Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares. Por qué Grecia no debe pagar la deuda

Antonio Cuesta

El miércoles y el jueves de la pasada semana la Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.

La publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-, o esta nota de prensa en castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde apenas se esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual impago.

Sin embargo, en el proceso de acumulación de la deuda existen además errores de forma y violaciones legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta el mes de diciembre.

Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria”.

Vatikiotis considera que “a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción posible para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la cancelación de la deuda”.

Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.

“Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la banca”.

Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.

El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”. Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.

En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje”.

Sergi Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […] Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo neoliberal desmontando el estado del bienestar”.

Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que “no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque sabemos que hay una serie de fondos que han sido utilizados para ello y que un 70% del préstamo solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para explicar que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo bajo ley británica, vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con garantías de los estados socios y tiene una condición crediticia artificial, emitida por las agencias de rating que le otorgan la máxima calificación, gracias a lo cual sus activos no tienen ningún riesgo por lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del que Grecia no se beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por parte del Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable en manos del pueblo griego”.

Los argumentos legales son rigurosos, y el informe publicado evidencia que se han vulnerado muchos artículos del Tratado de la UE o de las propias instituciones que participaron en el fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el poder no tiene ningún problema en romper las normas.

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, presente en la segunda jornada pese a no integrar la Comisión parlamentaria, considera que el informe presentado es “un hecho histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente política de reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para los pueblos del sur que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la deuda con el que han justificado recortes, planes de austeridad, ajustes...”.

Al tiempo recuerda que paralelamente al proceso griego “se está constituyendo una comisión de Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas (que se reunirá del 30 de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones como que las deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de pagar, que no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda, porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo en un proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido ningún tipo de moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE, Mario] Draghi (el pasado lunes) reconoció en Bruselas que no iban a comprar bonos de deuda griega hasta que no terminaran las negociaciones”.

Por último, el eurodiputado considera que hay muchas implicaciones de este comité en el estado español, “muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal de Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría griega va a ser un elemento central y servir de ejemplo para lo que podamos hacer en el estado español”.

Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador del diario Gara. Su último libro es: Syriza, el anuncio de algo nuevo (Akal, 2015), además de Solidaridad y autogestión en Grecia (Dyskolo, 2014).

Entrevista a Jerome Duval, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). “Tsipras tiene razón cuando habla de responsabilidad criminal del FMI”

Enric Llopis
“Hace seis meses que los acreedores le están imponiendo a un gobierno democrático sus tareas”; “Tiene toda la razón el presidente griego cuando habla de “responsabilidad criminal” del FMI, a la vista de cómo actúa en Grecia”. De este modo se expresa Jerome Duval, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). El activista ha participado en Buenos Aires en la Primera Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación. Después de los planes de “rescate” y la “ayuda” financiera de los organismos internacionales, Grecia tiene una tasa de desempleo del 27% (60% de paro juvenil) y un endeudamiento público que hoy ronda el 180% del PIB (en 2010, cuando empezaron estos planes, se situaba en el 130%).

-¿Qué consecuencias sociales ha tenido para Grecia, en términos sociales, la irrupción de la Troika con los rescates? ¿Tienen razón quienes se refieren a estas medidas en términos de “rigor”, “seriedad” o “reformas” para sentar las bases del crecimiento?
El desempleo ha aumentado en Grecia un 273,7% entre 2009 y 2013. Actualmente la tasa de paro se sitúa en torno al 27%, como consecuencia de los célebres “planes de rescate” (los años 2010 y 2012). La caída de la pensión media es del 61%. El presupuesto para Sanidad ha caído un 40%, mientras han reaparecido en Grecia enfermedades como la tuberculosis y la sífilis. Los casos de VIH-SIDA se han multiplicado y los suicidios han aumentado un 45% desde el inicio de la crisis hasta 2011. Después de las medidas aplicadas por los organismos internacionales (planes de “rescate” y “ayuda” financiera), la deuda pública ronda actualmente el 180% del PIB. Aun así, la UE y el FMI quieren continuar con el ajuste y presionan al gobierno griego para que mantenga las políticas de austeridad. El “rescate” ha constituido un rotundo fracaso social, pero también económico (El PIB ha caído un 25% desde el inicio de la crisis).

-¿Qué aportaciones realiza el Comité de la Verdad de la Deuda Griega?
Al menos hasta mayo de 2016 se continuará trabajando en la auditoría de la deuda. Los análisis se están centrando en lo ocurrido durante los últimos años desde la intervención de la Troika. Se trata de darle herramientas al gobierno, para que considere el repudio de la deuda por “ilegal” e “ilegítima”. María Lucía Fatorelli y otros autores afirman que en Grecia se reproducen las mismas matrices que en otros países, los mismos actores que antes operaron en otros lugares. El objetivo, en todos los casos, es la socialización de pérdidas mediante el “salvataje” bancario. De hecho, el rescate de los bancos en Grecia representa ocho años de salarios públicos y pensiones, según Daniel Munevar, quien trabajó para el CADTM y actualmente es asesor de Varufakis.

-¿Qué conclusiones pueden extraerse?
Se trata de un auténtico robo a la población. Pero quedan pendientes también otros aspectos, como los ambientales, que se abordarán más adelante: el saqueo de recursos y la contaminación vinculada al endeudamiento. El rol del FMI es muy grave en relación con Grecia, sobre todo cuando vemos su actuación respecto a países como Ucrania (con graves problemas de deuda, se habla en cambio de reestructuración). Se ve, así, que el fondo del problema es político: quieren austeridad y no un gobierno como el de Tsipras en Europa. El uso del dinero del “rescate” está estrictamente dictado por los acreedores, por eso menos del 10% de los fondos se han destinado a gasto corriente del gobierno.

-¿Es posible probar estas afirmaciones?
Desde finales de 2010, los bancos comerciales fueron reemplazados por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), que pasó a ser el principal acreedor. Paulo Batista, uno de los dirigentes del FMI, afirmó a principios de marzo de 2015 que la concesión del préstamo al país heleno servía para “rescatar a los bancos alemanes y franceses, pero no a los griegos”. Philippe Legrain, asesor económico de Durao Barroso cuando presidía la Comisión Europea (y entrevistado por la Comisión de la Verdad), animó al gobierno griego a no aceptar las condiciones de los acreedores, a causa de los sufrimientos económicos y la colonización política impuesta al pueblo griego. Por otro lado, según el último informe del CADTM, entre 2008 y 2012 las ayudas directas a los bancos griegos ascendieron a 35.000 millones de euros (el 19,3% del PIB). Además, las garantías públicas ascendieron 73.000 millones de euros (28,1% del PIB). En ambos casos Grecia ocupa el segundo lugar de la UE-28 después de Irlanda.

-¿Qué posibilidades hay de que las conclusiones de Comisión de la Verdad tengan efectos prácticos?
Antes se gritaba “No debemos, no pagamos” en la Plaza Sintagma. Ahora también se defienden estas consignas en el parlamento griego. Más de 40 diputados de Syriza han pedido un debate en sede parlamentaria sobre los resultados de la auditoría.

-¿Se han cometido irregularidades?
Más allá de la ilegitimidad, la comisión ha descubierto ilegalidades. El FMI actuó en contra de sus propios estatutos. Las instituciones de la UE, contra las normas europeas. Según la ONG Jubilee Debt Compaign, el FMI se ha embolsado más de 2.500 millones de euros en beneficios por los préstamos y los intereses sobre estos préstamos con los que ha financiado a Grecia. Por otro lado, la Comisión de la Verdad ha invitado al diputado argentino Claudio Lozano y al presidente de la Comisión Bicameral de la Auditoría de la Deuda argentina, Eric Calcagno. Esto es interesante para fortalecer los procesos en ambos países. El objetivo del “rescate” ha sido salvar a los bancos alemanes y franceses, pero también de otros países como Suiza. La Comisión de la Verdad ha observado compras de armamento a Alemania y Francia que se apoyaron en el “fantasma” de un riesgo de enfrentamiento con Turquía. En algunos, casos se trataba de armamento defectuoso y sin facturas. La compañía alemana Siemens tiene mucho que decir en todo esto.

-¿Qué se dirime en el referéndum del 5 de julio?
Los medios de comunicación privados han desencadenado una campaña brutal por el “Sí”. También los acreedores y los gobiernos del centro de Europa. Mienten cuando hablan de una posible salida del euro, ya que realmente esto no se está planteando. En el referéndum se pregunta por la última propuesta de los acreedores, sabiendo que el gobierno de Tsipras ha hecho muchas concesiones y atravesado numerosas “líneas rojas”. La consulta es la vía más democrática para saber lo que opina el pueblo, de hecho, Tsipras ha sido elegido para desarrollar un programa social que las instituciones internacionales le impiden aplicar. Ocurre que la propuesta de los acreedores no tiene nada que ver con el programa por el que se eligió a Syriza. Ya hubo un intento de referéndum en 2011, que no se realizó finalmente por la presión enorme de Alemania y los países del Eurogrupo. En la campaña a favor del “sí” defienden la “responsabilidad”, pero gente tan poco radical como Krugman o Stiglitz, apoyan al pueblo griego, y afirman que el “sí” resultaría un fracaso.

-¿Hay vida fuera de la eurozona?
La Comisión de la Verdad no plantea nada que tenga que ver con una salida del euro, ni tampoco el referéndum. Además, no está prevista la salida de la moneda única dentro de los estatutos de la Unión Europea, por tanto, habría que introducir cambios. En mi opinión, ahora hay que centrarse en la denuncia del “sistema” deuda, que con otra moneda también podría sangrar y oprimir –como lo está haciendo ahora- a las poblaciones. El gobierno griego no quiere salir del euro, si lo hace es porque lo expulsan. Además, creo que la denuncia del “sistema” deuda y la austeridad unifica a las poblaciones. Gran Bretaña y Ucrania, que no pertenecen a la eurozona, también sufren problemas relacionados con la deuda y las políticas austeritarias. Con esto no quiero decir que esté a favor o en contra del euro, pero sí que lo que realmente sojuzga a las poblaciones es la deuda.

-En medio de todo el ruido de comunicados, declaraciones, cartas y amenazas, ¿qué pretenden realmente las instituciones europeas y el FMI? ¿Cuál es su estrategia no explícita? ¿Y la del ejecutivo griego?
Sacar a Tsipras del poder en Grecia. Y de ese modo, impedir el “efecto contagio” en países donde se celebrarán pronto elecciones, como España o Irlanda. Estamos viviendo un periodo histórico en el que se atenta contra la democracia como nunca antes en tiempos de paz. También, un saqueo brutal contra un pueblo, en este caso el griego. Pero asistimos al mismo tiempo a un gran momento de lucha y resistencia (históricas), en países como Grecia o España. Por eso es tan importante apoyar el “no” en el referéndum. Por otro lado, la posición de Tsipras no es radical. Sólo ha planteado una reestructuración de la deuda para posponer los pagos y poder funcionar de un modo “normal”, además de desarrollar un plan de inversiones. Lo que ocurre es que se ha negado a traspasar la “línea roja” de las pensiones.

-Por último, ¿se debería continuar negociando después del referéndum del domingo?
Personalmente estaría a favor de la ruptura para que no hubiera negociaciones. Hace seis meses que los acreedores le están imponiendo a un gobierno democrático sus tareas. Las instituciones internacionales han empujado al máximo a Tsipras, hasta el límite de sus “líneas rojas”. Si negocian, es sólo para que se apliquen medidas de austeridad. Tiene toda la razón Tsipras cuando habla de “responsabilidad criminal” del FMI a la vista de cómo actúa en Grecia. Siempre hay que tener con cuenta que, por ejemplo para “honrar” el pago de la deuda, la masa salarial del sector público pasó de 24.500 millones de euros a 15.800 millones de euros entre 2009 y 2013, lo que además implicó un “recorte” de 277.000 empleos.