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viernes, 4 de noviembre de 2022

_- Nueva "Ley de Nietos" permite a más personas de América Latina acceder a la ciudadanía española

_- La ley, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado de España, se denomina oficialmente Ley de Memoria Democrática, pero la mayoría de los diarios latinoamericanos que se hicieron inmediatamente eco de la noticia la llaman en sus portadas 
"Ley de Nietos".

La razón de esta curiosa denominación es simple: la nueva legislación amplía el acceso a la nacionalidad española a miles de descendientes de españoles que nacieron en el extranjero.

La nueva normativa amplía así lo estipulado por la ley aprobada en España en 2007, que ya no está vigente, que establecía la posibilidad de adquirir la nacionalidad para aquellos que tuvieran un padre o madre español de origen, y que era aplicable a sus hijos, siempre y cuando fueran menores.

Aunque el objetivo general de la ley es resarcir a las víctimas de la Guerra Civil Española y del posterior gobierno militar de Francisco Franco, lo que ha llamado la atención de la prensa latinoamericana es la disposición adicional octava, que facilita la obtención de un pasaporte español para tres nuevos grupos: Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre

El documento especifica que este trámite deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley.

"Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año", concluye la disposición adicional octava.

Sin plazo preparatorio
La nueva ley consiguió el aval del Senado español tras haber obtenido 128 votos positivos, 113 negativos y 18 abstenciones.

Hasta su aprobación, los nietos de españoles cuyos padres -nacidos fuera de España- habían obtenido la nacionalidad tenían las siguientes restricciones de edad para acceder a la ciudadanía española.

Haber nacido antes de enero

de 1985 y que el padre o madre, nacido fuera de España, haya obtenido la nacionalidad antes de que el interesado naciera.

Ser menor de 21 años y que el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad antes de que el interesado naciera.

Ser menor de 20 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años.

Medios latinoamericanos, como el diario Clarín de Argentina, destacan que a diferencia de la ley de 2007, que establecía un plazo tramitar la nacionalidad española, hasta que las dependencias oficiales espa ir las nuevas solicitudes, la actual legislación no establece ningún período de tiempo preparatorio.

martes, 15 de diciembre de 2015

¿Por qué la Nueva Ley de Educación (en USA) es buena para los niños que se quedan retrasados? Por DAVID L. Kirp. NYT

La ley "No Child Left Behind" ("Que ningún niño se quede atrás" de George W. Bush) convirtió a las escuelas en ollas a presión y a los alumnos en robots que hacen exámenes. Esta nueva ley ayudará a cambiar eso.

La Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (No Child Left Behind) pronto será arrojada al basurero de la historia. Con una rara muestra de bipartito, el Congreso ha revisado la política educativa federal. La sucesora de dicha Ley hará que cada alumno tenga éxito, se dirigió a la mesa del presidente, y ha indicado su intención de firmarla.

¡Que se vayan la que era una ley mal concebida! ¿Su reemplazo será mejor?

La conocida como "Que Ningún Niño Se Quede Atrás", en los libros desde 2002, se suponía que era para cerrar las brechas de logros entre el alumnado desfavorecido (minorías raciales y étnicas, alumnado de familias con bajos ingresos, los jóvenes con necesidades especiales y los escolarizados con lengua materna no inglesa) y eliminar lo que el presidente George W. Bush condenó como "la intolerancia a las bajas expectativas." El objetivo era audaz - para el año 2014, decretó la ley, el cien por cien de los estudiantes conseguirían el nivel de graduado.

En cambio, las cosas han ido a peor en casi todas las evaluaciones. Los resultados del SAT (Exámenes de admisión a las universidades) han disminuido, al igual que las puntuaciones de los estudiantes estadounidenses, en comparación con sus homólogos de otras naciones, en las pruebas del PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). El ritmo de avance en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo,  (National Assessment of Educational Progress,) boletín de calificaciones de la nación, era en realidad superior, tanto en general como por grupos demográficos específicos, durante la década anterior a la Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" que después de su aprobación.

Al mismo tiempo, la aspiración de la ley se transformó en un objetivo de alto riesgo para la rendición de cuentas - no para los políticos-, con sus demandas inalcanzables, si para las autoridades escolares que recibieron con las metas anuales de pruebas, una carga imposible de cumplir. Según la ley, las escuelas que no hicieran "progreso anual adecuado" se enfrentaban a sanciones cada vez más draconianas, incluyendo la reorganización global y los cierres de centros.

Como resultado, las escuelas públicas se han convertido en una olla a presión. Los profesores son presionados para mejorar los resultados de las pruebas. Se han reducido extremadamente la cantidad de tiempo que se empleaba en las áreas de arte, la música y el deporte, porque no forman parte de las pruebas de evaluación. Los alumnos se han convertido en robots para hacer exámenes, sometiéndose a 20 exámenes estandarizados al año.

El gobierno de Obama inicialmente actuó como si el milagro de 2014 se fuese a cumplir, con todos los alumnos consiguiendo las competencias en matemáticas y lectura. Pero en 2012, cuando se hizo evidente que la brecha en el rendimiento no estaba a punto de desaparecer, el Departamento de Educación comenzó a dar dispensas a los Estados que querían elaborar su propia definición de progreso anual adecuado. Si bien casi todos los estados han conseguido una hoja oficial de permiso, los burócratas federales retuvieron la palabra final sobre si el plan de un estado podría pasar el examen, y esas exenciones se acondicionaron a los compromisos a adoptar las reformas educativas aprobadas por la administración. En efecto, el departamento ha estado confiando en exenciones que reescribian la Ley "No Child Left Behind".

La nueva Ley "Cada estudiante tiene éxito" ("The Every Student Succeeds Act"), por primera vez desde los años de Reagan, equilibra el poder en la educación y se distancia de Washington y de nuevo vuelve a los Estados. Eso es una postura que es bienvenida.

Ya no puede el Departamento de Educación desplegar el poder de las subvenciones de dinero, como lo hizo con "Race to the Top", para empujar a los Estados a la adopción de políticas dudosas como el uso de resultados de las pruebas estandarizadas de los alumnos para juzgar a los maestros o ampliar el número de las escuelas charter (charter schoolsEscuelas de gestión privadas con financiación pública). Ahora esas decisiones se dejan a los Estados.

El temido requisito de "progreso anual" se ha eliminado, al igual que la serie de consecuencias en escala sufridas por los distritos escolares que no den la talla. Los Estados deben intervenir para ayudar al 5 por ciento más débil de todas las escuelas, escuelas secundarias que se gradúan menos de 67 por ciento de sus estudiantes a tiempo (la norma nacional supera el 80 por ciento) y las escuelas donde un subgrupo de alumnos "estén retrasados constantemente". Pero serán los Estados, no Washington, quien determinará la forma de cambiar las cosas. Esa es una rendición de cuentas con una cucharada de flexibilidad necesaria.

Si bien aún se requieren a los Estados para que examinen a los estudiantes anualmente en lectura y matemáticas de tercero a octavo grado, y por lo menos una vez en la escuela secundaria, tienen una mayor libertad en el diseño de dichas pruebas. Es más, esas pruebas estandarizadas cuentan menos en la evaluación de las escuelas. Al menos otra medida de mejoramiento académico, al igual que las tasas de graduación y, por hablantes no nativos, la competencia en Inglés, debe ser incluida. Y una medida de desempeño de los estudiantes, al igual que los conflictos o el clima escolar, tiene que ser parte de la ecuación de evaluación. Este enfoque múltiple, debería hacer más fácil para los educadores el reemplazar algunas memorizaciones que matan la creatividad, por más práctica en el aprendizaje y pensamiento crítico.

Grupos de derechos civiles han sido tibios en su apoyo a la nueva legislación, porque temen que algunos Estados volverán a referirse a la negligencia de los estudiantes de minorías que llevaron al Congreso a aprobar No Child Left Behind. Tienen la historia de su lado: "Dejad a los Estados" fue desastroso para los estudiantes de minorías. ¿Será esta vez diferente? La nueva ley mantiene el antiguo requisito de que los resultados de las pruebas se hagan públicos y que se desglosen esos resultados. Como contrapartida, sabremos donde están los estudiantes más vulnerables. Habrá todavía luchas por la rendición de cuentas, pero las habrá en el ámbito estatal, y los defensores tendrán que mantener la presión a favor de la equidad.

La esperanza en la reforma de la escuela es eterna, sólo para venir seguida de la decepción. (Al anunciar su proyecto de ley de educación, Lyndon B. Johnson calificó a su plan de educación como "pasaporte contra la pobreza." Que claramente, no funcionó.). Reescribir las normas y criterios de evaluación y dar rienda más libre a los Estados en el rescate de las escuelas débiles, como lo hace esta ley, es tarea de un buen día de trabajo dentro del buen camino, pero no es ninguna garantía de que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje vayan a cambiar. Hacer esas mejoras conllevará un duro trabajo por parte de los educadores comprometidos y los padres. Manténganse al tanto.

David L. Kirp es profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley, y un investigador del Instituto de Políticas de Aprendizaje.

Una versión de este artículo de opinión apareció en la prensa el 10 de diciembre de 2015, en la página A39 de la edición de Nueva York con el titular: Left Behind No Longer. (No Se Quede Más Atrás.

http://www.nytimes.com/2015/12/10/opinion/why-the-new-education-law-is-good-for-children-left-behind.html?emc=edit_tnt_20151210&nlid=31217582&tntemail0=y&_r=0

Cartas al director que comentan el artículo.
Al editor:

Evidentemente Prof. David L. Kirp ha observado los ciclos de la reforma de la escuela, de la esperanza a la desesperación, el tiempo suficiente no unirse en alabanza incondicional a la ley federal de éxito No Child Left Behind. Sin embargo, asume que el cambio, alguna aplicación de la rendición de cuentas del gobierno federal a manos del Estado, dará resultados positivos.

En verdad, no es tanto el cambio como el acuerdo bipartidista sugiere. Unidos aún deben coordinar sus estándares con 11 leyes federales diferentes y luego ganar la aprobación del secretario de educación.

Evaluación de los estudiantes "cualidades personales, como el grano", en lugar de su conocimiento básico se abre más la puerta a prueba y privacidad invasiones psicológicos. En última instancia, las escuelas públicas deben ser responsables, no a los burócratas, sino a los padres para confiar a sus hijos a ellos.

ROBERT HOLLAND
Arlington Heights, Illinois.
El autor es investigador principal de la política educativa en el Instituto Heartland, un think tank conservador y libertario.

Re "Corrección Curso de Pruebas School" (editorial, 07 de diciembre):

La falla en su posición hacia las pruebas de la escuela es ver las pruebas como un mecanismo primario "para mejorar la instrucción." Hay muchas razones por las que los estudiantes hacen bien y mal los exámenes estandarizados, los maestros y las escuelas son una variable. La pobreza, la participación de los padres, la cultura y la comunidad, son otras variables que deben ser abordados si nos tomamos en serio la mejora de la calidad de la educación.

Cuando las pruebas son vistos como instrumentos de derecho, como No Child Left Behind Act ha hecho, sin una receta para el crecimiento, entonces las pruebas pierden todo valor académico. Las pruebas no son un problema en sí mismas;  el problema es cómo son percibidos y utilizados. Cuando se utilizan como un referéndum sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, pierden su potencial pedagógico. Las pruebas estandarizadas miden donde los estudiantes están en el momento, y no donde comenzaron.

Es el momento de empezar a ver y usar pruebas como herramientas para la transformación y no como armas políticas que simplemente se etiquetan las escuelas como "en necesidad de mejorar" o "fracasar." Nuestra confianza en las pruebas estandarizadas no ofrece ni un diagnóstico ni una receta para el problema de la educar a los niños.

LARRY HOFFNER
Nueva York

El autor es un ex profesor de secundaria en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.