El banco ha vendido mi hipoteca a un fondo buitre sin avisarme. La cesión de los préstamos de vivienda a fondos de titulización llega poco a poco a los juzgados: una afectada ha llevado su caso al Tribunal Supremo

Sira Olivares, madrileña de 34 años, termina de relatar la pesadilla que dura ya una década en la que han subastado su casa y ha encajado cuatro resoluciones judiciales en contra por impago. Ha recurrido hasta el Supremo para demostrar que el banco que le concedió la hipoteca y después instó al desahucio vendió el préstamo a un fondo buitre sin avisarle. Cuenta toda la historia y dice que todavía tiene esperanza: “Yo no doy por perdido el piso”. Y no se refiere al que habita ahora con sus tres hijos en San Fermín, un barrio del sur de Madrid, con un alquiler social de 126 euros al mes. “No quiero esta casa, no es mía. Por la que he sudado lágrimas y la que me ha costado el divorcio es la otra”, zanja.

Con “la otra” se refiere al piso en el barrio de Usera donde vive su exmarido gracias a una prórroga que le han concedido sobre el desahucio dictado en 2015. El último resquicio de esperanza para Olivares se abrió ese año. Una prima de Barcelona le habló de un grupo de activistas en la red Telegram y ahí supo por primera vez qué eran las titulizaciones. Quiso saber si su hipoteca estaba titulizada, es decir, si quien le concedió el crédito vendió después los derechos de cobro a un fondo. Efectivamente, era así.

A Sira y a su exmarido Credifimo les concedió 210.000 euros en 2005 en dos préstamos, uno hipotecario y otro personal. Ambos fueron titulizados a los pocos meses sin que ellos lo supieran hasta casi 10 años después. Como los préstamos se venden en paquetes de muchos, encontrar la referencia para denunciar el caso no fue fácil. “Me metía en la web del Banco de España y con Credifimo me salían 25 o 26 fondos con 60 hojas de líneas minúsculas. Estuve cuatro meses, día y noche. Acostaba a mis hijos y me quedaba hasta las cuatro o las cinco”, recuerda.

Los encontró y envió al juzgado los contratos mercantiles correspondientes. Pidió la nulidad de actuación porque la entidad que le dio el crédito e instó en 2012 a la ejecución hipotecaria había vendido sus derechos hipotecarios. “El juez me respondió que lo tenía que haber pedido en los primeros días, cuando yo entonces no tenía ni puñetera idea”, se queja Olivares. Tampoco el Tribunal Constitucional le dio la razón en un recurso de amparo.

“Son escasas las personas que saben que su préstamo ha sido titulizado”, apunta Alejandro García, del servicio jurídico de Facua. En su opinión, no avisar a un prestatario de que su crédito ha sido cedido a otro “es del todo abusivo porque es una omisión intencionada de información al consumidor”. Aunque las titulizaciones son legales y la jurisprudencia al respecto no es unánime, García señala que “cuando se trata de un crédito litigioso hay regulación del Código Civil que en determinadas circunstancias facultaría al deudor a adquirir el préstamo por lo que paga el concesionario”.

Eso es lo que busca N. M., una vecina de Pontevedra de 75 años. Su hija pide anonimato para relatar al teléfono lo que le ha pasado a su madre. El caso arranca de un préstamo de los años noventa con Caja Pontevedra, integrada ahora en Abanca. En octubre, el juez anuló la ejecución hipotecaria de la vivienda de N. M. por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado. Sobreseída la causa, llamaron a Abanca para buscar solución a los 16.000 euros que quedaban por pagar. La respuesta fue que la demandada ya no era su clienta.

El 4 de diciembre, una carta firmada por Abanca y el fondo alemán Prosil Acquisition informaba a N. M. de que la primera había cedido “los derechos de crédito de la financiación en virtud de un contrato de compraventa firmado el 18 de julio de 2018 e intervenido en póliza por el notario (…) el 30 de octubre de 2018”.

“Vamos a reclamar una acción de retracto. Abanca debería haber ofrecido primero comprar el crédito por el dinero que se lo ofrecía al fondo buitre”, asegura la abogada de oficio de N. M., María Baquero. La letrada destaca que la hija de su defendida puso un burofax al fondo para saber por cuánto había comprado el préstamo pero no obtuvo respuesta. Y también recuerda el artículo 1.535 del Código Civil: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo…"

Fuentes de Abanca niegan sin embargo que se trate de un crédito litigioso y defienden que avisaron en tiempo y forma a su antigua clienta. “La venta de una cartera de créditos es una negociación mercantil, no es lo mismo que la venta de un crédito concreto e individualizado", señalan esas fuentes, “además, el mero hecho de cuestionar el vencimiento anticipado no convierte el crédito en litigioso porque no cuestiona la existencia de la deuda”.

El activista y abogado Óscar Viera apunta una de las razones por las que falta jurisprudencia: “Como los juicios hipotecarios no tienen sentencia, terminan con un auto, no hay forma de llegar al Supremo a menos que hagas uno ordinario”. Eso es lo que hizo Sira Olivares, que ha presentado un recurso ya admitido a trámite por el alto tribunal con Viera como letrado. Tras sendos noes de la juez de primera instancia y la Audiencia Provincial, quieren que el Supremo se pronuncie.

La presencia de Viera en el proceso no es casual. Ambos pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el letrado consiguió, tras un intercambio de escritos con el Banco de España, una respuesta clave: “Reconoció que al ceder el crédito al fondo, el banco deja de ser el acreedor hipotecario”. En su opinión, eso implica que “el banco pierde la legitimación activa”, es decir, la capacidad de actuar como parte afectada en un proceso por impago de hipoteca. Muchas Audiencias Provinciales no lo han visto así, pero la de Castellón emitió un pronunciamiento contrario y en eso se basa también la casación presentada al Supremo. Credifimo ha declinado hacer declaraciones. Esta financiera, que perteneció a Caja Sol, acabó tras la reestructuración bancaria en manos de CaixaBank, que señala que nada tenía que ver cuando empezó el litigio con su actual filial.

Viera asegura que, de ganar este proceso, se abriría una espita para la nulidad de miles de desahucios. Otra posibilidad, como ha sucedido con gran parte de la legislación hipotecaria, es que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una opción que no descarta García, de Facua: “El TJUE puede dar otro balón de oxígeno a los consumidores”.

UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL
J. M., de 43 años, pide ser identificado con iniciales porque es militar. Tras años “acojonado”, la PAH de Alcalá de Henares (Madrid) le animó hace meses a regresar a Daimiel (Ciudad Real), donde en 2010 había dejado de pagar un piso comprado en 2006. Descubrió que el caso nunca había entrado en los juzgados y que el crédito estaba titulizado. Con esos argumentos, en octubre logró una dación en pago que la financiera le negaba antes. A cambio devolverá poco a poco el préstamo personal con el que le habían completado el importe del piso. “Me he quitado un peso; no es igual deber 16.000, aunque sea injusto, que ciento y pico mil”, respira aliviado. Y añade que no se desvinculará de la PAH aunque ha puesto una condición: “No me pienso enfrentar a la policía en un desahucio, entiendo que es su trabajo”.

https://elpais.com/economia/2019/05/18/actualidad/1558188239_683335.html?rel=lom

Anda, Ken Loach, haz esta película si te atreves

Isaac Rosa
eldiario.es

El negocio turbio de la venta de vivienda protegida a fondos buitres en Madrid: si fuera una película, no nos la creeríamos de tanta brocha gorda como lleva Lo de los fondos buitres y las viviendas protegidas en Madrid, va Ken Loach y hace una película, y saldríamos todos del cine cabeceando y diciendo “no está mal, la intención es buena, pero es una historia maniquea, simplista, pelín demagoga: los malvados capitalistas contra la gente humilde, el especulador sin escrúpulos y los pobrecitos inquilinos. Demasiada brocha gorda, todo muy didáctico”.

Pues es verdad, Ken Loach, no se te ocurra hacer una película sobre la venta de viviendas protegidas en Madrid, porque no se la iba a creer nadie. “Un panfleto anticapitalista”, diría un crítico. Ni los madrileños nos la íbamos a creer. Míranos, lo preocupados que estamos por lo sucias que están las calles (que sí, que lo están), mientras llevamos años oliendo la Mierda con mayúsculas sin alterarnos demasiado.

Pero bueno, por si Ken Loach se queda sin ideas y no le importa arriesgarse con una historia inverosímil de puro verdadera, le paso un resumen del guión:

1-En plena crisis, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad se lían a vender viviendas públicas de alquiler protegido, destinadas a rentas bajas, jóvenes y familias vulnerables.

2-Las viviendas se venden en lotes, muy por debajo de su valor, y en un proceso con todo tipo de irregularidades (aunque esto lo sabremos después).

3-Varios “fondos buitres” se quedan con la mayor parte de viviendas, a la cabeza de ellos Fidere, filial de la compañía inversora Blackstone (que tiene nombre de empresa mala-malísima en una peli de Ken Loach, ¿verdad?). La misma Blackstone que también ha comprado hipotecas de familias a Catalunya Caixa, o que se está haciendo con cada vez más viviendas a precio de saldo, con la única oposición de la PAH.

4-El Ayuntamiento asegura que los inquilinos no notarán ningún cambio, que pueden estar tranquilos.

5-La nueva propietaria, nada más llegar, empieza a joder a los inquilinos (sí, he puesto “joder”, que en las pelis de Ken Loach se la pasan diciendo “fuck esto”, “fuck lo otro”). Les pone todo tipo de trabas, les sube el agua, y por supuesto les aumenta el alquiler en cuanto toca renovar contrato.

6-Empiezan los desahucios. Familia que no puede pagar la nueva renta, a la calle. Pero (atentos, que aquí es cuando el público dirá “anda ya, te has pasado tres pueblos, Ken Loach”) el Ayuntamiento de tapadillo se ocupa de realojar a toda prisa a los desahuciados, para que no le creen problemas al fondo buitre: el casero envía al Ayuntamiento el listado de próximos desahucios, y el consistorio se hace cargo de las familias para ahorrarle el coste social a la empresa.

7-Aparecen los primeros héroes, esos luchadores anónimos que siempre salen en las pelis de Loach: vecinos, inquilinos de viviendas ex-protegidas, que se organizan para denunciar lo que está pasando y llevar su lucha a los tribunales.

8-Los malos son desenmascarados por fin: los vecinos se organizan para resistir, el nuevo Ayuntamiento (gobernado por una abuelita entrañable y un puñado de perroflautas, qué me dices a eso, Ken) investiga lo sucedido y saca a la luz las irregularidades; la Cámara de Cuentas confirma lo que todos sospechaban (y los espectadores ya habíamos adivinado en el minuto uno): que fondos buitres y políticos estaban compinchados, que el proceso fue turbio, y que el negocio ha sido redondo, con c omisiones sospechosas y plusvalías a lo grande. A cambio, dejan una bomba de relojería para años.

9-Ahora viene el momento dramático, ese en que se nos encogerá el corazón: una mujer, Arancha Mejías, que se convirtió en portavoz espontánea de los afectados, que acusó a Fidere de ser, no buitre, sino hiena (“se comen la carroña financiera y se ríen de los vecinos”), sufre las consecuencias de su lucha: la empresa propietaria la echa de su casa, sin opción a seguir de alquiler. A la calle, tienes un mes para recoger tus cosas.

Ya ven, todo inverosímil, todo de brocha gorda. Todo real. Me falta rematar la historia, no sé si darle un final ilusionante, en el que se hace justicia, los culpables pagan y una ola de solidaridad arropa a Arancha (esta semana celebra Junta de Accionistas el fondo, lo digo por si alguien quiere pasarse a saludar); o un final pesimista en que los de siempre se salen con la suya y seguimos quejándonos de lo sucio que está Madrid, pero suciedad de la otra.

Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.

EL DRAMA DE LAS HIPOTECAS ABUSIVAS » Miles de personas exigen en Bilbao el final definitivo de todos los desahucios

Ocho días después de que el suicidio de la exconcejal socialista Amaya Egaña actuase como espoleta de la indignación social, varios miles de personas se han manifiestado esta tarde en Bilbao en contra de los desahucios, de los que han exigido su paralización definitiva, y los recortes sociales y por el derecho a una vivienda digna en una marcha convocada y apoyada por numerosas organizaciones sociales y sindicales.

 La manifestación, que ha durado una hora, ha permitido, por ejemplo, ver juntos tras una pancarta a los cuatro principales sindicatos vascos, algo que no han conseguido ni siquiera las huelgas generales contra Mariano Rajoy. "Es la primera vez que ante esta crisis coincidimos todos los sindicatos ante una reivindicación", han reconocido dirigentes de LAB.

La marcha ha partido a las 17.30 del Sagrado Corazón y ha recorrido prácticamente en silencio y sin ningún incidente el centro de la capital vizcaína tras una pancarta en la que se leía "Ni desahucios ni recortes sociales" y "Etxebizitza duina gure eskubidea" ("Vivienda digna, nuestro derecho"). Había sido convocada por seis sindicatos nacionalistas encabezados por ELA y LAB, además de CGT y CNT, junto con más de medio centenar de organizaciones y colectivos sociales. A la convocatoria se habían sumado UGT y CC OO a través de la llamada Cumbre Social Vasca, plataforma de la que forman parte estas centrales y otras organizaciones, como Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales. También se adhirieron distintas formaciones políticas.

Entre los participantes se encontraban la dirigente de EH Bildu, Laura Mintegi; la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide; el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado; el dirigente de ELA Mikel Noval, y otros representantes políticos como Maribi Ugarteburu, de la izquierda abertzale, Unai Ziarreta (EA) y Oskar Matute (Alternatiba).

Tras la llegada de la marcha al Ayuntamiento bilbaíno, representantes de los colectivos organizadores han leído un comunicado en euskera y castellano. En el mismo, han recalcado que "los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, los constructores y la banca", lo que ha convertido el derecho a una vivienda en un bien especulativo. "Éste es el resultado de permitir que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que debería ser un derecho garantizado por el sector público", han destacado.

Los manifestantes critican que "los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda"

Igualmente han acusado a las instituciones de haber aplicado una política de recortes en materia de vivienda y no haber impulsado el alquiler público y la reutilización de viviendas vacías. Por ello, han exigido el reconocimento del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda. Del mismo modo, han exigido la paralización de todos los desahucios de manera definitiva. Creación de un instituto público de vivienda y dedicar dinero público a la promoción directa de pisos en alquiler social, han sido otras de las peticiones realizadas.

Etxaide ha recalcado que el Gobierno central ha demostrado su falta de voluntad a la hora poner "barras rojas" a la crisis, ya que el decreto aprobado el pasado jueves "no pone límites a los intereses del capital". La responsable de ELA ha pedido una ley que garantice el derecho a una vivienda digna a todos los ciudadanos.

_--Entrevista en la SER al magistrado José María Fernández Seijo, que ha recurrido a Luxemburgo por si la ley hipotecaria española vulnera los derechos del consumidor.

_--José María Fernández Seijo: "No me parece justo que una empresa pueda saldar sus deudas con un concurso de acreedores y un particular no", hace un año dictó una sentencia favorable a una pareja de jubilados sobre una vivienda de protección oficial, José María Fernández Seijo, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, y miembro de Jueces para la Democracia, sobre el código de buenas prácticas aprobado por el Consejo de Ministros, y su pregunta a Luxemburgo, oir aquí.