El banco ha vendido mi hipoteca a un fondo buitre sin avisarme. La cesión de los préstamos de vivienda a fondos de titulización llega poco a poco a los juzgados: una afectada ha llevado su caso al Tribunal Supremo

Sira Olivares, madrileña de 34 años, termina de relatar la pesadilla que dura ya una década en la que han subastado su casa y ha encajado cuatro resoluciones judiciales en contra por impago. Ha recurrido hasta el Supremo para demostrar que el banco que le concedió la hipoteca y después instó al desahucio vendió el préstamo a un fondo buitre sin avisarle. Cuenta toda la historia y dice que todavía tiene esperanza: “Yo no doy por perdido el piso”. Y no se refiere al que habita ahora con sus tres hijos en San Fermín, un barrio del sur de Madrid, con un alquiler social de 126 euros al mes. “No quiero esta casa, no es mía. Por la que he sudado lágrimas y la que me ha costado el divorcio es la otra”, zanja.

Con “la otra” se refiere al piso en el barrio de Usera donde vive su exmarido gracias a una prórroga que le han concedido sobre el desahucio dictado en 2015. El último resquicio de esperanza para Olivares se abrió ese año. Una prima de Barcelona le habló de un grupo de activistas en la red Telegram y ahí supo por primera vez qué eran las titulizaciones. Quiso saber si su hipoteca estaba titulizada, es decir, si quien le concedió el crédito vendió después los derechos de cobro a un fondo. Efectivamente, era así.

A Sira y a su exmarido Credifimo les concedió 210.000 euros en 2005 en dos préstamos, uno hipotecario y otro personal. Ambos fueron titulizados a los pocos meses sin que ellos lo supieran hasta casi 10 años después. Como los préstamos se venden en paquetes de muchos, encontrar la referencia para denunciar el caso no fue fácil. “Me metía en la web del Banco de España y con Credifimo me salían 25 o 26 fondos con 60 hojas de líneas minúsculas. Estuve cuatro meses, día y noche. Acostaba a mis hijos y me quedaba hasta las cuatro o las cinco”, recuerda.

Los encontró y envió al juzgado los contratos mercantiles correspondientes. Pidió la nulidad de actuación porque la entidad que le dio el crédito e instó en 2012 a la ejecución hipotecaria había vendido sus derechos hipotecarios. “El juez me respondió que lo tenía que haber pedido en los primeros días, cuando yo entonces no tenía ni puñetera idea”, se queja Olivares. Tampoco el Tribunal Constitucional le dio la razón en un recurso de amparo.

“Son escasas las personas que saben que su préstamo ha sido titulizado”, apunta Alejandro García, del servicio jurídico de Facua. En su opinión, no avisar a un prestatario de que su crédito ha sido cedido a otro “es del todo abusivo porque es una omisión intencionada de información al consumidor”. Aunque las titulizaciones son legales y la jurisprudencia al respecto no es unánime, García señala que “cuando se trata de un crédito litigioso hay regulación del Código Civil que en determinadas circunstancias facultaría al deudor a adquirir el préstamo por lo que paga el concesionario”.

Eso es lo que busca N. M., una vecina de Pontevedra de 75 años. Su hija pide anonimato para relatar al teléfono lo que le ha pasado a su madre. El caso arranca de un préstamo de los años noventa con Caja Pontevedra, integrada ahora en Abanca. En octubre, el juez anuló la ejecución hipotecaria de la vivienda de N. M. por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado. Sobreseída la causa, llamaron a Abanca para buscar solución a los 16.000 euros que quedaban por pagar. La respuesta fue que la demandada ya no era su clienta.

El 4 de diciembre, una carta firmada por Abanca y el fondo alemán Prosil Acquisition informaba a N. M. de que la primera había cedido “los derechos de crédito de la financiación en virtud de un contrato de compraventa firmado el 18 de julio de 2018 e intervenido en póliza por el notario (…) el 30 de octubre de 2018”.

“Vamos a reclamar una acción de retracto. Abanca debería haber ofrecido primero comprar el crédito por el dinero que se lo ofrecía al fondo buitre”, asegura la abogada de oficio de N. M., María Baquero. La letrada destaca que la hija de su defendida puso un burofax al fondo para saber por cuánto había comprado el préstamo pero no obtuvo respuesta. Y también recuerda el artículo 1.535 del Código Civil: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo…"

Fuentes de Abanca niegan sin embargo que se trate de un crédito litigioso y defienden que avisaron en tiempo y forma a su antigua clienta. “La venta de una cartera de créditos es una negociación mercantil, no es lo mismo que la venta de un crédito concreto e individualizado", señalan esas fuentes, “además, el mero hecho de cuestionar el vencimiento anticipado no convierte el crédito en litigioso porque no cuestiona la existencia de la deuda”.

El activista y abogado Óscar Viera apunta una de las razones por las que falta jurisprudencia: “Como los juicios hipotecarios no tienen sentencia, terminan con un auto, no hay forma de llegar al Supremo a menos que hagas uno ordinario”. Eso es lo que hizo Sira Olivares, que ha presentado un recurso ya admitido a trámite por el alto tribunal con Viera como letrado. Tras sendos noes de la juez de primera instancia y la Audiencia Provincial, quieren que el Supremo se pronuncie.

La presencia de Viera en el proceso no es casual. Ambos pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el letrado consiguió, tras un intercambio de escritos con el Banco de España, una respuesta clave: “Reconoció que al ceder el crédito al fondo, el banco deja de ser el acreedor hipotecario”. En su opinión, eso implica que “el banco pierde la legitimación activa”, es decir, la capacidad de actuar como parte afectada en un proceso por impago de hipoteca. Muchas Audiencias Provinciales no lo han visto así, pero la de Castellón emitió un pronunciamiento contrario y en eso se basa también la casación presentada al Supremo. Credifimo ha declinado hacer declaraciones. Esta financiera, que perteneció a Caja Sol, acabó tras la reestructuración bancaria en manos de CaixaBank, que señala que nada tenía que ver cuando empezó el litigio con su actual filial.

Viera asegura que, de ganar este proceso, se abriría una espita para la nulidad de miles de desahucios. Otra posibilidad, como ha sucedido con gran parte de la legislación hipotecaria, es que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una opción que no descarta García, de Facua: “El TJUE puede dar otro balón de oxígeno a los consumidores”.

UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL
J. M., de 43 años, pide ser identificado con iniciales porque es militar. Tras años “acojonado”, la PAH de Alcalá de Henares (Madrid) le animó hace meses a regresar a Daimiel (Ciudad Real), donde en 2010 había dejado de pagar un piso comprado en 2006. Descubrió que el caso nunca había entrado en los juzgados y que el crédito estaba titulizado. Con esos argumentos, en octubre logró una dación en pago que la financiera le negaba antes. A cambio devolverá poco a poco el préstamo personal con el que le habían completado el importe del piso. “Me he quitado un peso; no es igual deber 16.000, aunque sea injusto, que ciento y pico mil”, respira aliviado. Y añade que no se desvinculará de la PAH aunque ha puesto una condición: “No me pienso enfrentar a la policía en un desahucio, entiendo que es su trabajo”.

https://elpais.com/economia/2019/05/18/actualidad/1558188239_683335.html?rel=lom

_- La lucha por el derecho a la vivienda digna. Un vecino de Carabanchel se enfrenta al fondo buitre BlackStone

_- #JoséPedroVsBlackStone
Rebelión

Jose Pedro es vecino de Carabanchel y se enfrenta este miércoles 13 de febrero a un juicio con el fondo buitre BlackStone que quiere desahuciarlos a él y a su familia.

El fondo buitre BlackStone nos ha declarado la guerra. Pretender dejar sin casa a José Pedro, nuestro compañero de la Asamblea Popular de Carabanchel, a su pareja, a Lucía (su hija) y a Manuel (su hijo).

Todo comenzó con un SMS. Ese fue el modo por el que José Pedro y su familia tuvieron la información de que se les había adjudicado una vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a comienzos del año 2012, tras tres años de espera.

Pasado el año, nació el rumor en el barrio de que las viviendas habían sido vendidas a fondos buitres. Algunas de ellas, incluso habían sido visitadas antes de su venta. Cabe destacar que durante el gobierno del PP y bajo la gestión de la EMVS, más de un 40 por ciento de las mismas se encontraban vacías al no haber sido adjudicadas.

Con esta situación y en medio de una nueva burbuja inmobiliaria, en esta ocasión protagonizada especialmente en los precios de alquiler, José Pedro y su familia reciben un burofax del fondo buitre Fidere, filial de BlackStone.

La notificación que recibe José Pedro y su familia por parte del fondo buitre, es en resumidas cuentas para echarles de su casa, en un momento en el que los ingresos familiares no alcanzan los mil euros al mes.

En ningún momento se les ofrece la posibilidad de prorrogar el actual contrato de alquiler, si no firmar uno nuevo con una subida del precio de hasta 900 euros el primer año, y en aumento con cada transcurso de año. José Pedro intentó en varias ocasiones comunicarse con el fondo buitre para tratar de prorrogar el contrato ya que no pueden afrontar las condiciones impuestas, pero la respuesta siempre fue negativa lo que les conllevo a una demanda por desahucio.

Las distintas acciones llevadas a cabo por José Pedro tan sólo logran retrasar la fecha del desahucio, al no haber renovado en ningún caso el segundo contrato a las actuales vecinas y vecinos adjudicatarios de las viviendas expoliadas. Pero al no firmar lo que el fondo buitre les imponía, José Pedro recibe una demanda por parte del fondo buitre.

El juicio se celebrará el próximo miércoles, 13 de febrero a las 9:45h horas en el Juzgado de Primera Instancia Nº 84.

La lucha por el derecho a la vivienda digna
José Pedro es compañero de la Asamblea de Carabanchel, ha participado en decenas de stop desahucios para evitar que vecinas y vecinos se queden en la calle. Ahora nos toca apoyarle a él y a su familia. Se enfrenta a un gigante, el fondo buitre BlackStone, pero no está solo y vamos a ir a por todas.

****

Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.

Una radiografía de los desahucios: pobreza, enfermedad y cuotas en ascenso

El 53,9% de las familias tienen que asumir una hipoteca superior a sus ingresos, según un informe del Observatori DESC basado en casos que han llegado a la PAH de Barcelona. El 10% de los hogares no ingresa nada. Un 49,5% de los encuestados sufren ansiedad.

El drama de los desahucios ha sido uno de los que más fuerza mediática ha alcanzado durante la crisis por su gravedad, pero también por la eficaz acción comunicativa y organizativa desarrollada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Precisamente esta organización ha sido la que ha permitido que el Observatori DESC haya podido elaborar, ante el déficit de datos oficiales, su informe Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona 2013-2016. El texto es la conclusión de un trabajo desarrollado durante los últimos tres años en el que se han realizado entrevistas a casi un millar de personas que se han acercado a la PAH.

“Uno de los objetivos del informe es visibilizar los desahucios y el mal estado en el que se encuentra el derecho a la vivienda, pero también llenar el vacío de datos sobre la crisis hipotecaria”, explica Gabriele D’Adda, uno de los investigadores. Y estos son contundentes: el 90% de los impagos registrados se produjeron de 2010 a 2015, es decir, fueron causados directamente por la crisis económica. Los principales motivos -era una pregunta multirrespuesta- fueron, en un 68,1% de los casos, la pérdida del trabajo y el paso a una situación de desempleo y, en un 43,1%, la subida de la cuota hipotecaria. Un 32,1% alegó también como razón la cantidad de deudas contraídas y un 22,3% el divorcio o separación.

Los desahucios se han cebado con una clase social determinada, lo que se refleja, por un lado, en los barrios donde se concentra el mayor número de afectados, entre los que Sant Martí y Nou Barris se llevan la mitad. Por el otro, es significativo el dato de los ingresos netos mensuales por familia, que se sitúan en una media de 939 euros al mes, mientras que la cuota de la hipoteca alcanza, también de media, los 1.065 euros. Esto significa que el 53,9% de las unidades familiares tienen que asumir una cuota superior a sus ingresos. El 10% de los hogares estudiados no ingresa nada y el 7% sólo percibe entre 400 y 800 euros al mes. La situación se vuelve más dramática si se tiene en cuenta que más de la mitad de las familias con tres o más miembros no tiene ningún ingreso.

Las dificultades de las familias -de las que un 61,6% tienen al menos un menor- a la hora de pagar la hipoteca no sólo se viven en el momento de la ejecución hipotecaria. Un 24,8% de los hogares, una vez pagada la cuota mensual, se queda sólo con 400 euros para costear las necesidades básicas de sus miembros. Otros, un 7%, reciben ayudas para alimentar a su núcleo familiar por parte del Banco de Alimentos, de Cáritas o de la misma PAH. Con estos datos sobre la mesa, no resulta extraño que nueve de cada diez encuestados afirme que tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, el vestido o suministros. Todo esto acaba impactando de manera contundente la salud de los afectados, de modo que un 49,5% sufre ansiedad, un 33% depresión, un 17,8% insomnio y un 11% afirma que estas dificultades han provocado tensión familiar.

¿Quiénes son los bancos responsables de estas situaciones? El Observatori DESC también analiza esta cuestión, y entre ellos gana con diferencia Catalunya Caixa. “Un 40% de las hipotecas de los afectados son de esta entidad, que fue rescatada con fondos públicos”, recuerda Eduardo Salas, coautor del informe. “Si además sumamos al BBVA, que ha comprado Catalunya Caixa y se ha beneficiado también de la ayuda pública, la cifra sube al 50%”, añade. Después vendrían Bankia (con un 8% de las hipotecas de afectados), UCI (un 7%) y Banc Sabadell (un 7%). El 84% de estas hipotecas fueron firmadas en plena burbuja inmobiliaria, entre 2004 y 2007. En cuanto a los contratos, el informe destaca que “la mayoría de personas no sabían leer su contrato hipotecario, no conocían si contenían cláusulas o no abusivas”. Cuando llegan los problemas, también las faltas de respeto: el 36% de los encuestados asegura que ha recibido algún tipo de trato denigrante por parte del banco.


Fuente: http://www.lamarea.com/2016/10/26/una-radiografia-los-desahucios-pobreza-enfermedad-cuotas-ascenso/

Desahucios. A una familia obligada a vivir en la calle se le despoja de hasta diez derechos fundamentales

No se si se han percatado de los tres significados que tiene el verbo desahuciar.

1. El primero implica quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.

2. El segundo se utiliza cuando los médicos admiten que un enfermo no tiene posibilidad de curación.

3. Y el tercero sucede cuando el arrendador despide al inquilino o arrendatario mediante una acción legal.

No es casual que a esta última acción se la califique de desahucio, si tenemos en cuenta las consecuencias, no muy diferentes a las anteriores. Está bien traído llamar desahucio a la acción que ejerce un banco cuando el hipotecado deja de abonar la cuota.

Lo paradójico es que el banco no aparece ni como dueño ni como arrendador, pues se juega con la ficción de que el dueño es el comprador, con el dinero que le presta el banco, cuando en realidad el propietario/arrendador es el propio banco, dado que la cuota es, en el fondo, un alquiler hasta que no se paga toda la hipoteca. Tanto es así que los efectos de no abonar aquella son los mismos que cuando se deja de pagar el alquiler, esto es el lanzamiento. Así, cuando se deja de pagar “la hipoteca” se pierde la vivienda, lo abonado hasta ese momento y se incurre en una deuda equivalente a lo que resta por pagar.

Ahora bien, no es lo mismo que un sujeto deje de pagar al banco por razón de fuerza mayor contrastada —despido, pobreza severa, enfermedad, etc.— que cuando no paga la renta porque es un moroso profesional.

En el primer caso, es inaceptable que el hipotecado pueda ser lanzado a la calle sin que la entidad financiera renegocie la deuda; por las administraciones públicas se facilite una vivienda social al desahuciado o se llegue a un acuerdo público/privado que evite el desastre. No sólo por lo que dice el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna o establecen los Tratados Internacionales suscritos por España, sino porque a una persona/familia que vive en la calle se le despoja del ejercicio de diez derechos fundamentales.

¿O es que no se trata de un atentado a la integridad moral cuando no física? (art. 15);

¿qué derecho a la libertad y a la seguridad le queda? (art 17);

¿cómo puede hablarse de intimidad personal y familiar? (art 18.1);

o el sarcasmo de decirle que “el domicilio es inviolable...” (art.18.2)

y el derecho al secreto de las comunicaciones” (art. 18.3);

¿y la libertad a elegir libremente la residencia? (art. 19),

se supone que en diferentes esquinas o calles. Y ¿que decir de “la protección de la infancia”? (art. 20.4)

o ¿cómo se ejerce “la participación en los asuntos públicos? (art.23.1);

¿adónde se envían las papeletas de voto?; ¿cómo disfruta de la tutela judicial efectiva un ciudadano sin domicilio? (art. 24.1).

Y ¿cómo se ejerce el derecho a la educación del art.27.1?; ¿se puede estudiar en la calle, debajo de un puente?.

Se ha “financiarizado” una necesidad vital que las personas de escasos recursos deberían tener cubierta por medio de las viviendas sociales del Estado.

La vivienda es la base física de la vida familiar y del ejercicio de los derechos humanos, como la sanidad o la educación. Y el Estado debe de tener medios para solucionar estos casos de necesidad contrastada. En varios países europeos, las administraciones tienen viviendas sociales que se alquilan a precios muy bajos y cuando la persona está en paro deja de pagar la renta. Lo que es delictivo es que las viviendas de protección oficial acaben vendiéndose a fondos buitre o que a los diez años dejen de ser protegidas y el adjudicatario pueda venderlas en el mercado libre.

Este drama tiene un origen muy claro: se ha “financiarizado” —a través de los bancos— una necesidad vital que para las personas de escasos recursos debería estar cubierta por medio de las viviendas sociales del Estado, en régimen de alquiler. Imaginen ustedes si para tener derecho a sanidad o educación se necesitase un crédito bancario y al dejar de pagar la cuota se evaporase el derecho a las medicinas o el de ir a la escuela.

Cosa diferente es cuando un inquilino no paga la renta al arrendador. Si la falta de pago no obedece a un estado de necesidad demostrado, el arrendatario debe de ser lanzado con diligencia. Pero en los casos de necesidad, los poderes públicos deben de intervenir con el fin de proteger a ambas partes. Al arrendador devolviéndole la posesión de la vivienda y al arrendatario facilitándole una vivienda social de propiedad pública.

Todos los supuestos conducen a lo mismo: la vivienda familiar forma parte de los derechos fundamentales y el Estado —en general, los ayuntamientos— deben tener un amplio parque de viviendas sociales, en régimen de alquiler, para hacer frente a las situaciones de necesidad.
Nicolás Sartorius es vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/06/23/opinion/1435058864_644021.html

Otros artículos del autor

¿Por que una solución federal? (27/11/2014)

Desde otra orilla (25/03/2014)

Vuestro paraíso es su infierno (06/04/2013)

“Han conseguido convencernos de que la culpa de la crisis es nuestra”

ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA BANCA » Roldán admite falta de confianza de los clientes en el sector financiero. El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB) asegura que está dispuesto para reunirse con Podemos

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), José María Roldán, ha admitido este lunes "fallos en el modelo bancario en lo relacionado con la atención al cliente. Hemos de recuperar la confianza del cliente o habrá riesgos de perecer". Roldán, a preguntas de la prensa, ha asegurado que "no tiene ningún problema en reunirse con representantes de Podemos".

Sobre esta formación política, el que fuera director general de Regulación del Banco de España hasta hace meses, manifestó: "Es natural que aparezcan estos fenómenos tras atravesar una crisis tan dura como la actual. En democracia, la frustración se refleja en el voto, lo que da una garantía de estabilidad al sistema". También comentó que la reacción ciudadana ha sido "más moderada" que en otros periodos históricos, en velada referencia a revoluciones o cambios del sistema político ocurridos en otros momentos.

El máximo responsable de la AEB no ocultó la difícil situación de percepción social del sistema. Entre las "numerosas dificultades e incertidumbres, la primera de ellas es el entorno de opinión muy desfavorable a la industria bancaria, que pasa por uno de los momentos más bajos en cuanto a percepción pública. Aunque es injusto que paguen justos por pecadores, no es menos cierto que los escándalos que afectan a una parte de los bancos acaban por contaminar al resto. Es necesario seguir explicando que hay que diferenciar casos y defender la reputación tanto individual como del colectivo bancario. Además, se necesita una estrategia proactiva, hay que mostrar al público las bondades del modelo de negocio bancario español", apuntó.

En las respuestas a diferentes preguntas, fue más lejos y aseguró que "o se cuida al cliente o se irá a los especialistas tecnológicos, que serán unos grandes competidores de la banca tradicional", en referencia a los especialistas en tarjetas, pago por móvil, internet, etc., que están apareciendo en los mercados. También reclamó más ética: "Sin ética no hay futuro porque no hay negocio bancario viable" y avanzó que la AEB va a proponer nuevas medidas en materia de educación financiera para que los clientes futuros tengan más conocimientos y sean más exigentes...

Sobre el reciente desahucio de una anciana en el madrileño barrio de Vallecas, Roldán ha pedido que se aclare que no ha sido un banco, "sino un prestamista el que ha provocado la situación. La banca ha refinanciado 500.000 créditos a clientes con problemas y ha puesto 1.000 pisos a disposición de familias con dificultades. Hay que valorar el esfuerzo de la banca y no generar confusiones", ha reclamado.
Fuente: El País.

ADA COLAU, HA SIDO DETENIDA EN LAS PUERTAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

MÁXIMA DIFUSIÓN POR FAVOR, ESTO YA ES INTOLERABLE. ADA COLAU, LA LUCHADORA CONTRA LOS DESAHUCIOS Y POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, HA SIDO DETENIDA EN LAS PUERTAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ¡VOLVEMOS A REPETIR, POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN!