Financiar públicamente las opciones educativas privadas no está en la Constitución,

Enrique Javier Díez Gutiérrez
Rebelión

La alianza neocon (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquía católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oír a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el país vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas "no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".

La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno “bolivariano” PSOE-Unidas Podemos “cercena el derecho de las familias”, “adopta posturas radicales”, “se aleja del pacto constitucional”, “engrasa la maquinaria de adoctrinamiento”, “declara la guerra”, etc., etc. Todas expresiones de dirigentes políticos y mediáticos de la alianza neocon.

Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendía por el Congreso antes sus palabras, declarando que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.

Recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalía en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica, ha tuiteado (al estilo Trump: política a través de twitter) que la libertad de enseñanza es "fundamental" en democracia y "está garantizada por la Constitución". Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: “libertad de enseñanza”, que se sustancia en “libertad de creación de centros docentes”, no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artículo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, poco leen la Constitución.

De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad política del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.

El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.” Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.

No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojadiza contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando "el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología". Haciendo gala justamente de su política y filosofía habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.

Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fíjense en los términos que emplea) “la exclusión del derecho de los padres” supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas “conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”, y que "las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”. Las dos claves esenciales: “libertad de elección” y “demanda social”. La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofía que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.

Lógicamente a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico El Mundo titulaba: “Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio”. Iniciando la crónica con “En un guiño a Podemos… ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español”. Ahí es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un lawfare o guerra política de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos países del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: “Contra la enseñanza en libertad”, o la radio de los obispos, la COPE: “oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura”.

Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria política hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideología, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del país. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mínimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.

Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales, junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantiene a través no solo del poder económico, mediático, judicial y político, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos…

Para saber más: DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2019). La revuelta educativa neocon. Oviedo: TREA.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León

¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada?

Participe y responda a la pregunta que esta semana plantea el Foro de Educación de EL PAÍS

¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.

Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.

https://elpais.com/formularios/foro_de_educacion.pl

_- Escuela pública y Religión. Por la fuerza de un tratado internacional no puede imponerse una asignatura que no tiene acomodo en un Estado confesional

_- CAYETANO LÓPEZ

Supongamos que un país extranjero opina que la presencia de una determinada asignatura en nuestro sistema de enseñanza es insuficiente y solicita que se firme un convenio internacional que nos obligue a incorporar esa asignatura en la modalidad que mejor convenga a ese determinado país. Imagino que nuestras autoridades rechazarían de plano semejante idea y reivindicarían, en uso de nuestra soberanía, su responsabilidad en el diseño del currículo que deben estudiar nuestros escolares. Nadie puede estar más interesado en la educación de los escolares de un país que sus propias autoridades. Pues bien, esa hipótesis inaceptable es precisamente lo que sucede con la enseñanza de la Religión Católica, y el convenio internacional existe. En efecto, dicha enseñanza está regulada por los convenios con el Vaticano firmados en 1979, y que nuestros Gobiernos deben cumplir escrupulosamente. La obligatoriedad de la oferta de dicha asignatura en nuestros centros públicos se deriva de dicho convenio, así como la consideración de docentes para quienes la imparten, designados por las autoridades eclesiásticas, por encima de cualquier procedimiento para la selección del profesorado fijado en nuestras leyes.

Pongo el énfasis en el aspecto del tratado internacional porque en todos los debates y discusiones en que he participado sobre este asunto, después de hablar de los aspectos pedagógicos y formativos, la última ratio, el argumento definitivo para defender la postura de que hay que incluir la Religión Católica en la escuela, es que, sean cuales sean los argumentos que puedan aducirse, el Estado español está obligado por ese tratado internacional. Y quienes así razonan pasan, de forma inadvertida, a actuar como representantes del otro Estado firmante en lugar de ciudadanos preocupados por la calidad de nuestro sistema escolar y de nuestra democracia. Por otra parte, cuando este asunto ha sido examinado en alguna de sus vertientes por los tribunales, el fallo se ha basado exclusivamente en la existencia de un tratado que nuestras autoridades deben cumplir.

Y cuando se menciona el dichoso tratado, parece que estuviera hablándose de algo inmutable, algo así como la ley de la gravitación universal, ineludible y sobre la que no tenemos control alguno. Aunque un convenio entre dos países es algo aceptado voluntariamente por las dos partes y puede modificarse según procedimientos normalmente contemplados en él. No se trata de una circunstancia impuesta por terceros ajenos a los firmantes. Por eso es urgente que el Gobierno español requiera la modificación de los acuerdos con el Vaticano, quizá también en otros aspectos, pero desde luego en el apartado que se refiere a la enseñanza de Religión en la escuela pública. Es un obstáculo prominente en la tarea de diseñar una escuela pública eficaz en un entorno institucional no confesional.

En primer lugar, porque supone una injerencia intolerable para nuestro Estado, sea cual sea el color de su Gobierno, en la autonomía para fijar los contenidos docentes de nuestros escolares y los procedimientos de designación de los profesores. Cualquier persona que se reclame de la democracia liberal debería considerar ofensiva tal pretensión. Pero también porque crea disfunciones de difícil o imposible solución. El hecho de que sea una asignatura voluntaria que cuente en las calificaciones y, por lo tanto, influya en el devenir académico, crea dos clases de alumnos con oportunidades diferentes sin ninguna justificación. Que se imparta en el horario escolar crea la necesidad de pensar en una alternativa para los alumnos que no elijan seguir la clase de Religión, influyendo, por tanto, también en el currículo de quienes han elegido no cursarla. Muchos han argumentado el interés en sustituir la clase de Religión por algo como ética y valores, o historia de las religiones, etcétera. Pero si estas materias son de interés, lo son también para los alumnos que cursan Religión Católica y no pueden sustituirse enseñanzas de tipo universal como las mencionadas por una de perfil confesional. Al final, resulta que la única alternativa viable es nada: una hora de inactividad, o de actividad irrelevante, en medio del horario escolar.

Así pues, la enseñanza de la Religión Católica, aun con carácter voluntario, no tiene acomodo en el programa de una escuela no confesional, no puede imponerse por la fuerza de un tratado internacional, no puede intercalarse en el horario escolar, y las personas designadas por los obispos para impartirla no pueden tener la consideración de profesores oficiales; solo pueden ostentar dicha condición quienes siguen las normas en vigor de selección del profesorado.

No es este, desde luego, el único ni el principal problema de los muchos que aquejan a nuestra escuela, pero su resolución definitiva de forma respetuosa con el espíritu de nuestra Constitución permitiría concentrar el debate en las mejoras de procedimiento y contenidos que demanda nuestra educación.

Cayetano López fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

https://elpais.com/elpais/2018/11/20/opinion/1542725622_730342.html

Lo legal y lo correcto

El valor de la ciencia

Del invierno nuclear al calentamiento

Por qué me opongo a que la asignatura de religión cuente para la media aunque sería un 10 fácil. Un alumno de Bachillerato muestra su enfado con la decisión de la Comunidad de Madrid.

Me llamo Lucas, y soy alumno de primero de bachillerato. Antes de todo quisiera agradecer el tiempo que tome en leerse lo que escribo, pues a muchos hoy en día no nos sobra, y sobre todo quisiera pedir ayuda para que este mensaje que presento a continuación se comparta:

Escribo al periódico debido a que recientemente se ha dado la noticia de que el año que viene en 2º de bachillerato en Madrid se ofertará la asignatura de religión como una optativa a elegir, la cual contará para la nota y para el acceso a la Universidad. Con mucho respeto a cualquier persona que haya tomado esta decisión, me gustaría aclarar que estamos en el siglo XXI, por si por algún casual nos hemos confundido, no sé, de milenio. La enseñanza en un Estado, da igual el que sea, debería ser laica, al menos la pública. No cabe en mi cabeza el cómo no se ha opuesto nadie (que yo haya oído, al menos) a esta propuesta.

Como ya he dicho antes, la enseñanza debe ser pura, laica. La religión, aunque sea de gran peso en el día a día de muchas personas, no debería acercarse lo más mínimo a la educación. Menos aun hacer media para una nota que influye a la hora de entrar a una carrera. Yo no odio la religión ni nada por el estilo. Valoro positivamente el cómo da esperanza a muchas personas y las anima a ser más bondadosas.

Además, poniendo un ejemplo real, en el bachillerato que curso yo, “Bachillerato de excelencia”, no se nos ofertan asignaturas optativas que sí se pueden dar en otros bachilleratos normales, como la de dibujo artístico. Y sin embargo, adivinen con qué asignatura puedes conseguir un 10 fácil (QUE CUENTA PARA NOTA A LA HORA DE HACER MEDIA, REPITO, NO ES BROMA) por no hacer prácticamente nada. Si su respuesta ha sido "religión”, ha dado usted en el clavo. Religión sí, pero artes no.

Quizás lo más difícil de explicar de todo es el hecho de que, aun protestando sobre la educación pública y su deplorable estado, la mayoría de mis compañeros de clase la cogerán el año que viene, así podrán tener un bonito 10 en el boletín. Predicamos con el ejemplo aquí en este país. No es fácil ir contracorriente, desde luego, sobre todo si sentencias tu media a estar por debajo de la de los demás por no querer alimentar más esta locura (todo hay que decirlo, es una locura).

Por estas razones y más (ya escribí una carta en 1º de la ESO protestando por un tema similar), he empezado una petición en change.org que tiene como objetivo apelar al uso de razón del Ministerio de Educación, al Gobierno del país o a cualquier persona que pueda hacer algo para mejorar un poco el estado en el que estamos ahora los estudiantes. Sin duda agradecería su apoyo y su colaboración, pues además esto que yo cuento prácticamente no ha tenido ningún impacto mediático y por lo tanto la gente no es consciente de lo que ocurre.

Muchas gracias de nuevo por leer mi mensaje. Me despido afirmando una cosa: No sé cuánta gente va a apoyarme, o a cuántas personas llegará esto, pero a veces hay que oponerse a estas barbaridades, y aunque parezca que uno solo no puede hacer mucho, siempre puede tener la esperanza de que algunas personas piensan igual, solo que a lo mejor no han sabido decirlo.

* Lucas Álvarez Rodríguez es estudiante de Bachillerato.

https://elpais.com/elpais/2018/05/28/mamas_papas/1527496701_219649.html

La enseñanza concertada, obligada a dar un paso atrás. Varias autonomías, con la Comunidad Valenciana en cabeza, limitan las aulas privadas subvencionadas. Sus defensores llevan la medida a los tribunales.

Un enorme cuadro de Carlos III preside el despacho de la directora. Carmina Valiente, al frente del instituto público Lluís Vives desde hace nueve años, usa este lienzo para recordar algo importante: “Este lugar es público gracias a la desamortización”. Su centro se convirtió en el símbolo valenciano de las protestas en defensa de la escuela pública. En 2012, en los alrededores, hubo hasta cargas policiales contra los alumnos que clamaban contra los recortes que dejaron este instituto con 13 profesores menos de una plantilla de más de 90. En los años duros de la crisis, entre 2009 y 2015, el gasto público en España se desplomó un 12%, mientras que la partida para conciertos subió a su cifra récord. Pero las tornas han cambiado.

Ahora, quienes protestan junto a los muros del Lluís Vives piden que la educación concertada (privada sostenida con fondos públicos y mayoritariamente religiosa) no se toque. De ahí el juego con la desamortización y el monarca. Las caras de las manifestaciones han cambiado en un debate profundamente politizado, a pesar de que los centros afectados reclaman que los partidos se queden al margen.

Los Gobiernos de izquierdas que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden la educación pública con una red concertada subsidiaria, que llegue a donde la otra, más costosa, no puede alcanzar. El centro derecha se ha situado a la cabeza de las manifestaciones reclamando la “libertad de elección” de las familias de la concertada, que ven como un modelo complementario de pleno derecho.

En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y Compromís gobernando en coalición tras 20 años de Ejecutivos del PP, el giro ha sido muy sonado. Su promesa electoral fue “reducir progresivamente los conciertos”. Y en eso están. El Gobierno valenciano ha ordenado retirar para el curso que viene el concierto en 27 aulas de bachillerato —el 6,2% de las 437 existentes—. Es una etapa educativa no obligatoria que conciertan de forma generalizada esta comunidad, Baleares, Navarra y País Vasco y de manera puntual otras ocho regiones, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Enseñanza (Aesece). El Gobierno calcula un ahorro con la retirada de conciertos de 2,5 millones de euros que se destinará a alumnos con necesidades educativas especiales —los que van más rezagados o tienen más dificultades— tanto en la red pública como en la concertada. Pero ha encontrado una respuesta inesperada en las calles.

El año pasado, cuando anunciaron los primeros cierres que no se materializaron, salieron a manifestarse más de 40.000 personas. Este curso, la protesta multitudinaria se repitió con el anuncio del recorte en bachillerato. Sujetando las pancartas, dirigentes del PP y de Ciudadanos. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, viajó incluso a Madrid a mediados de mayo para pedir amparo al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ante la “angustia y la incertidumbre” de las familias de la concertada.

El apoyo explícito del PP, sin embargo, no se ve como una ventaja desde una parte de la concertada. “En la concentración de 2016 estaba la cúpula del PP, hasta el eurodiputado Esteban González Pons. Parecía un acto de partido aunque en realidad era a favor de la libertad y la educación”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de la patronal Escuelas Católicas en Valencia.

“Me gustaría que no se vinculara a ningún partido el tema educativo. Yo no me caso ni con unos ni con otros”, reflexiona en su soleado despacho Francisco Tos, director del centro concertado Domus, con 900 alumnos desde infantil a bachillerato. En el centro, decorado con coloridos murales de los estudiantes, se imparten clases en el patio y se explora en la innovación educativa. Está en Godella, un próspero municipio del área metropolitana, conectado por metro con el centro de Valencia. Aquí priman las urbanizaciones y las escuelas, sobre todo de un tipo. Hay cinco centros concertados frente a dos públicos, estos últimos solo de primaria. El instituto público más cercano está en el siguiente pueblo, Burjassot.

El Domus tiene ideario católico y es uno de los afectados por el decreto valenciano. El curso que viene, perderán el concierto de sus dos aulas de 1º de Bachillerato. Tos explica que esa retirada supondrá que cada alumno tenga que pagar unos 370 euros al mes frente a los 27,5 actuales. “Las únicas familias que no van a poder elegir son las que no tienen recursos económicos. No podrán pagar y se irán”, lamenta.

Mola Ibáñez, que trabaja de contable como su marido, está en esa situación. “Somos trabajadores muy normales”, explica la mujer. Su hijo pequeño, de 16 años, cambiará en septiembre de centro —han pedido plaza en otro concertado de Godella— tras cursar sus estudios desde infantil en el Domus, igual que su otro hijo y, antes, la propia Ibáñez y su hermana. “Estoy orgullosa de la disciplina, de los valores y de la forma de enseñar de este colegio, incluida la religión”, señala esta madre. Considera que esa educación gratis forma parte de “los derechos” de sus hijos. Para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, se trata en cambio de “privilegios sostenidos con fondos públicos”, como el punto extra que se permitía a los aspirantes que tienen familia en el centro y que su Gobierno ha eliminado. Ibáñez asistió con sus hijos, sus padres y su hermana a las dos grandes manifestaciones de la concertada. Asegura que seguirá yendo todas las veces que le llamen. Para la secretaria de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, es una vía agotada.

“La primera protesta llamó la atención de todo el mundo porque somos más del diálogo que de la calle. Abrimos los telediarios y le dijimos al consejero: ‘Está usted retirando conciertos que son necesarios”, señala en su despacho, junto al estadio de Mestalla. “Pero ahora tienen que ser los tribunales quienes nos den la razón o nos la quiten”.

La veintena de centros afectados por la retirada de conciertos han iniciado ya ese camino judicial, en el que lleva años la educación segregada sostenida con fondos públicos, que el Supremo acaba de respaldar a la espera de que se pronuncie de forma definitiva el Constitucional. El Domus de Godella pidió la paralización cautelar de la medida, pero el juez lo rechazó.

Marzà asegura que, tras este recorte, la concertada no tiene motivo de zozobra para los próximos años. Los conciertos de bachillerato que quedan se mantendrán, al menos, los cuatro años que duran los convenios. “No tenemos en mente terminar con la concertada porque vemos que, de momento, presta un servicio público que es necesario”. Respecto a las aulas perdidas, son los tribunales, de nuevo, los que tienen la última palabra.

VIGILANDO LAS CUOTAS VOLUNTARIAS
En el Domus de Godella, como en otros concertados, los padres aportan dinero. Son las llamadas cuotas voluntarias, un aspecto que no siempre queda bien reflejado. Las cantidades, que no están reguladas, pueden superar los 100 euros sin que se avise a las familias de que pueden no pagar. En este centro valenciano, la cuota es de 32 euros al mes. “En la crisis hubo familias que dejaron de pagar y no pasó nada”, asegura el director del centro, Francisco Tos. La concertada justifica estas cuotas señalando que la Administración ajusta su presupuesto a la baja.

“En el decreto de admisión dejamos claro que los colegios no pueden discriminar a quienes no paguen”, explica el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà. Añade que han recibido una decena de denuncias de las familias por pagos irregulares: “La inspección está revisando con más detenimiento porque nos han llegado informaciones de muchos más”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/17/actualidad/1497713903_899393.html

La familia no elige centro. Es ella la elegida.

José Gimeno, Enrique Díez, Carmen Rodríguez, José Luis Pazos y Rodrigo J. García / Foro de Sevilla

“...solo se es libre si todos son libres y, para ello, debe haber igualdad” (Rousseau)

Y, lo más significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.

Detrás de las invocaciones a la “libertad” de elección de centro, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.

La teoría de la elección pública (TEP), extendida en los procesos de reforma educativa globales, tiene como objetivo, según sus defensores, que los centros escolares (proveedores de educación) se esfuercen en ofrecer un producto atractivo a la medida de las demandas de las familias, dentro de la gestión y en la lógica de los mecanismos de cuasi-mercado (mercado financiado públicamente), para que todas las personas puedan elegir aquel que más ventajas les pueda reportar.

La estrategia se basa en la desregulación de las zonas escolares y los criterios preferentes de elección, junto a la competencia incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y rankings, y una financiación competitiva que premiará a las escuelas que más demanda consigan. Argumentan sus promotores, que se mejora la calidad del sistema educativo, porque así los centros tratarán de diferenciarse y subordinarse a las decisiones y preferencias de las familias. Al igual que otras industrias, textiles, automovilísticas o pirotécnicas..., adaptan sus productos a los requerimientos del mercado.

Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de nuestro país al respecto es propicia para su aplicación, porque ya contamos con dos redes escolares, pública y concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos). España constituye un caso singular dentro del panorama internacional.

Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, muy mayoritariamente de confesión católica. Sin embargo, a partir de 1985 con la aprobación de la LODE, es cuando la figura del colegio concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los centros privados sin financiación pública alguna.

En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como un complemento de red pública que carecía de suficientes plazas escolares, en un momento en el que existía una creciente demanda, por el fuerte crecimiento demográfico y, posteriormente, por la ampliación de los años de escolarización obligatoria.

Aunque empezó como una situación provisional, la financiación pública de opciones educativas privadas seguirá aumentando año tras año en España.

Actualmente la situación es que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada lo que es significativo, es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia Católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.

Si en la UE la enseñanza secundaria privada (básicamente financiada con recursos públicos) es del 15,1%, en España alcanza el 31,66%1 las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores, el porcentaje supera ya el 50% (Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco). Esta tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales como la respuesta a una supuesta “mayor demanda” por parte de las familias y una pérdida de poder del Estado. Existe una profusa investigación que sostiene (incluso PISA) que la enseñanza privada no tiene más calidad que la pública. En los casos en los que se producen diferencias, se debe a las desigualdades en el capital social, económico y cultural, que son más favorables en la población de los centros concertados y, sobre todo, si no admiten alumnado de familias migrantes, minorías y de clases bajas.

La doble red de centros, aún sin estar desregulados los criterios para la elección de centro, al menos a nivel de Estado, se han convertido en garantía de desigualdad, por el fraude en la aplicación de los requisitos con que se ha llevado a cabo la selección del alumnado, en cuanto a segregación de inmigrantes, separación por sexos y distribución por clases sociales. También por la selección directa e indirecta del alumnado en los centros concertados a través del copago de actividades o tasas “voluntarias”, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección.

El modelo neoliberal parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la vida. Así, los rendimientos escolares dependen del esfuerzo, del talento del alumnado y de las familias que se preocupan especialmente de sus hijos e hijas; por eso, reclamarán derecho a tener mejores condiciones, profesorado y escuelas. El análisis de coste oportunidad, establece que el sistema educativo debe rentabilizar la inversión educativa en quienes quieren y pueden.

El capitalismo, como ideología y ética social, reclama una lógica competitiva y de mercado, que combina el individualismo y la “elección de centro” con políticas de “cierre social” que, ante la masificación de los estudios de Secundaria y superiores, garanticen que sus vástagos, sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones...) y económico (posibilidades de residencia, desplazamientos, actividades suplementarias...) accedan a grupos. Y, en algunas de homogéneos de élite y tengan más posibilidades de éxito.

Investigaciones realizadas en los últimos años muestran que las razones para elegir centro tienen que ver con el nivel socio económico de las familias, donde quienes demandan esa “preferencia de selección” buscan su “segmento social”. Además, las personas con menos recursos encontrarán dificultades para hacerlo por limitaciones financieras, geográficas y sociales. Uno elige el centro que encaja en el estatus que espera que su hijo ocupe en el futuro, dentro de sus posibilidades. Se recubre de derecho individual lo que es una selección social demandada por clases sociales altas y medias.

Con el agravante de que los centros educativos empiezan a competir por atraer a estudiantes con las mejores actitudes hacia el aprendizaje y la disciplina escolar, que son las que garantizan unas buenas condiciones para enseñar y unos buenos resultados académicos para la escuela. Y es el centro que recibe más demandas quien, en definitiva, elige a sus clientes y no al revés, porque establece una serie de criterios para “discriminar” quién accede y quién no. Por eso nos encontramos actualmente con que el 80% del alumnado con necesidades educativas o de minorías y migración están en los centros públicos.

En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte”, y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Esta preferencia de selección no puede considerarse un derecho, porque no solo no favorece una educación mejor y más equitativa para todos los niños y las niñas, sino que, más bien, provoca la redefinición y restricción de los fines de la educación, la segregación y el aumento de la estratificación social, el drenaje de recursos desde escuelas públicas ya empobrecidas hacia las escuelas privadas, con frecuencia religiosas, y la conversión de la educación en un negocio, perjudicando aún más a los grupos menos favorecidos.

La universidad pública, un bien común

Vera Sacristán.
Las universidades públicas reciben en promedio de su comunidad autónoma algo menos del 69% de sus ingresos corrientes (datos del MEC, año 2012). Este porcentaje tiene gran variabilidad: desde el 58% en Cataluña hasta más del 80% en el País Vasco, la Rioja o Canarias. Los precios y tasas que pagan los estudiantes y sus familias constituyen el 20% de los ingresos corrientes de las universidades, con una variabilidad incluso mayor: por debajo del 10% en las universidades de La Laguna, País Vasco o Cádiz, y hasta el 36% en la de Barcelona o el 37% en la Rey Juan Carlos de Madrid.

Desde el año 2009, la evolución de esas cifras puede calificarse de “histórica”. En algunas comunidades autónomas los recortes se acercan al 40% en términos reales, una vez descontada la inflación, lo que nos retrotrae a más de veinte años atrás. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.

Llama la atención que la mayor parte de países europeos sigan una política distinta o incluso opuesta a la española. Y no se trata sólo de los consabidos países nórdicos, donde los estudios universitarios son gratuitos, sino de países y regiones más próximos a nosotros, donde la matrícula es gratuita (Austria o Escocia, entre muchos otros) o requiere tan sólo el pago de una tasa fija (300€ por año en Alemania, 183€ en Francia, por ejemplo). Mientras esto ocurre en Europa, los precios públicos en España llegan a alcanzar los 2.600€ por curso de grado, y los 4.000€ por curso de máster. Además, la inmensa mayoría de países europeos ofrecen o bien becas-salario para compensar la pérdida de ingresos de los jóvenes que optan por estudiar en vez de trabajar (modelo nórdico), o bien desgravaciones fiscales y subsidios para las familias que mantienen a los hijos que estudian en la universidad (modelo centroeuropeo), algo inexistente en España.

Cabe preguntarse si lo que ocurre en nuestro país no es más que el resultado inevitable de una situación económico-financiera adversa. Sin embargo, quienes defienden estas nuevas políticas de financiación universitaria no suelen hacerlo en términos coyunturales, sino con argumentos de fondo. El principal es el de considerar que, puesto que obtener un título universitario permite acceder a trabajos y niveles de renta superiores, quien estudia en la universidad debe pagarse los estudios, pues va a obtener de ellos un beneficio personal. Y es cierto que lo va a obtener. Lo que no es tan claro es que deba pagar por ello a priori, esto es, mientras estudia. Intentaré argumentar por qué es mejor que lo haga a posteriori, mediante un sistema de impuestos progresivo, que permita que devuelva a la sociedad, incluso con creces, lo que de ella ha recibido.

También se aduce que no es justo que paguen lo mismo los ricos que los pobres. Como si no nos costara exactamente lo mismo a todos, ricos y pobres, comprar un kilo de arroz o un televisor. De nuevo, la redistribución de la riqueza conviene hacerla mediante el sistema impositivo, no en el sistema de precios.

Otro argumento frecuente es el de considerar que, puesto que a la universidad acceden mayoritariamente jóvenes de clases medias y altas, no es justo que los contribuyentes les paguen los estudios. Efectivamente, sabemos que a nuestras universidades acceden mucho más los hijos de directivos, profesionales y, en general, trabajadores de oficina, servicios y administración, mientras que los hijos de trabajadores obreros están infrarrepresentados ya que sólo son un 27% de la población universitaria mientras que sus padres conforman el 48% de la población de 40 a 60 años. Pero esto no debería inducirnos a una aceptación resignada de los hechos, sino a actuar para que la situación cambie. Un motivo que explica la baja presencia de estudiantes de origen humilde en nuestras universidades es su necesidad de trabajar y aportar ingresos a sus familias. En estas condiciones, el aumento del precio de la matrícula es un elemento disuasorio añadido.

Por último hay quien piensa que la respuesta a todas estas cuestiones está en mantener precios elevados como los actuales y ofrecer becas o créditos a quienes no puedan permitirse pagarlos. Las becas o, peor aún, los créditos, no resuelven el problema. Aparte de la escasez de sus importes y número, las becas generan incertidumbre ya que un estudiante no sabe a priori si la obtendrá. De los créditos, para qué hablar, en un país en el que las hipotecas son causa de problemas tan graves. ¿En qué condiciones entraría en el mercado de trabajo un recién titulado obligado a devolver un crédito por los estudios cursados? ¿Cómo afrontaría el inicio de una vida personal y familiar independiente? Conocemos demasiado bien las dificultades generadas por el sistema de créditos al estudio en los países que los han implantado, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido: endeudamiento no sostenible, disminución drástica de la movilidad estudiantil, retracción de la demanda universitaria por parte de sectores específicos (mujeres y adultos), burbuja crediticia y, finalmente, abandono de los estudios al producirse la crisis financiera y reducirse la concesión de créditos y las expectativas laborales.

Debemos, en cambio, preguntarnos por qué los países de nuestro entorno están optando por una política tan distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Y la igualdad no es sólo una cuestión de justicia social sino también de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios, y que el país no desperdicie su talento por causas económicas. En otras palabras, frente al beneficio personal que se extrae del estudio, la mayoría de países valoran el beneficio colectivo que obtiene el conjunto de la sociedad. Un beneficio cultural, científico, técnico y profesional que ayuda al bienestar y al progreso del país. Un beneficio económico gracias a quienes, tras haber pasado por la universidad, desarrollan actividades útiles y rentables para empresas e instituciones, tanto privadas como públicas. Y, finalmente, un retorno de la inversión pública a través de los impuestos.

No es posible tratar de financiación universitaria sin mencionar la investigación, puesto que en nuestro país las universidades públicas son su agente principal. La disminución de la financiación de la investigación en España ha sido drástica en estos últimos años (superior al 40%) y nos aleja todavía más de los objetivos declarados en solemnes reuniones de ministros de la UE. Se está hipotecando el futuro de la investigación española y con ello las posibilidades de un cambio de modelo económico del país. Para que la investigación revierta positivamente en la sociedad, se suele argumentar que lo mejor es que sean las empresas las que la orienten y las que la financien. ¿Es eso lo que más conviene a la ciudadanía? Que las empresas (y otras instituciones, no necesariamente con ánimo de lucro) financien parte de la investigación puede ser positivo, pero es imprescindible que la administración pública lo haga en una proporción suficiente. Suficiente para garantizar el avance de la investigación básica, sin la cual no hay investigación aplicada posible. Suficiente para garantizar la independencia y la objetividad de la investigación. Suficiente también para asegurar que se obtengan avances científicos que ayuden a resolver los problemas de la población, con independencia de su rentabilidad económica inmediata.

En conclusión, la actividad docente e investigadora de las universidades públicas beneficia al conjunto de la sociedad. Es un bien común y, por ello, corresponde al poder público garantizar su financiación.
Fuente: SinPermiso.
Vera Sacristán es profesora de matemáticas en la la Universitat Politècnica de Catalunya. Colabora regularmente con SinPermiso en temas de política universitaria.

“Vamos hacia la privatización del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires”. Entrevista a Jorge Adaro, secretario general de Ademys

La semana que pasó se aprobó en la Legislatura porteña el proyecto que crea un ente descentralizado para evaluación docente. Por 38 votos a favor del PRO, UNEN y Confianza Pública, y 21 en contra, la propuesta del ejecutivo se convirtió en ley, luego de alrededor de un año de su ingreso al cuerpo legislativo. La Unidad depende del Ministerio de Educación. Para conocer una opinión de docentes de la Ciudad, el Programa La Revancha entrevistó a Jorge Adaro, secretario general de Ademys.

Frente a la nueva ley, Adaro sostiene que el planteo del ministerio busca imponer un concepto de competencia que desconoce las realidades particulares. “Parecería ser que el proceso educativo es algo aislado que no está atravesado por las relaciones sociales, que no está atravesado por conflictos y que está todo dispuesto como para poder hacer una comparación con los mejores” señaló Adaro, sobre la concepción de educación del macrismo.

Además, agregó que trae “la competencia entre escuelas a través de evaluaciones y esa lógica de competencia se traduce en premios y castigos”. De forma rotunda afirmó que “no vemos absolutamente nada positivo en la creación de este instituto. Un instituto descentralizado que, en principio se aleja de la responsabilidad central que debe tener el Estado y el Ministerio de Educación en regular las políticas, inclusive la de evaluación. Un ente descentralizado que en un primer momento tenía un planteo claro de poder absorber dineros externos fuera del presupuesto educativo. Esto generó muchos ruidos pero finalmente se deja la puerta abierta a poder recibir donaciones”.

Originalmente el proyecto que ingresó el PRO autorizaba a la nueva unidad a recibir financiamiento externo. Luego de idas y vueltas con el UNEN, a cambio de sus votos, se eliminó esa posibilidad pero se dejó la puerta abierta para que sea receptor de donaciones. “Los aportes que pueda haber seguramente serán de empresas, por ejemplo, que tienen algún interés en su intervención y que finalmente con las donaciones van a poner un poco las pautas de cómo evaluar, qué y para qué evaluar. Es decir que el Estado pierde la centralidad y el control de gran parte de los resultados y del sistema educativo en general. Es algo muy grave, es una acción que va en consonancia con una política colonialista en el plano educativo. Esto no es un invento, no es producto de la creatividad del gobierno. Sino que son imposiciones que vienen de los organismos internacionales”.

Esta modalidad se aplica en EE. UU pero va en camino a dejar de emplearse. Le consultamos el por qué y Adaro anifestó: “EE.UU es un caso muy interesante porque esto empezó a ser aplicado en la época de Bush y diez años después la Ministra de Educación de ese momento hace un pedido de disculpas públicamente a la población norteamericana por los efectos que había tenido esta política”. Adaro indica que uno de los efectos advertidos “es la fragmentación absoluta del sistema educativo y por supuesto con graves consecuencias para los sectores más postergados de la sociedad”. En el caso de Argentina recuerda que “nosotros ya tenemos un sistema educativo absolutamente fragmentado y esto va a profundizarlo”.

Sobre cómo se hará la evaluación de la calidad educativa, Adaro explica por qué este sistema no es conveniente y cómo distorsiona la diversidad de escenarios. La metodología implica “una evaluación externa, censal, tipo múltiple choice que se aplica para que la hagan niños de cualquier escuela de la ciudad sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la actividad educativa, como si no hubiera elementos que influyen en ese contexto”...
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14083&Itemid=99999999

Los centros públicos pierden más de 24.000 profesores en dos años

La caída del 4,75% en las plantillas afecta sobre todo a los docentes fijos
En enero de 2012 había 510.579 docentes, que han quedado en 486.331 en 2014
más aquí.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/02/actualidad/1404327607_918795.html

Éxitos falsos. Tras dos años de recortes, las supuestas victorias se han conseguido a costa de los más vulnerables

Si recordamos qué ha pasado en la sanidad española en los últimos años, lo primero que nos viene a la mente es que hemos ido a peor. La verdad es que es fácil poner encima de la mesa los temas que ha puesto en marcha el actual Gobierno, algunos con “éxito”, dada la gran preocupación generada.

Según el informe de la OCDE sobre evolución del gasto en salud en los países miembros publicado en febrero de 2014, los recortes sanitarios en España se han producido en los productos farmacéuticos, en la prevención y en salud pública y en los costes de los servicios de salud a través de la disminución de los salarios y puestos de trabajo.

Aunque tenemos ya la sanidad pública más barata de nuestro entorno —eso sí, con un nivel de prestaciones y accesibilidad que ha sido hasta ahora el referente para muchos de los países europeos y americanos— parece que el camino trazado para ella es el de lanzarla cuesta abajo. Somos uno de los países que, según  el último análisis del Gasto General de los Gobiernos  recogido en el informe Eurostat —la oficina estadística europea—, ha destinado a gastar en salud, protección social (incluido el desempleo), educación o vivienda un porcentaje menor que la media europea. Sin embargo, el gobierno español presupuesta por encima de esa media en Orden Público y Seguridad o para Asuntos Económicos (un 7,7% del PIB frente al 4,1% general). Es decir, es la voluntad política de quien gobierna la que decide cuáles son las prioridades y cómo se gestionan. Como plantea Martin Mckee, experto en salud pública y colaborador de la OMS, “no se debería hacer recortes en temas esenciales”. “La austeridad es una decisión política, no una necesidad”, concluye.

Pero la realidad es que se nos han presentado como “éxitos” los recortes en derechos y oportunidades en salud, así como ciertas iniciativas para romper el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Ministerio de Sanidad ha conseguido crear un sistema menos equitativo y más insolidario, alejándonos más de ese principio de Universalidad del que tan orgulloso se sentía este país. El Gobierno español ha recortado, a través de la aplicación del Real Decreto 16/2012, el derecho a la atención sanitaria pública a los emigrantes (denunciado, entre otros, por el informe Médicos del Mundo o, a título personal, por el cardiólogo salmantino Máximo Diego), a españoles en paro en el extranjero y a españoles que contribuyen con sus impuestos. Situación general que el Consejo de Europa critica duramente a través de  un informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, y del informe de Desigualdades en Salud de los países de la UE   realizado por Michael Marmot. Los recortes presupuestarios, se dice en esos informes, “han repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios”, mientras sus responsables llaman la atención sobre “un deshacer lo andado hasta ahora en la sanidad española”. Bajo el argumento de los altos costes que genera el “turismo sanitario”, se esconde la exclusión mayoritaria de la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados, replica la ministra Ana Mato al primero de los citados informes. Y lo hace recurriendo a algo tan extraño como lo de ser “equitativos y solidarios”,  cuando los hechos son tan diferentes. Porque una cosa es el turismo sanitario y otra bien distinta son los inmigrantes sin papeles.

Junto a lo anterior, la intención del Gobierno de disminuir los gastos “insostenibles” del SNS mediante la aplicación de distintos copagos, puede que sí haya tenido algún éxito, pero ha sido a costa de sablear a los jubilados y a los que menos tienen, sobre todo.

Del total de los 5.500 millones de euros que pregona el Ministerio haber conseguido ahorrar hasta ahora, cerca de un 37% se debe a la reducción del gasto en farmacia. Gracias a la estrategia positiva del SNS se ha logrado reducir la prescripción de medicamentos por los profesionales en un 14.7% interanual; y, como ya queda dicho, otro buen pellizco de ese ahorro se ha conseguido gracias al dinero pagado por los pensionistas y ciudadanos de menores ingresos, aumentando con ello el gasto privado de la Sanidad y la menor contribución pública.

Mas no se crea que estas medidas de ahorro se han realizado de acuerdo a criterios de necesidad del paciente, económica o sanitaria, o para reducir el gasto público de verdad, no.

... Sin duda el SNS tiene aspectos que mejorar. En algunas comunidades autónomas en las que no gobierna el PP estas mejoras están siendo evidentes, o al menos se están paliando los estragos de la crisis. En todo caso, lo que ha de estar claro es que las limitaciones presupuestarias marcadas por Madrid no justifican determinadas políticas. Por supuesto que con los recursos disponibles se puede avanzar; todo depende hacia dónde se canalice el dinero. Se puede avanzar, por ejemplo, en mejorar la organización sanitaria y la gestión de los servicios o incorporando las mejores prácticas clínicas. Se puede avanzar en trasparencia y en hacer más eficiente el sistema. Y todo esto lo saben de sobra los profesionales del sector y los ciudadanos que participan en su sistema sanitario...
Joaquín Carmona Díaz-Velarde es médico y exdirector General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: El País.

Entrevista a Diane Ravitch, después de publicar su nuevo libro, EL IMPERIO DEL ERROR.

Diane Ravitch, exasesora del Secretario de Educación en el gobierno de George Bush Jr., pasó varios años abogando por la reforma del sistema educativo estadounidense. Apoyó la ley No Child Left Behind Act (Que ningún niño se quede atrás), el movimiento de escuelas "charter" y las pruebas estandarizadas. Después, y basándose en las evidencias de los datos que se venían obteniendo de las evaluaciones, cambió de opinión y denunció lo que ella llamó la destrucción de la escuela pública americana.

Su nuevo libro, El imperio del error [1]; critica la idea de la sustitución de las escuelas públicas por las instituciones con fines de lucro. Ella le dice a la NPR de Steve Inskeep: "Cuando la gente paga impuestos para las escuelas, no piensan que están pagando a los inversores. Ellos piensan que están pagando para tener clases más pequeñas y mejores maestros."

Por qué no está de acuerdo con el movimiento de escuelas chárter [2]
Lo que pasa con las "escuelas charter" es que originalmente se suponía que debían crearse para colaborar con las escuelas públicas y ayudar a resolver los problemas comunes. Debido a que han sido asumidas por la idea de la competencia, se han convertido en parte del movimiento para convertir la educación en un producto de consumo en lugar de ser uno social y con una responsabilidad pública. ...

Lo que quiero decir es que usted va a comprar una escuela (Que unos particulares convierten en negocio). Yo no creo en la libre elección de escuela. Creo que cada barrio debe tener una buena escuela pública. Y si los padres no quieren la buena escuela pública local y quieren enviar a sus hijos a una escuela privada, pueden hacerlo, pero deberán pagar por ello.

En cuanto a si algunas escuelas "charter" individuales están trabajando bien.
Algunas escuelas "charter" son excepcionales, algunas escuelas autónomas están haciendo un gran trabajo. Muchas escuelas "charter" lo hacen peor que la escuela pública local. Muchas escuelas "charter" están a cargo de personas que no tienen las cualificaciones necesarias para ser educadores, y algunas escuelas "charter" están dirigidas por empresarios con fines de lucro que están haciendo un montón de dinero. (Con excepciones, las escuelas "charter" para Diane forman parte de lo que ella descubrió y ha denunciado como la política de destrucción de la Escuela Pública Americana, y tratado ampliamente en otro de sus libros). ("Como muchos otros en esa época, me sentí atraída por la idea de que el mercado podría desatar la innovación y lograr una mayor eficiencia en la educación. Estaba sin duda influida por la ideología de otros funcionarios de alto nivel en la primera administración Bush, que eran fuertes partidarios de la elección de la escuela y de la competencia entre ellas. Pero de igual manera y de forma importante, creo, empecé a pensar como un político, sobre todo un político federal. eso significa, en palabras de un libro de James C. Scott que luego he leído y admirado, que comencé a "ver como un estado", buscando en las escuelas y los profesores y los estudiantes desde una altitud de 20.000 pies y viéndolos como objetos que se mueven alrededor de las grandes ideas y grandes planes".  Página 10)[3]

Por qué algunas escuelas públicas tienen bajo (desempeño) rendimiento, y cómo responder ante ello.
Algunas son malas, pero la razón por la que las llamamos así es porque están sirviendo a un número desproporcionado de niños con discapacidad y dificultades, ya que las escuelas "charter" no los quieren. Tienen un número desproporcionado de niños que no leen o no hablan Inglés porque son niños nacidos en el extranjero, y las escuelas "charter" no quieren que esos niños sean alumnos suyos. Por lo tanto, estamos sobrecargando a las escuelas públicas con niños de bajo rendimiento y luego las llamamos escuelas deficientes. Y eso está mal.

¿Hay escuelas malas? 
Sí, hay malas escuelas, entonces a las personas que deberían despedir, son a los superintendentes, los administradores, etc., es decir, a las personas que ejecutan, que toman las decisiones y dirigen y gestionan el sistema. Su trabajo es identificar las escuelas que son realmente malas y mejorarlas, dar a esas escuelas las oportunidades de cambiar mediante las clases de pequeño tamaño que necesitan, los consejeros que necesitan, los recursos adicionales que necesitan, para que puedan atender mejor al alumnado.

El papel de las nuevas tecnologías en el aula
No tengo ningún problema con que los profesores tengan buenas herramientas. Mi problema es que yo sé que ahora hay empresarios y gente en los centros de investigación que están discutiendo bastante públicamente que estas herramientas deben reemplazar a los maestros, y que si usted compra bastantes de estas herramientas, no sólo va a enriquecer a la sociedad, sino que hará posible que el distrito escolar ahorre dinero al tener a un centenar de niños en una tableta con un solo maestro, y eso es un gran ahorro para el distrito. Creo que eso no es educación. ... Las mejores escuelas del país, no están sustituyendo a los profesores por ordenadores.

Sobre si la pobreza es la causa subyacente de los problemas con la educación en Estados Unidos
Déjame que te diga lo que pienso, lo que todos necesitan saber: la educación pública estadounidense es un gran éxito. Los resultados de los exámenes nunca han sido mejores de lo que lo son hoy en día para los niños blancos, niños negros, los niños hispanos y los niños asiáticos. Las tasas de graduación de la escuela secundaria nunca han sido mayores de lo que son hoy en día para todos los grupos. Nuestras escuelas no están fallando, sino que tienen un gran éxito.

Donde hay puntajes bajos, donde hay tasas de abandono más altas que la media nacional, es donde se concentra la pobreza. Ahora, no podemos, obviamente, limpiar la pobreza durante la noche, para que no aparezca de día, pero hay muchas cosas que podemos hacer para que la escuela sea un igualador más fuerte de lo que es hoy. Una de ellas sería haber reducido el tamaño de las clases en las escuelas que atienden a los niños más pobres. Otra sería la de tener pre-escolar universal. Debemos tener un programa de artes fuerte en cada una de estas escuelas, sería otra cosa por hacer, porque los niños tienen que tener una razón para venir a la escuela que no sea sólo la de venir para aprobar.

Acabo de estar en Pittsburgh y Filadelfia. Las escuelas carecen de recursos suficientes. Las escuelas de Filadelfia están cerrando todas las bibliotecas, que han despedido a los consejeros. Quiero decir, todas las cosas que los niños necesitan para ayudarles a tener éxito las están quitando. Los niños que estamos tratando de ayudar, que son los que necesitan más, son los que están recibiendo menos. Y así, evidentemente, no se van a conseguir más éxitos.
[1] The Reign of Error.
[2] Escuelas organizadas y dirigidas por la iniciativa privada que vienen a sustituir a las Escuelas Publicas que ha obtenido mala puntuación en las pruebas de diagnóstico y evaluación del gobierno. Los profesores son despedidos y en el nuevo centro "charter" ingresan de nuevo los que son seleccionados por los nuevos dueños de la escuela, pero con peores condiciones de trabajo y, en la mayoría de los casos, no admiten a los afiliados a sindicatos, con el pretexto de que, como empresa privada que son ahora, son libres para contratar a los que quieran y con las condiciones que quieran. De ahí que estos procedimientos de privatización supongan también la destrucción de los sindicatos de profesores. Los sindicatos, con todos sus defectos, si se quiere son muchos, (tantos como tenemos nosotros los que los construimos, mantenemos y defendemos con nuestra participación, luchas y cuotas), han sido un factor fundamental de mejora de las condiciones de trabajo, de lucha por esa mejora, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo, de defensa en una sociedad con lucha de clases y en "teoría" estaba dirigida a conseguir el bien común y que con frecuencia han olvidado ese bien común, resultado del "contrato social" que debería ser toda democracia.
En esta nueva sociedad neoliberal el rey es el mercado, el negocio, la ganancia, el dinero, no el bien común, el hombre tiene valor en cuanto tiene valor comercial, de producción y consumo económico de intercambio en el mercado. Por eso las escuelas serán transformadas en centros privados que utilizarán, de una parte, los ahora llamados "emprendedores" como una fuente de negocio más y de otra por aquellos que tengan el dinero para comprar ese bien, esa educación. Los sindicatos no tienen cabida en este mundo de ganancias, de competición sin humanismo, ni solidaridad, ni fraternidad. Esos son valores "caducos" en esta nueva sociedad de la globalización neoliberal que nos lleva a toda velocidad hacia el Antiguo Régimen de servidumbre, de señores, siervos y esclavos.
[3] "Las pruebas deben seguir el plan de estudios. Deben basarse en el plan de estudios. No deben sustituir o preceder al currículo. Los estudiantes necesitan una base coherente de conocimientos y habilidades que se hace más fuerte cada año. Los conocimientos y habilidades son importantes, ya que están aprendiendo a pensar, debatir y cuestionar. Una persona bien educada tiene una mente bien amueblada, con forma de leer y pensar sobre la historia, la ciencia, la literatura, las artes y la política. La persona bien educada ha aprendido a explicar las ideas y escuchar con respeto a los demás". Página 16, del citado libro.

Sanidad aumentó el presupuesto para los conciertos con clínicas privadas un 55%. Las cuentas se desviaron al alza 345 millones de euros durante el año 2012

El presupuesto del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el ente del que dependen todos los hospitales y centros de salud de la región, aumentó en 2012 la partida destinada a conciertos con clínicas privadas —“asistencia con medios ajenos”— en un 55%. Mientras el presupuesto inicial dedicado a atender los pagos por las operaciones y las estancias que se derivan a la privada fue de 627,7 millones de euros, diferentes modificaciones de crédito durante el año llevaron a un presupuesto final de 972,8 millones de euros. Es decir, que las cuentas del Sermas se desviaron al alza sobre lo previsto 345,2 millones, según recoge la memoria de 2012 del ente, aún no publicada pero repartida a los miembros del consejo de administración hace unas semanas.

Este incremento del 55% es, con diferencia, el mayor de los últimos años. La Consejería de Sanidad asegura que parte de ese aumento se explica por la entrada en funcionamiento del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, de gestión privada, inaugurado en marzo de 2012. El centro estaba presupuestado en la Consejería de Sanidad durante su construcción, pero al abrir se pasó al Sermas mediante una modificación presupuestaria, explicó un portavoz de Sanidad. El hospital de Móstoles aparecía en los presupuestos iniciales de la Consejería de Sanidad, con 71,4 millones, en programa 703 Infraestructuras y equipamientos sanitarios. La diferencia entre los 345,2 millones de incremento total y los 71,4 millones de este centro se explica, añade Sanidad, por el plan de pago a proveedores puesto en marcha el año pasado, que permitió abonar facturas pendientes de ejercicios anteriores.

Acceder al detalle de la ejecución presupuestaria del Sermas es tarea imposible. Las cuentas del ente no se fiscalizan en el parlamento regional, algo que ha motivado críticas y plantones de los diputados de la oposición durante años. Cuatro de cada diez euros del presupuesto regional eluden el control parlamentario, puesto que el Gobierno regional no entrega a la cámara la liquidación anual (solo se envía a la intervención general y a la Cámara de Cuentas, y no es de consulta pública). El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y también el presidente, Ignacio González, prometieron hace unos meses que a partir de ahora —previsiblemente con las cuentas de 2013— la Asamblea sí recibirá la liquidación del presupuesto del Sermas.

El pago de la abultada deuda que acumulaba la sanidad madrileña distorsionó las cuentas en 2012. El presupuesto inicial del Sermas era de 6.882,8 millones, a los que durante el año se añadieron 2.582,7 millones en modificaciones, es decir, un 37,5% de incremento. El pago de la deuda supuso 1.733 millones de euros.

“Parte de los problemas económicos que padece el Sistema Nacional de Salud se deben a la mala gestión realizada durante años. Una mala gestión amparada en la opacidad y en asignar, con crisis económica o sin ella, partidas de gasto significativamente inferiores a las reales”, afirma el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand. "Es posible que el dato de los conciertos este afectado por el plan de pago a proveedores del 2012, pero como no conocemos qué gastos se han asignado a dicha partida en cada año, la impresión es que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiende a ocultar el gasto destinado a estos conciertos y el año pasado afloró lo gastado en ejercicios anteriores", añade.
Fuente: El País.

Libros que ayudan a construir la conciencia de clase. Belén Gopegui

Intervención de la autora durante la presentación del libro: “Crisis capitalista y privatización de la sanidad”, de Ángeles Maestro, Editorial Cisma.

Lees un artículo aquí y otro allá, en la red, te ayudan a pensar, pero un día una editorial los recopila, los ordena, los fecha, los anota, y entonces los lees seguidos y aprendes más, aprendes a no olvidar. Agradezco por eso a la editorial Cisma la labor que ha hecho con la publicación de este libro. Agradezco también a la librería Traficantes de sueños la construcción y el mantenimiento del espacio común en donde estamos.

No se adquiere ni se logra por decreto, sino a partir de experiencias históricas, tradiciones y luchas políticas.

Nunca está dada.
Jamás preexiste.
Se va construyendo a partir de los conflictos.
La mayoría de las veces se genera a saltos.

Cuando se logra, la clase trabajadora puede pasar de la necesidad económica a la voluntad política. La conciencia de clase es parte beligerante en la lucha de clases. Empezar a construirla es comenzar a ganar la lucha.

Parece un poema de Brecht, aunque en realidad es parte de la definición de conciencia de clase que da Néstor Kohan en su libro: “Aproximaciones al marxismo: una introducción posible”.

La traigo aquí porque si bien los libros se leen habitualmente a solas, en silencio, sin siquiera mover los labios, algunos nos ayudan a construir la conciencia de clase. Cuando comienza el conflicto, sus palabras van contigo como aquello que te pasó un día, como lo que te contaron, como lo que necesitas y te impulsa y acompaña.

Crisis capitalista y privatización de la sanidad, de Ángeles Maestro es uno de esos libros. Deja, para empezar, constancia de procesos, fechas, leyes que a veces se emborronan en la memoria y que al ser claramente expuestos una y otra vez te impiden confundirte, pensar que tal vez escampe, que las cosas serán de otra manera sin que bajes a la calle y tomes el camino junto con otros y otras que lucharán a tu lado.

Venimos de una larga derrota y es útil recordarlo para poder pensar mejor por qué perdimos -aquí está la única leve observación que le haría al libro, que no es una objeción sino un punto de partida para conversar sobre eso, por qué perdimos, hasta qué punto una gran parte de la población trabajadora, heridas las herramientas de lucha y análisis por la opresión, la guerra fría y la ilusión de prosperidad, había sustituido el sueño del socialismo por el de la supuesta democracia europea aun antes de la muerte de Franco-. En cualquier caso, la derrota ha vuelto difícil imaginar la sociedad futura y revolucionaria. Y sin embargo, todas coincidiríamos en atribuirle un principio elemental: en esa sociedad nueva el infortunio no será fruto de la opresión. No me refiero a los conflictos y enfrentamientos. Me refiero a todas esas formas de sufrimiento evitable desglosadas con precisión por Maestro en el capítulo: "Guerra social en el cuerpo de la clase obrera". Penas, suicidios, enfermedades que no dependen del azar sino de lo que la organización económica prioriza y abandona.

A lo largo del libro Maestro da cuenta de cómo la llamada "selección de riesgos" preside la privatización de la sanidad. Procedente de las aseguradoras, este principio consiste en "orientar la aceptación de riesgos hacia aquellos que ofrecen menor peligrosidad, evitando la cobertura de los que, por poder originar frecuentes siniestros o de elevado importe, originarían un desequilibrio económico en los resultados de la empresa". Si traducimos estas palabras, la selección significa dejar de lado a quienes, ya sea por causa de los daños provocados por una sociedad torpe e injustamente organizada, ya por el verdadero azar, más ayuda necesitan. Abandonarles, dejarles caer.

El diez o quince por ciento de la población, nos recuerda Ángeles Maestro, produce el noventa por ciento del gasto de la sanidad debido a enfermedades crónicas o complejas o a la vejez, y la privatización está diseñada para permitir a las empresas librarse de ese porcentaje aumentando así los beneficios del capital. Y no sólo ese porcentaje: la prevención, las pruebas necesarias, la convalecencia, todo será reducido como si el sufrimiento y los euros fuesen unidades equivalentes.

Todavía, nos recuerda Maestro, había tanto que hacer, mejorar la salud mental, la salud dental, la prevención, alcanzar la salud a través de una la vida diaria sin angustia, sin hambre. Y en cambio nos obligan a practicar el sálvese quien pueda: cuando llegue el incendio, que ardan los últimos, jugando a que nosotros y nosotras escaparemos. Pero no escaparemos, los hospitales, la vulnerabilidad, forman parte de la vida diaria Y desde luego, aunque nunca, cosa imposible, ni nosotros ni ningún familiar o amigo nuestro se viese envuelto en una situación de desvalimiento, no permitiremos que nadie nos obligue a dejar solos y solas a quienes más lo necesitan. Nuestra sociedad nueva estará organizada para que precisamente el cuidado de quienes más riesgos tienen sea lo prioritario, un cuidado con tiempo, compañía, tazas de colores, esfuerzos compartidos, sombra de árboles; nadie estará allí solo ni sola cuidando. Y no lo haremos de este modo porque sepamos que un día podremos ocupar el lugar más débil, lo haremos porque "de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades" es el único principio que nos permite vivir en común sin vergüenza, sin opresión, sin miedo.

Esta llamada crisis, esta acometida de una clase contra otra puede ser, nos dice Maestro, un salto que genere conciencia. Porque durante demasiado tiempo creímos que las llamas no llegarían a nuestras casas, y ahora que llegan, tal vez debamos también quemar las naves de la huída y recordar aquel texto escrito en un pequeño cuadro colgado de una pared alejada del paso, en el aeropuerto de Baracoa, Cuba, que Ángeles Maestro me enseñó y que dice: "Las palabras rendición y derrota están borradas totalmente de nuestra terminología".
Enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias
Madrid, 10 de julio de 2013