La familia no elige centro. Es ella la elegida.

José Gimeno, Enrique Díez, Carmen Rodríguez, José Luis Pazos y Rodrigo J. García / Foro de Sevilla

“...solo se es libre si todos son libres y, para ello, debe haber igualdad” (Rousseau)

Y, lo más significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.

Detrás de las invocaciones a la “libertad” de elección de centro, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.

La teoría de la elección pública (TEP), extendida en los procesos de reforma educativa globales, tiene como objetivo, según sus defensores, que los centros escolares (proveedores de educación) se esfuercen en ofrecer un producto atractivo a la medida de las demandas de las familias, dentro de la gestión y en la lógica de los mecanismos de cuasi-mercado (mercado financiado públicamente), para que todas las personas puedan elegir aquel que más ventajas les pueda reportar.

La estrategia se basa en la desregulación de las zonas escolares y los criterios preferentes de elección, junto a la competencia incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y rankings, y una financiación competitiva que premiará a las escuelas que más demanda consigan. Argumentan sus promotores, que se mejora la calidad del sistema educativo, porque así los centros tratarán de diferenciarse y subordinarse a las decisiones y preferencias de las familias. Al igual que otras industrias, textiles, automovilísticas o pirotécnicas..., adaptan sus productos a los requerimientos del mercado.

Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de nuestro país al respecto es propicia para su aplicación, porque ya contamos con dos redes escolares, pública y concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos). España constituye un caso singular dentro del panorama internacional.

Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, muy mayoritariamente de confesión católica. Sin embargo, a partir de 1985 con la aprobación de la LODE, es cuando la figura del colegio concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los centros privados sin financiación pública alguna.

En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como un complemento de red pública que carecía de suficientes plazas escolares, en un momento en el que existía una creciente demanda, por el fuerte crecimiento demográfico y, posteriormente, por la ampliación de los años de escolarización obligatoria.

Aunque empezó como una situación provisional, la financiación pública de opciones educativas privadas seguirá aumentando año tras año en España.

Actualmente la situación es que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada lo que es significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.

Si en la UE la enseñanza secundaria privada (básicamente financiada con recursos públicos) es del 15,1%, en España alcanza el 31,66%1 las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores, el porcentaje supera ya el 50% (Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco). Esta tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales como la respuesta a una supuesta “mayor demanda” por parte de las familias y una pérdida de poder del Estado. Existe una profusa investigación que sostiene (incluso PISA) que la enseñanza privada no tiene más calidad que la pública. En los casos en los que se producen diferencias, se debe a las desigualdades en el capital social, económico y cultural, que son más favorables en la población de los centros concertados y, sobre todo, si no admiten alumnado de familias migrantes, minorías y de clases bajas.

La doble red de centros, aún sin estar desregulados los criterios para la elección de centro, al menos a nivel de Estado, se han convertido en garantía de desigualdad, por el fraude en la aplicación de los requisitos con que se ha llevado a cabo la selección del alumnado, en cuanto a segregación de inmigrantes, separación por sexos y distribución por clases sociales. También por la selección directa e indirecta del alumnado en los centros concertados a través del copago de actividades o tasas “voluntarias”, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección.

El modelo neoliberal parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la vida. Así, los rendimientos escolares dependen del esfuerzo, del talento del alumnado y de las familias que se preocupan especialmente de sus hijos e hijas; por eso, reclamarán derecho a tener mejores condiciones, profesorado y escuelas. El análisis de coste oportunidad, establece que el sistema educativo debe rentabilizar la inversión educativa en quienes quieren y pueden.

El capitalismo, como ideología y ética social, reclama una lógica competitiva y de mercado, que combina el individualismo y la “elección de centro” con políticas de “cierre social” que, ante la masificación de los estudios de Secundaria y superiores, garanticen que sus vástagos, sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones...) y económico (posibilidades de residencia, desplazamientos, actividades suplementarias...) accedan a grupos. Y, en algunas de homogéneos de élite y tengan más posibilidades de éxito.

Investigaciones realizadas en los últimos años muestran que las razones para elegir centro tienen que ver con el nivel socio económico de las familias, donde quienes demandan esa “preferencia de selección” buscan su “segmento social”. Además, las personas con menos recursos encontrarán dificultades para hacerlo por limitaciones financieras, geográficas y sociales. Uno elige el centro que encaja en el estatus que espera que su hijo ocupe en el futuro, dentro de sus posibilidades. Se recubre de derecho individual lo que es una selección social demandada por clases sociales altas y medias.

Con el agravante de que los centros educativos empiezan a competir por atraer a estudiantes con las mejores actitudes hacia el aprendizaje y la disciplina escolar, que son las que garantizan unas buenas condiciones para enseñar y unos buenos resultados académicos para la escuela. Y es el centro que recibe más demandas quien, en definitiva, elige a sus clientes y no al revés, porque establece una serie de criterios para “discriminar” quién accede y quién no. Por eso nos encontramos actualmente con que el 80% del alumnado con necesidades educativas o de minorías y migración están en los centros públicos.

En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte”, y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Esta preferencia de selección no puede considerarse un derecho, porque no solo no favorece una educación mejor y más equitativa para todos los niños y las niñas, sino que, más bien, provoca la redefinición y restricción de los fines de la educación, la segregación y el aumento de la estratificación social, el drenaje de recursos desde escuelas públicas ya empobrecidas hacia las escuelas privadas, con frecuencia religiosas, y la conversión de la educación en un negocio, perjudicando aún más a los grupos menos favorecidos.