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domingo, 30 de julio de 2017
La ONU se pronuncia sobre el desalojo de una familia con dos menores que vivía en una habitación de alquiler. La ONU condena al Estado español por la vulneración del derecho a la vivienda
Enric Llopis
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado al Estado español por vulnerar el derecho a la vivienda, según establece un dictamen emitido el pasado 20 de junio. La ONU considera que las autoridades estatales (incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid) incumplieron con las obligaciones de garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada, en octubre de 2013, en el barrio madrileño de Tetuán. Los cuatro miembros de la unidad familiar fueron desalojados de la habitación en alquiler donde residían, tras el proceso judicial iniciado por la arrendadora. En el apartado final de recomendaciones, Naciones Unidas recuerda que el Estado español tiene la obligación de proporcionar a los afectados una reparación efectiva. Así, tras evaluar la situación actual de las víctimas, en caso de que éstas no cuenten con una vivienda adecuada, tendrá que otorgarles una vivienda pública o adoptar una medida de similares características; y además, apunta el dictamen, concederles una compensación económica “por las violaciones sufridas”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica obligaciones para los estados firmantes. Así, el Comité de la ONU insta al Estado español a garantizar que en los procesos judiciales por desahucio de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso. Incluso va un punto más allá. Pide la adopción de medidas para que los desalojos de personas sin recursos sólo se ejecuten tras una consulta “genuina y efectiva” con los afectados; y de que el Estado haya “realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles”, para que las personas desahuciadas cuenten con una vivienda alternativa. El dictamen también exhorta a que el Gobierno desarrolle, en coordinación con las comunidades autónomas “y hasta el máximo de los recursos disponibles”, un plan que garantice el derecho a la vivienda adecuada de las personas con escasos recursos.
Los hechos evaluados por Naciones Unidas tienen como protagonistas a dos ciudadanos de nacionalidad española, Mohamed Ben Djazia; y argelina, Naquel Bellili, matrimonio que contaba con dos hijos de uno y tres años en el momento del desahucio (los dos tendrían derecho a una protección especial). Según la información que aportaron al Comité de la ONU los denunciantes, Mohamed Ben Djazia vivía en una habitación de alquiler en un piso de Madrid desde 1998, a la que se trasladó Naquel Belilli en 2009. Ambos abonaban la renta mensual del alquiler. Durante una década, el primero presentó trece solicitudes para acceder a una vivienda social del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), sin resultado alguno. Además, hasta el 21 de junio de 2012 percibió el subsidio de desempleo. Pero al carecer de ingresos familiares, cesaron en el pago del alquiler durante los meses siguientes, de modo que la arrendadora les anunció que no prorrogaría el contrato. En ese momento (agosto de 2012), la familia no disponía de recursos ni alojamiento alternativo, por lo que permanecieron en la habitación.
En noviembre de 2012 la arrendadora presentó una demanda de juicio verbal de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia Número 37 de Madrid, que ordenó el desalojo el nueve de julio de 2013. Ante la orden de expulsión, la familia afectada pidió al juzgado que reiterara los oficios emitidos a los Servicios Sociales autonómicos y municipales; y se requiriera tanto al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a que le proporcionaran una vivienda, después de más de una década de solicitudes. Las víctimas agotaron las vías legales. En septiembre de 2013 plantearon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una petición de medidas cautelares, además de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según consta en el relato de los denunciantes, los dos tribunales rechazaron las peticiones. El tres de octubre de 2013 se produjo finalmente el desahucio. Los afectados pasaron entonces diez días en un albergue municipal, y otros cuatro en el automóvil familiar.
El caso fue denunciado ante Naciones Unidas por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Uno de los argumentos esgrimidos fue que mientras la Comunidad de Madrid desatendió las solicitudes de vivienda social de los afectados entre 1999 y 2011, redujo durante esos años el número de viviendas públicas, que incluso vendió a entidades privadas; de ese modo se produjo una disminución del parque disponible en un contexto de severa crisis económica, subraya el CAES, que se apoya en un el Informe de Amnistía Internacional “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España” (junio de 2015). Así, la entidad argumenta que en 2012-2013 el IVIMA y otras entidades de la Comunidad de Madrid vendieron 2.935 casas y otras propiedades a sociedades-fondos de inversión privados; y lo hicieron supuestamente “por motivos de equilibrio presupuestario”. Otro de los razonamientos apunta a que el proceso judicial no respetó las debidas garantías.
En un comunicado conjunto emitido por el CAES y Amnistía Internacional, se resalta que el dictamen de Naciones Unidas “pone al descubierto la violación sistémica del derecho a la vivienda en España”. Ello ocurre cuando se produce un desalojo “sin garantizar alternativa habitacional”, señalan las dos entidades a partir del criterio seguido por la ONU. “Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda”, según las obligaciones contraídas por España como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El CAES y Amnistía Internacional subrayan asimismo la especial atención que los estados deben prestar cuando los desahucios afectan a menores.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha pronunciado en términos similares, a través de un comunicado con el siguiente titular: “El estado español comete violaciones de derechos humanos con cada desahucio sin alternativa habitacional”. Además, destaca que la condena se refiere a un desahucio por extinción de contrato de alquiler. El hecho no resulta baladí, ya que, según explica la nota informativa, “el Gobierno de España alegó que los alquileres entre particulares son ajenos a la responsabilidad del Estado; y también negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos”.
La cuestión del alquiler no es ajena a la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que los grupos antidesahucios impulsan en una campaña iniciada el pasado 22 de marzo. Presentado ante los diferentes grupos parlamentarios, el texto incluye cinco medidas “urgentes”: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios, garantía de luz, agua y gas para todos los hogares, un incremento del parque público por la “movilización” de los pisos vacíos en manos de la banca y la regularización de los precios del alquiler, a partir de experiencias como las de París y Berlín. La batalla por materializar la propuesta coincide con el balance de desahucios del primer trimestre de 2017, presentado por el Consejo General del Poder Judicial: el número de lanzamientos aumentó un 2,2% respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 17.055; de esta cifra, la mayoría (9.612) se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 6.372 corresponden a ejecuciones hipotecarias.
Por otro lado, la PAH subraya el apoyo recibido el pasado nueve de junio por la antigua relatora de Vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, durante su visita a Barcelona. Rolnik, que desempeñó esta responsabilidad durante seis años, hasta 2014, grabó un vídeo en el que respaldaba la campaña por la Ley de la Vivienda de la PAH. En un informe publicado en agosto de 2012 la entonces relatora, arquitecta y urbanista brasileña afirmaba que el mercado inmobiliario “está sujeto a la lógica financiera, por lo que no ha generado soluciones adecuadas para los pobres”. En otro punto del documento advertía que la financiación de la vivienda en los mercados generalizó las “burbujas” en los precios inmobiliarios, lo que apenas contribuyó al acceso de los sectores empobrecidos a viviendas adecuadas y asequibles. Raquel Rolnik apuntaba asimismo que en el periodo 1997-2004 el precio medio de la vivienda se incrementó un 149% en España, un 139% en el Reino Unido, un 187% en Irlanda, un 112% en Australia, un 65% en Estados Unidos y un 227% en Sudáfrica. El colectivo antidesahucios hace hincapié en que, al frente del cargo en Naciones Unidas, Raquel Rolnik ya defendió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria promovida por la PAH en 2013.
martes, 26 de febrero de 2013
Mucho que aprender del inmobiliario alemán
España copia de Alemania aspectos destructivos y regresivos, ignorando los que verdaderamente pueden inspirar para salir del agujero: un mercado inmobiliario más transparente, en el que especular es mucho más complicado y con gran espacio para la vivienda de alquiler. Unido a una justicia ágil, que funciona y es capaz de hacerse respetar, marca la diferencia radical con el desastre del ladrillo español.
En Alemania el piso tampoco se puede entregar a cambio de eliminar la deuda que originó. No hay dación en pago. Pero más allá de esta coincidencia se acaba la analogía: todo el contexto que ha dado lugar a la polémica en España, es decir una política económica irresponsable – el neocaciquismo del ladrillo de orígenes franquistas y que la democracia perpetuó- que favorece la construcción especulativa, y una población empujada a la compra y el endeudamiento, no se dan en Alemania. La dación en pago no existe, pero si el deudor ha devuelto una cantidad equivalente o superior a la que le habían prestado, la deuda se considera saldada.
Será un juez el encargado de decidirlo. Un juez en un país con una justicia ágil y operativa, sin la menor relación con la defectuosa tortuga judicial española. Otro importante matiz es que en Alemania existe la posibilidad de declaración de insolvencia privada.
Una persona natural puede declararse insolvente igual que una persona jurídica. La insolvencia personal establece para el insolvente la obligación de dedicar todos sus ingresos que superen el mínimo existencial para mantenerse, a pagar a sus acreedores y por un plazo máximo de siete años, pasado el cual la deuda se extingue y la persona puede volver a empezar. Así, la declaración de insolvencia de la persona natural, figura que no existe en España, no es ni una ruina ni una condena de por vida para el endeudado. Como máximo siete años de penuria.
La comparación resultará incomprensible sin atender a las diferencias de contexto. Que la condición del rescate de los bancos, es decir de asumir sus deudas con dinero público, sea no perdonar la deuda de sus clientes hipotecados y quebrados como resultado de la irresponsabilidad política y financiera, es algo que desafía el más elemental sentido de la decencia.
Ningún político alemán se atrevería a plantear algo tan descarado. Los bancos alemanes, que han sido grandes cómplices de muchos desmanes inmobiliarios en el extranjero, nunca financiarán en Alemania el 100% de un piso. Exigirán al comprador por lo menos el depósito del 20% o 30% de su valor. Y antes de dar un préstamo se examinarán los ingresos del solicitante: si la relación entre su salario y el pago hipotecario es desproporcionada el crédito se deniega o se exigirá más capital propio.
Igualmente incomparable es la situación del mercado inmobiliario en la que se coció el endeudamiento privado español. El mercado alemán es mucho más transparente y menos proclive a la especulación. Es más difícil que los precios de la propiedad y los alquileres se independicen de los datos fundamentales de la economía. Si vendes tu vivienda antes de diez años de haberla adquirido, su plusvalía te gravará. A diferencia de un país de alquileres caros y con poca oferta -lo que junto al dinero barato empujó al ciudadano a comprar vivienda- en Alemania hay tradicionalmente un mercado de alquiler asequible y un poder público que practica un equilibrio mucho más razonable que el español entre los derechos del inquilino y los del propietario rentista.
Cada ciudad publica anualmente su llamado “Mietspiegel”, el baremo de los precios medios de alquiler por metro cuadrado, con lo que se sabe enseguida si hay abuso. Los alquileres no pueden subirse por encima de ese baremo. Un truco de los propietarios para hacerlo, declarar unas “reformas” en la vivienda que justifiquen subidas, acaba de ser cortado de raíz en un barrio de Berlín particularmente especulativo (Prenzlauerberg), mediante la drástica decisión de prohibir tales reformas.
En Alemania hay, además, una amplia tradición de cooperativas de viviendas, construcción de viviendas sociales y de entidades mayoristas especializadas en el alquiler de viviendas. Por todo eso, la mayoría de los alemanes viven en viviendas de alquiler y no están obsesionados con el piso en propiedad característico de los españoles. La suma de eso con un estado de derecho que funciona y se hace respetar, es lo que marca la diferencia esencial con el primitivo y bárbaro panorama español.
Alemania es un país del que se pueden aprender muchas cosas en materia de buen gobierno. En Alemania hay otros mundos más allá de la precarización de minijobs, de la involución de las “reformas laborales” y de la prédica insensata de la austeridad que conduce al desastre a la Unión Europea.
Lamentablemente nuestra clase político-empresarial solo copia lo negativo y lo que fue pensado para una economía industrial-exportadora dotada de un robusto Estado social, muy diferente de la realidad española. Rafael Poch. La Vanguardia
Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/berlin/?p=413
En Alemania el piso tampoco se puede entregar a cambio de eliminar la deuda que originó. No hay dación en pago. Pero más allá de esta coincidencia se acaba la analogía: todo el contexto que ha dado lugar a la polémica en España, es decir una política económica irresponsable – el neocaciquismo del ladrillo de orígenes franquistas y que la democracia perpetuó- que favorece la construcción especulativa, y una población empujada a la compra y el endeudamiento, no se dan en Alemania. La dación en pago no existe, pero si el deudor ha devuelto una cantidad equivalente o superior a la que le habían prestado, la deuda se considera saldada.
Será un juez el encargado de decidirlo. Un juez en un país con una justicia ágil y operativa, sin la menor relación con la defectuosa tortuga judicial española. Otro importante matiz es que en Alemania existe la posibilidad de declaración de insolvencia privada.
Una persona natural puede declararse insolvente igual que una persona jurídica. La insolvencia personal establece para el insolvente la obligación de dedicar todos sus ingresos que superen el mínimo existencial para mantenerse, a pagar a sus acreedores y por un plazo máximo de siete años, pasado el cual la deuda se extingue y la persona puede volver a empezar. Así, la declaración de insolvencia de la persona natural, figura que no existe en España, no es ni una ruina ni una condena de por vida para el endeudado. Como máximo siete años de penuria.
La comparación resultará incomprensible sin atender a las diferencias de contexto. Que la condición del rescate de los bancos, es decir de asumir sus deudas con dinero público, sea no perdonar la deuda de sus clientes hipotecados y quebrados como resultado de la irresponsabilidad política y financiera, es algo que desafía el más elemental sentido de la decencia.
Ningún político alemán se atrevería a plantear algo tan descarado. Los bancos alemanes, que han sido grandes cómplices de muchos desmanes inmobiliarios en el extranjero, nunca financiarán en Alemania el 100% de un piso. Exigirán al comprador por lo menos el depósito del 20% o 30% de su valor. Y antes de dar un préstamo se examinarán los ingresos del solicitante: si la relación entre su salario y el pago hipotecario es desproporcionada el crédito se deniega o se exigirá más capital propio.
Igualmente incomparable es la situación del mercado inmobiliario en la que se coció el endeudamiento privado español. El mercado alemán es mucho más transparente y menos proclive a la especulación. Es más difícil que los precios de la propiedad y los alquileres se independicen de los datos fundamentales de la economía. Si vendes tu vivienda antes de diez años de haberla adquirido, su plusvalía te gravará. A diferencia de un país de alquileres caros y con poca oferta -lo que junto al dinero barato empujó al ciudadano a comprar vivienda- en Alemania hay tradicionalmente un mercado de alquiler asequible y un poder público que practica un equilibrio mucho más razonable que el español entre los derechos del inquilino y los del propietario rentista.
Cada ciudad publica anualmente su llamado “Mietspiegel”, el baremo de los precios medios de alquiler por metro cuadrado, con lo que se sabe enseguida si hay abuso. Los alquileres no pueden subirse por encima de ese baremo. Un truco de los propietarios para hacerlo, declarar unas “reformas” en la vivienda que justifiquen subidas, acaba de ser cortado de raíz en un barrio de Berlín particularmente especulativo (Prenzlauerberg), mediante la drástica decisión de prohibir tales reformas.
En Alemania hay, además, una amplia tradición de cooperativas de viviendas, construcción de viviendas sociales y de entidades mayoristas especializadas en el alquiler de viviendas. Por todo eso, la mayoría de los alemanes viven en viviendas de alquiler y no están obsesionados con el piso en propiedad característico de los españoles. La suma de eso con un estado de derecho que funciona y se hace respetar, es lo que marca la diferencia esencial con el primitivo y bárbaro panorama español.
Alemania es un país del que se pueden aprender muchas cosas en materia de buen gobierno. En Alemania hay otros mundos más allá de la precarización de minijobs, de la involución de las “reformas laborales” y de la prédica insensata de la austeridad que conduce al desastre a la Unión Europea.
Lamentablemente nuestra clase político-empresarial solo copia lo negativo y lo que fue pensado para una economía industrial-exportadora dotada de un robusto Estado social, muy diferente de la realidad española. Rafael Poch. La Vanguardia
Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/berlin/?p=413
viernes, 22 de febrero de 2013
La crisis española y como resolverla con un cuento de hadas.
Sí, digo de hadas, porque la receta propuesta es que seamos optimistas debido "a lo mucho bueno que tenemos".
Sólo con optimismo no se resuelven las cosas, ni en economía, ni en salud, ni en educación. Estamos en "el reino del pensamiento positivo", de lo políticamente correcto, el que conviene al bloque hegemónico para acallar las críticas -son visiones negativas, pesimistas dicen-.
En cualquier actividad humana, para cambiar las cosas hay que actuar, las cosas no cambian solas, sobre todo para mejor.
Para mejorar la educación, de un niño o un pueblo, hay que actuar. Para curar una enfermedad, hay que actuar y, sobre todo, una enfermedad grave como la que sufrimos. Y para mejorar el empleo, hay que actuar.
Si no, que se lo pregunten a los millones de parados que no encuentran empleos, o de jóvenes suficientemente preparados, mientras ven y oyen como, privilegiados políticos corruptos, reciben sobres millonarios "a cambio de nada".
Los corruptos nos piden confianza, paciencia y optimismo. Optimismo sí, todo el optimismo del mundo para el corazón. Unido a toda la lucidez del mundo para la inteligencia, a fin de comprender bien lo que sucede, analizarlo y aplicar todas las medidas adecuadas y necesarias para acabar con este desastre. Donde miles de niños pasan hambre y miles de familias se ven desahuciadas y en la calle, a causa del paro y no poder pagar sus deudas. Mientras los bancos se quedan con sus viviendas, reciben ayudas a fondo perdido del gobierno y le siguen cobrando deudas infladas a esas familias de por vida. Lo que no ocurre ni en Portugal, ni en USA, ni en Francia,... ¿Cuándo se cambiará esa ley hecha en exclusiva para que nos exploten los bancos?
Hay que decir con el poeta Gabriel Celaya: ¡¡¡Basta!!! ¡¡¡Basta de historias y de cuentos!!!
Dicho lo anterior os invito a ver el ingenioso y optimista vídeo.
Sólo con optimismo no se resuelven las cosas, ni en economía, ni en salud, ni en educación. Estamos en "el reino del pensamiento positivo", de lo políticamente correcto, el que conviene al bloque hegemónico para acallar las críticas -son visiones negativas, pesimistas dicen-.
En cualquier actividad humana, para cambiar las cosas hay que actuar, las cosas no cambian solas, sobre todo para mejor.
Para mejorar la educación, de un niño o un pueblo, hay que actuar. Para curar una enfermedad, hay que actuar y, sobre todo, una enfermedad grave como la que sufrimos. Y para mejorar el empleo, hay que actuar.
Si no, que se lo pregunten a los millones de parados que no encuentran empleos, o de jóvenes suficientemente preparados, mientras ven y oyen como, privilegiados políticos corruptos, reciben sobres millonarios "a cambio de nada".
Los corruptos nos piden confianza, paciencia y optimismo. Optimismo sí, todo el optimismo del mundo para el corazón. Unido a toda la lucidez del mundo para la inteligencia, a fin de comprender bien lo que sucede, analizarlo y aplicar todas las medidas adecuadas y necesarias para acabar con este desastre. Donde miles de niños pasan hambre y miles de familias se ven desahuciadas y en la calle, a causa del paro y no poder pagar sus deudas. Mientras los bancos se quedan con sus viviendas, reciben ayudas a fondo perdido del gobierno y le siguen cobrando deudas infladas a esas familias de por vida. Lo que no ocurre ni en Portugal, ni en USA, ni en Francia,... ¿Cuándo se cambiará esa ley hecha en exclusiva para que nos exploten los bancos?
Hay que decir con el poeta Gabriel Celaya: ¡¡¡Basta!!! ¡¡¡Basta de historias y de cuentos!!!
Dicho lo anterior os invito a ver el ingenioso y optimista vídeo.
jueves, 8 de noviembre de 2012
Un dictamen europeo considera abusiva la ley española de desahucios. Cree que no se protege al ciudadano ante la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas
Consulta toda la información sobre los desahucios.
La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona en julio de 2011, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Catalunya Caixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
Conflicto con la normativa europea
La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe solucionarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.En este contexto, algunos jueces bucean en la legislación para evitar desahucios mientras denuncian usura, abusos y un enriquecimiento injusto de los bancos.
En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
"No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.
Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".
La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior. Ver más en El País.
Foto del autor; floresta, alrededores de la Nava de Santiago. Badajoz.
lunes, 5 de noviembre de 2012
EL DRAMA SOCIAL HIPOTECARIO. Los jueces sortean la dura ley del desahucio con veredictos vanguardistas. Magistrados denuncian usura, abuso y enriquecimiento injusto de los bancos
“Me pica la toga”, dice muy gráficamente la juez de Barcelona Gemma Vives. “Yo también soy persona. Hay que resolver conforme a justicia, con equidad y coherencia. No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla”, reivindica. “Tenemos que buscar una salida, medidas cautelares para suspender las ejecuciones, pagos parciales, daciones en pago”, apunta el magistrado de Pamplona José Francisco Cobo. “Los ciudadanos están pagando un dineral para salvar los bancos, no parece justificado que les amparemos dándoles esa tutela que piden”, dice el juez Edmundo Rodríguez Achutegui. En las sentencias y autos, los jueces argumentan que se producen situaciones de “enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas que no difieren mucho de la “usura”. Algunos fallos acusan a los bancos de ser los causantes de la crisis y describen la indefensión del desahuciado.
Navarra
Esta comunidad fue puntera en denunciar el sistema de desahucios. Todo empezó con esta pregunta: Tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela al BBVA por el 50% de su valor de tasación, ¿se puede seguir reclamando la deuda a los afectados? La sección segunda de la Audiencia de Navarra, presidida por José Francisco Cobo, dictó un auto en 2010 donde respondió con un rotundo no, ratificó la decisión de una juez en la que se aplicaba la dación en pago y señaló a los bancos como responsables de la crisis y del drama de miles de familias. Este auto, “histórico” para las asociaciones de afectados, fue rectificado por el propio tribunal cuando el Constitucional validó el proceso de ejecución hipotecaria cuestionado por un juzgado de Sabadell.
Pero, en un auto del pasado 16 de julio, estos magistrados de Navarra vuelven a la carga. El juez Cobo explica su cambio de criterio y asegura que ante la imposibilidad de mantenerlo cómo se han buscado nuevas vías para evitar los abusos de los bancos: “Ahora ofrecemos una vía de solución en base al artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que el ejecutado puede hacer valer a través de un juicio ordinario determinadas causas de oposición”. Entre ellas cita el pago parcial de la cantidad por el enriquecimiento sin causa por el banco ejecutante, la dación en pago necesaria que regula el derecho foral de Navarra, la “increíble” bajada de precios de las viviendas, los excesos en la tasación y el precio por el que se adjudica en subasta. Francisco José Goyena, miembro de la misma sección que Cobo y ponente del “histórico” auto, lo hace en otra resolución reciente sobre una ejecución hipotecaria de Caja Navarra. Y habla de “la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias”. Goyena recuerda las “feroces críticas” que recibió del ámbito financiero.
Girona
Una sentencia de la Audiencia de Girona, del 7 de abril de 2011, dejaba claro que el banco no debe adjudicarse un bien por un precio inferior al de su tasación, obtener un beneficio adicional revendiéndolo a un tercero y, además, seguir persiguiendo al deudor que no podía abonar las cuotas. “La actuación de banco incurre en abuso de derecho”, dice la sentencia, que firma el presidente de la Audiencia, Jaume Masfarré Coll, y es “contraria al principio de buena fe”. La sentencia dejaba sin efecto la ejecución hipotecaria de una vivienda que se tasó en 325.000 euros y que el Deutsche Bank se adjudicó por 162.500. “Se olvida a veces que en la interpretación y aplicación de las leyes los tribunales deben buscar aquella respuesta que, sin contravenirlas, sea más acorde con una decisión justa, que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera”, reza la sentencia.
Torrejón (Madrid)
Un auto del juzgado 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), del 10 de enero de 2012, habla del “enriquecimiento injusto” de Caja Madrid, hoy Bankia, por adjudicarse un inmueble a la mitad de su valor. El magistrado Carmelo Jiménez hablaba de “ejercicio abusivo y antisocial, hacía una descripción de la crisis y la comparaba con el crack de 1929. La aplicación de la regulación, explicaba, “conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación” de la crisis y le permitiría adquirir la vivienda “por un precio irrisorio”. El juez concluía que permitir que el banco reclamase además la deuda al desahuciado era amparar una operación “que no difiere mucho de la usura”.
Elche
Entre las resoluciones imaginativas cabe destacar el auto de la juez Encarnación Aganzo, del juzgado 5 de Elche (Alicante), en el que supeditaba la entrega del inmueble al Banco Popular a que dijera qué uso iba a darle: hasta que no fuera vendido a una tercera persona o arrendado a nuevos propietarios, instaba a que los desahuciados permanecieran en el inmueble pagando un alquiler.
Barcelona
¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? La pregunta la formuló en julio de 2011 el magistrado José María Fernández Seijo en un auto que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cuestión se resolverá antes de navidades, según explica el juez, y puede ser determinante. De ser refrendada, podría declarar el sistema de desahucios español, uno de los más duros de Europa, “ilegal o contrario al derecho comunitario. El juez es taxativo: “Cuando haces la pregunta es porque piensas que el sistema es profundamente injusto”. Fuente: El Pais.
sábado, 27 de octubre de 2012
Un hombre se tira por el balcón en Valencia antes de ser desahuciado
El vecino, de 53 años, se lanzó al vacío desde el segundo piso y permanece hospitalizado
Su esposa, que sufre depresión, se encontraba en la cama cuando su marido saltó a la calle
..."Yo solo vi a su hijo, que estaba pálido", relata María José. "Y las caras que hacían los bomberos y la policía: de indignación". "Porque la gente está caliente con esto de los desahucios", prosigue, "no se entiende cómo pueden quitar el piso y el dinero. La banca es la que manda en este país". "Y además no perdona", introduce Gregorio...
"Era muy jovial", describe Marisa, una administrativa de Net, la empresa de limpieza donde Manuel fue operario. "Yo hace mucho que no lo veo, porque él dejó de trabajar antes del ERE", explica refiriéndose al ajuste que hubo en este negocio de unas 25 personas. "La culpa de todo la tienen los bancos", arremete de nuevo.
Este drama ha supuesto una profunda conmoción en el barrio. En la calle del domicilio, Maestro Fernando Martín, casi todos los vecinos que pasan se arremolinan en corros para hablar sobre ello. Nadie se lo esperaba. Aunque sabían que estaba en paro no imaginaban una situación económica tan trágico. La familia no había contactado con ninguna de las plataformas de afectados por desahucios para pedir asesoramiento.
La noticia se suma a encuentro de ayer en Granada. Allí fue hallado el cadáver de un hombre de 53 años en un patio interior de un inmueble de la ciudad una hora antes de que fuera desahuciado de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros. Fuente, El País.
..."Yo solo vi a su hijo, que estaba pálido", relata María José. "Y las caras que hacían los bomberos y la policía: de indignación". "Porque la gente está caliente con esto de los desahucios", prosigue, "no se entiende cómo pueden quitar el piso y el dinero. La banca es la que manda en este país". "Y además no perdona", introduce Gregorio...
"Era muy jovial", describe Marisa, una administrativa de Net, la empresa de limpieza donde Manuel fue operario. "Yo hace mucho que no lo veo, porque él dejó de trabajar antes del ERE", explica refiriéndose al ajuste que hubo en este negocio de unas 25 personas. "La culpa de todo la tienen los bancos", arremete de nuevo.
Este drama ha supuesto una profunda conmoción en el barrio. En la calle del domicilio, Maestro Fernando Martín, casi todos los vecinos que pasan se arremolinan en corros para hablar sobre ello. Nadie se lo esperaba. Aunque sabían que estaba en paro no imaginaban una situación económica tan trágico. La familia no había contactado con ninguna de las plataformas de afectados por desahucios para pedir asesoramiento.
La noticia se suma a encuentro de ayer en Granada. Allí fue hallado el cadáver de un hombre de 53 años en un patio interior de un inmueble de la ciudad una hora antes de que fuera desahuciado de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros. Fuente, El País.
lunes, 22 de octubre de 2012
Siete jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios
Proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los sobreendeudados Desde 2008, año en que comenzó la crisis, hasta hoy se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Cada día ocurren nuevos desahucios y el drama social de esta situación preocupa a los jueces.
Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó un informe detallado a siete magistrados, informe que será analizado hoy por el órgano rector de los jueces. En él se denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la "mala praxis" de las entidades bancarias.
Estos siete jueces atacan los abusos que ampara el marco legal de desahucios en España y de paso recuerdan que el sistema de cobro de créditos hipotecarios que está vigente hoy en nuestro país fue creado en 1909.
La "mala praxis" de los bancos
El informe, al que tenido acceso el diario El País habla de "mala praxis de las entidades bancarias" y propone medidas que protejan a las familias que se encuentran al borde del desahucio.
Los jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan al cliente sobreendeudado, siempre que éste lo sea de buena fe, ya que "en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual", dice textualmente el informe.
Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las conclusiones del texto acusan a la banca de una ligereza desmesurada a la hora de conceder crédito hipotecarios de forma generalizada "sin valorar las posibilidades reales del deudor". En concreto se afirma que realizaron una "comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)".
El informe afirma que las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años y sólo en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior. Los autores destacan que desde 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y recuerdan que "no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos," no pueden pagar lo que deben.
Se necesitan "soluciones excepcionales"
Los siete jueces analizan la situación. Tras una ejecución hipotecaria el inmueble se adjudica al banco y "generalmente por un precio inferior al mercado" aumentando así los activos inmobiliarios de la entidad. Una vivienda más que seguramente no se ocupará en años ya que con la actual crisis económica ha descendido la demanda de pisos.
¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? La comisión de jueces propone un debate serio sobre el tema y piden "soluciones excepcionales" ante la situación excepcional que vive hoy la economía española.
En concreto, el informe presenta 18 medidas. Entre ellas los jueces proponen acuñar el término de "deudor hipotecario de buena fe" para añadir cambios en el marco jurídico que beneficien a aquellos que realmente lo necesiten.
Solicitan que el juez pueda otorgar moratorias para aplazar el pago de cuotas en casos concretoscomo desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad. También piden que la dación en pago se convierta en una "regulación imperativa en determinadas circunstancias": con la entrega de la vivienda se cancelaría el crédito.
Los jueces piden un mayor protagonismo para los hipotecados y plantean introducir mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing. También reclaman la creación de comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores.
El Código de Buenas Prácticas: un fracaso
En informe critica también el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Los jueces aseguran que esta medida estrella del Gobierno ha fracasado, entre otras cosas, porque era algo voluntario. "No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios", se queja el informe.
El Economista. Fuente: http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/4346270/10/12/siete-jueces-denuncian-los-abusos-en-del-sistema-legal-de-desahucios-espanol.html
Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó un informe detallado a siete magistrados, informe que será analizado hoy por el órgano rector de los jueces. En él se denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la "mala praxis" de las entidades bancarias.
Estos siete jueces atacan los abusos que ampara el marco legal de desahucios en España y de paso recuerdan que el sistema de cobro de créditos hipotecarios que está vigente hoy en nuestro país fue creado en 1909.
La "mala praxis" de los bancos
El informe, al que tenido acceso el diario El País habla de "mala praxis de las entidades bancarias" y propone medidas que protejan a las familias que se encuentran al borde del desahucio.
Los jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan al cliente sobreendeudado, siempre que éste lo sea de buena fe, ya que "en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual", dice textualmente el informe.
Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las conclusiones del texto acusan a la banca de una ligereza desmesurada a la hora de conceder crédito hipotecarios de forma generalizada "sin valorar las posibilidades reales del deudor". En concreto se afirma que realizaron una "comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)".
El informe afirma que las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años y sólo en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior. Los autores destacan que desde 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y recuerdan que "no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos," no pueden pagar lo que deben.
Se necesitan "soluciones excepcionales"
Los siete jueces analizan la situación. Tras una ejecución hipotecaria el inmueble se adjudica al banco y "generalmente por un precio inferior al mercado" aumentando así los activos inmobiliarios de la entidad. Una vivienda más que seguramente no se ocupará en años ya que con la actual crisis económica ha descendido la demanda de pisos.
¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? La comisión de jueces propone un debate serio sobre el tema y piden "soluciones excepcionales" ante la situación excepcional que vive hoy la economía española.
En concreto, el informe presenta 18 medidas. Entre ellas los jueces proponen acuñar el término de "deudor hipotecario de buena fe" para añadir cambios en el marco jurídico que beneficien a aquellos que realmente lo necesiten.
Solicitan que el juez pueda otorgar moratorias para aplazar el pago de cuotas en casos concretoscomo desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad. También piden que la dación en pago se convierta en una "regulación imperativa en determinadas circunstancias": con la entrega de la vivienda se cancelaría el crédito.
Los jueces piden un mayor protagonismo para los hipotecados y plantean introducir mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing. También reclaman la creación de comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores.
El Código de Buenas Prácticas: un fracaso
En informe critica también el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Los jueces aseguran que esta medida estrella del Gobierno ha fracasado, entre otras cosas, porque era algo voluntario. "No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios", se queja el informe.
El Economista. Fuente: http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/4346270/10/12/siete-jueces-denuncian-los-abusos-en-del-sistema-legal-de-desahucios-espanol.html
martes, 9 de octubre de 2012
Más de 500 familias desalojadas por día en España
Desde 2008 se han producido cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias. En el primer trimestre de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entidad gubernamental, reportó 46.559 desahucios. Por día, 517 familias fueron desalojadas de sus hogares por incumplimiento de pagos.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una entidad creada para llamar la atención sobre el problema, estima que a este ritmo el país terminará el 2012 con más de 180.000 familias desalojadas.
Ada Colau, activista de los derechos de vivienda y fundadora de la PAH, se queja de que la legislación protege a los bancos pero no a las personas que pierden su trabajo y no pueden pagar los préstamos.
Ella dice que en la época del auge inmobiliario el gobierno "facilitó crédito irresponsable" y que ahora anuncia recortes en el gasto de educación y salud, mientras rescata a las entidades financieras.
La PAH recoge firmas para una iniciativa legislativa popular que propone, entre otras cosas, la suspensión de los desalojos durante la crisis y la asignación de viviendas desocupadas para alquileres sociales.
"Hay que tratar a la vivienda como un derecho", afirma Colau.
De la burbuja a las casas vacías
Entre 1997 y 2007 se construyeron 390.00 viviendas al año en España, y los precios de la propiedad aumentaron un 200%. Hoy en día, las casas están vacías.
Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo de este año, entre 5 y 6 millones de viviendas en el país estarían vacías, lo que representa el 20% del parque de viviendas residenciales.
Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis de la vivienda. Allí se produce el 20% de los desahucios de España, según el CGPJ.
En las acciones colectivas de la PAH, las familias que perdieron sus casas legalmente tomaron cuatro edificios vacíos embargados por los bancos en Cataluña.
Ocupación
Un edificio de la calle Pompeu Fabra, en Terrassa (a 23 km de Barcelona), está ocupada por 11 familias desde el pasado mes de diciembre. La toma de viviendas fue una manera de llamar la atención de las autoridades y ejercer presión sobre los bancos. Y también la única forma de que estas familias tengan un techo, aunque temporal.
Esto explica José Arturo Ramírez, de 44 años, soldador desempleado desde hace cuatro años, que ocupa uno de los apartamentos con su esposa, dos hijos, yerno y nieto.
Ramírez es una de las víctimas del sector más castigado de esta crisis económica, el de la construcción. "Nadie tenía la menor idea de que terminaría así, pero los bancos sí lo sabían. Era muy fácil conseguir un préstamo", recuerda... seguir leyendo aquí en la BBC.
martes, 13 de marzo de 2012
_--Entrevista en la SER al magistrado José María Fernández Seijo, que ha recurrido a Luxemburgo por si la ley hipotecaria española vulnera los derechos del consumidor.
_--José María Fernández Seijo: "No me parece justo que una empresa pueda saldar sus deudas con un concurso de acreedores y un particular no", hace un año dictó una sentencia favorable a una pareja de jubilados sobre una vivienda de protección oficial, José María Fernández Seijo, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, y miembro de Jueces para la Democracia, sobre el código de buenas prácticas aprobado por el Consejo de Ministros, y su pregunta a Luxemburgo, oir aquí.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Desahucios: Una tragedia social en primera persona
Cada día 72 familias valencianas han perdido su vivienda este año por, en la mayoría de los casos, no poder hacer frente a la hipoteca que habían contratado. Desde que empezó la crisis, en 2008, son 24.694. Un auténtico drama social que ya ha encendido las alarmas de expertos, políticos y activistas, que alertan de los riesgos para la cohesión social y la economía, aunque no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para paliar el problema. Pero más allá de las frías cifras, cada una de estas ejecuciones hipotecarias esconde una tragedia vivida en primera persona.
Parece una escena de una de las películas-denuncia de Ken Loach o, incluso, de una de aquellas cintas con las que John Ford retrató las miserias de la gran depresión de 1929. Pero desgraciadamente esto no es ficción ni es un pasado lejano en otro país. Los hechos suceden en unos locales sindicales de Valencia donde decenas de personas llenan a rebosar una sala demasiado pequeña. El momento es incómodo, tenso y grave y no solo por el insoportable calor que convierte los panfletos sindicales en abanicos improvisados. Se trata de una de las asambleas que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) convoca para informar sobre sus recursos legales a aquella gente que teme perder su casa. Un abogado trata de hacer un resumen de la legislación hipotecaria y las mejores opciones que tienen quienes se encuentran ante la imposibilidad de seguir pagando sus letras. Aunque los moderadores piden que se dejen las preguntas para hasta el final de la exposición, la gente interrumpe constantemente con sus experiencias personales. Verdaderas historias de terror se entreven en cada comentario.
Entre el público se encuentran los casos más diversos: trabajadores en paro hasta agotar las prestaciones, autónomos que la crisis les ha llevado ha cerrar sus negocios, inmigrantes provenientes de la economía sumergida, maridos y esposas cuyo divorcio les ha complicado algo más que su vida sentimental, pensionistas que, en su día, avalaron la hipoteca de sus hijos con su propia vivienda creyendoque las propiedades inmobiliarias jamás bajarían de precio... Nerviosos, angustiados, toman notas con caras preocupadas y cuentan uno tras otro sus reuniones con los directores de oficina, con los funcionarios judiciales, con los servicios sociales. Se oyen parecidas promesas incumplidas, letras pequeñas de los contratos y el redactado farragoso de las resoluciones judiciales. El abogado –un chico joven que no parece muy cómodo en su situación- trata de explicarles que, en su opinión, muchos de los consejos y opciones que les ofrecieron fueron equivocados sino es que se acercaban directamente a la mentira y al fraude. Entre los presentes aumenta la desolación. A su desesperada situación, con la casa ya embargada o a punto perderla, se añade la sensación de impotencia, de haber sido engañados y de fracaso personal. Una portavoz de la PAH toma la palabra para animarlos: “Recordad que esto no es culpa vuestra, no es una situación personal sino social que afecta centenares de miles de ciudadanos. Nos han engañado a todos porque no teníamos forma de evitarlo y solo uniéndonos podremos cambiar esta situación”. Aunque a decir verdad no parece que esto alivie demasiado los presentes.
“Dejarle algo a nuestros hijos”
Fernando Simarro llegó de Putumayo, una de las regiones más violentas de Colombia hace seis años para evitar sus hijos se convirtieran en víctimas del conflicto. Hijo de un exiliado español le dieron la nacionalidad inmediatamente. “Llegué un viernes y el lunes ya estaba trabajando. Me encanta Valencia y al año pude traer mi esposa y mis hijos. Esto era la felicidad. Estaba en el paraíso”, recuerda. A su lado se sienta Elisabet Grijalbo, su mujer, quien de esta época tiene especialmente grabado la facilidad con que la gente cambiaba de empleo: “Decían 'este trabajo no me gusta' y lo dejaban y al poco ya tenían uno mejor. A nosotros nos parecía increíble”.
“El trabajo era duro pero el sueldo merecía la pena –continua Simarro- y al cabo de un tiempo decidimos que ya estaba bien de pagar alquiler y empezamos a buscar un piso para comprar. Lo hicimos pensando en nuestro hijos, para dejarles algo en un futuro”, precisa sin poder evitar unas lágrimas. Asegura que el banco les dio la hipoteca sin ningún aval y que tampoco cayeron en el error de comprar algo fuera de sus posibilidades. Se trataba de un sencillo piso en el Cabanyal, y aunque fuera un quinto sin ascensor era un hogar para su familia. Tampoco aprovecharon los intereses baratos para cargar la hipoteca con extras y el 20% de entrada lo pagaron de sus ahorros.
“Entonces nadie pensaba en el paro, parecía una situación imposible –continua- hasta que llegó la crisis” La empresa de electricidad donde trabajaba despidió la mitad de la plantilla pero los encargados le prometieron readmitirle cuando la cosa mejorara y como tenía el subsidio de paro estaba tranquilo. El problema es que desde entonces la empresa no solo no se ha recuperado sino que aún ha realizado más despidos. “A medida que no encontraba empleo me iba poniendo nervioso. Hicimos de todo, chapuzas en casas de conocidos, recoger naranjas, no me asusta trabajar, pero es que realmente no hay donde hacerlo”. Así, la hipoteca se fue comiendo la prestación de desempleo, luego la ayuda de 400 euros, sus ahorros, el cheque bebé por su último hijo... hasta que no quedó nada. “Hasta el final me negué a perder la casa, pero cuando vimos que realmente era imposible seguir pagando fuimos a hablar con el banco para dársela”.
Su sorpresa, pero, fue mayúscula cuando la directora les dijo que aún les quedaría una deuda de 60.000 euros. La razón es que su vivienda valía, ahora, la mitad del precio por el que el mismo banco la tasó en 2007. Ante esto se plantaron y decidieron no salir de la casa e intentar ganar la condonación de la deuda en los tribunales. “Nosotros ya asumimos perder la casa. Nos da igual, ya nos apañaremos, podemos empezar de cero, pero no podemos empezar a menos 60.000. No podemos dejar esta carga a nuestros hijos”.
“Perder la casa fue lo peor”
María Rosa Pérez vive desde hace meses con sus dos hijos en casa de su madre, y aunque sabe que esta situación es provisional no sabe cuando podrá resolverla. El 25 de junio dejó las llaves de su piso en el buzón tal y como le indicaron en la oficina bancaria donde tenía contratada la hipoteca. Ahora le reclaman 65.000 euros de deuda y ha solicitado un concurso de acreedores, una opción que es extremadamente difícil que el juzgado acepte para un particular, pero que es la única salida para rehacer su vida. “Perder la casa fue lo peor”, asegura y atrás quedó una lucha para salvarla que recuerda “a muerte” y que empezó cuando fue despedida por quedarse embarazada. Ahora ha conseguido trabajo por unos meses y confía en que sea el primer paso hacia la recuperación, pero es consciente que si el banco no renuncia a reclamarle la deuda quedará empujada inevitablemente hacia la economía sumergida. “Si me tienen que embargar todo el sueldo que supere el salario mínimo, como esperan que mantenga dos hijos?” se pregunta.
“Me tuteaba con el director del banco”
José prefiere no dar su apellido ni su cara “por lo que pueda pasar”. Su situación le trae muy nervioso y no está seguro de lo que sería capaz de hacer. Autónomo, la crisis le dejó sin clientes y sin derecho al paro. Con una hipoteca de 1.500 euros mensuales enseguida se saltó cinco letras y le rehipotecaron el piso. “Acepté porque pensé que sería temporal, pero al final he pagado 80.000 euros en intereses y mi deuda no ha bajado”. Ahora ya no puede pagar nada, ni tan siquiera la pensión a su ex-mujer, una situación angustiante para alguien que “a costa de meter muchas horas” se sacaba un sueldo holgado. Lo que más rabia le da es la insensibilidad del banco. “Cuando me compré el piso todo eran sonrisas y promesas y luego te retrasas un mes y ya no te lo pasan. Yo me tuteaba con el director del banco y ahora me evita si nos cruzamos por la calle”.
De momento sigue en el piso, pero a finales de mes lo subastan y el nuevo dueño –que puede ser el mismo banco- iniciará el proceso judicial para desalojarlo. Y después? Se encoge de hombros pero una cosa tiene clara: “No me voy a rendir”.
Los afectados se organizan
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se presentó en Valencia hace pocos meses pero ya se ha hecho famosa por sus espectaculares acciones en las que impiden, pacíficamente, las ejecuciones inmobiliarias. Pero tras esta faceta callejera la PAH acumula mucho trabajo invisible. “Asesoramos las familias que tienen problemas para pagar la hipoteca para evitar que sean víctimas de cláusulas abusivas en los contratos o se vulneren sus derechos en los procesos judiciales, tratamos de mediar con los bancos para encontrar soluciones y orientarlas para conseguir recursos de los servicios sociales si lo necesitan”, detalla Yolanda Prats, una de las portavoces del movimiento. Pero más allá de esto, tratan de organizar a los propios afectados para tratar de encontrar soluciones globales al problema de la vivienda. Su reivindicación estrella es una ley que obligue la llamada dación en pago, o sea que la entrega de la casa liquide automáticamente la deuda para lo cual quieren presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Congreso, aunque de momento está bloqueada. Entre sus propuestas también está una auditoría del mercado de la vivienda para evitar estafas en las tasaciones y la creación de un parque de vivienda pública “usando los pisos vacíos propiedad de los mismos bancos que recibieron miles de millones de dinero público". Joan Canela i Barrull. Valencia Express.
Parece una escena de una de las películas-denuncia de Ken Loach o, incluso, de una de aquellas cintas con las que John Ford retrató las miserias de la gran depresión de 1929. Pero desgraciadamente esto no es ficción ni es un pasado lejano en otro país. Los hechos suceden en unos locales sindicales de Valencia donde decenas de personas llenan a rebosar una sala demasiado pequeña. El momento es incómodo, tenso y grave y no solo por el insoportable calor que convierte los panfletos sindicales en abanicos improvisados. Se trata de una de las asambleas que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) convoca para informar sobre sus recursos legales a aquella gente que teme perder su casa. Un abogado trata de hacer un resumen de la legislación hipotecaria y las mejores opciones que tienen quienes se encuentran ante la imposibilidad de seguir pagando sus letras. Aunque los moderadores piden que se dejen las preguntas para hasta el final de la exposición, la gente interrumpe constantemente con sus experiencias personales. Verdaderas historias de terror se entreven en cada comentario.
Entre el público se encuentran los casos más diversos: trabajadores en paro hasta agotar las prestaciones, autónomos que la crisis les ha llevado ha cerrar sus negocios, inmigrantes provenientes de la economía sumergida, maridos y esposas cuyo divorcio les ha complicado algo más que su vida sentimental, pensionistas que, en su día, avalaron la hipoteca de sus hijos con su propia vivienda creyendoque las propiedades inmobiliarias jamás bajarían de precio... Nerviosos, angustiados, toman notas con caras preocupadas y cuentan uno tras otro sus reuniones con los directores de oficina, con los funcionarios judiciales, con los servicios sociales. Se oyen parecidas promesas incumplidas, letras pequeñas de los contratos y el redactado farragoso de las resoluciones judiciales. El abogado –un chico joven que no parece muy cómodo en su situación- trata de explicarles que, en su opinión, muchos de los consejos y opciones que les ofrecieron fueron equivocados sino es que se acercaban directamente a la mentira y al fraude. Entre los presentes aumenta la desolación. A su desesperada situación, con la casa ya embargada o a punto perderla, se añade la sensación de impotencia, de haber sido engañados y de fracaso personal. Una portavoz de la PAH toma la palabra para animarlos: “Recordad que esto no es culpa vuestra, no es una situación personal sino social que afecta centenares de miles de ciudadanos. Nos han engañado a todos porque no teníamos forma de evitarlo y solo uniéndonos podremos cambiar esta situación”. Aunque a decir verdad no parece que esto alivie demasiado los presentes.
“Dejarle algo a nuestros hijos”
Fernando Simarro llegó de Putumayo, una de las regiones más violentas de Colombia hace seis años para evitar sus hijos se convirtieran en víctimas del conflicto. Hijo de un exiliado español le dieron la nacionalidad inmediatamente. “Llegué un viernes y el lunes ya estaba trabajando. Me encanta Valencia y al año pude traer mi esposa y mis hijos. Esto era la felicidad. Estaba en el paraíso”, recuerda. A su lado se sienta Elisabet Grijalbo, su mujer, quien de esta época tiene especialmente grabado la facilidad con que la gente cambiaba de empleo: “Decían 'este trabajo no me gusta' y lo dejaban y al poco ya tenían uno mejor. A nosotros nos parecía increíble”.
“El trabajo era duro pero el sueldo merecía la pena –continua Simarro- y al cabo de un tiempo decidimos que ya estaba bien de pagar alquiler y empezamos a buscar un piso para comprar. Lo hicimos pensando en nuestro hijos, para dejarles algo en un futuro”, precisa sin poder evitar unas lágrimas. Asegura que el banco les dio la hipoteca sin ningún aval y que tampoco cayeron en el error de comprar algo fuera de sus posibilidades. Se trataba de un sencillo piso en el Cabanyal, y aunque fuera un quinto sin ascensor era un hogar para su familia. Tampoco aprovecharon los intereses baratos para cargar la hipoteca con extras y el 20% de entrada lo pagaron de sus ahorros.
“Entonces nadie pensaba en el paro, parecía una situación imposible –continua- hasta que llegó la crisis” La empresa de electricidad donde trabajaba despidió la mitad de la plantilla pero los encargados le prometieron readmitirle cuando la cosa mejorara y como tenía el subsidio de paro estaba tranquilo. El problema es que desde entonces la empresa no solo no se ha recuperado sino que aún ha realizado más despidos. “A medida que no encontraba empleo me iba poniendo nervioso. Hicimos de todo, chapuzas en casas de conocidos, recoger naranjas, no me asusta trabajar, pero es que realmente no hay donde hacerlo”. Así, la hipoteca se fue comiendo la prestación de desempleo, luego la ayuda de 400 euros, sus ahorros, el cheque bebé por su último hijo... hasta que no quedó nada. “Hasta el final me negué a perder la casa, pero cuando vimos que realmente era imposible seguir pagando fuimos a hablar con el banco para dársela”.
Su sorpresa, pero, fue mayúscula cuando la directora les dijo que aún les quedaría una deuda de 60.000 euros. La razón es que su vivienda valía, ahora, la mitad del precio por el que el mismo banco la tasó en 2007. Ante esto se plantaron y decidieron no salir de la casa e intentar ganar la condonación de la deuda en los tribunales. “Nosotros ya asumimos perder la casa. Nos da igual, ya nos apañaremos, podemos empezar de cero, pero no podemos empezar a menos 60.000. No podemos dejar esta carga a nuestros hijos”.
“Perder la casa fue lo peor”
María Rosa Pérez vive desde hace meses con sus dos hijos en casa de su madre, y aunque sabe que esta situación es provisional no sabe cuando podrá resolverla. El 25 de junio dejó las llaves de su piso en el buzón tal y como le indicaron en la oficina bancaria donde tenía contratada la hipoteca. Ahora le reclaman 65.000 euros de deuda y ha solicitado un concurso de acreedores, una opción que es extremadamente difícil que el juzgado acepte para un particular, pero que es la única salida para rehacer su vida. “Perder la casa fue lo peor”, asegura y atrás quedó una lucha para salvarla que recuerda “a muerte” y que empezó cuando fue despedida por quedarse embarazada. Ahora ha conseguido trabajo por unos meses y confía en que sea el primer paso hacia la recuperación, pero es consciente que si el banco no renuncia a reclamarle la deuda quedará empujada inevitablemente hacia la economía sumergida. “Si me tienen que embargar todo el sueldo que supere el salario mínimo, como esperan que mantenga dos hijos?” se pregunta.
“Me tuteaba con el director del banco”
José prefiere no dar su apellido ni su cara “por lo que pueda pasar”. Su situación le trae muy nervioso y no está seguro de lo que sería capaz de hacer. Autónomo, la crisis le dejó sin clientes y sin derecho al paro. Con una hipoteca de 1.500 euros mensuales enseguida se saltó cinco letras y le rehipotecaron el piso. “Acepté porque pensé que sería temporal, pero al final he pagado 80.000 euros en intereses y mi deuda no ha bajado”. Ahora ya no puede pagar nada, ni tan siquiera la pensión a su ex-mujer, una situación angustiante para alguien que “a costa de meter muchas horas” se sacaba un sueldo holgado. Lo que más rabia le da es la insensibilidad del banco. “Cuando me compré el piso todo eran sonrisas y promesas y luego te retrasas un mes y ya no te lo pasan. Yo me tuteaba con el director del banco y ahora me evita si nos cruzamos por la calle”.
De momento sigue en el piso, pero a finales de mes lo subastan y el nuevo dueño –que puede ser el mismo banco- iniciará el proceso judicial para desalojarlo. Y después? Se encoge de hombros pero una cosa tiene clara: “No me voy a rendir”.
Los afectados se organizan
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se presentó en Valencia hace pocos meses pero ya se ha hecho famosa por sus espectaculares acciones en las que impiden, pacíficamente, las ejecuciones inmobiliarias. Pero tras esta faceta callejera la PAH acumula mucho trabajo invisible. “Asesoramos las familias que tienen problemas para pagar la hipoteca para evitar que sean víctimas de cláusulas abusivas en los contratos o se vulneren sus derechos en los procesos judiciales, tratamos de mediar con los bancos para encontrar soluciones y orientarlas para conseguir recursos de los servicios sociales si lo necesitan”, detalla Yolanda Prats, una de las portavoces del movimiento. Pero más allá de esto, tratan de organizar a los propios afectados para tratar de encontrar soluciones globales al problema de la vivienda. Su reivindicación estrella es una ley que obligue la llamada dación en pago, o sea que la entrega de la casa liquide automáticamente la deuda para lo cual quieren presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Congreso, aunque de momento está bloqueada. Entre sus propuestas también está una auditoría del mercado de la vivienda para evitar estafas en las tasaciones y la creación de un parque de vivienda pública “usando los pisos vacíos propiedad de los mismos bancos que recibieron miles de millones de dinero público". Joan Canela i Barrull. Valencia Express.
lunes, 9 de mayo de 2011
sábado, 26 de febrero de 2011
Un juzgado de Sabadell eleva una consulta al Constitucional sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas
La petición paraliza en la práctica el proceso de embargo de una familia.
La pasada semana se supo que el magistrado Guillem Soler, del juzgado número 2 de Sabadell, elevó una consulta al Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad de un proceso de embargo contra una familia del municipio. Esta consulta paraliza ’de facto’ el procedimiento.
El juzgado considera que la Ley que regula los embargos hipotecarios deja "poco margen de defensa" a los usuarios y, por lo tanto, podría vulnerar derechos constitucionales. Según el magistrado de primera instancia del juzgado número 2 de Sabadell, Guillem Soler, "el problema es que la Ley de Enjuiciamiento Civil impide que el juez entre a valorar si una cláusula es nula o no". De lo contrario, según el magistrado en este caso "no se debería haber subastado el piso".
"La consulta es importante porque refleja la frustración de muchos jueces que están llevando este tipo de procesos", ha declarado a DIAGONAL Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Tal y como está planteada la Ley, el juez no puede entrar a valorar ninguna de las circunstancias relevantes que pueden concurrir en un proceso de embargo, por ejemplo si en el hogar todo el mundo está en paro, o si había cláusulas abusivas en el contrato", detalla. Por otro lado, la semana pasada se emitió la primera sentencia en Cataluña por la que un juzgado aplica ’de facto’ la dación en pago, después de que el Juzgado de Primera Instancia Número 44 de Barcelona respaldara a mediados de este mes la doctrina de saldar una hipoteca tras el embargo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está difundiendo un modelo de solicitud de la dación en pago para aquellos hogares que se encuentran en proceso de embargo. La PAH aclara que, si bien estas sentencias no sientan jurisprudencia, sí pueden "dar pie a que más jueces se animen a interpretar la ley en el mismo sentido en que lo hicieron la juez y la audiencia de Navarra".Podéis descargar el modelo aquí: Modelo escrito Juzgado auto de Navarra
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Otra-sentencia-en-Cataluna-da-por.html
El juez paraliza un proceso de embargo por indicios del carácter ’abusivo’ de un contrato de hipoteca y pide al Constitucional que revise la legislación hipotecaria actual por dejar "desprotegidos" a los usuarios.
Hace sólo un mes una sentencia obligaba por primera vez a dar por liquidada la deuda de una familia con su banco con la sola entrega de su piso.Dación en pago, una solución posible y necesaria
La pasada semana se supo que el magistrado Guillem Soler, del juzgado número 2 de Sabadell, elevó una consulta al Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad de un proceso de embargo contra una familia del municipio. Esta consulta paraliza ’de facto’ el procedimiento.
El juzgado considera que la Ley que regula los embargos hipotecarios deja "poco margen de defensa" a los usuarios y, por lo tanto, podría vulnerar derechos constitucionales. Según el magistrado de primera instancia del juzgado número 2 de Sabadell, Guillem Soler, "el problema es que la Ley de Enjuiciamiento Civil impide que el juez entre a valorar si una cláusula es nula o no". De lo contrario, según el magistrado en este caso "no se debería haber subastado el piso".
"La consulta es importante porque refleja la frustración de muchos jueces que están llevando este tipo de procesos", ha declarado a DIAGONAL Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Tal y como está planteada la Ley, el juez no puede entrar a valorar ninguna de las circunstancias relevantes que pueden concurrir en un proceso de embargo, por ejemplo si en el hogar todo el mundo está en paro, o si había cláusulas abusivas en el contrato", detalla. Por otro lado, la semana pasada se emitió la primera sentencia en Cataluña por la que un juzgado aplica ’de facto’ la dación en pago, después de que el Juzgado de Primera Instancia Número 44 de Barcelona respaldara a mediados de este mes la doctrina de saldar una hipoteca tras el embargo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está difundiendo un modelo de solicitud de la dación en pago para aquellos hogares que se encuentran en proceso de embargo. La PAH aclara que, si bien estas sentencias no sientan jurisprudencia, sí pueden "dar pie a que más jueces se animen a interpretar la ley en el mismo sentido en que lo hicieron la juez y la audiencia de Navarra".Podéis descargar el modelo aquí: Modelo escrito Juzgado auto de Navarra
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Otra-sentencia-en-Cataluna-da-por.html
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