_- Nuevo episodio en la controvertido relación entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Energía. El enfrentamiento llega, en esta ocasión, a través de las duras críticas que el organismo de competencia vierte sobre el mecanismo de interrumpìbilidad, el sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de que estén dispuestas a desconectarse de la red eléctrica en momentos de emergencia para el suministro. Las compañías acuden a las subastas y una vez pactada la retribución, la reciben tanto si se produce la petición de desconectarse de la red como si no acaba por ser necesario.
En el informe de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que analiza la propuesta de Orden del ministerio que introduce varias modificaciones en el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad, el organismo desgrana una serie de reprobaciones en las que advierte del elevado coste del sistema y el reducido uso que se ha hecho del mismo en los últimos años, propone que se justifique su existencia, destaca la complejidad de las subastas y censura que favorece a las grandes industrias.
Para echar más leña al fuego, recuerda que la Comisión Europea está investigando a España, entre otros países, por considerar que este mecanismo puede ser ayudas de Estado ilegales. Según la CE, “dichos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas”.
La CNMC, además, señala en su informe que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad propuesto por Energía, en la que reduce a cinco meses el periodo para la próxima subasta, “debería haberse abordado con la suficiente antelación”. De esta forma, la próxima subasta, prevista para mediados de diciembre, habría cubierto todo el año frente. El departamento que dirige Álvaro Nadal ha justificado esta limitación temporal para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la UE porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018 que introducirá nuevos cambios.
Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema que realiza la subasta, debería justificar mediante una metolodología de estudio que “realmente es necesario subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible”.
La subasta se suele hacer en bloques de 90 y cinco megavatios (MW), destinados a las mayores industrias y a las más pequeñas. Pues bien, la CNMC destaca que las subastas del producto de 90 MW “son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva”. La CNMC recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5MW, para permitir una mayor desagregación. La institución que preside José María Marín también subraya la complejidad del sistema de subastas. “Esto explica que su duración en ocasiones se haya prolongado durante cinco días en horario de 9.00 a 20.00 horas y el elevado coste de su organización (entre 504.000 y 660.000 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000€ y 205.000 euros”.
Finalmente, la CNMC muestra su disconformidad con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes de que la CNMC enviara su Informe, la Resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. “Así, condiciona –y por ello mismo menoscaba- la función como órgano consultivo de esta Comisión recogida, con carácter general, en el artículo 5.2 de la Ley 372013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.
Mecanismo innecesario
El origen de este mecanismo se remonta a los años ochenta y fue debido a los apagones que se producían por no existir un parque eléctrico suficiente para abastecer la demanda. En los últimos años el crecimiento de la oferta hizo innecesaria la existencia de dicho mecanismo y, de hecho, desde 2009 no ha habido ninguna necesidad de abordarlo y solo se han emitido órdenes para comprobar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, REE lo considera necesario para tener seguro el suministro en caso de incidencia.
Durante estos años, antes de cambiarse el sistema, se habían beneficiado del sistema grandes consumidores de energía como las siderúrgicas (Arcelor Mittal y Acerinox), metalúrgicas (Alcoa), químicas (Ferroatlántica, Solvay, Ercros), papeleras (Ence) o cementeras (Holcim, Cemex) que ingresaron una cantidad cercana a los 3.000 millones procedente del sistema.
Estas empresas recibían una cantidad de REE por interrumpir sus centros fabriles. Esos contratos se habían convertido en unos ingresos fijos anuales. El coste llegó a ser de 677 millones en 2013, lo que disparó las sospechas de las autoridades de Competencia comunitarias de que eran ayudas de Estado y provocó que el entonces Ministerio de Industria introdujese el mecanismo de subasta, con lo que daba entrada a la competencia con la participación de los consumidores que lo consideren necesario.
La implantación de la subasta ha cambiado el panorama: los participantes pujan por el precio que van a recibir por interrumpir su suministro o, lo que es lo mismo, dejan que la electricidad que iban a consumir se la quede la red. La puja se hace por centro productivo y no por el conjunto de la empresa. Los grandes consumidores se han encontrado con rivales en una subasta que antes no existía y que no les importa bajar el precio porque no lo tienen contabilizado en sus cuentas.
El año pasado se asignaron 2.975 MW en 10 bloques de 90 megavatios (MW) y 415 bloques de 5 MW. A esta convocatoria de subastas han acudido 138 consumidores. El precio medio de asignación ha sido de 289.125 euros/MW para los productos de 90 MW y de 127.536 euros/MW para los de 5 MW. La media ponderada de asignación se ha situado en los 176.420 euros/MW.
https://elpais.com/economia/2017/11/15/actualidad/1510766521_977016.html
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