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miércoles, 6 de noviembre de 2019

Los agujeros negros de nuestra memoria

Gregorio Morán
VozPópuli

Tenemos un problema con la memoria y es que se ha convertido en instrumental. No se trata tanto de recordar lo que hemos vivido y estudiado sino en convertirlo en un instrumento útil para confirmar nuestras posiciones. Se nos ha hecho inevitable organizar nuestro pasado borrando lo capital y engrandeciendo gestos minúsculos. Hemos asistido entre perplejos y avergonzados a la inhumación de los restos de Franco. Cualquiera diría que hasta la mirada de águila postinera de nuestro presidente en funciones nadie en cuarenta años de democracia se había dado cuenta de la anomalía. Es sintomático que los nietos quieran ver lo que los abuelos tenían muy presente. Los tertulianos han engolado la voz para señalar que en una democracia no cabían monumentos a dictadores. Una simpleza que ningunea a todos los que desde la Constitución de 1978 tenían muy claras determinadas reglas del juego. ¡En Alemania o en Italia no se hubieran permitido!, gritan.

Olvidan, como nietos engreídos e ignorantes, que mientras Hitler y Mussolini perdieron sus guerras, Franco las ganó todas. Ganó la guerra incivil que él provocó, arrasó la sociedad de posguerra llenándola de hambre y miedo, pero hete aquí que la Iglesia Católica le dio apoyo en sus crímenes desde el minuto uno de su primera victoria. España pasó a ser nacional-católica. Pero hay más que por obvio que sea conviene citar porque nadie quiere hacerlo: a partir de 1953 los presuntos avalistas de la democracia en el mundo le concedieron la garantía de su perdurabilidad, le avalaron. Sin el apoyo de los sucesivos gobiernos de los EEUU no hubieran sido posibles cuarenta años de cruenta dictadura. En lenguaje "gringo", Franco era su "hijo de puta" que les garantizaba paz y sangre y un lugar en las democracias de Occidente a costa de nuestra opresión.

La escena en cámara lenta de los nietos de Franco llevando a hombros las migas del sátrapa quedará en nuestra retina, la de los abuelos, como otra humillación más. No son más que los usurpadores del gran negocio que fue el franquismo para algunos, empezando por ellos. Delincuentes de Estado cuyos bienes abundantes provienes del expolio y que una democracia dirigida por ambiciosos sin principios les ha otorgado el derecho a la presunción de inocencia. Los nietos del Caudillo, como los nietos de la corrupción institucional que representó Pujol, merecerían la prisión permanente revisable, porque no se arrepienten de nada y siguen ejerciendo de príncipes sin corona. Otra cosa más a agradecer al presidente Sánchez. Desenterró a Franco y sepultó la dignidad. Bien lo sabían sus predecesores en el cargo; sólo cabían dos opciones: o discreción o humillación.

No es algo que se limite a hechos históricos del pasado muy pasado, si no del presente. Ahí están las necrológicas para enfrentarnos de nuevo a la historia instrumental. Tratamos a nuestros amigos y colegas con un tiento que convierte su fallecimiento en poco menos que la canonización. Borramos cualquier signo que ayude a entender los vericuetos que tiene toda vida plenamente vivida y dejamos solo lo que ayude a que quienes no están en los secretos entiendan que se trata de personas de una pieza, inmutables desde la más tierna infancia y para los que sólo cuenta lo que coincide con nuestra complacencia. En el fondo, edulcorándolos a ellos, que fueron nuestros cofrades, no hacemos si no esperar que de nosotros hagan lo mismo y vayamos todos al cielo de los desvergonzados donde nos contaremos entre risas cómplices las cuitas sobre cómo engañamos a los ingenuos.

Ha ocurrido con el historiador Santos Juliá recién fallecido. Meritorio en muchos aspectos a pesar de su prosa pastosa y su inclinación inveterada hacia el poder. Sus cronistas mortuorios además de las lágrimas, a las que toda persona de bien, está autorizada por más que se trate de una intimidad poco empática para quien lee una necrológica, han resumido su vida como si se tratara de un concurso de méritos para opositar en el paraíso.

El historiador Santos Juliá llegó tarde a la historia, aseguran sus amigos. Pero no porque lo recuperara J.J.Linz, el sociólogo que manipuló como nadie el mundo académico (de él dependían las becas a los EEUU en los años del cólera) y que introdujo la variante que fue maná para los tiempos del tardofranquismo: no vivíamos bajo una dictadura sino en un régimen autoritario. ¡Toma ya! No voy a volver sobre Linz del que ya escribí hace décadas. Pero nadie se toma la molestia de lo evidente, lo que tratándose de historiadores deja mucho que desear. Santos Juliá ejerció de cura parroquial en Sevilla durante quince años, lo que no hace falta señalar es importante en una biografía y que a buen seguro habría de dejar su huella.

Ahora nos encontramos con los agujeros biográficos que explican o ayudan a entender muchas actitudes. Víctor García de la Concha, ex director de la RAE y de los Cervantes, trató de prohibir un capítulo de “El cura y los mandarines”. No quería aparecer como “magistral” de la Catedral de Oviedo, sacerdote todo poderoso en aquella España nacional-católica. ¡Pero si le vi con manteo cuando yo llevaba pantalones cortos!

Sería una letanía la relación de agujeros de nuestra memoria. El colega Pepe Oneto, un periodista gracioso y dispuesto, recientemente fallecido, no fue una de las almas de la transición periodística sino un tipo capaz de escribir libros en apenas un fin de semana; un mérito, el suyo, que no el del texto. Pero su último trabajo periodístico y muy lucrativo consistió en hacer de portavoz del inefable estafador inmobiliario Paco “el Pocero”, constructor del Valle de los Caídos de Seseña.

Y eso sobre los recién fallecidos, ¿qué no podríamos contar sobre los vivos muy vivos tratando de ocultar años enteros de su vida, como si se tratara de gustosos de la papiroflexia, que como saben es el arte de hacer figuritas en papel? Un día se me ocurrió comentar en una televisión que presidía Alfonso Rojo, otro colega, que yo le había conocido cuando era representante del sindicato anarquista de fotógrafos; no me invitaron más. Viví el momento trascendental, para su biografía, en el que Manolo Campo Vidal presidente jubilado de la Academia de Televisión, fue preterido de la candidatura del PSUC -comunistas catalanes- a la alcaldía de Cornellá y con su decepción a cuestas se dedicó al periodismo.

Y no sigo, por problemas de salud. Quizá se trate de una maldición de nuestra historia. ¿Cómo vamos a ser rigurosos en la visión del pasado si andamos haciendo trampas con la nuestra?

Fuente:
https://www.vozpopuli.com/opinion/agujeros-memoria-exhumacion-franco-gregorio-moran_0_1296471055.html

viernes, 30 de agosto de 2019

_- La mayor barbarie (crímen de guerra contra civiles indefensos aún sin juzgar) del franquismo. El Centro Andaluz de la Fotografía revisa la masacre de civiles que huyeron de Málaga en 1937. El nuevo Gobierno regional despide al director que programó la muestra.

_- El infame bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor en abril de 1937 se convirtió enseguida —y definitivamente gracias al célebre cuadro de Picasso— en el eje principal de la denuncia ante la opinión pública internacional tanto de la barbarie franquista como de la participación de las potencias nazi-fascistas en la Guerra Civil mientras las democracias europeas se encogían de hombros.

Aquella atrocidad relegaría a un segundo plano, hasta sumirlo en un casi absoluto olvido, al que probablemente constituya el mayor crimen de guerra del franquismo. Solo dos meses antes, en febrero, la caída de Málaga en poder del ejército sublevado lanzó a la carretera hacia Almería a decenas de miles de refugiados. Con la colaboración de fuerzas italianas y alemanas, los buques de la escuadra rebelde los bombardearon desde el mar mientras la aviación ametrallaba a la multitud. En palabras de Queipo de Llano, “para acompañarlos en la huida y hacerles correr más aprisa” (se mofaban criminalmente de los indefensos, eso eran valores cristianos?).

© Gerda Taro. Foto de la portada de la revista Regards


El Centro Andaluz de la Fotografía presenta la exposición Taro y Capa en el frente de Málaga. Las fotografías de las brigadas internacionales, comisariada por Fernando Alcalde de la ARMH 14 de Abril. Se inaugura el viernes 12 de julio a las 20.30 y se podrá visitar hasta el 29 de septiembre de 2019.

Muestran, por primera vez, las imágenes tomadas en el viaje que emprendieron Robert Capa y Gerda Taro desde Almería hasta Calahonda (Motril) acompañando al Batallón Tschapaiew de la XIII Brigada Internacional durante la contraofensiva republicana en La Desbandá (febrero de 1937).
ORGANIZA | COLABORA
ARMH 14 de Abril 
Colabora: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico











Concebida como una operación de propaganda a mayor gloria del golpismo y sus aliados, no existen apenas más imágenes que las realizadas por reporteros empotrados que las divulgaron en las principales revistas ilustradas europeas y los noticieros cinematográficos de la época. Solo las pocas fotografías del folleto del médico canadiense Norman Bethune, El crimen del camino Málaga-Almería, están hechas desde el lado de las víctimas y recogen el éxodo. Aparte, se conocían las firmadas por Robert Capa, tomadas ya en una Almería bajo el shock del bombardeo especialmente cruel del 12 de febrero, con la ciudad desbordada por la presencia de alrededor de 300.000 personas refugiadas.

Recientemente, y casi con cuentagotas, han ido viendo la luz más documentos gráficos relacionados con este episodio y que obligan a un replanteamiento de la autoría de la obra producida por el famoso fotógrafo y por Gerda Taro, demasiado tiempo despachada como “la novia de Robert Capa”. Las fotografías de ambos, publicadas en las revistas francesas Regards y Ce Soir, la alemana Die Volks-Illustrierte y la checoslovaca Španělsko, además de la documentación del contrataque del batallón Chapaiev de la XIII Brigada Internacional en la costa de Almería y Granada, constituyen el núcleo de la exposición Taro y Capa en el frente de Málaga. Las fotografías de las Brigadas Internacionales. Este valioso material procede del International ­Center of Photography de Nueva York, la Bibliothèque Nationale de France, el Archivo de la Resistencia Austriaca en Viena, los Archives Nationales de France y el legado del escritor y brigadista Alfred Kantorowicz en Hamburgo.

Comisariada por Fernando Alcalde, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 14 de Abril, la exposición representa una ocasión idónea para la reflexión acerca del papel que en la construcción de la memoria colectiva y, a la postre, de nuestra identidad desempeñan las producciones culturales —y en concreto, la fotografía—. Qué y cómo se difunde y se consume. O, todo lo contrario, se silencia.

La muestra puede verse en el Centro Andaluz de la Fotografía, en Almería. A la inauguración, el pasado 12 de julio, en contra de lo habitual, no asistió el director del centro.

El CAF fue creado en 1992 y, por primera vez desde su fundación, su dirección fue adjudicada en 2017 en un concurso público, por un jurado de profesionales y siguiendo el código de buenas prácticas. Pero habiendo escasamente superado la mitad de los cuatro años de duración del contrato, este ha sido rescindido, y su titular, Rafael Doctor, despedido.

La razón aducida es la desaparición de la dirección de Programas de Fotografía, de la que depende el CAF. La mesa sectorial del arte contemporáneo español —que congrega asociaciones de artistas y comisarios, de coleccionistas, docentes o galeristas— ha respondido contundentemente, denunciando la supresión de una de las escasas instituciones dedicadas en España al ámbito de la fotografía y condenando la inaceptable injerencia política que implica esta medida de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Al frente de dicha Consejería se encuentra desde el pasado mes de enero la veterana militante del PP y experta en derecho comunitario Patricia del Pozo. Glosando su nombramiento, la prensa más afín destacó su gusto por el flamenco, “al que su padre es un gran aficionado”, o las corridas de toros. En esa línea cabe interpretarse su anuncio de “declarar bien de interés cultural las rehalas y la montería” o el de una “ley del flamenco”. En todo caso, el grueso de la gestión de la cultura andaluza ha ido a recaer en un cargo de nuevo cuño, el secretario general de Innovación Cultural y Museos, con el que, no menos sorprendentemente, ha sido agraciado el empresario cántabro Fernando Francés García, célebre por los continuos enredos, siempre al límite de la (i)legalidad, que provoca la porosidad con que concibe el lucro propio y la administración de los recursos públicos. A fin de cuentas, el modelo que el neoliberalismo sueña: sacrificarlo todo en el altar de los intereses de la libérrima y soberana empresa. Incluidas las instituciones públicas.

Es digna de admirarse la soltura con que el poder político simultanea, ambidiestro, la autoritaria censura de corte tradicional, propia de los regímenes dictatoriales, con su enmascaramiento tras subterfugios tecnoburocráticos de interminables reestructuraciones en nombre de una “optimización” de nunca queda claro exactamente qué. Una maraña entre la que se ve alejarse el improbable día del fin de esta querencia por una anomalía que se revela, ¡ay!, tan española.

En medio de un paisaje sometido a una violenta mutación —de un lado, una clónica y banal arquitectura turística; del otro, la arrolladora generalización de la agricultura intensiva–, no es fácil reconocer aquella carretera de 1937. En la Nacional 340 entre Málaga y Almería, abandonada hoy en muchos de sus tramos, no atruenan las bombas impeliendo al viajero a “ir más deprisa”: una moderna autovía le permite dejar cómodamente de lado las paradas y vistas indeseadas. Con la misma eficacia con que nuestros gestores político-culturales se desviven por ahorrarnos los siempre fastidiosos guernicas aún pendientes.

Taro y Capa en el frente de Málaga. Centro Andaluz de la Fotografía. Almería. Hasta el 29 de septiembre.

https://elpais.com/cultura/2019/07/19/babelia/1563555485_082094.html

domingo, 4 de noviembre de 2018

La represión política en la dictadura, ¿una realidad ignorada? La Universitat de València organiza un seminario sobre cómo abordar hoy la violencia franquista.


¿Y en cuanto a la violencia fascista durante la guerra civil y la posguerra? El investigador Francisco Moreno Gómez, autor de “Los desaparecidos de Franco” (Alpuerto, 2016), utiliza la expresión “genocidio” en una entrevista a Cuarto Poder, y cifra las víctimas mortales en 150.000. En una polémica con autores “revisionistas”, el historiador José Luis Ledesma menciona otras prácticas represivas, como los campos de concentración (por los que pasaron cerca de 500.000 republicanos), la explotación económica de los prisioneros, las cárceles, los juicios militares, las depuraciones profesionales, la violencia específica contra las mujeres y el robo de niños (“Franco y las violencias de la guerra civil”, revista Hispania Nova, 2015). Ya en 1939 el Estado franquista promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, en 1941 la Ley sobre Seguridad Interior del Estado y antes, en julio de 1936, el Bando del Estado de Guerra, que no se derogó hasta 1948.




Una muestra realizada en el curso 2013-2014 entre un centenar de estudiantes madrileños de Magisterio revela estos datos: el 30% desconocía los años que Franco detentó el poder; el 45% no sabía en qué consistió la resistencia del maquis (la página Web de la Guardia Civil destacaba en 2004, con motivo de una exposición itinerante de la institución armada, sus “valiosos servicios en la lucha contra la delincuencia”, entre los que incluía al maquis de posguerra); el 47% de los alumnos ignoraba cuándo se aprobó el actual texto constitucional y el 71,6% qué fue el Proceso 1001, por el que los tribunales franquistas condenaron en 1973 a penas de hasta 20 años de prisión a la dirección de Comisiones Obreras. Recoge esta encuesta el historiador Fernando Hernández Sánchez, autor de “El bulldozer negro del general Franco” (Pasado y Presente, 2016).

Tal vez la represión durante la guerra y la posguerra sea más conocida, pero “la violencia de la dictadura tuvo un carácter estructural y se prolongó hasta el final”, recuerda el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Ortiz Heras. El historiador ha impartido el seminario “El pasado incómodo: ¿Cómo abordar ahora la violencia franquista?”, organizado por el Institut Interuniversitari López Piñero de la Universitat de València. En septiembre de 1975 se produjeron los últimos fusilamientos de la dictadura, que tuvieron como víctimas a tres militantes del FRAP y dos de ETA. Ortiz Heras, que coordina el Seminario de Estudios de Franquismo y la Transición (SEFT) de la Universidad de Castilla-La Mancha, inicia el recorrido por la represión del franquismo unos años antes, en 1962; en abril comenzó, con un paro en el pozo “Nicolasa” de la sociedad Fábrica de Mieres, la huelga en la minería asturiana que se extendió por la región (participaron en el movimiento más de 60.000 obreros asturianos de diferentes sectores) y el estado español; la dictadura respondió con detenciones, encarcelamientos y el estado de excepción.

En diciembre de 1962 una Orden firmada en el BOE por el ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, constituyó la Oficina de Enlace adscrita a este ministerio, destaca el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trataba de coordinar “aspectos concretos de la información política” que se recibieran en la Administración; de la Oficina dependía “un departamento de investigación sobre comunismo y otras actividades subversivas”, según el artículo tercero. En abril de 1963 fue fusilado el dirigente del PCE Julián Grimau, a quien se atribuyó el delito de “rebelión militar continuada” supuestamente cometido durante la guerra civil. Detenido, torturado y condenado en Consejo de Guerra, contra la ejecución de Grimau se organizaron manifestaciones de protesta en París, Roma y Londres, entre otras capitales. Otros casos fueron menos difundidos. En agosto de 1963 la dictadura aplicó el “garrote vil” en la prisión de Carabanchel (Madrid) a los militantes libertarios Joaquín Delgado y Francisco Granado, condenados en Consejo de Guerra sumarísimo por unos atentados que no cometieron.

Manuel Ortiz Heras apunta que el año 1963 fue también el de la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, una instancia judicial especial para reprimir a la oposición política; “las sentencias del TOP se basaban fundamentalmente en los atestados policiales de la Brigada Político-Social, con declaraciones obtenidas en la mayoría de las ocasiones con torturas y malos tratos”, escribe en su blog (“Justicia y Dictadura”) Juan José del Águila, magistrado jubilado y autor del libro “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)” (Planeta, 2001); en su tesis doctoral del Águila recoge 3.798 sentencias entre 1964 y 1976, de las que el 75% resultaron condenatorias. Del análisis de las sentencias, se desprende que los principales delitos fueron los de asociación ilícita, propaganda ilegal y relacionados con reuniones y manifestaciones; el total de las penas sumaban 11.800 años de prisión; así, hubo 6.158 personas condenadas por el TOP. En cuanto a la categoría socio-profesional de los inculpados, destacan los obreros (49%), administrativos (19%) y estudiantes (22%); entre los primeros condenados –en marzo de 1964- figura Timoteo Buendía, a diez años de reclusión por un delito de injurias graves al Jefe del Estado (gritó en un bar “¡Me cago en Franco!”).

“En Zamora hubo una cárcel especial para curas disidentes”, destaca Ortiz Heras, autor de “La insoportable banalidad del mal. La violencia política en la dictadura franquista 1939-1977. Albacete” (Bomarzo, 2013). Entre 1968 y 1975 decenas de religiosos que lucharon contra la dictadura cumplieron condena en la Cárcel Concordataria, que consistía en un pabellón separado dentro de la Prisión Provincial de Zamora; algunos de estos sacerdotes –detenidos, torturados y sometidos a juicios sumarísimos- han respaldado décadas después la querella argentina por los crímenes de la dictadura. El historiador continúa el recorrido con la figura del estudiante de 21 años Enrique Ruano, militante del Frente de Liberación Popular (FLP); el joven murió en 1969 al “caer” de un séptimo piso cuando se hallaba bajo custodia policial; otro ejemplo fue Salvador Puig Antich, activista libertario al que la dictadura ejecutó en 1974 mediante “garrote vil”; el militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) fue juzgado y condenado previamente por un tribunal militar.

Además de las víctimas, Manuel Ortiz Heras hace mención a personajes de pasado siniestro. Entre quienes han tenido relevancia mediática figura Antonio González Pacheco (“Billy el niño”), expolicía de la Brigada Político-Social franquista y acusado de presuntas torturas (la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado este mes de octubre la querella de una de las víctimas, al considerar que los delitos de vejaciones y malos tratos han prescrito); en junio de 1977 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, otorgó al inspector González Pacheco la medalla de plata al mérito policial para premiar, según detalló el BOE, “servicios de carácter extraordinario”. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció que esta condecoración implica un aumento del 15% en la pensión; además, “Billy el niño” se benefició de la Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977. También “en atención a los méritos” policiales Martín Villa otorgó la medalla de oro al comisario Roberto Conesa, exjefe de la Brigada Político-Social y uno de los superiores de “Billy el niño”.

En el libro titulado “La carta. Historia de un comisario franquista” (Debate, 2010), el periodista y escritor Antoni Batista reproduce la misiva que el comisario Antonio Juan Creix remitió a Martín Villa en 1974: “Durante muchos años fui jefe del grupo Anticomunista sustituyendo al Sr. Polo y en el año 1963 fui nombrado, sin ser todavía comisario, jefe de la Brigada Político-Social de Barcelona, desempeñando el cargo durante cinco años (…); la ciudad vivió con tranquilidad, tanto política, como laboral y estudiantil”. El policía resaltaba además los “importantes servicios” con que contribuyó a la pacificación. ¿Tiene conocimiento la ciudadanía española de esta parte del pasado? Ortiz Heras coordina la investigación Víctimas de la Dictadura en Castilla-La Mancha, que incluye una base de datos sobre los represaliados. “Creo que los historiadores hemos investigado adecuadamente el periodo, pero no hemos sabido divulgar; muchas veces escribimos para los compañeros de la academia, es decir, no hace falta –si te diriges a un público amplio- escribir enciclopedias de mil páginas; quizá tendríamos que aprender de los anglosajones, cuyos textos son mucho más asequibles sin por ello perder el rigor”.

En cuanto a la Transición, Manuel Ortiz considera que hubo hechos que modificaron el guión oficialmente establecido. Entre otros, la conflictividad laboral. Los historiadores Pere Ysàs y Carme Molinero apuntan que en 1975 se perdieron 10 millones de horas de trabajo por las huelgas, en las que participaron medio millón de trabajadores; las cifras se dispararon en 1976: 110 millones de horas no trabajadas y 3,5 millones de obreros implicados en los paros.

Tal vez la preocupación pudiera entreverse en unas declaraciones del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, a Televisión Española en febrero de 1975: “Yo quiero llevar la seguridad a todos los españoles de que el Gobierno a través de las Fuerzas Seguridad dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país”. En una ponencia titulada “Las otras víctimas de una transición nada pacífica” (2012), el historiador Gonzalo Wilhelmi cifró en 245 las víctimas mortales causadas por la violencia estatal entre 1975 y 1982; de estas muertes, 163 son responsabilidad de los cuerpos policiales mientras que 82 lo son de la extrema derecha y el terrorismo de Estado (entre 1975 y 1980 el total de víctimas por la violencia estatal se sitúa en las 35-40 anuales).

jueves, 20 de septiembre de 2018

El PP respondió a la ONU que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. El relator especial de Naciones Unidas sobre los crímenes del franquismo: “O se juzga a sus responsables o se extraditan”

La Marea


“Mi más absoluta solidaridad con las víctimas”. Con esas palabras comenzaba su intervención en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados el argentino Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Invitado por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes y apoyado por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís, Salvioli abordó la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.

El relator, muy crítico con la Administración española, ha planteado que “si quienes están a cargo de las funciones del Estado” no cumplen con sus obligaciones jurídicas, “¿para qué están?”. “No sé qué otra señal” necesitan, añadió. Y aseguró que la falta de soluciones no parte de un problema de Derecho: “Lo que ha faltado es voluntad política”.

Ya en 2014, su antecesor en el cargo, el colombiano Pablo de Greiff, emitió un informe donde instaba a España a reparar a las víctimas del franquismo. La respuesta no se hizo esperar. En septiembre, tal y como ha revelado este martes el relator, el gobierno del PP indicó lo siguiente: que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. Unas declaraciones que, para el relator, “marcan un profundo desprecio por las víctimas”.

Al año siguiente, Salvioli advirtió a España ante el Comité de Derechos Humanos que debía “derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, ya que si cada país interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como quiere “entonces no hay estándares internacionales de Derechos Humanos”. Ese mismo año, recuerda el relator, el Consejo de Ministros, entonces presidido por Mariano Rajoy, rechazó las extradiciones de una veintena de imputados por la justicia argentina. Tras tacharlo de surrealista, ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar esa directriz por considerarla “jurídicamente insostenible, además de apuntar a dos únicas vías de actuación posible: “o se juzgan o se extraditan”. Para lo primero, es fundamental actuar sobre la Ley de Amnistía, “incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional”. Si no es suprimida, cree que “igual no debería ser tenida en cuenta” porque “sus efectos jurídicos son nulos”, afirmó. Sin embargo, durante la intervención de los distintos grupos políticos, el representante socialista se mostró contrario a esa petición por “todo lo que conlleva” y por lo que “en su día significó”.

Pide exhumar de una vez a las víctimas y rechaza la reconciliación. Asimismo, considera importante la decisión de exhumar del Valle de los Caídos los restos de Franco, pero mantiene que debe ser “complementado por otras cosas” porque sigue “revictimizando a las víctimas”, aludiendo a la simbología que profesa el mausoleo. Sobre la situación de las miles de personas que aún continúan en cunetas, ha insistido en que “la gente se está muriendo, y quiere morirse en paz”, así como tener “un lugar para llevarles una flor a un familiar; poder hacer el duelo”, ante lo que cuestiona “el grado de humanidad” de quienes hacen oídos sordos a estas demandas. A su juicio, “si el Estado fue capaz de hacer desaparecer una persona, tiene que ser capaz de decirle dónde está”.

Por otra parte, Fabián Salvioli rechaza el concepto de reconciliación de una víctima con su torturador. Una palabra cuyo sentido, señala, “se ha mal utilizado”, y que será objeto de su próximo informe, previsto para el año que viene. Para él, reconciliación es “la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado”, solo posible “a través de la restauración de la justicia”. “Cualquier otra interpretación es absolutamente perversa”. “Otra cosa es el perdón individual”. 

Fuente: http://www.lamarea.com/2018/09/18/relator-naciones-unidas-crimenes-franquistas/

martes, 14 de agosto de 2018

A propósito de la carta de desagravio a Franco



Yo también soy un militar retirado. Y si no me sorprende la carta que, ya van más de 600, altos mandos militares retirados han firmado en pretendido desagravio a la figura “militar” del general Franco es porque, desgraciadamente, he tenido que vivir el ambiente irrespirable de los cuartos de banderas y de las cámaras de oficiales durante mucho tiempo.

Sin entrar en más disquisiciones, quiero plantear únicamente dos cuestiones:

El General Franco se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la República, provocando una guerra de exterminio que no hubiera podido ganar si no hubiese sido por el aporte de las tropas coloniales y sus métodos y por el apoyo decidido de las dos potencias fascistas del momento, Alemania e Italia.

Tanto en su ofensiva militar como tras su traicionera victoria, ordenó la ejecución de los más terribles crímenes de guerra y de lesa humanidad, en especial contra la población civil que, entre otras cosas, han puesto a España en el oprobioso segundo lugar entre los países del mundo en número de desaparecidos, tras Camboya.

Me llena de vergüenza que profesionales de las Fuerzas Armadas defiendan esta memoria, pretendiendo que tuvo una brillante carrera y una conducta ejemplar como militar. El principal deber de un militar es ser leal a su pueblo y defender su soberanía hasta la muerte; y su conducta debe estar siempre guiada por el respeto a las leyes de la guerra y al derecho a la vida de los no combatientes, o se convierte en un vulgar criminal amparado por su posición de fuerza incuestionable.

Las 600 firmas no hacen otra cosa que poner en evidencia, ante todo el pueblo español, lo que solo para los que hemos vivido la vida militar resulta patente y que los poderes públicos se han venido esmerando por negar desde la muerte del dictador: la mentalidad fascista pervive con fuerza entre los mandos militares.

El pueblo español tiene un grave problema con sus mandos militares, pese a todos los esfuerzos por blanquear su imagen a base de implicarles en el juego de las criminales intervenciones militares imperialistas desatadas por la potencia hegemónica y que se publicitan como de mantenimiento de la paz.

Los sucesivos gobiernos españoles y la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias han sido corresponsables del mantenimiento de esta situación, implicando a sus Fuerzas Armadas en la supuesta “defensa colectiva” contra enemigos de la Patria inexistentes o definidos desde fuera. La mentalidad supremacista y antipopular implícitas en el fascismo de sus mandos militares es funcional a este objetivo.

Todo ello, en lugar de prepararse para defender nuestra propia soberanía de su inevitable acoso en el caso hipotético de unas políticas realmente soberanas, como vienen demostrando, una y otra vez, los casos de Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia, todas ellas arrasadas por la OTAN o algunos de sus socios.

Hablan de la obsesión de la izquierda por desacreditar la figura “militar” de Franco… será porque ellos dicen ser ni de derechas ni de izquierdas, solo militares patriotas. Yo les digo que son patriotas los que defienden de veras la soberanía, la independencia y la liberación de sus compatriotas de la tiranía difusa de los poderosos, no los que se alzan en armas en nombre de la entelequia “patria” por ellos construida, ni los que colaboran en la destrucción de países que nada han hecho contra nosotros.

Manuel Pardo de Donlebún. Capitán de navío de la Armada, en la Reserva y miembro del Colectivo Anemoi

"Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España",

viernes, 10 de agosto de 2018

El cementerio republicano de Kasserine

Santiago Alba Rico
Ctxt

No sé si alguno de los familiares está buscando a sus muertos en Túnez. Lo que es seguro es que Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez, Eligio Casal y Francisco Puig yacen en tierra extranjera, entre tumbas profanadas

En un pequeño restaurante de Túnez, dos amigos catalanes de paso por el país para un trabajo de documentación me cuentan que en Kasserine han hecho un descubrimiento inesperado. Kasserine, a 300 kilómetros de la capital, es una ciudad de 80.000 habitantes próxima a la frontera con Argelia, uno de los focos originales de la revolución que en 2011 derrocó al dictador Ben Ali. Pobre y rebelde, como la provincia del mismo nombre de la que forma parte, ha malvivido siempre de la agricultura menuda y del transporte de los fosfatos explotados más al sur, en la región de Gafsa. Pues bien, en lo que es hoy el centro urbano, cerca de las vías ferroviarias construidas en 1940 por el protectorado francés, en el patio de la casa de una humilde familia local, mis amigos, guiados por Malek Sghiri, activista del grupo Manich Masameh, tropezaron de pronto con 15 tumbas en cuyas lápidas podían leerse nombres españoles. ¿Españoles enterrados en Túnez? Se trata de los restos, sí, de un cementerio republicano, originalmente más extenso, de cuya existencia –hasta donde yo sé– ni en España ni en Túnez se ha ocupado nunca nadie. Algunas de las tumbas están profanadas, quizás porque los saqueadores las creyeron romanas y repletas de tesoros, y ha sido la familia –según propio testimonio– la que ha protegido y sigue protegiendo el recinto mortuorio en torno al cual construyeron su vivienda. Entre las lápidas levantadas y rotas, cuatro intactas revelan, bajo el rutinario y fúnebre RIP, los nombres de los allí enterrados: Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez Díez, Eligio Casal, fallecido el 2 de diciembre de 1941 y Francisco Puig Suárez, muerto a su vez el 2 de febrero de 1943. Ambrosio murió en diciembre, pero el año ha sido intencionadamente borrado a golpes de escoplo; la fecha del fallecimiento de Fernando es ininteligible. Cabe razonablemente pensar que todos estos enterramientos datan de los años 40 del siglo pasado.

Mis dos amigos catalanes –Marc Almodóvar y Andreu Rosés, a los que agradezco la información– me cuentan esta historia emocionante y terrible en un restaurante céntrico de Túnez que se llama “El bolero”. Los he citado allí porque es uno de mis restaurantes favoritos; y lo es por varios motivos: porque es popular, barato y gastronómicamente airoso; porque sirve bebidas alcohólicas incluso los viernes; y porque tiene el valor adicional, para mí importante, de haber sido fundado por un exiliado español republicano. De hecho, la decoración ha debido cambiar poco desde 1940, pues sigue evocando la atmósfera de una vieja taberna madrileña: los cuadros de borrachines acodados junto a una botella, espectros de un cutre Murillo, estaban ya sin duda en el local original. Por una conmovedora casualidad, Marc y Andreu me cuentan esta historia de republicanos enterrados lejos de su patria en uno de los pocos espacios que mantienen en Túnez un vínculo material con los 4.500 españoles que huyeron de Franco en la flota de Cartagena y encontraron refugio en las costas tunecinas en marzo de 1939.

Esta historia me afecta personalmente y hasta me acusa. Es cosa sabida que en Túnez hay una pequeña comunidad española residual compuesta de fugitivos de la guerra civil; incluso he conocido a algunos de sus descendientes; y si es cierto que aquí el tema está aún más silenciado que en España, he tenido varias ocasiones para tirar de ese hilo y no lo he hecho. Sirva este breve artículo, pues, para saldar dos deudas íntimamente relacionadas.

Me explico. Hace ahora 7 meses, en noviembre de 2017, murió Ramón Villanueva Echeverría a los 87 años de edad. ¿Quién era Ramón Villanueva? Podría hacer una larga y estimulante lista de sus méritos: descendiente de un conocido linaje político, opositor a Franco desde los años 40, diplomático de carrera, fue escritor, historiador y archivo viviente de la historia de nuestro país y sus relaciones exteriores. Sus misiones en Libia, Iraq y Turquía lo convirtieron en un exquisito conocedor del mundo árabe y musulmán; su compromiso democrático y antifranquista, que incomodaba en el MAE, lo convirtieron a su vez en sensible mediador y obsesivo custodio de la memoria que el franquismo primero, y enseguida la olvidadiza transición, procuró mantener enterrada en cunetas o en carpetas. Estuvo en Túnez dos veces, como segundo de Javier Pradera en los primeros sesenta, y como embajador entre 1990 y 1993, su último destino antes de la jubilación. Ramón Villanueva –que yo sepa– es el único embajador que leía habitualmente el Gara, se declaraba abiertamente republicano y siguió con esperanzas el 15M y la aparición de Podemos.

Yo no lo conocí en Túnez, aunque Túnez constituyó siempre un vínculo adicional entre los dos. Con Ramón mantenía una relación afectiva que puedo calificar sin exageración de “familiar”. Amigo de mis padres desde la juventud, en los últimos años de su vida ocupó en la mía, intelectual y emocionalmente, el lugar que mi propio padre siempre dejó vacío. Ramón y yo nos intercambiábamos lecturas y análisis políticos; nos llamábamos con frecuencia y, durante mis visitas a Madrid, comíamos juntos. No he conocido nunca un conversador como él. Depositario de un tesoro infinito de anécdotas políticas y privadas, dotado de una memoria prodigiosa para los nombres y para los detalles, era además un narrador excepcional, vívido y astutamente literario, al que sólo se puede reprochar que –pese a sus siempre renovados propósitos– no escribiera nunca sus memorias. Ramón me hablaba mucho de Túnez, sobre todo de su primera misión en los años 60, época muy feliz para él desde el punto de vista personal y muy rica en términos de experiencia diplomática. Uno de sus desafíos en ese período fue precisamente –me contaba con entusiasmo y dolor– el de apoyar a la comunidad de exiliados republicanos, representada por un cónsul no oficial, a los que trató de acercar con garantías a la embajada franquista que, pese a sus promesas, Bourguiba no había cerrado tras la independencia de Túnez en 1956. Fue Ramón Villanueva, pues, excónsul y exembajador de Túnez, quien me dio a conocer la historia de los refugiados de 1939, sobre los que –decía enrabietado– había poca o nula bibliografía. Como prueba y paliativo, me regaló –¡hace ya diez años!– el único texto entonces existente: una tesis universitaria en lengua francesa, malamente mecanografiada, que él había recibido de manos de su autora en los años 90, cuando volvió a Túnez en calidad de embajador. Nunca la leí. Me la llevé a casa, la dejé sobre una mesa y la marea la arrastró a los fondos bentónicos de mi biblioteca.

Me acordé de ella la semana pasada tras escuchar a Marc y Andreu y ver, con el corazón roto, las fotografías con los nombres españoles sobre las lápidas de Kasserine. Al volver de “El bolero” la busqué en la casa nueva sin descanso y sin esperanza y de pronto, cuando ya había renunciado, se exhumó sola debajo de una historieta de Tintín: Refugiés politiques espagnols de la flotte republicaine en 1939 en Tunisie (refugiados políticos españoles de la flota republicana en Túnez). La tesis está firmada en París en 1986 y su autora, Marianne Catzaras, nacida en Jerba de padres griegos, es hoy una prestigiosa fotógrafa que expone con frecuencia en galerías de Sidi Bou Said. Es una investigación de apenas 100 páginas que recoge, sobre todo, a falta de documentación, noticias de periódicos, textos oficiales de los archivos franceses y tunecinos y testimonios de los supervivientes. Es imposible leerlo, en todo caso, sin reprimir un sollozo.

La historia –muchos no la recordarán en nuestra España amnésica– es la siguiente. El 6 de marzo de 1939 la flota republicana de Cartagena, al mando del almirante Buiza, llegó al puerto tunecino de Bizerta: cuatro cruceros, ocho destructores y un submarino, con unas 4.500 personas, la mayor parte de ellas marineros y militares, aunque entre el pasaje viajaban también mujeres y niños. La Francia colonial, que había reconocido ya en febrero el gobierno de Franco, no les brindó la mejor de las recepciones. Dispersó a los recién llegados en cinco “campos de acogida” que, como los de hoy en Europa, eran más bien campos de concentración: sin agua, sin alimentos, en pésimas condiciones higiénicas y, sobre todo, sin derecho a desplazarse libremente por el país, criminalizados además por los periódicos oficiales, los refugiados españoles fueron sometidos a un régimen de trabajos forzados y de privación de derechos que, una vez terminada la guerra civil y reclamados por Franco, llevó a algunos de ellos –ay– a volver a España. Otros, tras luchar contra Vichy y contra Hitler en las campañas africanas durante la segunda guerra mundial (es el caso del propio Buiza), se fueron a Francia o a Brasil en 1945 o –en una segunda oleada– entre 1956 y 1961, tras la independencia de Túnez. Los que quedaron –en torno a 1000–, una vez se les permitió trabajar, se dedicaron a la agricultura cerca de la ciudad de Kasserine –ubicación de uno de los “campos” citados y cuyas insfraestructuras fueron en buena parte construidas por nuestros compatriotas, que fundaron también su equipo de fútbol– o al curtido del cuero en la capital, donde abrieron además algunos restaurantes: el famoso “Café Cuarenta”, hoy desaparecido, y “El bolero”, que hasta los años 50 cerraba todos los años el 14 de abril para festejar la República. En 1976, en Túnez sólo quedaban ya unos cien españoles republicanos o descendientes, casados por lo general con italianos o nativos. “Los españoles de Túnez”, dice Catzaras, “nunca imaginaron que iban a permanecer 40 años. Por eso nunca se parecieron a los otros exiliados. Se consideraron siempre a sí mismos en una situación provisional, de paso, y su manera de vivir era también pasajera y provisional”. Algunos vivieron siempre en pensiones, con las maletas hechas; algunos no volvieron nunca, ni después de la segunda guerra mundial ni después de la muerte de Franco: entre ellos Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez Díez, Eligio Casal y Francisco Puig Suárez. Sus cuerpos, en tumbas nominales pero en suelo extranjero, abandonadas y sin flores, evocan un destino paralelo y cruelmente inverso al de los desaparecidos en las cunetas españolas.

Entre las páginas de la tesis de Catzaras he encontrado algunas fotocopias sueltas que Ramón Villanueva recuperó de su primera misión en Túnez: un recorte de Le depeche donde se recoge la noticia, el 10 de junio de 1960, de la muerte de Ángel Brihuega, cónsul de los republicanos españoles en el exilio (probablemente un suicidio, según sospechaba Ramón); y algunas cartas, fechadas entre septiembre de 1959 y agosto de 1962 y dirigidas al embajador Pradera, en las que Antonio Antúnez, teniente del crucero Méndez Núñez y representante del PCE en Túnez, en nombre de “los exiliados políticos y otros españoles residentes”, reclamaba una y otra vez una amnistía general y un régimen democrático para España. Tardarían en llegar. Y Antúnez –del que no encuentro apenas datos biográficos– no es seguro que pudiera festejarlo. Si lo hizo, fue con cuarenta años más y varias carretillas de dolores en el alma.

No sé si alguno de los familiares está buscando a sus muertos en Túnez, si en los últimos años la embajada ha hecho algo por seguir este rastro, si la bibliografía sobre el tema ha crecido en España desde que Ramón Villanueva me dio la tesis de Marianne Catzaras. Espero que sí. Me temo que no. Sí sé que en 2008, el profesor tunecino Bechir Yazidi escribió –y tradujo al español– un pequeño libro sobre el tema, publicado en una pequeña editorial (“El exilio republicano en Túnez”, Ediciones Embora). Y lo que es seguro es que Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez, Eligio Casal y Francisco Puig yacen en tierra extranjera, entre tumbas profanadas, apenas protegidos por una humilde familia tunecina que de ellos sólo sabe que están muertos; es decir, que merecen –hermanos difuntos– un reposo respetado y sin sobresaltos. Como es seguro también que, a la espera de continuar las pesquisas y abundar en reclamaciones de dignidad, me siento apremiado hoy, sin más dilación, a saldar esta doble deuda y a hacerlo con un doble homenaje varias veces aplazado: a Ramón Villanueva, que enriqueció tanto mi memoria, mi compromiso ético y mi felicidad afectiva, y a esos olvidados de los olvidados (como Sacristán hablaba de ”los derrotados de los derrotados”) que España, amnésica feroz, padrastra desalmada, ha abandonado al otro lado del mar.

Santiago Alba Rico Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. El último de sus libros se titula Ser o no ser (un cuerpo).
@SantiagoAlbaR

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180704/Politica/20613/Santiiago-Alba-Rico-guerra-civil-Tunez-memoria-Republica-exiliados-politicos.htm

domingo, 29 de julio de 2018

Hallan 40.000 nuevos documentos de Negrín sobre Catalunya, el POUM y la Guerra

 Agencias

La familia del último presidente del Gobierno de la República ha encontrado en el sótano de su vivienda de París información relevante

La familia de Juan Negrín, el último presidente del Gobierno de la República, ha hallado en el sótano de su vivienda de París un baúl con unos 40.000 documentos desconocidos, muchos de los cuales tratan sobre el Estatut de Catalunya de 1933, el proceso al POUM y la Guerra Civil.

La presidenta de honor de la Fundación Negrín, Carmen Negrín, nieta del gobernante republicano, ha confirmado a Efe que esos documentos, cuyo hallazgo ha sido adelantado por RNE, aparecieron al intentar ordenar una colección de cerca de 8.000 libros que estaba almacenada en un sótano de la vivienda familiar, para preservarlos de las humedades que comenzaban a afectar a ese lugar.

"Tuvimos que hacer sitio y movimos unos baúles que yo creía que estaban vacíos desde hacía tiempo. Pero había uno que pesaba muchísimo y que llevaba la etiqueta 'documentos'", relata Carmen Negrín, cuya fundación calcula inicialmente que, por el volumen del baúl, el descubrimiento puede ser de alrededor de 40.000 folios.

La nieta del presidente del Gobierno republicano y el investigador universitario que le estaba ayudando a seleccionar los libros que Negrín guardaba en el sótano no han tenido tiempo todavía para leer esos expedientes, pero sí que han hojeado muchos de ellos; sobre todo, aquellos cuyos títulos les han llamado la atención.

Una parte de ellos, explica Carmen Negrín, se remonta al periodo republicano previo a la Guerra Civil, cuando su abuelo era diputado. En esa parte de los papeles del baúl, destacan por su cantidad los documentos relativos al Estatuto de Autonomía de Catalunya de 1933. Entre ellos, hay informes, debates y documentos emitidos por la Comisión Mixta en la que se debatió aquel Estatut.

También hay un volumen considerable de documentos que se refieren a uno de los momentos más importantes de la fase final de la Guerra Civil en el bando republicano: el proceso que condujo a la disolución del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM.

En mayo 1937, tras los enfrentamientos que militantes anarquistas y del POUM (partido de inspiración trostkista) mantuvieron en Barcelona con las autoridades de la República, buena parte de los dirigentes del POUM fueron detenidos y juzgados por rebelión. El baúl inédito de Negrín contiene información sobre todo ese proceso, que él vivió en primera persona como presidente del Gobierno de la República, cargo al que fue promovido precisamente en mayo de 1937 en sustitución de Francisco Largo Caballero.

La colección de expedientes también contiene varios informes fechados en Londres, "de al menos dos centímetros de grosor", del Comité de No Intervención, el organismo creado a instancias de Francia y el Reino Unido con el propósito de evitar la intervención extranjera en la Guerra Civil española (algo que no cumplieron ni Alemania, ni Italia, ni tampoco la Unión Soviética).

Carmen Negrín explica que le ha sorprendido que algunos tienen fecha de 1943 -es decir, de cuatro años después de terminar la guerra en España-, y también que varios llevan impresos los sellos de "secret" y "top secret", lo que obligará a consultar con el Reino Unido si esos documentos aún tienen la condición de clasificados.

Al revisar los libros de Negrín que aún permanecen en el sótano, su nieta ha encontrado algunos que considera "muy interesantes", también por su relación con el POUM y los movimientos anarquistas y, sobre todo, por las dedicatorias que llevan.

Carmen Negrín recuerda que, cuando se disolvió el POUM y la biblioteca de ese partido salió a subasta, su abuelo pidió a un familiar que comprara para él todos los libros de ella que pudiera.

Entre esos libros de la biblioteca del POUM en manos de Negrín, detalla, han recuperado uno de una Asociación anarcosindicalista aliada del partido de Andrés Nin con una dedicatoria manuscrita llamativa: de Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda.

También hay otro de 1933 con origen en la misma biblioteca del que solo se publicaron en su día 50 ejemplares firmado por una veintena de alemanes, junto a una foto de Hitler. "Hay una cantidad de propaganda nazi impresionante en los libros que mi abuelo hizo comprar a mi tío cuando se disolvió el POUM. Da una idea de lo que era la biblioteca del POUM y de esa Asociación Anarcosindicalista. Es interesante ver las relaciones", añade.

La nieta de Negrín ya adelanta que la intención de la familia es que esos 40.000 documentos se trasladen a Las Palmas de Gran Canaria, para unirlos al archivo de la Fundación, si bien antes tendrán que pedir permiso a los Archivos Nacionales de Francia. Carmen Negrín no descarta que el legado de su abuelo dé nuevas sorpresa.

viernes, 27 de julio de 2018

80 años de la batalla del Ebro, la última gran ofensiva republicana.



La fallida operación relámpago del ejército leal para recuperar territorio a los sublevados al sur del río derivó en un frente estancado en el que en 114 días de combates murieron 20.000 personas y hubo otros tantos prisioneros y 70.000 heridos.

“La batalla del Ebro, como la de Belchite o la de Teruel, se encuentran entre las batallas míticas de la guerra civil, por la ferocidad con la que se combatió y por el volumen de tropas que intervinieron, aunque realmente apenas tuvieron trascendencia más allá del desgaste humano y militar que supusieron”, explica el historiador José María Maldonado.

El próximo 25 de julio se cumple el octogésimo aniversario de la última gran ofensiva del ejército republicano, en la que, en una operación inspirada por el presidente del Gobierno, Juan Negrín, y planificada por el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor, las tropas leales cruzaron el Ebro hacia el sur por las provincias de Zaragoza y Tarragona, donde se encontraba estabilizado el frente, para adentrarse en el territorio de los sublevados, centrados entonces en la ofensiva hacia Valencia desde Teruel, el llamado frente de Levante, y comenzar a recuperar terreno.

La operación, diseñada como una ofensiva relámpago, comenzó bien para el ejército republicano. Los sublevados se tragaron los señuelos planeados por Rojo (era una de sus especialidades) en la zona del delta, que hacían pensar que la ofensiva iba a comenzar por allí, y pudieron avanzar varios kilómetros tras iniciar los movimientos por las localidades zaragozanas de Mequinenza y Fayón.

Sin embargo, pronto cambiarían las cosas: Franco desactiva el frente de Levante y traslada las tropas al Ebro, reforzadas por otras llegadas de Madrid, con lo que, en una zona montañosa, el avance se estabiliza. De hecho, los republicanos ni siquiera pudieron llegar a Alcañiz, situado a menos de 30 kilómetros del río en línea recta y uno de los objetivos declarados de la ofensiva.

La estabilización del frente, de unos 70 kilómetros de longitud y cuyos últimos reductos resistieron hasta el 16 de noviembre, dio lugar a una sangrienta batalla de 114 días en la que murieron cerca de 20.000 combatientes y hubo otros tantos prisioneros, además de 70.000 heridos. Los republicanos habían cometido el error de atacar dejando el río a sus espaldas, lo que tenía bastante de autoencerrona. Y los sublevados lo aprovecharon para machacarlos con el notable apoyo de las aviaciones alemana e italiana y su superioridad en artillería.

Los motivos estratégicos de la ofensiva
¿Por qué apostaron el Gobierno y el Estado Mayor republicanos por una ofensiva de este tipo, con escasas posibilidades reales de salir adelante dada la diferencia de fuerzas? Nunca estuvo claro del todo, aunque Maldonado apunta una hipótesis: “La guerra civil estaba decidida desde marzo, cuando el ejército de Franco se impuso en el frente de Aragón, llegó a Vinaroz a primeros de abril y partió en dos la España republicana. Sin embargo, Negrín estaba convencido de que pronto iba a estallar la guerra mundial a intentaba resistir” con la esperanza de que, en ese caso, llegara el apoyo de las democracias occidentales.

El ejército franquista optó por una batalla de desgaste que, en cualquier caso, perjudicaba más a los republicanos que a sus fuerzas. “La batalla fueron unos kilómetros”, señala Maldonado, aunque la ferocidad de los combates, con episodios como los de Gandesa, que intentó tomar sin éxito la misma XV Brigada Internacional que unos meses antes había resistido allí para cubrir la retirada de republicana ante el avance de los sublevados, resultó despiadada.

Rojo y Negrín optaron por lanzar el frente del Ebro ante la desconcertante estrategia de Franco, que en abril, tras tomar Lleida y Vinaroz, frenó los avances hacia Barcelona y Valencia para hacerlo a finales de ese mes en dirección a la última de estas ciudades.

Esa ofensiva, no obstante, topó con la resistencia de la línea de fortificaciones XYZ en las inmediaciones de Sagunto. Barcelona caería el 26 de enero de 1939, cuando todavía no habían transcurrido dos meses y medio desde que finalizó la batalla del Ebro, lo que provocó el éxodo de medio millón de republicanos hacia Francia.

Una cúpula militar de peso político
“Franco optó por enviar allí al grueso de sus fuerzas, pero la guerra ya estaba decidida y el desgaste perjudicaba en mayor medida a los republicanos que a sus tropas”, apunta Maldonado.

La batalla del Ebro, el último episodio bélico en el que participaron las Brigadas Internacionales, supuso la movilización de la ‘quinta del biberón’, jóvenes de 17 y 18 años movilizados en la zona republicana, principalmente en Catalunya. La inexperiencia de la tropa siempre ha sido incluida por los historiadores entre los motivos del fracaso de la operación.

En cualquier caso, Maldonado destaca el peso político que el Gobierno de Negrín intentó dar a la ofensiva del Ebro, en la que participaron varios de los jefes militares más políticos de su ejército, como Enrique Líster, Valentín González ‘El campesino’ o Antonio Beltrán ‘El Esquinazau’.

@e_bayona 

Fuente:
https://www.publico.es/politica/batalla-ebro-80-anos-batalla-ebro-ultima-gran-ofensiva-republicana.html

miércoles, 18 de julio de 2018

18 de julio.

El traslado de los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos ha de verse como un acto normal, para nada como una revancha.


Las políticas de conservación o de eliminación de los símbolos de un régimen totalitario dependen en gran medida de quien fue su sucesor. El continuismo postsoviético se ha traducido en la presencia actual de Lenin y Stalin en sus respectivos enterramientos en la Plaza Roja de Moscú, mientras el sepulcro clónico de Dimitrov fue demolido en Sofía. En Italia, las ambigüedades de la reconstrucción democrática se han traducido en una puntual preservación de monumentos e inscripciones, incluida la que en Bolzano sigue incluyendo a España entre las conquistas del Duce. A pesar de que recientes investigaciones, como La matanza de Addis Abeba de Ian Campbell, confirman la brutalidad del genocidio cometido durante la conquista y dominio de Etiopía, siguen existiendo callejeros en Italia que lo glorifican. Algo tiene esto que ver con la supervivencia de una mentalidad, nada favorable para la democracia.

Por eso el traslado de los restos del dictador fuera del recinto político-religioso del Valle de los Caídos ha de verse como un acto normal, para nada como una revancha, especialmente si tenemos en cuenta las condiciones de trabajo forzoso para presos republicanos que presidieron la construcción del monasterio. No tenía sentido alguno la supervivencia allí de su tumba, como tampoco lo tenían las estatuas de Franco a modo de miles gloriosus que ocupaban lugares de privilegio en las ciudades españolas. El pronunciamiento del general no solo desencadenó una guerra civil y destruyó un régimen democrático, sino que supuso la puesta en marcha, conscientemente, de una “operación quirúrgica”, como él mismo anunció en noviembre de 1935 al entonces embajador de Francia, Jean Herbette. Su propósito no era, pues, un simple giro a la derecha político, sino la puesta en marcha de un exterminio sistemático, físico e ideológico, de lo que consideraba la Antiespaña, un genocidio si nos atenemos a la definición de Raphaël Lemkin, y bien que lo llevó a cabo. Con el trato respetuoso a sus restos, tiene más que suficiente.

El traslado previsto deja en pie otro problema: ¿qué hacer con el túmulo del fundador del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, cuyo traslado al monasterio del Escorial, primero, y al Valle luego, fue decisión personal de Franco? Tampoco tiene sentido mantenerlo donde está. José Antonio fue promotor ideológico y víctima de la guerra civil. De aceptarlo su familia, el cementerio de Alicante, la ciudad donde fue fusilado, pudiera ser el lugar más adecuado para su enterramiento, convertido ahora en símbolo de reconciliación.

Y para el faraónico monasterio, ¿qué? Volarlo carece de sentido, si bien lo mejor es que no hubiese existido nunca. Cabría aprovechar sus instalaciones organizando allí un centro de estudios sobre el totalitarismo, para lo cual mimbres hay en el cesto.

https://elpais.com/elpais/2018/07/17/opinion/1531844823_263325.html

jueves, 28 de junio de 2018

La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune

Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt

Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.

El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.

“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.

Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”

(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)

1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura

La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).

Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.

En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.

Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.

En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.

En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.

Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.

Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.

La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.

El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.

El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.

Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.

Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.

Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.

El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.

Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.

Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.

Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.

El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.

El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.

Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.

Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.

Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.

El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.

Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario

Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.

2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.

3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.

En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.

Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.

La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.

No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.

Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.

Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.

Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).

Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm

sábado, 19 de mayo de 2018

El fin del dinero barato y el desmantelamiento del Estado social


Manuel Gabarre
El Salto

El fin de las políticas de estímulo promulgadas por el Banco Central Europeo amenaza con devolver a la población perjudicada por la crisis a una situación peor que la de 2012, cuando la institución de Draghi "ganó tiempo" y los poderes de la UE impusieron una política de reformas que el PP ha dirigido

Desde la crisis financiera desencadenada en el año 2007, la política de desmantelar los servicios públicos es una tendencia que parece imparable. En este artículo se trata el caso del Estado español. Primero se trata su origen, en segundo lugar se analiza la situación actual de calma chicha propiciada por el dinero prestado por el Banco Central Europeo y en tercer lugar las consecuencias que tendrá previsiblemente el enorme endeudamiento que está acumulando el estado español.

El origen: la crisis de 2007
Tras la introducción del euro en el año 2002, la banca europea apostó por el crecimiento infinito del sector residencial y turístico del Sur de Europa. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2007 provocó que la banca mediterránea se fuese desmoronando como un castillo de naipes. Debido a la magnitud de lo que los inversionistas europeos habían invertido en nuestro país, la quiebra del sistema financiero español les hubiese arrastrado hacia su propio hundimiento. Quizá este fue el motivo por el que las instituciones internacionales presionaron para que el Estado asumiese la deuda bancaria. De esta manera, la sociedad española ha asumido el coste de salvar el sistema financiero francés, alemán u holandés. Este salvamento se ha hecho mediante la subida de impuestos, los recortes en el gasto social y el incremento desmesurado de la deuda pública.

Tras la quiebra de Grecia, los mercados comenzaron a sembrar dudas sobre la capacidad del Estado español para devolver la deuda que este había ido acumulando por haber asumido una quiebra bancaria tras otra. Esta política de despilfarro, que todavía no ha tocado a su fin, generó los ataques especulativos del año 2012, en el que se hizo famosa la prima de riesgo, concepto usado como medida de presión política.

Los países más expuestos a los ataques especulativos, entre los que comenzaba a asomarse Francia, forzaron la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo a prácticamente el 0% y otro tipo de medidas. Entre ellas, el rescate financiero y la intervención de la Unión Europea en el estado español que tuvieron lugar durante 2012.

Aunque tales medidas fueron efectivas para terminar con los ataques especulativos, no fueron eficaces para la sociedad en su conjunto: la economía seguía instalada en la deflación y las cifras de paro eran superiores al 20% en España o en Grecia. La inestabilidad política llegó a su punto álgido en la primavera de 2015 con el referéndum promovido por Syriza y con la victoria de las candidaturas populares en las principales ciudades españolas.

Se manifestó así una tendencia política capaz de acceder al gobierno del estado español si no se aliviaba la virulencia de la crisis. Por lo tanto, algo tenían que hacer los poderes de la Unión Europea para preservar el orden político. Con este fin la Unión intervino a través de una de sus principales instituciones: el Banco Central Europeo. Así la Unión Europea optó por una medida que beneficiase a las élites como la expansión cuantitativa o quantitative easing, en su traducción inglesa (QE), que es el motivo de la calma chicha actual.

La expansión cuantitativa o el aluvión de dinero barato para España
El interés de un préstamo depende del riesgo de que el deudor no lo devuelva. Por tanto, cuanto mayor sea el riesgo de que el deudor no devuelva el préstamo, mayor será el interés con el que el banco compensará este riesgo. Para rebajar el riesgo, y por tanto el interés, el Banco Central Europeo decidió comprar a la banca los préstamos concedidos a las administraciones públicas y también a determinadas entidades privadas mediante el programa de expansión cuantitativa (QE).

Estas decisiones de compra se han tomado con total opacidad por el Banco de España, en quien el BCE delegó la selección de los beneficiarios para su territorio. En este sentido, solo se publica la identidad del beneficiario pero no la cantidad, a pesar de que estas compras distorsionan el mercado, ya que alteran la competencia en favor de las entidades beneficiadas.

Entre las empresas beneficiadas hay dieciséis españolas, la mayoría provenientes de las privatizaciones de los noventa. Estos datos quizá se oculten porque revelarían asuntos turbios, por ejemplo las compras de deuda de Redexis Gas, S.A. empresa que era propiedad de Goldman Sachs, entidad plenipotenciaria de la que el propio Mario Draghi fue vicepresidente en Europa.

El objetivo de los QE era inundar el sistema financiero de dinero, ya que la banca al liberarse de los préstamos concedidos a las administraciones públicas y a otras compañías, supuestamente, concedería nuevos créditos al sector privado. Del mismo modo, ya no sería tan atractivo prestar dinero a las administraciones públicas porque los intereses fijados eran artificialmente bajos.

El crecimiento de los precios de la vivienda y la —endeble— recuperación de la economía española desde 2015 provienen de esta política monetaria, por la que el Banco Central Europeo a través del banco de España ha comprado 235.000 millones de euros de deuda pública española.

El fin del dinero barato
Una de las promesas de Trump era reflotar la industria de EE UU Para ello ha devaluado el dólar. Con un dólar más barato los productos made in USA resultan más económicos y por tanto, EE UU vende más fuera de sus fronteras al tiempo que reduce sus importaciones.

A su vez, el petróleo se comercializa en dólares, por lo que si baja el dólar, los países productores de petróleo deben subir el precio al que venden el petróleo para mantener sus ingresos. Ingresos que son necesarios para preservar la estabilidad política en sus países, muy dependientes de las importaciones. La subida de precios del petróleo conlleva un incremento generalizado de los precios en Europa, porque esta es su principal fuente de energía y tiene que importarla casi en su totalidad.

Por su parte, los QE también hacen que suban los precios, ya que la banca dispone de más dinero para conceder préstamos. Esto se produce porque al incrementarse los préstamos, se incrementan los precios ya que hay más compradores. Este fenómeno se plasma perfectamente en el sector de la vivienda, donde se puede constatar la aparición de una nueva burbuja.

La suma de estos factores provoca la subida general de los precios, es decir, la inflación. La inflación hace que la banca pierda capacidad adquisitiva porque si hay inflación resulta más barato para los deudores devolver los préstamos contraídos con interés fijo, afectando también a los préstamos con interés variable y, por tanto, perjudicando gravemente a la banca. Y la Unión Europea ha demostrado que puede tolerar cualquier cosa menos esa.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta por un lado que el principal acreedor europeo son las entidades financieras alemanas y, por el otro, que Europa poco puede hacer para bajar el precio del petróleo, podemos estar seguros de que nos encontramos cerca del fin del dinero barato proporcionado a la economía española a través de los QE.

¿Cómo nos afectará el fin de los QE?
Sabine Lautensläger representante de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo manifestó acerca de los QE que “han servido para comprar tiempo, pero no han arreglado las causas estructurales de una recuperación económica endeble”. Y es que, durante este tiempo prestado por la Unión Europea con el fin de acometer reformas estructurales, el estado español se ha endeudado de manera masiva mientras la sociedad ha estado mirando hacia otro lado.

La deuda pública ha pasado de 440.000.000.000 de euros en 2007 a 1.158.379.000.000 en febrero de 2018. Es decir, casi se ha triplicado en una década. Para hacernos a la idea, hoy cada residente en España tocaría a una media de 25.000 euros de deuda pública, sea menor de edad, pensionista o directivo de Amazon.

Esto sin contar las enormes deudas de las empresas españolas, en particular, de las multinacionales (2,5 veces el PIB) ni los préstamos que haya contraído cada cual.

Les pido que hagan un ejercicio muy simple: cuando salgan a la calle, observen a las personas con las que se crucen y, tras ello, plantéense si esta deuda se puede devolver. A mí me parece que no, lamentablemente.

Por otro lado, la recuperación ficticia de la economía española depende del petróleo y del dinero barato. Por lo tanto, conforme vaya subiendo el precio del petróleo, cualquier subida de los tipos de interés del BCE, por nimia que pueda parecer, tendría unos efectos devastadores para la economía española.

Por esto, está previsto que la eliminación de los QE se haga teniendo en cuenta que la recuperación económica ha sido meramente artificial. Una subida brusca de los tipos de interés llevaría a los actores de la economía española a la posibilidad de no poder afrontar el pago de sus deudas y, por tanto, a otra crisis grave. En este sentido, Draghi ha manifestado que la eliminación de los QE se haría conforme se vaya incrementando la inflación hasta llegar el 2%. En otras palabras, que la eliminación de los QE será paulatina e irá acompasada a la subida de los precios del petróleo.

El futuro: las consecuencias del fin del dinero barato para el estado español
La subida de los intereses está al caer. Desde los centros de poder de la Unión Europea se considera que ya se ha concedido el tiempo suficiente para que las economías de los países mediterráneos hayan implantado las reformas que consideraban necesarias. Pero, a pesar de la propaganda oficial, la deuda de España no ha hecho sino aumentar irresponsablemente durante el gobierno de Rajoy. Este ha optado por hipotecar el futuro del país para consolidar la posición de un partido atenazado por la corrupción. Por otro lado, el marco legal europeo no deja lugar a dudas: en 2011 se consagró la primacía de los acreedores frente a la democracia mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución. Son ellos quienes tienen la prioridad de cobrar por encima de las necesidades y de las decisiones de la ciudadanía.

Por lo tanto, cuando esta subida de tipos de interés se produzca, el gobierno tendrá que equilibrar sus cuentas bajo la presión de los fondos especulativos. Quienes con certeza desencadenarán otra tormenta en la que aumentarán los intereses de las deudas españolas.

En este punto aparece Ciudadanos, un partido aupado por las élites financieras a través de algunos medios de comunicación que manejan a su antojo. A este respecto, conviene tener en cuenta que el Partido Popular cuenta con una importante autonomía que proviene de la victoria de sus ancestros en la Guerra Civil, verdadero hecho constituyente del régimen español, lo que le permite controlar los poderes del estado.

Su autonomía puede llevarle a no adoptar medidas impopulares que demanden las élites financieras, cuando las consideren perjudiciales para sus intereses electorales. Un ejemplo de esto sería la rebaja de las pensiones de jubilación, a la que el Partido Popular es renuente. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos su posición sería mucho más endeble, puesto que es evidente que las élites podrían defenestrar a este partido del mismo modo que lo han promovido.

Nos encontramos ante una encrucijada en la que se está jugando el desmantelamiento del estado del bienestar. Debido al endeudamiento que se ha alcanzado y a los límites en la política económica establecidos por la Unión Europea, la única alternativa para evitar la descomposición del sistema público es una subida importante de los ingresos fiscales cuya aportación debería provenir de quienes tengan más capacidad para ello.

Las instituciones neoliberales han fomentado la evasión fiscal, verdadera clave de la globalización. Por ejemplo, la Unión Europea, diga lo que diga, promueve esta evasión, pues de otra manera no se explicaría su connivencia con que algunos de sus miembros como Luxemburgo u Holanda hayan establecido regímenes fiscales mediante los que las multinacionales eluden sistemáticamente el pago de impuestos.

El resultado de esta política neoliberal en España es un sistema fiscal regresivo, basado en la recaudación sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Esto es, el IVA, que paradójicamente no ha dejado de aumentar durante los últimos años, a pesar de la bajada del consumo y, por tanto, del incremento del paro. Sin un sistema fiscal progresivo, donde quienes más ganen o tengan sean quienes más aporten, el estado de bienestar no puede tener lugar.

Es así de simple. Pero, como dice el inspector de hacienda Raúl Burillo, la política la fiscal ha sido única en España durante el bipartidismo; daba lo mismo quien gobernara, y así, salvo ligeros matices, con todos los ejes de las estructuras económicas del país.

Dado que el principal partido de la izquierda, Podemos, parece irremediablemente instalado en la banalidad, sería más necesario que nunca que alguien enunciase un proyecto político solvente que sea capaz de preservar el estado social, dado que para su desmantelamiento ya han sido designados los ejecutores.

Fuente:
http://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/fin-dinero-barato-banco-central-europeo-expansion-cuantitativa