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domingo, 2 de julio de 2023

_- La herencia de los romanos

_- El escritor Agustín Martínez, uno de los tres integrantes del pseudónimo Carmen Mola, ganador del premio Planeta el año 2021, escribió en la Voz de Granada hace unos días un interesante artículo con una idea que quiero compartir con mis lectores y lectoras. De la maravillosa película “La vida de Brian”, dirigida por Terry Jones y escrita por los Monty Python, rescata una secuencia en la que los miembros del partido del Frente Popular de Judea y del Frente Judaico Popular preguntaban en uno de los conciliábulos de la Jerusalén del año 33:

¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
Tras un breve silencio, uno de los presentes responde aportando tímidamente una idea:

El acueducto.
– Ah, sí, sí, eso sí nos han dado, reconoció quien había hecho la pregunta.

Y el alcantarillado, añadió otro asistente.
Sí, dijo el primero, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dejado los romanos. Desde otro lugar intervino alguien después de reflexionar sobre la cuestión que se había planteado:

Y las carreteras, dijo entre dientes.
Evidentemente las carreteras. Eso no hace falta mencionarlo. Pero, aparte del acueducto, del alcantarillado y de las carreteras, ¿qué nos dejaron los romanos? Pues la irrigación, la sanidad, la enseñanza, el vino, los baños públicos, el orden público…, dijo un anciano, impaciente por la lentitud de la enumeración.

– Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras, los baños públicos y el orden público, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?.

Nos han dado la paz
He repasado la secuencia varias veces. Qué ingenioso guión. Agustín Martínez, apoyándose en esa secuencia, cita algunos logros que ha dejado el gobierno de coalición y que no deberían ser olvidados ante la marea mediática y social que ha venido impulsada por descalificaciones malintencionadas de todo tipo. Y yo añadiré algunos más, aunque no podré mencionarlos todos.

Nadie puede negar que estos mentirosos romanos han elevado el salario mínimo interprofesional un 33,3 por ciento. Se decía que ese aumento iba a producir una catástrofe en el mercado laboral. Pero no ha ocurrido.

Otro logro que han conseguido los despreciables romanos es la reforma laboral, que limita la contratación temporal y que ha conseguido las mayores cifras de empleo indefinido y de cotizantes a la seguridad social de nuestra historia.

Pero también estos malvados romanos del Gobierno, han puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que permite que decenas de miles de familias no tengan que ponerse a mendigar y puedan sobrevivir con unas mínimas condiciones de dignidad.

Si seguimos preguntándonos qué más han hecho por nosotros los incompetentes romanos de Pedro Sánchez, podríamos añadir que han dado tranquilidad a más de nueve millones de pensionistas que saben que, aunque la inflación siga desbocada, no verán mermado su poder adquisitivo, ya que sus pagas se incrementarán en la misma medida que haya subido el coste de la vida

En mitad de una brutal pandemia que hizo que desplomase nuestra actividad económica, los romanos del Gobierno, fueron capaces de articular el milagro de los ERTEs y los créditos ICO, que salvaron millones de empleos y decenas de miles de empresas.

Pero no contentos con ello, los filoetarras romanos han conseguido la segunda mayor cifra de fondos europeos de todos los concedidos por la UE para la reconstrucción del país, a pesar de las arteras maniobras del Frente Popular de Judea, versión PP, para boicotear la consecución de esos fondos, porque como ya dijo uno de sus centuriones, no importa que España caiga «que ya la levantaremos nosotros».

Esos ilegítimos gobernantes romanos han conseguido el record de vacunaciones contra la COVID en el mundo occidental, aunque el líder del Frente Judaico Popular, vaticinó que necesitaríamos cuatro años para hacerlo. A día de hoy se han administrado 107 millones de dosis y se han vacunado más de 40,6 millones de españoles, lo que supone el 85,7% de la población.

A los perversos romanos también les debemos la Ley de Muerte Digna, que nos permite decidir nuestra muerte asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos, así como con todos los consuelos humanos posibles, evitando el sufrimiento y manteniendo el control y la autonomía, conservando nuestra dignidad y libertad hasta el final de la existencia.

Pero es que además, estos romanos bolivarianos han hecho posible que las 400.000 empleadas de hogar, dadas de alta como tales, puedan cobrar el paro desde este mismo mes de julio.

Pues bien, podríamos añadir que la Ley de la Vivienda, que limita la subida indiscriminada del precio de los alquileres; la Ley de Educación, que bate records de becas a quienes más las necesitan y no a familias que ingresan más de 100.000 euros anuales; la Ley de Protección a la Infancia, la Ley de Bienestar Animal, o la Ley de Cambio Climático han supuesto un avance indiscutible.

La ley de memoria democrática es otro logro importante de loa romanos comunistas. Una ley que no pretende dividir sino curar, que no desea volver a la guerra sino restañar las heridas que causó. La señora Ayuso y muchos de sus corifeos dicen que el Gobierno pretende con esa ley dividir a los españoles. ¿Sí? ¿De verdad lo cree? No hay nadie que esté instalado en una división radical como ella. Los malos y los buenos. Ella es la que dice: Sánchez o España. ¿Quién divide?

La ley del sí es sí (a pesar de los efectos perniciosos laterales que, por cierto, se han corregido) y la ley trans, son leyes que han supuesto un avance en los derechos de las personas. Había otras 60 leyes esperando tramitación. Criticaba este hecho alguien de la oposición pero, claro, no dará su voto para que sea posible su tramitación manteniendo un gobierno de izquierdas.

Nuestro Frente Popular de Judea y nuestro Frente Judaico Popular, no solamente no reconocen nada de lo hecho por los malditos romanos, sino que pretenden derogar todo lo aprobado (por cierto, no se derogan las personas, se derogan las leyes) y descargan sobre ellos todo tipo de acusaciones. Dice Feijóo que revisará todas las leyes apoyadas por Bildu. ¿Aunque beneficien a todo el pueblo? Como Bildu votó a favor de la subida del salario mínimo, pues que se quede como estaba o que se baje.

Desde el primer momento tacharon al gobierno de ilegítimo porque el Presidente había mentido a los electores y las electoras. Dijo que no pactaría con Podemos ni con Bildu, ni con los independentistas catalanes. Y luego hizo lo contario. Sí, cambió de opinión. Mariano Rajoy prometió que no iba a subir los impuestos y a los pocos días de acceder al gobierno, los subió. No hubo las mismas acusaciones de ilegitimidad. Si tan mal les han perecido los pactos con aliados indeseables, ¿por qué no les ha apoyado o se ha abstenido para sacar adelante la investidura y muchas leyes y proyectos? Eso sería coherencia.

Por otra parte le reprochan el pacto con Bildu por considerar a esa formación heredera de ETA. Pasamos media vida pidiendo y exigiendo a los etarras que dejasen las armas y que utilizasen los cauces políticos para defender sus ideas. Y, cuando abandonan las armas, dejan de matar y se integran en la democracia y sus instituciones, siguen siendo considerados asesinos. Ahora no lo son. Pero no importa. La señora Ayuso dice que ETA existe. ¿Qué atentados ha cometido desde que hace doce años se disolvió y entregó las armas? La democracia se fortalece y se enriquece incorporando a quienes la han combatido. Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, considera un error que se hayan retirado de las listas de Bildu a los siete candidatos que tenían delitos de sangre. Lo entendía como una derrota de la democracia.

Otro ataque frontal ha sido el pacto con los independentistas catalanes. Pero, ¿qué problema tiene la derecha con ellos? ¿No pueden expresar sus ideas? Si gobiernan, veremos lo que pasa.

Y les han acusado de ser una ruina para España, de empobrecer a la ciudadanía a pesar de que los datos económicos sean positivos.

Nuestros romanos lo han hecho todo contra viento y marea. El viento de adversidades inusitadas como la pandemia, la guerra de Ucrania, la erupción de un volcán en La Palma, varias danas consecutivas… y la marea de una oposición que dice no a todo. La falta de apoyo en la pandemia, la negativa a solucionar el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, la crítica al gobierno en Europa, la promesa de destruir todo lo que se ha construido… A pesar de todos los pesares, los indeseables romanos nos han dejado una herencia formidable.

miércoles, 8 de junio de 2016

Yo Estudié en la Pública

A ver si lo hemos entendido bien. Rivera "solo facilitará un futuro gobierno si se aprueba un pacto educativo" (ABC). Méndez de Vigo se apresura a tenderle la mano puesto que "el acuerdo por la educación es uno de los cinco pactos que Rajoy va a proponer durante la campaña electoral." (El Diario). Acto seguido precisa el delfín de Wert que las "actitudes de derogar, eliminar o vetar no son buenas en democracia". (El Confidencial). Sabiendo como sabemos que Ciudadanos no está por la derogación de la LOMCE y que el artífice de su programa educativo es el economista Garicano, uña y carne de José Antonio Marina, hombre de confianza de Méndez de Vigo... la cosa va estando clara. La reforma de la LOMCE estará ya medio cocinada. Menos Religión y más Mercado. Por otra parte, el PSOE se comprometió en su día a la derogación de la LOMCE. Firmó también, junto a más de veinte colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y partidos políticos el "Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación", de mimbres bien diferentes y sustentado en un amplio acuerdo social y político. (www.porotrapoliticaeducativa.org)
Ante dos marcos tan antagónicos, ¿cuál prevaleció en el acuerdo PSOE y C´s de la fugaz legislatura pasada? Basta un elemental análisis del discurso para constatar la hegemonía del modelo educativo neoliberal de Garicano: el objetivo es “habilitar mecanismos que adapten lo que se aprende a las necesidades del mercado.”
https://www.yoestudieenlapublica.org/…/45PactoPSOECiudadano….
Para más INRI, y pese a la claudicación que para el PSOE tuvo que suponer renunciar a su compromiso de derogar la LOMCE y limitarse a reclamar su paralización, lo cierto es que cuando llegó el momento de votar la propuesta en el Congreso el partido de Rivera se abstuvo. El PSOE, lejos de enfadarse, minimizó este hecho. Fue difícil de entender.
Izquierda Unida y Podemos sí se han pronunciado inequívocamente a favor de derogar la LOMCE, impulsar un amplio proceso de diálogo social y asumir como propio el Documento de Bases por una Nueva Ley de Educación. Pero para todo ello hace falta el PSOE.
Los votantes socialistas – y la ciudadanía en su conjunto- desean saber, dado el escenario, cuál es la apuesta del PSOE en materia educativa. ¿Estará con la LOMCE 2.0 o con el‪#‎DocumentoBasesNuevaLeyEducación‬? A veces hay que elegir.

martes, 15 de diciembre de 2015

¿Por qué la Nueva Ley de Educación (en USA) es buena para los niños que se quedan retrasados? Por DAVID L. Kirp. NYT

La ley "No Child Left Behind" ("Que ningún niño se quede atrás" de George W. Bush) convirtió a las escuelas en ollas a presión y a los alumnos en robots que hacen exámenes. Esta nueva ley ayudará a cambiar eso.

La Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (No Child Left Behind) pronto será arrojada al basurero de la historia. Con una rara muestra de bipartito, el Congreso ha revisado la política educativa federal. La sucesora de dicha Ley hará que cada alumno tenga éxito, se dirigió a la mesa del presidente, y ha indicado su intención de firmarla.

¡Que se vayan la que era una ley mal concebida! ¿Su reemplazo será mejor?

La conocida como "Que Ningún Niño Se Quede Atrás", en los libros desde 2002, se suponía que era para cerrar las brechas de logros entre el alumnado desfavorecido (minorías raciales y étnicas, alumnado de familias con bajos ingresos, los jóvenes con necesidades especiales y los escolarizados con lengua materna no inglesa) y eliminar lo que el presidente George W. Bush condenó como "la intolerancia a las bajas expectativas." El objetivo era audaz - para el año 2014, decretó la ley, el cien por cien de los estudiantes conseguirían el nivel de graduado.

En cambio, las cosas han ido a peor en casi todas las evaluaciones. Los resultados del SAT (Exámenes de admisión a las universidades) han disminuido, al igual que las puntuaciones de los estudiantes estadounidenses, en comparación con sus homólogos de otras naciones, en las pruebas del PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). El ritmo de avance en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo,  (National Assessment of Educational Progress,) boletín de calificaciones de la nación, era en realidad superior, tanto en general como por grupos demográficos específicos, durante la década anterior a la Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" que después de su aprobación.

Al mismo tiempo, la aspiración de la ley se transformó en un objetivo de alto riesgo para la rendición de cuentas - no para los políticos-, con sus demandas inalcanzables, si para las autoridades escolares que recibieron con las metas anuales de pruebas, una carga imposible de cumplir. Según la ley, las escuelas que no hicieran "progreso anual adecuado" se enfrentaban a sanciones cada vez más draconianas, incluyendo la reorganización global y los cierres de centros.

Como resultado, las escuelas públicas se han convertido en una olla a presión. Los profesores son presionados para mejorar los resultados de las pruebas. Se han reducido extremadamente la cantidad de tiempo que se empleaba en las áreas de arte, la música y el deporte, porque no forman parte de las pruebas de evaluación. Los alumnos se han convertido en robots para hacer exámenes, sometiéndose a 20 exámenes estandarizados al año.

El gobierno de Obama inicialmente actuó como si el milagro de 2014 se fuese a cumplir, con todos los alumnos consiguiendo las competencias en matemáticas y lectura. Pero en 2012, cuando se hizo evidente que la brecha en el rendimiento no estaba a punto de desaparecer, el Departamento de Educación comenzó a dar dispensas a los Estados que querían elaborar su propia definición de progreso anual adecuado. Si bien casi todos los estados han conseguido una hoja oficial de permiso, los burócratas federales retuvieron la palabra final sobre si el plan de un estado podría pasar el examen, y esas exenciones se acondicionaron a los compromisos a adoptar las reformas educativas aprobadas por la administración. En efecto, el departamento ha estado confiando en exenciones que reescribian la Ley "No Child Left Behind".

La nueva Ley "Cada estudiante tiene éxito" ("The Every Student Succeeds Act"), por primera vez desde los años de Reagan, equilibra el poder en la educación y se distancia de Washington y de nuevo vuelve a los Estados. Eso es una postura que es bienvenida.

Ya no puede el Departamento de Educación desplegar el poder de las subvenciones de dinero, como lo hizo con "Race to the Top", para empujar a los Estados a la adopción de políticas dudosas como el uso de resultados de las pruebas estandarizadas de los alumnos para juzgar a los maestros o ampliar el número de las escuelas charter (charter schoolsEscuelas de gestión privadas con financiación pública). Ahora esas decisiones se dejan a los Estados.

El temido requisito de "progreso anual" se ha eliminado, al igual que la serie de consecuencias en escala sufridas por los distritos escolares que no den la talla. Los Estados deben intervenir para ayudar al 5 por ciento más débil de todas las escuelas, escuelas secundarias que se gradúan menos de 67 por ciento de sus estudiantes a tiempo (la norma nacional supera el 80 por ciento) y las escuelas donde un subgrupo de alumnos "estén retrasados constantemente". Pero serán los Estados, no Washington, quien determinará la forma de cambiar las cosas. Esa es una rendición de cuentas con una cucharada de flexibilidad necesaria.

Si bien aún se requieren a los Estados para que examinen a los estudiantes anualmente en lectura y matemáticas de tercero a octavo grado, y por lo menos una vez en la escuela secundaria, tienen una mayor libertad en el diseño de dichas pruebas. Es más, esas pruebas estandarizadas cuentan menos en la evaluación de las escuelas. Al menos otra medida de mejoramiento académico, al igual que las tasas de graduación y, por hablantes no nativos, la competencia en Inglés, debe ser incluida. Y una medida de desempeño de los estudiantes, al igual que los conflictos o el clima escolar, tiene que ser parte de la ecuación de evaluación. Este enfoque múltiple, debería hacer más fácil para los educadores el reemplazar algunas memorizaciones que matan la creatividad, por más práctica en el aprendizaje y pensamiento crítico.

Grupos de derechos civiles han sido tibios en su apoyo a la nueva legislación, porque temen que algunos Estados volverán a referirse a la negligencia de los estudiantes de minorías que llevaron al Congreso a aprobar No Child Left Behind. Tienen la historia de su lado: "Dejad a los Estados" fue desastroso para los estudiantes de minorías. ¿Será esta vez diferente? La nueva ley mantiene el antiguo requisito de que los resultados de las pruebas se hagan públicos y que se desglosen esos resultados. Como contrapartida, sabremos donde están los estudiantes más vulnerables. Habrá todavía luchas por la rendición de cuentas, pero las habrá en el ámbito estatal, y los defensores tendrán que mantener la presión a favor de la equidad.

La esperanza en la reforma de la escuela es eterna, sólo para venir seguida de la decepción. (Al anunciar su proyecto de ley de educación, Lyndon B. Johnson calificó a su plan de educación como "pasaporte contra la pobreza." Que claramente, no funcionó.). Reescribir las normas y criterios de evaluación y dar rienda más libre a los Estados en el rescate de las escuelas débiles, como lo hace esta ley, es tarea de un buen día de trabajo dentro del buen camino, pero no es ninguna garantía de que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje vayan a cambiar. Hacer esas mejoras conllevará un duro trabajo por parte de los educadores comprometidos y los padres. Manténganse al tanto.

David L. Kirp es profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley, y un investigador del Instituto de Políticas de Aprendizaje.

Una versión de este artículo de opinión apareció en la prensa el 10 de diciembre de 2015, en la página A39 de la edición de Nueva York con el titular: Left Behind No Longer. (No Se Quede Más Atrás.

http://www.nytimes.com/2015/12/10/opinion/why-the-new-education-law-is-good-for-children-left-behind.html?emc=edit_tnt_20151210&nlid=31217582&tntemail0=y&_r=0

Cartas al director que comentan el artículo.
Al editor:

Evidentemente Prof. David L. Kirp ha observado los ciclos de la reforma de la escuela, de la esperanza a la desesperación, el tiempo suficiente no unirse en alabanza incondicional a la ley federal de éxito No Child Left Behind. Sin embargo, asume que el cambio, alguna aplicación de la rendición de cuentas del gobierno federal a manos del Estado, dará resultados positivos.

En verdad, no es tanto el cambio como el acuerdo bipartidista sugiere. Unidos aún deben coordinar sus estándares con 11 leyes federales diferentes y luego ganar la aprobación del secretario de educación.

Evaluación de los estudiantes "cualidades personales, como el grano", en lugar de su conocimiento básico se abre más la puerta a prueba y privacidad invasiones psicológicos. En última instancia, las escuelas públicas deben ser responsables, no a los burócratas, sino a los padres para confiar a sus hijos a ellos.

ROBERT HOLLAND
Arlington Heights, Illinois.
El autor es investigador principal de la política educativa en el Instituto Heartland, un think tank conservador y libertario.

Re "Corrección Curso de Pruebas School" (editorial, 07 de diciembre):

La falla en su posición hacia las pruebas de la escuela es ver las pruebas como un mecanismo primario "para mejorar la instrucción." Hay muchas razones por las que los estudiantes hacen bien y mal los exámenes estandarizados, los maestros y las escuelas son una variable. La pobreza, la participación de los padres, la cultura y la comunidad, son otras variables que deben ser abordados si nos tomamos en serio la mejora de la calidad de la educación.

Cuando las pruebas son vistos como instrumentos de derecho, como No Child Left Behind Act ha hecho, sin una receta para el crecimiento, entonces las pruebas pierden todo valor académico. Las pruebas no son un problema en sí mismas;  el problema es cómo son percibidos y utilizados. Cuando se utilizan como un referéndum sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, pierden su potencial pedagógico. Las pruebas estandarizadas miden donde los estudiantes están en el momento, y no donde comenzaron.

Es el momento de empezar a ver y usar pruebas como herramientas para la transformación y no como armas políticas que simplemente se etiquetan las escuelas como "en necesidad de mejorar" o "fracasar." Nuestra confianza en las pruebas estandarizadas no ofrece ni un diagnóstico ni una receta para el problema de la educar a los niños.

LARRY HOFFNER
Nueva York

El autor es un ex profesor de secundaria en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.

jueves, 23 de octubre de 2014

Estudiantes en huelga

Mi hijo de 15 años, junto con otros compañeros, ha acudido a la manifestación en defensa de la escuela pública. Como madre me preocupa que mi hijo con esa edad deba ir a reclamar sus derechos: el derecho a una escuela pública de calidad, sin recortes, con medios; sin argumentos torticeros que proclamen que no hay recortes cuando los números evidencian que sí los hay. Aunque no en todas las escuelas; en las concertadas se ha producido un aumento del presupuesto, incluso en las segregadas por sexo. Así que no entiendo las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, cuando califica de “huelga política” más que “educativa” la huelga de estudiantes. Por supuesto que lo es, de la misma forma que los recortes son fruto de una política sustentada en una ideología liberal que aboga por acabar con lo público para que sea meramente residual; que cada uno tenga no lo que merezca, sino lo que se pueda pagar.

Pero no todo es negativo: quizá nuestros hijos, ante tanta indecencia política y escasa sensibilidad de los que mandan para con la mayoría social, se conviertan en ciudadanos críticos, exigentes con la clase política y poco tolerantes ante la mediocridad de algunos de los que nos gobiernan. No es solo la defensa de lo público, es la defensa del derecho a tener un futuro digno.—  23 OCT 2014. Barcelona. El País, cartas al director.

viernes, 7 de febrero de 2014

Tres ex ministros de Educación piden un pacto de Estado. "La ley tiene que ser probada, no aprobada", dice Díaz Ambrona en la Semana de la Fundación Santillana

Tres ex ministros de Educación de la democracia Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona (UCD, 980-2001), Mercedes Cabrera (PSOE, 2006-2009) y Ángel Gabilondo (2009-2011), y un ex secretario general, Eugenio Nasarre (PP, 1996-1998), han pedido esta noche un pacto de Estado para la Educación. Los Pactos de la Moncloa -que se saldaron con 750.000 plazas escolares más- o la Comisión de Humanidades en el Parlamento –que buscó un enfoque menos tecnocrático de la enseñanza- han sido dos ejemplos que reiteradamente han salido a relucir. Estas reflexiones han tenido lugar en la última jornada de la Semana de la Educación que celebra la Fundación Santillana desde hace 28 años.

Gabilondo piensa que el pacto es necesario por democracia y eficiencia. “Lo que no puede ser es que una vez que tienes un texto llames al consenso y a que se puedan hacer comentarios. Otra historia es llamar desde el momento mismo de la concepción de esa ley. El acuerdo tiene que ser con los agentes sociales, porque, si no, aunque haya ley no se cambiará el sistema”. Su antecesora en el puesto, Cabrera, prefiere los pactos sociales a los políticos. “Hay que hacer espacios de debate que no toquen lo que tocan las leyes, que son los intereses empresariales y los contenidos curriculares hasta extremos ridículos. Hay que prepararnos para el cambio, porque educamos para un mundo que ya no está.”

Díaz Ambrona se muestra escéptico a la reforma: “No tengo confianza de que una ley, porque sea aprobada, vaya a ir bien. Tiene que ser probada. Debía de haber un pacto de Estado entre los políticos”. Aunque cree que predica en el desierto. “No sé si es peor que la haya aprobado solo un partido o que el resto se haya puesto de acuerdo en derogarla”. En opinión de este ex ministro de UCD el problema es que “la educación es un granero de votos”, y se debería de poner en manos de los profesionales de la educación, creando un marco estable de 10 años - “que es lo que al menos se necesita para que un sistema educativo rinda- y con el compromiso de tener siempre la inversión de la media de la OCDE.

Nasarre, de todos modos, cree que no ha habido tanta “inestabilidad legislativa” porque hay “muchos son remiendos” en las siete leyes que se han redactado. Considera que la ley del 70 necesitaba un recorrido de más de 20 años y lamenta el “cambio sustancial” de los noventa. Pero se muestra optimista con o sin pacto: “El sistema tiene medios materiales y humanos para mejorar los objetivos y los rendimientos con la ley que sea”.
Fuente: El País

lunes, 4 de noviembre de 2013

¿Por qué la educación española no llega nunca al consenso?

Edmundo Fayanás Escuer

El profesor Francisco Imbermón dice “legislar en educación siempre genera debate y controversia, y ese debería ser el camino hacia el consenso”.
Esto siempre ha sido así y nunca ha sido posible un consenso mínimo en educación ¿Por qué no es posible el acuerdo en España y sí en otros países? Desde mi punto de vista, esto proviene desde los inicios de la llamada “modélica transición política”, cuando no se consideró a la educación como un objetivo central de futuro para el país y se cuidó muy mucho, de que los distintos sectores educativos siguieran con los privilegios obtenidos en la época franquista. De aquellos tiempos, provienen estos lodos educativos actuales. Veamos algunos aspectos.

Todos los gobiernos democráticos han intentado plasmar sus ideas en leyes educativas, así ya llevamos siete reformas. En todas ellas, hay varios factores que las unen, por un lado la falta de medios económicos y por el otro la falta de consenso en todas ellas. Mientras que nuestra sociedad no considere la educación como un elemento imprescindible y fundamental en nuestro futuro, los políticos de turno no se sentirán presionados a hacer de la educación un objetivo para lograr avances sociales.

Nunca la financiación educativa en nuestro país ha tenido estándares europeos, con una inversión educativa sobre un 25% menos de la que tiene los países europeos de nuestro entorno. Cuando peor va la financiación educativa es con el Partido Popular y mejora algo con los socialistas, pero siempre muy alejado de los niveles europeos.

Otro aspecto muy importante, que sigue lastrando nuestro nivel educativo, es la herencia que el franquismo ha dejado en la sociedad, donde la educación sólo era valorada como sistema de adoctrinamiento y de control social y nunca tuvo como objetivo la creación de ciudadanos y hombres libres, eso sigue pesando como una losa en nuestro sistema educativo.

Un factor para mi muy relevante ha sido el papel muy negativo de la Iglesia española en nuestra educación. Evidentemente es una afirmación muy fuerte y que levantará ampollas, pero la realidad es la que es. Muchos dirán que la Iglesia ha jugado un papel muy importante en nuestra educación. Es cierto que han pasado miles de españoles por sus aulas, pero el papel de la iglesia española ha supuesto un freno increíble en los avances educativos de nuestro país y lo vemos claramente y de forma diáfana con la ley Wert, donde lo más reaccionario de su doctrina es la que se está imponiendo para vergüenza del PP y de todos aquellos que vemos la educación como un futuro para el país. Hay dos aspectos que determinan este papel negativo de la Iglesia en educación:

La iglesia siempre ha considerado la educación como un lugar de adoctrinamiento ideológico, donde imponer su modelo social que le asegure un dominio sobre amplias capas de la población española.

La educación privada supone un negocio económico nada desdeñable, en el curso 2011-2012 se calculan que los beneficios económicos de esta red educativa rondan los 500 millones de euros, además de otros privilegios, como son las concesiones de suelo, selección del alumnado, poco control sobre actividades extraescolares etc…..

Hoy en día desde mi punto de vista hay un factor fundamental que impide cualquier consenso educativo, éste no es otro que el Concordato vigente Iglesia/Estado. Dicho Concordato es la muestra de la dejación y sumisión del Estado a la Iglesia, siendo claramente anticonstitucional pero estos partidos que tanto defienden la Constitución para determinadas cosas, se olvidan de denunciarlo y ahí coinciden nuevamente el PP y el PSOE para vergüenza de ambos.

El primer elemento, para que pueda hacer posible un consenso educativo pasa por el fin del concordato actual vigente entre Iglesia y Estado.

El segundo elemento es considerar a la educación pública como la única que garantiza la educación y la cohesión social del país, yendo a un sistema educativo dual, parecido al que hay mayoritariamente se tiene en Europa, es decir, una educación pública de calidad y bien financiada, con un sector privado sin ningún apoyo del Estado.

Esto se pudo hacer en los inicios de la Transición sin grandes problemas. Sin embargo, no se hizo por la cobardía del Partido Socialista con Felipe González a la cabeza. Este proceso de modificación de la educación concertada habrá que hacerlo poco a poco y en un largo periodo de tiempo, salvando grandes dificultades como son las laborales, sociales etc, que generará la desaparición de los conciertos educativos con la privada. Como en gran parte de Europa seguirá existiendo una educación privada, pero pagada exclusivamente por los padres que quieran ir a ella.

Con este proceso solucionaríamos muchos de los problemas e impedimentos existentes hoy en día al hacer desaparecer los componentes, ideológicos, económicos y de control social.

Este país presenta un retraso histórico a casi todos los niveles, que provienen de dos instituciones, que han sido el soporte institucional del poder de las clases dominantes: la iglesia y la monarquía. Ninguna de las dos han aceptado cambio alguno, siempre han asumido los principios más reaccionarios de los distintos movimientos reformadores y progresistas, que se han ido produciendo en Europa y el mundo, es decir, siempre han estado con la involución.

La iglesia debe dedicarse exclusivamente a su labor pastoral dejando de intervenir en la política del país, pues es esta participación y el apoyo y el compromiso con la derecha más rancia de este país es, impide cualquier avance en consensos educativos.

Debemos hacer que la Iglesia se retire del campo educativo como única forma de que nuestra educación mejore, es así de simple.

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/edmundo-fayanas-escuer/educacion-espanola-no-llega-nunca-consenso/20131103182604097977.html