_-Madrid intenta recuperar las 1.860 viviendas sociales malvendidas por Botella a fondos buitre. El Consistorio estudia la posibilidad de presentar un recurso para que los 25,7 millones de euros que se exigen a la exalcaldesa y su equipo se eleven a 127 millones

_- El Ayuntamiento de Madrid celebró este viernes la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de 1.860 viviendas a dos fondos buitre durante el mandato de Ana Botella (PP).

La corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compraventa y recuperar la titularidad de los inmuebles. El fallo considera a Botella, junto con su equipo, “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado 18 promociones inmobiliarias y les condena a resarcir de su bolsillo a las arcas públicas con 25,7 millones de euros.

A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento de la capital valora volver a presentar un proceso de nulidad, según anunció este viernes la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras. El Consistorio ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó en abril, después de que el Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo. Los servicios jurídicos municipales estudian también recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella, a seis de sus ediles —Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González— y al ex consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé. Estiman en 127 millones de euros el perjuicio a las arcas públicas, en lugar de los 25,7 millones exigidos por la justicia.

Los dos fondos del grupo Fidere que compraron 18 promociones inmobiliarias municipales a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 —que comprendían 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales—, formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas del Tribunal de Cuentas, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000 euros, un precio que el Tribunal de Cuentas considera por debajo del de mercado y que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por 151.211.518 euros.

Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. Tras analizar los datos, el tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Les condena a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) porque los miembros del equipo de Gobierno eran a la vez “integrantes de la junta de accionistas de la EMVS”. A Fermín Oslé, antiguo responsable de la empresa de vivienda, el Tribunal le condena a abonar otros tres millones.

La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento, tras la llegada de Manuel Carmena a la alcaldía, presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas —el tribunal de cuentas autonómico— alertara en 2016 sobre irregularidades en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMVS les negó la condición de interesados”. La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal y gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente de las empresas estrictamente particulares.

Recurso de Botella
La exalcaldesa y sus antiguos ediles anunciaron que recurrirán el fallo. En un comunicado, manifestaron que “la anterior junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas”. Los condenados alegan que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.

La teniente de alcalde, Marta Higueras, mano derecha de Carmena, señaló: “El problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, añadió. Higueras quiso transmitirles que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.

La alcaldesa en funciones recordó que el Ayuntamiento está personado en otra causa judicial iniciada por el grupo socialista municipal en 2013 y reabierta en 2017 tras ser archivada, en la que se exigen responsabilidades penales por la operación de compraventa. Purificación Causapié, portavoz municipal socialista, recordó que el PP, con “el apoyo de Ciudadanos” bloqueó la creación de una comisión municipal para investigar el caso. A la vista de la sentencia, Higueras confió en que Ciudadanos “reconsidere esta postura y apoye el proceso penal”. La portavoz municipal de este último partido, Begoña Villacís, ya cambió de postura tras conocer este viernes el fallo y declaró: “Fue un procedimiento absolutamente chapucero en el que se malvendió patrimonio de todos los madrileños, basándose en recovecos legales”.

CUATRO DE LOS CONDENADOS SIGUEN EN CARGOS POLÍTICOS
Dos de los ocho condenados del equipo de gobierno de Botella son miembros del actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido (PP). Se trata de Diego Sanjuanbenito, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, y de José Enrique Núñez, viceconsejero de Justicia. Pedro Corral sigue en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerce como presidente de la Comisión de Cultura y Deportes. María Dolores Navarro Ruiz es concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

La exalcaldesa Botella está retirada de la política y el exconsejero delegado de la empresa municipal de vivienda Fermín Oslé trabaja en el sector privado, como director de desarrollo de negocio en Velasco Grupo Empresarial. Concepción Dancausa dejó la corporación local en 2015 cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid. Paz González fue diputada en la Asamblea madrileña pero dimitió al aparecer mencionada en la investigación del caso Lezo sobre supuesta corrupción.

Botella, condenada por malvender vivienda pública a fondos buitre


Cuatro de los condenados por malvender pisos públicos ejercen cargos públicos en Madrid

https://elpais.com/ccaa/2018/12/28/madrid/1545998391_273573.html?rel=str_articulo#1558377154852

El primer edificio de viviendas en derecho de uso echa a andar en Madrid

Patricia Rafael

eldiario.es

En diciembre empezarán a construirse en el distrito de Usera 17 viviendas cuya propiedad es la cooperativa que la promueve y sus miembros pagan por usar las casas y los espacios comunes como forma de luchar contra la especulación inmobiliaria.

El edificio, que estará construido en madera y proyectado para que tenga el menor consumo energético posible, ha sido consensuado por los cooperativistas, que ya impulsan otra promoción en Vallecas.

Desde el pasado 4 de junio un solar del barrio de Las Carolinas en el distrito madrileño de Usera tiene un nuevo habitante que anuncia lo que ese espacio vacío será en un futuro muy cercano. El nuevo inquilino es un cartel sostenido sobre una estructura de madera que muestra el dibujo de un inmueble en el que varios niños juegan en su patio y unas letras que dicen: "Promoción Las Carolinas. Entrepatios. Cooperativa de viviendas en derecho de uso". Es el primer cartel de este tipo que aparece en Madrid porque también este edificio será el primero que se construya en la capital en el que la propiedad no serán personas individuales sino la cooperativa. Sus miembros pagarán por usar las casas y los espacios comunes. No es un una propiedad al uso, donde cada cual puede vender y alquilar su casa al precio que más le plazca. Ni tampoco es un alquiler porque sus habitantes tienen plena capacidad de decisión sobre todo lo que gira alrededor de las viviendas y todos los espacios comunes del inmueble. Es un edificio de casas en derecho de uso.

"Hemos tenido que hacer y seguimos haciendo mucha pedagogía porque es un modelo que prácticamente no existe aquí", explica Berta Iglesias Varela, de 41 años y miembro de la cooperativa Entrepatios, que nació hace cinco años pero es un proyecto en el que llevan trabajando más de una década. "Mi interés siempre ha pasado por hacer más vivible la ciudad, que se creen lazos cercanos en los barrios y en la comunidad", cuenta la cooperativista, quien subraya que su pertenencia a movimientos ecologistas le hacía plantearse un modo de vida coherente con lo que pensaba, más sostenible y construido desde el consenso y el acuerdo común.

Érika González, de 40 años, otra de las integrantes de Entrepatios, explica cómo es una de las "líneas rojas", la cuestión económica, uno de los tres pilares que definen a la cooperativa, junto con el social y medioambiental: "Yo buscaba también un modelo que cuestionara la propiedad privada y para ello era fundamental encontrar una figura que contribuyera a romper la especulación y la burbuja inmobiliaria". Y esa figura era la cesión de uso.

De la teoría a la práctica
Al grupo de amigos se añadieron arquitectos que comenzaron a poner sobre el papel cómo pasar de la teoría a la práctica para levantar en el centro de Madrid un edificio que generara la menor huella ecológica posible en su construcción y uso. La burbuja inmobiliaria y los altos precios del suelo les hicieron desistir hasta que llegó la crisis económica. "Cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, ese pozo negro, para nosotros supuso una oportunidad", recuerda González. Los precios bajaron y al proyecto se unió Logica’eco, una consultoría especializada en cohousing, un modelo de viviendas donde sus habitantes deciden cómo y dónde vivir compartiendo espacios comunes, que les dio el impulso definitivo para empezar a buscar y decidir dónde y cómo serían sus futuras casas.

Pero la búsqueda de suelo no fue fácil. Tras casi un año de negociación, a punto estuvieron de lograr comprar un solar cerca de la estación de Atocha, pero se les escapó. Los precios empezaron a subir de nuevo y lograr el suelo deseado dentro del perímetro de la M-30 empezó a ser imposible.

Al grupo inicial de Entrepatios se fue uniendo más gente, como Javier Pérez, de 33 años, quien muchas veces había hablado con sus amigos de iniciar algo parecido, pero en la cooperativa vio que de las palabras pasaban a los hechos. O José Daniel López, de 62 años, quien con su pareja y su hijo decidieron convertirse en cooperativistas. "Durante muchos años hemos vivido en comunas y este proyecto es lo que más se acercaba a lo queríamos", explica.

Después de dos años más de búsqueda de suelo, en diciembre pasado Entrepatios compró el solar de Usera. "En este proyecto llegó un momento en que era más importante el cómo que el dónde", afirma Leo Bensadón, director de Logica’eco. Explica que en el norte de Europa este tipo de iniciativas es más habitual: " En Dinamarca, más del 10% de las viviendas se construyen bajo esta modalidad [ cohousing ] porque existe una cesión de suelo público y por tanto la incidencia en el precio final es menor pero en España el suelo supone más del 50% del coste de todo el proyecto".

En España, las pocas viviendas que se han construido bajo este modelo, sobre todo dirigidas a personas mayores y jubiladas, están en pueblos, donde el coste del suelo es mucho menor. El único otro edificio en cesión de uso en un entorno urbano que se está levantando en el país está en Barcelona, donde el Ayuntamiento cedió suelo público a la cooperativa La Borda, promotora del proyecto .

Edificio de 17 viviendas
La promoción de Usera tendrá 17 viviendas, donde vivirán 33 adultos y 17 niños. Cada familia ha pagado 40.000 euros para acceder al derecho de uso de las casas, que supone en torno a un 20% del coste final. El resto será una hipoteca a 30 años a toda la cooperativa con una entidad de la banca ética. "Al ser un edificio en derecho de uso, el edificio entero es propiedad de la cooperativa por lo que no puede haber un desahucio ante impagos de una familia", señala Bensadón. Ello no quiere decir que la cooperativa no pueda defenderse ante impagos reiterados, situaciones previstas en los estatutos.

También está recogido que si pasados los años una familia, por las razones que sea, decide marcharse pueda recuperar los 40.000 euros iniciales en cuanto otros cooperativistas la sustituyan. "La devolución no es inmediata, para hacer una provisión de dinero pero si después de dos años no hay otra familia, ese dinero se devuelve de todas formas", señala el director de Logica’eco.

El importe que cada familia paga mensualmente por el uso de su casa y los espacios comunes, y que las primeras tres décadas servirán para hacer frente a la hipoteca, no se recupera lo que supone que las familias nuevas que entren aportarán tan sólo la cantidad inicial de 40.000 euros. "Uno de los pilares de Entrepatios es precisamente el económico y ello no puede suponer una barrera los nuevos que lleguen", señala Bensidón. Una vez amortizado el préstamo las cuotas mensuales se pueden ir reduciendo, según decida la asamblea. Si está previsto que si alguno de los cooperativistas fallece, sus herederos tienen prioridad para acceder a la vivienda y si no lo desean recuperan el dinero inicial que aportó su familia. Es la primera promoción que pone en marcha Entrepatios pero un segundo grupo ya busca suelo en la zona de la Vallecas y un tercero está a la espera de que se unan más familias para ponerse en marcha.

Decisiones en común
El futuro edificio de Las Carolinas está ahora a la espera de empezar a licitar las obras. Pero los meses anteriores han sido un no parar de reuniones, conversaciones y decisiones en conjunto para decidir qué tres familias se quedaban fuera, puesto que de las 20 iniciales el solar solo tiene capacidad para 17 casas, quiénes van a cada vivienda, quiénes habitan las más grandes o las que están en los bajos y qué ajustes hacer para que el presupuesto no se les dispare.

Siempre han trabajado en pequeños grupos, que luego llevan a la asamblea, pero requiere en muchas ocasiones horas de conversación. "Los conflictos los resolvemos de otra manera, con criterios decididos entre todos y al final las tres familias que se quedaron fuera de esta promoción entienden que tenían que ser ellas y no otras", señala Pérez. La antigüedad, la participación, la afinidad y tener hijos con discapacidad o mayores a su cargo fueron los cuatro criterios elegidos. "También creo que en este grupo hay gente muy generosa", añade Iglesias Varela, quien cuenta cómo a la hora de elegir qué familia viviría en cada piso -de entre 65 y 85 m2-, hubo quienes optaron por los de la planta baja de forma voluntaria.

El edificio, que estará construido en madera y proyectado para que tenga el menor gasto energético posible, está previsto que empiece a levantarse a finales de diciembre o enero y que en unos 18 meses esté listo. Contará con varios espacios comunes, como un patio interior, un local de juegos para los niños, un comedor y una terraza para el uso de todos. La cubierta está planeada como el gran espacio común de convivencia, donde está planeado un huerto y dos espacios cubiertos con placas solares para el uso que decida la cooperativa. Al echar la vista atrás y recordar los planteamientos iniciales de vivir más cerca del centro Iglesias Varela reflexiona: "Este no era nuestro sitio ideal pero lo haremos ideal".

Fuente:
http://www.eldiario.es/madrid/primer-edificio-viviendas-derecho-Madrid_0_687331732.html

Los vecinos de Alemania que pagan una renta de un dólar al año desde hace cinco siglos

¿Te acaban de subir la renta y te cuesta llegar a fin de mes? Quizás tengas suerte y consigas un lugar en "Fuggerei", una comunidad en la ciudad alemana de Augsburgo donde los vecinos pagan un dólar al año de alquiler (88 centavos de euro).

Le llaman "el proyecto de vivienda social más antiguo del mundo" y a sus residentes no les han subido la renta desde el siglo XVI, cuando se pagaba en florines.

Hoy viven allí unas 150 personas, en pintorescas viviendas algunas de las cuales han permanecido casi inalteradas desde su construcción.
"Somos una pequeña comunidad y nos llevamos bien", le explica a BBC Mundo Ilona Barber, una vecina de 66 años.
El complejo contiene también un museo, una vivienda en exposición y un búnker construido durante la Segunda Guerra Mundial (En el bunker hay una pequeña exposición donde se pueden contemplar fotos del bombardeo que sufrió el barrio por parte de aviones ingleses, ya casi al final de la guerra) y es una de las atracciones turísticas de Augsburgo, una ciudad del estado de Baviera, en el sur del país.

"Suerte" "Fuggerei" fue fundado en 1521 por Jakob Fugger "el Rico", un comerciante y banquero de la época que volcó parte de su ímpetu filantrópico en un complejo residencial dedicado a los necesitados de la ciudad. 

Pero la dádiva tenía unas condiciones que Fugger dejó escritas: para poder residir allí, además de necesitarlo por motivos económicos, había que ser católico y rezar tres veces al día. 

Las mismas condiciones se aplican hoy en día, aunque Astrid Gabler, encargada de comunicación y programas de Fuggerei, dice que es una decisión personal de los vecinos si quieren cumplir con las exigencias de plegarias del fundador.

El recinto cuenta con una iglesia y un cura, que vive también allí.

Hay otros requisitos. Las puertas, por ejemplo, se cierran cada día a las 10 de la noche.
Si alguien llega tarde, tiene que pagar una multa de entre 50 centavos y un euro, dependiendo de la hora.

Ilona Barber se considera afortunada.
A sus 66 años, la pensión estatal que recibe es "muy limitada" y no le llegaría para pagar una renta en la ciudad.

Cada mañana saca a pasear a su vecino de abajo, Friedrich Fischer, de 95 años.
Fischer vive en Fuggerei desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

"Los residentes hacemos trabajos para la comunidad. Yo ahora me encargo de la vigilancia durante la noche", le cuenta Barber a BBC Mundo.

Un importante banquero
Fugger fue un personaje tan importante en su época que Alberto Durero, el pintor más famoso del Renacimiento alemán, lo inmortalizó en un retrato.

"Fugger nunca ha sido celebrado como Cosimo de Medici y sus hijos y primos florentinos", escribió el semanario The Economist.

"Pero era el mejor banquero. Si hoy estuviera vivo, hubiera arrasado en Wall Street y en la City de Londres".

Procedente de una familia adinerada, logró aumentar la fortuna familiar con operaciones mineras y comerciales.

Pero su éxito le generó también críticas. Entre ellas las de Martín Lutero, impulsor de la Reforma protestante.

"Lutero preguntó si era un designio de Dios que tanta riqueza e influencia se concentraran en una sola persona", recuerda el diario Financial Times en un artículo sobre Fuggerei publicado en 2008.

Con parte de su riqueza, el banquero creó un fondo en nombre del santo local, San Ulrich, dotado de 10.000 florines.
Esto garantizaba un interés de 500 florines anuales para las fundaciones de caridad que creó.
Las inversiones que ha hecho la familia en el transcurso de los años y los intereses que aportan garantizan la financiación de Fuggerei todavía en la actualidad.
Otra fuente de financiación son las entradas que pagan los turistas.
El complejo recibe unos 180.000 visitantes al año.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37452828

Las viviendas protegidas de Blackstone salen a Bolsa. La Socimi Fidere Patrimonio comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo el 29 de junio.

Fidere Patrimonio saldrá a Bolsa el próximo 29 de junio. Esta sociedad de inversión inmobiliaria (Socimi) es propiedad de Blackstone y su activo principal son viviendas de protección oficial que el gigante del capital riesgo ha ido adquiriendo en España en los últimos años.

Fidere Patrimonio cotizará en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y cuenta con Renta 4 como asesor registrado y prveedor de liquidez. La valoración de un experto independiente contratado por la Socimi ha fijado un valor de referencia para cada una de las acciones de la sociedad en 21,08 euros, lo que supone un valor aproximado de 212 millones de euros.

Fidere Patrimonio inició su actividad en julio de 2013 y ha realizado distintas adquisiciones que le han permitido formar su cartera de vivienda de arrendamiento: 2.688 viviendas que forman 23 promociones de vivienda protegida en régimen de arrendamiento, bajo distintas categorías de protección y estructuras de financiación.

Blackstone compró la mayor parte de las 3.000 viviendas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Fue en julio de 2013, cuando el fondo norteamericano pagó 125,5 millones de euros por 18 promociones de pisos, que suman un total de 1.860 viviendas. Las promociones están ubicadas en los barrios madrileños de Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde.

Alquiler social: ahora o nunca.
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta un manual con los pasos a seguir para realojar a familias desahuciadas

Pau Rodríguez, eldiario.es

Solo en Cataluña, más de 600 personas, repartidas en 12 edificios, han recuperado ya un techo gracias a la llamada Obra Social de la plataforma de afectados por la hipoteca. El documento recomienda buscar las máximas complicidades una vez hecha pública la ocupación... La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha difundido desde Barcelona un documento en el que detalla todo el proceso que se debe seguir para realojar a las familias que han sido víctimas de desahucios y qué hay que hacer para, tras la ocupación de una vivienda, acabar consiguiendo un alquiler social, el objetivo final de estas acciones. El manual, pensado para facilitar el trabajo a las diferentes plataformas de todo el Estado, contiene información legal para favorecer a los realojados, modelos de documentación para solicitar ayuda a Administraciones y vecinos, o el perfil de edificios más adecuados para esta finalidad.

Solo en Cataluña, cuyas plataformas han sido pioneras en lo que ha pasado a llamarse Obra Social de la PAH, se han ocupado un total de 12 edificios, que dan cobijo a más de 600 personas. En algunos casos se ha conseguido el alquiler social, como sucedió en Terrassa con un bloque de CatalunyaCaixa, y en Sabadell, por ejemplo, la juez llegó a denegar el desahucio de un edificio de 40 viviendas ocupadaspor considerar que prevalecía el uso social del inmueble. Ahora la intención de las plataformas catalanas es "exportar el modelo", en palabras de Ada Colau, una de las portavoces, aunque ya en otras zonas del Estado, como Andalucía, se están llevando a cabo estas ocupaciones.

La fase previa: con discreción escoger el edificio adecuado

El manual de la PAH establece los criterios que habría que tener en cuenta antes de entrar en el bloque. En primer lugar, que las familias en cuestión hayan "agotado todas las vías antes de llegar al desahucio", y que puedan acreditar mediante documentos su situación de necesidad. Entonces, con ayuda de los vecinos y de la PAH, pero en un grupo reducido -sin dar demasiados detalles-, se debe buscar el edificio.

Según la PAH, el bloque de pisos idóneo para este objetivo debe ser de obra nueva, propiedad de una entidad financiera -si puede ser nacionalizada- y que lleve tiempo totalmente vacío. En este sentido, la plataforma recomineda comprovar in situ que no vive nadie en el inmueble. Para saber a qué entidad financiera pertenece, la PAH explica que hay que acceder al Registro de la Propiedad del municipio.

La ocupación: de la discreción a la máxima visibilidad

En su documento, la PAH contempla tanto los realojamientos en grupo -la mayoría de los que se han producido- como los individuales -a menudo la reocupación de la propia vivienda-, pero para ambos prevé protocolos similares de ocupación. Principalmente dos: ocupar tras una manifestación, aprovechando la "legitimidad social" de la PAH, en sus propios términos, o hacerlo a escondidas, con el apoyo de un grupo reducido.

A nivel legal, en ambas situaciones se recomienda "reivindicar públicamente la acción" una vez consumada, para que no se considere un robo. Se trata de una estrategia para dar visibilidad a la ocupación que tiene en cuenta tres flancos: informar a la policia y a las administraciones, mediante carteles y documentos colgados a la puerta; avisar a todos los vecinos y entidades para conseguir el máximo apoyo, y enviar un comunicado a la prensa. Para todos estos casos la PAH tiene modelos de documentos colgados en su página web.

En caso de que aparezca la policía al poco tiempo, la plataforma aconseja que uno de los nuevos inquilinos se identifique, básicamente para que pueda acceder a la información de posibles desalojos.

Una vez consolidada: a por el alquiler social

La rápida campaña de proyección pública tiene como objetivo presionar a la entidad financiera propietaria para que acceda a negociar con los realojados. Durante este proceso, la PAH recomienda enviar cartas a ayuntamientos y al Colegio de Abogados, y seguir dando visibilidad a la situación "para legitimarla". "El alquiler social nunca debe superar el 30% de los ingresos de las familias", detalla la plataforma.

Paralelamente, el manual aporta información sobre cómo dar de alta los suministros y avisa de la importancia de que las familias se empadronen en su nueva vivienda, para que tengan acceso a los centros médicos o a las escuelas.

"De la burbuja a la Obra Social"

La presentación de este protocolo es la enésima campaña de la PAH para dar respuesta a una "situación de emergencia habitacional generalizada", como expresa Colau, que la Administración no ha solucionado "pese a haber recibido más de un millón de firmas en forma de ILP", ha añadido Guillem, uno de los activistas del colectivo. Precisamente ayer la plataforma hizo públicos datos de un estudio -que se publicará integro en septiembre- que revelan como uno de cada tres afectados llegó a destinar todos los ingresos familiares a pagar la hipoteca, o como más del 80% de los afectados no tienen alternativa habitacional a su casa en caso de desahucio.

Durante la presentación del manual, la PAH ha dufundido un vídeo didáctico e ilustrativo sobre el proceso que ha llevado a la creación de la pataforma y posteriormente al nacimiento de la Obra Social.

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/PAH-presenta-realojar-familias-desahuciadas_0_151885043.html