La enseñanza concertada, obligada a dar un paso atrás. Varias autonomías, con la Comunidad Valenciana en cabeza, limitan las aulas privadas subvencionadas. Sus defensores llevan la medida a los tribunales.

Un enorme cuadro de Carlos III preside el despacho de la directora. Carmina Valiente, al frente del instituto público Lluís Vives desde hace nueve años, usa este lienzo para recordar algo importante: “Este lugar es público gracias a la desamortización”. Su centro se convirtió en el símbolo valenciano de las protestas en defensa de la escuela pública. En 2012, en los alrededores, hubo hasta cargas policiales contra los alumnos que clamaban contra los recortes que dejaron este instituto con 13 profesores menos de una plantilla de más de 90. En los años duros de la crisis, entre 2009 y 2015, el gasto público en España se desplomó un 12%, mientras que la partida para conciertos subió a su cifra récord. Pero las tornas han cambiado.

Ahora, quienes protestan junto a los muros del Lluís Vives piden que la educación concertada (privada sostenida con fondos públicos y mayoritariamente religiosa) no se toque. De ahí el juego con la desamortización y el monarca. Las caras de las manifestaciones han cambiado en un debate profundamente politizado, a pesar de que los centros afectados reclaman que los partidos se queden al margen.

Los Gobiernos de izquierdas que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden la educación pública con una red concertada subsidiaria, que llegue a donde la otra, más costosa, no puede alcanzar. El centro derecha se ha situado a la cabeza de las manifestaciones reclamando la “libertad de elección” de las familias de la concertada, que ven como un modelo complementario de pleno derecho.

En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y Compromís gobernando en coalición tras 20 años de Ejecutivos del PP, el giro ha sido muy sonado. Su promesa electoral fue “reducir progresivamente los conciertos”. Y en eso están. El Gobierno valenciano ha ordenado retirar para el curso que viene el concierto en 27 aulas de bachillerato —el 6,2% de las 437 existentes—. Es una etapa educativa no obligatoria que conciertan de forma generalizada esta comunidad, Baleares, Navarra y País Vasco y de manera puntual otras ocho regiones, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Enseñanza (Aesece). El Gobierno calcula un ahorro con la retirada de conciertos de 2,5 millones de euros que se destinará a alumnos con necesidades educativas especiales —los que van más rezagados o tienen más dificultades— tanto en la red pública como en la concertada. Pero ha encontrado una respuesta inesperada en las calles.

El año pasado, cuando anunciaron los primeros cierres que no se materializaron, salieron a manifestarse más de 40.000 personas. Este curso, la protesta multitudinaria se repitió con el anuncio del recorte en bachillerato. Sujetando las pancartas, dirigentes del PP y de Ciudadanos. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, viajó incluso a Madrid a mediados de mayo para pedir amparo al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ante la “angustia y la incertidumbre” de las familias de la concertada.

El apoyo explícito del PP, sin embargo, no se ve como una ventaja desde una parte de la concertada. “En la concentración de 2016 estaba la cúpula del PP, hasta el eurodiputado Esteban González Pons. Parecía un acto de partido aunque en realidad era a favor de la libertad y la educación”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de la patronal Escuelas Católicas en Valencia.

“Me gustaría que no se vinculara a ningún partido el tema educativo. Yo no me caso ni con unos ni con otros”, reflexiona en su soleado despacho Francisco Tos, director del centro concertado Domus, con 900 alumnos desde infantil a bachillerato. En el centro, decorado con coloridos murales de los estudiantes, se imparten clases en el patio y se explora en la innovación educativa. Está en Godella, un próspero municipio del área metropolitana, conectado por metro con el centro de Valencia. Aquí priman las urbanizaciones y las escuelas, sobre todo de un tipo. Hay cinco centros concertados frente a dos públicos, estos últimos solo de primaria. El instituto público más cercano está en el siguiente pueblo, Burjassot.

El Domus tiene ideario católico y es uno de los afectados por el decreto valenciano. El curso que viene, perderán el concierto de sus dos aulas de 1º de Bachillerato. Tos explica que esa retirada supondrá que cada alumno tenga que pagar unos 370 euros al mes frente a los 27,5 actuales. “Las únicas familias que no van a poder elegir son las que no tienen recursos económicos. No podrán pagar y se irán”, lamenta.

Mola Ibáñez, que trabaja de contable como su marido, está en esa situación. “Somos trabajadores muy normales”, explica la mujer. Su hijo pequeño, de 16 años, cambiará en septiembre de centro —han pedido plaza en otro concertado de Godella— tras cursar sus estudios desde infantil en el Domus, igual que su otro hijo y, antes, la propia Ibáñez y su hermana. “Estoy orgullosa de la disciplina, de los valores y de la forma de enseñar de este colegio, incluida la religión”, señala esta madre. Considera que esa educación gratis forma parte de “los derechos” de sus hijos. Para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, se trata en cambio de “privilegios sostenidos con fondos públicos”, como el punto extra que se permitía a los aspirantes que tienen familia en el centro y que su Gobierno ha eliminado. Ibáñez asistió con sus hijos, sus padres y su hermana a las dos grandes manifestaciones de la concertada. Asegura que seguirá yendo todas las veces que le llamen. Para la secretaria de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, es una vía agotada.

“La primera protesta llamó la atención de todo el mundo porque somos más del diálogo que de la calle. Abrimos los telediarios y le dijimos al consejero: ‘Está usted retirando conciertos que son necesarios”, señala en su despacho, junto al estadio de Mestalla. “Pero ahora tienen que ser los tribunales quienes nos den la razón o nos la quiten”.

La veintena de centros afectados por la retirada de conciertos han iniciado ya ese camino judicial, en el que lleva años la educación segregada sostenida con fondos públicos, que el Supremo acaba de respaldar a la espera de que se pronuncie de forma definitiva el Constitucional. El Domus de Godella pidió la paralización cautelar de la medida, pero el juez lo rechazó.

Marzà asegura que, tras este recorte, la concertada no tiene motivo de zozobra para los próximos años. Los conciertos de bachillerato que quedan se mantendrán, al menos, los cuatro años que duran los convenios. “No tenemos en mente terminar con la concertada porque vemos que, de momento, presta un servicio público que es necesario”. Respecto a las aulas perdidas, son los tribunales, de nuevo, los que tienen la última palabra.

VIGILANDO LAS CUOTAS VOLUNTARIAS
En el Domus de Godella, como en otros concertados, los padres aportan dinero. Son las llamadas cuotas voluntarias, un aspecto que no siempre queda bien reflejado. Las cantidades, que no están reguladas, pueden superar los 100 euros sin que se avise a las familias de que pueden no pagar. En este centro valenciano, la cuota es de 32 euros al mes. “En la crisis hubo familias que dejaron de pagar y no pasó nada”, asegura el director del centro, Francisco Tos. La concertada justifica estas cuotas señalando que la Administración ajusta su presupuesto a la baja.

“En el decreto de admisión dejamos claro que los colegios no pueden discriminar a quienes no paguen”, explica el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà. Añade que han recibido una decena de denuncias de las familias por pagos irregulares: “La inspección está revisando con más detenimiento porque nos han llegado informaciones de muchos más”.

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