Enrique Javier Díez Gutiérrez
Rebelión
La alianza neocon (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquía católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oír a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el país vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas "no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".
La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno “bolivariano” PSOE-Unidas Podemos “cercena el derecho de las familias”, “adopta posturas radicales”, “se aleja del pacto constitucional”, “engrasa la maquinaria de adoctrinamiento”, “declara la guerra”, etc., etc. Todas expresiones de dirigentes políticos y mediáticos de la alianza neocon.
Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendía por el Congreso antes sus palabras, declarando que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.
Recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalía en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).
Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica, ha tuiteado (al estilo Trump: política a través de twitter) que la libertad de enseñanza es "fundamental" en democracia y "está garantizada por la Constitución". Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: “libertad de enseñanza”, que se sustancia en “libertad de creación de centros docentes”, no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artículo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, poco leen la Constitución.
De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.
Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad política del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.
El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.” Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.
No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojadiza contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando "el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología". Haciendo gala justamente de su política y filosofía habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.
Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fíjense en los términos que emplea) “la exclusión del derecho de los padres” supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas “conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”, y que "las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”. Las dos claves esenciales: “libertad de elección” y “demanda social”. La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofía que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.
Lógicamente a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico El Mundo titulaba: “Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio”. Iniciando la crónica con “En un guiño a Podemos… ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español”. Ahí es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un lawfare o guerra política de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos países del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: “Contra la enseñanza en libertad”, o la radio de los obispos, la COPE: “oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura”.
Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria política hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideología, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del país. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mínimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.
Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales, junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantiene a través no solo del poder económico, mediático, judicial y político, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos…
Para saber más: DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2019). La revuelta educativa neocon. Oviedo: TREA.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León
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jueves, 21 de noviembre de 2019
martes, 19 de noviembre de 2019
¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada?
Participe y responda a la pregunta que esta semana plantea el Foro de Educación de EL PAÍS
¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.
Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.
https://elpais.com/formularios/foro_de_educacion.pl
¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.
Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.
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lunes, 19 de junio de 2017
La enseñanza concertada, obligada a dar un paso atrás. Varias autonomías, con la Comunidad Valenciana en cabeza, limitan las aulas privadas subvencionadas. Sus defensores llevan la medida a los tribunales.
Un enorme cuadro de Carlos III preside el despacho de la directora. Carmina Valiente, al frente del instituto público Lluís Vives desde hace nueve años, usa este lienzo para recordar algo importante: “Este lugar es público gracias a la desamortización”. Su centro se convirtió en el símbolo valenciano de las protestas en defensa de la escuela pública. En 2012, en los alrededores, hubo hasta cargas policiales contra los alumnos que clamaban contra los recortes que dejaron este instituto con 13 profesores menos de una plantilla de más de 90. En los años duros de la crisis, entre 2009 y 2015, el gasto público en España se desplomó un 12%, mientras que la partida para conciertos subió a su cifra récord. Pero las tornas han cambiado.
Ahora, quienes protestan junto a los muros del Lluís Vives piden que la educación concertada (privada sostenida con fondos públicos y mayoritariamente religiosa) no se toque. De ahí el juego con la desamortización y el monarca. Las caras de las manifestaciones han cambiado en un debate profundamente politizado, a pesar de que los centros afectados reclaman que los partidos se queden al margen.
Los Gobiernos de izquierdas que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden la educación pública con una red concertada subsidiaria, que llegue a donde la otra, más costosa, no puede alcanzar. El centro derecha se ha situado a la cabeza de las manifestaciones reclamando la “libertad de elección” de las familias de la concertada, que ven como un modelo complementario de pleno derecho.
En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y Compromís gobernando en coalición tras 20 años de Ejecutivos del PP, el giro ha sido muy sonado. Su promesa electoral fue “reducir progresivamente los conciertos”. Y en eso están. El Gobierno valenciano ha ordenado retirar para el curso que viene el concierto en 27 aulas de bachillerato —el 6,2% de las 437 existentes—. Es una etapa educativa no obligatoria que conciertan de forma generalizada esta comunidad, Baleares, Navarra y País Vasco y de manera puntual otras ocho regiones, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Enseñanza (Aesece). El Gobierno calcula un ahorro con la retirada de conciertos de 2,5 millones de euros que se destinará a alumnos con necesidades educativas especiales —los que van más rezagados o tienen más dificultades— tanto en la red pública como en la concertada. Pero ha encontrado una respuesta inesperada en las calles.
El año pasado, cuando anunciaron los primeros cierres que no se materializaron, salieron a manifestarse más de 40.000 personas. Este curso, la protesta multitudinaria se repitió con el anuncio del recorte en bachillerato. Sujetando las pancartas, dirigentes del PP y de Ciudadanos. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, viajó incluso a Madrid a mediados de mayo para pedir amparo al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ante la “angustia y la incertidumbre” de las familias de la concertada.
El apoyo explícito del PP, sin embargo, no se ve como una ventaja desde una parte de la concertada. “En la concentración de 2016 estaba la cúpula del PP, hasta el eurodiputado Esteban González Pons. Parecía un acto de partido aunque en realidad era a favor de la libertad y la educación”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de la patronal Escuelas Católicas en Valencia.
“Me gustaría que no se vinculara a ningún partido el tema educativo. Yo no me caso ni con unos ni con otros”, reflexiona en su soleado despacho Francisco Tos, director del centro concertado Domus, con 900 alumnos desde infantil a bachillerato. En el centro, decorado con coloridos murales de los estudiantes, se imparten clases en el patio y se explora en la innovación educativa. Está en Godella, un próspero municipio del área metropolitana, conectado por metro con el centro de Valencia. Aquí priman las urbanizaciones y las escuelas, sobre todo de un tipo. Hay cinco centros concertados frente a dos públicos, estos últimos solo de primaria. El instituto público más cercano está en el siguiente pueblo, Burjassot.
El Domus tiene ideario católico y es uno de los afectados por el decreto valenciano. El curso que viene, perderán el concierto de sus dos aulas de 1º de Bachillerato. Tos explica que esa retirada supondrá que cada alumno tenga que pagar unos 370 euros al mes frente a los 27,5 actuales. “Las únicas familias que no van a poder elegir son las que no tienen recursos económicos. No podrán pagar y se irán”, lamenta.
Mola Ibáñez, que trabaja de contable como su marido, está en esa situación. “Somos trabajadores muy normales”, explica la mujer. Su hijo pequeño, de 16 años, cambiará en septiembre de centro —han pedido plaza en otro concertado de Godella— tras cursar sus estudios desde infantil en el Domus, igual que su otro hijo y, antes, la propia Ibáñez y su hermana. “Estoy orgullosa de la disciplina, de los valores y de la forma de enseñar de este colegio, incluida la religión”, señala esta madre. Considera que esa educación gratis forma parte de “los derechos” de sus hijos. Para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, se trata en cambio de “privilegios sostenidos con fondos públicos”, como el punto extra que se permitía a los aspirantes que tienen familia en el centro y que su Gobierno ha eliminado. Ibáñez asistió con sus hijos, sus padres y su hermana a las dos grandes manifestaciones de la concertada. Asegura que seguirá yendo todas las veces que le llamen. Para la secretaria de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, es una vía agotada.
“La primera protesta llamó la atención de todo el mundo porque somos más del diálogo que de la calle. Abrimos los telediarios y le dijimos al consejero: ‘Está usted retirando conciertos que son necesarios”, señala en su despacho, junto al estadio de Mestalla. “Pero ahora tienen que ser los tribunales quienes nos den la razón o nos la quiten”.
La veintena de centros afectados por la retirada de conciertos han iniciado ya ese camino judicial, en el que lleva años la educación segregada sostenida con fondos públicos, que el Supremo acaba de respaldar a la espera de que se pronuncie de forma definitiva el Constitucional. El Domus de Godella pidió la paralización cautelar de la medida, pero el juez lo rechazó.
Marzà asegura que, tras este recorte, la concertada no tiene motivo de zozobra para los próximos años. Los conciertos de bachillerato que quedan se mantendrán, al menos, los cuatro años que duran los convenios. “No tenemos en mente terminar con la concertada porque vemos que, de momento, presta un servicio público que es necesario”. Respecto a las aulas perdidas, son los tribunales, de nuevo, los que tienen la última palabra.
VIGILANDO LAS CUOTAS VOLUNTARIAS
En el Domus de Godella, como en otros concertados, los padres aportan dinero. Son las llamadas cuotas voluntarias, un aspecto que no siempre queda bien reflejado. Las cantidades, que no están reguladas, pueden superar los 100 euros sin que se avise a las familias de que pueden no pagar. En este centro valenciano, la cuota es de 32 euros al mes. “En la crisis hubo familias que dejaron de pagar y no pasó nada”, asegura el director del centro, Francisco Tos. La concertada justifica estas cuotas señalando que la Administración ajusta su presupuesto a la baja.
“En el decreto de admisión dejamos claro que los colegios no pueden discriminar a quienes no paguen”, explica el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà. Añade que han recibido una decena de denuncias de las familias por pagos irregulares: “La inspección está revisando con más detenimiento porque nos han llegado informaciones de muchos más”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/17/actualidad/1497713903_899393.html
Ahora, quienes protestan junto a los muros del Lluís Vives piden que la educación concertada (privada sostenida con fondos públicos y mayoritariamente religiosa) no se toque. De ahí el juego con la desamortización y el monarca. Las caras de las manifestaciones han cambiado en un debate profundamente politizado, a pesar de que los centros afectados reclaman que los partidos se queden al margen.
Los Gobiernos de izquierdas que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden la educación pública con una red concertada subsidiaria, que llegue a donde la otra, más costosa, no puede alcanzar. El centro derecha se ha situado a la cabeza de las manifestaciones reclamando la “libertad de elección” de las familias de la concertada, que ven como un modelo complementario de pleno derecho.
En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y Compromís gobernando en coalición tras 20 años de Ejecutivos del PP, el giro ha sido muy sonado. Su promesa electoral fue “reducir progresivamente los conciertos”. Y en eso están. El Gobierno valenciano ha ordenado retirar para el curso que viene el concierto en 27 aulas de bachillerato —el 6,2% de las 437 existentes—. Es una etapa educativa no obligatoria que conciertan de forma generalizada esta comunidad, Baleares, Navarra y País Vasco y de manera puntual otras ocho regiones, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Enseñanza (Aesece). El Gobierno calcula un ahorro con la retirada de conciertos de 2,5 millones de euros que se destinará a alumnos con necesidades educativas especiales —los que van más rezagados o tienen más dificultades— tanto en la red pública como en la concertada. Pero ha encontrado una respuesta inesperada en las calles.
El año pasado, cuando anunciaron los primeros cierres que no se materializaron, salieron a manifestarse más de 40.000 personas. Este curso, la protesta multitudinaria se repitió con el anuncio del recorte en bachillerato. Sujetando las pancartas, dirigentes del PP y de Ciudadanos. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, viajó incluso a Madrid a mediados de mayo para pedir amparo al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ante la “angustia y la incertidumbre” de las familias de la concertada.
El apoyo explícito del PP, sin embargo, no se ve como una ventaja desde una parte de la concertada. “En la concentración de 2016 estaba la cúpula del PP, hasta el eurodiputado Esteban González Pons. Parecía un acto de partido aunque en realidad era a favor de la libertad y la educación”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de la patronal Escuelas Católicas en Valencia.
“Me gustaría que no se vinculara a ningún partido el tema educativo. Yo no me caso ni con unos ni con otros”, reflexiona en su soleado despacho Francisco Tos, director del centro concertado Domus, con 900 alumnos desde infantil a bachillerato. En el centro, decorado con coloridos murales de los estudiantes, se imparten clases en el patio y se explora en la innovación educativa. Está en Godella, un próspero municipio del área metropolitana, conectado por metro con el centro de Valencia. Aquí priman las urbanizaciones y las escuelas, sobre todo de un tipo. Hay cinco centros concertados frente a dos públicos, estos últimos solo de primaria. El instituto público más cercano está en el siguiente pueblo, Burjassot.
El Domus tiene ideario católico y es uno de los afectados por el decreto valenciano. El curso que viene, perderán el concierto de sus dos aulas de 1º de Bachillerato. Tos explica que esa retirada supondrá que cada alumno tenga que pagar unos 370 euros al mes frente a los 27,5 actuales. “Las únicas familias que no van a poder elegir son las que no tienen recursos económicos. No podrán pagar y se irán”, lamenta.
Mola Ibáñez, que trabaja de contable como su marido, está en esa situación. “Somos trabajadores muy normales”, explica la mujer. Su hijo pequeño, de 16 años, cambiará en septiembre de centro —han pedido plaza en otro concertado de Godella— tras cursar sus estudios desde infantil en el Domus, igual que su otro hijo y, antes, la propia Ibáñez y su hermana. “Estoy orgullosa de la disciplina, de los valores y de la forma de enseñar de este colegio, incluida la religión”, señala esta madre. Considera que esa educación gratis forma parte de “los derechos” de sus hijos. Para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, se trata en cambio de “privilegios sostenidos con fondos públicos”, como el punto extra que se permitía a los aspirantes que tienen familia en el centro y que su Gobierno ha eliminado. Ibáñez asistió con sus hijos, sus padres y su hermana a las dos grandes manifestaciones de la concertada. Asegura que seguirá yendo todas las veces que le llamen. Para la secretaria de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, es una vía agotada.
“La primera protesta llamó la atención de todo el mundo porque somos más del diálogo que de la calle. Abrimos los telediarios y le dijimos al consejero: ‘Está usted retirando conciertos que son necesarios”, señala en su despacho, junto al estadio de Mestalla. “Pero ahora tienen que ser los tribunales quienes nos den la razón o nos la quiten”.
La veintena de centros afectados por la retirada de conciertos han iniciado ya ese camino judicial, en el que lleva años la educación segregada sostenida con fondos públicos, que el Supremo acaba de respaldar a la espera de que se pronuncie de forma definitiva el Constitucional. El Domus de Godella pidió la paralización cautelar de la medida, pero el juez lo rechazó.
Marzà asegura que, tras este recorte, la concertada no tiene motivo de zozobra para los próximos años. Los conciertos de bachillerato que quedan se mantendrán, al menos, los cuatro años que duran los convenios. “No tenemos en mente terminar con la concertada porque vemos que, de momento, presta un servicio público que es necesario”. Respecto a las aulas perdidas, son los tribunales, de nuevo, los que tienen la última palabra.
VIGILANDO LAS CUOTAS VOLUNTARIAS
En el Domus de Godella, como en otros concertados, los padres aportan dinero. Son las llamadas cuotas voluntarias, un aspecto que no siempre queda bien reflejado. Las cantidades, que no están reguladas, pueden superar los 100 euros sin que se avise a las familias de que pueden no pagar. En este centro valenciano, la cuota es de 32 euros al mes. “En la crisis hubo familias que dejaron de pagar y no pasó nada”, asegura el director del centro, Francisco Tos. La concertada justifica estas cuotas señalando que la Administración ajusta su presupuesto a la baja.
“En el decreto de admisión dejamos claro que los colegios no pueden discriminar a quienes no paguen”, explica el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà. Añade que han recibido una decena de denuncias de las familias por pagos irregulares: “La inspección está revisando con más detenimiento porque nos han llegado informaciones de muchos más”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/17/actualidad/1497713903_899393.html
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Elitismo educativo, escuelas concertadas y bilingüísmo
Publicado en 18 marzo, 2016
La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.
La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.
En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.
El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.
¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.
Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.
Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.
Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.
Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüísmo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.
El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.
[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]
La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.
La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.
En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.
El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.
¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.
Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.
Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.
Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.
Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüísmo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.
El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.
[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]
sábado, 23 de julio de 2016
La familia no elige centro. Es ella la elegida.
José Gimeno, Enrique Díez, Carmen Rodríguez, José Luis Pazos y Rodrigo J. García / Foro de Sevilla
“...solo se es libre si todos son libres y, para ello, debe haber igualdad” (Rousseau)
Y, lo más significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.
Detrás de las invocaciones a la “libertad” de elección de centro, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.
La teoría de la elección pública (TEP), extendida en los procesos de reforma educativa globales, tiene como objetivo, según sus defensores, que los centros escolares (proveedores de educación) se esfuercen en ofrecer un producto atractivo a la medida de las demandas de las familias, dentro de la gestión y en la lógica de los mecanismos de cuasi-mercado (mercado financiado públicamente), para que todas las personas puedan elegir aquel que más ventajas les pueda reportar.
La estrategia se basa en la desregulación de las zonas escolares y los criterios preferentes de elección, junto a la competencia incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y rankings, y una financiación competitiva que premiará a las escuelas que más demanda consigan. Argumentan sus promotores, que se mejora la calidad del sistema educativo, porque así los centros tratarán de diferenciarse y subordinarse a las decisiones y preferencias de las familias. Al igual que otras industrias, textiles, automovilísticas o pirotécnicas..., adaptan sus productos a los requerimientos del mercado.
Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de nuestro país al respecto es propicia para su aplicación, porque ya contamos con dos redes escolares, pública y concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos). España constituye un caso singular dentro del panorama internacional.
Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, muy mayoritariamente de confesión católica. Sin embargo, a partir de 1985 con la aprobación de la LODE, es cuando la figura del colegio concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los centros privados sin financiación pública alguna.
En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como un complemento de red pública que carecía de suficientes plazas escolares, en un momento en el que existía una creciente demanda, por el fuerte crecimiento demográfico y, posteriormente, por la ampliación de los años de escolarización obligatoria.
Aunque empezó como una situación provisional, la financiación pública de opciones educativas privadas seguirá aumentando año tras año en España.
Actualmente la situación es que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada lo que es significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.
Si en la UE la enseñanza secundaria privada (básicamente financiada con recursos públicos) es del 15,1%, en España alcanza el 31,66%1 las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores, el porcentaje supera ya el 50% (Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco). Esta tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales como la respuesta a una supuesta “mayor demanda” por parte de las familias y una pérdida de poder del Estado. Existe una profusa investigación que sostiene (incluso PISA) que la enseñanza privada no tiene más calidad que la pública. En los casos en los que se producen diferencias, se debe a las desigualdades en el capital social, económico y cultural, que son más favorables en la población de los centros concertados y, sobre todo, si no admiten alumnado de familias migrantes, minorías y de clases bajas.
La doble red de centros, aún sin estar desregulados los criterios para la elección de centro, al menos a nivel de Estado, se han convertido en garantía de desigualdad, por el fraude en la aplicación de los requisitos con que se ha llevado a cabo la selección del alumnado, en cuanto a segregación de inmigrantes, separación por sexos y distribución por clases sociales. También por la selección directa e indirecta del alumnado en los centros concertados a través del copago de actividades o tasas “voluntarias”, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección.
El modelo neoliberal parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la vida. Así, los rendimientos escolares dependen del esfuerzo, del talento del alumnado y de las familias que se preocupan especialmente de sus hijos e hijas; por eso, reclamarán derecho a tener mejores condiciones, profesorado y escuelas. El análisis de coste oportunidad, establece que el sistema educativo debe rentabilizar la inversión educativa en quienes quieren y pueden.
El capitalismo, como ideología y ética social, reclama una lógica competitiva y de mercado, que combina el individualismo y la “elección de centro” con políticas de “cierre social” que, ante la masificación de los estudios de Secundaria y superiores, garanticen que sus vástagos, sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones...) y económico (posibilidades de residencia, desplazamientos, actividades suplementarias...) accedan a grupos. Y, en algunas de homogéneos de élite y tengan más posibilidades de éxito.
Investigaciones realizadas en los últimos años muestran que las razones para elegir centro tienen que ver con el nivel socio económico de las familias, donde quienes demandan esa “preferencia de selección” buscan su “segmento social”. Además, las personas con menos recursos encontrarán dificultades para hacerlo por limitaciones financieras, geográficas y sociales. Uno elige el centro que encaja en el estatus que espera que su hijo ocupe en el futuro, dentro de sus posibilidades. Se recubre de derecho individual lo que es una selección social demandada por clases sociales altas y medias.
Con el agravante de que los centros educativos empiezan a competir por atraer a estudiantes con las mejores actitudes hacia el aprendizaje y la disciplina escolar, que son las que garantizan unas buenas condiciones para enseñar y unos buenos resultados académicos para la escuela. Y es el centro que recibe más demandas quien, en definitiva, elige a sus clientes y no al revés, porque establece una serie de criterios para “discriminar” quién accede y quién no. Por eso nos encontramos actualmente con que el 80% del alumnado con necesidades educativas o de minorías y migración están en los centros públicos.
En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte”, y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Esta preferencia de selección no puede considerarse un derecho, porque no solo no favorece una educación mejor y más equitativa para todos los niños y las niñas, sino que, más bien, provoca la redefinición y restricción de los fines de la educación, la segregación y el aumento de la estratificación social, el drenaje de recursos desde escuelas públicas ya empobrecidas hacia las escuelas privadas, con frecuencia religiosas, y la conversión de la educación en un negocio, perjudicando aún más a los grupos menos favorecidos.
“...solo se es libre si todos son libres y, para ello, debe haber igualdad” (Rousseau)
Y, lo más significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.
Detrás de las invocaciones a la “libertad” de elección de centro, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.
La teoría de la elección pública (TEP), extendida en los procesos de reforma educativa globales, tiene como objetivo, según sus defensores, que los centros escolares (proveedores de educación) se esfuercen en ofrecer un producto atractivo a la medida de las demandas de las familias, dentro de la gestión y en la lógica de los mecanismos de cuasi-mercado (mercado financiado públicamente), para que todas las personas puedan elegir aquel que más ventajas les pueda reportar.
La estrategia se basa en la desregulación de las zonas escolares y los criterios preferentes de elección, junto a la competencia incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y rankings, y una financiación competitiva que premiará a las escuelas que más demanda consigan. Argumentan sus promotores, que se mejora la calidad del sistema educativo, porque así los centros tratarán de diferenciarse y subordinarse a las decisiones y preferencias de las familias. Al igual que otras industrias, textiles, automovilísticas o pirotécnicas..., adaptan sus productos a los requerimientos del mercado.
Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de nuestro país al respecto es propicia para su aplicación, porque ya contamos con dos redes escolares, pública y concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos). España constituye un caso singular dentro del panorama internacional.
Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, muy mayoritariamente de confesión católica. Sin embargo, a partir de 1985 con la aprobación de la LODE, es cuando la figura del colegio concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los centros privados sin financiación pública alguna.
En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como un complemento de red pública que carecía de suficientes plazas escolares, en un momento en el que existía una creciente demanda, por el fuerte crecimiento demográfico y, posteriormente, por la ampliación de los años de escolarización obligatoria.
Aunque empezó como una situación provisional, la financiación pública de opciones educativas privadas seguirá aumentando año tras año en España.
Actualmente la situación es que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada lo que es significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.
Si en la UE la enseñanza secundaria privada (básicamente financiada con recursos públicos) es del 15,1%, en España alcanza el 31,66%1 las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores, el porcentaje supera ya el 50% (Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco). Esta tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales como la respuesta a una supuesta “mayor demanda” por parte de las familias y una pérdida de poder del Estado. Existe una profusa investigación que sostiene (incluso PISA) que la enseñanza privada no tiene más calidad que la pública. En los casos en los que se producen diferencias, se debe a las desigualdades en el capital social, económico y cultural, que son más favorables en la población de los centros concertados y, sobre todo, si no admiten alumnado de familias migrantes, minorías y de clases bajas.
La doble red de centros, aún sin estar desregulados los criterios para la elección de centro, al menos a nivel de Estado, se han convertido en garantía de desigualdad, por el fraude en la aplicación de los requisitos con que se ha llevado a cabo la selección del alumnado, en cuanto a segregación de inmigrantes, separación por sexos y distribución por clases sociales. También por la selección directa e indirecta del alumnado en los centros concertados a través del copago de actividades o tasas “voluntarias”, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección.
El modelo neoliberal parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la vida. Así, los rendimientos escolares dependen del esfuerzo, del talento del alumnado y de las familias que se preocupan especialmente de sus hijos e hijas; por eso, reclamarán derecho a tener mejores condiciones, profesorado y escuelas. El análisis de coste oportunidad, establece que el sistema educativo debe rentabilizar la inversión educativa en quienes quieren y pueden.
El capitalismo, como ideología y ética social, reclama una lógica competitiva y de mercado, que combina el individualismo y la “elección de centro” con políticas de “cierre social” que, ante la masificación de los estudios de Secundaria y superiores, garanticen que sus vástagos, sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones...) y económico (posibilidades de residencia, desplazamientos, actividades suplementarias...) accedan a grupos. Y, en algunas de homogéneos de élite y tengan más posibilidades de éxito.
Investigaciones realizadas en los últimos años muestran que las razones para elegir centro tienen que ver con el nivel socio económico de las familias, donde quienes demandan esa “preferencia de selección” buscan su “segmento social”. Además, las personas con menos recursos encontrarán dificultades para hacerlo por limitaciones financieras, geográficas y sociales. Uno elige el centro que encaja en el estatus que espera que su hijo ocupe en el futuro, dentro de sus posibilidades. Se recubre de derecho individual lo que es una selección social demandada por clases sociales altas y medias.
Con el agravante de que los centros educativos empiezan a competir por atraer a estudiantes con las mejores actitudes hacia el aprendizaje y la disciplina escolar, que son las que garantizan unas buenas condiciones para enseñar y unos buenos resultados académicos para la escuela. Y es el centro que recibe más demandas quien, en definitiva, elige a sus clientes y no al revés, porque establece una serie de criterios para “discriminar” quién accede y quién no. Por eso nos encontramos actualmente con que el 80% del alumnado con necesidades educativas o de minorías y migración están en los centros públicos.
En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte”, y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Esta preferencia de selección no puede considerarse un derecho, porque no solo no favorece una educación mejor y más equitativa para todos los niños y las niñas, sino que, más bien, provoca la redefinición y restricción de los fines de la educación, la segregación y el aumento de la estratificación social, el drenaje de recursos desde escuelas públicas ya empobrecidas hacia las escuelas privadas, con frecuencia religiosas, y la conversión de la educación en un negocio, perjudicando aún más a los grupos menos favorecidos.
jueves, 5 de mayo de 2016
España es el tercer país de europa con más educación concertada. Los conciertos: una perversión educativa
Agustín Moreno
Cuarto Poder
La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.
Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.
El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.
No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.
La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.
Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.
Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.
No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.
La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.
¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/04/04/los-conciertos-una-perversion-educativa/1399
Cuarto Poder
La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.
Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.
El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.
No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.
La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.
Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.
Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.
No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.
La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.
¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/04/04/los-conciertos-una-perversion-educativa/1399
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