La reforma laboral facilita los ERE en la Administración

La “insuficiencia presupuestaria” durante nueve meses permitirá despidos colectivos en el sector público.
La reforma laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los “entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, según reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.
Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Además, la reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para despedir a 39 de sus 569 empleados.
Lo que no podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal... Leer todo aquí en El País.