La derecha política y patronal apoya el paro del transporte limitándose a reclamar que el Gobierno dé ayudas a los transportistas. Un procedimiento que, lejos de salvar al sector, va a reforzar la crisis que padece. Y, por cierto, totalmente contrario a las políticas de defensa del mercado y la competencia que dicen defender los «liberales» de Vox, PP, Ciudadanos o la CEOE.
Es fácil entender por qué el planteamiento mayoritario que se hace en esta huelga y lo que se pide va a hundir todavía más en la precariedad a miles de pequeñas empresas y transportistas autónomos.
Lo primero a tener presente es que el sector del transporte de mercancías por carretera en España es muy heterogéneo. En él hay grandes empresas y plataformas logísticas que son muy competitivas y tienen capacidad efectiva para absorber las subidas de costes que pudieran producirse, aprovechando su tamaño, amplia demanda y gran productividad. Si suben costes, como está sucediendo ahora, incluso pueden aprovechar la situación para aumentar sus márgenes de beneficio.
Junto a esos grandes transportistas hay otros miles de pequeños que, por el contrario, viven continuamente al límite. No pueden operar tantas horas como los grandes, ni tienen acceso a una gama tan amplia y rentable de clientes y cuando son subcontratados se ven obligados a aceptar sin rechistar las condiciones que les imponen. A poco que empeoren las condiciones, porque baje la demanda o suban los costes, muchos de ellos entran sin remedio en pérdidas.
Hay una segunda circunstancia relevante de la que a nadie le gusta hablar pero que hay que señalar con claridad. Guste o no, la realidad del sector del transporte de mercancías por carretera en España es que está sobredimensionado, en todos los sentidos. Desde el punto de vista más general, porque tiene un peso desproporcionado en relación con otros medios, como el ferrocarril, lo cual supone costes agregados e ineficiencias muy elevadas para el conjunto de la economía; es decir, para todos los hogares, empresas y administraciones públicas. Por otro lado, el sector está plagado de empresas que, de no ser por la regulación existente y las ayudas públicas, nunca hubieran entrado en él, sencillamente, porque su dimensión y estructura de costes les impedirían ser rentables.
Dos razones pueden explicar que eso haya ocurrido. Una es que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de enfrentarse con realismo al sector para evitar el peligro político que siempre lleva consigo su paralización, pues afecta a toda la economía. Otra, tan decisiva o más que la anterior, es que las grandes empresas y plataformas logísticas están interesadas en que haya exceso de oferta de transporte porque así se imponen salarios y costes más bajos, e incluso precios más reducidos si hace falta, porque a ellas sí les darían beneficios gracias a sus márgenes más elevados.
En estas momentos, desde hace meses en realidad, estamos viviendo una auténtica tormenta perfecta. La demanda de servicios de transporte apenas crece o incluso disminuye como consecuencia de la pandemia, del bloqueo general de la oferta y de los cambios en las pautas de consumo. Y, aunque en algunas actividades haya comenzado a incrementarse, no lo ha hecho lo suficiente como para dar negocio y rentabilidad suficientes a todas las empresas y transportistas del mercado. Y, para colmo, los costes de combustible se han disparado, como es bien sabido.
En esta situación es materialmente imposible que sobrevivan los miles de transportistas que están, como he dicho antes, en el filo de la navaja.
Ahora bien. ¿La solución a estos problemas es aumentar sin cesar las ayudas a todo el sector por igual y seguir permitiendo o incluso favoreciendo el exceso de oferta que inevitablemente va unido a precariedad y pérdidas para las empresas y autónomos menos competitivos? A mí me parece que eso es una auténtica barbaridad. Por un lado, hará todavía más rentables a quienes ya lo son de por sí, incluso con las bárbaras subidas de costes actuales. Por otro, simplemente prolongará la agonía de quienes, digámoslo con sinceridad, debieran salir del mercado y, muchos más, cuando la transición energética que inevitablemente se avecina hará crónica la subida de costes. Limitarse a dar más ayudas para que todo siga como estaba solo servirá para aumentar la ineficiente sobredimensión del sector, bajar la productividad y extender la precariedad ya de por sí muy grande.
Las administraciones públicas (las gobernadas por el PSOE y el PP) se han dedicado, con una mano, a evitar que el mercado haga lo que puede hacer bien (consolidar a las empresas eficientes y buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda) y, con la otra, a dar cada día más poder a las grandes empresas y plataformas que se benefician de eso para obtener beneficios extraordinarios.
A corto plazo, de inmediato, hay que ayudar con carácter excepcional, porque excepcional es la situación en la que se encuentra el transporte. Pero eso no se puede hacer tirando el dinero. Y tirar el dinero es seguir manteniendo cada vez más actividades económicas a base de regalías, privilegios, ayudas y subvenciones, sin discriminar y sin evaluar sus efectos. No se puede acudir constantemente a la ayuda pública para generar ingresos y resolver los problemas de nuestro aparato productivo y, en general, de la vida social. Y eso no lo digo solo ahora, en relación con el paro del transporte, sino con carácter general.
Las ayudas inmediatas al transporte deben ser diversificadas y han de acompañarse de la reconversión del sector con proyectos de reestructuración que creen más actividad y riqueza y no la destruyan. Claro que para eso hace falta disponer de una estrategia de regeneración productiva a medio y largo plazo de la que carece la izquierda que nos gobierna, y de una oposición cuyo comportamiento no sea como el que tiene, solo dedicado a derribar al adversario por cualquier medio y sin reparar en el coste que eso tenga para España en su conjunto.
El planteamiento mayoritario que hay detrás del paro patronal que estamos viviendo es tan falso como un euro de cartón piedra. Si de verdad se quisieran solucionar los males del sector se pondrían todos ellos sobre la mesa, empezando por el comportamiento de quienes lo dominan, y se propondrían soluciones que impidieran en el futuro volver a sufrirlos, en lugar de reforzar las causas que los provocan.
Supongan por un momento los miles de pequeñas empresas y transportistas que apoyan el paro que este tiene éxito y derriba al gobierno de Pedro Sánchez: ¿de verdad creen que eso iba a limitar el poder de las grandes plataformas y empresas que les vienen imponiendo las condiciones de penuria en las que están ahora? ¿De dónde iba a sacar Vox o el PP el dinero público para darles más ayudas, si lo que proponen es reducir los impuestos de quienes más tienen y reducir el gasto público?
Parece mentira que se estén dejando engañar y se metan en un camino que solo puede llevar a que salgan con más privilegios y poder los causantes de la precariedad y de los problemas que tienen. ¿O es que acaso pueden creer que un paro tan carísimo como este lo financia la patronal por el gusto de ayudar ahora a quienes llevan años explotando y negándole el pan y la sal?
https://juantorreslopez.com/paro-del-transporte-lo-que-hay-detras-y-sus-consecuencias/
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miércoles, 6 de abril de 2022
miércoles, 27 de mayo de 2020
_- Morir para salvar al Dow Jones
_- Trump y la derecha presionan para una reapertura rápida de la economía porque creen que eso hará que la Bolsa suba
A mediados de marzo, tras varias semanas negándose a aceptarlo, Donald Trump admitió por fin que la covid-19 era una amenaza seria y pidió a los estadounidenses que practicasen el distanciamiento social. El reconocimiento tardío de la realidad — supuestamente debido a la preocupación de que admitir que el coronavirus suponía una amenaza perjudicaría al mercado de valores— tuvo consecuencias mortales. Expertos en modelos epidemiológicos creen que, de haberse iniciado el confinamiento aunque fuese solo una semana antes, Estados Unidos podría haber evitado decenas de miles de muertes. Aun así, más vale tarde que nunca. Y durante un breve periodo de tiempo tuvimos la impresión de que por fin nos habíamos decidido por una estrategia para contener el virus y a la vez limitar las penurias económicas del confinamiento.
Pero Trump y el Partido Republicano han abandonado ya esa estrategia. Se niegan a decirlo explícitamente, y están dando varias explicaciones insinceras para lo que hacen, pero su posición básica es que miles de estadounidenses deben morir por culpa del Dow Jones. ¿Cuál era la estrategia que Trump abandonó? La misma que ha funcionado en otros países, desde Corea del Sur hasta Nueva Zelanda. Primero, usar el confinamiento para “aplanar la curva”, o sea, reducir el número de estadounidenses infectados hasta un nivel relativamente bajo. Después, combinar la reapertura gradual con las pruebas generalizadas, el seguimiento de contactos cuando se detecte un paciente infectado y el aislamiento de quienes pudieran contagiar la enfermedad.
Ahora bien, un confinamiento prolongado significa una gran pérdida de ingresos para muchos trabajadores y empresas; de hecho, casi la mitad de la población adulta vive en hogares que han perdido las rentas del trabajo desde marzo. De modo que, para hacer tolerable el confinamiento, hay que acompañarlo de ayudas para situaciones de desastre, de prestaciones especialmente generosas por desempleo y de ayudas a pequeñas empresas. Y el hecho es que la ayuda para situaciones de desastre ha sido más eficaz de lo que en general se reconoce.
En un principio, las sobrepasadas oficinas de desempleo fueron incapaces de procesar la avalancha de solicitudes. Pero poco a poco han ido poniéndose al día y, a estas alturas, parece que la mayoría de los estadounidenses en situación de desempleo está recibiendo prestaciones que sustituyen una gran parte de los salarios perdidos. La ayuda a pequeños empresarios, a través de préstamos que se convierten en subvenciones si el dinero se utiliza para mantener las plantillas, ha sido mucho más caótica. Así y todo, muchas pequeñas empresas han recibido préstamos y de hecho están usando el dinero para mantener las plantillas. En resumen, la red de seguridad tejida a toda prisa contra la covid-19, aunque esté llena de agujeros, ha protegido a muchos estadounidenses de la pobreza extrema.
Pero esa red de seguridad se retirará en los próximos meses a no ser que el Congreso y la Casa Blanca actúen. Las pequeñas empresas tienen solo una ventana de ocho semanas para convertir los préstamos en subvenciones, lo que significa que muchas empezarán a despedir aproximadamente dentro de un mes. La ampliación de las prestaciones por desempleo expirará el 31 de julio. Y a no ser que los Gobiernos estatales y locales reciban una amplia ayuda de Washington, pronto veremos despidos masivos de maestros, bomberos y policías.
Sin embargo, Trump y su partido se han pronunciado contra el aumento de las ayudas para los desempleados y contra las subvenciones a los asediados Gobiernos estatales y locales. En cambio, el partido pone cada vez más sus esperanzas en la rápida reapertura de la economía, a pesar de que la perspectiva aterra a los expertos, que advierten de que podría conducir a una segunda oleada de infecciones.
¿De dónde proviene este ímpetu por la reapertura? Algunos republicanos afirman que no podemos permitirnos seguir proporcionando una red de seguridad porque estamos incurriendo en un endeudamiento excesivo. Pero eso es al mismo tiempo mala teoría económica y una hipocresía. Al fin y al cabo, los déficits presupuestarios por las nubes no han impedido a los funcionarios de Trump proponer, sí, más rebajas fiscales.
Está también el pretexto de que la presión para que se reabra la economía procede de trabajadores de a pie. Pero a la ciudadanía le preocupa más reabrir demasiado rápido que reabrir demasiado despacio, y los que han perdido su salario por el confinamiento no se inclinan más por una reapertura rápida que los que no lo han perdido. No, la presión para desoír a los expertos viene de arriba; procede de Trump y sus aliados, y cualquier apoyo limitado que puedan estar recibiendo de la ciudadanía deriva del partidismo, no del populismo.
Entonces, ¿por qué Trump y sus amigos tienen tantas ganas de arriesgarse a que la cifra de muertos se eleve mucho más? La respuesta, sin duda, es que están volviendo a las andadas. En las primeras fases de esta pandemia, Trump y la derecha en general restaron importancia a la amenaza porque no querían perjudicar las cotizaciones bursátiles. Ahora están presionando para que se ponga fin prematuramente al confinamiento porque imaginan que eso volverá a hacer que las acciones suban otra vez.
No había por qué seguir este camino. Otro líder podría haberles dicho a los estadounidenses que se encuentran en una dura batalla, pero que al final vencerán. Gobernadores como Andrew Cuomo, que han adoptado esa postura, han visto dispararse su aprobación en las encuestas. Pero Trump no logra ir más allá de esta tendencia a la promoción de sí mismo. Y claramente sigue obsesionado con el mercado bursátil como baremo de su presidencia. De modo que Trump y su partido quieren avanzar a toda velocidad hacia la apertura, sin importar a cuánta gente mate. Como he dicho, en realidad su posición es que los estadounidenses deben morir por el Dow Jones.
Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips.
https://elpais.com/economia/2020-05-22/morir-para-salvar-al-dow-jones.html
A mediados de marzo, tras varias semanas negándose a aceptarlo, Donald Trump admitió por fin que la covid-19 era una amenaza seria y pidió a los estadounidenses que practicasen el distanciamiento social. El reconocimiento tardío de la realidad — supuestamente debido a la preocupación de que admitir que el coronavirus suponía una amenaza perjudicaría al mercado de valores— tuvo consecuencias mortales. Expertos en modelos epidemiológicos creen que, de haberse iniciado el confinamiento aunque fuese solo una semana antes, Estados Unidos podría haber evitado decenas de miles de muertes. Aun así, más vale tarde que nunca. Y durante un breve periodo de tiempo tuvimos la impresión de que por fin nos habíamos decidido por una estrategia para contener el virus y a la vez limitar las penurias económicas del confinamiento.
Pero Trump y el Partido Republicano han abandonado ya esa estrategia. Se niegan a decirlo explícitamente, y están dando varias explicaciones insinceras para lo que hacen, pero su posición básica es que miles de estadounidenses deben morir por culpa del Dow Jones. ¿Cuál era la estrategia que Trump abandonó? La misma que ha funcionado en otros países, desde Corea del Sur hasta Nueva Zelanda. Primero, usar el confinamiento para “aplanar la curva”, o sea, reducir el número de estadounidenses infectados hasta un nivel relativamente bajo. Después, combinar la reapertura gradual con las pruebas generalizadas, el seguimiento de contactos cuando se detecte un paciente infectado y el aislamiento de quienes pudieran contagiar la enfermedad.
Ahora bien, un confinamiento prolongado significa una gran pérdida de ingresos para muchos trabajadores y empresas; de hecho, casi la mitad de la población adulta vive en hogares que han perdido las rentas del trabajo desde marzo. De modo que, para hacer tolerable el confinamiento, hay que acompañarlo de ayudas para situaciones de desastre, de prestaciones especialmente generosas por desempleo y de ayudas a pequeñas empresas. Y el hecho es que la ayuda para situaciones de desastre ha sido más eficaz de lo que en general se reconoce.
En un principio, las sobrepasadas oficinas de desempleo fueron incapaces de procesar la avalancha de solicitudes. Pero poco a poco han ido poniéndose al día y, a estas alturas, parece que la mayoría de los estadounidenses en situación de desempleo está recibiendo prestaciones que sustituyen una gran parte de los salarios perdidos. La ayuda a pequeños empresarios, a través de préstamos que se convierten en subvenciones si el dinero se utiliza para mantener las plantillas, ha sido mucho más caótica. Así y todo, muchas pequeñas empresas han recibido préstamos y de hecho están usando el dinero para mantener las plantillas. En resumen, la red de seguridad tejida a toda prisa contra la covid-19, aunque esté llena de agujeros, ha protegido a muchos estadounidenses de la pobreza extrema.
Pero esa red de seguridad se retirará en los próximos meses a no ser que el Congreso y la Casa Blanca actúen. Las pequeñas empresas tienen solo una ventana de ocho semanas para convertir los préstamos en subvenciones, lo que significa que muchas empezarán a despedir aproximadamente dentro de un mes. La ampliación de las prestaciones por desempleo expirará el 31 de julio. Y a no ser que los Gobiernos estatales y locales reciban una amplia ayuda de Washington, pronto veremos despidos masivos de maestros, bomberos y policías.
Sin embargo, Trump y su partido se han pronunciado contra el aumento de las ayudas para los desempleados y contra las subvenciones a los asediados Gobiernos estatales y locales. En cambio, el partido pone cada vez más sus esperanzas en la rápida reapertura de la economía, a pesar de que la perspectiva aterra a los expertos, que advierten de que podría conducir a una segunda oleada de infecciones.
¿De dónde proviene este ímpetu por la reapertura? Algunos republicanos afirman que no podemos permitirnos seguir proporcionando una red de seguridad porque estamos incurriendo en un endeudamiento excesivo. Pero eso es al mismo tiempo mala teoría económica y una hipocresía. Al fin y al cabo, los déficits presupuestarios por las nubes no han impedido a los funcionarios de Trump proponer, sí, más rebajas fiscales.
Está también el pretexto de que la presión para que se reabra la economía procede de trabajadores de a pie. Pero a la ciudadanía le preocupa más reabrir demasiado rápido que reabrir demasiado despacio, y los que han perdido su salario por el confinamiento no se inclinan más por una reapertura rápida que los que no lo han perdido. No, la presión para desoír a los expertos viene de arriba; procede de Trump y sus aliados, y cualquier apoyo limitado que puedan estar recibiendo de la ciudadanía deriva del partidismo, no del populismo.
Entonces, ¿por qué Trump y sus amigos tienen tantas ganas de arriesgarse a que la cifra de muertos se eleve mucho más? La respuesta, sin duda, es que están volviendo a las andadas. En las primeras fases de esta pandemia, Trump y la derecha en general restaron importancia a la amenaza porque no querían perjudicar las cotizaciones bursátiles. Ahora están presionando para que se ponga fin prematuramente al confinamiento porque imaginan que eso volverá a hacer que las acciones suban otra vez.
No había por qué seguir este camino. Otro líder podría haberles dicho a los estadounidenses que se encuentran en una dura batalla, pero que al final vencerán. Gobernadores como Andrew Cuomo, que han adoptado esa postura, han visto dispararse su aprobación en las encuestas. Pero Trump no logra ir más allá de esta tendencia a la promoción de sí mismo. Y claramente sigue obsesionado con el mercado bursátil como baremo de su presidencia. De modo que Trump y su partido quieren avanzar a toda velocidad hacia la apertura, sin importar a cuánta gente mate. Como he dicho, en realidad su posición es que los estadounidenses deben morir por el Dow Jones.
Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips.
https://elpais.com/economia/2020-05-22/morir-para-salvar-al-dow-jones.html
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Elitismo educativo, escuelas concertadas y bilingüísmo
Publicado en 18 marzo, 2016
La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.
La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.
En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.
El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.
¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.
Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.
Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.
Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.
Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüísmo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.
El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.
[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]
La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.
La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.
En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.
El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.
¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.
Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.
Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.
Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.
Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüísmo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.
El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.
[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]
domingo, 21 de julio de 2013
Los juegos del hambre, EE UU. Los republicanos cuestionan las ayudas a la alimentación, pero no las de las empresas agrícolas.
La causa de estos comentarios es, como tal vez habrán imaginado, el monstruoso proyecto de ley agraria que la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada.
Durante décadas, los proyectos de ley agraria han tenido dos componentes principales. Uno de ellos ofrece subvenciones a los agricultores; el otro ofrece ayuda alimentaria a los estadounidenses con problemas económicos, principalmente en forma de cupones para alimentos (ahora conocidos oficialmente como Programa de Asistencia Alimentaria Complementaria, o SNAP, por sus siglas en inglés).
Hace mucho tiempo, cuando las subvenciones ayudaban a muchos agricultores pobres, se podía defender todo el paquete como una forma de apoyar a los necesitados. Con el paso de los años, sin embargo, los dos componentes corrieron diferente suerte. Los subsidios agrarios se convirtieron en un programa lleno de fraudes que beneficia principalmente a las corporaciones y a los individuos con dinero. Mientras que los cupones para comida se convirtieron en una parte esencial de la red de seguridad social.
Así que los republicanos de la Cámara han votado a favor de mantener los subsidios agrarios —en una escala más alta que la propuesta tanto por el Senado como por la Casa Blanca—, mientras que los cupones para alimentos se suprimen del proyecto de ley.
Para apreciar plenamente lo que acaba de aprobarse presten atención a la retórica que los conservadores suelen usar para justificar la eliminación de los programas de Seguridad Social. Dice algo así: “Ustedes son libres de ayudar a los pobres a título personal. Pero el Gobierno no tiene derecho a robar el dinero a los ciudadanos” —frecuentemente, en este punto añaden las palabras “a punta de pistola”— “y obligarlos a dárselo a los pobres”.
Sin embargo, por lo visto, es perfectamente correcto robar el dinero a los ciudadanos a punta de pistola y obligarles a dárselo a las empresas agrícolas y a los ricos.
Ahora bien, algunos enemigos de los cupones para alimentos no citan la filosofía libertaria; en vez de eso, citan la Biblia. El representante por Tennessee Stephen Fincher, por ejemplo, citaba el Nuevo Testamento: “Aquel que no esté dispuesto a trabajar no comerá”. Y cómo no, resulta que Fincher ha recibido personalmente millones de dólares en subvenciones agrarias. Dado este impresionante doble rasero —no creo que la palabra “hipocresía” le haga justicia—, parece casi delusorio hablar de hechos y cifras. Pero supongo que debemos hacerlo. De modo que aquí están: el uso de cupones para alimentos ha aumentado, en efecto, durante los últimos años, y el porcentaje de la población que los recibe ha pasado del 8,7% en 2007 al 15,2%, según los datos más recientes. Sin embargo, no hay ningún misterio en esto. El SNAP se supone que ayuda a las familias con problemas económicos, y últimamente muchas familias los han padecido.
De hecho, el uso del SNAP tiende a seguir la trayectoria de las medidas generales contra el desempleo, como el U6, que tienen en cuenta a los subempleados y a los trabajadores que temporalmente han dejado de buscar trabajo activamente. Y el U6 se ha multiplicado por más de dos durante la crisis, desde, aproximadamente, el 8% antes de la Gran Recesión hasta el 17% a principios de 2010. Es cierto que el paro, en general, ha bajado ligeramente desde entonces, mientras que las cifras de los cupones para comida han seguido aumentando; pero suele pasar algún tiempo antes de que se sienta el efecto, y probablemente también sea cierto que algunas familias se hayan visto obligadas a usar los cupones para alimentos por los drásticos recortes en los subsidios por desempleo.
¿Y qué hay de la teoría, habitual en los círculos de derechas, de que es justo al contrario; que si tenemos tanto paro es por unos programas gubernamentales que, a efectos prácticos, pagan a la gente por no trabajar? (¡los comedores de beneficencia causaron la Gran Depresión!). La primera respuesta que a uno se le ocurre es que tienen que estar de broma. ¿De verdad creen que los estadounidenses llevan una vida de ocio con 134 dólares al mes, el subsidio medio del SNAP?
Aun así, finjamos que nos lo tomamos en serio. Si hay poco trabajo porque las ayudas gubernamentales inducen a la gente a quedarse en casa, si reducimos la mano de obra, debería funcionar la ley de la oferta y la demanda: al retirar a todos esos trabajadores, escasearía la mano de obra y subirían los salarios, especialmente los de los trabajadores peor pagados, que tienen más probabilidades de recibir ayuda. En realidad, claro está, los sueldos están estancados o bajando; y esto se cumple especialmente en los grupos que más se benefician de los cupones para alimentos.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es solo racismo? No cabe duda de que a los antiguos bulos racistas —como la imagen de Ronald Reagan del “muchachote fornido” usando los cupones de comida para comprar una chuleta— todavía se les da cierto pábulo—. Pero hoy en día, casi la mitad de los receptores de cupones para alimentos son blancos no hispanos; en Tennessee, la tierra de Fincher, el que citaba a la Biblia, la cifra es del 63%. Así que no tiene nada que ver con la raza.
¿De qué se trata, entonces? Por alguna razón, uno de los dos grandes partidos de nuestro país se ha infectado de una mezquindad casi patológica, de desprecio por los que el presentador de la CNBC Rick Santelli, en la famosa perorata que señaló el nacimiento del Tea Party, llamaba “perdedores”. Si uno es estadounidense y pasa por una mala racha, estas personas no quieren ayudarle; quieren darle otra patada más. No acabo de entenderlo del todo, pero es terrible contemplarlo.
Paul Krugman, premio Nobel de 2008, es profesor de Economía de Princeton. 2013 New York Times. Fuente: El País.
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