La patronal española contra la Constitución

Fuentes: La voz del sur [Ilustración creada con IA]

Siempre he subrayado en mis artículos, libros y clases la importancia fundamental que tienen las empresas para crear riqueza y bienestar. En ellas se producen los bienes y servicios que necesitamos para vivir, de modo que su buen funcionamiento es condición imprescindible para el progreso económico y social.

Algo que sólo es posible si disponen de una buena organización interna, gobernanza adecuada y un medio ambiente socioeconómico e institucional que favorezca su actividad. Y, desgraciadamente, también he tenido que señalar en muchas ocasiones que el empresariado español ha demostrado con demasiada frecuencia ser uno de los principales obstáculos para mejorar el funcionamiento de sus propias empresas.

Ahora, acabamos de ver otra muestra de su mal gobierno y representación. Las patronales CEOE y Cepyme acaban de emitir un comunicado rechazando participar en la mesa convocada por el gobierno para avanzar en la elaboración de una futura ley de democracia en las empresas que regule la participación de los trabajadores en ellas.

A pesar de contener sólo unas pocas líneas, el comunicado acumula errores jurídicos, afirmaciones empíricamente falsas y descalificaciones retóricas impropias de organizaciones que pretenden representar al empresariado.

La participación de los trabajadores es un mandato constitucional
Uno de los argumentos principales del comunicado empresarial consiste en afirmar que la participación de los trabajadores en el gobierno de la empresa vulneraría principios constitucionales como la libertad de empresa o el derecho a la propiedad privada. Una interpretación de la patronal muy discutible.

Aunque es cierto que la Constitución española reconoce efectivamente el derecho a la propiedad privada (art. 33) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38), sujeta ambos derechos a límites derivados del interés general y de la función social de la propiedad. Y no sólo eso, contiene además un mandato explícito en el artículo 129.2 que la patronal española olvida mencionar: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.”

La participación de los trabajadores en la empresa que el gobierno de Pedro Sánchez se propone favorecer no sólo es jurídicamente posible, sino que constituye un objetivo que el legislador está llamado -por la propia Constitución- a promover.

La patronal desenfoca por completo el asunto: lo que hay que plantear no es si la participación de los trabajadores en las empresas es compatible con la Constitución —lo es— sino qué formas concretas puede adoptar y con qué alcance.

Al negarse siquiera a discutir una propuesta que desarrolla un mandato constitucional explícito, la patronal se sitúa voluntariamente al margen de la Constitución.

Argumentos falsos de la patronal
Un segundo argumento del comunicado empresarial se basa en presentar la democratización de la empresa como un modelo asociado a «un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado». Una auténtica falsedad. Pura demagogia populista

Los países europeos con economías más competitivas son precisamente los que han desarrollado desde hace décadas sistemas de participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas. No es posible que la patronal española desconozca que lo que se propone implantar el gobierno existe desde hace años en Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos

Con diversas modalidades, en todos ellos está regulada la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de supervisión de las grandes empresas, incluso llegando en algunos casos a la paridad con los representantes del capital.

La patronal española incurre en una afirmación objetivamente falsa cuando presenta estos sistemas como incompatibles con una economía de mercado avanzada. La verdad es que, por el contrario, forman parte de modelos productivos capitalistas caracterizados por altos niveles de productividad, innovación industrial y estabilidad institucional. En contra de lo que dicen las patronales, la evidencia muestra que la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial no constituye una anomalía institucional, sino una característica relevante de algunos de los sistemas capitalistas más exitosos del mundo desarrollado.

También recurre la patronal a argumentos falsos cuando afirma que promover la democracia en la empresa favoreciendo la participación de los trabajadores en los consejos de administración es un «ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas» y con el efecto de «desalentar las inversiones en nuestro país».

La evidencia empírica proporcionada por abundante literatura académica al respecto es muy clara. Los efectos observados con mayor frecuencia cuando los trabajadores participan en la gestión y dirección de la empresa son la mejora en los niveles de cooperación entre trabajadores y dirección, la reducción de conflictos laborales, mayor inversión en formación y capital humano y menor desigualdad salarial dentro de la empresa. En contra de lo que aventura la patronal, lo que se ha podido comprobar es que, cuando los trabajadores participan en decisiones estratégicas o en los beneficios de las empresas, disminuyen el oportunismo, la rotación y el absentismo, mejora la información y las decisiones son más acertadas y racionales, y es más fácil adoptar medidas de ajuste ante situaciones de crisis.

Por otro lado, también parece mentira que nada más y nada menos que dos patronales confundan los espacios de la participación de los trabajadores con el de la negociación colectiva, centrada esta en salarios y condiciones laborales y en donde no se aborda la estrategia empresarial, la política de inversiones o las decisiones estructurales de la empresa.

La patronal pasa por alto que, incluso los análisis menos favorables a defender la participación de los trabajadores, sugieren que los efectos sobre productividad y rentabilidad son generalmente neutrales o moderadamente positivos, lo que indica que la codeterminación no supone necesariamente un obstáculo para la competitividad empresarial.

Resulta difícil sostener seriamente que estos mecanismos desalientan la inversión cuando están presentes desde hace décadas en algunas de las economías más competitivas de Europa. La inversión empresarial depende de la estabilidad jurídica, la productividad, el tamaño de mercado, la innovación, los beneficios esperados… y precisamente esas son variables que pueden mejorar cuando hay sistemas de participación laboral.

Los argumentos de la patronal española para presentar estos mecanismos como intrínsecamente perjudiciales para la economía carecen de respaldo empírico.

El trabajo como inversión en capital de la empresa
El comunicado de la patronal deja caer que promover la democracia en la empresa mediante la participación es una anticualla que hoy día no es de recibo. Una muestra más de que los dirigentes de las patronales que supuestamente defienden a los empresarios no son capaces de reconocer los fenómenos más novedosos que se están dando en la vida de las empresas.

Quizá más antiguamente se pudiera defender que el trabajo y el capital son factores separados, de naturaleza diferente. Podría aceptarse que el primero se aporta, se retribuye y desaparece, mientras que el capital perdura. Pero eso ocurre cada vez menos en la actualidad.

La aportación actual a las empresas que hace hoy día quizá la gran mayoría de los trabajadores se produce no sólo en horas de trabajo que se desvanecen una vez que el producto se ha obtenido y vendido. Por el contrario, tiene un gran contenido de información, experiencia y conocimientos acumulados que queda en la empresa, incluso aunque el trabajador deje el empleo. Eso significa que los trabajadores de la economía de la información y del conocimiento de nuestros días aportan también capital cuando trabajan en la empresa. Es un fenómeno singular de nuestra época que no está siendo suficientemente reconocido y menos por patronales ancladas en el pasado y acostumbradas a vivir disponiendo de privilegios y apoyo político, como la española. En la economía del conocimiento, una parte fundamental del capital de la empresa adopta la forma de información, experiencia y capacidades acumuladas por los trabajadores. Ese capital cognitivo permanece en la organización y constituye un activo esencial para su funcionamiento. Ignorar esta realidad supone seguir analizando la empresa con categorías propias de la economía industrial del siglo XIX. Los trabajadores ya no aportan sólo trabajo sino también capital (inmaterial, cognitivo) sin el que la empresa no puede producir. Y, por tanto, tienen el mismo derecho que los propietarios del resto del capital a participar en la toma de decisiones y en el beneficio final que produce.

Una patronal que no sabe defender a las empresas
Lo más curioso del comunicado de la patronal (por calificarlo suavemente) es que recurre a todos esos argumentos falaces, falsos y populistas cuando podría poner sobre la mesa otros que, efectivamente, también deben tenerse en cuenta a la hora de discutir serena y sabiamente y de negociar sobre este asunto.

En la teoría clásica de la empresa se defiende que, puesto que los accionistas son considerados titulares del riesgo final -ya que perciben los beneficios únicamente después de que todos los demás agentes hayan sido remunerados- sólo a ellos debe corresponder la responsabilidad de decidir. No se trata de un argumento menor.

También se ha subrayado que los trabajadores pueden tener incentivos distintos a los de los accionistas (estabilidad del empleo, resistencia a procesos de reestructuración, oposición a determinadas decisiones estratégicas…) o que su participación en el consejo podría, en ciertos contextos, dificultar la adopción de decisiones consideradas eficientes desde el punto de vista empresarial. Incluso podría argumentar la patronal que la inclusión de nuevos actores en los órganos de gobierno puede aumentar los costes de deliberación y ralentizar los procesos de toma de decisiones, o que la discusión sobre los mecanismos de participación debe formar parte de otra más general.

Aunque, precisamente porque todo eso se puede dar, también se puede afirmar que la participación de los trabajadores en el capital de la empresa contribuye a aumentar su corresponsabilidad y apoyo a los intereses generales de la corporación en detrimento de los exclusivamente laborales.

Avergüenza, como dije, que -en lugar de recurrir a razones serias- los máximos representantes de las empresas españolas caigan en el populismo y la falsedad para defender sus intereses.

Una cuestión central que la patronal soslaya
La discusión sobre la democratización de la empresa a la que la patronal española no quiere sumarse plantea finalmente una cuestión más profunda.

Si la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial existe desde hace décadas en diversos países europeos con empresas y economías que son mucho más competitivas que las españolas, ¿no será nuestro problema que no hemos desarrollado instituciones similares?

El problema de fondo no es que la participación de los trabajadores en la empresa sea una propuesta radical. Lo verdaderamente llamativo es que España haya tardado tanto en plantearla, mientras otras economías europeas desarrollaban desde hace décadas mecanismos institucionales que mejoraban la gobernanza empresarial, reducían conflictos laborales y fortalecían su competitividad industrial.

Quizá el verdadero problema no sea la propuesta de democratizar la empresa, sino la resistencia de una parte del empresariado español a modernizar las instituciones que regulan su funcionamiento.

Publicado en La Voz del Sur el 13 de marzo de 2026

Fuente: 

 https://www.lavozdelsur.es/opinion/patronal-espanola-contra-constitucion_353621_102.html

La ceguera de los empresarios que tanto daño hace a los españoles

Unas recientes declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, diciendo que los empresarios son los que crean la riqueza, muestran el desconocimiento que gran parte de la clase empresarial española tiene sobre cómo funcionan realmente la economía y sus propias empresas.

Las declaraciones son desafortunadas porque es sencillamente falso que el empresario, el dueño o el directivo de una empresa, sea por sí solo quien crea riqueza.

No podría crear ni un solo producto y, por tanto, obtener un euro de ingreso sin utilizar capital producido por otras sujetos; sin infraestructuras generalmente de construcción pública o sin bienes públicos que obligadamente debe proveer el Estado porque no puede hacerlo el mercado; sin beneficiarse del conocimiento que durante décadas han generado y acumulado otras personas; sin la investigación básica que casi nunca es rentable por sí misma y debe financiar el gobierno; sin personal más o menos cualificado empleado a su servicio; sin sistema de educación o de salus; sin clientela que disponga de ingresos, generalmente proveniente de otras actividades no necesariamente generadas por la empresa privada; sin normas legales e instituciones que lo protejan a él y a los negocios que lleva a cabo; sin impuestos, sí, sin impuestos, para que pueda financiarse el capital y el gasto público del que cualquier empresa privada, sin excepción posible, se beneficia en mayor o menor medida. La empresa, cualquier de ellas, es un sistema complejo con diferentes subsistemas o partes y no puede funcionar sin el funcionamiento interactivo de todos ellos. El empresario o el directivo es nada por sí solo: no puede crear nada sin todo ello.

Cuando un empresario dice cosas como las que acaba de decir el Sr. Roig, por lo demás un empresario de éxito que efectivamente ha creado mucha riqueza y no precisamente el que peor trata a sus empleados en España, se está manifestando la enorme ceguera con la que actúa el empresariado español. La peor de las cegueras, la que afecta, como decía José Saramago, a quienes viendo no ven, la que hace que no reconozcamos lo que tenemos delante.

Gran parte de los empresarios españoles, o al menos los dirigentes de la gran patronal que los representa, muestran también una gran ceguera cuando confunden constantemente el todo con la parte.

Una de las primeras lecciones que contiene el manual del economía más vendido de la historia, el del economista más reconocido de la segunda mitad del siglo XX, Paul A. Samuelson, es que no se debe caer en la falacia de la composición. Esta consiste en no entender que lo que es bueno o malo para un sujeto no necesariamente es bueno o malo para todos.

Cayendo desgraciadamente en esa falacia básica, los empresarios. confunden el coste salarial, cuya subida puede ser negativa para algunas empresas, con el salario como componente de la demanda que, cuando sube, incrementa los ingresos de todas las empresas en su conjunto. Así, oponiéndose a que aumente la masa salarial creyendo que se defienden, son los propios empresarios los que mantienen en el mercado a las empresas más ineficientes y recortan sus propios ingresos por ventas.

Y están ciegos los empresarios que creen que los enemigos de las empresas son los trabajadores o el gobierno cuando, en realidad, son otras empresas -las financieras y las que tienen poder de mercado- las que ahogan a la inmensa mayoría. Basta saber la deuda inmensa de miles de millones de euros que las grandes empresas del IBEX-35 tienen con las más pequeñas y medianas o el trato que reciben estas últimas cuando actúan como proveedores de las grandes (algo de lo que, por cierto, sabe y podría hablar mucho el dueño de Mercadona) para comprobarlo.

La ceguera empresarial es terrible para la economía porque las empresas son -solo un ignorante puede negarlo- una pieza esencial para crear riqueza y bienestar.

Su consecuencia, o la de que los empresarios se engañen a sí mismos, es que desprecian a todo aquello que justamente precisan para que sus empresas salgan adelante. Y esa y no otra es la razón de que tantas grandes empresas españolas hayan sido tradicionalmente tan ineficientes y un lastre para nuestra economía, más que un motor decisivo y potente, como sería de desear y necesario.

Es lamentable y tremendo observar a empresarios oponerse a que suba un salario mínimo que, prácticamente en su totalidad, se convierte automáticamente en ventas e ingresos empresariales; verlos combatir las políticas del gobierno que sostienen la demanda y proporcionan los bienes públicos que las empresas necesitan inevitablemente para funcionar; reclamar recortes de gasto público que inmediatamente que se produce se transforma en ingreso del sector privado; oírlos criticar los impuestos que financian lo que sus empresas necesitan y no podrían sufragar nunca por sí mismas; contemplar a miles de ellas sometidas en silencio ante el poder de las más grandes e irresponsables, tan contrario a la ineficiencia y a las leyes que deben regir el funcionamiento de los mercados, que agobia y arruina a miles de empresarios, algunos con menos ingresos que sus propios empleados.

Cuando los empresarios se convierten en rentistas y en extractores de riqueza que generan otros en lugar de impulsores de la eficiencia, la competencia y la innovación se convierten en un lastre para la economía y el bienestar. No crean riqueza sino que la destruyen.

https://juantorreslopez.com/la-ceguera-de-los-empresarios-que-tanto-dano-hace-a-los-espanoles/

Paro del transporte: lo que hay detrás y sus consecuencias

La derecha política y patronal apoya el paro del transporte limitándose a reclamar que el Gobierno dé ayudas a los transportistas. Un procedimiento que, lejos de salvar al sector, va a reforzar la crisis que padece. Y, por cierto, totalmente contrario a las políticas de defensa del mercado y la competencia que dicen defender los «liberales» de Vox, PP, Ciudadanos o la CEOE.

Es fácil entender por qué el planteamiento mayoritario que se hace en esta huelga y lo que se pide va a hundir todavía más en la precariedad a miles de pequeñas empresas y transportistas autónomos.

Lo primero a tener presente es que el sector del transporte de mercancías por carretera en España es muy heterogéneo. En él hay grandes empresas y plataformas logísticas que son muy competitivas y tienen capacidad efectiva para absorber las subidas de costes que pudieran producirse, aprovechando su tamaño, amplia demanda y gran productividad. Si suben costes, como está sucediendo ahora, incluso pueden aprovechar la situación para aumentar sus márgenes de beneficio.

Junto a esos grandes transportistas hay otros miles de pequeños que, por el contrario, viven continuamente al límite. No pueden operar tantas horas como los grandes, ni tienen acceso a una gama tan amplia y rentable de clientes y cuando son subcontratados se ven obligados a aceptar sin rechistar las condiciones que les imponen. A poco que empeoren las condiciones, porque baje la demanda o suban los costes, muchos de ellos entran sin remedio en pérdidas.

Hay una segunda circunstancia relevante de la que a nadie le gusta hablar pero que hay que señalar con claridad. Guste o no, la realidad del sector del transporte de mercancías por carretera en España es que está sobredimensionado, en todos los sentidos. Desde el punto de vista más general, porque tiene un peso desproporcionado en relación con otros medios, como el ferrocarril, lo cual supone costes agregados e ineficiencias muy elevadas para el conjunto de la economía; es decir, para todos los hogares, empresas y administraciones públicas. Por otro lado, el sector está plagado de empresas que, de no ser por la regulación existente y las ayudas públicas, nunca hubieran entrado en él, sencillamente, porque su dimensión y estructura de costes les impedirían ser rentables.

Dos razones pueden explicar que eso haya ocurrido. Una es que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de enfrentarse con realismo al sector para evitar el peligro político que siempre lleva consigo su paralización, pues afecta a toda la economía. Otra, tan decisiva o más que la anterior, es que las grandes empresas y plataformas logísticas están interesadas en que haya exceso de oferta de transporte porque así se imponen salarios y costes más bajos, e incluso precios más reducidos si hace falta, porque a ellas sí les darían beneficios gracias a sus márgenes más elevados.

En estas momentos, desde hace meses en realidad, estamos viviendo una auténtica tormenta perfecta. La demanda de servicios de transporte apenas crece o incluso disminuye como consecuencia de la pandemia, del bloqueo general de la oferta y de los cambios en las pautas de consumo. Y, aunque en algunas actividades haya comenzado a incrementarse, no lo ha hecho lo suficiente como para dar negocio y rentabilidad suficientes a todas las empresas y transportistas del mercado. Y, para colmo, los costes de combustible se han disparado, como es bien sabido.

En esta situación es materialmente imposible que sobrevivan los miles de transportistas que están, como he dicho antes, en el filo de la navaja.

Ahora bien. ¿La solución a estos problemas es aumentar sin cesar las ayudas a todo el sector por igual y seguir permitiendo o incluso favoreciendo el exceso de oferta que inevitablemente va unido a precariedad y pérdidas para las empresas y autónomos menos competitivos? A mí me parece que eso es una auténtica barbaridad. Por un lado, hará todavía más rentables a quienes ya lo son de por sí, incluso con las bárbaras subidas de costes actuales. Por otro, simplemente prolongará la agonía de quienes, digámoslo con sinceridad, debieran salir del mercado y, muchos más, cuando la transición energética que inevitablemente se avecina hará crónica la subida de costes. Limitarse a dar más ayudas para que todo siga como estaba solo servirá para aumentar la ineficiente sobredimensión del sector, bajar la productividad y extender la precariedad ya de por sí muy grande.

Las administraciones públicas (las gobernadas por el PSOE y el PP) se han dedicado, con una mano, a evitar que el mercado haga lo que puede hacer bien (consolidar a las empresas eficientes y buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda) y, con la otra, a dar cada día más poder a las grandes empresas y plataformas que se benefician de eso para obtener beneficios extraordinarios.

A corto plazo, de inmediato, hay que ayudar con carácter excepcional, porque excepcional es la situación en la que se encuentra el transporte. Pero eso no se puede hacer tirando el dinero. Y tirar el dinero es seguir manteniendo cada vez más actividades económicas a base de regalías, privilegios, ayudas y subvenciones, sin discriminar y sin evaluar sus efectos. No se puede acudir constantemente a la ayuda pública para generar ingresos y resolver los problemas de nuestro aparato productivo y, en general, de la vida social. Y eso no lo digo solo ahora, en relación con el paro del transporte, sino con carácter general.

Las ayudas inmediatas al transporte deben ser diversificadas y han de acompañarse de la reconversión del sector con proyectos de reestructuración que creen más actividad y riqueza y no la destruyan. Claro que para eso hace falta disponer de una estrategia de regeneración productiva a medio y largo plazo de la que carece la izquierda que nos gobierna, y de una oposición cuyo comportamiento no sea como el que tiene, solo dedicado a derribar al adversario por cualquier medio y sin reparar en el coste que eso tenga para España en su conjunto.

El planteamiento mayoritario que hay detrás del paro patronal que estamos viviendo es tan falso como un euro de cartón piedra. Si de verdad se quisieran solucionar los males del sector se pondrían todos ellos sobre la mesa, empezando por el comportamiento de quienes lo dominan, y se propondrían soluciones que impidieran en el futuro volver a sufrirlos, en lugar de reforzar las causas que los provocan.

Supongan por un momento los miles de pequeñas empresas y transportistas que apoyan el paro que este tiene éxito y derriba al gobierno de Pedro Sánchez: ¿de verdad creen que eso iba a limitar el poder de las grandes plataformas y empresas que les vienen imponiendo las condiciones de penuria en las que están ahora? ¿De dónde iba a sacar Vox o el PP el dinero público para darles más ayudas, si lo que proponen es reducir los impuestos de quienes más tienen y reducir el gasto público?

Parece mentira que se estén dejando engañar y se metan en un camino que solo puede llevar a que salgan con más privilegios y poder los causantes de la precariedad y de los problemas que tienen. ¿O es que acaso pueden creer que un paro tan carísimo como este lo financia la patronal por el gusto de ayudar ahora a quienes llevan años explotando y negándole el pan y la sal?

https://juantorreslopez.com/paro-del-transporte-lo-que-hay-detras-y-sus-consecuencias/

Pablo Casado se dispone a arruinar a miles de empresas españolas y los empresarios callan: tiene explicación.

Por Juan Torres López 

El líder del Partido Popular y sus eurodiputados llevan varias semanas presionando en Bruselas para tratar de evitar que la Unión Europea conceda a España las ayudas acordadas para combatir la crisis provocada por la pandemia.

Imaginemos por un momento que tuvieran éxito y que dejaran de llegar o llegaran menos de los 140.000 millones que podríamos recibir. ¿Quién saldría perjudicado?

Llevadas por sus prejuicios ideológicos, muchas personas de derechas creerán que perderían Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, sus ministros y los españoles de izquierdas y que eso justifica la acción de Pablo Casado y de los eurodiputados populares que hacen presión contra España en Bruselas. Pero eso no es así. Si todo o parte de ese dinero no llega a España quienes iban a dejar de tener ingresos multimillonarios serían los empresarios españoles y, en consecuencia, docenas de miles de trabajadores que estarían condenados a irse al paro. Todos ellos -empresarios y trabajadores- de ideologías muy distintas.

El éxito de la estrategia de Pablo Casado y el Partido Popular en Europa no iba a arruinar solamente a las empresas de izquierdas y a los trabajadores progresistas. No; serían todos las empresarios sin apenas distinción los que perderían y todos los españoles en general -sea cual fuera su ideología- quienes saldrían perjudicados.

Es inevitable, entonces, hacerse dos preguntas: ¿por qué hace eso Pablo Casado?, ¿qué busca arruinando a miles de empresas? y, sobre todo, ¿cómo es posible que callen los empresarios cuando un líder político está tomando decisiones que si le salen bien los arruinaría?

La respuesta a la primera pregunta es sencilla: Pablo Casado y el Partido Popular no buscan el bien de España en general, ni el de los empresarios españoles ni el de los españoles. Sólo persiguen hundir la economía arruinando a miles de empresas pensando que los votantes culparán al Gobierno del desastre y que así podrá volver a gobernar el Partido Popular con el resto de la derecha. El líder de la derecha española está dispuesto a destruir a España con tal de impedir que gobiernen quienes no piensan como él o no tienen sus mismos intereses. Es materialmente imposible que haya otra explicación.

La segunda pregunta tiene otra respuesta igual de fácil.

El dinero que llega de Europa lo recibe formalmente el Gobierno, pero este no lo guarda en una alcancía, ni solo lo envía a los bolsillos de sus afines. Pero, incluso si lo repartiese mal (lo que no sería ni mucho menos deseable), el dinero procedente de Europa que se gaste en España va finalmente a las empresas españolas, por una vía o por otra. Un euro que el Estado gasta es siempre un euro que ingresa o bien una empresa que se lo gasta en otra empresa o en sus trabajadores que también lo gastan en empresas, o bien un empleado público o un pensionista o cualquier otra persona que al final lo gasta en los bienes o servicios que les venden las empresas o que lleva a los bancos que pueden utilizarlo para financiar a quien necesite euros para gastar, generando más ingresos, o para producir y vender y volver a generarlos. Por una vía o por otra, el euro que gasta el Estado siempre va a las empresas.

Por tanto, no es posible creer que la totalidad de los empresarios españoles sean tontos de remate y que les de igual dejar de recibir, por una vía o por otra, todos o una parte de los 140.000 millones de ayudas europeas que puede recibir España. Pero, entonces, ¿por qué aceptan sin rechistar la estrategia de Pablo Casado que les va a costar tantísimo dinero e incluso, a muchos de ellos, que tengan que cerrar sus empresas para siempre?

La respuesta, como digo, es sencilla. Si hacen eso es porque en España hay un grupo de grandes empresas que imponen sus intereses y sus estrategias al resto y esos intereses y estrategias no pasan por maximizar los ingresos de todo el empresariado sino los suyos.

Las grandes empresas españolas que dominan el mapa empresarial español no buscan mercados donde competir para obtener sus beneficios, como dicen los economistas, periodistas y políticos que tienen a sus servicio para difundir el falso discurso de liberalismo. No buscan la innovación, ni la excelencia, ni creen en las virtudes de la competencia y de la libertad de empresa como fuente de sus ganancias, ni organizan sus estrategias para ser más eficaces y eficientes y así imponerse a sus rivales. No; las grandes empresas españolas se han acostumbrado a obtener sus beneficios como regalías y favores procedentes del poder político. Son grandes, poderosas, extraordinariamente rentables, dominadoras y omnipresentes en la vida social y política española porque hace decenios que han capturado todas las redes del Estado, de sus instituciones y del poder político para ponerlas a su servicio y no serían nada sin ellos. Y, lo que es peor, su gran ineficiencia, su conservadurismo gerencial y su aversión a la competencia les obliga a quererlo todo, no una parte del poder político, sino todos los mecanismos de toma de decisión y ejecución sin excepción.

El gran empresariado español está fundido con la política, no sabe funcionar ni obtener beneficios sin disponer del Boletín Oficial del Estado. Lo mismo que necesita contables, conserjes, juristas, administrativos, economistas, jefes de personal… para poner en marcha día a día sus negocios, necesita parlamentarios, expresidentes y exministros, abogados del Estado, inspectores de hacienda, directivos del Banco de España, jueces, consejeros autonómicos y ministros para obtener ganancias. Y de esa fusión nació hace ya muchos años la oligarquía (ese es su nombre) que domina la economía, la política, los medios de comunicación y a España en su conjunto.

Por eso los grandes empresarios callan cuando Pablo Casado se dispone a arruinar a España con el único propósito de volver a poner el poder político a su disposición. Para ese empresariado oligopolista y oligárquico el prerrequisito para que su negocios sigan siendo rentables es que haya una clase política gobernante dispuesta a seguir poniendo la administración pública a su servicio.

Eso es lo que explica que la presencia en la política española de algunas corrientes socialistas de izquierdas o de Podemos se haya contemplado y combatido con tantísimo miedo y esa es la razón auténtica de la guerra tan vergonzosa y antidemocrática que el gran empresariado español está financiando para evitar que salgan adelante y haya la más mínima posibilidad de que en España se haga una política que pueda limitar su influencia y atentar contra sus intereses para beneficiar al conjunto del empresariado y de los españoles.

Mientras tanto y lo curioso es que la inmensa mayoría de los empresarios españoles, los pequeños y medianos, los individuales que no tienen ese poder ni se benefician realmente de lo que hace esa oligarquía, se dejan llevar y, en lugar de poner por delante sus intereses, hacen suyos los de las grandes empresas, de esas que tardan meses en pagarle, que les imponen condiciones comerciales draconianas, que les quitan sus clientes y que promueven políticas que disminuyen los ingresos generales y, por tanto, las ventas que podrían realizar. En lugar de tener intereses propios y de defenderlos, la pequeña, la mediana y la microempresa española se deja llevar por los intereses de quienes le chupan la sangre día a día, los de sus rivales. Miles de pequeños y medianos empresarios españoles, sin otra alternativa, se dejan seducir por el gran empresariado que en realidad los consume y llevados de su conservadurismo ideológico piensan que los políticos de derechas también van a estar a su servicio cuando, en realidad, sólo van a trabajar para quien les paga, las grandes y más poderosas empresas que lo dominan todo en su exclusivo beneficio.

La desgracia es que las izquierdas no parece que se den cuenta de la importancia que tiene hacer un discurso y una política que llegue más allá de sus propios votantes tradicionales y de sus incondicionales. Una desgracia porque hoy día no se pueden desarrollar políticas progresistas sin grandes alianzas, entre ellas, la del pequeño y mediano empresariado y los empresarios individuales que necesitan, tanto o más que sus propios trabajadores, nuevas políticas que incrementen el ingreso de todos y no sólo las prebendas y beneficios de las grandes empresas dependientes y usurpadoras del poder político. Algo que las izquierdas no están consiguiendo: unas veces porque no saben, otras porque fracasan y, en ocasiones, porque traicionan sus compromisos e ideales.

Fuente:

https://blogs.publico.es/juantorres/2020/10/23/pablo-casado-se-dispone-a-arruinar-a-miles-de-empresas-espanolas-y-los-empresarios-callan-tiene-explicacion/

Géraldine Schwarz: “La espiral de pánico es peligrosa”. “La indiferencia está en el origen de los peores crímenes contra la humanidad”

La ensayista franco alemana se fija en lo que ocurre en Europa como institución y como territorio, en un momento delicado para la democracia y las libertades

Géraldine Schwarz (Estrasburgo, 46 años), periodista e historiadora franco alemana, escribió hace tres años un libro en el que tocó una grave herida que implicaba a su abuelo paterno que, como muchos alemanes, miraron a otro lado cuando Hitler llegó y organizó la persecución de los judíos. Ese libro, Los amnésicos (Tusquets, 2019), ha tenido un intenso recorrido mundial. Trata de Europa, de lo que pasó entonces y de lo que nos siguió pasando, como continente y como civilización. El abuelo de Schwarz, un industrial de Manheim, que se enriqueció con el expolio a los judíos, le dio razón para investigar cómo su antepasado miró para otro lado durante el horror nazi y visitó a descendientes de los que pudieron escapar de Alemania. “Busqué las fuentes e intenté ser con mis abuelos alemanes lo más justa posible”. Solo una tía se enfadó. Su padre, su mayor fuente, estuvo orgulloso de contarlo…, pero se preocupó un poco “hasta que el libro tuvo éxito”. Su esencia franco alemana la ha llevado a fijarse en lo que ocurre en Europa como institución y como territorio, metido (como reconoció la canciller Angela Merkel) en algo peor que aquella guerra desatada por los nazis. De esta nueva guerra del mundo habla por Skype desde Berlín, donde está confinada.

Pregunta. ¿Cómo afronta el continente este desafío?
Respuesta. Están la Comisión y las sociedades. La Comisión no reacciona tan mal. Eran un equipo de tecnócratas decidiendo reglas y pidiendo a los países que se adaptaran. Y por primera vez en la historia adaptan sus reglas a los acontecimientos. No lo debemos subestimar porque es muy nuevo. Tienen muchas dificultades para hallar una línea común entre el Nosotros [Merkel] y el Yo [Macron]. Pero hay, aunque tardías, señales positivas: Francia y Alemania juntas entregaron más mascarillas a Italia que China. Muchos enfermos franceses fueron cuidados en Alemania y Suiza. Y pacientes italianos han sido cuidados en Francia. Esto también es nuevo, y pasa en Europa. Pero a la Comisión no se le da bien promover este tipo de solidaridad. Es verdad que a Italia la dejaron sola demasiado tiempo, y es inaceptable. Ahora están tratando de arreglar los errores, y la Comisión ha pedido perdón a Italia. Pero esta coronacrisis no es un examen solo para Europa, sino para sus valores, basados en la democracia y la libertad.

P. ¿En qué sentido es un examen?
R. Con la pandemia y las medidas excepcionales estos valores están amenazados. ¿Seremos capaces de combinar la emergencia sanitaria con la democracia? Este es el gran examen de Europa: la capacidad para demostrar que los problemas sanitarios se gestionan con más eficacia en una democracia que en una dictadura como China. Hay una guerra de propaganda sobre la gestión de estos temas. China está intentando probar que un modelo autoritario lo hace mejor. Y esto es muy peligroso. Porque la gente está escuchando.

P. Por escribir en EL PAÍS eso Mario Vargas Llosa vio sus libros prohibidos en China…
R. ¡Hay más muertes en China de las que dicen las autoridades! El gran desafío del siglo XXI será la información. Esta pandemia será el gran desafío, pero después de eso vendrá el cambio climático. Estamos ensayando para una guerra aún peor. La respuesta tiene que ser colectiva. No solo de las instituciones, sino también de las personas. Aquí es donde mi libro Los amnésicos se vincula con lo que sucede. Es una crisis que muestra que la población, en todo el mundo, tiene una responsabilidad, no puede mirar para otro lado. Lo mismo pasa con el calentamiento global: al final los individuos tienen que adquirir responsabilidad. Es el tema de mi libro. La crisis demuestra también que la responsabilidad colectiva no equivale a la igualdad entre los países europeos, porque el norte no se comporta como el sur y es notorio que ambos lados no requieren medidas de confinamiento, por ejemplo, tan estrictas….

P. Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas…
R. Pues eso es lo que ocurre. Pero hay respuestas, están en el pasado. La historia no se repite, pero los mecanismos de cómo la sociedad responde a los problemas son siempre los mismos. Por eso tenemos las respuestas en la historia. Porque no hemos cambiado. Las reacciones colectivas son iguales. Somos animales, no debemos olvidarlo. Frente al miedo, la incertidumbre y la falta de orientación reaccionamos siempre igual. Pero si sabemos que reaccionamos así nos controlamos. Por eso tenemos una civilización. La pregunta de hoy es cómo, en una situación así, mantenemos nuestras libertades. Desde que el Muro cayó en Alemania y llegó la libertad a Europa del Este, todo el mundo pensó que con la libertad llegaría la democracia. Y no fue así. Esto es muy importante.

No pensé que la gente renunciaría así a la libertad por la seguridad

P. ¿Ahora está a prueba la libertad?
R. La libertad hay que aprenderla, no es algo que siempre se sepa. No es un valor absoluto. Esto es lo que nos demuestra la pandemia de una manera brutal: que la gente es muy capaz de decir no a la libertad. Yo no pensé que, en nuestra época, la gente dijera con tanta facilidad no a la libertad en nombre de la seguridad. Eso me asusta mucho. Estas leyes de confinamiento han sido aprobadas por casi el 100% de la población y en los medios apenas oigo críticos del confinamiento. Nadie lo pone en duda. Y, como en España, las reglas son muy estrictas, a veces del todo ridículas. No puedes nadar en el mar, aunque la playa esté desierta, no puedes ir sola al monte… Es ridículo. Pero la gente obedece de un día para otro. ¿Son reglas proporcionales a la amenaza? Por eso, volviendo a mi libro, observé con mucho interés: Angela Merkel no dio ese paso; puede que lo dé, pero hasta ahora no lo ha dado. Primero, porque en la historia de Alemania se han cometido muchos abusos en nombre de la seguridad. Es algo que no se puede hacer alegremente. Merkel, además, siempre habla de los valores de la democracia, y esta es una diferencia importante con Francia. Ella piensa que sus ciudadanos tienen un sentido democrático, conscientes por tanto de que la situación no es normal y puede ser peligrosa. Aquí políticos, intelectuales, periodistas discuten sobre los riesgos democráticos del confinamiento. Y por qué debe hacerse corto, porque la gente podría acostumbrarse.

Debemos demostrar que este problema se gestiona mejor en democracia

P. ¿Eso le da miedo?
R. Lo que más miedo me da de los efectos democráticos de la pandemia es lo fácil que la gente renuncia a la libertad. El juego de la democracia es algo que la gente aún no comprende del todo, de forma que no es capaz de juzgar cuando se cometen abusos. Puede pasar cuando venga la crisis del cambio climático, que en nombre de la salud se imponga, por ejemplo, una especie de dictadura verde…

P. Y, con respecto a los efectos sanitarios, ¿le da miedo lo que sucede?
R. Tengo padres; mi padre está enfermo de cáncer, mi madre tiene 77 años. No me junto con ellos, para no contaminarlos, claro. Siento todo esto muy de cerca, nos asusta. Pero no me gustó el confinamiento total que vi en Francia, de donde vine hace poco. Aquí hay reglas, pero puedes circular por la ciudad sin que te arreste la policía, si vas de uno en uno de dos en dos… Aquí escucho a Bach en la televisión, mientras que en Francia lo único que hay es coronavirus... Hay una espiral de información que crea un pánico existencial. Es innecesario y en realidad es muy peligroso. Puedes sentirlo, puedes estar muy preocupado, por ti mismo o por tus padres, pero no hace falta este pánico existencial alimentado por los medios constantemente, o por leyes demasiado estrictas. La gente se está volviendo loca. No acabará bien. No es una forma apropiada de lidiar con esta situación la de meterle miedo a la gente. Uno de los desencadenantes para que Alemania se volviera bárbara y criminal en el Tercer Reich fue el miedo. El miedo desata lo peor de los seres humanos. Leo que hay vecinos que denuncian a sus vecinos porque puede que tengan el virus… No sé si pasa en España. El miedo saca lo peor de nosotros. Y por eso se puede repetir la historia.

https://elpais.com/cultura/2020-04-05/geraldine-schwarz-la-espiral-de-panico-es-peligrosa.html?rel=lom

“Nadie tiene derecho ( la obligación, el deber) a ejecutar una orden que implica una acción criminal.” Ese fue el argumento que enarboló Fritz Bauer, un fiscal judío que tuvo que exiliarse antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial para escapar de los nazis y que fue uno de los protagonistas de la lucha por que Alemania se enfrentara a su pasado, condición indispensable para la construcción de una nueva democracia. Era la réplica a quienes, como Adolf Eichmann –juzgado y ahorcado en Israel gracias a la intermediación del propio Bauer: la República Federal de Alemania de Adenauer se desentendió cuando lo encontraron escondido en Argentina–, se defendieron diciendo que solo obedecían órdenes: “Mi falta es mi obediencia, mi sumisión.”

Ese mismo argumento es el que sostiene la periodista Géraldine Schwarz (Estrasburgo, 1974) en su estupendo ensayo Los amnésicos, ganador de varios premios, entre ellos al mejor Libro Europeo 2018: quienes consintieron, miraron para otro lado o se aprovecharon de las circunstancias que impuso el régimen de Adolf Hitler son también culpables, aunque no mataran a nadie con sus propias manos.

Schwarz se centra en los Mitläufer, los “que siguen la corriente”; como sus cuatro abuelos: ella es de origen francés por vía materna y alemán por vía paterna. Esa doble condición la empujó a estudiar las diferentes maneras en que se gestionó la memoria de lo sucedido a mediados del siglo XX en Europa, cómo en unos países se hizo un trabajo de memoria más temprano y envidiable (Alemania), mientras que en otros se tardó demasiado, se pusieron excusas o se maquilló la realidad (Francia, Austria, Italia). Es decir: partiendo de la historia familiar, la autora cuenta parte de la historia de Europa, de ahí la importancia del subtítulo del ensayo: Historia de una familia europea: “Tejer dos hilos juntos, dar amplitud al relato familiar sometiéndolo al juicio de la Historia, a la sabiduría de los historiadores, esos detectores de mentiras y de mitos. […] Quiero comprender lo que era para saber lo que es, devolver a Europa sus raíces, que los amnésicos intentan arrancarle”, escribe en la presentación.

 

Memorial del Holocausto en Berlín (foto: alamy)

Schwarz quiere contribuir a romper esa “conspiración del silencio” de la que hablaba W. G. Sebald, ese bloqueo que impedía a quienes vivieron aquellos años, tanto a las víctimas como a quienes consintieron, hablar de lo sucedido. Un ejemplo de ello es el abuelo paterno de la autora, quien se afilió al NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) por comodidad y no por convencimiento. Y que, como muchos, aprovechó la necesidad de los judíos de vender sus negocios para sufragar su exilio y en 1938 compró a los hermanos Löbmann su pequeña empresa de productos petrolíferos. Gran parte de la familia Löbmann murió en campos de concentración, pero uno de los hermanos llegó a Estados Unidos y quiso ser compensado cuando, acabada la guerra, en la zona de ocupación americana se aprobó la Rückerstattungsgesetz (ley sobre la restitución). El abuelo de la autora se defendió, no solo porque económicamente le suponía un enorme agravio tener que pagar: verse de repente frente a frente con la realidad le resultó intolerable. E insistió en culpar a los judíos, y no a los nazis, de haber llegado a esa situación. El padre de Géraldine nunca consiguió que el abuelo le hablara del pasado.

Los abuelos paternos de Géraldine Schwarz con sus hijos en 1942, cerca de Mannheim (foto del archivo familiar, incluida en el libro)

Por otro lado, la abuela defendía al Führer porque, como la mayoría de la población, se dejó encandilar por la “impresionante empresa de seducción” del Reich, que usaba la cultura como instrumento de distracción y le permitió hacer un inolvidable crucero. No era antisemita. Tampoco hablaba con sus hijos sobre el pasado. Pero acabó suicidándose. El abuelo materno, francés, fue gendarme bajo el régimen de Vichy. Schwarz no conoce mucho sobre su historia, aunque supone que colaboró sin convencimiento. Una familia de Mitläufer.

La autora también alude a que hubo responsables y aprovechados en el otro bando. Por ejemplo, recuerda los bombardeos sobre civiles alemanes que ordenó la Area Bombing Directive británica. Al comandante en jefe de la Royal Air Force Arthur Harris lo apodaron “Bomber Harris”, y en 1992 se inauguró una estatua en su honor en Londres. También se menciona que para los tribunales en los que se juzgaba a los verdugos del Tercer Reich suponía un problema evitar mencionar “los crímenes de guerra de los Aliados”. O que, durante el proceso de desnazificación, ingleses, estadounidenses, franceses y soviéticos sacaron provecho del conocimiento tecnológico de los alemanes, sobre todo en el sector armamentístico. 

Karl Schwarz, abuelo de la autora, que en 1938 compró la empresa del judío Julius Löbmann (foto del archivo familiar, incluida en el libro)

Los amnésicos no es original en eso de contar la historia a través de las historias. Por citar un ejemplo reciente, y aunque con un tono menos novelado, este ensayo recuerda a Tal vez Esther, de Katja Petrowskaja (Adriana Hidalgo Editora, 2015). Sin embargo, Schwarz va un paso más allá. El recorrido que traza, pasando de sus abuelos a sus padres y luego a su propia biografía, conduce hasta la actualidad, y en la gestión de la memoria histórica encuentra el motivo del auge del populismo de extrema derecha en nuestro continente: la Lega de Matteo Salvini en Italia, el FPÖ de Heinz-Christian Strache en Austria o el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia son consecuencia de un mal trabajo de memoria. También el AFD alemán, que obtiene mejores resultados en los Länder que pertenecieron a la República Democrática de Alemania, donde tras la caída del Muro de Berlín se arguyó que la Unión Soviética frenó al nazismo.

Rico en referencias a historiadores e intelectuales como Hannah Arendt, Karl Jaspers, Theodor Adorno y Max Horkheimer, con abundantes alusiones a la literatura y la cinematografía que ha tratado los mismos temas y con un certero epílogo de José Álvarez Junco, Los amnésicos es una interesante radiografía del pasado europeo para explicar su presente, pero también para alertar sobre lo que podría suceder si se menoscaban los valores democráticos que tanto ha costado conquistar: “El camino de una Europa a la otra es el de una inversión de la moral.”

Fuente: https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/geraldine-schwarz-sin-memoria-no-hay-democracia

https://elpais.com/elpais/2019/08/30/ideas/1567159752_275499.html

¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?

Juan Miguel Baquero

eldiario.es

La dictadura franquista usó a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados

El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.

Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babcock & Wil cox, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.

Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.

eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".

En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).

En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.

Empresas que solicitaron trabajadores forzados En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).

Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.

La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babcock &  Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.

El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".

Leer también: Investigaciones históricas demuestran que la finca sevillana de Queipo de Llano usó esclavos del franquismo

Fuente:

http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html

El dominio tecnológico de China pasa por los semiconductores. Pekín invierte fortunas para limitar la actual dependencia exterior y convertirse en el gran productor de chips del planeta.

En su afán de convertirse en la próxima potencia tecnológica mundial, China tiene un punto débil: los semiconductores. Estos circuitos integrados son clave para la producción de teléfonos móviles, ordenadores, automóviles, trenes de alta velocidad y en general cualquier producto que pueda considerarse un dispositivo inteligente. Pero las capacidades tecnológicas del país están aún por detrás de las de los grandes del sector como Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur o Japón. Esta dependencia exterior disgusta a Pekín, que en un contexto de guerra tecnológico-comercial con Washington ha emprendido una difícil carrera para liderar el diseño y fabricación de chips.

China es el principal consumidor de semiconductores del planeta. Las fábricas del país producen gran parte de la electrónica de consumo que después se exporta al resto del mundo. Pero el principal elemento de la cadena de valor de estos productos, los semiconductores, no está ni diseñado ni fabricado en su territorio. De hecho, estos circuitos integrados fueron, con 227.000 millones de dólares, la principal mercancía importada por China en 2016. Más incluso que el petróleo.

Conscientes de la importancia de la industria, las autoridades han incluido los semiconductores en su plan “Made in China 2025”, un ambicioso programa de modernización industrial centrado en los sectores de alta tecnología. Pekín se propone que sus empresas fabriquen el 70% de chips utilizados en equipos producidos en su país en el año 2025, es decir, convertirse prácticamente en autosuficiente. El problema es que actualmente esta tasa apenas alcanza el 10% del total.

Las consignas a favor de que China pase a ser un país técnológicamente autosuficiente se han redoblado en las últimas semanas en boca del mismo presidente, Xi Jinping, ante el endurecimiento de las relaciones con Estados Unidos en materia comercial y sobre todo tras el caso de ZTE, fabricante de teléfonos móviles al que Washington ha prohibido comprar componentes de empresas americanas. Estos episodios aumentan la urgencia de Pekín, pero la premisa no es nueva: ya en 2014, China creó el Fondo Nacional de Inversión en Circuitos Integrados con 19.000 millones de euros en una primera fase -que ahora podría ampliarse con hasta los 28.000 millones más-, para fomentar el desarrollo de esta industria. El capital procede de forma directa o indirecta de las arcas públicas.

Son cifras desorbitadas para gastar tanto en investigación y desarrollo como en capacidad de producción. “Con el apoyo de enormes fondos de inversión respaldados por el Gobierno a nivel central, provincial y local, China corre el riesgo de crear un exceso de capacidad que podría reducir los márgenes de beneficio y el desarrollo tecnológico de la industria global”, alertan al respecto desde la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. En otras palabras, se teme que con esta lluvia de millones los semiconductores chinos inunden el mercado como ya ocurrió con los paneles solares o las bombillas LED, llevándose por delante a competidores de otros países.

Este escenario, según los expertos, solamente podría suceder por ahora en el caso de los circuitos integrados situados en el extremo más bajo de la cadena tecnológica, donde China sí está haciéndose un hueco entre los grandes productores. Pero alcanzar a medio plazo la tecnología punta que cuentan empresas líderes como Intel (Estados Unidos), Samsung (Corea del Sur) o TSMC (Taiwán) es otra historia.

Según los cálculos de Christopher Thomas, socio de la consultora McKinsey en China, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de las empresas chinas es de unos 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que no casa con la grandilocuencia del discurso oficial. “No es muchísimo dinero. Los proveedores líderes en el mercado mundial gastan individualmente tanto en I+D como toda la industria china de semiconductores”, ilustra.

Además, China tiene tiene una barrera muy díficil –algunos dicen que imposible- de superar a corto y medio plazo. Ninguna de sus empresas cuenta actualmente con la tecnología necesaria para fabricar los chips más avanzados, los de mayor rendimiento, y los productos locales están como mínimo dos generaciones por detrás de los que diseñan los actores que están a la vanguardia del sector. “No es que de repente uno pueda acelerar sus inversiones en I+D y se ponga al día. Se trata de tecnologías integradas, muy complejas y con una cadena de valor completa. Todo el proceso tiene que ser replicado, lo cual es increíblemente difícil de hacer”, asegura Thomas. Dos de las principales compañías chinas del sector, SMIC y Huali, rechazaron hablar con este periódico sobre sus planes de expansión y las ayudas gubernamentales.

La vía lenta para conseguir ganar posiciones es seguir invirtiendo en I+D y atraer talento extranjero. Esto último se antoja muy complicado a pesar de las generosas remuneraciones que se ofrecen en China porque hay pocos ingenieros que estén a la altura y estos están blindados en sus respectivas empresas. Un estudio del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información estimaba en 2017 que el déficit de personal cualificado en este sector asciende a 400.000 personas.

Otra opción, mucho más rápida, es lograr tecnología extranjera mediante la adquisición de empresas de otros países. La estrategia fue ampliamente usada por Pekín entre 2014 y 2016, pero según datos del banco francés Natixis estas operaciones cayeron un 87% el año pasado. No ocurrió por falta de apetito, sino por el cada vez mayor escrutinio de otros países sobre las inversiones chinas. Ya no se trata de que Donald Trump quiera poner díficiles las cosas a China, sino que nadie en Japón, Corea del Sur o Europa está dispuesto a ceder al gigante asiático una tecnología que se antoja clave en el futuro.

https://elpais.com/economia/2018/05/04/actualidad/1525435563_840300.html

_--Estas son las 20 empresas que generan el 80% del CO2 en España. Endesa, que se sitúa a la cabeza, emite el 10% de todas las emisiones de España y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos.

_-Por comunidades autónomas, Andalucía –con un 19% del total de las emisiones de fuentes fijas– es la que más contamina


Las veinte empresas con mayores emisiones suman un total del 79,53% de las emisiones procedentes de fuentes fijas, incluidas en el Registro Nacional de Emisiones (Renade), que son la producción de energía, industria del petróleo y otras instalaciones industriales, según el informe Responsabilidad de las Grandes Empresas energéticas e industriales de España en el Cambio Climático, publicado este viernes por el Observatorio de la Sostenibilidad y recogido por Europa Press.

El estudio señala que España emitió en 2015 un total de 337 millones de toneladas totales de GEI (gases de efecto invernadero), de las que la industria y la energía emitieron 137,1 millones de toneladas de CO2 verificadas por el Renade. En general, las emisiones crecieron un 3,3% en total en España respecto a 2014, mientras que "prácticamente todos los países de la UE descendían".

Así, los sectores fijos representan el 40,4% (137,1 millones de toneladas) del total de las emisiones de CO2 españolas. Mientras, el 59,6% de las emisiones correspondieron a fuentes de emisión difusas, tales como el transporte, los hogares, los servicios o la agricultura.

Además, el informe destaca que las emisiones de los sectores fijos se concentran en un núcleo de 10 empresas, que emiten el 69,4% o lo que es lo mismo, 95,2 millones de toneladas, de las emisiones de gases de efecto invernadero totales.

Se trata de Endesa, con 33,3 millones de toneladas de CO2; Repsol (incluye Petronor), con 13 millones de toneladas; Gas natural Fenosa, con 12,9 millones de toneladas de CO2; Hidrocantábrico, 10,6 millones de toneladas de CO2; ArcelorMittal, 6,4 millones de toneladas de CO2; E.On, 5,3 millones de toneladas de CO2; Cepsa, 4,8 toneladas de CO2; Cemex, 3,4 millones de toneladas de CO2; Iberdrola, 2,6 millones de toneladas de CO2 y Cementos Portland, 2,4 millones de toneladas de CO2.

Solamente Endesa emite el 10% de todas las emisiones de España, tanto las fijas como las difusas y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. A esta le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, que suponen un 4 por ciento aproximado cada una del total emitido en España.

En total, los sectores fijos con mayores emisiones se deben a la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria del cemento y la transformación química.

La generación de carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 y supone el 72,3% de la generación total de energía, que produce en su conjunto la mitad de las emisiones fijas totales nacionales, que son casi 70 millones de toneladas de CO2.

En cuanto a la producción de cemento y cal, generan 17 millones de toneladas, el 12,5% del total, algo más que las de las refinerías de petróleo y coque (14 millones de toneladas de CO2, el 10,5%). Las industrias que dependen de grandes procesos de combustión emiten el 8,5% del total, casi 12 millones de toneladas de CO2; el resto de la industria contribuye con el 18% restante (casi 25 millones de toneladas de CO2).

Andalucía es la que más contamina
Por comunidades autónomas, la más emisora es Andalucía, con el 19% del total de las emisiones de las fuentes fijas de España. A esta le siguen Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%), precisamente las zonas donde están instaladas las grandes centrales de carbón excepto en Cataluña, donde la incidencia de las emisiones se debe al importante sector industrial y refinero.

Por el contrario, las comunidades autónomas que menos CO2 emiten son Navarra, Madrid, Extremadura, Cantabria y La Rioja, justo aquellas cuya economía está menos basada en el carbón.
Infolibre
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/27/estas_son_las_empresas_que_generan_del_co2_espana_60369_1012.html

ANTONIO CATALÁN. El presidente de AC Hoteles carga contra la “explotación” en el sector. Antonio Catalán sostiene que "no se puede pagar tres euros por habitación" a una camarera y critica la reforma laboral.

El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, puso ayer la estabilidad de las plantillas y los trabajadores por delante del beneficio económico. "Si voy a ganar más a base de sacrificar al personal, prefiero que ganemos menos", dijo ayer el empresario en un foro económico en Málaga. Catalán cargó además contra la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permite, por ejemplo, despedir a camareras de hotel con poca indemnización y subcontratarlas a otras empresas de servicios que las "explotan". Las declaraciones han levantado una oleada de comentarios en las redes sociales, en su mayoría favorables a la cadena y al empresario.

"Nosotros no externalizamos los pisos. No se puede pagar [a estas camareras] tres o cuatro euros por habitación; aceptar eso supone un deterioro del producto y de la imagen. Los listos de la película siempre son los mismos", dijo el empresario, que definió su sector, el hotelero, como un sector “de personas, no tecnológico” y que el diferencial de AC by Marriot son las personas, siendo clave la formación.

Catalán aseguró que en su cadena “todo el mundo es fijo”, incluidas las camareras de piso, y recordó que los empresarios tienen la responsabilidad de generar "más y mejor empleo". Fue en este punto cuando criticó la reforma laboral de 2012, a la que ve responsable de que la buena marcha del sector turístico no tenga equivalencia en el empleo. Según él, la reforma laboral permite despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado a toda la plantilla y empezar a subcontratar las camareras de piso con otras empresas como Ferrovial o Entrecanales, que "explotan" a estas trabajadoras. "Hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar. Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso, y lo digo con todas las letras: explotan", afirmó. Así, pasan de acogerse a convenios que fijan unos 1.000 euros de salario a otros que contemplan apenas 600 y tienen que trabajar seis días a la semana en lugar de cinco, ha detallado.

Catalán ha apuntado que actualmente hay más empleo que en 2011, sin embargo, se paga menos que entonces debido a la reforma laboral. "Si este país no chuta es porque los empresarios no generan puestos de trabajo" y ha asegurado que si él formara parte de la Administración "yo sería mucho más exigente con los hoteles", considerando que tienen que tener más nivel "porque aún seguimos con una normativa de la época de Fraga".

Catalán afirmó que los trabajadores han de estar "bien pagados" y puso como ejemplo el AC by Marriot Málaga Palacio de su cadena. "Tiene cuatro millones de euros de resultados; la gente está feliz, tenemos a gente que no se quiere ni jubilar".

"Faltan empresarios a veces en este país; hay gente que hace el negocio y ya está", dijo Catalán, quien considera que si no hay consumo y empleo "las pensiones no se podrán pagar". La reforma laboral "no puede ser café con leche para todos, hay empresas que tienen que cerrar", indicó el hotelero, insistiendo en que "para hacer un país posible la gente tiene que poder vivir".

http://economia.elpais.com/economia/2016/11/24/actualidad/1479975576_031277.html

La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas. Steve Tombs y David Whyte. Icaria Barcelona. 2016. 208 pag.

     CAPITALISMO. Con rigor académico y sencillez divulgativa, los autores explican a lo largo de seis capítulos cómo y por qué las corporaciones definen y destruyen nuestra vida diaria. Fuentes diversas, pruebas empíricas, análisis históricos y argumentos teóricos demuestran más allá de toda duda razonable que las empresas privadas con ánimo de lucro son criminales habituales y rutinarios. La corporación tiene licencia para matar, mutilar y robar en beneficio propio. Su facultad para dañar a las personas y al medio ambiente se construye desde el derecho y la política. Los autores sostienen que la corporación no puede reformarse. "La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos". Si no podemos imaginar un mundo sin empresas, Advierten Tombs y Whyte, no habitaremos jamás ese mundo; y la destrucción seguirá siendo un hecho natural. Para estos autores el pensamiento utópico no es lo contrario a la búsqueda de reformas. "Las segundas no solo coexisten sino que a menudo se apoyan en el primero. Se ahí que las reformas carentes de espíritu utópico tiendan a quedarse en el reformismo y, mejoras parciales aparte, puedan tener el efecto contraproducente de reforzar a las corporaciones mientras fingen domesticarlas."

Steve Tombs es catedrático de Criminalogía de la Open University. Estudia la naturaleza, incidencia y regulación del crimen corporativo.
David Whyte es catedrático de estudios Sociológicos en la Universidad de Liverpool.
Julia García Lapuente.
Le Monde Diplomatique en español. Noviembre 2016.

En mayo de 2015, el mes en que fue publicada la edición en inglés de este libro, un regulador estadounidense, la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board – carb), emprendió una serie de pruebas en respuesta a las inquietudes planteadas sobre la exactitud de las mediciones de emisiones contaminantes en los coches producidos por el fabricante alemán Volkswagen. La carb encontró incoherencias importantes y luego informó a Volkswagen y a la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency – epa). De ahí acabó surgiendo un caso paradigmático de crimen corporativo.

Volkswagen había instalado un software que permitía manipular los datos de emisiones de sus coches. El software detectaba cuándo se encontraba el automóvil en un banco de pruebas y cambiaba de posición para reducir al mínimo las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). Fuera del banco de pruebas, el coche volvía a la posición «normal» de mayor eficiencia para multiplicar hasta 40 veces el límite legal de emisiones. El 4 de noviembre, vw admitió que los dispositivos manipulados también fueron instalados en los motores de gasolina y enmascararon sus emisiones de CO2. La empresa también admitió haber instalado ese software en una lista de marcas propiedad de VW mucho mayor que la admitida previamente, incluidas Porsche, Audi, Seat y Skoda. El número de vehículos afectados aumentaba cada día, entre ellos 700.000 coches en España (McHugh, 2015). Los delitos de Volkswagen —y claramente eran delitos— incluían el fraude organizado para asegurar la dispersión incontrolada del que puede ser nuestro mayor asesino contaminante, el NOX, responsable de la mitad de las muertes relacionadas con la contaminación en el mundo desarrollado, así como del principal causante del cambio climático: el CO2.

Pese a esas devastadoras revelaciones, VW siguió vendiendo coches con sus emisiones medidas por dispositivos manipulados incluso después del «escándalo» conocido en septiembre de 2015, mientras negaba todo conocimiento de la dirección sobre el fraude perpetrado. En marzo de 2016, justo cuando estábamos a punto de terminar este texto, VW admitió que su exdirector general, Martin Winterkorn, recibió en mayo de 2014 un memorándum que detallaba cómo algunos coches VW producían hasta 35 veces más emisiones de óxido de nitrógeno de lo permitido. Antes de marzo de 2016, la compañía había dicho que Winterkorn —que renunció después del escándalo en septiembre de 2015— desconocía el tema. Por supuesto, nunca había resultado creíble que los directivos en VW no llevaran años al tanto. Los técnicos de VW habían advertido sobre prácticas ilegales de las emisiones en 2011, y Bosch había informado a VW en 2007 sobre los riesgos del uso ilegal de su tecnología de software. Además, no era la primera vez que VW usaba esa tecnología. El investigador André Spicer señaló que VW llevaba montando dispositivos defectuosos en sus coches desde 1973. Esta fue una historia arquetípica, pues ocurrió en una industria que ha sido acusada de utilizar métodos fraudulentos en las pruebas de emisión como práctica sistemática. Y también lo fue en la medida que Volkswagen no fue la única empresa automovilística envuelta en un gran escándalo por la seguridad o la integridad de sus vehículos.

Los motores de GM habían sido objeto de una importante demanda en 2014 a causa de unos interruptores de arranque defectuosos que causaban bloqueos y fallos de seguridad. La compañía pagó indemnizaciones por 124 muertes. También en 2014, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan y Toyota anunciaron la retirada de vehículos por un problema con el inflado de sus airbags (que arrojaba fragmentos de metralla metálica a alta velocidad). La metralla había matado a un número indeterminado de personas. La demanda, que afectó a 40 millones de vehículos en todo el mundo, fue la más importante en la historia de la industria. Durante 2014 y 2015, Fiat Chrysler se vio envuelta en un caso similar porque los depósitos de su Jeep Cherokee explotaban al romperse por impacto trasero. Un informe del Centro para la Seguridad del Automóvil (Center for Auto Safety) ha documentado 185 accidentes fatales por explosiones del depósito del Jeep Cherokee, con un saldo de 270 muertes y numerosos heridos por quemaduras graves. El veterano activista Ralph Nader, autor del libro pionero en el tema Unsafe at Any Speed, describió en 2011 al Grand Cherokee como «el Pinto moderno para las mamás futboleras».

Hoy es habitual que los estudiantes de empresariales en el mundo angloparlante (y gran parte del resto) cursen una asignatura de «ética de los negocios» como parte de su grado. El caso más común que estudiarán en dicho módulo es el del «Ford Pinto» (Shaw, 2011; Birsch y Fielder, 1994). El caso salió a la luz en 1977, tras la publicación de un detallado artículo de prensa (Dowie, 1977). Tras la fase de pruebas, Ford estaba al corriente del grave riesgo de explosión de los depósitos de combustible de su nuevo modelo «Pinto» en caso de impacto trasero. La corporación empleó una serie de cálculos (para comparar el valor de los posibles daños y lesiones con el coste de retirarlos) La empresa optó por no retirarlos basándose en una estrategia de rentabilidad si únicamente morían 180 personas por colisiones traseras. El coche salió al mercado y allí siguió durante 10 años, mientras se amontonaban los cadáveres por los choques de impacto trasero.

Si el caso del «Ford Pinto» puede ser el más citado a propósito de la ética en los negocios, es en parte por el extraordinario nivel de profundidad con que el caso ha sido estudiado, pero también debido a que al tiempo transcurrido proporciona seguridad. Los libros de texto sobre los negocios no suelen recoger los casos en que la historia se repite trágicamente. De hecho, las estimaciones oficiales muestran que tres de los casos recién señalados se han cobrado más de 20 veces el número de vidas que el Ford Pinto. Pero el estudio de caso que se propone a los estudiantes de empresariales sucedió en 1977.

Una de las razones por las que hemos escrito este libro era mostrar que el crimen corporativo está en todas partes. En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento. Todas acaban poniendo el beneficio por delante de la salud humana o el interés general. Queremos mostrar que esta dinámica no es solo un resultado desafortunado de las decisiones tomadas en una sala de juntas o del error de un inversor «codicioso». El impulso a delinquir y causar daño a expensas de la corporación está en el ADN de las estructuras políticas y jurídicas que dan vida a la corporación. Recorreremos la historia de esas estructuras para explicar que la corporación —esa forma de propiedad que fue ganando importancia social desde principios del siglo XIX—, nació como mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños humanos que produzca.

La historia de la corporación es la historia de sus crímenes, una historia muy anterior a la industria del automóvil moderno. Es, de hecho, más antigua que cualquiera de las industrias modernas. La corporación fue concebida como una «persona» idealizada, con su propia identidad, con capacidad de poseer propiedades y reclamar «derechos» hasta entonces reservados a algunas personas físicas. Es este mismo proceso el que permite atribuirle también ciertas formas de falsa racionalidad —incluida la capacidad de comportarse de modo «responsable» y «ético».

Pero incluso los mayores entusiastas del capitalismo admiten que la persona corporativa con capacidad para pensar, actuar y comportarse con facultades humanas es poco más que una artimaña. El famoso gurú neoliberal Milton Friedman ya se burlaba en 1970 de que las corporaciones pudieran ser más responsables que un edificio o que un escritorio dentro de ese edificio.

A raíz del caso del Ford Pinto, Friedman pronunció otra asombrosa declaración en apoyo de Ford, esta vez en un coloquio televisado con estudiantes de economía. De acuerdo con su enfoque teórico sobre la regulación, Friedman defendió la decisión de Ford desde una lógica de mercado. Su argumento fue este: la decisión sobre el valor de la seguridad del coche no debe ser un asunto público, pues el público no participa en la transacción original. El valor de la seguridad del coche debe dejarse en manos de las partes directamente involucradas en la compra y uso del coche. Desde esta perspectiva, el consumidor es «libre» para decidir si prioriza la seguridad o el precio, y la injerencia del gobierno no es deseable —más allá de fijar los mecanismos legales básicos de aplicación y adjudicación.

Esta afirmación presume, a su vez, que los consumidores racionales son capaces de emplear su conocimiento sobre los productos para tomar decisiones informadas. En pocas palabras, esto significa que toda una lógica de mercado como la articulada por Milton Friedman se basa en esa presunción. De ahí que, llegado el momento, Friedman diga: «Sabemos que cuando compramos un Pinto, las probabilidades de ser asesinado son mayores que las de morir en un camión Mack. [...] Cada uno en esta sala podría, por cierto precio, reducir sus probabilidades de morir mañana».

Pero todos esos casos en la industria del automóvil muestran que la noción idealizada del consumidor racional es falsa. En todos esos casos, las corporaciones evitan activamente que los consumidores cuenten con información suficiente para tomar tal decisión. En todos los casos analizados se ocultó al público, a los consumidores y a los propietarios de vehículos una información que sin duda podría haber salvado muchas vidas. Para proteger su reputación y su posición en el mercado, los ejecutivos de las empresas decidieron guardar cada sucio secreto mientras pudieron.

En un sentido más amplio, este nivel de engaño corporativo no solo se activa en respuesta al descubrimiento de los crímenes de la corporación. Una forma de fraude estratégica (más que reactiva), se observa en las actuales previsiones de impacto social de la empresa. VW, por ejemplo, había presentado sus coches como contribuciones «verdes» a la protección medioambiental. Y los gobiernos, tragando esa mentira, pervirtieron el presunto «libre» mercado al apoyar el desarrollo de los coches diésel mediante subsidios y exenciones de impuestos.

Los neoliberales como Friedman aceptan que, cuanto más incompleto o «imperfecto» es el conocimiento de un producto, más se pervierte la transacción, pero no admiten la capacidad del poder para distorsionar las transacciones en el mercado. Las corporaciones no solo cometen delitos sino que mienten sobre esos delitos y luego encubren sus mentiras. Además, como sostenemos en este libro, nuestros supuestos representantes políticos —los gobiernos y reguladores— les otorgan la facultad de hacerlo en cada pequeño paso del proceso.

El gobierno español, por poner un ejemplo, concedió ayudas de 1.000 euros para la compra de cada «coche diesel limpio» (McHugh, 2015), transfiriendo una fortuna desde el estado a las empresas —en un contexto de austeridad severa para la mayoría de la población. Mientras tanto, el Banco Europeo de Inversiones venía concediendo préstamos por unos 4.600 millones de euros a Volkswagen desde 1990. Al mismo tiempo, muchos gobiernos europeos llevaban tiempo presionando a la Unión Europea para mantener ciertos «agujeros» legales en las pruebas de emisiones. Todo esto se aleja mucho del mundo friedmanista del libre mercado y sus empresas libres.

Pero también debemos tener claro qué lleva a VW a querer posicionarse como líder del mercado en tecnologías diésel verdes y cómo afecta esto a la «elección» del consumidor: ser «verde» era un requisito clave en su estrategia de dominio del mercado. VW buscaba ese dominio pese a ser el segundo fabricante de automóviles del mundo, después de Toyota, con casi 600.000 empleados, participando de un oligopolio mundial en que cinco fabricantes producen más de la mitad de los coches del mundo. Tales niveles de concentración del mercado son típicos de la era de capitalismo corporativo global.

Dada su posición dominante en un mercado oligopolístico, es probable que el perjuicio sobre el precio de las acciones y las ventas de VW sea relativamente leve y le suponga poco o ningún daño a largo plazo. Dicho esto, cualquier daño que pueda producirse no será asumido por los accionistas de la empresa —sus réditos se recuperarán porque la responsabilidad limitada les evitará toda repercusión legal o financiera en cualquier caso penal o civil. Los más altos directivos estarán igualmente protegidos —aunque pueda sacrificarse una o dos manzanas podridas. Por el contrario, los trabajadores pagarán el precio cuando la compañía reúna los fondos para recuperar el coste de cualquier reclamación, indemnización o multa— VW advirtió a sus trabajadores que la recuperación del escándalo «no será sin dolor» (Ruddick, 2015). Y, por supuesto, el incalculable daño a nuestra salud ya está hecho. Nunca se señalará como causantes de ese daño a los 11 millones de coches VW vendidos en el mundo por medios intencionalmente fraudulentos y que siguen emitiendo partículas mortales de diesel y NOX.

Como este libro pretende demostrar, el caso VW ilustra perfectamente que la corporación moderna puede ser entendida como un dispositivo criminógeno y externalizador. Criminógeno porque viola la ley de forma calculada y como parte de su modus operandi. Externalizador porque las corporaciones suelen socializar los costes reales de producción —hacia la pérdida de vidas humanas, las muertes prematuras, la transferencia de la riqueza del erario público al balance empresarial o una destrucción medioambiental que pone en peligro la existencia misma del planeta.

Por eso sostenemos que la corporación no puede reformarse. Todas las razones expuestas en este libro demuestran que no podremos alterar el curso de la historia y evitar la destrucción del planeta a menos que encontremos una forma de frenar el poder político y económico de la corporación. La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos.

Las lecciones de negocios que dejó Shakespeare

Si bien es cierto que William Shakespeare es considerado como el mejor dramaturgo en el idioma inglés, también lo es que era un astuto hombre de negocios.

En el Londres de la época de Isabel I, el teatro El Globo original podía dar cabida a 3.000 personas. Los plebeyos o "Groundlings" pagaban un centavo para estar al aire libre, mientras que la nobleza gastaba hasta seis peniques para sentarse sobre cojines en las galerías cubiertas.

A pesar de que El Globo se incendió en 1613, el teatro le dejó a Shakespeare una buena fortuna.
Además, era uno de los dueños de otro teatro de Londres y de una compañía de producción.
En su ciudad natal de Stratford-upon-Avon, en el condado británico de Warwickshire, invirtió mucho en tierra y propiedades, y se dice que también comerciaba granos.
Cuando Shakespeare murió, el 23 de abril de 1616 -hace 400 años- era un hombre muy rico. En dinero de hoy en día habría sido cómodamente un millonario.

Musa de fuego
Cuatro siglos más tarde, Shakespeare probablemente se sentiría bastante satisfecho de que su obra y su legado haya seguido apoyando una gran y lucrativa industria, que está lejos de limitarse a la venta de entradas para el teatro y al empleo de actores.

La casa donde cortejó a quien se convertiría en su esposa, Anne Hathaway, es una de las favoritas de los turistas.
En la actualidad, todavía Shakespeare es la columna vertebral de una comunidad empresarial sustancialmente más amplia: desde hoteles y restaurantes en Stratford hasta recorridos a pie en Londres, sin olvidar los bares cercanos a ese balcón tan especial en la ciudad italiana de Verona, además de las ventas de libros y objetos de interés, e incluso clases de liderazgo para hombres y mujeres de negocios. Definitivamente no se trata de mucho ruido y pocas nueces.

Medida por medida
En la opinión de Piers Ibbotson, hay tantas lecciones de Shakespeare acerca de los peligros y trampas del poder que le han proporcionado un fondo inagotable de material para sus talleres de gestión y liderazgo en las últimas dos décadas.

"Las obras de Shakespeare son estudios de caso de los dilemas humanos centrales", dice Ibbotson, de 61 años de edad, quien forma parte de la unidad Crear de la escuela de negocios de Warwick. "Sus obras son tan ricas y tan complejas, que hay muchas situaciones reales para examinar. Representarlas es una experiencia muy poderosa, pues la gente puede meterse físicamente en esas situaciones". Crear utiliza las obras de Shakespeare para guiar a los estudiantes y a sus clientes empresariales a través de numerosas situaciones difíciles de negocios.

Parece que los que trabajan en teatro evitan decir su nombre y la llaman "la obra escocesa", pues se dice que Shakespeare usó hechizos reales y las brujas se enojaron y la maldijeron.

"Macbeth", por ejemplo, es visto como un estudio sobre los límites de la ambición, mientras que "La tempestad", como una metáfora de una tormenta perfecta de la rivalidad en el lugar de trabajo.

"El sueño de una noche de verano" se utiliza para explorar la transformación en los negocios, y "El mercader de Venecia" enseña sobre el cumplimiento de los contratos.
Ibbotson dice: "Shakespeare es un recurso maravilloso y, por supuesto, siempre estás usando un lenguaje tan poderoso, que le permite a la gente articular las ideas mucho más sutiles y complejas que si se limitaran al pobre lenguaje de negocios".

Hijo del mejor
Richard Olivier, de 54 años, es otra persona que aprovecha las obras de Shakespeare para enseñar buen liderazgo y práctica empresarial.

"Shakespeare, lo más cercano a la encarnación del ojo de Dios", dijo Sir Lawrence Olivier
Es el hijo de Sir Laurence Olivier, el actor shakespeariano más famoso del siglo XX de Reino Unido, y opina que "Shakespeare es un profesor de ética increíble".

"Aparte de las obras históricas, no hay obras en las que el malo se salga con la suya al final".

Los clientes de la empresa de Olivier. Olivier Mythodrama, incluyen a los gerentes del Servicio Nacional de Salud británico, la Policía Metropolitana y Daimler-Benz.

"Hay un gran drama en el liderazgo, y Shakespeare fue probablemente el primer dramaturgo en retratar el drama humano y el liderazgo en forma tridimensional", señala Olivier.

¿Sueño de una noche de verano?
Shakespeare vivió de su arte y sus inversiones... y durante 400 años muchos otros han vivido gracias a él.

El área conocida como la Inglaterra de Shakespeare (que incluye las ciudades de Stratford, Royal Leamington Spa, Kenilworth y Warwick) recibió a 9,94 millones de turistas en 2014, según Shakespeare Birthplace Trust, la fundación de beneficencia que cuida de los sitios del patrimonio Shakespeare.

Añade que el valor total del turismo para la economía local de la región es de US$900 millones, que sustenta unos 11.150 puestos de trabajo.

Alisan Cole, del Shakespeare Birthplace Trust, le contó a la BBC que "2014, el 450 aniversario del nacimiento de Shakespeare, fue nuestro año récord, con 820.000 visitantes, y estamos esperando que 2016 llegue a estar a la par o lo supere".

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160421_legado_economico_de_william_shakespeare_finde_dv

El año en cinco escándalos empresariales

Erika González

La Marea

Los “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías.

“La misión del Grupo OHL se ha basado siempre en un absoluto compromiso con la ética, la integridad y el respeto a los derechos humanos”, afirma Juan Miguel Villar-Mir , presidente de la constructora, en el código ético de la empresa. Agbar, siguiendo una línea similar, plantea “el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad y la honradez” como los ejes fundamentales que guían su comportamiento, del mismo modo que Iberdrola sitúa la ética en el centro de su estrategia de negocio. Pero todos estos “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías. Así lo demuestra la sucesión de casos de fraude, evasión fiscal, formación de cárteles y manipulación de precios que hemos ido conociendo durante este año que ahora termina.

Iberdrola: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en diciembre de 2015 una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola por una “conducta muy grave”. Y es que dos años antes, según la CNMC, Iberdrola, “consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado”. ¿El resultado? Una subida en los precios de la electricidad que repercutió en ganancias para la compañía (21,5 millones de euros) y en un gasto de 105 millones de euros para los consumidores y consumidoras. Esta manipulación de los precios fue realizada la semana anterior y la posterior al llamado “tarifazo”, que se produjo cuando las subastas de electricidad establecieron un aumento del 11% en la tarifa eléctrica para 2014. Eso sí, el escándalo que generó esta escalada de precios en plena crisis económica, con cada vez más población sumida en la pobreza energética, hizo que el gobierno español finalmente anulara la subasta en la que se disparó la tarifa y fijase un incremento del 2,3%.

Y no ha sido el único caso en que la CNMC ha multado a grandes corporaciones por conformar cárteles para repartirse el mercado y pactar precios: las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr en el caso de la gestión de residuos urbanos; las petroleras Repsol, Cepsa, Galp, Disa y Meroil con el pacto de los precios de los carburantes; las grandes compañías de la alimentación Danone, Nestlé, Puleva, Pascual y Central Lechera Asturiana que impedían a los ganaderos establecer libremente el precio de su producto.

Aguas de Barcelona (Agbar): En el mes de septiembre se conoció públicamente la “Operación Petrum”, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varias constructoras y empresas de servicios que pagaron comisiones ilegales del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) supuestamente a cambio de millonarios contratos de la Generalitat y de Ayuntamientos de CDC. Las comisiones se hacían efectivas a través de donaciones a las fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Forum, y la compañía que más dinero aportó fue el Grupo Agbar, que “donó” 1,6 millones de euros entre 2008 y 2013. También estaban presentes en la lista de “donantes” grandes constructoras como ACS y FCC.

La obtención de contratos millonarios, para ampliar el control de la gestión del agua en Cataluña, fue el objetivo perseguido a través de estas comisiones ilegales. No hay que olvidar que el 84% de la población catalana tiene el servicio de agua privatizada y su administración está mayoritariamente en manos de Agbar. Y este no es, por cierto, el único caso donde la compañía –ahora propiedad de la transnacional francesa Suez– está siendo sometida a investigación judicial: Aquagest, una de las filiales de Agbar, también ha sido incluida en la “Operación Pokemon”. Y es que parece ser que, en 2009, la compañía había pagado viajes de placer al entonces alcalde de Oviedo y a su concejal de Hacienda para devolver un importante aval económico que el Ayuntamiento había hecho a la empresa.

OHL: En mayo, los medios de comunicación mexicanos hicieron públicas las grabaciones con las que se demostraba que directivos de OHL en México habrían pagado sobornos a las autoridades mexicanas. En ellas, uno de los principales directivos de la empresa reconocía que estaban “metiendo más goles de los normales” en las obras del Viaducto. A cambio de estos “goles”, se llevaban a cabo sobornos mediante pagos de vacaciones en hoteles de lujo para el secretario de Transporte y el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado de México. ¿El objetivo? Modificar el coste que en un principio iban a tener las obras de construcción de un tramo del Viaducto Bicentenario, adjudicado a la empresa en el año 2010: el coste inicial de la obra, situada en el noroeste de México D.F., era de 231 millones de euros; al cabo de cinco años, sin embargo, se había gastado unos 580 millones, más del doble del presupuesto original.

En realidad, los elevados sobrecostes en obras de infraestructura forman parte del “business as usual” de las grandes constructoras españolas. Sin ir más lejos, este año se conoció que la construcción del AVE a la Meca, efectuada por un consorcio del que forman parte OHL y ACS, tendrá que asumir un 60% de sobrecoste. Igualmente, Sacyr exigió el año pasado a las autoridades panameñas un 50% más del presupuesto inicial para finalizar la ampliación del Canal de Panamá.

Volkswagen: Después de más de un año y medio de investigación, los organismos reguladores estadounidenses hicieron público en septiembre el fraude cometido por Volkswagen. La compañía de automóviles manipuló los motores de 11 millones de automóviles para ocultar sus excesivas emisiones de óxido de nitrógeno, ya que emitían en carretera un 40% más de lo que se medía en los controles. Y a ello hay que sumarle otra irregularidad más: la propia compañía detectó en controles internos que 800.000 vehículos emitían más dióxido de carbono de lo indicado.

El que ha sido el mayor escándalo empresarial de 2015 no puede decirse que haya pillado por sorpresa a buena parte de las organizaciones ecologistas, que llevan tiempo señalando la ausencia de controles efectivos de las emisiones del sector automovilístico, especialmente en la Unión Europea. A raíz de este caso, sin embargo, la UE aprobó un sistema de medición de las emisiones en condiciones reales de conducción aunque, de nuevo, se otorga un trato de favor a la industria del automóvil permitiendo en una primera fase emitir el doble de óxidos de nitrógeno que el nivel legal vigente. Y es que esta industria es uno de los lobbies más poderosos de Bruselas para influir en el bloqueo de leyes que pretendan regular las emisiones de los coches: Volkswagen fue la compañía automovilística que más invirtió en actividades de lobby el año pasado.

HSBC: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), junto al diario francés Le Monde, destapó en febrero cómo la filial suiza del mayor banco de Europa estaba involucrada en una trama de evasión fiscal, que incluía también el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Fue el caso conocido como “Swiss Leaks”, que se basó en la lista elaborada por un antiguo trabajador del HSBC, Hervé Falciani, con los nombres de numerosos evasores fiscales. La llamada “Lista Falciani” contenía archivos secretos de la compañía con información (hasta 2007) de las cuentas bancarias correspondientes a 100.000 personas físicas y jurídicas procedentes de 200 países. En total, las cuentas tenían un valor de 100.000 millones de dólares y sus titulares eran políticos, monarcas, traficantes de diamantes y de armas, actores, directivos de grandes transnacionales, etc. Tras la fuerte repercusión mediática del caso, la Fiscalía de Ginebra inició actuaciones contra la filial suiza del HSBC por un posible blanqueo de capitales.

Entre las personas que utilizaban el entramado de cuentas en paraísos fiscales estaban millonarios como Emilio Botín y Alicia Koplowitz. La familia Botín tenía en sus cuentas suizas 2.000 millones de euros y utilizaba un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes. En el caso de Alicia Koplowitz, la empresaria invirtió 20 millones de euros en fondos no regulados de la filial suiza del HSBC que operaban a través de una red de paraísos fiscales.

Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Fuente: http://www.lamarea.com/2016/01/01/el-ano-en-cinco-escandalos-empresariales/