Sira Olivares, madrileña de 34 años, termina de relatar la pesadilla que dura ya una década en la que han subastado su casa y ha encajado cuatro resoluciones judiciales en contra por impago. Ha recurrido hasta el Supremo para demostrar que el banco que le concedió la hipoteca y después instó al desahucio vendió el préstamo a un fondo buitre sin avisarle. Cuenta toda la historia y dice que todavía tiene esperanza: “Yo no doy por perdido el piso”. Y no se refiere al que habita ahora con sus tres hijos en San Fermín, un barrio del sur de Madrid, con un alquiler social de 126 euros al mes. “No quiero esta casa, no es mía. Por la que he sudado lágrimas y la que me ha costado el divorcio es la otra”, zanja.
Con “la otra” se refiere al piso en el barrio de Usera donde vive su exmarido gracias a una prórroga que le han concedido sobre el desahucio dictado en 2015. El último resquicio de esperanza para Olivares se abrió ese año. Una prima de Barcelona le habló de un grupo de activistas en la red Telegram y ahí supo por primera vez qué eran las titulizaciones. Quiso saber si su hipoteca estaba titulizada, es decir, si quien le concedió el crédito vendió después los derechos de cobro a un fondo. Efectivamente, era así.
A Sira y a su exmarido Credifimo les concedió 210.000 euros en 2005 en dos préstamos, uno hipotecario y otro personal. Ambos fueron titulizados a los pocos meses sin que ellos lo supieran hasta casi 10 años después. Como los préstamos se venden en paquetes de muchos, encontrar la referencia para denunciar el caso no fue fácil. “Me metía en la web del Banco de España y con Credifimo me salían 25 o 26 fondos con 60 hojas de líneas minúsculas. Estuve cuatro meses, día y noche. Acostaba a mis hijos y me quedaba hasta las cuatro o las cinco”, recuerda.
Los encontró y envió al juzgado los contratos mercantiles correspondientes. Pidió la nulidad de actuación porque la entidad que le dio el crédito e instó en 2012 a la ejecución hipotecaria había vendido sus derechos hipotecarios. “El juez me respondió que lo tenía que haber pedido en los primeros días, cuando yo entonces no tenía ni puñetera idea”, se queja Olivares. Tampoco el Tribunal Constitucional le dio la razón en un recurso de amparo.
“Son escasas las personas que saben que su préstamo ha sido titulizado”, apunta Alejandro García, del servicio jurídico de Facua. En su opinión, no avisar a un prestatario de que su crédito ha sido cedido a otro “es del todo abusivo porque es una omisión intencionada de información al consumidor”. Aunque las titulizaciones son legales y la jurisprudencia al respecto no es unánime, García señala que “cuando se trata de un crédito litigioso hay regulación del Código Civil que en determinadas circunstancias facultaría al deudor a adquirir el préstamo por lo que paga el concesionario”.
Eso es lo que busca N. M., una vecina de Pontevedra de 75 años. Su hija pide anonimato para relatar al teléfono lo que le ha pasado a su madre. El caso arranca de un préstamo de los años noventa con Caja Pontevedra, integrada ahora en Abanca. En octubre, el juez anuló la ejecución hipotecaria de la vivienda de N. M. por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado. Sobreseída la causa, llamaron a Abanca para buscar solución a los 16.000 euros que quedaban por pagar. La respuesta fue que la demandada ya no era su clienta.
El 4 de diciembre, una carta firmada por Abanca y el fondo alemán Prosil Acquisition informaba a N. M. de que la primera había cedido “los derechos de crédito de la financiación en virtud de un contrato de compraventa firmado el 18 de julio de 2018 e intervenido en póliza por el notario (…) el 30 de octubre de 2018”.
“Vamos a reclamar una acción de retracto. Abanca debería haber ofrecido primero comprar el crédito por el dinero que se lo ofrecía al fondo buitre”, asegura la abogada de oficio de N. M., María Baquero. La letrada destaca que la hija de su defendida puso un burofax al fondo para saber por cuánto había comprado el préstamo pero no obtuvo respuesta. Y también recuerda el artículo 1.535 del Código Civil: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo…"
Fuentes de Abanca niegan sin embargo que se trate de un crédito litigioso y defienden que avisaron en tiempo y forma a su antigua clienta. “La venta de una cartera de créditos es una negociación mercantil, no es lo mismo que la venta de un crédito concreto e individualizado", señalan esas fuentes, “además, el mero hecho de cuestionar el vencimiento anticipado no convierte el crédito en litigioso porque no cuestiona la existencia de la deuda”.
El activista y abogado Óscar Viera apunta una de las razones por las que falta jurisprudencia: “Como los juicios hipotecarios no tienen sentencia, terminan con un auto, no hay forma de llegar al Supremo a menos que hagas uno ordinario”. Eso es lo que hizo Sira Olivares, que ha presentado un recurso ya admitido a trámite por el alto tribunal con Viera como letrado. Tras sendos noes de la juez de primera instancia y la Audiencia Provincial, quieren que el Supremo se pronuncie.
La presencia de Viera en el proceso no es casual. Ambos pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el letrado consiguió, tras un intercambio de escritos con el Banco de España, una respuesta clave: “Reconoció que al ceder el crédito al fondo, el banco deja de ser el acreedor hipotecario”. En su opinión, eso implica que “el banco pierde la legitimación activa”, es decir, la capacidad de actuar como parte afectada en un proceso por impago de hipoteca. Muchas Audiencias Provinciales no lo han visto así, pero la de Castellón emitió un pronunciamiento contrario y en eso se basa también la casación presentada al Supremo. Credifimo ha declinado hacer declaraciones. Esta financiera, que perteneció a Caja Sol, acabó tras la reestructuración bancaria en manos de CaixaBank, que señala que nada tenía que ver cuando empezó el litigio con su actual filial.
Viera asegura que, de ganar este proceso, se abriría una espita para la nulidad de miles de desahucios. Otra posibilidad, como ha sucedido con gran parte de la legislación hipotecaria, es que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una opción que no descarta García, de Facua: “El TJUE puede dar otro balón de oxígeno a los consumidores”.
UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL
J. M., de 43 años, pide ser identificado con iniciales porque es militar. Tras años “acojonado”, la PAH de Alcalá de Henares (Madrid) le animó hace meses a regresar a Daimiel (Ciudad Real), donde en 2010 había dejado de pagar un piso comprado en 2006. Descubrió que el caso nunca había entrado en los juzgados y que el crédito estaba titulizado. Con esos argumentos, en octubre logró una dación en pago que la financiera le negaba antes. A cambio devolverá poco a poco el préstamo personal con el que le habían completado el importe del piso. “Me he quitado un peso; no es igual deber 16.000, aunque sea injusto, que ciento y pico mil”, respira aliviado. Y añade que no se desvinculará de la PAH aunque ha puesto una condición: “No me pienso enfrentar a la policía en un desahucio, entiendo que es su trabajo”.
https://elpais.com/economia/2019/05/18/actualidad/1558188239_683335.html?rel=lom
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