Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares. Por qué Grecia no debe pagar la deuda

Antonio Cuesta

El miércoles y el jueves de la pasada semana la Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.

La publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-, o esta nota de prensa en castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde apenas se esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual impago.

Sin embargo, en el proceso de acumulación de la deuda existen además errores de forma y violaciones legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta el mes de diciembre.

Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria”.

Vatikiotis considera que “a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción posible para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la cancelación de la deuda”.

Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.

“Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la banca”.

Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.

El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”. Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.

En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje”.

Sergi Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […] Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo neoliberal desmontando el estado del bienestar”.

Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que “no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque sabemos que hay una serie de fondos que han sido utilizados para ello y que un 70% del préstamo solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para explicar que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo bajo ley británica, vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con garantías de los estados socios y tiene una condición crediticia artificial, emitida por las agencias de rating que le otorgan la máxima calificación, gracias a lo cual sus activos no tienen ningún riesgo por lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del que Grecia no se beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por parte del Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable en manos del pueblo griego”.

Los argumentos legales son rigurosos, y el informe publicado evidencia que se han vulnerado muchos artículos del Tratado de la UE o de las propias instituciones que participaron en el fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el poder no tiene ningún problema en romper las normas.

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, presente en la segunda jornada pese a no integrar la Comisión parlamentaria, considera que el informe presentado es “un hecho histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente política de reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para los pueblos del sur que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la deuda con el que han justificado recortes, planes de austeridad, ajustes...”.

Al tiempo recuerda que paralelamente al proceso griego “se está constituyendo una comisión de Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas (que se reunirá del 30 de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones como que las deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de pagar, que no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda, porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo en un proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido ningún tipo de moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE, Mario] Draghi (el pasado lunes) reconoció en Bruselas que no iban a comprar bonos de deuda griega hasta que no terminaran las negociaciones”.

Por último, el eurodiputado considera que hay muchas implicaciones de este comité en el estado español, “muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal de Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría griega va a ser un elemento central y servir de ejemplo para lo que podamos hacer en el estado español”.

Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador del diario Gara. Su último libro es: Syriza, el anuncio de algo nuevo (Akal, 2015), además de Solidaridad y autogestión en Grecia (Dyskolo, 2014).