobre siempre en aumento. A medida que las condiciones sociales de una amplia participación política son destruidas, las decisiones democráticas, aun adaptadas de un modo formalmente correcto, pierden su credibilidad".

Habermas plantea, siguiendo su razonamiento, la cuestión de transferencia de la soberanía: ¿Existen instituciones interestatales, capaces de tomar el relevo de los Estados debilitados y asumir la protección del bien público? Habermas piensa sobre todo en Europa. No estoy de acuerdo con él. Me parece evidente que la Unión Europea (UE) no puede aspirar al título de "democracia continental".

Tal como está organizada actualmente —y cualesquiera que hayan sido las ambiciones de sus fundadores— la UE es esencialmente un organismo de clearing, de coordinación y de potenciación de los intereses de las compañías transnacionales privadas. Numerosos signos lo acreditan, comenzando por el hecho de que la Comisión Europea esté, en la actualidad, presidida por Jean-Claude Junker, que asume hasta la caricatura su papel de buen servidor del capital transnacional. De 2002 a 2010, el hombre fue al mismo tiempo primer ministro de Luxemburgo, su ministro de Finanzas y presidente del Eurogrupo. En sus funciones negoció 548 acuerdos fiscales secretos, llamados tax rulings, con numerosas sociedades multinacionales bancarias, comerciales, industriales y de servicios. Esos tax rulings, como se les llama púdicamente, apuntan a favorecer la evasión fiscal.

Escribo estas líneas mientras centenares de miles de refugiados huyen de las carnicerías de las guerras de Siria, Irak y Afganistán. El 28 de julio de 1951 los Estados del mundo ratificaron la convención relativa al estatuto de los refugiados, llamada Convención de Ginebra, con la que se creó un nuevo derecho humano universal: el derecho de asilo. Quienquiera que esté perseguido en su país de origen por razones políticas, religiosas o raciales tiene el derecho inalienable de atravesar las fronteras y de presentar una demanda de protección y de asilo en un Estado extranjero. Pero, en estos momentos la Unión Europea está liquidando ese derecho. Se erigen muros, se impide que hombres, mujeres y niños que huyen de la tortura, la mutilación y la muerte puedan presentar una demanda de asilo. Habermas está equivocado. Evidentemente la UE no cumple la función de guardiana transestatal del bien público.

¿Qué pasa con la ONU? ¿Actúa mejor en esa cuestión?
Para abordar esas cuestiones, quiero colocarme bajo la autoridad de Antonio Gramsci y de su "optimismo de la voluntad". Ciertamente la ONU no va bien. También es cierto que uno se cruza en su sede con personajes infernales, detestables o malhechores. Y luego está esa legión de taciturnos burócratas, parásitos con salarios más que generosos. Toda esa gente, en la sombra, timorata, eternamente indecisa. Sin embargo, en su seno también se activan numerosas mujeres y hombres respetables, valientes y obstinados.

La ONU se mantiene potencialmente como la única fuente viva de la normalidad internacional. En sus predicaciones, a Lacordaire le gustaba citar esa evidencia, enunciada en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau: "Entre el débil y el fuerte, es la libertad que oprime y la ley la que libera". Sí, los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos siempre serán el horizonte de nuestra historia, la utopía que guía nuestros pasos.

Unas últimas palabras sobre los fondos buitre. José Martí hacía esta constatación: "La verdad, una vez despierta, no vuelve a dormirse jamás". Paul Singer, a la cabeza de varios fondos buitre, ganó ciertamente contra el pueblo argentino y contra muchos otros pueblos de África, Asia y el Caribe. Pero él y sus semejantes fueron sacados de las sombras, puestos en evidencia. Se creó conciencia. Bajo las brasas acecha el fuego. Un día, otros llevarán el combate más lejos.

Jean Ziegler es sociólogo, miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es también autor de numerosas obras, entre las cuales: Los nuevos amos del mundo y aquellos que se resisten (Ed. Destino, 2003), El imperio de la vergüenza (Taurus, 2006); El odio a Occidente (Ed. Península, 2010) o Destrucción masiva (Ed. Península, 2012).
Traducción del francés por Griselda Piñero.

sábado, 10 de septiembre de 2016

Anda, Ken Loach, haz esta película si te atreves

Isaac Rosa
eldiario.es

El negocio turbio de la venta de vivienda protegida a fondos buitres en Madrid: si fuera una película, no nos la creeríamos de tanta brocha gorda como lleva Lo de los fondos buitres y las viviendas protegidas en Madrid, va Ken Loach y hace una película, y saldríamos todos del cine cabeceando y diciendo “no está mal, la intención es buena, pero es una historia maniquea, simplista, pelín demagoga: los malvados capitalistas contra la gente humilde, el especulador sin escrúpulos y los pobrecitos inquilinos. Demasiada brocha gorda, todo muy didáctico”.

Pues es verdad, Ken Loach, no se te ocurra hacer una película sobre la venta de viviendas protegidas en Madrid, porque no se la iba a creer nadie. “Un panfleto anticapitalista”, diría un crítico. Ni los madrileños nos la íbamos a creer. Míranos, lo preocupados que estamos por lo sucias que están las calles (que sí, que lo están), mientras llevamos años oliendo la Mierda con mayúsculas sin alterarnos demasiado.

Pero bueno, por si Ken Loach se queda sin ideas y no le importa arriesgarse con una historia inverosímil de puro verdadera, le paso un resumen del guión:

1-En plena crisis, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad se lían a vender viviendas públicas de alquiler protegido, destinadas a rentas bajas, jóvenes y familias vulnerables.

2-Las viviendas se venden en lotes, muy por debajo de su valor, y en un proceso con todo tipo de irregularidades (aunque esto lo sabremos después).

3-Varios “fondos buitres” se quedan con la mayor parte de viviendas, a la cabeza de ellos Fidere, filial de la compañía inversora Blackstone (que tiene nombre de empresa mala-malísima en una peli de Ken Loach, ¿verdad?). La misma Blackstone que también ha comprado hipotecas de familias a Catalunya Caixa, o que se está haciendo con cada vez más viviendas a precio de saldo, con la única oposición de la PAH.

4-El Ayuntamiento asegura que los inquilinos no notarán ningún cambio, que pueden estar tranquilos.

5-La nueva propietaria, nada más llegar, empieza a joder a los inquilinos (sí, he puesto “joder”, que en las pelis de Ken Loach se la pasan diciendo “fuck esto”, “fuck lo otro”). Les pone todo tipo de trabas, les sube el agua, y por supuesto les aumenta el alquiler en cuanto toca renovar contrato.

6-Empiezan los desahucios. Familia que no puede pagar la nueva renta, a la calle. Pero (atentos, que aquí es cuando el público dirá “anda ya, te has pasado tres pueblos, Ken Loach”) el Ayuntamiento de tapadillo se ocupa de realojar a toda prisa a los desahuciados, para que no le creen problemas al fondo buitre: el casero envía al Ayuntamiento el listado de próximos desahucios, y el consistorio se hace cargo de las familias para ahorrarle el coste social a la empresa.

7-Aparecen los primeros héroes, esos luchadores anónimos que siempre salen en las pelis de Loach: vecinos, inquilinos de viviendas ex-protegidas, que se organizan para denunciar lo que está pasando y llevar su lucha a los tribunales.

8-Los malos son desenmascarados por fin: los vecinos se organizan para resistir, el nuevo Ayuntamiento (gobernado por una abuelita entrañable y un puñado de perroflautas, qué me dices a eso, Ken) investiga lo sucedido y saca a la luz las irregularidades; la Cámara de Cuentas confirma lo que todos sospechaban (y los espectadores ya habíamos adivinado en el minuto uno): que fondos buitres y políticos estaban compinchados, que el proceso fue turbio, y que el negocio ha sido redondo, con c omisiones sospechosas y plusvalías a lo grande. A cambio, dejan una bomba de relojería para años.

9-Ahora viene el momento dramático, ese en que se nos encogerá el corazón: una mujer, Arancha Mejías, que se convirtió en portavoz espontánea de los afectados, que acusó a Fidere de ser, no buitre, sino hiena (“se comen la carroña financiera y se ríen de los vecinos”), sufre las consecuencias de su lucha: la empresa propietaria la echa de su casa, sin opción a seguir de alquiler. A la calle, tienes un mes para recoger tus cosas.

Ya ven, todo inverosímil, todo de brocha gorda. Todo real. Me falta rematar la historia, no sé si darle un final ilusionante, en el que se hace justicia, los culpables pagan y una ola de solidaridad arropa a Arancha (esta semana celebra Junta de Accionistas el fondo, lo digo por si alguien quiere pasarse a saludar); o un final pesimista en que los de siempre se salen con la suya y seguimos quejándonos de lo sucio que está Madrid, pero suciedad de la otra.

Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.