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viernes, 26 de julio de 2013

El significado de las palabras. Cuando la verdad jurídica difiere de la verdad semántica

La palabra "gato" es un hipónimo de "animal". La palabra "barco" es un hiperónimo de "velero". Es decir, los hiperónimos designan unos rasgos generales que agrupan a un cierto número de individuos, mientras que los hipónimos nombran a cada tipo específico de integrantes. "Vivienda" es hiperónimo de "piso", "mansión" o "apartamento"". Y el hiperónimo "árbol" engloba los hipónimos "ciprés" o "roble".

De tal modo, si una ley obligase a conservar los árboles de una zona, eso incluiría también a los sauces que se encontraran en ella. Pero si se refiriese a los sauces quedarían excluidos los endrinos.

El artículo 159 de la Constitución concreta algunas de las incompatibilidades de los miembros del Tribunal Constitucional, y a continuación señala: "(...) En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial". Y si uno va al título sobre el poder judicial, se encuentra (artículo 127 de la Constitución): "Los jueces y magistrados (...) no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos".

Miles de estudiantes de bachillerato habrán aprendido que los poderes de un Estado de derecho son tres: Legislativo, ejecutivo y judicial. Y dentro del hiperónimo "poder judicial" encuadrarán con toda lógica los tribunales y juzgados, desde el Constitucional hasta el más humilde de primera instancia e instrucción. Así pues, y siempre en el terreno de la semántica, "Supremo" y "Constitucional" son hipónimos que forman parte del hiperónimo "poder judicial", lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o un juzgado de Aranda de Duero.

Frente a estos razonamientos semánticos, la nota que hizo pública el Constitucional el pasado jueves sobre la militancia política de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, defiende con argumentos legales que ni el tribunal ni sus magistrados forman parte del poder judicial y por ello no les son aplicables las incompatibilidades que prevé la ley para ese ámbito.

Por tanto, las reglas de la legalidad, que no carecen de su propia lógica, desde luego, se escapan aquí de las reglas de las palabras, que también tienen la suya.

El segundo asunto en esta cuestión de los hiperónimos y los hipónimos concierne a otra sutileza legal. La ley orgánica del Poder Judicial incluye un capítulo de "incompatibilidades y prohibiciones". Por tanto, hacia él apuntan el artículo 159 de la Constitución y el casi idéntico artículo 19 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional cuando remiten a "las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial". Pero algunos especialistas en derecho arguyen que una cosa es la incompatibilidad y otra la prohibición, puesto que el capítulo se titula "de las incompatibilidades y prohibiciones". Dicho de otro modo: una cosa es un animal y otra un gato; y una cosa es un árbol y otra un manzano.

En eso también tienen razón.

Obviamente, la incompatibilidad entre dos cargos o situaciones conduce a que se prohíba su ejercicio simultáneo. Y entendiendo las palabras según su significado general (intentamos no salir de ese campo), parece lógico interpretar que la prohibición, como la inelegibilidad, es un hipónimo de la incompatibilidad, pero con características más concretas y restrictivas. Del mismo modo ocurriría con la necesidad de cumplir los requisitos del hipónimo "pingüino" respecto del genérico "ave" si el animal en cuestión desease ser realmente un pingüino.

Unas incompatibilidades en sentido amplio pueden dar lugar, por ejemplo, a que no se puedan cobrar dos sueldos, pero sí ejercer las dos funciones; y en sentido estricto, otras incompatibilidades prohíben incluso la simultaneidad de dos circunstancias, como sucedería en el caso que comentamos si las palabras nos dieran la razón.

Podemos leer unas instrucciones veterinarias que alertan sobre los peligros que acarrean los felinos; y también otras específicas, y más estrictas, sobre el peligro que representan los tigres. El capítulo se titularía "de felinos y tigres", claro. Pero si nos encontráramos de repente ante un tigre seguirían teniendo validez las recomendaciones relativas a todos los demás felinos. Entre un gato y un tigre no hay muchas diferencias de temperamento. Tampoco a éstos conviene despertarlos con brusquedad.

El texto legal sometido a esa controversia, el relativo a las prohibiciones y las incompatibilidades, está contenido en el artículo 395 de la ley orgánica del Poder Judicial: "No podrán los jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido (...) tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal".

De ahí se deriva, en las sin duda competentes interpretaciones jurídicas de cualificados expertos, que estamos ante una prohibición y no ante una incompatibilidad; y por ello tampoco por esta vía se debe establecer enlace alguno con el artículo de la Constitución que remite a que los miembros del Constitucional tendrán las mismas incompatibilidades del poder judicial.

Sin embargo, existe una incompatibilidad, por ejemplo, entre ejercer como senador y a la vez como diputado, y es inherente a tal circunstancia la prohibición de que ambos cargos se simultaneen; del mismo modo que es inherente al velero la condición de barco.

Además, esa misma redacción del artículo 395 muestra la expresión "no podrán", pero después añade la fórmula "y les estará prohibido", lo que parece significar que la primera parte del párrafo queda fuera de la prohibición porque se refiere a la incompatibilidad.

Por otro lado, el artículo 127 de la Constitución (capítulo referido al poder judicial) se refiere a "jueces y magistrados" cuando señala que ni unos ni otros podrán pertenecer a partidos ni sindicatos. Y los miembros del Constitucional son "magistrados" según los define su propia ley orgánica.

Ligando en una sola frase todos estos argumentos puramente semánticos, los ciudadanos españoles podrán entender que un miembro del Constitucional es un magistrado que forma parte del poder judicial, y que por tanto en su capítulo de incompatibilidades figura la prohibición de pertenecer a un partido político.

Los argumentos jurídicos pueden echar abajo estos razonamientos lingüísticos, desde luego. Los doy por reproducidos y hasta por aceptados, para no hacer más extenso el artículo. Pero quienes se mueven en el ámbito de las palabras y de sus significados cabales (casi todos los ciudadanos) desconfiarán seguramente de las explicaciones que presenten un valor distinto y específico de los vocablos que todos manejamos.

Ocurrió lo mismo en 1997, cuando el Tribunal Superior de Cataluña determinó, tras una sólida argumentación jurídica, que no se había producido ensañamiento en el asesinato de una mujer que recibió 70 puñaladas. Consideraban los magistrados que, una vez infligidas las primeras, las demás se le propinaron a un cadáver; y que por ello no añadieron dolor innecesario. Eso motivó que se rebajase de 15 años a 12 la pena que había aplicado antes un jurado popular (para el que sí existía la saña en el asesinato). Pero la gente y los periódicos se escandalizaron.

La verdad jurídica de las palabras difiere a veces de su verdad semántica y etimológica, y de cómo las entiende la sociedad. Eso suele generar disgusto y derivar en controversia; pero, sobre todo, alienta la desconfianza.

Nos ahorraríamos situaciones como estas si las palabras significaran en el derecho lo que todos creemos que significan en la vida. Porque así nos entenderíamos mejor. Y porque generalmente el sentido de las palabras coincide con el sentido común.
Fuente: ÁLEX GRIJELMO 21 JUL 2013, El País.

domingo, 2 de septiembre de 2012

La ocupación del lenguaje


La derecha no solo disfruta de un poder político y económico indiscutible sino que también busca la hegemonía cultural. Para hacerlo, procura desacreditar el progresismo valiéndose muchas veces de su discurso


 Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control de las representaciones colectivas. Este proyecto se sustenta en una campaña sistemática de autolegitimación y descrédito de los argumentos progresistas, en coordinación con la derecha mediática mayoritaria, cuyas estrategias discursivas fundamentales son:

 La creación y propagación de conceptos.
Propias o prestadas, las nuevas nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), copago. Se exponen como verdades incuestionables pero su sentido y alcance nunca se explicitan, pues parecen lograr mayor eficacia práctico-política cuanto menor es su precisión semántica. Por ejemplo, “libertad” asume un significado muy cercano a “seguridad”. El eslogan de la BESCAM en Madrid lo ejemplifica: “Invertir en seguridad garantiza tu libertad”. Como en la “neolengua” de Orwell, las nuevas nociones son a menudo “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. El “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” es el programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha. El “proceso de regularización de activos ocultos” de Montoro es una amnistía fiscal.

 Klemperer narra que la población alemana no hizo suyo el lenguaje de los nazis a través de sus tediosas peroratas, sino por medio de expresiones repetidas de modo acrítico en los contextos de la vida cotidiana. Las palabras de los actuales líderes de la derecha no son menos letárgicas. Sus muletillas (“no se puede gastar lo que no se tiene”; la sanidad “gratuita” es insostenible; solo nosotros tenemos “sentido común”) contrarían cualquier prueba de verdad o validez normativa: el capitalismo financiero se basa en el crédito, o sea, en “gastar más de lo que se tiene”; la sanidad pública no es gratuita, sino financiada colectivamente; y es una inversión ideológica y un dislate suponer que cabe sentido común en el hecho de reclamarlo como propio y exclusivo, es decir, como no común. Pero por su simpleza, su fuerte arraigo en la doxa y su apariencia no ideológica, tales expresiones consiguen adhesión.

 La usurpación de la terminología del oponente.
Nadie es dueño del lenguaje, pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos e identidades políticas determinadas. Al usurpar los términos de la izquierda, la derecha neutraliza y a la vez rentabiliza su sentido contestatario. Esperanza Aguirre afirma que las políticas de los sindicatos “son anticuadas, reaccionarias y antisociales”. Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy dijo en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812: “Los gaditanos nos enseñaron que en tiempo de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Sustentándose en la reputación de espacios y tiempos institucionales, los actuales recortes se invisten del valor simbólico de reformas históricas... Seguir leyendo aquí.
(GONZALO ABRIL / MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ LEYVA / RAFAEL R. TRANCHE, en El País, 1 SEP 2012.) (The Family, verano en Galicia)

lunes, 16 de julio de 2012

El por qué de los recortes

Una de las tesis que se promueven con mayor ahínco en los círculos neoliberales del país es que España entró y permanece en crisis por su excesivo gasto público y falta de disciplina fiscal. De esta tesis se concluye que hay que reducir el gasto público y recuperar la famosa disciplina fiscal, reduciendo el déficit público para alcanzar el nivel exigido por el Pacto de Estabilidad (el 3% del PIB).

Esta tesis es fácilmente demostrable que carece de credibilidad. El Estado español era, en realidad, el modelo de rectitud ortodoxa neoliberal. Tenía un superávit en las cuentas del Estado en los años 2005, 2006 y 2007, y su deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. Durante el periodo 2004-2007, tal deuda pública bajó del 46% al 36%. España no podía ser más modélica desde el punto de vista neoliberal. Los responsables de la política económica y fiscal del Gobierno español recibieron el aplauso de las autoridades europeas que gestionan y dirigen la Eurozona (desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea al Banco Central Europeo) y como no, del Fondo Monetario Internacional.
En realidad, la sensación de euforia era tal que el Gobierno socialista español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió bajar los impuestos, identificando tal medida con ser de izquierdas. Su slogan más conocido en aquellos años fue que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Esta bajada de impuestos aumentó el déficit estructural del Estado, es decir, el déficit público, que determinan los ingresos y gastos estructurales y no coyunturales. Este aumento del déficit estructural permaneció ocultado o ignorado por el aumento de los ingresos al Estado, resultado de la situación coyuntural provocada por la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, cuando esta burbuja explotó, el déficit estructural apareció con toda claridad y contundencia. Los ingresos al Estado bajaron en picado, resultado, en gran parte, de que la estructura fiscal del Estado español depende excesivamente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Cuando la actividad económica se colapsó y el desempleo se disparó, los ingresos al Estado bajaron y mucho. De ahí el déficit público del Estado. No tiene nada, nada que ver con el aumento del gasto público, el cual, medido en gasto público por habitante, ha ido bajando, no subiendo. Y los datos así lo muestran. Se están recortando y recortando, y en cambio el déficit público apenas baja y el crecimiento económico está decreciendo. ¿Qué evidencia esperan los círculos neoliberales para poder ver que están profundamente equivocados?
 Por otro lado, un punto clave poco estudiado y con escasa visibilidad mediática es ¿por qué la burbuja inmobiliaria explotó? La causa primordial es que la mayoría del dinero que estaba detrás de la burbuja inmobiliaria procedía de bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas, entre otros. En realidad el enorme flujo de dinero (lo que se llama inversión financiera) a España explica que la balanza de pagos (la diferencia entre el capital que entra y el que sale del país) se disparara en aquellos años de burbuja inmobiliaria. El hecho de que la banca europea alimentara a la banca española se debía, como no podría ser de otro modo, a que eran inversiones financieras extraordinariamente beneficiosas. Su rentabilidad era enorme. Pero cuando esta banca europea contaminada por los productos tóxicos procedentes de la banca estadounidense se paralizó, el dinero dejó de venir a España y la burbuja inmobiliaria explotó, creando un agujero en el PIB español equivalente a un 10% de su tamaño. Y todo ello en cuestión de meses.

Ahora España tiene un problema enorme porque debe mucho dinero a los bancos europeos, que no puede pagar. Y los bancos europeos tienen un problema incluso mayor, porque han prestado tanto dinero a España y a los otros países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) que si éstos no lo pagan, tienen un problema gravísimo. En realidad, muchos de ellos se colapsarían. Los bancos alemanes habían prestado en 2009 la enorme cantidad de 704.000 millones de euros a los países PIGS (España, Grecia, Irlanda y Portugal), convertidos en GIPSI con la inclusión de Italia. Esta cantidad es muchas veces superior al capital en reserva de la banca alemana. Si estos países no pudieran pagar su deuda, la banca alemana colapsaría. El establishment financiero alemán y su Gobierno, presidido por la Sra. Merkel, es plenamente consciente de este hecho. Y de ahí su énfasis en que el objetivo prioritario de las políticas de austeridad que está imponiendo a aquellos países y de la supuesta “ayuda financiera” a sus bancos, sea el de que la banca alemana recupere el dinero prestado.

El objetivo de los recortes es salvar la banca alemana
Y así nacieron las políticas de recortes. Como bien escribía recientemente nada menos que el editor senior del Financial Times, el Sr. Martin Wolf (25.06.12) el objetivo de estos recortes en España tiene poco que ver con recuperar la economía española y sí con que se pague a los bancos europeos, incluyendo los alemanes, lo que se les debe. Así de claro.

Ahora bien, como las cosas no se pueden decir tan claro, el argumento que se utiliza por los economistas y políticos neoliberales, es que hay que reducir el déficit público para “inspirar confianza a los mercados financieros” de manera tal que éstos vuelvan a prestar dinero a España. Según tal argumento, la desconfianza de los mercados hacia España determina que la prima de riesgo española haya subido tanto, ignorando que el que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados, sino el BCE, que es el lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana. El hecho de que el BCE no haya comprado deuda pública española durante más de tres meses es la mayor causa de que la prima de riesgo se haya disparado. Lo que le importa más a la banca alemana (y a su instrumento, el BCE) es que continúe la austeridad, que sigan y se profundicen los recortes por parte del Estado español a fin de que éste y la banca privada a la que el Estado español ha estado subvencionando y ayudando en cantidades exuberantes (más de un 10% del PIB) paguen ahora lo que deben a aquellos bancos europeos, incluyendo los bancos alemanes. Y los famosos 100.000 millones de euros que el Gobierno Rajoy ha solicitado de las autoridades que gobiernan la Eurozona irán destinados a continuar ayudando (todavía más) a los bancos, y todo ello financiado por el ciudadano normal y corriente que paga al Estado y sostiene la deuda pública. En realidad, incluso dirigentes del Gobierno alemán así lo han reconocido. Uno de los consejeros económicos del Gobierno alemán, Peter Böfinger, así lo ha dicho. “Las ayudas a la banca (de los países en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran cantidad de deuda de aquellos países” (Chatterjee, Pratap, Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis).
En realidad, si de verdad tanto el Gobierno Rajoy o el Consejo Europeo desearan ayudar a la economía española, no transferirían estos 100.000 millones a la banca (que no ha estado ofreciendo crédito ni a las familias ni a las medianas y pequeñas empresas), sino a organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el mandato de ofrecer crédito accesible y razonable (no el que provee la banca hoy) a la ciudadanía y a medianas y pequeñas empresas españolas. Tales transferencias públicas podrían también estimular el establecimiento de bancas públicas (tanto centrales como autonómicas) o cooperativas de crédito que garantizaran la existencia de crédito, uno de los mayores problemas que existe hoy en la España endeudada.

Pero lo que las autoridades europeas desean más que nada es que la banca española y el Estado español paguen a los bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas y otros lo que les deben, a fin de -según dicen ellos- recuperar la confianza de los mercados. Pero este argumento asume que existen mercados, lo cual es fácil de demostrar que no ocurre. En un mercado, la responsabilidad de un préstamo fallido es compartida. Es un fallo de la persona o institución que pidió el préstamo, pero lo es también de la persona o institución que ofreció el préstamo. Y esto no está ocurriendo. En esta situación se está penalizando al primero a fin de salvar los intereses del segundo. Esto es lo que está haciendo, entre otros, el Gobierno alemán, que acusa y critica al Estado español por haber permitido la formación de la burbuja inmobiliaria sin citar el papel clave que el Estado alemán y la banca alemana jugaron en el establecimiento y explosión de tal burbuja. No se puede hablar de prestatarios irresponsables sin hablar también de los prestamistas irresponsables. Y el Gobierno alemán está imponiendo las políticas de austeridad para asegurarse de que a la banca alemana irresponsable se le pague la deuda con intereses (que, por cierto, alcanzan niveles estos últimos que cubren varias veces el coste de la deuda en sí). Y así estamos. Vicenç Navarro.

Público.es Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/5499/el-por-que-de-los-recortes/

lunes, 18 de julio de 2011

Rayando en la locura

La inquietante posibilidad de un impago de la deuda estadounidense tiene pocos aspectos positivos. Pero tengo que reconocer que el espectáculo de tantísima gente que lo ha estado negando y que de repente se ha despertado y ha olido la locura ha tenido su lado cómico, con un toque de humor negro. Varios analistas políticos parecen asombrados ante lo poco razonables que están siendo los republicanos. "¿Se ha vuelto loco el Viejo y Gran Partido?", se preguntan.
Pues ahora que lo dicen, sí. Pero esto no es algo que acabe de suceder; es la culminación de un proceso que dura desde hace décadas. Cualquiera que se sorprenda por el extremismo y la irresponsabilidad de la que ahora hace gala, o bien no ha estado prestando atención, o bien ha estado haciendo la vista gorda. Y a los que de repente dudan de la salud mental de uno de nuestros dos partidos principales me permito decirles lo siguiente: la gente como ustedes son en parte responsables de la situación actual de ese partido.
Hablemos un momento de lo que los líderes republicanos están negando. El presidente Obama ha dejado claro que está dispuesto a firmar un acuerdo sobre la reducción del déficit que consiste principalmente en recortes del gasto y que incluye recortes draconianos en programas sociales clave, incluido un aumento de la edad requerida para acogerse al programa de Medicare. Son unas concesiones extraordinarias. Como señala Nate Silver, de The Times, el presidente ha ofrecido unos acuerdos que están muy a la derecha de lo que el votante estadounidense medio prefiere y, de hecho, en el mejor de los casos, un poco a la derecha de lo que el votante republicano medio prefiere.
Sin embargo, los republicanos están diciendo que no. Es más, están amenazando con forzar un impago estadounidense y con crear una crisis económica, a no ser que consigan un acuerdo completamente sesgado. Y esto era totalmente predecible. En primer lugar, el Partido Republicano moderno básicamente no acepta la legitimidad de una presidencia demócrata (cualquier presidencia demócrata). Lo vimos durante el mandato de Bill Clinton y lo vimos otra vez en cuanto Obama asumió el cargo...
Pero no ha habido ninguna factura. Bush despilfarró el superávit de los últimos años de Clinton, aunque unos prominentes expertos pretendan que los dos partidos son culpables a partes iguales de nuestros problemas de endeudamiento. Paul Ryan, el presidente del Comité Presupuestario del Congreso, propuso un supuesto plan de reducción del déficit que incluía unas enormes rebajas fiscales para las empresas y los ricos, y luego recibió un premio a la responsabilidad fiscal.
Por eso el Partido Republicano no se ha visto presionado para mostrar ningún tipo de responsabilidad, o siquiera racionalidad, y efectivamente ha perdido los papeles. Si a alguien le sorprende, eso quiere decir que ese alguien fue parte del problema. Leer todo aquí en El País, Paul Krugman 17/07/2011

miércoles, 20 de octubre de 2010