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viernes, 16 de febrero de 2024

Éric Toussaint aboga por una ley anti-fondos buitre en la Asamblea Nacional francesa



Fuentes: CADTM internacional [Imagen: De izquierda a derecha: Michel Sala (diputado de France Insoumise), Éric Toussaint (portavoz del CADTM Internacional) y Éric Coquerel (diputado de France Insoumise y Presidente de la Comisión de finanzas de la Asamblea Nacional), el jueves 25 de enero de 2024 en la Asamblea nacional en París]

El jueves 25 de enero de 2024, Éric Toussaint fue invitado a la Asamblea Nacional francesa a iniciativa del diputado de France Insoumise Michel Sala. En su conferencia presentó la nueva crisis de la deuda que afecta a un gran número de países del Sur y que solo está en sus inicios. También hizo un llamado a los diputados y diputadas a tomar la iniciativa para una ley anti fondos buitre con el fin de mejorar la ley Sapin de diciembre de 2016. Les propuso también que adoptaran una ley que obligue a los acreedores privados a participar en las anulaciones de deudas cuando haya acuerdo con los acreedores públicos.

Después de la introducción del diputado y Presidente de la Comisión de finanzas de la Asamblea nacional Éric Coquerel que presentó su punto de vista sobre las deudas ilegítimas y, especialmente, sobre la necesidad de anular las deudas de la zona euro contraídas con el Banco Central Europeo, Éric Toussaint desarrolló su visión sobre la nueva crisis de la deuda de los países del Sur.

Apoyó sus conclusiones recordando que esta crisis de la deuda era debida a shocks externos exógenos provenientes del Norte, y en especial el fuerte aumento del precio de los cereales, de los fertilizantes y del combustible como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, y principalmente por el brutal aumento de los tipos de interés decidido unilateralmente por la Reserva federal de EEUU (FED), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra.

Esta realidad podría permitir a los países sobreendeudados del Sur utilizar el cambio fundamental de circunstancias o la fuerza mayor, instrumentos del derecho internacional que permiten suspender el pago de una deuda en caso de modificación radical de una situación en relación al momento en que el préstamo fue contraído.

Luego Éric Toussaint propuso que la llamada ley Sapin sea reforzada en su aplicación siguiendo los pasos de la ley adoptada por Bélgica en 2015. La eficacia de una legislación como tal se basa principalmente en su adopción por varios países.

De la misma manera, es urgente que diferentes países aborden una ley para implicar a los acreedores privados en la reestructuración de las deudas. Estos acreedores se quedan callados y se aprovechan de las reestructuraciones firmadas por los acreedores bilaterales y multilaterales para continuar exigiendo el pago a los países sobreendeudados.

Un nuevo proyecto de ley será presentado al Parlamento belga antes de las elecciones de junio de 2024. Esta ley impondría a los acreedores privados anular las deudas de los países del Sur en la misma proporción que las anulaciones de deuda acordadas por los acreedores públicos.

Traducido por Griselda Piñero. 

 Fuente: 

martes, 4 de agosto de 2020

Respuesta al rey de los belgas sobre las responsabilidades de Bélgica en El Congo

Por Eric Toussaint | 18/07/2020 | África


El 30 de junio de 2020, con ocasión del sexagésimo aniversario de la independencia del Congo, una noticia recorrió el mundo: Felipe, rey de los Belgas, expresaba en una carta dirigida al Jefe de Estado y al pueblo congoleño su arrepentimiento por el pasado colonial y en particular por el período durante el cual el Congo fue posesión personal de Leopoldo II (1885-1908).

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Aquí les muestro el párrafo principal de esa carta: «En la época del Estado Libre del Congo, se cometieron actos de violencia y crueldad que pesan en nuestra memoria colectiva. El siguiente período colonial causó también sufrimientos y humillaciones. Deseo expresar mis más profundos sentimientos por esas heridas del pasado cuyo dolor hoy está reavivado por las discriminaciones todavía muy presentes en nuestra sociedad. Continuaré combatiendo contra todas las formas de racismo.» (Véase  https://plus.lesoir.be/310315/article/2020-06-30/le-roi-reconnait-les-actes-de-cruaute-commis-au-congo-sous-leopold-ii)


Esa declaración es totalmente insuficiente ya que no designa explícitamente a los culpables, ni tan solo se menciona al rey Leopoldo II. Felipe no presenta sus disculpas ni propone que la familia real y/o el Estado belga paguen reparaciones.
Esta intervención del Rey de los belgas es uno de los resultados del inmenso movimiento internacional de concienciación y de movilización desde el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos, que marcó el final del mes de mayo y todo el mes de junio de 2020.

domingo, 9 de diciembre de 2018

_- Entrevista a Eric Toussaint. Romper el tabú sobre las deudas odiosas y su repudio.

_- LVSL. ¿Piensa usted que la deuda es un tema muy poco discutido en los medios tradicionales? Si es así, ¿cuáles son los motivos en su opinión?

En el CADTM intentamos ante todo preguntarnos de dónde vienen las deudas, si los objetivos perseguidos a través de la acumulación de deudas eran legítimos, y si fueron contraídas de manera legítima y legal.

E.T. La deuda es evocada a menudo, pero no lo es nunca en el sentido en que el CADTM y yo la abordamos. El discurso de los medios dominantes y de los gobiernos consiste en decir que hay un exceso de deuda, demasiado gasto público de los Estados y, en consecuencia, que hay que pagar la deuda y reducir esos gastos públicos. En el CADTM intentamos ante todo preguntarnos de dónde vienen las deudas, si los objetivos perseguidos a través de la acumulación de deudas eran legítimos, y si fueron contraídas de manera legítima y legal. Este es el enfoque que intentamos tener y es cierto, en efecto, que no es el que aparece en los medios dominantes. Estos no ven ningún interés en este enfoque y, además, la cuestión está desconectada de su realidad.

LVSL. Usted establece justamente una tipología de las deudas según que estas sean ilegítimas y quizás odiosas. ¿Podría darnos las características de estos tipos de deudas?

E.T. Está, ante todo, el resultado de la elaboración de una doctrina sobre la deuda odiosa por un jurista conservador ruso quien ha sido profesor de derecho en la Universidad de San Petersburgo durante el régimen zarista (Petrogrado, en aquella época, era la capital del imperio ruso), Alexander Nahum Sack. Él la elaboró como reacción al repudio de la deuda a la cual recurrió el poder soviético en 1918. Él no estaba de acuerdo, se exilió a Francia y comenzó entonces a inventariar todos los litigios en materia de deudas soberanas entre fines del siglo XVIII y los años 1920. Estudió los arbitrajes internacionales, la jurisprudencia, los actos unilaterales. Con todo ello pudo construir una doctrina de derecho internacional ( http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Alexander_Sack_DETTE_ODIEUSE.pdf ) que se aplica en parte hoy. Esta establece un principio general que afirma que, aun en caso de cambio de gobierno, de régimen, hay continuidad de las obligaciones internacionales.

Sin embargo, esta doctrina integra una excepción fundamental, la de la deuda odiosa, que se funda en dos criterios. El primero se cumple si se puede demostrar que las deudas reclamadas a un Estado fueron contraídas contra el interés de la población de ese Estado. El segundo criterio se cumple si los acreedores eran conscientes de este hecho o si no pueden demostrar que se encontraban imposibilitados de saber que esas deudas eran contraídas contra el interés de la población. Si estos dos criterios se encuentran así satisfechos, entonces estas deudas contraídas por un gobierno anterior son odiosas; el nuevo régimen y su población no están obligados a pagarla. Para el CADTM, esta doctrina debe ser actualizada, pues la noción de lo que es contrario al interés de una población dada ha evolucionado desde los años 1920, simplemente porque el derecho internacional ha evolucionado ( http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander ). Este es el caso sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron instrumentos jurídicos vinculantes como el PIDESC (Pacto Internacional Relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ), que permiten determinar lo que es conforme o contrario al interés de una población.

A propósito de la deuda ilegítima, esta puede ser definida en términos menos restrictivos; no existe el objetivo explícito de ir en contra de la población. Esta deuda es calificada de “solamente” ilegítima por el hecho de que fue acumulada para favorecer el interés de minorías privilegiadas. Es el caso, por ejemplo, de una deuda pública contraída para salvar a los grandes accionistas de los bancos, mientras que son los bancos los responsables de un marasmo debido a la crisis bancaria. En este contexto, las deudas acumuladas desde la crisis bancaria de 2007-2008 en países como Francia, España o los Estados Unidos son deudas ilegítimas. El CAC (Colectivo por una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública) determinó además, gracias a sus trabajos, que el 59% de las sumas de la deuda reclamada a Francia es ilegítimo (cc https://www.audit-citoyen.org/2014/05/27/que-faire-de-la-dette-un-audit-de-la-dette-publique-de-la-france/ et https://static.mediapart.fr/files/note-dette.pdf ).

Esta masa corresponde en parte al salvataje bancario, pero también a toda una serie de regalos fiscales de los que se benefician las empresas muy grandes, y que no respetan los principios de justicia fiscal y social. Por otra parte, la renuncia de los Estados de la zona euro a financiar la deuda estatal ante el banco central y la puesta en el mercado de la deuda obliga a estos Estados a pagar tasas de interés superiores a las que habrían debido pagar si hubieran podido financiarse ante el banco central. Deberíamos por tanto deducir el monto de deuda acumulada resultante de esta diferencia de tasas.

LVSL. ¿Cómo son repudiadas las deudas? En su libro, usted cita varios ejemplos de repudio de deuda, de ahí que usted vea una continuidad en los contextos políticos que favorecen estos repudios.

E.T. Ante todo, de manera general, hay un cambio de régimen o de gobierno que desemboca en un cuestionamiento de lo que se ha acumulado como deuda hasta el momento del cambio. Por ejemplo, en 1837 en los Estados Unidos, hubo una rebelión ciudadana en cuatro estados que desembocó en una destitución de sus gobernadores, acusados por las poblaciones de corrupción, de haber establecido acuerdos con banqueros para financiar infraestructuras que no fueron ejecutadas. Los nuevos gobernadores repudiaron las deudas y los banqueros afectados por estos repudios recurrieron a la justicia federal de los Estados Unidos. ¡Pero su pedido fue desestimado! Es un caso muy interesante. El repudio fue la resultante de una movilización ciudadana, de una denuncia del comportamiento de algunas autoridades por parte de una población indignada y que se sublevó contra el pago de las deudas.

En 1837, en los Estados Unidos, el repudio fue la resultante de una movilización ciudadana, de una denuncia del comportamiento de algunas autoridades por parte de una población indignada y que se sublevó contra el pago de las deudas.

Otro ejemplo, en México, el gobierno del presidente Benito Juárez, liberal en el sentido del siglo XIX, es decir, partidario de la separación del Estado y la Iglesia, de la enseñanza pública gratuita, laica y obligatoria, fue destituido en 1858 por los conservadores locales. Estos pidieron préstamos a banqueros franceses, suizos y mexicanos para financiar su gobierno ilegal. En 1861, cuando Benito Juárez vuelve al poder con el apoyo del pueblo, repudia las deudas contraídas por los conservadores. En enero de 1862, el gobierno francés de Bonaparte declara la guerra a México con el pretexto de obtener el pago de la deuda contraída con los banqueros franceses. Un cuerpo expedicionario francés de 35 000 soldados impone entonces el reino del príncipe austríaco Maximiliano I, que es proclamado emperador de México. Pero Benito Juárez regresa al poder otra vez con el apoyo popular y decide el repudio de las deudas contraídas por el régimen de Maximiliano de Austria entre 1862 y 1867. Esto dio buenos resultados para el país. Todas las grandes potencias reconocieron el régimen de Benito Juárez y firmaron acuerdos comerciales con él, incluida Francia, después de la caída de Bonaparte en 1870. Finalmente, podemos evocar la revolución rusa. La población se oponía a los gastos del régimen zarista y a las guerras que este llevaba adelante. Y cuando los sóviets toman el poder en octubre de 1917, como consecuencia de su toma de poder, uno de los decretos adoptados es, primero, el de la suspensión de pago, y luego el repudio de la deuda. Estos ejemplos dan testimonio de actos que podemos calificar de unilaterales.

Puede haber también otros ejemplos en los cuales se encuentra una intervención internacional. En 1919, en Costa Rica, hay un derrocamiento de un régimen antidemocrático y un retorno a un régimen democrático, asociado a una decisión del congreso costarricense de repudiar deudas contraídas por el régimen anterior. Frente a la amenaza de intervención británica, Costa Rica pide entonces un arbitraje neutral. Los dos países se ponen de acuerdo para designar al presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos como árbitro, ¡y esta resuelve a favor de Costa Rica! Es interesante en el nivel de la jurisprudencia, y sirve de referencia a A.N. Sack, pues este es un admirador de los Estados Unidos. Ahora bien, el presidente-juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William H. Taft, afirma que la deuda reclamada a Costa Rica por un banco británico, el Royal Bank of Canada, es una deuda acumulada por el Presidente Federico Tinoco para su beneficio personal y contra el interés de la población. El banco no pudo demostrar que no sabía que F. Tinoco había pedido prestado ese dinero en beneficio propio. Sobre todo, en ningún momento durante el juicio, W.H. Taft se refiere al carácter despótico del régimen, y A.N. Sack concluirá en su doctrina que poco importa la naturaleza del régimen anterior, esto no tiene importancia, lo que cuenta en la apreciación de la deuda es la utilización que se hizo del dinero prestado. Y desde mi punto de vista, esto es fundamental, pues durante años hubo una interpretación errónea de la doctrina A.N. Sack, que limitaba la aplicabilidad del repudio de la deuda odiosa a los regímenes dictatoriales. Para A.N. Sack, su doctrina se aplica a un gobierno regular sobre un territorio dado, a un régimen que ejerce un poder real, y no importa si es legítimo o no.

A.N. Sack, aun cuando no hable de “pueblo” sino de “nación”, y esta es la gran diferencia del contexto histórico con la actualidad y la evolución paralela del derecho, menciona claramente los intereses de la población, sobre todo a partir de un caso muy preciso: el tratado de Versalles de 1919. Este dice que las deudas contraídas por Alemania para colonizar Polonia no pueden imputarse a Polonia, restituida a su existencia en tanto Estado independiente, pues justamente esta deuda fue contraída para colonizar Polonia y, por tanto, contra el interés del pueblo polaco. En el mismo tratado se dice que las deudas contraídas por Alemania para colonizar sus territorios de África (Namibia, Tanganica, Camerún, Togo, Ruanda-Urundi) no pueden imputarse a las poblaciones de estos territorios. Interviene aquí la noción de interés de las poblaciones, con la cual A.N. Sack no simpatiza pero que toma sentido a partir de ese período. Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson, publica en enero de 1918 una declaración que proclama el derecho de los pueblos a la autodeterminación https://www.dipublico.org/3669/catorce-puntos-del-presidente-wilson-1918/ y https://es.wikipedia.org/wiki/Catorce_Puntos ). De ahí que una deuda acumulada para colonizar una población dada pone en tela de juicio el derecho de ese pueblo a la autodeterminación. Esta evolución del derecho justifica mi posición, que es la siguiente: retomemos los criterios elaborados por A.N. Sack sobre la base de la jurisprudencia, pero tengamos en cuenta la evolución del derecho internacional.

LVSL. Si se mira entonces el caso de Grecia en 2015, nos encontramos con un cambio de régimen con la llegada al poder de Syriza y Alexis Tsipras, y un apoyo social importante. Sin embargo, al final, este ignoró el trabajo de la Comisión sobre la verdad de deuda pública griega, que usted integró. ¿Cuáles son los parámetros políticos que impidieron ese movimiento propicio hacia un posible repudio de una parte de la deuda griega?

E.T. Sí, es extremadamente importante analizar este caso. Se trata simplemente de la incapacidad de Tsipras para adoptar una estrategia adaptada al contexto real en el que se encontraba Grecia. Si se observa el programa de Tesalónica presentado en septiembre de 2014, gracias al cual fue elegido (véanse fragmentos del programa en mi artículo: http://www.cadtm.org/Desde-el-comienzo-el-tandem ), había toda una serie de compromisos muy importantes que implicaban especialmente una reducción radical de la deuda. En efecto, había medidas que debían provocar cambios radicales con respecto a la austeridad tan brutal que se aplicó, con respecto a las privatizaciones y con respecto a la manera como los bancos griegos fueron salvados. Tsipras emprendió una política que no era para nada coherente con el programa y los compromisos que había tomado. Su estrategia fue la de una concesión muy rápida a la Troika , compuesta por el BCE , el FMI y la Comisión Europea/Eurogrupo. El Eurogrupo, además, era una instancia sin estatus jurídico, que no existe en los tratados. Pero el gobierno Tsipras aceptó ser encerrado en este último. Varoufakis iba a negociar y firmar acuerdos con el Eurogrupo, presidido entonces por Jeroen Dijsselbloem. A mi entender, esta estrategia es lo que llevó a una primera capitulación el 20 de febrero de 2015, casi de entrada. El hecho de aceptar la prolongación del memorándum de cuatro meses, de respetar el calendario de pagos y de comprometerse a someter proposiciones de profundización de las reformas al Eurogrupo es seguir en la servidumbre (véase http://www.cadtm.org/La-primera-capitulacion-de-Tsipras ). Muchos interpretaron esto como la adopción de una actitud inteligente, táctica por parte de Tsipras. En realidad, los términos del acuerdo de febrero de 2015 constituían un renunciamiento. Esto lo acorraló definitivamente. Ahora bien, él tendría que haber dado marcha atrás, admitiendo ante su pueblo y ante la opinión internacional que había sido ingenuo al aceptar los términos del 20 de febrero. Frente al rechazo de la Troika a respetar los votos emitidos por el pueblo griego, tendría que haber declarado que, al hacer concesiones, había creído erróneamente que el Eurogrupo también iba a hacerlo. Así, habría podido llegar a la necesidad de cambiar de enfoque. Pero no lo hizo cuando tenía la legitimidad para hacerlo y lo vimos luego durante el referéndum que él ganó. Pero después del referéndum, Tsipras no aplicó la voluntad popular, ¡cuando se había comprometido a hacerlo! Es, por tanto, el propio Tsipras el que impidió que se llegara, entre otras cosas, a un repudio de la deuda.

LVSL. ¿Puede ocurrir hoy una situación similar con Italia? ¿No hay una voluntad de las instituciones europeas de ser mucho más firmes con los gobiernos de izquierda, progresistas, que con los demás?

E.T. Con Italia estamos aún en un estadio en el cual se tiene la impresión, basada en elementos reales, de que el gobierno de Salvini, por el que no tengo ninguna simpatía, evidentemente, es un poco más firme que el gobierno de Tsipras frente a los diktats de los dirigentes de Bruselas. Sin embargo, hay que relativizar, dado que, durante la campaña, Salvine pedía un mandato al pueblo italiano para salir del euro y, desde que empezó a participar en la concepción del gobierno con Di Maio, aceptó el marco y el yugo del euro. El gobierno italiano parece firme en el rechazo de la estricta disciplina presupuestaria. Pero esperemos a ver cómo sigue, pues lo más importante queda por venir. Si el enfrentamiento continúa y se endurece, ¿cuál es la actitud que el gobierno italiano adoptará a fin de cuentas? Nadie lo sabe. En todo caso, es de lo más lamentable constatar que es un gobierno en parte de extrema de derecha el que desobedece a la UE con un argumento de rechazo a la austeridad a todo precio, mientras que esta postura debería ser la de los gobiernos democráticos y progresistas. Es una pena ver al gobierno polaco desobedecer a la austeridad, al gobierno húngaro desobedecer en otros aspectos y ver que otros gobiernos permanecen dóciles con respecto a las políticas injustas dictadas por los dirigentes de Bruselas. Por ejemplo, en España, el gobierno de Pedro Sánchez presentó un presupuesto conforme a las reglas dictadas desde Bruselas.

Por otro lado, es absolutamente cierto que hay una voluntad de las instituciones europeas de ser más duras con gobiernos de izquierda democrática y progresista que con los demás. Pero al mismo tiempo, en los primeros, y sobre todo en el caso de Grecia, no hubo desobediencia. Lo que es extraordinario, con todo, es sobre lo que hay que insistir absolutamente en el caso de Tsipras: algunos días después de su elección en enero de 2015 y la constitución de su gobierno, cuando todavía no había tomado ninguna medida, el 4 de febrero, el BCE cortó las liquideces normales a los bancos ( http://www.cadtm.org/Desde-el-comienzo-el-tandem y http://www.cadtm.org/El-tandem-Varoufakis-Tsipras-hacia ). Era una declaración de guerra. Por otro lado, hay gobiernos de derecha y de extrema derecha que desobedecen, pero ¿dónde están las medidas fuertes de la UE en contra de ellos? No se las ha visto todavía.

LVSL. Justamente, pongámonos en situación a la manera del reciente artículo de Renaud Lambert et Sylvain Leder en Le Monde diplomatique, “Frente a los mercados, el escenario de un brazo de hierro”. Tomemos el caso de un país como Francia, ante la elección de un gobierno progresista y resueltamente determinado a romper con el neoliberalismo. El gobierno anuncia rápidamente una moratoria sobre la deuda para encarar el repudio de su parte ilegítima. ¿Cómo evitar el pánico financiero y los daños colaterales, económicos y sociales, que seguirían?

E.T. Yo no diría que se trataría de evitar el pánico bancario sino: ¿cómo manejarlo? Ocurra lo que ocurra, ese pánico existirá y hay que prepararse. Para limitarlo, propongo un instrumento que no es evocado en el artículo de Le Monde diplomatique, y por otra parte tuve un intercambio a este respecto con Renaud Lambert, que no lo había visto. El BCE en el marco del Quantitative easing (QE) –ver el cuadro sobre QE- compró por un poco más de 256 mil millones de títulos españoles a bancos privados. El BCE lo tiene en su balance (sitio oficial del BCE, Breakdown of debt securities under the PSPP https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html , consultado el 29 de noviembre de 2018). Los compró a los bancos privados, pero es el tesoro español el que paga los intereses al BCE, y el capital al vencimiento de los títulos. Ahora bien, si el BCE amenaza a un gobierno de izquierda en España con adoptar una medida como la que tomo con respecto al gobierno de Tsipras, el gobierno español puede decidir no pagar, frente a la voluntad del BCE de impedirle llevar a cabo su mandato democrático. Es un argumento de una potencia considerable, que invierte la relación de fuerzas que el BCE pensaba dominar. Me sorprende que ninguno de los economistas consultados por Le Monde diplomatique haya pensado en él. El Quantitative easing no es suficientemente analizado por los economistas en general, incluidos los heterodoxos de izquierda, que no ven esta arma que está en manos de los Estados a partir del momento en que deciden desobedecer. La Troika estaría en una situación terrible.

Quantitative Easing (QE) o política de flexibilización monetaria
Esta es la política aplicada por el BCE desde 2015 en la misma línea de la política liderada por la Reserva Federal de Estados Unidos entre 2008 y 2014. El BCE está comprando deuda pública y privada a los bancos de la zona del euro, así como a grandes empresas. Al hacer eso, ayuda a los bancos y a otras grandes empresas privadas con dinero en efectivo en mano que estos utilizan para especular aumentando los riesgos de nuevas crisis. La recuperación económica no está en el plan. En principio, el BCE debe poner fin a este programa de compra a finales de 2018, pero en realidad ha decidido mantener una cantidad constante en sus balances de cerca de 2,2 billones de euros en valores soberanos que compró a los bancos privados entre 2015 y finales de 2018. Esto significa que cuando los títulos de deuda soberana lleguen al vencimiento, el BCE comprará títulos por una cantidad equivalente y continuará así inyectando efectivo en bancos a los que comprará estos valores soberanos. Además, el BCE utilizará el QE para chantajear a los gobiernos que no lleven a cabo una política de austeridad y reformas neoliberales lo suficientemente dura. De hecho, en el caso de que un gobierno decida romper con la austeridad, el BCE podría decidir no volver a comprar valores del país en cuestión cuando vencen los valores antiguos. El BCE podría perjudicar al gobierno en cuestión al decidir sustituir los valores vencidos por valores emitidos por un gobierno neoliberal puro y duro. Esto daría lugar a un aumento del tipo de interés de la deuda del país indisciplinado.

Por eso mismo, un gobierno legítimo que quiera romper con las políticas neoliberales no debe dudar, aplicando una política de autodefensa, en suspender el reembolso de los valores en poder del BCE.

Por otra parte, comparto con los autores de ese muy interesante artículo del Diplo la estrategia que consiste también en querer dividir a los acreedores. Por ejemplo, para volver una vez más al caso griego, Tsipras podría haberse concentrado, en un primer momento, en el FMI. En efecto los seis mil millones que había que pagar antes del 30 de junio de 2015 involucraban únicamente al FMI. El gobierno griego habría debido apuntar frontalmente al FMI.

También, cuando se habla de pánico en los mercados y de amenaza de degradación de la nota de España, si esta afirma querer financiarse en otra parte y no en los mercados, ¿qué importa entonces la nota que las agencias le atribuyan? Hay que implementar una política alternativa de financiamiento realizando un préstamo legítimo. El gobierno debería imponer a las empresas más importantes adquirir un monto dado de títulos de la deuda española a una tasa de interés fijada por las autoridades públicas y no por los “mercados”. Esto remite a los que se llama el circuito del tesoro, que funcionó entre la Segunda Guerra Mundial y los años 1970. Para ello, hay que leer la tesis, editada como libro, de Benjamin Lemoine, y titulada El orden de la deuda ( https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_ordre_de_la_dette-9782707185501.html ). Esta obra dice todo sobre este circuito del tesoro que quedó olvidado en la memoria.


Texto original en francés: https://lvsl.fr/59-des-montants-de-la-dette-reclamee-a-la-france-sont-illegitimes-entretien-avec-eric-toussaint

Traducido por Patricia Wilson

miércoles, 12 de julio de 2017

Exposición presentada en la 5ª Universidad de verano del CADTM Europa durante el plenario de apertura el 30 de junio de 2017 en Wépion (Namur)


Se trata de combatir un sistema capitalista depredador de la Naturaleza.

Hay que combatir el sistema capitalista que, dos siglos después de la llamada revolución industrial, ha acumulado en la atmósfera lo que provoca el calentamiento climático.

-Es un sistema que no considera la Naturaleza más que como una materia a explotar, a mercadear para obtener de ella el máximo beneficio.

-Un sistema capitalista que limita a un gran número de países y de pueblos que los habitan a producir para la exportación de materias primas al precio más bajo posible.

-Un sistema que empuja a los países y los pueblos a cultivar productos agrícolas que no consumen y a consumir mercancías que no producen.

-Un sistema que desarrolla centrales nucleares por cuyo cierre nosotros luchamos.

-Un sistema capitalista que mantiene e incluso refuerza la explotación y la opresión de las mujeres.

-Un sistema capitalista que va, igualmente, a la par con el sistema- deuda .

El sistema de las deudas privadas ilegítimas

Este sistema-deuda ha existido mucho antes que el sistema capitalista |1|. Se ha mantenido e incluso reforzado de manera sofisticada con el desarrollo del capitalismo |2|

El endeudamiento privado se ha utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión: a los campesinos de sus tierras, a los artesanos de sus herramientas. La esclavitud por deuda ha causado estragos en el mundo antiguo durante siglos.

El sistema de las deudas privadas ilegítimas pasa, generalmente, por la imposición de condiciones de préstamo y de reembolso que lo hacen imposible. Esto conduce a la desposesión (desposesión de la vivienda, de la tierra, de las herramientas de trabajo) y/o a la obligación de consagrar largos años, incluso décadas, al pago de la deuda.

En el pasado, han tenido lugar múltiples revueltas para liberarse de las deudas privadas ilegítimas, ya sea en la Grecia antigua o en la Europa del Norte en la Edad Media.

Estas luchas contra las deudas ilegítimas se retoman hoy:

-Luchas de campesinos por la anulación de las deudas en India,

-Luchas de mujeres contra los microcréditos en Marruecos,

-Luchas de estudiantes contra el fardo de las deudas estudiantiles en EEUU, en Chile, en Canadá |3| y en Reino Unido,

-Luchas de familias víctimas de los créditos hipotecarios abusivos y de los desahucios en España, en EEUU, en Grecia y en Irlanda.

Las deudas públicas ilegítimas

El sistema de las deudas ilegítimas es igualmente utilizado por el sistema capitalista para someter las políticas de los poderes públicos a los deseos del Gran Capital. Mientras que la deuda pública podría servir para financiar un vasto programa de transición ecológica… es utilizada para imponer políticas antisociales, políticas extractivistas, productivistas, políticas que favorecen la competición entre los pueblos.

El endeudamiento público no es malo en sí. Los poderes públicos pueden recurrir al préstamo para financiar un vasto programa de transición ecológica:

-para financiar el cierre total de las centrales nucleares;
-para reemplazar las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente;
-para reducir radicalmente el transporte por carretera y aéreo en beneficio de los transportes colectivos y por tren.

El préstamo público puede ser pues legítimo si se hace al servicio de proyectos legítimos y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen igualmente de manera legítima.

El CADTM no duda en decir que las grandes empresas y los hogares más ricos deberían contribuir al préstamo sin sacar ventaja, es decir, a interés 0. La mayoría de los hogares podría contribuir de manera voluntaria con una tasa de interés real positiva.

Esto es exactamente lo contrario de lo que pasa, los estados y las administraciones locales se endeudan para financiar la mayoría de las veces políticas ilegítimas:

-financiar gastos en armamento;
-financiar elefantes blancos;
-financiar lo nuclear;
-financiar partenariados público-privados;
-financiar el reembolso de anteriores deudas ilegítimas;
-financiar rescates bancarios.

Así pues, la deuda pública sirve para financiar gastos ilegítimos. La manera de financiar el reembolso de la deuda es igualmente ilegítima. Las grandes empresas y los hogares ricos pagan muy pocos impuestos o ninguno. Son los y las de abajo quienes deben apretarse el cinturón para pagar la deuda. Los bancos privados prestan a los estados a tasas lucrativas para ellos mientras que piden dinero al banco central a interés 0, como es el caso de la zona euro o Japón.

La conclusión es simple: Hay que acabar con el sistema de las deudas ilegítimas privadas y públicas.

El CADTM ofrece con entusiasmo sus fuerzas a nivel internacional y a nivel local junto con los movimientos sociales, los ciudadanos y las ciudadanas preparadas para luchar por el repudio de las deudas ilegítimas, sean públicas o privadas.

En ciertos casos, si los poderes públicos desean involucrarse en este combate, el CADTM está disponible para prestar su colaboración principalmente para la realización de auditorías con participación ciudadana. Es lo que se ha hecho en Ecuador en 2007-2008, en Paraguay en 2008, en Grecia en 2015.

Notas:
1| ver http://www.cadtm.org/Romper-el-circ...
2| ver http://www.cadtm.org/Romper-las-cad...
3| (ver http://www.cadtm.org/Luttes-dettes-... )

Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Es autor de diversos libros, entre ellos:
-Procès d’un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013;
-Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad , Icaria, 2010;
-La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011;
-La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010;
-La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002.

Es coautor junto con Damien Millet del libro
-AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012.
Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja.
Ultimo libro:
-Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015.
Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda

Fuente:
http://www.cadtm.org/Acabar-con-las-deudas-ilegitimas

lunes, 19 de diciembre de 2016

Diez propuestas para no repetir la capitulación que hemos conocido en Grecia

Para no repetir la capitulación que hemos conocido en Grecia en 2015, hago diez propuestas sobre el empoderamiento popular |1|.

La primera propuesta es la necesidad de un Gobierno de izquierda de desobedecer, de manera muy clara y anunciada, a la Comisión Europea. Negándose a obedecer las exigencias austeritarias desde el inicio - el partido que pretende o la coalición de partidos que pretende ser Gobierno y, por supuesto, yo estoy pensando por ejemplo en el Estado español - y comprometiéndose a negarse al equilibrio fiscal. Decir: "no vamos a respetar la obligación decretada por los tratados europeos para garantizar el equilibrio fiscal”, porque queremos aumentar el gasto público para luchar contra las medidas antisociales, austeritarias y para emprender la transición ecológica. Por lo tanto, el primer punto es declarar de manera clara y determinada el compromiso de desobedecer. Para mí, es fundamental la idea de que después de la capitulación griega NO se puede seguir con la falsa ilusión de obtener de la Comisión Europea y de los demás gobiernos europeos el respeto de la voluntad popular. Mantener esa falsa ilusión, sería un desastre. Hay que desobedecer.

Segundo punto. Comprometerse a llamar a la movilización popular. Tanto a nivel de país, como a nivel europeo. También eso faltó el año pasado en Grecia. Por supuesto, los movimientos europeos sociales no estuvieron a la altura en las movilizaciones que hubo, que tuvieron lugar, pero que fueron insuficientes en solidaridad con el pueblo griego. Pero es cierto también que dentro del marco de la orientación estratégica de Syriza, no cabía llamar a la movilización popular a nivel europeo, ni siquiera llamar a la movilización popular en Grecia. Y cuando llamaron a la movilización a través del Referéndum el 5 de julio del 2015, fue para LUEGO no respetar la voluntad popular del 61,5% de los griegos, que se negaron a obedecer las exigencias de los acreedores.

Tercer punto. Comprometerse a organizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana. Yo diría, una auditoría que tiene que ser simultánea a la suspensión del pago de la deuda. Hay situaciones diferentes en los 28 países que conforman la Unión Europea. Hay países europeos donde la suspensión de pagos es una medida de absoluta necesidad prioritaria, como es el caso de Grecia, como sería el caso de Portugal y Chipre. En el Estado español habría que ver. En otros países se puede empezar solamente por la auditoría y luego llegar a la suspensión de pagos. Estas medidas hay que implementarlas tomando en cuenta la situación concreta de cada país.

Cuarta medida. Imponer control de movimientos de capitales. Y tomando en cuenta lo que quiere decir esto. Es decir, ir en contra de la idea de que se va a impedir a los ciudadanos transferir unos cientos de euros a sus socios fuera del país. Por supuesto, transacciones financieras internacionales hasta un cierto nivel, estarían permitidas. Pero sería implementar un control sobre los movimientos de capital, hacia arriba de un cierto monto de transferencias.

Quinta medida. Socializar el sector financiero y el sector energético. Para mí, socializar el sector financiero no es solamente desarrollar un polo público bancario. Es decretar el monopolio público sobre el sector financiero incluyendo bancos y seguros. Una socialización del sector financiero bajo el control ciudadano. Es decir, transformar el sector financiero en servicio público. Dentro del marco de la transición ecológica, por supuesto, la socialización del sector energético es una medida también de primera prioridad. No puede haber una transición ecológica sin monopolio público sobre el sector energético, tanto a nivel de la producción, como de la distribución.

Propuesta número seis. Creación de una moneda complementaria, no convertible. Ya sea en el caso de salida del euro o de mantenerse en la zona euro, de todos modos es necesaria la creación de una moneda complementaria no convertible. Es decir, una moneda que sirva en circuito corto a los intercambios dentro del país. Por ejemplo, para pagar aumentos de jubilaciones, aumentos de salarios a funcionarios públicos, para pagos de impuestos, para pagos de servicios públicos... Se puede utilizar una moneda complementaria que permita aliviar y salir de manera parcial de la dictadura del euro y del Banco Central Europeo. Claro, tampoco se puede evitar el debate de la salida de la zona euro. Creo que en varios países, la salida de la zona euro es también una opción que hay que defender como partidos y, sindicatos de clase. Varios países de la zona euro no pueden emprender realmente una ruptura con la austeridad y emprender una transición ecosocialista sin salir de la zona euro. En caso de salir de la zona euro, para mí, hay que emprender una reforma monetaria redistributiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir decretar, por ejemplo, que hasta 200.000 euros líquidos, el cambio en caso de volver a la peseta sería un 1 euro por 100 pesetas. Pero por encima de 200.000 (puede ser por encima de 100.000) el cambio para tener 100 pesetas sería de un 1,5 euros. En otro nivel superior, habría que entregar 2 euros. Llegando a los niveles más altos de 500.000, entregar 10 euros para tener 100 pesetas. Eso se llama reforma monetaria redistributiva. Que disminuye el circulante y redistribuye el patrimonio líquido de los hogares. Evidentemente, eliminando una parte del patrimonio líquido del 1% más rico. Sabiendo que, no sé exactamente los datos del País Vasco o del Estado Español, pero casi el 50% de la población ni siquiera tiene ahorro. Un 30% de la población, los de abajo, tiene deudas, no tiene patrimonio líquido. Puede tener patrimonio en términos de vivienda (hipotecada o no), pero no tiene patrimonio positivo esa gran parte de la población.

La medida siete. Por supuesto, reformar radicalmente la fiscalidad. Eliminar el IVA sobre productos de consumo básicos, alimenticios por ejemplo, servicios de luz y agua, otros servicios de primera necesidad. Sin embargo, un aumento del IVA sobre productos de lujo y productos que contaminan etc. Pero fuera de los productos y servicios de base, hace falta un aumento de la fiscalidad sobre la ganancia de las empresas privadas y sobre las ganancias e ingresos por encima de un cierto nivel. Es decir, fiscalidad progresiva sobre los ingresos y sobre el patrimonio.

Octava medida. Desprivatización. Recomprar empresas privatizadas con el euro simbólico. Así, a ese nivel, usar el euro podría ser muy simpático, pagar un euro simbólico a los que se aprovecharon de las privatizaciones. Y fortalecer y extender los servicios públicos bajo control ciudadano.

Medida nueve. Reducir el tiempo de trabajo manteniendo, protegiendo el salario. Abrogar las leyes antisociales y adoptar leyes para solucionar la situación de la deuda hipotecaria. Se podría realizar perfectamente vía leyes, evitando juicios (porque hay múltiples juicios sobre deuda hipotecaria en los cuales los hogares se enfrentan a los bancos). Un Parlamento puede decretar vía ley, por ejemplo, la anulación mediante ley, de las deudas hipotecarias por debajo de 150.000 euros, por ejemplo. Eso permitiría no ir a juicio.

Medida diez. Abrir un verdadero proceso constituyente. No se trata de cambios constitucionales dentro del marco del Congreso o de las Cortes actuales. Se trataría de disolver el Parlamento y convocar a la elección directa de una Asamblea Constituyente. Claro, convocarlo teniendo en cuenta la cuestión de las nacionalidades etc. pero abrir un verdadero proceso constituyente, ya sea en las nacionalidades o a nivel del estado como tal. Y, buscar cómo encajar esto en otros procesos constituyentes a nivel europeo.

Éstas son para mí diez medidas básicas a someter a debate. Pero pongo esas medidas a un nivel alto. Porque creo que sin medidas radicales anunciadas desde el inicio, no habrá ruptura ni siquiera con las políticas de austeridad. No hay margen de maniobra para romper con las políticas de austeridad sin tomar medidas radicales contra el gran capital. Los que piensan que se puede evitar esto, son «vendedores de humo», de fórmulas que no pueden encontrar realmente forma concreta de realización. El nivel europeo, la arquitectura europea es tal, y el nivel de crisis del capitalismo es de tal dimensión, que no hay más espacio real para políticas neokeynesianas productivistas. Para mí, el ecosocialismo no es el discurso del domingo. Es el discurso diario, del cual tienen que bajar las propuestas inmediatas que hay que concretar. Y complementar la lucha contra la austeridad y emprender el camino y la transición ecosocialista es una necesidad absoluta e inmediata.

Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d’un homme exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad , Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global , El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos , Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique , Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Ultimo libro: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015.

Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda.
Fuente: http://www.cadtm.org/Sobre-empoderamiento-popular-Diez

jueves, 17 de septiembre de 2015

Una alternativa para Grecia

CADTM

En agosto-septiembre de 2013 redacté un proyecto de programa de medidas a poner en práctica en Grecia en caso de victoria electoral de la izquierda radical. Envié dicho texto el 10 de septiembre de 2013, como borrador, a los militantes de Grecia y otros lugares con el fin, como escribí entonces, de «recabar comentario críticos y propuestas de mejora».

Algunas personas me respondieron y corregí ligeramente mi propuesta. Presenté la propuesta en Atenas el 20 de marzo de 2014 en una reunión de trabajo con los militantes del DEA (1) e invitados de otros países (Francia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania…). También presenté un resumen de la propuesta en una conferencia pública el 30 de marzo de 2014 en la que también tomó la palabra Panagiotis Lafazanis, líder de la nueva formación política griega Unidad Popular, lanzada el 21 de agosto de 2015.

Hasta ahora no se ha publicado la propuesta. Consideré que no había recibido suficientes respuestas a las repetidas peticiones de comentarios y mejoras para exponer la propuesta públicamente. También era consciente de que no conocía demasiado la realidad griega y de que era necesario elaborar una propuesta colectiva elaborada esencialmente por los griegos, conocedores de la realidad nacional. A pesar de las reservas que acabo de expresar, tras la capitulación de julio de 2015, he decidido publicar la propuesta escrita hace ya dos años.

He insertado en cuatro partes del texto las propuestas redactadas en julio de 2015. En el proyecto avanzaba la necesidad de salir de la zona euro sin prejuzgar el momento oportuno para hacerlo. Estaba convencido de que en vista del estado de la conciencia de la población griega había que tomar una serie de medidas prioritarias sin abandonar la zona euro. La salida, para que sea asumida por la mayoría de la población, debe resultar de la demostración práctica de que esta opción se ha convertido en una necesidad (lo que está claramente a punto de pasar desde julio de 2015). Finalmente, una salida de la zona euro implica que las demás medidas hay que tomarlas de forma que se realice una salida favorable para la mayoría de la población. Si no es el caso, la salida de la zona euro se convertirá en una salida de derecha que hay que evitar.

En el caso de un país como Grecia, el Gobierno popular debería:

1. Abolir las medidas antipopulares impuestas en el marco de los memorandos con la troika que se han sucedido desde mayo de 2010. Eso implica, en particular, la readmisión de los trabajadores despedidos tras la imposición de los citados memorandos.
2. Suspender el pago de la deuda, organizar una auditoría e imponer una reducción radical del montante y del servicio de la deuda, incluso en un acto de repudio (que solo puede ser unilateral) y adoptar medidas para proteger el ahorro popular invertido en la deuda.
Tomar una medida específica sobre la deuda bilateral con respecto a Alemania, que se eleva a 15.000 millones de euros, contraída con ocasión del memorando de mayo de 2010: el repudio de esa deuda deberá hacerse en compensación parcial de la deuda histórica alemana con Grecia (Segunda Guerra Mundial).
3. Socializar los bancos y las aseguradoras. Debido a las opciones que se tomaron, la mayoría de los bancos se enfrentan a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión del Banco Central Europeo y el Banco de Grecia de proteger los intereses de los grandes accionistas privados agrava el problema.
Hay que volver a los fundamentos. Hay que considerar que los bancos son servicios públicos debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. La misión de la banca es demasiado seria para confiarla a bancos privados. Dado que utiliza dinero público, se beneficia de garantías del Estado y presta un servicio básico a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.
Los poderes públicos deben recuperar su capacidad de control y orientación de la actividad económica y financiera. También deben disponer de instrumentos para realizar las inversiones y financiar los gastos públicos, reduciendo al mínimo el recurso al endeudamiento con instituciones privadas. Para esto hay que expropiar los bancos, socializarlos y transferirlos al sector público bajo control ciudadano, sin indemnizar a los grandes accionistas privados. En algunos casos, a pesar de esa ausencia de indemnización, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste importante para el Estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que guardan. El coste en cuestión debe recuperarse en tanto que puede hacerse sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas, accionistas de los bancos y que los han llevado hacia el abismo consiguiendo jugosos beneficios, poseen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Por lo tanto hay que hacer una punción sobre el patrimonio global de los accionistas.
Los bancos públicos, con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano), pueden coexistir con los bancos cooperativos de tamaño mediano (el carácter cooperativo de estos bancos debe ser estrictamente controlado bajo pena de retirada de la licencia de actividad)
Inserto aquí lo que publiqué en julio de 2015 en un artículo dedicado a las alternativas a la capitulación del Gobierno griego del 13 de julio, http://cadtm.org/Grece-des-propositions.
«Los poderes públicos griegos constituyen, de lejos, el accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían por lo tanto ejercer plenamente el control de los bancos con el fin de proteger los ahorros de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para mantener el consumo. Por una parte convendría utilizar la participación mayoritaria del Estado en los bancos confiriéndoles el estatuto de empresa pública. El Estado debería organizar la bancarrota ordenada de esos bancos protegiendo a los pequeños accionistas y a los ahorradores. Se trata de recuperar el coste del saneamiento de los bancos sobre el patrimonio global de los grandes accionistas privados, ya que son ellos quienes provocaron la crisis y a continuación abusaron del apoyo público. Se crearía un «banco malo» para aislar los activos tóxicos con una gestión dirigida a la extinción. Es necesario, de una vez por todas, obligar a pagar a los responsables de la crisis bancaria, sanear en profundidad el sector financiero y ponerlo al servicio de la población y de la economía real.
También se deberán socializar las aseguradoras privadas. Aunque su estado de salud está menos mediatizado, el sector de las aseguradoras también está en el centro de la crisis actual. Los grandes grupos de aseguradoras también han llevado a cabo operaciones de riesgo, al igual que los bancos privados con los cuales muchas de ellas están estrechamente ligadas. Una gran parte de sus activos está constituido por títulos de la deuda soberana y productos derivados. En busca del máximo beneficio inmediato especularon peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguros de vida o cotizaciones voluntarias a planes de pensiones. La expropiación de las seguradoras permitirá evitar una catástrofe en el sector y protegerá a los ahorradores y a los asegurados. La expropiación de las aseguradoras debe ir acompañada de una consolidación del sistema de jubilación por repartición.
4. Requisar el Banco Central. Al frente se encuentra Yanis Stournaras (colocado en el puesto por el Gobierno de Antonis Samaras) que emplea toda su energía para impedir el cambio que quiere la población. Es un auténtico caballo de Troya que sirve los intereses de los grandes bancos privados y de las autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe ponerse al servicio de los intereses de la población griega.
5. Crear una moneda electrónica (regulada en euros) para uso interno del país. Los poderes públicos podrían aumentar las jubilaciones y los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las personas abriendo un crédito en moneda electrónica que podría utilizarse para múltiples pagos: factura de electricidad, de agua, de transporte comunitario, impuestos, alimentos y bienes de primera necesidad en comercios, etc. Al contrario de un prejuicio infundado, los comercios privados tienen todo el interés en aceptar voluntariamente ese medio de pago electrónico porque eso les permite al mismo tiempo vender sus mercancías y regular sus pagos a las administraciones públicas (pago de impuestos y diversos servicios públicos que utilizan). La creación de esa moneda electrónica complementaria permitiría rebajar las necesidades del país en euros. Las transacciones en dicha moneda electrónica podrían realizarse por teléfono móvil, como es el caso actualmente en Ecuador.
6. Disolver el organismo encargado de las privatizaciones y sustituirlo por una estructura pública de gestión de los bienes nacionales (con parada inmediata de las privatizaciones) encargada de proteger el patrimonio público generando rentas.
7. Imponer un control estricto de los movimientos de capitales y un control de los precios de consumo.
8. Adoptar una reforma fiscal con:
  1. Aumento de la progresividad del impuesto sobre las rentas.
  2. Aumento del impuesto sobre los bienes inmobiliarios (con exoneración de la vivienda principal y por debajo de un umbral a definir, vinculado especialmente al número de ocupantes de la vivienda.
  3. Supresión de los privilegios fiscales de los armadores, de la iglesia ortodoxa y los demás sectores capitalistas.
  4. Reducción radical o supresión del IVA de los bienes y servicios de primera necesidad, subsanado por un impuesto especial sobre el patrimonio de los más ricos.
  5. Represión del gran fraude fiscal que priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben destinarse a los servicios de Hacienda para luchar eficazmente y con prioridad contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deberán hacerse públicos y los culpables duramente sancionados.
9. Realizar una política de préstamo público interno con el Banco Central por medio de la monetización de la deuda. A esta política de préstamo con el Banco Central se puede añadir la emisión de títulos de deuda pública dentro de las fronteras nacionales.
En efecto, el Estado debe poder tomar préstamos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a las opciones políticas afirmadas, pero esos préstamos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar de «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, desarrollar el recurso a las energía renovables respetuosas del medio ambiente, crear o reabrir vías férreas de cercanías en todo el territorio, empezando por las zonas urbanas y semiurbanas, o incluso renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y añadiéndoles comodidades de calidad.
Hay que definir urgentemente una política transparente de préstamo público. Lo que hace falta es que el destino del préstamo público garantice una mejora de las condiciones de vida, rompiendo la lógica de destrucción medioambiental, y que el recurso al préstamo público contribuya a una voluntad redistributiva con el fin de reducir las desigualdades. Por eso proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y los hogares ricos sean obligados por vía la legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexados sobre la inflación, el resto de la población podrá adquirir de manera voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo el 3 %), superior a la inflación. Así, si la inflación anual se eleva al 3 %, la tasa de interés efectivamente pagada por el Estado para el año correspondiente será del 6 %. Semejante medida de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racista en Estados Unidos, las castas en India o la desigualdad entre mujeres y hombres) permitirá avanzar hacia una mayor justicia fiscal y hacia una repartición menos desigual de las riquezas.
10. Tomar un préstamo público externo alternativo (es decir, que excluya a la troika y a los mercados financieros extranjeros) sin aceptar condiciones.
11. Poner en práctica la regla de oro siguiente: la suma destinada al reembolso de la deuda pública no puede superar el 5 % de los ingresos del Estado. Prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, anulación de las deudas ilegítimas, adopción de una segunda regla de oro que consiste en que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son irreducibles y priman sobre los gastos relativos al reembolso de la deuda…
12. También es importante comprometer a Grecia en un proceso constituyente con participación ciudadana activa con el fin de permitir cambios democráticos estructurales. Para realizar ese proceso constituyente hay que convocar, a través de una consulta de sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada de elaborar un proyecto de nueva constitución. Una vez adoptado el proyecto por la asamblea constituyente, que deberá funcionar recibiendo las reclamaciones y las propuestas procedentes del pueblo, será sometido a sufragio universal.
13. Establecer un catastro de las fortunas.
14. Reducir el tiempo de trabajo con restauración del salario anterior a 2010 y después aumentar los salarios y las jubilaciones inferiores a un umbral a determinar (por ejemplo 1.600 euros netos).
15. Aumentar el salario mínimo legal, instaurar una indexación de los salarios y de las prestaciones sociales sobre el coste de la vida.
16. Levantar la inmunidad parlamentaria de los políticos implicados en la crisis y perseguirlos en justicia.
17. Prohibición de las organizaciones que predican en actos de racismo y de odio racista.
18. Poner en marcha un amplio programa de estímulo económico:
- Apoyo a la producción agrícola local: creación de un servicio público para la formación de los agricultores en la agricultura campesina y la agroecología, privilegiar el acceso al mercado de productos locales, reorientar las ayudas de la PAC hacia las pequeñas explotaciones, desarrollar la oferta de semillas locales, apoyar a las nuevas cooperativas agrícolas, relocalizar la agricultura y apoyar las instalaciones en el sentido de la soberanía alimentaria.
- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
- Apoyo al pequeño comercio.
- Apoyo a la pesca artesanal.
- Creación de empleo en los servicios públicos con prioridad en la salud y la educación públicas y el medio ambiente.
- Devolver un estatuto público a las empresas privatizadas y apoyar el lanzamiento de empresas por los trabajadores.
- Desarrollar las energías renovables con el fin de satisfacer las necesidades locales, apoyar los proyectos de aislamiento térmico de los edificios, desarrollar los transportes comunitarios rechazando los grandes proyectos inútiles y de extractivismo.
- Poner en marcha actuaciones ambiciosas de conservación del medio ambiente y consolidar las leyes nacionales en ese sentido: parques naturales, biodiversidad salvaje (terrestre o marina).
- Apoyar el turismo de pequeña escala (contra los grandes complejos turísticos)
- Organizar la gestión pública, local y ecológica del agua y las basuras.
Salir de la zona euro aplicando una reforma monetaria redistributiva (reduciendo el patrimonio líquido de los hogares más acomodados).
He aquí un ejemplo (por supuesto los baremos indicados pueden modificarse tras un estudio serio de la repartición del ahorro líquido de los hogares y la adopción de criterios rigurosos:
1 euro se cambiaría por 1 un nuevo dracma (nd), hasta 200.000 euros.
1 euro por 0,7 nd entre 200.000 y 250.000 euros.
1 euro por 0,6 nd entre 250.000 y 350.000 euros.
1 euro por 0,5 nd entre 350.000 y 500.000 euros.
1 euro por 0,4 nd entre 500.000 y 600.000 euros
1 euro por 0,2 nd por encima de 600.000 euros
1 euro por 0,1 nd por encima de 1.000.000 euros
Si un hogar tiene 200.000 euros líquidos, obtiene a cambio 200.000 dracmas.
Si tiene 250.000 euros obtiene 200.000+35.000=235.000 nd.
Si tiene 350.000 euros obtiene 200.000+35.000+60.000=295.000 nd.
Si tiene 500.000 euros obtiene 200.000+35.000+60.000+75.000=370.000 nd.
Si tiene 600.000 euros obtiene 200.000+35.000+60.000+75.000=370.000 nd.
Si tiene 1.000.000 de euros obtiene 410.000+80.000=490.000 nd.
Si tiene 2 millones de euros obtiene 410.000+80.000+100.000=590.000 nd.
20. Poner fin a la participación griega en la OTAN y a la presencia de bases extranjeras en su territorio, reducir los gastos militares. Apertura de un proceso de negociaciones con los países vecinos con el fin de iniciar un proceso concertado de desmilitarización. Hay que acabar con el acuerdo de cooperación militar con Israel.
Conclusión:  
Con la capitulación de julio de 2015, el cambio es radical, las consecuencias funestas serán numerosas. Entre las causas del cariz actual de los acontecimientos está por supuesto la inflexibilidad de los acreedores, pero también la estrategia seguida por la dirección de Syriza y el Gobierno de Alexis Tsipras (ver http://cadtm.org/Grece-pourquoi-la-capitulation-Une,12143): el rechazo a cuestionar clara y explícitamente la legitimidad y la legalidad de la deuda, la prosecución del reembolso, la incomprensión de la importancia de la realización de una auditoría con participación ciudadana (incluso si Tsipras oficialmente apoya la auditoría), el rechazo a dañar los intereses de los grandes accionistas de los bancos griegos que sin embargo son responsables de la crisis bancaria, el rechazo a adoptar una estrategia de actos de autodefensa frente a la inflexibilidad y las agresiones de los acreedores, el rechazo a preparar un plan B y explicarlo públicamente (que podría incluso llegar a una salida del euro), la ilusión de que por la sola negociación los acreedores acabarán haciendo concesiones suficientes para que Syriza y Grecia puedan salir de los raíles de la austeridad, el rechazo a recordar la necesidad de un proyecto constituyente (la necesidad de cambiar de forma democrática la constitución griega), la incomprensión del papel central de las movilizaciones que habría debido animar… La elección más urgente no era quedarse o no en la zona euro. La elección era entre negociar sin relación de fuerza o bien hacer cinco cosas prioritariamente apoyándose en la movilización popular:
1. Suspender el pago de la deuda (mientras se realiza la auditoría), lo que implica entrar directamente en conflicto con las instituciones de la troika.
2. Resolver la crisis bancaria en curso (lo que implica entrar en conflicto con los grandes accionistas privados responsables de la crisis).
3. Crear una moneda complementaria.
4. Ampliar las medidas frente a la crisis humanitaria (las medidas importantes fueron tomadas por el Gobierno desde febrero de 2015, deben ser ampliadas).
5. Detener las privatizaciones y hacer entrar los recursos en las cajas públicas por fuertes medidas a costa de los sectores privilegiados empezando por el 1 % más rico, las grandes empresas privadas y los grandes defraudadores.
Fuente: http://cadtm.org/Une-alternative-pour-la-Grece

lunes, 17 de agosto de 2015

Resumen Ejecutivo: Informe Auditoría de la Deuda Pública Griega del 18 de junio por El Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública griega.

Resumen Ejecutivo: Informe Auditoría de la Deuda Pública Griega 18 de junio por El Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública griega

... Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar esta deuda en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.

La Comisión también ha podido saber que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras. Los medios de comunicación corporativos escondieron la verdad al público representando una situación en la que el rescate se presentó como beneficioso para Grecia, mientras que promovió un relato que retrataba a la población como culpables de sus propias fechorías.

Los fondos de rescate previstos en los dos programas de 2010 y 2012 se han gestionado externamente a través de esquemas complicados, impidiendo cualquier autonomía fiscal. El uso del dinero del rescate está estrictamente dictado por los acreedores, y por eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del gobierno... 

Fuente: cadtm.org
Intervención de Eric Toussaint.

jueves, 14 de mayo de 2015

La deuda griega

Entevista al economista Éric Toussaint sobre la deuda griega "No imaginaron que un gobierno antiausteridad haría una auditoría"
Txisko Fernández
Naiz

De la mano de la Fundación Hitz, Hitz, Éric Toussaint ha pasado esta semana por Euskal Herria con su última obra bajo el brazo –Bancocracia (publicado en castellano por Icaria Editorial)– y cargado de reposadas reflexiones sobre un ámbito en el que lleva décadas trabajando. Portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), su trayectoria comenzó con la vista puesta en Europa –auditando, en los años 80, la explosión de la deuda de países del Norte, como Bélgica o Italia, coincidiendo con el inicio de las políticas neoliberales– y ahora está en el ojo del huracán de lo que unos denominan “crisis de la deuda en la zona euro” y otros “crisis humanitaria en Grecia”. Gara compartió con otros medios una entrevista tras una rueda de prensa el pasado martes en Bilbo. Este artículo recoge extractos de ambas comparecencias.

Txisko Fernández: ¿Cuál es el mandato que les ha dado el Parlamento griego?
Éric Toussaint: La decisión tomada por Grecia de constituir un comité de auditoría de la deuda, que han denominado “comité de la verdad sobre la deuda”, es inédita a nivel europeo. Ningún parlamento, ninguna institución de un estado de la Unión Europea o del conjunto de Europa, había tomado este tipo de iniciativas. Y lo ha hecho con un mandato tan claro como el de identificar la parte ilegítima, ilegal, odiosa y/o insostenible de la deuda reclamada a Grecia hoy en día.

Ese mandato es muy importante porque hay una amplia conciencia entre la población griega sobre la ilegitimidad y la ilegalidad de una parte de la deuda pero faltan argumentos sólidos, basados en el derecho internacional, con una visión de auditoría de las cuentas públicas, y con el criterio global de las finanzas públicas y de sus relaciones con las finanzas privadas. Hasta la fecha hay una falta de argumentación en la que basar las decisiones soberanas pertinentes en relación a la identificación de este tipo de ilegitimidad e ilegalidad.

Nosotros no vamos a hacer recomendaciones al Gobierno sobre la estrategia a seguir con la Unión Europea; no es parte de nuestra misión. Pero sobre la base de nuestras conclusiones, las autoridades podrán tomar de forma soberana decisiones fundadas en argumentos de derecho interno e internacional para lograr hacer frente a sus acreedores.

Aclaremos estos conceptos sobre la deuda: ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible.
Una deuda ilegítima es la contratada en contra del interés general de la población. Por ejemplo, la deuda contratada como consecuencia de regalos fiscales a una minoría privilegiada, a través de la exoneración de impuestos. También se puede considerar ilegítima la deuda contratada para favorecer a los banqueros privados responsables de la crisis, la contraída para el rescate bancario.
Una deuda ilegal es la que ha sido contratada sin respetar las normas jurídicas en vigor en un estado o en una región económica o política como la eurozona o la UE. En el caso de Grecia, vamos a analizar si se respetó la Constitución a la hora de firmar el Memorándum de 2010 y el programa de rescate, de reestructuración de la deuda, de 2012; si se respetaron las reglas en vigor en la UE; si el Fondo Monetario Internacional, cuando otorgó crédito a Grecia, respetó sus propios estatutos…
También hay que analizar la legalidad desde el punto de vista de los tratados internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, si no se respetaron o se derogaron convenciones que protegen a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, como el de alcanzar un alto nivel de educación, de salud pública, a un empleo decente, a una jubilación digna... si sucedió así, entonces estaríamos hablando de ilegalidad y de carácter odioso.

Y llego al punto de la insostenibilidad. No hablamos de sostenibilidad en términos financieros –la posibilidad de un Estado de seguir reembolsando una deuda porque encuentra cómo pagar–, sino en relación al derecho, donde se entiende que una deuda insostenible es aquella cuyo reembolso impide a un gobierno garantizar a su ciudadanía el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.

¿A quiénes llamarán a declarar ante la comisión?
Vamos a convocar en audiencia a Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo en la época; a Dominique Strauss-Kahn, entonces director general del FMI; al grupo Goldman Sachs, que participó del «maquillaje» de las cuentas de Grecia. Entre otros, invitaremos a declarar al representante brasileño en el FMI, Paulo Noguera Batista, que manifestó que la decisión del Fondo de otorgar crédito a Grecia fue tomada bajo la presión de Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y los bancos franceses y alemanes, que exigieron el rescate público.

Hay testimonios de una discusión en la dirección del FMI en la que varios directores ejecutivos dijeron: “Hay que conceder una quita de deuda a Grecia, hay que reestructurar esa deuda ahora (era 2010), porque otorgar un crédito va a crear una situación en la que Grecia será incapaz de reembolsarlo”.

Pues resulta que el FMI solamente puede otorgar crédito a un país miembro si hace sostenible de manera estructural el reembolso de la deuda. ¿Y qué pasó? Los representantes de Francia y Alemania, apoyados por el resto de países de la zona euro, dijeron que no se podía hacer una quita porque implicaba un costo para los bancos franceses, alemanes, italianos…

Luego, esos acreedores privados, una vez cobrado el cupo de los bonos griegos, vendieron esos títulos en el mercado secundario a otros bancos y fondos especulativos. Y así, los grandes bancos privados salieron del mercado de la deuda griega. Y entonces, en 2012, hicieron la reestructuración de la deuda, con una quita, pero los afectados ya no eran los mismos banqueros; ahora eran, por ejemplo, los bancos chipriotas, que habían comprado a los bancos alemanes y franceses los títulos griegos pensando que era un buen negocio. Y eso provocó la crisis de Chipre.

¿Es compatible esta auditoría de la deuda con la negociación entre el Gobierno de Alexis Tsipras y la Unión Europea?
Por supuesto que es compatible. Aquí hay un especie de ironía de la historia, que es la siguiente: en mayo de 2013, el Parlamento Europeo, bajo la presión de la Comisión Europea, adoptó un reglamento muy duro para los países sometidos a un plan de ajuste estructural –en esa época, Grecia, Portugal, Chipre e Irlanda–. Se llama Reglamento 472 y es extremadamente duro en el tutelaje de las economías de los países bajo asistencia financiera. En el artículo 7.9 se dice que un país bajo ajuste estructural tendrá que realizar una auditoría integral de su deuda para explicar cómo aumentó hasta un nivel insostenible y para identificar posibles irregularidades.

¿Qué está haciendo Grecia al crear el comité de auditoría? Está implementando ese reglamento, que para mí es injusto, pero existe. Cuando se adoptó, claro está, no imaginaron a un gobierno antiausteridad llevando a cabo una auditoría de la deuda; pensaron en otro tipo de escenarios. Pero, a veces, este tipo de situaciones imprevistas permiten a un gobierno basar en el derecho un acto importante; en este caso, un acto democrático y elemental.

¿Hasta ahora no lo ha hecho ningún otro gobierno europeo?
Creo que es importare preguntar a la Comisión Europea, responsable de implementar ese reglamento, por qué no le exigió al Gobierno de Antonis Samaras la auditoría; por qué no se la exigió a Pedro Passos Coelho en Portugal; por qué no se la exigió a Chipre… Realmente, no querían que se hicieran esas auditorías de la deuda.

¿Podría revertirse de alguna manera la socialización de la deuda privada? ¿Obligar a los bancos a asumir la quita?
Podrían pagar la factura de anulación de la deuda, quizás con una contribución a un fondo específico… Si la pregunta es quiénes son los dueños de la deuda de los Estados, no hay ninguna duda de que la respuesta es que los bancos son los principales acreedores. En el caso español, son bancos privados nacionales o extranjeros los tenedores de la deuda pública. En el caso de Grecia, son los acreedores públicos; es un caso que yo calificaría de excepcional, junto a los de Portugal y Chipre.

¿Se puede documentar claramente a dónde han ido a parar los créditos concedidos a Grecia?
Lo que es absolutamente seguro, porque hay declaraciones muy claras al respecto, es que Grecia fue obligada a utilizar el dinero recibido para hacer los pagos a los bancos. El dinero que se quedó en Grecia fue sumamente minoritario. Y eso lo vamos a mostrar con la auditoría, aunque ya está bastante documentado, tanto la parte que salió de Grecia inmediatamente en pago a los bancos, como la parte que llegó entre 2010 y 2012 a los bancos griegos, que en gran parte eran filiales de bancos franceses y alemanes.

¿Y qué repercusiones puede tener fuera de Grecia?
Puede ser un ejemplo para los demás pueblos. Hay mucha esperanza en la opinión pública europea sobre lo que puede ocurrir en Grecia. Si el Gobierno elegido democráticamente con un programa de ruptura con la austeridad logra garantizar a su ciudadanía el restablecimiento de los derechos humanos fundamentales, enfrentándose a las autoridades europeas y a los acreedores, sería un ejemplo extraordinario para la UE y para los pueblos de Europa.

Por eso mismo, un Gobierno como el de Mariano Rajoy es tan riguroso como el de Angela Merkel cuando se está dialogando con las autoridades griegas. Porque Mariano Rajoy, quizás más que otros, quiere el fracaso de la experiencia del Gobierno de Syriza para convencer a los pueblos de España de que no hay salida fuera de la austeridad y que un gobierno de tipo Syriza es imposible, inconcebible, en el Estado español. De ahí la importancia de brindar nuestro apoyo al pueblo griego para permitir que esa experiencia sea exitosa.
Éric Toussaint es un economista belga (Namur, 1954) y portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) que ha sido elegido por el Parlamento de Grecia para coordinar al grupo de expertos –30 personas de 10 nacionalidades distintas– que analizarán cómo se ha generado la deuda pública y quiénes son los responsables.
Fuente: http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/categories/consecuencias-de-las-politicas-de-ajuste-en-europa

jueves, 26 de marzo de 2015

Grecia pone en marcha un grupo de expertos para auditar su deuda

La comisión, coordinada por el politólogo Éric Toussaint, presentará su informe a finales de junio, coincidiendo con varios pagos al BCE.

La presidenta del Parlamento griego, Zoé Constandopulu, anunció este martes la creación de una comisión internacional de expertos que llevará a cabo una auditoría de la deuda pública y será coordinada por el politólogo belga Éric Toussaint.

Constandopulu destacó en rueda de prensa que Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada, y qué parte ha sido malgastada y, por tanto, es ilegal".

La presidenta del Parlamento señaló que la auditoría de la deuda "es un deber hacia las generaciones futuras, porque tendrán que pagar sin tener ninguna responsabilidad".

Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, se preguntó si a la hora de firmar el primer y el segundo plan de rescate en Grecia se tomaron en cuenta "las disposiciones de la Constitución griega, del Tratado de Lisboa y de las constituciones de los estados miembros que prestaron 153.000 millones de euros a Grecia". El conocido politólogo consideró que los créditos para pagar contratos que se han demostrado que son fraudulentos, como los de la multinacional alemana Siemens, forman parte de lo que sería la deuda ilegal. Toussaint aseguró que la comisión de la auditoría tomará también en cuenta "los informes de la Comisión de los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre las consecuencias de los programas de rescate en materia de Derechos Humanos en Grecia".

La comisión de expertos empezará a trabajar a principios de abril y presentará su informe a finales de junio en una conferencia internacional sobre la deuda.

"Se trata de la primera comisión de auditoría de deuda que se forma en Europa", subrayó la eurodiputada de Syriza Sofía Sakorafa, quién será la encargada de comunicar a Bruselas las conclusiones de este análisis.

Sobre qué hará la comisión si una parte de la deuda es declarada ilegal, Constandopulu aseguró que las conclusiones serán puestas a disposición del "Parlamento, el Gobierno y la Justicia", que "harán su deber".

La presentación de las conclusiones de esta auditoría coincide, según explicó Constandopulu, con el pago, a principios de julio, de una serie de tramos al Banco Central Europeo. El principal argumento del Gobierno de Alexis Tsipras es que la deuda griega, tal y como es ahora, no es viable.
Fuente: http://www.publico.es/internacional/grecia-pone-marcha-grupo-expertos.html

sábado, 27 de diciembre de 2014

La Unión Europea conculca las conquistas democráticas y sociales

El fracaso de los gobiernos europeos, de la Comisión Europea y del BCE es patente en la concreción de lo que supuestamente quieren conseguir: reducir el desempleo, relanzar la actividad económica, sanear fundamentalmente los bancos, estimular y aumentar el crédito a los particulares y a las PYMES, incluso aumentar la inversión y reducir la deuda pública. Sobre todos esos puntos, la política europea es un fiasco estrepitoso. ¿Pero realmente son esos los objetivos que los dirigentes europeos desean alcanzar?

Los grandes medios abordan regularmente una serie de cuestiones como: un posible estallido de la zona euro; el fracaso de las políticas de austeridad en materia de relanzamiento económico; las tensiones entre Berlín, París o Roma, entre Londres y los miembros de la zona euro; de las contradicciones en el seno del Consejo del BCE ; de las enormes dificultades para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE; de las crispaciones de ciertos gobiernos europeos con el FMI a propósito de la dosificación de la austeridad. Aunque todas esas tensiones sean bien reales, no nos deben ocultar lo esencial.

Los dirigentes europeos de los países más fuertes y los patrones de las grandes empresas se felicitan de que haya una zona económica, comercial y política común, donde las transnacionales europeas y las economías del Centro de la zona euro obtienen beneficios de la debacle de la Periferia, para reforzar la rentabilidad de sus empresas y ganar en competitividad con respecto a sus competidores estadounidenses y chinos. Su objetivo, en el estado actual de la crisis, no es relanzar la economía y reducir las asimetrías entre las economías fuertes y débiles dentro de la UE.

Además, los dirigentes europeos consideran que la debacle del Sur europeo será una oportunidad para privatizaciones generalizadas de empresas y bienes públicos a precios de saldo. Y los ayudan la intervención de la Troika y la complicidad activa de los gobiernos de la Periferia. Las clases dominantes de los países periféricos son favorables a esas políticas, ya que cuentan con recibir una parte de un pastel que codician desde hace tiempo. Las privatizaciones de Grecia y Portugal prefiguran lo que llegará a España e Italia, donde los bienes públicos que se podrán adquirir son mucho más importantes, considerando el tamaño de esas dos economías. Los dirigentes de las economías europeas más fuertes también planean realizar una nueva ola de importantes privatizaciones en sus propios países.

Ni siquiera se disimula la estrecha relación entre los gobernantes y el gran capital. A la cabeza de varios gobiernos, colocados en puestos ministeriales importantes y en la presidencia del BCE, se encuentran hombres directamente salidos del mundo de las altas finanzas, |1| comenzando por el banco de negocios Goldman Sachs. |2| Algunos políticos de primera fila son recompensados con un puesto en un gran banco u otra gran empresa una vez que cumplieron con sus buenos oficios para las grandes corporaciones. |3| No es algo nuevo, pero es más evidente y común que durante los últimos 50 años. Se puede hablar de verdaderos vasos comunicantes y bien transparentes.

Considerar que la política de los dirigentes europeos es un fracaso porque el crecimiento económico no ha vuelto es equivocarse considerablemente en el criterio de análisis. Los objetivos perseguidos por la dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los gobiernos de las economías más fuertes de la UE, por las direcciones de los bancos y de otras grandes empresas privadas, no es ni la rápida vuelta al crecimiento, ni la reducción de las asimetrías en el seno de la zona euro y de la UE con el fin de hacer de ella un conjunto más coherente al que la prosperidad pudiera retornar.

Sobre todo, no hay que olvidar una cuestión fundamental: la capacidad de los gobernantes, que se han puesto dócilmente al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas, para gestionar una situación de crisis, incluso de caos, y actuar en el sentido requerido por esas grandes empresas. La crisis permite pasar al ataque con el pretexto de aplicar un tratamiento de choque justificado por la amplitud de los problemas.

Los derechos económicos, sociales y culturales son continuamente cuestionados en sus propios fundamentos, sin olvidar la ofensiva contra los derechos civiles y políticos como el derecho efectivo a la elección de los legisladores. En efecto, el Parlamento Europeo no ejerce realmente como poder legislativo, los parlamentos nacionales de los países sometidos a la Troika ven como ésta le dicta sus leyes, y los otros parlamentos tienen su soberanía y su poder fuertemente limitados por los diferentes tratados europeos, adoptados sin ninguna consulta democrática, como el TSCG (Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza) que fija requisitos presupuestarios inaceptables. Otros derechos son también burlados: el ejercicio real del sufragio universal directo, el derecho de rechazar los tratados, el derecho de modificar la constitución mediante un proceso democrático constituyente, el derecho de protestar y de organizarse para que estas protestas den resultados. La UE y sus países miembros refuerzan una deriva autoritaria con el retorno del ejercicio directo del poder por los representantes de una oligarquía económica.

Para avanzar en la mayor ofensiva llevada a cabo después de la segunda guerra mundial a escala europea contra los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población, los gobiernos y la patronal utilizan diferentes armas: la deuda pública, el desempleo, el retraso de la edad de jubilación, la exclusión del derecho a recibir un subsidio de las muchísimas personas sin empleo, la congelación o disminución de salarios y de las diversas ayudas sociales, la reducción de los efectivos tanto en las empresas privadas como en el sector público, la búsqueda del equilibrio presupuestario como pretexto de los severos recortes en los servicios públicos, la búsqueda de la mejora de la competitividad de los Estados miembros de la UE, entre ellos y con respecto a sus competidores comerciales de otros continentes.

Para el Capital, la cuestión es aumentar aún más la precarización de los trabajadores, reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia, disminuir los salarios y diferentes prestaciones sociales a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores dentro de la UE, con el objetivo de aumentar la competencia entre ellos y precipitarlos en la trampa de la deuda.

Primero, están las disparidades entre los asalariados de un mismo país: entre mujeres y hombres, entre fijos y eventuales, entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo, entre las viejas generaciones que se benefician de un sistema de jubilación basado en la solidaridad y las nuevas generaciones a las que se les impone un sistema cada vez más individualista y aleatorio. Sin contar con los «sin papeles», súperexplotados y que no gozan de ningún derecho social ligado al trabajo. Por iniciativa de la patronal y con el apoyo de los gobiernos sucesivos (y en eso, los partidos socialistas europeos han desempeñado un activo papel), esas disparidades han crecido en el curso de los últimos 20 años. Por ejemplo, en Alemania, 7,5 millones de trabajadores deben contentarse con un salario mensual de 400 euros, cuando el salario mensual normal supera netamente los 1.500 euros. |4|

Segundo, a esas diferencias, se agregan las disparidades entre los trabajadores de los países del Centro y los de los países de la Periferia, en el seno de la UE, que son complementarias de las que se profundizan dentro de las fronteras nacionales. Los salarios de los trabajadores del grupo de países más fuertes (Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Austria, Dinamarca) son el doble o el triple de los salarios de los de Grecia, Portugal o Eslovenia. El salario mínimo legal de Bulgaria (156 euros brutos mensuales en 2013) es de 8 a 9 veces inferior al de países como Francia, Bélgica o los Países Bajos. |5|

En América del Sur, aún cuando las diferencias son grandes entre las economías más fuertes (Brasil, Argentina, Venezuela) y las más débiles (Paraguay, Bolivia, Ecuador...), la diferencia en el salario mínimo legal es del orden de 1 a 4, por tanto una disparidad netamente menor que en el seno de la Unión Europea. Esto muestra hasta qué punto es fuerte la competencia entre los trabajadores de Europa. Las grandes empresas de los países europeos más fuertes en el plano económico se benefician profundamente de las disparidades salariales en el seno de la UE.

Las autoridades europeas refuerzan también la política de fortaleza sitiada menospreciando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas no europeos/as al acceso a su territorio. Además, perfeccionan su política criminal en las fronteras de Europa que provoca la muertes de miles de personas que intentan buscar una vida mejor en la Unión Europea. El derecho de asilo también es pisoteado.

Lo que vemos, detrás de la cortina de humo de los discursos oficiales, es una lógica terrible, injusta y mortífera que está en marcha. Es el momento de sacarla a la luz para poder enfrentarse mejor y conseguir vencerla.

Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
Notas:
|1| Un ejemplo: Emmanuel Macron, designado ministro de Economía y de Industria por el presidente francés François Hollande a fines de agosto de 2014, que proviene de la banca Rotschild, Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Emmanu...
|2| Éric Toussaint,«Bancocracia: de la república de Venecia a Mario Draghi y Goldman Sachs» publicado el 6 de noviembre de 2013, http://wwwcadtm.or/Bancocracia-de-l...
|3| Éric Toussaint, «DSK, Blair, Geithner, Rubin: de la politique à la finance», publicado el 9 de diciembre de 2014, http://cadtm.org/DSK-Balir-Geithner...
|4| El salario mínimo instaurado recientemente en Alemania será efectivo a partir de 2017, pero tendrá numerosas excepciones y no se beneficiará de una revalorización regular y automática
|5| Véase http://epp.eurostat.ec.europa.eu/st... con los datos hasta 2013. Véase también http://www.inegalites.fr/spip.php?a... que tiene datos que se detienen en 2011, desgraciadamente.
Eric Toussaint. CADTM
Éric Toussaint, maître de conférence en la Universidad de Lieja, portavoz del CADTM internacional y miembro del Consejo científico de ATTAC Francia, es autor de Bancocracia, Icaria Editorial, Barcelona, 2014, Proceso de un hombre ejemplar, edición digital (2013), disponible en pdf, véase www.cadtm.org/Proceso-a-un-h..., Una mirada al retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria Editorial, Barcelona, 2010.
Fuente: http://cadtm.org/La-Union-Europea-conculca-las