_- El Ayuntamiento de Madrid celebró este viernes la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de 1.860 viviendas a dos fondos buitre durante el mandato de Ana Botella (PP).
La corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compraventa y recuperar la titularidad de los inmuebles. El fallo considera a Botella, junto con su equipo, “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado 18 promociones inmobiliarias y les condena a resarcir de su bolsillo a las arcas públicas con 25,7 millones de euros.
A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento de la capital valora volver a presentar un proceso de nulidad, según anunció este viernes la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras. El Consistorio ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó en abril, después de que el Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo. Los servicios jurídicos municipales estudian también recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella, a seis de sus ediles —Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González— y al ex consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé. Estiman en 127 millones de euros el perjuicio a las arcas públicas, en lugar de los 25,7 millones exigidos por la justicia.
Los dos fondos del grupo Fidere que compraron 18 promociones inmobiliarias municipales a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 —que comprendían 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales—, formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas del Tribunal de Cuentas, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000 euros, un precio que el Tribunal de Cuentas considera por debajo del de mercado y que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por 151.211.518 euros.
Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. Tras analizar los datos, el tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Les condena a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) porque los miembros del equipo de Gobierno eran a la vez “integrantes de la junta de accionistas de la EMVS”. A Fermín Oslé, antiguo responsable de la empresa de vivienda, el Tribunal le condena a abonar otros tres millones.
La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento, tras la llegada de Manuel Carmena a la alcaldía, presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas —el tribunal de cuentas autonómico— alertara en 2016 sobre irregularidades en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMVS les negó la condición de interesados”. La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal y gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente de las empresas estrictamente particulares.
Recurso de Botella
La exalcaldesa y sus antiguos ediles anunciaron que recurrirán el fallo. En un comunicado, manifestaron que “la anterior junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas”. Los condenados alegan que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.
La teniente de alcalde, Marta Higueras, mano derecha de Carmena, señaló: “El problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, añadió. Higueras quiso transmitirles que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.
La alcaldesa en funciones recordó que el Ayuntamiento está personado en otra causa judicial iniciada por el grupo socialista municipal en 2013 y reabierta en 2017 tras ser archivada, en la que se exigen responsabilidades penales por la operación de compraventa. Purificación Causapié, portavoz municipal socialista, recordó que el PP, con “el apoyo de Ciudadanos” bloqueó la creación de una comisión municipal para investigar el caso. A la vista de la sentencia, Higueras confió en que Ciudadanos “reconsidere esta postura y apoye el proceso penal”. La portavoz municipal de este último partido, Begoña Villacís, ya cambió de postura tras conocer este viernes el fallo y declaró: “Fue un procedimiento absolutamente chapucero en el que se malvendió patrimonio de todos los madrileños, basándose en recovecos legales”.
CUATRO DE LOS CONDENADOS SIGUEN EN CARGOS POLÍTICOS
Dos de los ocho condenados del equipo de gobierno de Botella son miembros del actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido (PP). Se trata de Diego Sanjuanbenito, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, y de José Enrique Núñez, viceconsejero de Justicia. Pedro Corral sigue en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerce como presidente de la Comisión de Cultura y Deportes. María Dolores Navarro Ruiz es concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
La exalcaldesa Botella está retirada de la política y el exconsejero delegado de la empresa municipal de vivienda Fermín Oslé trabaja en el sector privado, como director de desarrollo de negocio en Velasco Grupo Empresarial. Concepción Dancausa dejó la corporación local en 2015 cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid. Paz González fue diputada en la Asamblea madrileña pero dimitió al aparecer mencionada en la investigación del caso Lezo sobre supuesta corrupción.
Botella, condenada por malvender vivienda pública a fondos buitre
Cuatro de los condenados por malvender pisos públicos ejercen cargos públicos en Madrid
https://elpais.com/ccaa/2018/12/28/madrid/1545998391_273573.html?rel=str_articulo#1558377154852
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miércoles, 22 de mayo de 2019
sábado, 10 de septiembre de 2016
Anda, Ken Loach, haz esta película si te atreves
Isaac Rosa
eldiario.es
El negocio turbio de la venta de vivienda protegida a fondos buitres en Madrid: si fuera una película, no nos la creeríamos de tanta brocha gorda como lleva Lo de los fondos buitres y las viviendas protegidas en Madrid, va Ken Loach y hace una película, y saldríamos todos del cine cabeceando y diciendo “no está mal, la intención es buena, pero es una historia maniquea, simplista, pelín demagoga: los malvados capitalistas contra la gente humilde, el especulador sin escrúpulos y los pobrecitos inquilinos. Demasiada brocha gorda, todo muy didáctico”.
Pues es verdad, Ken Loach, no se te ocurra hacer una película sobre la venta de viviendas protegidas en Madrid, porque no se la iba a creer nadie. “Un panfleto anticapitalista”, diría un crítico. Ni los madrileños nos la íbamos a creer. Míranos, lo preocupados que estamos por lo sucias que están las calles (que sí, que lo están), mientras llevamos años oliendo la Mierda con mayúsculas sin alterarnos demasiado.
Pero bueno, por si Ken Loach se queda sin ideas y no le importa arriesgarse con una historia inverosímil de puro verdadera, le paso un resumen del guión:
1-En plena crisis, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad se lían a vender viviendas públicas de alquiler protegido, destinadas a rentas bajas, jóvenes y familias vulnerables.
2-Las viviendas se venden en lotes, muy por debajo de su valor, y en un proceso con todo tipo de irregularidades (aunque esto lo sabremos después).
3-Varios “fondos buitres” se quedan con la mayor parte de viviendas, a la cabeza de ellos Fidere, filial de la compañía inversora Blackstone (que tiene nombre de empresa mala-malísima en una peli de Ken Loach, ¿verdad?). La misma Blackstone que también ha comprado hipotecas de familias a Catalunya Caixa, o que se está haciendo con cada vez más viviendas a precio de saldo, con la única oposición de la PAH.
4-El Ayuntamiento asegura que los inquilinos no notarán ningún cambio, que pueden estar tranquilos.
5-La nueva propietaria, nada más llegar, empieza a joder a los inquilinos (sí, he puesto “joder”, que en las pelis de Ken Loach se la pasan diciendo “fuck esto”, “fuck lo otro”). Les pone todo tipo de trabas, les sube el agua, y por supuesto les aumenta el alquiler en cuanto toca renovar contrato.
6-Empiezan los desahucios. Familia que no puede pagar la nueva renta, a la calle. Pero (atentos, que aquí es cuando el público dirá “anda ya, te has pasado tres pueblos, Ken Loach”) el Ayuntamiento de tapadillo se ocupa de realojar a toda prisa a los desahuciados, para que no le creen problemas al fondo buitre: el casero envía al Ayuntamiento el listado de próximos desahucios, y el consistorio se hace cargo de las familias para ahorrarle el coste social a la empresa.
7-Aparecen los primeros héroes, esos luchadores anónimos que siempre salen en las pelis de Loach: vecinos, inquilinos de viviendas ex-protegidas, que se organizan para denunciar lo que está pasando y llevar su lucha a los tribunales.
8-Los malos son desenmascarados por fin: los vecinos se organizan para resistir, el nuevo Ayuntamiento (gobernado por una abuelita entrañable y un puñado de perroflautas, qué me dices a eso, Ken) investiga lo sucedido y saca a la luz las irregularidades; la Cámara de Cuentas confirma lo que todos sospechaban (y los espectadores ya habíamos adivinado en el minuto uno): que fondos buitres y políticos estaban compinchados, que el proceso fue turbio, y que el negocio ha sido redondo, con c omisiones sospechosas y plusvalías a lo grande. A cambio, dejan una bomba de relojería para años.
9-Ahora viene el momento dramático, ese en que se nos encogerá el corazón: una mujer, Arancha Mejías, que se convirtió en portavoz espontánea de los afectados, que acusó a Fidere de ser, no buitre, sino hiena (“se comen la carroña financiera y se ríen de los vecinos”), sufre las consecuencias de su lucha: la empresa propietaria la echa de su casa, sin opción a seguir de alquiler. A la calle, tienes un mes para recoger tus cosas.
Ya ven, todo inverosímil, todo de brocha gorda. Todo real. Me falta rematar la historia, no sé si darle un final ilusionante, en el que se hace justicia, los culpables pagan y una ola de solidaridad arropa a Arancha (esta semana celebra Junta de Accionistas el fondo, lo digo por si alguien quiere pasarse a saludar); o un final pesimista en que los de siempre se salen con la suya y seguimos quejándonos de lo sucio que está Madrid, pero suciedad de la otra.
eldiario.es
El negocio turbio de la venta de vivienda protegida a fondos buitres en Madrid: si fuera una película, no nos la creeríamos de tanta brocha gorda como lleva Lo de los fondos buitres y las viviendas protegidas en Madrid, va Ken Loach y hace una película, y saldríamos todos del cine cabeceando y diciendo “no está mal, la intención es buena, pero es una historia maniquea, simplista, pelín demagoga: los malvados capitalistas contra la gente humilde, el especulador sin escrúpulos y los pobrecitos inquilinos. Demasiada brocha gorda, todo muy didáctico”.
Pues es verdad, Ken Loach, no se te ocurra hacer una película sobre la venta de viviendas protegidas en Madrid, porque no se la iba a creer nadie. “Un panfleto anticapitalista”, diría un crítico. Ni los madrileños nos la íbamos a creer. Míranos, lo preocupados que estamos por lo sucias que están las calles (que sí, que lo están), mientras llevamos años oliendo la Mierda con mayúsculas sin alterarnos demasiado.
Pero bueno, por si Ken Loach se queda sin ideas y no le importa arriesgarse con una historia inverosímil de puro verdadera, le paso un resumen del guión:
1-En plena crisis, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad se lían a vender viviendas públicas de alquiler protegido, destinadas a rentas bajas, jóvenes y familias vulnerables.
2-Las viviendas se venden en lotes, muy por debajo de su valor, y en un proceso con todo tipo de irregularidades (aunque esto lo sabremos después).
3-Varios “fondos buitres” se quedan con la mayor parte de viviendas, a la cabeza de ellos Fidere, filial de la compañía inversora Blackstone (que tiene nombre de empresa mala-malísima en una peli de Ken Loach, ¿verdad?). La misma Blackstone que también ha comprado hipotecas de familias a Catalunya Caixa, o que se está haciendo con cada vez más viviendas a precio de saldo, con la única oposición de la PAH.
4-El Ayuntamiento asegura que los inquilinos no notarán ningún cambio, que pueden estar tranquilos.
5-La nueva propietaria, nada más llegar, empieza a joder a los inquilinos (sí, he puesto “joder”, que en las pelis de Ken Loach se la pasan diciendo “fuck esto”, “fuck lo otro”). Les pone todo tipo de trabas, les sube el agua, y por supuesto les aumenta el alquiler en cuanto toca renovar contrato.
6-Empiezan los desahucios. Familia que no puede pagar la nueva renta, a la calle. Pero (atentos, que aquí es cuando el público dirá “anda ya, te has pasado tres pueblos, Ken Loach”) el Ayuntamiento de tapadillo se ocupa de realojar a toda prisa a los desahuciados, para que no le creen problemas al fondo buitre: el casero envía al Ayuntamiento el listado de próximos desahucios, y el consistorio se hace cargo de las familias para ahorrarle el coste social a la empresa.
7-Aparecen los primeros héroes, esos luchadores anónimos que siempre salen en las pelis de Loach: vecinos, inquilinos de viviendas ex-protegidas, que se organizan para denunciar lo que está pasando y llevar su lucha a los tribunales.
8-Los malos son desenmascarados por fin: los vecinos se organizan para resistir, el nuevo Ayuntamiento (gobernado por una abuelita entrañable y un puñado de perroflautas, qué me dices a eso, Ken) investiga lo sucedido y saca a la luz las irregularidades; la Cámara de Cuentas confirma lo que todos sospechaban (y los espectadores ya habíamos adivinado en el minuto uno): que fondos buitres y políticos estaban compinchados, que el proceso fue turbio, y que el negocio ha sido redondo, con c omisiones sospechosas y plusvalías a lo grande. A cambio, dejan una bomba de relojería para años.
9-Ahora viene el momento dramático, ese en que se nos encogerá el corazón: una mujer, Arancha Mejías, que se convirtió en portavoz espontánea de los afectados, que acusó a Fidere de ser, no buitre, sino hiena (“se comen la carroña financiera y se ríen de los vecinos”), sufre las consecuencias de su lucha: la empresa propietaria la echa de su casa, sin opción a seguir de alquiler. A la calle, tienes un mes para recoger tus cosas.
Ya ven, todo inverosímil, todo de brocha gorda. Todo real. Me falta rematar la historia, no sé si darle un final ilusionante, en el que se hace justicia, los culpables pagan y una ola de solidaridad arropa a Arancha (esta semana celebra Junta de Accionistas el fondo, lo digo por si alguien quiere pasarse a saludar); o un final pesimista en que los de siempre se salen con la suya y seguimos quejándonos de lo sucio que está Madrid, pero suciedad de la otra.
Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.
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