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miércoles, 17 de septiembre de 2014
viernes, 7 de febrero de 2014
Tres ex ministros de Educación piden un pacto de Estado. "La ley tiene que ser probada, no aprobada", dice Díaz Ambrona en la Semana de la Fundación Santillana
Gabilondo piensa que el pacto es necesario por democracia y eficiencia. “Lo que no puede ser es que una vez que tienes un texto llames al consenso y a que se puedan hacer comentarios. Otra historia es llamar desde el momento mismo de la concepción de esa ley. El acuerdo tiene que ser con los agentes sociales, porque, si no, aunque haya ley no se cambiará el sistema”. Su antecesora en el puesto, Cabrera, prefiere los pactos sociales a los políticos. “Hay que hacer espacios de debate que no toquen lo que tocan las leyes, que son los intereses empresariales y los contenidos curriculares hasta extremos ridículos. Hay que prepararnos para el cambio, porque educamos para un mundo que ya no está.”
Díaz Ambrona se muestra escéptico a la reforma: “No tengo confianza de que una ley, porque sea aprobada, vaya a ir bien. Tiene que ser probada. Debía de haber un pacto de Estado entre los políticos”. Aunque cree que predica en el desierto. “No sé si es peor que la haya aprobado solo un partido o que el resto se haya puesto de acuerdo en derogarla”. En opinión de este ex ministro de UCD el problema es que “la educación es un granero de votos”, y se debería de poner en manos de los profesionales de la educación, creando un marco estable de 10 años - “que es lo que al menos se necesita para que un sistema educativo rinda- y con el compromiso de tener siempre la inversión de la media de la OCDE.
Nasarre, de todos modos, cree que no ha habido tanta “inestabilidad legislativa” porque hay “muchos son remiendos” en las siete leyes que se han redactado. Considera que la ley del 70 necesitaba un recorrido de más de 20 años y lamenta el “cambio sustancial” de los noventa. Pero se muestra optimista con o sin pacto: “El sistema tiene medios materiales y humanos para mejorar los objetivos y los rendimientos con la ley que sea”.
Fuente: El País
lunes, 4 de noviembre de 2013
¿Por qué la educación española no llega nunca al consenso?
Edmundo Fayanás Escuer
El profesor Francisco Imbermón dice “legislar en educación siempre genera debate y controversia, y ese debería ser el camino hacia el consenso”.
Esto siempre ha sido así y nunca ha sido posible un consenso mínimo en educación ¿Por qué no es posible el acuerdo en España y sí en otros países? Desde mi punto de vista, esto proviene desde los inicios de la llamada “modélica transición política”, cuando no se consideró a la educación como un objetivo central de futuro para el país y se cuidó muy mucho, de que los distintos sectores educativos siguieran con los privilegios obtenidos en la época franquista. De aquellos tiempos, provienen estos lodos educativos actuales. Veamos algunos aspectos.
Todos los gobiernos democráticos han intentado plasmar sus ideas en leyes educativas, así ya llevamos siete reformas. En todas ellas, hay varios factores que las unen, por un lado la falta de medios económicos y por el otro la falta de consenso en todas ellas. Mientras que nuestra sociedad no considere la educación como un elemento imprescindible y fundamental en nuestro futuro, los políticos de turno no se sentirán presionados a hacer de la educación un objetivo para lograr avances sociales.
Nunca la financiación educativa en nuestro país ha tenido estándares europeos, con una inversión educativa sobre un 25% menos de la que tiene los países europeos de nuestro entorno. Cuando peor va la financiación educativa es con el Partido Popular y mejora algo con los socialistas, pero siempre muy alejado de los niveles europeos.
Otro aspecto muy importante, que sigue lastrando nuestro nivel educativo, es la herencia que el franquismo ha dejado en la sociedad, donde la educación sólo era valorada como sistema de adoctrinamiento y de control social y nunca tuvo como objetivo la creación de ciudadanos y hombres libres, eso sigue pesando como una losa en nuestro sistema educativo.
Un factor para mi muy relevante ha sido el papel muy negativo de la Iglesia española en nuestra educación. Evidentemente es una afirmación muy fuerte y que levantará ampollas, pero la realidad es la que es. Muchos dirán que la Iglesia ha jugado un papel muy importante en nuestra educación. Es cierto que han pasado miles de españoles por sus aulas, pero el papel de la iglesia española ha supuesto un freno increíble en los avances educativos de nuestro país y lo vemos claramente y de forma diáfana con la ley Wert, donde lo más reaccionario de su doctrina es la que se está imponiendo para vergüenza del PP y de todos aquellos que vemos la educación como un futuro para el país. Hay dos aspectos que determinan este papel negativo de la Iglesia en educación:
La iglesia siempre ha considerado la educación como un lugar de adoctrinamiento ideológico, donde imponer su modelo social que le asegure un dominio sobre amplias capas de la población española.
La educación privada supone un negocio económico nada desdeñable, en el curso 2011-2012 se calculan que los beneficios económicos de esta red educativa rondan los 500 millones de euros, además de otros privilegios, como son las concesiones de suelo, selección del alumnado, poco control sobre actividades extraescolares etc…..
Hoy en día desde mi punto de vista hay un factor fundamental que impide cualquier consenso educativo, éste no es otro que el Concordato vigente Iglesia/Estado. Dicho Concordato es la muestra de la dejación y sumisión del Estado a la Iglesia, siendo claramente anticonstitucional pero estos partidos que tanto defienden la Constitución para determinadas cosas, se olvidan de denunciarlo y ahí coinciden nuevamente el PP y el PSOE para vergüenza de ambos.
El primer elemento, para que pueda hacer posible un consenso educativo pasa por el fin del concordato actual vigente entre Iglesia y Estado.
El segundo elemento es considerar a la educación pública como la única que garantiza la educación y la cohesión social del país, yendo a un sistema educativo dual, parecido al que hay mayoritariamente se tiene en Europa, es decir, una educación pública de calidad y bien financiada, con un sector privado sin ningún apoyo del Estado.
Esto se pudo hacer en los inicios de la Transición sin grandes problemas. Sin embargo, no se hizo por la cobardía del Partido Socialista con Felipe González a la cabeza. Este proceso de modificación de la educación concertada habrá que hacerlo poco a poco y en un largo periodo de tiempo, salvando grandes dificultades como son las laborales, sociales etc, que generará la desaparición de los conciertos educativos con la privada. Como en gran parte de Europa seguirá existiendo una educación privada, pero pagada exclusivamente por los padres que quieran ir a ella.
Con este proceso solucionaríamos muchos de los problemas e impedimentos existentes hoy en día al hacer desaparecer los componentes, ideológicos, económicos y de control social.
Este país presenta un retraso histórico a casi todos los niveles, que provienen de dos instituciones, que han sido el soporte institucional del poder de las clases dominantes: la iglesia y la monarquía. Ninguna de las dos han aceptado cambio alguno, siempre han asumido los principios más reaccionarios de los distintos movimientos reformadores y progresistas, que se han ido produciendo en Europa y el mundo, es decir, siempre han estado con la involución.
La iglesia debe dedicarse exclusivamente a su labor pastoral dejando de intervenir en la política del país, pues es esta participación y el apoyo y el compromiso con la derecha más rancia de este país es, impide cualquier avance en consensos educativos.
Debemos hacer que la Iglesia se retire del campo educativo como única forma de que nuestra educación mejore, es así de simple.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/edmundo-fayanas-escuer/educacion-espanola-no-llega-nunca-consenso/20131103182604097977.html
El profesor Francisco Imbermón dice “legislar en educación siempre genera debate y controversia, y ese debería ser el camino hacia el consenso”.
Esto siempre ha sido así y nunca ha sido posible un consenso mínimo en educación ¿Por qué no es posible el acuerdo en España y sí en otros países? Desde mi punto de vista, esto proviene desde los inicios de la llamada “modélica transición política”, cuando no se consideró a la educación como un objetivo central de futuro para el país y se cuidó muy mucho, de que los distintos sectores educativos siguieran con los privilegios obtenidos en la época franquista. De aquellos tiempos, provienen estos lodos educativos actuales. Veamos algunos aspectos.
Todos los gobiernos democráticos han intentado plasmar sus ideas en leyes educativas, así ya llevamos siete reformas. En todas ellas, hay varios factores que las unen, por un lado la falta de medios económicos y por el otro la falta de consenso en todas ellas. Mientras que nuestra sociedad no considere la educación como un elemento imprescindible y fundamental en nuestro futuro, los políticos de turno no se sentirán presionados a hacer de la educación un objetivo para lograr avances sociales.
Nunca la financiación educativa en nuestro país ha tenido estándares europeos, con una inversión educativa sobre un 25% menos de la que tiene los países europeos de nuestro entorno. Cuando peor va la financiación educativa es con el Partido Popular y mejora algo con los socialistas, pero siempre muy alejado de los niveles europeos.
Otro aspecto muy importante, que sigue lastrando nuestro nivel educativo, es la herencia que el franquismo ha dejado en la sociedad, donde la educación sólo era valorada como sistema de adoctrinamiento y de control social y nunca tuvo como objetivo la creación de ciudadanos y hombres libres, eso sigue pesando como una losa en nuestro sistema educativo.
Un factor para mi muy relevante ha sido el papel muy negativo de la Iglesia española en nuestra educación. Evidentemente es una afirmación muy fuerte y que levantará ampollas, pero la realidad es la que es. Muchos dirán que la Iglesia ha jugado un papel muy importante en nuestra educación. Es cierto que han pasado miles de españoles por sus aulas, pero el papel de la iglesia española ha supuesto un freno increíble en los avances educativos de nuestro país y lo vemos claramente y de forma diáfana con la ley Wert, donde lo más reaccionario de su doctrina es la que se está imponiendo para vergüenza del PP y de todos aquellos que vemos la educación como un futuro para el país. Hay dos aspectos que determinan este papel negativo de la Iglesia en educación:
La iglesia siempre ha considerado la educación como un lugar de adoctrinamiento ideológico, donde imponer su modelo social que le asegure un dominio sobre amplias capas de la población española.
La educación privada supone un negocio económico nada desdeñable, en el curso 2011-2012 se calculan que los beneficios económicos de esta red educativa rondan los 500 millones de euros, además de otros privilegios, como son las concesiones de suelo, selección del alumnado, poco control sobre actividades extraescolares etc…..
Hoy en día desde mi punto de vista hay un factor fundamental que impide cualquier consenso educativo, éste no es otro que el Concordato vigente Iglesia/Estado. Dicho Concordato es la muestra de la dejación y sumisión del Estado a la Iglesia, siendo claramente anticonstitucional pero estos partidos que tanto defienden la Constitución para determinadas cosas, se olvidan de denunciarlo y ahí coinciden nuevamente el PP y el PSOE para vergüenza de ambos.
El primer elemento, para que pueda hacer posible un consenso educativo pasa por el fin del concordato actual vigente entre Iglesia y Estado.
El segundo elemento es considerar a la educación pública como la única que garantiza la educación y la cohesión social del país, yendo a un sistema educativo dual, parecido al que hay mayoritariamente se tiene en Europa, es decir, una educación pública de calidad y bien financiada, con un sector privado sin ningún apoyo del Estado.
Esto se pudo hacer en los inicios de la Transición sin grandes problemas. Sin embargo, no se hizo por la cobardía del Partido Socialista con Felipe González a la cabeza. Este proceso de modificación de la educación concertada habrá que hacerlo poco a poco y en un largo periodo de tiempo, salvando grandes dificultades como son las laborales, sociales etc, que generará la desaparición de los conciertos educativos con la privada. Como en gran parte de Europa seguirá existiendo una educación privada, pero pagada exclusivamente por los padres que quieran ir a ella.
Con este proceso solucionaríamos muchos de los problemas e impedimentos existentes hoy en día al hacer desaparecer los componentes, ideológicos, económicos y de control social.
Este país presenta un retraso histórico a casi todos los niveles, que provienen de dos instituciones, que han sido el soporte institucional del poder de las clases dominantes: la iglesia y la monarquía. Ninguna de las dos han aceptado cambio alguno, siempre han asumido los principios más reaccionarios de los distintos movimientos reformadores y progresistas, que se han ido produciendo en Europa y el mundo, es decir, siempre han estado con la involución.
La iglesia debe dedicarse exclusivamente a su labor pastoral dejando de intervenir en la política del país, pues es esta participación y el apoyo y el compromiso con la derecha más rancia de este país es, impide cualquier avance en consensos educativos.
Debemos hacer que la Iglesia se retire del campo educativo como única forma de que nuestra educación mejore, es así de simple.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/edmundo-fayanas-escuer/educacion-espanola-no-llega-nunca-consenso/20131103182604097977.html
lunes, 28 de enero de 2013
El conflicto (antes guerra) civil no ha terminado
La historia de España durante el siglo XX (y que continúa en el siglo XXI) es el conflicto constante entre, por un lado, los establishments financieros, centrados en la banca, y los empresariales, centrados en la gran patronal (asistidos por el Estado dominado por las fuerzas conservadoras –que incluyen las fuerzas armadas y el sistema judicial y policial- y por la jerarquía de la Iglesia Católica, y apoyados por la mayoría del establishment mediático) y por el otro lado, las clases populares que intentan conseguir el bienestar social y calidad de vida que consideran que se merecen y cuyo desarrollo entra inevitablemente en conflicto con los privilegios de aquellos establishments. Este conflicto marcó el siglo XX y continúa ahora en el siglo XXI.
El máximo desarrollo de tal conflicto en el siglo pasado apareció cuando, en respuesta a las políticas reformistas altamente populares llevadas a cabo por un gobierno democrático, hubo un golpe militar que impuso una de las dictaduras más represivas de las que hayan existido en la Europa Occidental (según el profesor Malefakis, experto del fascismo europeo en la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil). Tal dictadura se estableció para defender los intereses de aquellos establishments financieros y empresariales dominantes en la historia de nuestro país.
La resistencia popular hizo quebrar aquella dictadura en los años setenta del siglo pasado. Desde 1974 a 1978 España fue el país con la mayor agitación social de Europa. De ahí que, aun cuando el dictador Franco murió en la cama, la dictadura terminó en la calle. Las movilizaciones sociales (lideradas por el movimiento obrero), aunque determinantes para acabar con aquella dictadura, no fueron suficientemente fuertes para romper con la estructura de poder que controlaba el Estado. Y un punto importante para explicar aquella insuficiencia fue que los partidos políticos de izquierda acababan de salir de la clandestinidad, con muchos de sus dirigentes en las cárceles o en el exilio.
El desequilibrio de fuerzas en aquel proceso de Transición fue enorme.
Las derechas controlaban el aparato del Estado, además del poder financiero y gran empresarial, gozando de una gran influencia en los medios, mientras que las izquierdas políticas estaban saliendo de una dictadura que les había reprimido brutalmente. El famoso “consenso” de la Transición al que las derechas (y algunas voces de izquierda) se refieren constantemente para justificar la perpetuación de su poder en las instituciones del Estado, asume una aceptación por parte de las izquierdas de un acuerdo muy desigual que fue aceptado en aquel momento, resultado de que se percibía que era la única salida posible. La Constitución Española refleja este desequilibrio. No se reconoce en ella ni la universalidad de los derechos sociales (como la sanidad) ni tampoco se reconoce la plurinacionalidad del Estado español. Éstos son indicadores del enorme poder que las derechas tuvieron en la mal llamada Transición “modélica” y que han marcado los más de treinta años de una democracia caracterizada por sus grandes insuficiencias.
La corrección del déficit social
Ni que decir tiene que el periodo democrático ha visto enormes cambios entre los cuales destaca el establecimiento del Estado del Bienestar, proceso liderado por las izquierdas. El establecimiento del Sistema Nacional de Salud, en 1986, es un ejemplo de ello. Y aunque no garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios, es decir, unos derechos extensivos a toda la población española, sí que los extendía a la gran mayoría de la población. Otro indicador fue el notable crecimiento del gasto público social por habitante (que cubre desde las pensiones y otras transferencias públicas a los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) corrigiéndose parte del enorme déficit social que la España democrática había heredado de la dictadura. El año que el dictador murió España tenía el gasto público social más bajo de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15. En 1975 el gasto social representaba en España solo el 15% del PIB, mientras que el promedio del resto de los países de la posterior UE-15, era del 22% del PIB.
El euro se hizo a costa del Estado del Bienestar
La corrección del déficit social fue interrumpida, sin embargo, como consecuencia de la manera como se, ... Vicenc Navarro en Público. Seguir leyendo el artículo aquí.
El máximo desarrollo de tal conflicto en el siglo pasado apareció cuando, en respuesta a las políticas reformistas altamente populares llevadas a cabo por un gobierno democrático, hubo un golpe militar que impuso una de las dictaduras más represivas de las que hayan existido en la Europa Occidental (según el profesor Malefakis, experto del fascismo europeo en la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil). Tal dictadura se estableció para defender los intereses de aquellos establishments financieros y empresariales dominantes en la historia de nuestro país.
La resistencia popular hizo quebrar aquella dictadura en los años setenta del siglo pasado. Desde 1974 a 1978 España fue el país con la mayor agitación social de Europa. De ahí que, aun cuando el dictador Franco murió en la cama, la dictadura terminó en la calle. Las movilizaciones sociales (lideradas por el movimiento obrero), aunque determinantes para acabar con aquella dictadura, no fueron suficientemente fuertes para romper con la estructura de poder que controlaba el Estado. Y un punto importante para explicar aquella insuficiencia fue que los partidos políticos de izquierda acababan de salir de la clandestinidad, con muchos de sus dirigentes en las cárceles o en el exilio.
El desequilibrio de fuerzas en aquel proceso de Transición fue enorme.
Las derechas controlaban el aparato del Estado, además del poder financiero y gran empresarial, gozando de una gran influencia en los medios, mientras que las izquierdas políticas estaban saliendo de una dictadura que les había reprimido brutalmente. El famoso “consenso” de la Transición al que las derechas (y algunas voces de izquierda) se refieren constantemente para justificar la perpetuación de su poder en las instituciones del Estado, asume una aceptación por parte de las izquierdas de un acuerdo muy desigual que fue aceptado en aquel momento, resultado de que se percibía que era la única salida posible. La Constitución Española refleja este desequilibrio. No se reconoce en ella ni la universalidad de los derechos sociales (como la sanidad) ni tampoco se reconoce la plurinacionalidad del Estado español. Éstos son indicadores del enorme poder que las derechas tuvieron en la mal llamada Transición “modélica” y que han marcado los más de treinta años de una democracia caracterizada por sus grandes insuficiencias.
La corrección del déficit social
Ni que decir tiene que el periodo democrático ha visto enormes cambios entre los cuales destaca el establecimiento del Estado del Bienestar, proceso liderado por las izquierdas. El establecimiento del Sistema Nacional de Salud, en 1986, es un ejemplo de ello. Y aunque no garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios, es decir, unos derechos extensivos a toda la población española, sí que los extendía a la gran mayoría de la población. Otro indicador fue el notable crecimiento del gasto público social por habitante (que cubre desde las pensiones y otras transferencias públicas a los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) corrigiéndose parte del enorme déficit social que la España democrática había heredado de la dictadura. El año que el dictador murió España tenía el gasto público social más bajo de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15. En 1975 el gasto social representaba en España solo el 15% del PIB, mientras que el promedio del resto de los países de la posterior UE-15, era del 22% del PIB.
El euro se hizo a costa del Estado del Bienestar
La corrección del déficit social fue interrumpida, sin embargo, como consecuencia de la manera como se, ... Vicenc Navarro en Público. Seguir leyendo el artículo aquí.
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