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viernes, 12 de abril de 2019

El vertedero de seres humanos

La Universidad de Coimbra determina que los 158 cuerpos hallados a las afueras de la ciudad portuguesa de Lagos corresponden a esclavos africanos depositados en un basurero entre los siglos XV y XVII

Restos de un esclavo africano hallado en Lagos (Portugal).

Europa reabrió en 2009 las fauces de los infiernos cuando el Ayuntamiento de Lagos —hoy una plácida, soleada, turística y bella ciudad del Algarve portugués— decidió construir un aparcamiento subterráneo unos metros más allá de sus murallas medievales, en un área urbana conocida como Valle da Gafaria. Las excavadoras incidieron sobre el terreno y comenzaron a brotar decenas de huesos de seres humanos. Maria Teresa Santos Ferreira, profesora de Antropología de la Universidad de Coímbra, acudió con su equipo. Hoy, diez años después, los resultados de su investigación han sido hechos públicos en la International Journal of Osteoarchaeology: eran los cuerpos de 158 esclavos africanos, cuyos restos fueron abandonados en un estercolero cuando alboreaba el siglo XV. Arrancados de su tierra por la violencia o vendidos por traficantes, muchos de ellos no pudieron soportar el viaje hasta Portugal. Las osamentas de hombres, mujeres y niños —seis de los cuales habían sido arrojados al vertedero con pies y manos atados con cuerdas— dan fe de las circunstancias inhumanas de las primeras exploraciones portuguesas a África por la costa oeste del continente.

El infante Enrique el Navegante (1394-1460) fue el primero de los grandes exploradores de los mares de África y de las islas del Atlántico. Sus carabelas surcaban las costas partiendo del mayor puerto del sur del reino, Lagos, una ciudad que se convertiría pronto en el gran bazar europeo de carne humana. “Los esclavos”, rememora Santos Ferreira, “procedían de las razias llevadas a cabo en la parte occidental del continente, así como de la compra a los traficantes musulmanes, que a su vez los traían del interior de África”. Por eso, los análisis han determinado que los exhumados procedían de poblaciones bantúes (fundamentalmente en el África subsahariana, excepto el sur y la costa este).

Los barcos portugueses arribaron por primera vez en 1444 a las costas de Senegal y pronto regresaron al "puerto de Lagos cargados de mercancías, incluyendo los esclavos", indica el informe. Pero en 1512, el rey Manuel I ordenó que Lisboa se quedase en exclusiva con la trata. De todas formas, y aunque Lagos perdió importancia, las naos seguían llegando a este puerto antes de alcanzar la capital. Se ignora cuántos esclavos llegaron a Portugal en aquellos siglos, porque los archivos se perdieron durante el terremoto de Lisboa en 1755. Sin embargo, se calcula que entre 1441 y 1470 llegaron unos mil africanos al año y casi 2.000 anuales en las dos siguientes décadas, un número que se mantuvo estable o decreció a partir de 1530.

El estudio —en el que, además de Santos, han participado Catarina Coelhoa, João d’Oliveira Coelho, David Navegaa, Sofia N. Wasterlaina y Ana Rufino y que ha contado con el apoyo del Archaeological Institute of America y de la Fundación Gerda Henkel— establece que los cuerpos fueron depositados en el basurero entre los siglos XV y XVII, y que muchos de aquellos desdichados sufrieron en vida traumatismos y lesiones degenerativas. Los especialistas han analizado el sexo de 88 de ellos (56,31 % mujeres, 29,13% hombres y el resto sin determinar). La edad de su muerte ha sido establecida entre los 20 y 30 años para el 32%, los 30 y los 40 años para el 40% y un 6,59% de más de 40 años.

Además de los adultos, el equipo de la empresa Dryas Arqueologia Lda. halló también 31 menores ("no-adultos"), en muchos de los cuales se detectaron alteraciones en sus denticiones y un retraso del crecimiento. Según el estudio, los menores estuvieron expuestos "a duras condiciones", lo que les provocó déficits nutricionales que se reflejan en sus estructuras óseas, con osteoporosis craneales o falta de esmalte en los dientes. Esto, a su vez, evidencia sus "duras y cortas vidas". No obstante, los antropólogos vislumbraron algún signo de humanidad en la inhumación de los pequeños, ya que en el 66,7% de los casos "parecen haber sido enterrados con más cuidado que los adultos". De estos últimos, el 79,4% no guardaba la "orientación habitual cristiana en aquel tiempo, con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este".

En aquella época, solo las personas bautizadas podían ser enterradas dentro de la ciudad. "Los esclavos, evidentemente, no lo estaban, por lo que sus cuerpos fueron depositados en los basureros, como podía ocurrir, por ejemplo, con los animales. Esta situación cambió con posterioridad y ya fueron inhumados dentro de la ciudad", indica Santos Ferreira.

De los cuerpos analizados, se han hallado evidencias de que cuatro mujeres, un hombre y un menor fueron atados antes de fallecer, lo que deja claro cómo estos "individuos esclavizados fueron tratados, incluso hasta su muerte".

https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553848854_810812.html

Esclavos búlgaros entre naranjos


En "mí querida España, esta España mía, esta España nuestra" también hay vertederos de seres humanos, sobre todo de los defensores de la democracia, la libertad y la República, muchos de cuyos cuerpos están aún arrojados por campos, cunetas, pozos, minas, barrancos,... etc. Sin darle adecuada sepultura y debidamente identificados...

Un enorme genocidio, condenado por la ONU y con petición de que se recuperen los cadáveres y se les dé la correcta sepultura por parte del Estado. Lo que hasta ahora no se ha hecho, después de más de 80 años...

sábado, 24 de marzo de 2018

San Woody Allen

Hay quienes tachan de caza de brujas las acusaciones contra el director por abusos sexuales, pero el caso dista de estar claro: encierra datos inquietantes.

LLEVO SEMANAS asistiendo con asombro creciente a la beatificación de Woody Allen. Lo veo levitar ante mis ojos rumbo al cielo aupado por diversos columnistas y comentaristas. Salvo alguna excepción, en la mayoría de estos alegatos se dan dos curiosas circunstancias: por un lado, una enérgica, escandalizada denuncia de la caza de brujas del movimiento MeToo, que según ellos llega a ser tan dogmático que está torturando al pobre Allen sin ninguna prueba; y por el otro, una sesgada ignorancia sobre las circunstancias de este caso. Lo cual me preocupa, porque veo a colegas admirados e incluso queridos llegar en este tema a un nivel de simplificación que no suelen manifestar en otros asuntos.

De entrada, sorprende que todos estén tan convencidos de la inocencia de Woody Allen, porque el tema es un maldito y envenenado pantano: yo, desde luego, no estoy segura de nada. Algunos afirman que Allen fue declarado no culpable, lo cual es un error: no hubo ninguna declaración porque no hubo juicio. El examen médico de la niña Dylan, que tenía siete años, resultó negativo (claro que unos tocamientos, esa fue la acusación, no dejan huella); además, un informe del hospital Yale-New Haven, encargado por el fiscal del Estado Frank Maco, concluye que el vídeo en el que la niña habla de los abusos está editado y manipulado, y que o bien Dylan se inventaba todo, o bien se lo había sugerido la madre. Debo recordar que el proceso tuvo lugar en medio de la trifulca de la separación de Allen y Farrow a consecuencia de la relación de él con una hija adoptiva de Mia. Total, que el juez Elliot Wilk no encontró pruebas concluyentes y cerró el caso.

Hasta aquí todo parece muy sencillo. Pero empecemos con el lío. Resulta que el informe Yale-New Haven está firmado por dos asistentes sociales y por un pediatra que era el jefe del equipo, pero que jamás vio a Dylan. Todas las notas de la investigación fueron destruidas antes de presentar el informe, algo muy anómalo; los asistentes sociales se negaron a declarar ante el juez y el único testimonio fue el del pediatra. Por todas estas razones, el estudio no fue considerado fiable ni por el fiscal que lo había encargado ni por el juez, que dijo: “Es un informe sanitized [desinfectado, retocado] y por lo tanto menos creíble”. En cuanto al fiscal Maco, declaró que no había continuado con el caso por la fragilidad de la niña víctima, aunque había causa probable para presentar cargos contra Allen (el cineasta le puso una denuncia disciplinar por estas palabras y perdió). Además, y aunque no hubo nunca un juicio por los supuestos tocamientos, sí lo hubo por la custodia de los hijos de Allen; y Elliot Wilk, el mismo juez que archivó los abusos, dijo en esa sentencia cosas como: “No hay evidencia creíble que soporte la alegación del señor Allen de que la señora Farrow manipuló a Dylan” o “Probablemente nunca sabremos lo que sucedió aquel 4 de agosto de 1999 (…) [pero] la conducta del señor Allen hacia Dylan fue gravemente inapropiada y… deben tomarse medidas para proteger a la niña” (el texto íntegro de la sentencia está en Internet). Farrow obtuvo la custodia y el juez denegó las visitas de Woody a Dylan. Allen presentó dos apelaciones contra la sentencia, que también perdió, y tuvo que pagarle a Mia un millón de dólares por los gastos legales.

Aún queda muchísima basura por contar, pero no me cabe en este artículo. Más indicios que acusan tanto a Woody como a Mia, intentos cruzados de desacreditar a los partidarios de ambas facciones… La miseria habitual entre dos personas chifladas que se odian. En fin, yo no escribo este texto para demostrar que Allen es culpable (en la duda, yo me inclino más hacia su culpabilidad, pero esto es irrelevante), sino para probar que el caso dista mucho de estar claro y que quienes le acusan no son unos dogmáticos y delirantes cazadores de brujas, sino que se basan en inquietantes datos. Aunque lo peor es intuir, a la luz de este escándalo, la facilidad con la que la inercia social nos hace apoyar automáticamente al personaje de poder y no prestar la suficiente atención a las denuncias de los niños por abuso o incesto.

https://elpais.com/elpais/2018/03/12/eps/1520852702_012867.html

lunes, 27 de noviembre de 2017

_- La CNMC critica con dureza el sistema que retribuye a la industria por parar su consumo eléctrico. El organismo advierte del elevado coste del mecanismo de interrumpibilidad eléctrica y censura que favorece a las grandes industrias.

_- Nuevo episodio en la controvertido relación entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Energía. El enfrentamiento llega, en esta ocasión, a través de las duras críticas que el organismo de competencia vierte sobre el mecanismo de interrumpìbilidad, el sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de que estén dispuestas a desconectarse de la red eléctrica en momentos de emergencia para el suministro. Las compañías acuden a las subastas y una vez pactada la retribución, la reciben tanto si se produce la petición de desconectarse de la red como si no acaba por ser necesario.

En el informe de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que analiza la propuesta de Orden del ministerio que introduce varias modificaciones en el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad, el organismo desgrana una serie de reprobaciones en las que advierte del elevado coste del sistema y el reducido uso que se ha hecho del mismo en los últimos años, propone que se justifique su existencia, destaca la complejidad de las subastas y censura que favorece a las grandes industrias.

Para echar más leña al fuego, recuerda que la Comisión Europea está investigando a España, entre otros países, por considerar que este mecanismo puede ser ayudas de Estado ilegales. Según la CE, “dichos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas”.

La CNMC, además, señala en su informe que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad propuesto por Energía, en la que reduce a cinco meses el periodo para la próxima subasta, “debería haberse abordado con la suficiente antelación”. De esta forma, la próxima subasta, prevista para mediados de diciembre, habría cubierto todo el año frente. El departamento que dirige Álvaro Nadal ha justificado esta limitación temporal para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la UE porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018 que introducirá nuevos cambios.

Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema que realiza la subasta, debería justificar mediante una metolodología de estudio que “realmente es necesario subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible”.

La subasta se suele hacer en bloques de 90 y cinco megavatios (MW), destinados a las mayores industrias y a las más pequeñas. Pues bien, la CNMC destaca que las subastas del producto de 90 MW “son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva”. La CNMC recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5MW, para permitir una mayor desagregación. La institución que preside José María Marín también subraya la complejidad del sistema de subastas. “Esto explica que su duración en ocasiones se haya prolongado durante cinco días en horario de 9.00 a 20.00 horas y el elevado coste de su organización (entre 504.000 y 660.000 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000€ y 205.000 euros”.

Finalmente, la CNMC muestra su disconformidad con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes de que la CNMC enviara su Informe, la Resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. “Así, condiciona –y por ello mismo menoscaba- la función como órgano consultivo de esta Comisión recogida, con carácter general, en el artículo 5.2 de la Ley 372013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.

Mecanismo innecesario

El origen de este mecanismo se remonta a los años ochenta y fue debido a los apagones que se producían por no existir un parque eléctrico suficiente para abastecer la demanda. En los últimos años el crecimiento de la oferta hizo innecesaria la existencia de dicho mecanismo y, de hecho, desde 2009 no ha habido ninguna necesidad de abordarlo y solo se han emitido órdenes para comprobar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, REE lo considera necesario para tener seguro el suministro en caso de incidencia.

Durante estos años, antes de cambiarse el sistema, se habían beneficiado del sistema grandes consumidores de energía como las siderúrgicas (Arcelor Mittal y Acerinox), metalúrgicas (Alcoa), químicas (Ferroatlántica, Solvay, Ercros), papeleras (Ence) o cementeras (Holcim, Cemex) que ingresaron una cantidad cercana a los 3.000 millones procedente del sistema.

Estas empresas recibían una cantidad de REE por interrumpir sus centros fabriles. Esos contratos se habían convertido en unos ingresos fijos anuales. El coste llegó a ser de 677 millones en 2013, lo que disparó las sospechas de las autoridades de Competencia comunitarias de que eran ayudas de Estado y provocó que el entonces Ministerio de Industria introdujese el mecanismo de subasta, con lo que daba entrada a la competencia con la participación de los consumidores que lo consideren necesario.

La implantación de la subasta ha cambiado el panorama: los participantes pujan por el precio que van a recibir por interrumpir su suministro o, lo que es lo mismo, dejan que la electricidad que iban a consumir se la quede la red. La puja se hace por centro productivo y no por el conjunto de la empresa. Los grandes consumidores se han encontrado con rivales en una subasta que antes no existía y que no les importa bajar el precio porque no lo tienen contabilizado en sus cuentas.

El año pasado se asignaron 2.975 MW en 10 bloques de 90 megavatios (MW) y 415 bloques de 5 MW. A esta convocatoria de subastas han acudido 138 consumidores. El precio medio de asignación ha sido de 289.125 euros/MW para los productos de 90 MW y de 127.536 euros/MW para los de 5 MW. La media ponderada de asignación se ha situado en los 176.420 euros/MW.

https://elpais.com/economia/2017/11/15/actualidad/1510766521_977016.html

miércoles, 5 de junio de 2013

¡Dejen mi teléfono en paz! Guía para no sufrir más de lo necesario con las llamadas publicitarias al número fijo y al móvil

Hora de la siesta, paz y tranquilidad en la casa, suena ese teléfono fijo que casi nunca suena; además de despertarle a uno, le da un susto, ¿qué habrá pasado?: llamada publicitaria.
Sábado por la tarde, una cita para la noche pendiente de un mensaje de móvil, entra el mensaje, ilusión, bajón: mensaje publicitario. El teléfono móvil se ha convertido en tótem de la mercadotecnia, el instrumento perfecto para llegar al cliente adecuado en el instante preciso. Y el fijo también: cualquier empresa tiene derecho a llamarle a su casa si usted figura en la guía telefónica.

"No hay una legislación clara y eso favorece los atropellos de las empresas", denuncia Antonio Farriols, presidente de la Comisión de Libertades Informáticas (CLI), asociación de profesionales que lucha por la protección de datos. El sector de las telecomunicaciones es el que más trabajo generó en 2005 a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): 264 investigaciones, un 30% por fraude en la contratación de servicios. De los 264 expedientes, 80 acabaron en sanciones. ¿Cómo se puede defender un consumidor que no quiera recibir publicidad por teléfono? Éstas son algunas respuestas.

MÁS INFORMACIÓN
Telefónica pierde clientes mayoristas
- Tiene un mensaje nuevo. Una empresa no tiene derecho a enviar un mensaje publicitario a un móvil particular, a menos que haya solicitado y obtenido previamente el consentimiento expreso del destinatario. Hay una excepción: si se es cliente de esa compañía. En este caso, la empresa puede hacerlo pero debe facilitar un procedimiento sencillo y gratuito para que el cliente se dé de baja. Si no hay resultados en 10 días, se denuncia ante la AEPD, que puede imponer sanciones que van de 600 a 600.000 euros en función de la gravedad. En Movistar, sólo el 2% de los clientes ha solicitado que no se utilicen sus datos para el envío de promociones.

- Concursos, regalos, recargas. Algunas operadoras hacen regalos de saldo o recargas para conseguir engordar sus bases de datos y poder darles usos promocionales, señalan desde las agencias de consumidores. Otras empresas, a través de concursos con números cortos en la tele, consiguen datos que luego venden a otras empresas.

La Asociación Española de Servicios a Móviles (que dice agrupar el 80% del tráfico de tonos, logos, melodías) ha suscrito un código de conducta que garantiza el derecho del usuario a darse de baja mediante el envío de un mensaje que contenga la palabra "baja".

Al bajarse un tono o melodía, hay que estar pendiente del primer mensaje, que es en el que le dan al cliente la posibilidad de darse de baja, señalan desde CECU.

- Llamada a casa con la última gran oferta. Llaman, ofrecen un nuevo producto (una oferta de nueva línea ADSL, un clásico). Y, a menudo, a la hora de la siesta. En muchos de estos casos, son plataformas subcontratadas por las empresas las que llaman. La lucha por hacerse con un hueco en el mercado de las telecomunicaciones llevó a una competencia encarnizada que propició campañas muy agresivas hace dos años, cuenta Cristal Castro, abogada de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Desde la CLI, se recomienda aprovechar esa llamada para recabar información de la empresa que solicita los datos si se desea evitar futuras llamadas. Se puede enviar un escrito a la empresa pidiendo la cancelación de datos (hay un formulario tipo que se encuentra en la web de la AEPD, www.agpd.es). Si en 10 días no se cumple, denuncia (para lo cual es importante guardar una prueba del episodio).

"Picaresca y marketing están muy cerca, si hay una forma de engañar, las empresas la utilizan", reconoce José María Cabrera, veterano cuya empresa, Publipost, lleva 42 años haciendo marketing directo. "Pero hay un código para no llamar a las ocho de la mañana ni a las nueve de la noche, es muy negativo hacerlo".

- Bórreme del listín. También se puede pedir a Telefónica que le borre a uno del listín para que la empresa no pueda conseguir el teléfono fijo particular. Aquellos cuyo apellido empieza por A caerán más fácilmente en esta tentación: reciben más llamadas de este tipo.

En España, es el consumidor el que se tiene que mover para que no le envíen publicidad, y eso no se produce muy a menudo. "La sociedad española no tiene iniciativa en estas cosas, poca gente está dispuesta a hacer los trámites para darse de baja", señala Raquel García Guillén, abogada, investigadora y autora de Spam y comunicaciones no solicitadas.

- La llamada de la máquina. Es bastante habitual la llamada en que una grabación invita a conocer unos apartamentos modernos y lujosos. También precisa de un consentimiento expreso e informado del cliente: si uno la recibe en casa y no lo ha autorizado, la empresa se está saltando la legislación, señalan en la AEPD. Suelen pedir que uno llame a un teléfono, que en ocasiones incluye una sobretarificación. Si llama, sepa que el minuto de teléfono le puede salir muy caro.

- Las listas Robinson. Son listas a las que se apunta el cliente que no desea recibir publicidad. En Estados Unidos funcionan bastante bien. En España hay una, auspiciada por la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD). Funciona desde hace 10 años y hay 39.000 personas apuntadas. Está enfocada a la gente que no quiere recibir publicidad por correo, pero también se puede apuntar uno si no quiere que le llamen al teléfono fijo, según señala Iñaqui Uriarte, director de asuntos jurídicos de FECEMD. El consumidor rellena un formulario (www.fecemd.org/slr.asp) que se manda a las empresas de FECEMD, que lo filtran con sus propias bases de datos.
Leer más aquí en El País.

viernes, 16 de noviembre de 2012

EL DRAMA DE LAS HIPOTECAS ABUSIVAS » Miles de personas exigen en Bilbao el final definitivo de todos los desahucios

Ocho días después de que el suicidio de la exconcejal socialista Amaya Egaña actuase como espoleta de la indignación social, varios miles de personas se han manifiestado esta tarde en Bilbao en contra de los desahucios, de los que han exigido su paralización definitiva, y los recortes sociales y por el derecho a una vivienda digna en una marcha convocada y apoyada por numerosas organizaciones sociales y sindicales.

 La manifestación, que ha durado una hora, ha permitido, por ejemplo, ver juntos tras una pancarta a los cuatro principales sindicatos vascos, algo que no han conseguido ni siquiera las huelgas generales contra Mariano Rajoy. "Es la primera vez que ante esta crisis coincidimos todos los sindicatos ante una reivindicación", han reconocido dirigentes de LAB.

La marcha ha partido a las 17.30 del Sagrado Corazón y ha recorrido prácticamente en silencio y sin ningún incidente el centro de la capital vizcaína tras una pancarta en la que se leía "Ni desahucios ni recortes sociales" y "Etxebizitza duina gure eskubidea" ("Vivienda digna, nuestro derecho"). Había sido convocada por seis sindicatos nacionalistas encabezados por ELA y LAB, además de CGT y CNT, junto con más de medio centenar de organizaciones y colectivos sociales. A la convocatoria se habían sumado UGT y CC OO a través de la llamada Cumbre Social Vasca, plataforma de la que forman parte estas centrales y otras organizaciones, como Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales. También se adhirieron distintas formaciones políticas.

Entre los participantes se encontraban la dirigente de EH Bildu, Laura Mintegi; la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide; el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado; el dirigente de ELA Mikel Noval, y otros representantes políticos como Maribi Ugarteburu, de la izquierda abertzale, Unai Ziarreta (EA) y Oskar Matute (Alternatiba).

Tras la llegada de la marcha al Ayuntamiento bilbaíno, representantes de los colectivos organizadores han leído un comunicado en euskera y castellano. En el mismo, han recalcado que "los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, los constructores y la banca", lo que ha convertido el derecho a una vivienda en un bien especulativo. "Éste es el resultado de permitir que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que debería ser un derecho garantizado por el sector público", han destacado.

Los manifestantes critican que "los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda"

Igualmente han acusado a las instituciones de haber aplicado una política de recortes en materia de vivienda y no haber impulsado el alquiler público y la reutilización de viviendas vacías. Por ello, han exigido el reconocimento del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda. Del mismo modo, han exigido la paralización de todos los desahucios de manera definitiva. Creación de un instituto público de vivienda y dedicar dinero público a la promoción directa de pisos en alquiler social, han sido otras de las peticiones realizadas.

Etxaide ha recalcado que el Gobierno central ha demostrado su falta de voluntad a la hora poner "barras rojas" a la crisis, ya que el decreto aprobado el pasado jueves "no pone límites a los intereses del capital". La responsable de ELA ha pedido una ley que garantice el derecho a una vivienda digna a todos los ciudadanos.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Un dictamen europeo considera abusiva la ley española de desahucios. Cree que no se protege al ciudadano ante la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas

La norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz.
 Consulta toda la información sobre los desahucios.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona en julio de 2011, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Catalunya Caixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

Conflicto con la normativa europea
La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe solucionarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.En este contexto, algunos jueces bucean en la legislación para evitar desahucios mientras denuncian usura, abusos y un enriquecimiento injusto de los bancos.

En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

"No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.

Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior. Ver más en El País.
Foto del autor; floresta, alrededores de la Nava de Santiago. Badajoz.