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martes, 29 de agosto de 2017

_- La guerra contra la educación pública en USA y tan parecida a España.

_- En este país de guerras hay una que sí –más allá de la retórica oficial– determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa nacional en torno a la educación pública.

La ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector financiero, los grandes medios y sus ideólogos, quienes afirman que el problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición (?) son (únicamente) los maestros de baja calidad (que han seleccionado y formado el sistema) y sus sindicatos que defienden el statu quo.

La solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos privados, es someter el sistema de educación a un modelo empresarial guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en función de exámenes estandarizados (aplicados al alumnado) y se mide todo por esquemas de datos (independiente del contexto social, económico y cultural de ese alumnado) bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca aplicar el libre mercado al sector educativo, con esfuerzos para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado en la enseñanza pública.

En esta guerra, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos, que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a factores socioeconómicos por sus deficiencias.

Tal vez la expresión mejor conocida de este argumento fue la película documental Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes, casi como burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio con el solo interés de proteger a sus afiliados. Según la película, la única y mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben fondos públicos, pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones, entre ellas, la obligación de contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con fines de lucro (hay más de 4 mil escuelas chárters en 40 estados del país, y ahora suman 5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos las acusan de ser la punta de lanza de la privatización.

Ineficiencia y mediocridad
El argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación pública se ha nutrido con informes de instituciones y personalidades muy destacadas, desde la secretaria de educación, Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir en que los estudiantes estadounidenses no pueden competir con los coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma de que el pobre desempeño educacional estadounidense en el contexto global representaba una grave amenaza a la seguridad nacional.

El noventa por ciento de los alumnos estadounidenses están en centros públicos, alrededor de 50 millones actualmente. El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones dólares al año. Como afirma David Denby en The New Yorker, el debate sobre el futuro de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de excelencia.

Por lo menos desde hace una década –algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años– este movimiento reformista ha sido financiado en gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think tanks, agrupaciones de ideólogos, centros de expertos, medios y periodistas, y en el apoyo a ideas para autoridades locales, estatales y federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.

Ellos ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las políticas en el sector en este país, y tienen entre sus filas a los jefes de educación de casi todas las principales ciudades del país, hasta el propio secretario de educación, Arne Duncan, y su jefe, Barack Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).

Privatización o escuelas chárter
Junto con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un sector de nula experiencia y, anteriormente, ningún interés en la enseñanza pública: el financiero, que ahora también financia escuelas chárter, promueve reformas para establecer el modelo empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al apoyo a iniciativas favorecidas por los reformadores.

Desde 2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado sobre el panorama de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó la ley No child left behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se establece el uso de los resultados de exámenes estandarizados estatales a estudiantes para medir el desempeño de maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido de docentes y hasta la clausura de los centros y despido de planteles. Por tanto, con cada año se obliga a que los maestros y administradores dediquen cada vez más tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan, cada vez más, su futuro.

Al llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve una competencia entre estados para ampliar el uso de estos exámenes, la elaboración de más medidas y programas para la evaluación estadística de estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación de más escuelas chárter a cambio de fondos federales.

NCLB y RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base en estas reformas, los maestros por fin serán evaluados con objetividad, y con ello hay un proceso de rendición de cuentas en el sistema.

Mero negocio: antirreformistas
El problema, según los críticos de estas reformas, es que ni el diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las reformas tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios, investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de Ciencias.

Por otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York, Houston, Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y manipulado los resultados de los exámenes que tanto señalan como pruebas del éxito de sus reformas.

La educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la privatización, por gente que hace promesas falsas, declaró Diane Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace una década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex secretaria asistente de educación en la presidencia de Bush padre, autora de 10 libros sobre políticas e historia de la educación, entre otros logros destacados, quien ahora es tal vez la voz nacional más eminente en contra de los reformistas.

En un discurso el año pasado, agregó que los profesionales educativos (maestros y profesorado de secundaria) están bajo ataque de aquellos que culpan (y responsabilizan) a los maestros por condiciones más allá de su control. Desean quitarles su profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes. También advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo, silencian sus voces.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/03/politica/002n1pol?partner=rss

martes, 6 de septiembre de 2016

La resaca del ladrillo, ocho años después. Los bancos acumulan créditos de dudoso cobro y más de 500.000 viviendas nuevas continúan sin venderse.

¿Ha digerido la banca el festín urbanístico? Pese a experimentar una “mejora”, según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España (primer semestre de 2016), el índice de morosidad en los créditos concedidos al sector de la construcción y las actividades inmobiliarias alcanzó el 28,3% en diciembre de 2015. En el resto de empresas -excluidas los bancos y las dedicadas al negocio del ladrillo- el porcentaje de morosidad es muy inferior (12,1%). Para chequear el estado de salud de la banca, una de las pistas que puede seguirse es la de los activos adjudicados o recibidos por las entidades financieras en concepto de pago de deudas. Valorados en 84.000 millones de euros (diciembre de 2015), en el 37,6% de los casos corresponden a suelo; en el 25% a edificios terminados; en el 22,3%, a adquisiciones de vivienda y en el 5%, a edificios en construcción.

El documento del Banco de España suma asimismo el total de los activos “dudosos” en el balance de los bancos y los adjudicados a estos en pago de deudas: 213.000 millones de euros al cierre de 2015. La autoridad bancaria los califica como “activos improductivos” que no generan ingresos en la cuenta de resultados y además hay que financiar. ¿Cuál es su relevancia? “Representan un porcentaje significativo del activo total de los bancos en su negocio en España, reducen la generación de beneficios y son una rémora para el aumento de la solvencia de las entidades”, explica el Informe de Estabilidad Financiera. El organismo supervisor recuerda además que un 48,7% de los créditos refinanciados y reestructurados por las entidades se hallaban en situación de “dudoso” al terminar 2015.

A partir de los datos facilitados por las entidades financieras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el diario El País ha informado del peso de los créditos de “dudoso” cobro en el balance de los seis principales bancos. Lidera la ratio en el primer semestre de 2016 el BBVA, con un 65,2% de préstamos “dudosos” sobre el total de créditos destinados a la construcción y promoción inmobiliaria. La segunda posición la ocupa el Santander (64,9%), seguido de Bankia (63,5%), que transfirió la mayoría de créditos e inmuebles a la SAREB en los años 2012 y 2013; En el caso del Banco Popular, el porcentaje se situaba en el 59,6% en junio de 2016. Caixabank (39,4%) y Sabadell (34,8%) completan el listado. En valores absolutos, la entidad con más activos de dudosos cobro vinculados al ladrillo es el Banco Popular (8.971 millones de euros), seguido del BBVA (5.599 millones), Banco Santander (4.128 millones), Caixabank (3.541 millones), Banco Sabadell (2.989 millones) y Bankia (617 millones).

Si el balance de los grandes bancos acusa notablemente la resaca, un recorrido por el territorio español permite constatar los efectos de la “burbuja” en el sector inmobiliario. El “Informe sobre el stock de vivienda nueva” del Ministerio de Fomento calcula que 513.848 viviendas nuevas permanecían sin vender a finales de 2015. Sin embargo, la punta más elevada en la estadística se produjo un año después del inicio de la crisis, en 2009, con 649.780 viviendas nuevas en stock. A finales de 2015 las autonomías que encabezaron la ratio fueron el País Valenciano (95.110 casas nuevas en stock), Cataluña (80.372) y Andalucía (79.042): entre las tres suman el 49,53% del total estatal. Por provincias, las que presentan un porcentaje superior sobre el acumulado estatal son Alicante (8,42%), Barcelona (8,34%), Madrid (8,2%) y Castellón (5,18%). Otro dato de interés es el porcentaje de viviendas nuevas sin vender sobre el parque total, que en España se sitúa en el 2%. Si se toma como referencia su parque, las tres autonomías con mayor acumulado son La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia.

Ocho años después de que reventara la “burbuja”, los precios de la vivienda en España experimentan actualmente una “recuperación”, según los especialistas. En el blog “Mercado y política de vivienda”, el vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de “Economistas frente a la crisis”, Julio Rodríguez López, explica regularmente las tendencias del sector inmobiliario. En un artículo publicado el 17 de julio, Rodríguez López constata que en el primer trimestre de 2016 los precios de la vivienda en España se incrementaron en un 6,3% respecto al año anterior, más del doble que el aumento de los países de la Eurozona (3%). En los tres primeros meses de 2014 los precios de la vivienda en el estado español alcanzaron el mínimo. A partir de ese punto de inflexión, el crecimiento acumulado en los dos años posteriores (hasta el primer trimestre de 2016) fue del 8%. Sobre el despegue de la construcción, el expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada destaca que las viviendas iniciadas crecieron en más del 40% interanual en 2015, y en los cuatro primeros meses de 2016 respecto al año anterior. “En 2016 las viviendas iniciadas se aproximarán a las 80.000, y la construcción residencial, medida por la Contabilidad Nacional, aumentará por encima del 5%; esta evolución compensará el débil comportamiento de la construcción no residencial”, detalla Julio Rodríguez.

En unos pocos trazos, el miembro de “Economistas frente a la crisis” radiografía el actual estado de cosas: “Se venden bastantes más viviendas de las que se financian, los adquirientes inversores tienen un peso destacado, los nuevos empleos apenas permiten alquilar, la oferta de vivienda para el alquiler es poco variada, los bancos siguen teniendo importantes volúmenes de inmuebles no precisamente provisionados al 100%; el comportamiento del mercado de vivienda en Madrid, Cataluña y el arco Mediterráneo tiene poco que ver con el resto del territorio nacional y la política de vivienda está ausente”. Con los datos de los precios al alza –de compraventa y alquiler-, la expansión constructora, el Euribor en valores negativos entre febrero y mayo de 2016 y los raquíticos intereses que abona la banca por los depósitos, Julio Rodríguez se preguntaba el 25 de junio en su blog si está cebándose una nueva “burbuja”. “De momento, no”, responde, pero sí retornan muchos de los tópicos que alimentan el mecanismo. Hay quien menciona, por ejemplo, las nuevas viviendas supuestamente necesarias (100.000 nuevas al año, según los promotores) o subraya el agotamiento del acumulado de viviendas nuevas en Madrid, pero sin hacer referencia a la oferta de segunda mano.

En noviembre de 2008, en los albores de la recesión, el Seminari d’Economia Crítica Taifa publicó un informe (“Auge y crisis de la vivienda en España” http://informes.seminaritaifa.org/informe-05/) que permite recordar en el largo plazo las dinámicas especulativas. Entre 1990 y 1995 se construyeron en el estado español cerca de 1,2 millones de viviendas; en el siguiente quinquenio (1996-2000), la cifra aumentó hasta más de 1,6 millones de nuevas viviendas. Pero la apoteosis llegó en el periodo 2001-2007, cuando vieron la luz 3,9 millones de viviendas de nueva construcción, de las que sólo el 9,6% fueron de protección oficial. Tampoco la “burbuja” favoreció el alquiler de casas, que según el documento del colectivo Taifa, pasó de representar el 40% en 1960, al 15% en 2001 y –ya en el final del “boom”- el 10% en 2007.

El paroxismo también alcanzó a los precios. Según las entidades de tasación, el precio medio nominal de un piso en 1997 se situaba en los 103.600 euros, pero se disparó hasta los 290.500 euros en 2007. Así, el incremento en una década fue del 277,2%. La década dorada propulsó todos los indicadores de la economía. De las 1,2 millones de personas ocupadas en la construcción (1996), se pasó a 2,5 millones una década después, con rasgos muy marcados como la temporalidad y la siniestralidad. No menos relevante era la industria del ladrillo en el PIB, pues representaba el 11,5% en 1997 y un 17,9% en 2007. Todo ello se reflejaba en los balances: las grandes empresas del sector inmobiliario obtuvieron, entre 2001 y 2005, tasas medias de beneficio que oscilaban entre el 15% y el 20%. No fueron menores los beneficios de los bancos y cajas, remata el informe del colectivo Taifa.

lunes, 7 de marzo de 2016

“A mi hijo lo ha matado la incultura científica”. Se reabre el caso de un joven que murió tras abandonar la quimioterapia por culpa de un curandero, según denuncia su padre

"Papá, me he equivocado". Una frase tan simple estremece cuando es Julián Rodríguez quien la pronuncia. Repite lo que le dijo Mario, su hijo de 21 años, poco antes de morir. Su error: abandonar el tratamiento médico de su leucemia para abrazar una pseudoterapia recomendada por un curandero que asegura ser capaz de curar el cáncer con vitaminas. El calvario de Mario duró seis terribles meses hasta que falleció en julio de 2014. Su padre aprieta con rabia los dientes al repetir: "Papá, me he equivocado".

"O te tiras por la ventana o peleas". Es tan duro lo que ha sufrido Julián que decidió luchar para que nadie más vuelva a pasar por lo que él ha pasado. Dos semanas después de que muriera Mario ya había declarado la guerra contra los curanderos que se aprovechan de las tragedias de la gente y su falta de conocimientos médicos: "Es tan doloroso saber que tuvo una oportunidad tan clara de salvarse... A mi hijo lo ha matado la incultura científica".

Su primera batalla es denunciar al curandero que apartó a Mario del tratamiento que podría haberle sanado. La Audiencia Provincial de Valencia le acaba de dar la razón y exige al juez —que inicialmente desestimó la denuncia— que reabra el caso para procesar al falso médico "como mínimo, por un delito de intrusismo". Las magistradas consideran que este pseudoterapeuta, que se presenta como experto en "medicina natural y ortomolecular", debe responder por fingir que es capaz de curar el cáncer con sus recomendaciones.

Según el médico que trataba a Mario —el de verdad—, no sólo le convenció para que se negara a un trasplante y a darse la quimio, sino que le prescribió un tratamiento que interfería en su recuperación con elementos contraproducentes, como hongos y alcohol. En su martirio, a Mario hubo que intervenirle en el intestino por una infección.

Pero Julián tiene muchas más batallas por delante: quiere ayudar a la gente —"no podemos saber de todo"— a evitar el error de su hijo: "Es necesario ofrecer información para contrarrestar los mensajes de estos estafadores". Para encauzar esa labor, ha creado la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), desde la que pelea con ayuda de divulgadores, activistas y especialistas contra la difusión de mensajes contrarios a la ciencia médica que, como se ha visto, puede costar la salud y hasta la vida. Sus primeros objetivos: evitar que los charlatanes vendan sus servicios en espacios públicos o con el aval de instituciones académicas y ofrecer información contrastada sobre la verdad de las pseudoterapias.

El trabajo que tienen por delante es monumental. Para empezar, porque los charlatanes cuentan con importantes plataformas de difusión en la red y medios como Discoverysalud, que promociona sin tapujos estas pseudoterapias y que aparece mencionado en el escrito de la Audiencia, porque esta web promocionó el falso tratamiento contra el cáncer del curandero. Además, se presentaba como médico aunque no tenga el título: la Generalitat de Valencia retiró el cartel de su consulta después de la denuncia de Rodríguez.

Además, va a ser complicado romper la espiral de engaño y confusión porque en muchos casos el caballo de Troya está en casa. En el caso de Mario, fue su madre quien le llevó a la consulta del falso médico: el 7 de enero diagnosticaron su leucemia y el 9 de enero "ya tenía un saco de píldoras". Julián Rodríguez calcula que su hijo tomaba "religiosamente" unas 25 pastillas al día por encargo del denunciado. La madre del joven fallecido colocó un panel en casa con las pautas indicadas para seguir este inútil tratamiento, que les costó unos 4.000 euros, calcula el padre. Siempre en negro, sin facturas, a una familia sin apenas recursos que se veía obligada a convivir bajo el mismo techo incluso después de que padre y madre se hubieran separado.

Alrededor del 13% de los españoles, según un estudio del CIS, prefiere las medicinas alternativas, aquellas que están fuera del sistema sanitario por no haber probado su utilidad. Pero si no se combate su discurso, los crédulos y engañados podrían crecer. Era el caso de la madre de Mario, que sumó sus creencias al pavor que su hijo sentía por los efectos de la quimioterapia. El joven, sin embargo, no era para nada ajeno al método científico, ya que estudiaba Física en la universidad. "Mucha gente me pregunta cómo un estudiante de Física pudo tomar esa decisión", asegura su padre, "y yo les respondo: estudiante de Física y enfermo de cáncer. Nunca sabes cómo te va a afectar al coco algo así".

Hoy Julián reconoce, conteniendo las lágrimas, que se arrepiente de no haber peleado más contra la decisión de su hijo, aunque ya era mayor de edad, mientras modula la voz para enumerar situaciones sobrecogedoras que vivió junto a él en la habitación del hospital por culpa del curandero. Se exalta al relatar que los centros de pseudoterapias proliferan de forma imparable ante la "pasividad de las autoridades sanitarias", que "no protegen a la gente" en momentos tan delicados como los que tuvo que vivir. Y agarra con fuerza una foto de Mario mientras repite las palabras con las que le respondió aquel día, cuando ya sabía que iba a perderlo: "No te has equivocado, hijo, te han mareado".

"SI SE EQUIVOCÓ, SE EQUIVOCÓ ÉL"
El terapeuta acusado, José Ramón Llorente, se presenta como experto en "medicina natural y ortomolecular", que fue el cartel que le retiró la Consellería de Sanitat tras confirmar que no tiene titulación en Medicina. Además, es presidente de la Asociación Española de Nutrición Ortomolecular. La llamada terapia ortomolecular, que se basa en el uso de altas cantidades de vitaminas, es considerada una pseudomedicina por no existir evidencia científica de que funcione. Llorente asegura que el joven abandonó el tratamiento por miedo a la quimioterapia y que tomó la decisión antes de acudir a su consulta: "Si se equivocó, se equivocó él". Defiende que solo le prescribió un tratamiento para mejorar sus condiciones bioquímicas: "No curo enfermedades, capacitamos al organismo para potenciar su recuperación. Y si se cura del cáncer, perfecto". Sin embargo, se pueden encontrar vídeos en los que defiende que la vitamina C cura el cáncer y que la quimioterapia entorpece ese supuesto proceso. Llorente se defiende afirmando que se limitaba a divulgar esa idea y que, aunque se muestra convencido de que funciona, él no le propone ese tratamiento a la gente que acude a su oficina.

http://elpais.com/elpais/2016/02/24/ciencia/1456341289_969832.html

lunes, 18 de enero de 2016

Portugal: La trama de la venta de Banif al Santander se complica

Tras su análisis detallado de las cuentas disponibles de Banif, Ricardo Cabral dedujo las conclusiones siguientes:

"1. Si las cuentas de Banif estaban tan 'limpitas y claritas', como defiende el ex presidente del banco, a continuación, después del rescate, utilizando estimaciones conservadoras, el capital propio del antiguo Banif aumento en 3,6 millones de euros y los ratios de capital CET1 en aproximadamente el 40%, es decir, 5 veces los coeficientes mínimos legalmente obligatorios - algo similar ocurre, a pesar de que existen deterioros adicionales significativos, en el balance general.

2. La información que se hizo pública es, pues, insuficiente porque oculta las razones y las formas de la intervención y sus consecuencias;

3. El Santander compra un banco supercapitalizado pagando mucho menos que el valor contable del banco - la intervención parece haber sido diseñada para recapitalizar al Santander con algunos miles de millones de euros;

4. Es extraño que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, después de un análisis que duró menos de un día, afirme que no hubo ayudas estatales al Santander y, después de todo, que la ayuda estatal Banif, de 1.100 millones de euros, concedido en enero de 2013, era legal, tres días después de declarar que tenía dudas de que esa ayuda hubiera sido legal".

Estas conclusiones son importantísimas y llamo la atención del lector sobre lo que significan.
Demuestran que la operación impuesta por la Comisión Europea, con la intervención del Banco de Portugal y la aprobación del gobierno, tenía un objetivo claro: beneficiar al Santander. Se sabe sin embargo que las autoridades europeas pusieron pegas a todos los demás competidores en la venta de Banif y que la propuesta del Santander era inferior a las otras. El Santander ganó todo lo que quería de la manera más fácil.

Y se hizo con un banco con una ratio de capital que se acerca al 40%, comprando a un precio inferior a su valor contable. Como si en la lotería de Navidad se emitiese un solo número y se vendiese al cliente preferido, así que estaba seguro de ganar.

Lo que tiene cuatro consecuencias políticas.
La primera es que hace más sorprendente las prisas de muchos candidatos presidenciales para apoyar esta decisión, con las razones más extrañas (no había otra opción, hay que darle el beneficio de la duda, creo en el gobierno, acepto la elección del Banco de Portugal, ya provengan de Marcelo Rebelo de Sousa, de Sampaio da Nóvoa, de Maria de Belém o de Edgar Silva).

La segunda es que el gobierno, si no lo sabía, ahora tiene la oportunidad de corregir y revertir su decisión, o de imponer nuevas condiciones al Santander.

La tercera es que el Banco de Portugal, una vez más, ha quedado expuesto en un negocio de dimensiones preocupantes. El gobernador había aceptado la sugerencia del ministro de finanzas del gobierno anterior de evitar cualquier intervención antes de las elecciones, lo que constituye un incumplimiento grave de sus funciones, y ahora ha cerrado el proceso con una intervención equivocada y perjudicial.

La cuarta es que la Comisión Europea es lo que es.
Los cuatro conclusiones políticas merecen ser discutidas con todas sus implicaciones.

Francisco Louça catedrático de economía de la Universidad de Lisboa, ex parlamentario y miembro del Bloco de Esquerda.
Fuente: http://blogues.publico.pt/tudomenoseconomia/2016/01/06/a-trama-do-banif-adensa-se/
Traducción: G. Buster
Portugal: La trama de la venta de Banif al Santander se complica, en Sin Permiso.

martes, 25 de agosto de 2015

Pensiones amenazadas. Rajoy mantiene su previsión y como los ludópatas en el casino ha doblado la apuesta anticipando unos ingresos en 2016 de 117.000 millones de euros

El Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 ha inflado sistemáticamente los ingresos en los presupuestos. Esa ha sido una de las causas principales para incumplir los objetivos de déficit todos los años de la legislatura y de que la deuda pública supere la psicológica cifra del billón de euros. Pero lo de 2016 no tiene precedentes en la historia de la democracia. Hasta Syriza hace presupuestos más creíbles que Rajoy.

El agujero más preocupante está en la Seguridad Social, fuente de la que se nutre el pago de pensiones del que dependen nueve millones de españoles. Para 2015 el Gobierno presupuestó un crecimiento del 7% de las cotizaciones sociales que supondrían una recaudación de 110.000 millones. Entre enero y julio los ingresos han crecido un anémico 0,8% y cerrarán el año con una recaudación próxima a los 100.000 millones de euros.

Lo que mandan los manuales y el principio de prudencia de un país desarrollado como nuestra querida España es que al realizar el presupuesto de 2016 se corrigiera la desviación y se fuera al Parlamento a explicar a los ciudadanos las causas del error y las medidas para corregirlo. Pero Rajoy mantiene su previsión y como los ludópatas en el casino ha doblado la apuesta anticipando unos ingresos en 2016 de 117.000 millones de euros.

Cuando Rajoy llegó a la Moncloa se encontró 70.000 millones en la hucha de las pensiones. Cuando abone la paga extra de diciembre cerrará 2015 por debajo de 40.000 millones. El déficit de la Seguridad Social supera los 30.000 millones y a la hucha le queda un año. ¿Y después?

Fraga nunca apoyó el desarrollo del sistema de pensiones público. Aznar sigue obsesionado desde FAES con cargárselo y sustituirlo por un sistema de capitalización que acabaría con la solidaridad y dejaría en la pobreza severa a cinco millones de pensionistas, aunque nunca se atrevió a cambiarlo. Pero ha sido Rajoy el que conseguirá lo que sus antecesores no lograron con la misma táctica que Reagan y los neocon. Las ha congelado desde 2012, ha permitido un déficit crónico y, si vuelve a gobernar, dirá que no hay otra alternativa que reformarlo y recortar nominalmente las pensiones.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/08/05/actualidad/1438799312_290976.html

La hucha de las pensiones sólo da ya para tres meses

Rajoy le ha dado un hachazo de más de 41.000 millones de euros en lo que va de legislatura y para 2016 prevé otros 6.000. La mala calidad del empleo y el descenso de los salarios impiden que la Seguridad Social equilibre su presupuesto.

La creación de empleo de la que alardea el Gobierno no está contribuyendo a equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, que desde 2012 cierra con déficit año tras año. Las cotizaciones de trabajadores y empresarios son suficientes para cubrir el coste mensual de las pensiones, pero no las pagas extraordinarias de julio y diciembre, ni las retenciones a cuenta del IRPF que hay que ingresar en Hacienda.

De ahí que Mariano Rajoy venga recurriendo de forma sistemática al Fondo de Reserva, constituido en 2000 con el fin de tener un colchón cuando se empiece a jubilar la cuantiosa generación del baby boom a mediados de la próxima década.

Ese uso de la conocida popularmente como hucha de las pensiones tiene poca relación con su concepción original, lo que no ha impedido que el Gobierno le haya dado un hachazo de más de 41.000 millones de euros durante la legislatura. Como consecuencia de ello, el fondo dispone ahora de 39.520 millones, muy por debajo de la cifra con la que contaba al cierre de 2011.

Los Presupuestos Generales del Estado prevén para el año que viene un nuevo mordisco, esta vez algo más moderado: unos 6.283 millones, aunque todo depende de que lo que suban las aportaciones por cuotas, muy perjudicadas por la baja calidad del empleo y por la caída de los salarios.

De tres trimestres a uno
La hucha de la pensiones podría acumular ya más de 100.000 millones de euros si el Gobierno hubiera continuado nutriéndola en vez de drenarla para compensar los déficit de los últimos años, que son fruto en buena medida de la brutal destrucción de empleo derivada de la crisis y de las políticas que han contribuido a facilitarla. Esos 100.000 millones darían, en números redondos, para pagar cubrir tres trimestres, mientras que el dinero que queda actualmente en el fondo llegaría a duras penas para sufragar uno. Algunos expertos, además, advierten de que o se acaba con el deterioro del mercado laboral o el fondo corre serio peligro de agotarse antes de 2020, en vísperas del fuerte aumento de beneficiarios por el que fue creado.

De todas formas, la hucha de las pensiones no ha sido utilizada sólo para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, sino también para financiar al Estado en la época en que más reacios eran a hacerlo nuestros habituales prestamistas, a pesar incluso de la existencia de una elevada prima de riesgo. La política de inversiones del fondo, no obstante, es en general muy conservadora, lo que le ha permitido capear con éxito el temporal de la crisis y obtener rentabilidades superiores a otros operadores.

Desde 2001, en que se le dotó con los primeros 600 millones de euros, ha ganado unos 24.000 millones comprando y vendiendo activos. El fondo tiene vetado actuar en el mercado de renta variable, por razones de seguridad y porque su potencia podría ser muy perturbadora para la Bolsa española.

Según datos oficiales correspondientes a junio de este año, de las pensiones de la Seguridad Social dependen 9.293.058 españoles, casi una cuarta parte de la población total. La mayoría de ellos (concretamente, 5.632.018) están jubilados; 2.351.794 cobran por viudedad; 930.888 sufren una incapacidad laboral permanente, y 330.342 son huérfanos.

El presupuesto para 2016 ronda los 135.000 millones, de los que 83.561 irán destinados a las pensiones de jubilación, con un coste medio por beneficiario que no llega a los 15.000 euros anuales.
Vicente Clavero. Público.es
Fuente: http://www.publico.es/economia/hucha-pensiones-da-ya-tres.html

miércoles, 19 de agosto de 2015

Cuanta menos luz gasta más paga usted en el recibo. Las eléctricas recuperan a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad

Cualquiera puede observar que en los últimos dos años el precio de la energía utilizada para producir electricidad ha bajado, pero el recibo de la luz ha subido. Un elixir mágico, llamado regulación a la carta (de las compañías eléctricas, por supuesto), ha conseguido que el consumidor que menos energía eléctrica gasta sea el que pague más en términos relativos; y viceversa. Una política racional de precios procuraría que pagasen más (en términos relativos) los que más gastan, porque eso es lo que dicen los manuales de economía y porque de esa manera podría buscarse una disuasión del consumo. Pero en España sucede al revés. ¿Por qué?

Pues porque el regulador —el Gobierno— decidió en 2013 que era necesario, mejor dicho, imperativo, aumentar lo que paga el cliente en concepto de potencia contratada, que es la parte fija del recibo, para garantizar (parece la única explicación económica) los ingresos de las eléctricas. El balance desde agosto de 2013 es arrasador: para el consumidor doméstico ha supuesto una subida del 92% de la parte fija del recibo (término de potencia contratada) y del 145% para el consumidor industrial. La decisión ataca directamente los bolsillos de los clientes con menos capacidad económica y liquida cualquier política de ahorro; se haga lo que se haga con el consumo en los hogares, el peso principal del recibo sigue siendo inmune a la austeridad.

Cuando se calcula el ingreso que se garantizan las eléctricas por esa política tarifaria (penosa para el consumidor), aparecen nuevas distorsiones graves. Resulta que el sistema eléctrico factura a los clientes el equivalente a 175 gigavatios (Gw) de potencia contratada; pero, como es sabido, el sistema tiene una potencia instalada de 108 Gw; y la punta máxima que utilizan los clientes es de 39 Gw. Una sencilla cuenta demostraría, para pasmo de economistas y teóricos de los mercados, que pagamos a las eléctricas 136 Gw que no utilizamos, simplemente porque los tenemos contratados. Esos 136 Gw regalados con el consentimiento del regulador equivalen a 10.000 millones anuales. ¿No sería más lógico sustituir el sistema de tarificación contratada por uno de tarificación por potencia demandada? Pues sí; pero se acabaría la sobrefacturación de 10.000 millones consentida a las eléctricas.

No obstante, descártese provisionalmente la tesis del semifraude (tipo CTC) y acéptese la de incompetencia regulatoria. Las eléctricas recuperan manu militari a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad (la parte variable del recibo). ¿Que este esquema perjudica a los clientes más débiles, aumenta la desigualdad y penaliza el ahorro? Pues Industria no lo ha visto o le parece un daño irrelevante. Pero resulta que la generación eléctrica está liberalizada por ley y, por lo tanto, las empresas toman las decisiones de inversión a su propio riesgo. Es decir, esta estructura de recibo de la luz vulneraría la legislación vigente. Salvo mejor opinión del regulador, rebosante de abogados del Estado, claro.
http://elpais.com/elpais/2015/08/01/opinion/1438446338_068495.html?rel=lom

Respuesta de Unesa

He leído con sorpresa y disgusto la columna publicada el pasado domingo bajo el título Cuanto menos luz gasta... en la que se hacen aseveraciones sobre el sector eléctrico que no pueden estar más alejadas de la realidad. El texto es un ataque contra la empresas eléctricas sin que estas hayan tenido forma de contraargumentar y defenderse. No hay espacio para polemizar, pero frente a la imputación de una presunta regulación favorable solo recordaré que la última reforma eléctrica le costó a las empresas agrupadas en Unesa 10.000 millones de euros. Pero siempre es más fácil y cómodo criticar a un sector económico esencial que intentar decir la verdad.— Eduardo Montes. Presidente de Unesa.

lunes, 10 de agosto de 2015

Decenas de medallistas olímpicos, bajo sospecha de dopaje. Un informe de la Federación de Atletismo filtrado a la prensa cuestiona a más de 800 atletas, 55 de ellos ganadores de títulos en los Juegos

12.000 análisis de sangre de 5.000 atletas. Es la base de datos de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo, en sus siglas inglés) a la que ha tenido acceso la cadena de televisión alemana ADR y el periódico británico The Sunday Times. Una bomba que puede estallar hasta convertirse en el mayor escándalo de dopaje, a dos semanas del comienzo de los Mundiales de Atletismo de Pekín. Los datos a los que han tenido acceso los dos medios de comunicación han sido analizados, previo consejo de las mismas personas que se los filtraron, por dos de los mejores expertos en temas antidopaje, los científicos Robin Parisotto y Michael Ashenden. Este último asegura que muestran que el atletismo está en la misma “posición diabólica” que el ciclismo durante la época de Lance Armstrong, cuando, según las autoridades estadounidenses, el equipo de este “puso en marcha el programa de dopaje más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte haya conocido en su historia”.

La base de datos revela que un tercio de las medallas de los Juegos y Mundiales disputados entre 2001 y 2012 fueron conseguidas por atletas cuyos análisis hemáticos muestran valores sospechosos. Es decir, apuntan al posible consumo de sustancias ilegales para mejorar su rendimiento. Las medallas que están bajo sospecha son 146, 55 de ellas de oro. Los datos también revelan que más de 800 atletas tienen valores “altamente sospechosos de dopaje o cuanto menos anormales”. Entre ellos no figuran Usain Bolt y Mo Farah, este último recientemente ha sido sometido a un interrogatorio por miembros de la agencia antidopaje de EE UU debido a su relación con el entrenador Alberto Salazar, en la diana de diversas investigaciones por suministrar presuntamente sustancias prohibidas.

Los datos divulgados apuntan a que 10 de las medallas de los Juegos de Londres fueron logradas por atletas con valores hemáticos dudosos. Rusia, según las informaciones periodísticas, se convierte en el epicentro mundial de las sospechas ya que más del 80% de sus atletas habrían ganado medallas de forma dudosa. El diario británico señala que 415 de los sospechosos son atletas rusos y 77 kenianos. Las federaciones de ambos países han negado las acusaciones, que atribuyen a una “campaña de difamación”. Hay un incremento, siempre según el informe, de las transfusiones de sangre y de la utilización de mini-dosis EPO para aumentar la cantidad de los glóbulos rojos, los que transportan el oxigeno y permiten así aumentar la resistencia.

Una fuente de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) ha confirmado a este periódico que la IAAF tenía conocimiento desde hace años que en la base de datos había valores hemáticos anormales pero que no actuó. Y que ahora, siempre según la misma fuente, se escuda en que la mayoría de esos datos son anteriores al pasaporte biológico. Este es obligatorio desde el 1 de diciembre de 2009; mientras que los datos hacen referencia a un periodo de tiempo más amplio (2001-2012).

Pasaporte biológico
Fuentes próximas a la IAAF explicaron que la base de datos fue utilizada para las investigaciones que permitieron poner en marcha el pasaporte biológico. Y que una vez que este entró en vigor, los análisis facilitaron destapar algunos casos de dopaje. El pasaporte biológico, que recoge y almacena todos los datos sobre las propiedades y las variables en la sangre de los atletas, fue introducido, precisamente, para determinar los valores hemáticos naturales y no tener que esperar que apareciera una anomalía para sospechar de la conducta de los atletas.

La IAAF admite la veracidad de los informes difundidos, pero señala que se trata de “datos médicos confidenciales y privados que han sido obtenidos sin consentimiento”, por lo que amenaza con acciones legales. La federación, con todo, se declara “consciente de que se han formulado graves acusaciones sobre la integridad y competencia de su programa antidopaje”. El presidente de la AMA, Craig Reedie, mostró su alarma ante el escándalo. "Estas acusaciones requieren un análisis exhaustivo para determinar si ha habido incumplimientos en virtud del Código Mundial Antidopaje y, si es así, qué acciones tomar por la AMA o por otros organismos", aseguró Reedie. Sebastian Coe, presidente del comité organizador de los Juegos de Londres y candidato a presidir la IAAF, dijo: "Sé que la IAAF se toma muy en serio este tipo de acusaciones y habrá una respuesta detallada sobre este asunto".
http://deportes.elpais.com/deportes/2015/08/02/actualidad/1438514432_064182.html?rel=lom

Un documental alemán ya apuntó en esa dirección

La cadena de televisión alemana ADR emitió el pasado mes de diciembre un documental sobre métodos de dopaje y prácticas corruptas alrededor de la recogida de muestras y la gestión de los resultados. Se apuntaba a la ineficaz tramitación de procesos antidopaje que implicaban a Rusia, la IAAF, atletas, entrenadores, médicos, así como al laboratorio acreditado con sede en Moscú y a la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada). Eso condujo a la formación de una Comisión Independiente, presidida por el presidente de fundación de la AMA, Dick Pound, para investigar la veracidad de las revelaciones.
“Dada la naturaleza de las acusaciones, que son una continuación de otras realizadas en diciembre de 2014 por la misma cadena televisiva, vamos a enviar el documental a una Comisión Independiente de la AMA para una investigación en profundidad”, afirmó ayer Reedie, presidente de la AMA, a través de un comunicado. De la anterior investigación independiente para investigar las acusaciones no se ha sabido nada.

domingo, 5 de julio de 2015

Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares. Por qué Grecia no debe pagar la deuda

Antonio Cuesta

El miércoles y el jueves de la pasada semana la Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.

La publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-, o esta nota de prensa en castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde apenas se esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual impago.

Sin embargo, en el proceso de acumulación de la deuda existen además errores de forma y violaciones legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta el mes de diciembre.

Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria”.

Vatikiotis considera que “a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción posible para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la cancelación de la deuda”.

Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.

“Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la banca”.

Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.

El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”. Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.

En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje”.

Sergi Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […] Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo neoliberal desmontando el estado del bienestar”.

Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que “no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque sabemos que hay una serie de fondos que han sido utilizados para ello y que un 70% del préstamo solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para explicar que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo bajo ley británica, vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con garantías de los estados socios y tiene una condición crediticia artificial, emitida por las agencias de rating que le otorgan la máxima calificación, gracias a lo cual sus activos no tienen ningún riesgo por lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del que Grecia no se beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por parte del Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable en manos del pueblo griego”.

Los argumentos legales son rigurosos, y el informe publicado evidencia que se han vulnerado muchos artículos del Tratado de la UE o de las propias instituciones que participaron en el fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el poder no tiene ningún problema en romper las normas.

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, presente en la segunda jornada pese a no integrar la Comisión parlamentaria, considera que el informe presentado es “un hecho histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente política de reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para los pueblos del sur que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la deuda con el que han justificado recortes, planes de austeridad, ajustes...”.

Al tiempo recuerda que paralelamente al proceso griego “se está constituyendo una comisión de Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas (que se reunirá del 30 de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones como que las deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de pagar, que no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda, porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo en un proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido ningún tipo de moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE, Mario] Draghi (el pasado lunes) reconoció en Bruselas que no iban a comprar bonos de deuda griega hasta que no terminaran las negociaciones”.

Por último, el eurodiputado considera que hay muchas implicaciones de este comité en el estado español, “muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal de Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría griega va a ser un elemento central y servir de ejemplo para lo que podamos hacer en el estado español”.

Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador del diario Gara. Su último libro es: Syriza, el anuncio de algo nuevo (Akal, 2015), además de Solidaridad y autogestión en Grecia (Dyskolo, 2014).

lunes, 25 de mayo de 2015

Fraude inquietante. La regulación bancaria debe cambiar para prevenir las manipulaciones del tipo de cambio que pactican los bancos

El Departamento de Justicia estadounidense y la Reserva Federal han impuesto a seis grandes bancos mundiales (JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays, Royal Bank of Scotland, Bank of America y UBS) una sanción conjunta pactada de 5.200 millones de euros por manipular durante cinco años el tipo de cambio de las divisas. Dado que las ganancias ilícitas superan los 9.000 millones, existe una desproporción entre multa y fraude. Hay dos explicaciones posibles para esta brecha: o bien las autoridades han calculado que demostrar el delito era costoso y el acuerdo era más rentable, o bien confían en que los particulares demanden ahora a los bancos para reclamar.

El fraude descubierto —cuya investigación se ha extendido durante dos años— siembra la inquietud entre los inversores. La manipulación de tipos de cambio parece ser una práctica asidua y transmite a los ciudadanos la impresión de que los reguladores públicos no tienen medios (legales, humanos, políticos) suficientes para prevenir las distorsiones del sistema. La vigilancia corporativa, que es responsabilidad de los accionistas y de las comisiones de gobierno, tampoco ha sido eficaz.

El mensaje para los mercados es que es difícil prevenir los fraudes con el sistema actual de regulación. Hay que preguntarse qué cambios y qué medios hay que introducir para que los accionistas y los ciudadanos no acaben pagando las multas y las estafas.
El País.

sábado, 2 de mayo de 2015

Francia prueba que se puede recuperar para el Estado hospitales privatizados como los españoles

El Gobierno francés anuló un contrato con la adjudicataria de la concesión, que había disparado los costes, y prevé un ahorro de 700 millones de euros

La historia del centro situado al sur de París es paralela a la del hospital de Burgos, que costará en 30 años cerca de 2.000 millones de euros

La Comunidad Valenciana rehízo la concesión del centro de Alzira para garantizar la rentabilidad a la contratista y Madrid, a petición de las empresas, aumentó el canon a las gestoras privadas de hospitales

¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés es todavía un agujero para las cuentas públicas.

Las similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora. Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente: el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había previsto en los próximos 30 años. La asociación 'Sanidad Pública Sí' pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa respuesta invocando el "interés general" y ha convocado una mesa de partidos para estudiar la propuesta.

En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del servicio de 35 millones anuales.

Esas cifras variaron considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones, mientras que "una obra pública financiada con préstamos" hubiera costado 760 millones.

Este es el primer paralelismo con el HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe. El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria, que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros. El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.

Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128 millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al centro privatizado. Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital".

Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha. "El hospital tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta", denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis Tudanca.

El rescate con dinero público de un proyecto de hospital fiado a la iniciativa privada se ha ido reproduciendo en España desde que arrancara el primer centro diseñado con este modelo: el valenciano de Alzira a finales del siglo XX. Tras adjudicar el centro a Ribera Salud, el Gobierno valenciano rompió el contrato porque, tal y como está redactado, a la concesionaria no le salían las cuentas. Rehízo el sistema ampliando el radio de acción del hospital (es decir, el número de pacientes) y Ribera Salud volvió a dirigir el centro. Ahora cinco complejos hospitalarios trabajan de esa manera.

En la Comunidad de Madrid, las empresas concesionarias de los hospitales creados a base de colaboración público-privada exigieron, y obtuvieron, una revisión al alza del canon que paga el Ejecutivo regional dirigido por el Partido Popular para equilibrar su rentabilidad.

7.000 fallos en la construcción
El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial para las bacterias, entre otros.

En el hospital burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los trabajadores denuncian que "las calidades son inferiores a lo que se había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño imposible y el acceso es rocambolesco". "Si en el hospital francés había 7.000 fallos, en este hay 70.000", señalan desde la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos.

El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. "Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una persona", se queja uno de los portavoces de la asociación.

Francia busca una solución: ahorra 700 millones
Ante la insostenible situación financiera del hospital CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora, intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria invocando al "interés general".

"Teníamos suficientes elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había 7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes de las presidenciales", concluyó.

Verret contaba con el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital. "Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de 2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de fútbol pero de ninguna manera un hospital".

La derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en marcha.

A partir de octubre de este año, el centro pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado, la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.

Y Burgos, ¿qué?
Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la legislación española también determina la modificación de los contratos públicos "por razones de interés público". "El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta", dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La asociación ha convocado una mesa de trabajo para que todos los partidos que se presentan a las autonómicas de mayo debatan junto al exdirector del hospital francés las posibles soluciones para el HUBU. Podemos y PSOE ya han confirmado la asistencia al acto, que se celebrará el próximo 28 de abril. Ese mismo día por la tarde, Alain Verret ofrecerá la conferencia "Así se recuperó un hospital como el nuestro", a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Gamonal. Unos días más tarde la asociación de defensa de la sanidad pública forzará a los partidos a retratarse sobre su posición sobre el hospital en un debate acerca del sistema sanitario.

viernes, 24 de abril de 2015

PSEUDOCIENCIA. Un hospital con los Hermanos Marx para curar el cáncer.

Un centro público de Madrid organiza una conferencia pseudocientífica que defiende la risa, la meditación y la imaginación como vías para derrotar tumores malignos.

Un hospital público de Madrid acogió el martes una conferencia en la que una médico llegó a sugerir ante 120 asistentes que ver películas de los Hermanos Marx puede hacer remitir un tumor. La ponente, Alicia Abellán Correcher, es una médico especialista en geriatría ya jubilada que defiende la “autosanación consciente” para muchas enfermedades.

En una sala abarrotada del Hospital Clínico San Carlos, gestionado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Abellán arrancó afirmando que “la enfermedad no es una avería del cuerpo”, sino que “los síntomas son la expresión física de una disarmonía, de un desequilibrio entre nuestras emociones”.

La geriatra puso el ejemplo de la religiosa española del siglo XVI Teresa de Cepeda, más conocida como Santa Teresa de Jesús, para hacer un llamamiento a “trascender la polaridad” de los dos hemisferios cerebrales: el izquierdo, “activo, eléctrico, ácido, el Yang, el Sol, masculino, el fuego”; frente al derecho, “pasivo, magnético, alcalino, el Yin, la Luna, femenino, el agua, la noche, las cuevas y las montañas”.

“Nuestros místicos trascendían la dualidad y volaban. Levitaban. Se elevaban. No lo digo yo porque me lo haya inventado. Santa Teresa meditaba debajo del hueco de una escalera, porque la escalera le paraba”, afirmó Abellán en un escenario presidido por el emblema de la Consejería de Sanidad. “Todo camino de curación lleva de la polaridad a la unidad”, proclamó.

La médico coordinó durante 10 años el Centro de Especialidades Modesto Lafuente, perteneciente al Hospital Clínico, pero desde su jubilación se ha centrado en dar charlas de autoayuda y meditación. El 10 de mayo de 2014, participó en el Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales, organizado en Madrid, con un taller sobre el Ho'oponopono, “una técnica ancestral hawaiana de sanación y perdón a través del amor”. El curso costaba cinco euros. Un mes antes había dado la misma conferencia en el propio Hospital Clínico San Carlos, que en Twitter resumió así el evento: "Multitudinario taller de Alicia Abellán sobre Ho'oponopono, técnica hawaiana de curación basada en: 'Lo siento, perdóname, te amo, gracias".

La conferencia de este martes estuvo precedida por polémica en redes sociales como Facebook y Twitter. Ciudadanos como Isidoro Martínez, socio del Círculo Escéptico, una asociación para la promoción del pensamiento racional, llegaron a pedir la anulación de la charla a la Consejería de Sanidad madrileña. Nicolás Díaz-Toledo, coordinador del Aula Social Zarco en la que se celebró la conferencia, se negó a cancelar la actividad. “El Aula Social no va a hacer nunca censura previa”, advirtió antes de presentar a Abellán al público. Díaz-Toledo, sin formación médica y miembro de la comisión de dirección del hospital, leyó en voz alta el artículo 20.1.a de la Constitución Española, que reconoce el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”.

El Aula Social Zarco nació en 2010 para "abanderar la responsabilidad social corporativa" del Hospital Clínico, un centro con más de 5.000 trabajadores que es la referencia para la formación de estudiantes sanitarios de la Universidad Complutense de Madrid. El coordinador del aula aseguró a Materia que Abellán “habla de temas con una base científica”, que es "una profesional respetada y competente" y que su centro “no necesariamente se responsabiliza de las opiniones de los conferenciantes”. La Consejería de Sanidad remite a las explicaciones del hospital.

La médico, sin embargo, trufó su intervención de afirmaciones pseudocientíficas o directamente esotéricas. “La creencia impregna tu ADN y puedes transmitirla. Si creo como mi padre que voy a tener azúcar en sangre, no me va a librar nadie de tenerlo”, sostuvo. “Cuando tienes estreñimiento te agarras a cosas del pasado, por eso es muy frecuente en los ancianos. ¿Por qué? Porque no lo sueltan”, pregonó.

Las frases más polémicas de Abellán llegaron al tratar la relación entre el cáncer y la mente. Entre “las causas más comunes de estrés y los riesgos asociados con el cáncer” citó el divorcio, la pérdida de un trabajo, ser conformista o muy autocrítico, tener una relación difícil con uno de los padres y la costumbre de suprimir la ira. “Después de una pérdida importante, ¡cuidadín!”, incidió.

La geriatra citó el ejemplo del estadounidense Norman Cousins (1915-1990), “un periodista al que dicen que tiene un linfoma y va a durar dos meses”. A Cousins, célebre entre los partidarios de la risoterapia, en realidad se le diagnosticó una confusa enfermedad anquilosante y decidió luchar contra ella con vitamina C y comedias cinematográficas. “Se compró todas las películas de los Hermanos Marx y palomitas, todas las que hubiera y más. Y estuvo durante dos semanas solo viendo películas de los Hermanos Marx comiendo palomitas. Cuando volvió al mes, el tumor había remitido considerablemente. Tanto que su médico no se lo creía”, relató Abellán, que esgrimió “estudios que han demostrado que los sentimientos positivos pueden estimular el bazo, incrementando los glóbulos rojos y las células que combaten el cáncer”.

El Instituto Nacional de EE UU para la Salud Mental explica, sin embargo, que “la depresión, por lo general, no está vinculada con el cáncer, y no existen pruebas de que una enfermedad cause la otra”. En la misma línea, el psiquiatra James Coyne, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania (EE UU), ha publicado varios estudios que ponen en duda el vínculo entre el pensamiento positivo y un mejor desenlace tras un cáncer, calificándolo de “mala ciencia, afirmaciones exageradas y medicina no probada”.

La Sociedad Estadounidense Contra el Cáncer, una organización sin ánimo de lucro que ha financiado la investigación de más de 40 ganadores del premio Nobel, critica directamente la supuesta historia de Norman Cousins. “La evidencia científica disponible no respalda el humor como un tratamiento efectivo contra el cáncer o cualquier otra enfermedad. Sin embargo, la risa tiene muchos beneficios, incluyendo cambios físicos positivos y una sensación general de bienestar”, matiza la institución.

“La meditación y la visualización elevan las defensas contra el cáncer, eso lo demostró el doctor Carl Simonton”, continuó Abellán. Simonton fue un médico estadounidense que en la década de 1970 afirmó que sus pacientes de cáncer con una actitud positiva ante la enfermedad vivían más tiempo. Como tratamiento contra los tumores, promovía la meditación y la visualización mental del propio cuerpo ganando la batalla al cáncer.

La Sociedad Estadounidense Contra el Cáncer maneja otros datos. “La evidencia científica disponible no respalda que la visualización influya en el desarrollo o en el progreso de un cáncer”, subraya en su página web. “La evidencia científica disponible no sugiere que la meditación sea efectiva para tratar el cáncer o cualquier otra enfermedad, sin embargo, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer”, apunta.

Las terapias pseudocientíficas no son nuevas en los complejos hospitalarios españoles. El Hospital General 'La Mancha Centro' de Alcázar de San Juan organizó el pasado diciembre un taller de reiki, una técnica japonesa por la cual alguien supuestamente transmite una energía vital a otra persona a través de las manos, con presuntos fines terapéuticos. Una asociación de practicantes de reiki también colabora con el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, para asistir a pacientes si lo piden. La Cancer Research UK, una organización británica que financia con millones de libras la investigación oncológica, insiste en que "no hay evidencia científica que pruebe que el reiki puede prevenir, tratar o curar el cáncer o cualquier otra enfermedad".

El martes, la geriatra Alicia Abellán remató su conferencia de dos horas y media con un ejercicio de meditación y "autosanación consciente" en la que los 120 asistentes, con los ojos cerrados y a oscuras, recibían instrucciones de la médico para que "la luz" inundara sus células y se curasen. La charla acabó con aplausos. El próximo lunes, 23 de marzo, Abellán tiene previsto repetir en el hospital público con otra conferencia, titulada "Lo que tu enfermedad quiere decirte”.

Puestos a oír, más nos dicen cantantes como Diana Krall, por decir alguna. La Ciencia y sus procedimientos para adquirir conocimientos, no acaban de tener "éxito" en nuestro mundo. Parece increible como desde los tiempos de Galileo toda suerte de instituciones y personajes conspiran contra ella para hacer que el oscurantismo y la ignorancia sigan campando a sus anchas por este mundo injusto,... donde sería tan fácil acabar con el hambre infantil aplicando procedimientos científicos y vemos como sigue imperando la caridad, en el mejor de los casos, como intento fallido de solución una y otra vez, lamentable.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/03/18/ciencia/1426677852_671356.html

martes, 10 de febrero de 2015

"Saber vivir" resucita el debate de la pseudociencia en la televisión pública. La presencia de terapias alternativas y de reclamos poco rigurosos provoca una queja de 17 colectivos y medio millar de firmas contra "La Mañana de La 1" y RTVE.

"No estamos jugando a la salud. En Twitter, que escuchen bien lo que decimos y que no especulen tonterías, que aquí somos muy serios", decía recientemente en antena Mariló Montero, conductora de La mañana de La 1, en respuesta a las críticas que ha recibido su programa por proponer terapias sin respaldo científico en su espacio de salud. "En Saber Vivir no se inventa nada", añadía a la defensiva Montero, después de aludir a "los chavales de Twitter" (a partir del 1:10:00).

La presentadora se refería a una campaña organizada con la ayuda de las redes sociales para demandar a RTVE explicaciones sobre estos mensajes carentes de rigor científico que se incluyen en el espacio, que ven alrededor de 300.000 personas cada mañana. El detonante, un programa en el que Montero decía que "el aroma de limón puede prevenir el cáncer". Para muchos activistas contra la difusión de mensajes pseudocientíficos, fue la gota que colmó el vaso.

Más allá de los populares patinazos de la presentadora, como cuando aseguró que no se podía descartar que el alma se trasplante junto a los órganos, en el programa se recomienda el uso de remedios homeopáticos, una terapia alternativa que no ha probado mayor capacidad curativa que el simple efecto del placebo (como asegura el Ministerio de Sanidad). Y es habitual que se promocionen otros productos, técnicas y dietas con escaso respaldo científico, según denuncian los críticos del programa. Desde RTVE se asegura que el espacio no tiene ningún acuerdo con empresas del sector para promocionar productos de ningún tipo.

El lunes 26 de enero, el Defensor del Espectador de RTVE tenía en su bandeja de entrada una queja respaldada por más de medio millar de firmas y 17 colectivos de promoción de la ciencia que exigían una investigación sobre los mensajes de esta sección de salud que, a lo largo de 3.900 emisiones con consejos de salud valiosos, ha ido deslizando otros no tan rigurosos. "El lanzar afirmaciones no sustentadas en evidencias a un público que no tiene por qué estar formado en ciencia lleva a la confusión y al riesgo de equivocación. El hacerlo todos los días lleva a la confusión completa", aseguraba esta protesta que reclamaba una respuesta de la cadena sobre la línea general seguida por el programa.

El programa defiende que las críticas son minoritarias y que todos los reclamos se apoyan en la ciencia Desde la dirección del mismo responden que se trata de "una corriente minoritaria de usuarios interesados en descalificar" y que todos los mensajes que aparecen en esta sección se limitan "a contenidos difundidos en medios de referencia nacional e internacional, basados en estudios o investigaciones publicados en revistas científicas", algo que entraría en contradicción con la recomendación de homeopatía, por ejemplo. Sobre estos remedios, la dirección del programa asegura que se alude a ellos "de una forma excepcional y muy esporádica" y que "es un hecho incuestionable que los produtos homeopáticos están a disposición en las farmacias para su venta libre".

Sobre expresiones como que "el aroma del limón puede prevenir el cáncer", el programa explica que en este tipo de formato televisivo resulta natural el uso de un lenguaje que tienda a la divulgación y a la vulgarización: "Ese tono, informal o coloquial, puede conllevar el empleo de algún recurso sensacional para reclamar la atención sobre el objeto de la información", defienden. Hoy, Montero ha festejado la repercusión de sus palabras sobre el limón y el cáncer, resaltando que tienen respaldo en una investigación científica, aunque lo que muestra es una web de noticias.

Aunque el Defensor, Ángel Nodal, se comprometió de inmediato a responder a la queja colectiva, lo cierto es que en su último programa únicamente se respondió a una protesta de otro espectador a propósito de la homeopatía, despachado en un minuto asegurando que es un producto que "está en la calle". Por este motivo, el impulsor de la queja, Isidoro Martínez, considera que "es evidente que RTVE apoya la pseudociencia". "Si ante nuestras protestas nada se hace, es que están de acuerdo con esta línea que pone en riesgo la salud de los espectadores", asegura, haciendo referencia a otros casos previos ocurridos en el ente público como cuando se aseguraba que el wi-fi daña la salud en otro programa, El escarabajo verde.

Como protesta, el colectivo impulsado por Martínez ha lanzado una nueva petición de firmas en la red: "Las pseudociencias son un engaño (no son ni complementarias ni alternativas a la Medicina) y carecen de efectividad comprobada, y pueden hacer que alguien abandone por creer en ellas un tratamiento médico de verdad", denuncian.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/02/05/ciencia/1423136592_637562.html
Página sobre seudociencias aquí.

sábado, 29 de noviembre de 2014

La crisis explicada a los niños

“No es probable que muchos legos en la materia se opongan al ministro de economía o a sus asesores. Si lo hicieran se les diría que son cosas que no les incumben. La liturgia debe celebrarse en una lengua oscura, que solo sea accesible para los iniciados. Para todos los demás, basta la fe.” Tony Judt, Algo va mal.

Es sabido que el conocimiento y la información son una importante fuente de poder, ya que en la medida en que un grupo o corporación reserva el saber para sus miembros, adquiere una significativa superioridad sobre el pueblo llano. Y para ello la oscuridad del lenguaje constituye un instrumento privilegiado, utilizado desde siempre por diversos colectivos. Frecuentemente esta oscuridad no se debe al carácter complejo del tema sino al deseo de ocultar afirmaciones que todos podrían entender bajo un velo de supuesta sabiduría que desalienta a quien pretende penetrar en su significado. Los filósofos, entre otros, somos especialistas en el manejo de una jerga cuya comprensión está reservada a los iniciados y que no pocas veces oculta trivialidades o afirmaciones de sentido común. (No pretendo generalizar, por supuesto: sería imposible explicar la deducción de las categorías, la física cuántica o la biología molecular en román paladino)

Pero los economistas superan a los filósofos en el arte de secuestrar el idioma. Si alguien lo duda puede leer la letra pequeña de cualquier documento bancario presentado a su firma. En estos casos, la intención es más clara. ¿Hubieran firmado una hipoteca muchos ciudadanos si hubieran advertido que si no pagan no solo podrían perder su casa sino que quedarían con una deuda durante toda su vida? ¿Aceptaría un anciano un depósito preferente si hubiera sabido que no podría sacar su dinero cuando quisiera y que incluso podría perderlo? Sin embargo, esas consecuencias podían deducirse del papel que firmaron, si en lugar del lenguaje bancario hubiera estado escrito en castellano.

Y lo mismo sucede con las causas de esta crisis que lleva ya siete años. Puede ser útil describir este proceso omitiendo toda referencia a siglas ininteligibles, términos en inglés, fórmulas matemáticas, etc., porque limpiando el lenguaje de hojarasca técnica queda mucho más clara la manipulación en la que han participado financieros y gobiernos para que nos hagamos cargo nosotros de las tropelías que han cometido los bancos y fondos de inversión de medio mundo. Propongo este ejemplo, pidiendo disculpas por abusar del derecho que tenemos los que no somos economistas a hablar sobre un tema que nos concierne:

A causa sobre todo de la desastrosa gestión de los créditos inmobiliarios que protagonizaron los bancos e inversionistas de Europa y Estados Unidos, los bancos y cajas necesitaban dinero urgentemente. El Banco Central Europeo les prestó ese dinero a un interés muy bajo (el 1% entonces, hoy un 0,05%) para que se recuperaran. Inmediatamente esos bancos prestaron ese mismo dinero al Estado a un interés mucho mayor (4%, 5%, 6%, 7% y más). De esta manera se recuperaron en parte los bancos privados españoles y así pudieron satisfacer sus deudas especialmente con la banca y las cajas de ahorro alemanas, porque tal fue el objetivo de esta generosidad del Banco Central Europeo. Teniendo en cuenta que el dinero del Banco Central Europeo es de todos los ciudadanos de Europa, el resultado ha sido que nos hemos prestado dinero a nosotros mismos, regalando el interés de esos préstamos a los Bancos, muchos de los cuales habían sido causantes de la crisis. Y de este modo los problemas que tenían los bancos pasaron a los Estados: las deudas privadas se nacionalizaron y nadie (salvo en Islandia) pidió responsabilidades a quienes habían puesto en peligro el sistema financiero. Antes bien, fueron recompensados evitando que se declararan en quiebra y ahora pueden enorgullecerse de que han pasado con nota el test de estrés al que los sometió la Unión Europea.

De manera que actualmente la deuda del Estado es casi igual a toda la riqueza que somos capaces de producir (el producto interior bruto). Y el déficit público muy alto (la diferencia entre lo que el Estado ingresa y lo que gasta), como consecuencia precisamente de los elevados intereses que se deben pagar por el regalo a los bancos. Para hacer frente a esa deuda que en su origen era privada y ahora convertida en pública, el Estado impone recortes en otros gastos, preferentemente en los servicios sociales como sanidad, educación, atención a la discapacidad, cooperación exterior, etc. Y para asegurar esos recortes se reformó el artículo 135 de la Constitución estableciendo que el pago de la deuda tiene prioridad sobre otras necesidades del gasto público (la sanidad, la educación y la discapacidad, por ejemplo).

El resultado de todo esto es que las decisiones políticas que toman los Estados en materia económica en adelante están supeditadas a las posibilidades de pagar esa deuda. De modo que gracias a este proceso se ha eliminado cualquier veleidad de supeditar la economía a la democracia: la última palabra sobre muchas decisiones políticas la tienen nuestros acreedores y ya no los parlamentos. Es decir, los mismos que causaron la crisis. Y esos bancos así favorecidos encuentran mucho más rentable y seguro utilizar el dinero que les hemos dado para dedicarlo a la especulación y comprar deuda soberana que destinarlo a créditos que reactiven la economía productiva.

Preguntas ingenuas (aunque confieso que malintencionadas): ¿por qué el Banco Central Europeo no prestó ese dinero directamente a los Estados o a través una Banca Pública (hoy inexistente), imponiendo, por supuesto, condiciones razonables para su empleo y devolución? ¿Se suponía que los bancos privados iban a hacer mejor uso de esos fondos, después de la crisis que provocaron? ¿Tiene sentido que los ciudadanos tengamos que poner nuestro dinero para pagar deudas que han contraído los bancos y cajas privadas? ¿Por qué no se aprovecharon las crisis de los Bancos privados para nacionalizarlos en todo o en parte en lugar de entregarles dinero público? ¿Por qué sigue sin crearse una banca pública que gestione los créditos según las necesidades reales de la economía productiva? ¿Se sigue pensando que el desastre de la gestión pública de muchas cajas de ahorro demuestra que cualquier otra gestión pública será igualmente desastrosa? ¿Qué pensar entonces de la gestión privada de Lehman Brothers y similares, que tuvieron consecuencias mucho más graves que las de las cajas de ahorro?

La simplificación del lenguaje permite descubrir que detrás de sofisticados tecnicismos se ocultan decisiones dirigidas hacia el interés de quienes las toman, y no, como se nos pretende hacer creer, leyes económicas tan inmutables como la ley de gravedad.
Porque de eso se trata: la oscuridad del lenguaje se utiliza para convencernos que solo un grupo de especialistas es capaz de desentrañar los mecanismos económicos que regulan nuestra vida social y que cualquier intento de modificarlos es producto del populismo o la ignorancia. Ocultando que las leyes de la economía tienen poco en común con las leyes de la naturaleza: mientras estas últimas solo podemos descubrirlas, las leyes económicas dependen en gran parte de nosotros.

Y lamento si todo lo anterior es ya sabido y este artículo no agrega nada nuevo. Por eso se dirige a los niños. Augusto Klappenbach, Escritor y filósofo.

Fuente:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/11809/la-crisis-explicada-a-los-ninos/

viernes, 25 de julio de 2014

Los mitos neoliberales que alimentan las políticas fiscales del gobierno Rajoy

Uno de los mitos que se reproduce con mayor frecuencia en el conocimiento económico neoliberal (y que los gobiernos conservadores y neoliberales –como el gobierno Rajoy- aplican constantemente en sus políticas públicas) es que la bajada de impuestos a las personas más pudientes de la sociedad (lo que a nivel popular se conoce como los ricos y super-ricos) beneficia a toda la población, pues dicho acto discriminatorio a favor de las rentas superiores estimula la economía y facilita el crecimiento económico y la producción de empleo. Se supone que el dinero que se ahorran los ricos y super-ricos (al pagar menos impuestos) lo invierten, y, como resultado, crecen la producción y el empleo.

Tal mito (en realidad, dogma) del pensamiento neoliberal se repite constantemente en los medios de información y persuasión económicos, a pesar de que la evidencia científica no avala ese supuesto. En realidad, la evidencia publicada en las revistas científicas más creíbles muestra los datos que desmerecen dicho mito. Así, en EEUU, el tipo impositivo marginal (marginal tax rate) máximo del impuesto sobre la renta fue, hasta los años 70, del 70% de los ingresos por encima de 250.000 dólares de la época. A partir de la segunda mitad de la Administración Carter (el Presidente demócrata más conservador que EEUU haya tenido desde la II Guerra Mundial) y de la Administración republicana presidida por Ronald Reagan, dicho tipo marginal máximo se redujo espectacularmente, de manera que alcanzó la tasa más baja en 1990, durante la Administración republicana del Presidente Bush padre. Subió algo más tarde bajo la Administración Clinton, pero nunca lo hizo por encima del 40%. Tal reducción, sin embargo, no se tradujo en ningún aceleramiento del crecimiento económico, en un aumento de las inversiones, o en un crecimiento de la productividad.

Algo parecido ocurre cuando se consideran no solo cambios en el tipo impositivo marginal del impuesto sobre la renta, sino en el total de impuestos que pagan los ricos y super-ricos por su renta total. Estos impuestos, incluidos los aplicados a las rentas derivadas del capital, han ido bajando desde la II Guerra Mundial, de tal manera que hoy los ricos y super-ricos pagan porcentajes menores de los que paga el contribuyente normal y corriente (ver Gerald Friedman “The Great Tax-Cut Experiment” Dollar and Sense, Jan./Feb. 2013). Este descenso de los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital ha ido acompañado de un aumento de los impuestos sobre las rentas del trabajo y, muy en particular, de las contribuciones a la Seguridad Social, habiendo sido el Presidente Reagan, el gurú de los economistas neoliberales, el que subió más dichos impuestos. En realidad, este Presidente fue uno de los que, junto con el Presidente Bush hijo, más bajó la carga impositiva de las rentas superiores y fue el que (desde la II Guerra Mundial) subió más la carga impositiva de las rentas del trabajo.

¿Qué impacto tuvieron las reducciones de impuestos a los super-ricos?
En realidad, la economía estadounidense creció más durante los periodos en los que la totalidad de los impuestos a los ricos y super-ricos crecieron más. Y al revés, la economía creció mucho menos (como durante los grandes recortes de los impuestos a las rentas superiores realizadas por el Presidente republicano Bush hijo) cuando tales impuestos se redujeron, manteniéndose muy bajos. En realidad, se ha calculado que cada incremento de un 10% de los impuestos a las rentas superiores determinaría un incremento de la tasa de crecimiento económico de un 1% (ver el artículo antes citado de Friedman).

Tampoco es cierto que una reducción de los impuestos a los ricos y super-ricos conduzca a un incremento en las inversiones... Fuente: Vicenç Navarro, Público.es, Aquí