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domingo, 2 de marzo de 2014

Nada más útil que un apagón estadístico. En el debate sobre el estado de la nación faltaron datos sobre la reforma laboral porque no existen

En el debate sobre el estado de la nación se dieron muchas cifras, pero brillaron por su ausencia algunas de las imprescindibles para saber qué está pasando en este país y cuál es el resultado real de las reformas que se han introducido. ¿Qué efectos, detallados, está suponiendo la reforma laboral? ¿Y las nuevas tasas judiciales? ¿Cómo afectan a los pensionistas los pagos sanitarios?

Lo más grave es que esos datos no se utilizaron en el debate simplemente porque muchos de ellos no existen. Porque en este país los Gobiernos siguen utilizando el apagón estadístico como una forma de impedir que se pueda valorar, de manera científica, el resultado de algunas de sus políticas, o decisiones que se toman a bombo y platillo, y que jamás pasan, después, los necesarios controles públicos de eficacia. Apagón estadístico hubo cuando, durante el Gobierno de Aznar se interrumpieron las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales respecto a economía sumergida, o cuando, bajo el de Zapatero, se suprimieron datos oficiales sobre la evolución del precio de la vivienda.

Apagón estadístico hay hoy, y muy grave, según llevan meses denunciando numerosos especialistas, sobre las consecuencias de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Samuel Bentolila y Marcel Jansen denunciaron ya en abril del año pasado en Nada es gratis, el interesante blog de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que no se estaban publicando datos sobre algunas de las novedades introducidas por la reforma laboral y que se estaba suprimiendo “la oferta de datos imprescindibles para evaluarla”. Esta misma semana, Florentino Felgueroso, desde la misma Fedea, lamenta que la Encuesta de Coyuntura Laboral desapareciera a finales de 2012, cuando cumplía 16 años, como también dejó de realizarse en 2010 la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT).

La obligación de los organismos públicos de proporcionar el máximo de datos posibles que permitan la valoración independiente de las reformas legislativas es un rasgo de identidad de las democracias avanzadas. Y es extremadamente útil, porque permite corregir a tiempo los efectos no deseados, modificar los elementos insuficientes y potenciar aquellos que más beneficios supongan para los objetivos propuestos. Las autoridades españolas parecen siempre dispuestas a cortocircuitar los datos que puedan alimentar esa crítica independiente sin comprender, o despreciando, que suelen llevar aparejadas aportaciones enriquecedoras.

En el caso de la reforma laboral es evidente que la recopilación exhaustiva de datos sobre los efectos que se vayan produciendo es un requisito imprescindible. Encuestas que no solo registren las altas y bajas, sino que acumulen información detallada sobre los nuevos contratos, comportamiento de las empresas según tamaños, organización de los trabajadores, sistemas de formación y promoción, discriminación de género… Todo lo que ayude a comprender cómo está funcionando un mercado laboral, que, con un 26% de paro, constituye, y va a seguir constituyendo durante bastantes años, el principal problema de este país.

No es un problema exclusivo del Ministerio de Trabajo, por mucho que en ese caso sea escandaloso. Lo increíble es que en España muchos de los datos que afectan a la vida de los ciudadanos son propiedad de los Gobiernos (nacional, autonómico o local) y que no hay manera de conseguir que se sistematicen y se hagan accesibles a nivel nacional (o federal, o como quieran llamarlo) tanto a esos ciudadanos como a los expertos. Lo ridículo es que en este país muchos especialistas se ven obligados a poner en pie sus propios sistemas de recogida de datos o a utilizar, de rebote, los servicios de estadística de otros países, que, naturalmente, nunca son tan potentes como los que pueden organizar las Administraciones públicas.

La única explicación es que los políticos tengan pánico a que los ciudadanos ejerzan su derecho a algo tan elemental como comparar. Comparar con datos es la manera de saber si las cosas van mejor o peor, no solo en las grandes cifras, sino en las más detalladas, que son las que reflejan, implacablemente, sus verdaderas condiciones de vida.
Fuente: El País. Soledad Gallego-Díaz

jueves, 21 de noviembre de 2013

“CRISIS Y REFORMA LABORAL” Video de ATTAC


Reforma Laboral - Hector Illueca por attactv

Vídeo elaborado por ATTACTV “CRISIS Y REFORMA LABORAL”, donde se entrevista a Héctor Illueca Ballester, Doctor en Derecho, Inspector de Trabajo y Seguridad Social y activista en pro de los derechos sociales, quien critica la Reforma Laboral porque según él tiene como objetivos fundamentales:

1. El abaratamiento del despido y
2. Una gran devaluación salarial.

Héctor Illueca se muestra optimista a pesar de la situación socioeconómica y afirma que existen alternativas, pero que para llevarlas a cabo debemos romper con el marco político y monetario actual, así como oponernos a la austeridad que está teniendo como consecuencia, por ejemplo, la reforma de las pensiones. Como miembro del Frente Cívico del País Valenciano, reivindica la necesidad de un contrapoder para que el pueblo sea capaz de imponer medidas que realmente favorezcan a sus intereses.

lunes, 13 de agosto de 2012

Los jueces ponen límites a los nuevos despidos basados en la última reforma laboral

...La reforma laboral aprobada el 10 de febrero fortaleció las posiciones empresariales en las regulaciones de empleo (despidos colectivos, suspensiones temporales de contratos y reducciones de salario y jornada). Ya no hace falta el permiso de la autoridad laboral, y el pacto con los sindicatos ha dejado de ser una condición casi imprescindible. Además, la caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos justifica el despido objetivo (20 días por año trabajado). En definitiva, se facilita y abaratan las extinciones de contrato. Y esto fue una tentación grande para firmas como Tradisa. En cambio, para la Audiencia eso es “fraude de ley”, ya que “supone una manifiesta voluntad de sustraerse del procedimiento legal para beneficiarse de uno más flexible, lo que equivale a cambiar de árbitro y de reglas de juego en pleno partido”.

 Una queja histórica del empresariado español es que los tribunales deciden abrumadoramente en su contra en las querellas sobre despidos, pese a que desde 2000 la estadística sitúa entre el 30% y el 40% de fallos en su favor. Para atender esta demanda, las dos últimas reformas laborales han acotado el papel de los jueces. El Gobierno de Zapatero introdujo el concepto de “pérdidas razonables o previstas” como causa de despido objetivo y el de Rajoy la citada caída de ingresos. Pero la tutela judicial existe aún en materia laboral y los tribunales están empezando a señalar los límites que la nueva norma marca.

Situación de todo el grupo
 La primera frontera la señalaron los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en sendos despidos colectivos. En estas comunidades, las empresas DOPEC y Talleres A, respectivamente, rescindieron decenas de contratos alegando causas económicas. Los jueces anularon la decisión de las compañías, entre otras cosas, porque forman parte de un grupo empresarial y no sirve que se tome la situación económica solo de una compañía para justificar la aplicación de un ERE. Así, se exige que se tome en consideración —y, por tanto, se documente— a todo el grupo.

En el caso de Talleres A, el tribunal ha ido más allá, al apuntar que pese a que ya no es obligatorio el acuerdo entre las partes, sí que tiene que haber una negociación con voluntad de llegar a un pacto. Lo que de ratificarse por el Tribunal Supremo acabará elevando, de hecho, las indemnizaciones mínimas fijadas en la ley. “Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación con su posibilidad como única, no negocia ni efectúa concesiones, sino que se limita a cumplir formalmente con un trámite”, señala la sentencia, que abunda que tal actitud supone una negociación de mala fe...
Leer más en El País.

miércoles, 11 de julio de 2012

Rajoy ha incumplido todas sus promesas económicas pese a que el esfuerzo en la reducción del déficit es menor a lo previsto

El mito de que bastaría que se fuese Zapatero y llegase al Gobierno el Partido Popular para que se recuperase la confianza no ha durado ni un suspiro. El hada de la confianza, usando la expresión de Krugman, no se ha aparecido en España. El Gobierno de Rajoy ha reincidido, para sorpresa general, en los errores de diagnóstico y gestión de la crisis de Zapatero y ha acabado adoptando las mismas medidas que tanto le criticó desde la oposición (como la subida del IVA y la rebaja de sueldos de los funcionarios). Su programa electoral y su discurso de investidura de hace seis meses eran, efectivamente de cuento de hadas. Tanto, que hoy ha tenido que enmendarlo en su totalidad, cuando la situación es mucho más grave.

No hay duda de que le herencia económica que dejó Zapatero es la peor que ha recibido un Gobierno en la historia reciente española, con una alta tasa de paro, un elevado déficit público, un fuerte endeudamiento externo y un sector financiero muy débil, por citar solo los problemas más graves y acuciantes. Pero Rajoy ha mezclado sin rigor herencias con falacias para justificar sus recortes y exculparse del incumplimiento sistemático del programa electoral y las promesas con que llegó al Gobierno.

Desde que Rajoy gobierna, todos los indicadores de confianza en España se han deteriorado gravemente. La prima de riesgo española no solo ha batido todos los récords, sino que era 200 puntos inferior a la italiana a comienzos de año y ahora es sustancialmente superior. Los seguros sobre impago de deuda del Tesoro se han disparado. La Bolsa española se ha convertido este año en la peor del mundo. La fuga de capitales (tras un aumento de los impuestos sobre las rentas del capital) no tiene precedentes. Los inversores, los mercados, han dado la espalda a España mientras los retrasados presupuestos se quedan viejos en una semana y el Gobierno provoca un incendio al tratar de hacer el papel de bombero del Banco de España. Rajoy dijo que no tenía intención de subir los impuestos y a la semana siguiente subió el IRPF y el IBI. Rajoy dijo que no abarataría el coste del despido y aprobó una reforma laboral que lo pone a precio de saldo, al facilitar el despido procedente con 20 días de indemnización por cada año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Rajoy dijo que no bajaría el sueldo de los funcionarios como Zapatero, pero primero aprobó un aumento de jornada que en la práctica suponía una rebaja del 6% por hora trabajada y ahora suprime la paga extra de navidad en lo que implica un recorte del 7% de la retribución en términos anuales y del 14% en lo que queda de año. Rajoy dijo que no subiría el IVA como Zapatero, y ha aplicado la mayor subida desde que existe el impuesto (de tres puntos en el tipo general, hasta el 21% y de dos en el reducido, hasta el 10%). Rajoy dijo que no recortaría las prestaciones por desempleo y hoy lo ha hecho. Rajoy dijo que no recortaría en Sanidad y Educación y ha promovido los mayores recortes en ese terreno desde que existe el Estado del Bienestar en España. Denigró la idea de una amnistía fiscal y no solo ha aprobado una, sino que cada vez da más facilidades a los defraudadores para beneficiarse de ella. Dijo que no habría copago, y ya está en vigor. En su discurso de investidura, Rajoy dijo que la restructuración financiera estaría culminada en el primer semestre de este año y al empezar el segundo, tras dos reformas fallidas en tiempo récord, el sector financiero está abierto en canal y España ha pedido el rescate a Europa para recapitalizar la banca.

Desde el principio, el Gobierno ha culpado de sus incumplimientos al Gobierno anterior. “Es mi deber liberar a España del peso de esa herencia”, ha dicho hoy Rajoy. Pero las cifras le desmienten. La desviación sobre el objetivo de 2011 de la Administración central fue mínima y debida en buena parte a que el nuevo Gobierno de Rajoy cargó hábilmente al ejercicio 2011 unos 600 millones en expropiaciones que van a pagar este año y otros 600 millones de la intervención de Unnim que se apuntaron como gasto de 2011 y como ingreso de 2012. La Seguridad Social cerró con un pequeño déficit, sobre todo por la caída de ingresos en el cuarto trimestre. Pero el grueso de la desviación de 2011 procede sobre todo de las comunidades autónomas, entre ellas las regidas por Esperanza Aguirre, Francisco Camps y otros gobernantes de su partido. “No entro en quién es el responsable o deja de serlo”, ha señalado Rajoy...

el recorte del déficit es menor que el planteado antes de las elecciones, pero buena parte de las medidas de Rajoy (IRPF, IVA, paga extra de funcionarios, amnistía fiscal…) van sobre todo destinadas a reducir el déficit de la Administración central. ¿Cuáles eran sus planes reales? La excusa de la herencia es una falacia. Quedan dos opciones: o Rajoy engañó a los votantes o no tenía ni idea de lo que le tocaba hacer. A estas alturas, uno no sabe cuál es peor de las dos.

El País.

viernes, 6 de abril de 2012

El obispo de Ciudad Real contra la reforma laboral. La vida muestra que no todos somos iguales.

El obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, ha criticado la reforma laboral. Entiende el prelado que la nueva norma aprobada por el PP rebaja "claramente" los derechos de los trabajadores y busca establecer un mercado de trabajo en el que los empleadores "hagan y deshagan a su antojo".
Monseñor Algora hace estas reflexiones en una carta titulada A vueltas con la reforma laboral, publicada en la revista Con Vosotros, un semanario de la Iglesia en Ciudad Real.
Señala que la ley de reforma laboral no solo rebaja derechos de los trabajadores, sino que además, y es "lo peor", siempre los perdedores en el concierto social son los mismos y siempre los más débiles.
Dice que nadie habla de provisionalidad en las medidas que se están tomando, luego lo que se quiere hacer es establecer un mercado de trabajo donde "los empleadores hagan y deshagan a su antojo olvidando que el empleado posible es, ante todo y sobre todo, persona", que tiene necesidades básicas familiares y sociales.
El empleado, continúa el obispo de Ciudad Real, "no es una mera fuerza de trabajo que se admite o despide unilateralmente". Además, se pregunta si "de verdad" no hay otras soluciones para crear puestos de trabajo, y añade: "Parece mentira que a día de hoy tengamos que echar mano de usos del pasado que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores".
El prelado indica que con estas medidas se van a conseguir los mismos frutos de un pretendido bienestar, "hasta es posible".
Pero precisa: "No habremos avanzado nada en que el trabajador se sienta realizado con su trabajo y le sirva para llevar una vida estable y sin sobresaltos, que haga posible la familia, la educación de los hijos, el tejido social compacto y fuerte que hace personas y países fuertes para soportar las inclemencias de las coyunturas históricas"...
...A su juicio, los jefes políticos europeos toman sus medidas por vía de urgencia sin apenas contar con los parlamentos respectivos, y los poderes financieros se están concentrando en muy pocas manos.
"No sé si es muy descabellado pensar que, en el río revuelto de la crisis, están pescando los más poderosos sin contar con la opinión de la sociedad", lamenta el obispo. Leer más en Público.

domingo, 19 de febrero de 2012

¿Nada que hacer? Esa es la impresión que tratan de dar ahora, una vez tienen el gobierno los del PP. Pero, evidentemente, ahora son ellos los responsables y deben tomar medidas.

El análisis que hace Soledad Gallego-Díaz va en esa dirección, es urgente tomar medidas contra el paro y evidentemente es el gobierno el responsable de tomarlas o de no tomarlas. Veamos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a los españoles la semana pasada que el paro, que ya alcanza a cinco millones de personas, va a seguir aumentado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió el jueves en el Parlamento que la situación económica va a empeorar. Ambos transmitían la impresión de que no está en sus manos impedir esos acontecimientos y que las medidas que están adoptando son, primero, inevitables, y segundo, destinadas a ayudar en algún momento del futuro, es decir, a medio plazo y no en el presente inmediato. Por supuesto, siempre y cuando la UE haya decidido para entonces impulsar un mayor crecimiento. Solo entonces se nos permitirá a los pobres PIG salir de la II Gran Depresión y solo entonces empezaremos a darnos cuenta de lo que se ha quedado en el camino.
Nada que hacer a corto plazo. ¿Nada que hacer aunque el paro llegue a los seis millones de personas? ¿A los seis y medio? ¿Nada que hacer aunque la mayoría de este país haya aceptado sin rechistar una bajada efectiva de sus salarios, un aumento de la edad de jubilación, y recortes en los presupuestos sociales? ¿Imposible hacer nada a corto plazo para impedir que más de la mitad de los jóvenes esté en paro? ¿Es eso todo lo que puede decirnos el Gobierno? Una cosa es que no pueda hacer milagros y pasar de cinco a cuatro millones de parados en un año y otra que su propuesta a los ciudadanos sea ver subir estoicamente un millón más.
¿Cuánto tiempo cree Rajoy que puede mantener ese mensaje? Al fin y al cabo, hasta Winston Churchill, cuando anunció a los suyos, al comienzo de la II Guerra Mundial, “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, les prometió también que lucharía en los campos y en las calles, en las colinas…
El manejo de la durísima situación económica española es cuando menos sorprendente. Cualquiera que conozca a un pequeño empresario sabe que lo que más reclama y necesita es crédito, la apertura del grifo de los bancos, cerrado desde hace ya cuatro años. Y cualquiera que maneje los datos de la economía española sabe que ese crédito no fluye, que los préstamos del Banco Central Europeo (BCE) a la banca española no están llegando a los pequeños empresarios y que el sistema sigue seco, asfixiando a pequeñas fábricas y empresas. Como contestó el muy circunspecto Mario Draghi a la pregunta de si estaba llegando el dinero del BCE a las empresas y a los particulares: “No tenemos evidencia de eso”.
Frente a ello, el Gobierno lanza casi al mismo tiempo una reforma del mercado financiero, que no parece garantizar a corto plazo esa ansiada liquidez, y una reforma laboral “agresiva”, que se ha convertido en su gran apuesta, que tendrá, ella sí, efectos inmediatos (aumentará el paro), pero cuyos beneficios no conoceremos hasta el gran día en que se revitalice la economía.
Pocos negaran la realidad: un país con cinco millones de parados necesita palmariamente cambiar muchas cosas y, entre ellas, el marco de sus relaciones laborales. La pregunta no es si hay que reformar y flexibilizar la legislación laboral, sino si esta es la mejor, la única, manera de hacerlo. Una lectura atenta del decreto ley deja claro que no se trata de una adaptación de las reglas, sino de un cambio radical en el sentido contractual, porque deja en manos del empresario, de manera unilateral, en función de sus intereses y conveniencia, la definición de las condiciones laborales.
El PP cree, y se diría que el Banco de España también, que la salida de la crisis en España pasa por la devaluación de los salarios, ya que no es posible otro tipo de devaluación. Es posible que la devaluación vía salario sea un camino obligado; pero lo que llama la atención del decreto ley no es que deje abierta esa puerta, sino que entregue la única llave al empresario y que haga casi desaparecer las reglas que, con grandes luchas y sufrimientos, han ido ordenando las relaciones laborales, como si los empleados y trabajadores fueran un elemento extraño al mundo de la empresa, algo irracional, que hay que disciplinar, y no un elemento fundamental,... leer todo aquí en El País.
Un video del diario USA "Washington Post" donde describe las causas que empeoran la crisis europea en nuestro país con ciudades "fantasmas" debido a la codicia e irracionalidad constructiva,...


Y otro video donde vemos qué se puede y se debe hacer y la pregunta es clara ¿por qué no lo hacen?

Más sobre la Reforma Laboral

A pesar de estar anunciada previamente la dureza de la reforma laboral aprobada el pasado 10 de febrero por el gobierno de Rajoy, su contenido ha sobrepasado los temores más pesimistas. Se trata de un verdadero terremoto en las relaciones laborales en el Estado español. Y eso que, como ha difundido CCOO, desde 1980, fecha en que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, se han sucedido 52 reformas laborales en España.
La fachada propagandística para vender esta reforma por parte del gobierno Rajoy es la de ayudar a crear empleo, una mentira tan grosera que, incluso, una parte del mismo gobierno reconoce abiertamente su falsedad. El objetivo real se desprende claramente del propio conjunto de medidas, dotar a la patronal española de un poder incontestable, atando de pies y manos a la clase trabajadora ante un dominio discrecional de los empresarios, y debilitando aún más a los sindicatos.
Esta reforma reaccionaria ha sido posible gracias a una conjunción de circunstancias excepcionales. Una crisis económica que ha elevado la tasa de paro a un 23% (5,5 millones de parados) provocando un efecto de shock en las clases populares. Un contexto europeo orientado en la misma dirección que el gobierno conservador español, aunque la reforma española se encuentre entre las más duras hasta el momento. Una actitud del gobierno socialista que abrió, con menos dureza, el camino de la reforma seguido ahora por el PP. Una victoria electoral de este partido en noviembre que le ha otorgado la mayoría absoluta en el Parlamento y el control de la mayoría del poder regional y local. Y una actitud a la defensiva y con retrocesos de los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, que después de la huelga general de septiembre de 2010 motivada por la reforma laboral del gobierno del PSOE, pactó 4 meses más tarde la reforma que empeoró todas las condiciones relacionadas con la jubilación.
En estas condiciones, el gobierno de Rajoy, representante natural de los intereses de la patronal, ha hecho realidad las continuas demandas exigidas en este sentido por la propia patronal, por la burguesía europea (que se expresa sobre todo a través de Merkozy) y por los mercados mundiales (la expresión popular de los grandes poderes financieros internacionales).
Más aquí.
Los gorrones contra la asistencia social

lunes, 13 de febrero de 2012

La reforma laboral facilita los ERE en la Administración

La “insuficiencia presupuestaria” durante nueve meses permitirá despidos colectivos en el sector público.
La reforma laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los “entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, según reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.
Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Además, la reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para despedir a 39 de sus 569 empleados.
Lo que no podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal... Leer todo aquí en El País.

domingo, 1 de agosto de 2010

La Reforma Laboral, una opinión y explicación detallada.

Fuente: Laboro. Asesoramiento jurídico laboralista de trabajadores en España(http://laboro-spain.blogspot.com/)
Hemos leído muchas interpretaciones sobre la reforma; muchas inexactas, algunas exageradas y casi todas ellas demostrando mucha ignorancia en derecho laboral básico por parte de su autor. Así que aquí tenéis nuestra traducción de la reforma al Roman Paladino, en el cual el pueblo suele hablar a su vecino. Como conocemos muy bien el percal no sólo os podemos informar de la "letra" de la reforma, sino también del "fondo", es decir de lo que se pretende con esta reforma realmente y quiénes y cómo van a salir beneficiados y perjudicados por ella...
Cambios en la contratación temporal...
Efectos reales de estos cambios...
DESPIDOS...
Consecuencias.
* En resumen, el despido va a ser libre y sólo va a costar 12d por año en caso de dificultades mínimas, ya que los otros 8d los va a pagar el FOGASA. Antes también era libre, pero pagando, sin ayuda del FOGASA, 45d por año...
Leer todo el artículo aquí.

viernes, 11 de junio de 2010

¿Qué se pretende con la reforma laboral?

Hay un consenso total entre los poderes financieros, la gran patronal y los economistas y políticos liberales que se transmite constantemente a los medios de comunicación sobre la necesidad de realizar una reforma del mercado laboral.
…estas palabras de John Kenneth Galbraith, las que, en su obra aparecida en 1975 titulada El dinero, evocaba « (…) la capacidad de los ricos y de sus acólitos para ver la virtud social en lo que sirve a sus intereses y sus preferencias, y a presentar como ridículo o absurdo todo lo que no va en ese sentido»
[“... ces mots de John Kenneth Galbraith, lequel, dans son ouvrage paru en 1975 intitulé L’argent, évoquait « (…) la capacité des riches et de leurs acolytes à voir la vertu sociale dans ce qui sert leur intérêt et leur préférence, et à présenter comme ridicule ou absurde tout ce qui ne va pas dans ce sens »]
También lo hay sobre los contenidos que debería tener esa reforma. Básicamente, el abaratamiento del despido, la descentralización de la negociación colectiva, la flexibilización de los modos de contratación y ahora con menos énfasis, la disminución de costes laborales como los asociados a las cotizaciones sociales.
Sin embargo, es verdaderamente sorprendente que no haya coincidencia sobre los objetivos que pretende la reforma. Es como si un grupos de médicos se pusiera de acuerdo sobre la medicina que debería tomar un paciente pero cada uno de ellos dijera que así se iba a resolver una enfermedad distinta. ¿No nos haría eso sospechar de sus conocimientos o de sus intenciones?
La mayoría de quienes defienden la reforma suelen coincidir en que es imprescindible llevarla a cabo para hacer frente a la crisis y al desempleo tan preocupante que se produce en nuestra economía. Pero el acuerdo no va más allá.
Los economistas del Grupo de los 100 que forman parte de la autocalificada "elite" de la profesión, como hicieron el pasado miércoles en el informativo del programa 24 Horas de TVE Bentolila y Santos, afirman que dichas propuestas se realizan para crear empleo, tal y como ha afirmado también el propio presidente de gobierno. Pero hasta dirigentes de la patronal, personalidades tan expertas como Felipe González y otros economistas liberales más sinceros y rigurosos reconocen, por el contrario, que las refomas de este tipo no lo crean y que, si acaso, permitirán que el que se cree sea mejor cuando se empiece a generar.
Me parece que esas contradicciones no son fruto de la casualidad.
Lo que ocurre sencillamente es que las propuestas que se están haciendo de reforma laboral se basan en una serie de falsedades que de tanto oír se dan por buenas y en un abanico de prejuicios ideológicos que se difunden sin cesar para disimular lo que de verdad se busca con la reforma laboral.
La primera falsedad es que la reforma laboral sea necesaria para hacer frente a la crisis y más concretamente para acabar con el paro que ésta ha provocado. Es falso porque el desempleo que hoy día se registra en nuestra economía no es el resultado de la legislación laboral, de los costes de despido imperantes (cuando se han perdido casi dos millones de puestos de trabajo sin mayores dificultades por parte de las empresas) o de las rigideces de la negociación colectiva. Es bastante evidente que se han perdido tantos puestos de trabajo como consecuencia de la crisis financiera que ha provocado la irresponsable actuación de la banca y que ha dejado sin financiación a miles de empresas, del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la desconfianza empresarial que todo ello ha originado y, quizá como fenómeno añadido, de un incremento anómalo (aunque no por ello indeseable) de la población activa arrastrado por el propio crecimiento del empleo de años anteriores.
Por tanto, para hacer frente a la crisis lo necesario no es la reforma laboral, como se viene diciendo, sino dar soluciones a estos problemas que la originaron en última instancia y de los que apenas se habla, y mucho menos cuando de la banca y del aseguramiento de la financiación se trata.
Otra falsedad es la que deriva de afirmar que se podrá garantizar ahora o más tarde mayor volumen de empleo o de mejor calidad simplemente actuando sobre el mercado de trabajo. Se trata de una tesis liberal que la evidencia empírica ha demostrado en innumerables ocasiones que es falsa, o cuanto menos insuficiente, porque la creación de empleo no depende simplemente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo sino de lo que pase en el mercado de bienes.
Lo que puede ofrecer una reforma como esta es lo mismo que produjeron las anteriores, en España y en todos los países en las que se han llevado a cabo: mano de obra más barata y más dócil, puestos de trabajo más precarios y mejores facilidades para obtener beneficios a costa de producir menos y peor, pero nunca un incremento en el nivel de empleo por sí misma. Lo que crea empleo general es la demanda global del conjunto de la economía y no la demanda de trabajo de cada empresa: por muy barato que sea el despido, o por muy buenas condiciones de negociación que tenga un empresario, o por muy atractivo que sea el modelo de contratación, los empresarios no contratarán empleo si no tienen expectativas de obtener beneficios y eso dependerá principalmente de su volumen de ventas, de las condiciones imperantes en el mercado y de su estructura general de costes que generalmente tiene más que ver con factores relativos al entorno general de la empresa que con el montante particular de sus costes laborales.
Es una falsedad también decir que se puede combatir la dualidad en el mercado de trabajo (un problema que efectivamente habría que resolver en nuestro mercado laboral) incorporando nuevas formas de contrato y concretamente un tipo único.
Es una falsedad porque se soslayan las razones que han dado lugar a esa dualidad y que fundamentalmente tienen que ver con el modelo productivo y de creación de actividad que han impuesto las grandes empresas con gran poder de mercado a las demás, y no con los modelos de contrato: la externalización abusiva, la subcontratación generalizada, el deterioro del empleos generado por las administraciones públicas como consecuencia de la escasez de gasto público para financiar la creación del capital social, la conversión en autónoma de buena parte de la población trabajadora asalariada…
También es falso y no cuenta con evidencia empírica que pueda justificarlo afirmar que se va a crear más empleo o de mejor calidad abaratando el despido o flexibilizando la contratación. Es justamente lo contrario lo que ha ocurrido después de las reformas anteriores (algo que los liberales reconocen pero que justifican diciendo que no fueron tan lejos como debieran). Lo que ha venido después de todas ellas ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de los contratos (hasta 13 millones en el pasado año) y nunca aumentos en la calidad del empleo o incluso de su volumen con independencia de las condiciones generales de la economía.
Y tampoco es exactamente cierto decir que el mercado laboral español es rígido, o más que otros países de la Unión Europea, cuando hemos podido comprobar que las empresas han podido realizar ajustes de todo tipo y recurrir a prácticamente cualquier tipo de contrato en estos años y a despedir sin problema a la mano de obra que no podían asumir cuando la crisis bancaria ha destrozado la actividad económica. Como tampoco lo es que los salarios españoles sean excesivamente altos y limiten nuestra competitividad.
El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de un tipo de actividad de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del tipo de redes interempresas que han impuesto las grandes, en la escasez de capital social que pueda dinamizar la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Y el problema radica, sobre todo, en que los grandes capitales obtienen tantos beneficios en las épocas de crecimiento intensivo a base de este modelo que les compensa soportar las fases recesivas sin modificarlo porque no es sobre ellos sobre quien recaen sus costes e inconvenientes. Sobre todo cuando ocurre como ahora, que esas grandes empresas o los bancos que han acumulado cientos de miles de millones de beneficios en los últimos años gracias a este modo de actuar no tienen dificultades para imponer nuevas medidas que permitan reforzarlo para volver a las andadas.
En resumen, la reforma laboral que la gran patronal y la banca están reclamando al gobierno no responde a las causas que han provocado la crisis y el desempleo, no va a lograr crear más puestos de trabajo, no acabará con la dualidad entre empleos indefinidos y temporales, no elevará la productividad ni mejorará la competitividad de nuestras empresas, salvo las de aquellas que solo la buscan abaratando la mano de obra.
Su función no responde a las mentiras que nos cuentan. Como escribía Joaquín Estefanía recientemente es "la de señal o emblema de que en España se practica una política económica ortodoxa de gran austeridad" (El País, 6-6-2010). Y desde hace mucho tiempo sabemos que lo único que busca esa política no es otra cosa que crear mejores condiciones para que los poderosos ganen más dinero todavía. (SISTEMA DIGITAL el 10 de junio de 2010) (Juan Torres López)
Hay también quien considera Esta reforma laboral inconstitucional (D. López Garrido y Ricardo Peralta, en El País)