_- La Documenta, campo de batalla de la Guerra Fría

_- Una exposición en Berlín recorre la historia de la gran cita del arte contemporáneo, examina su agenda política, favorable a los intereses de Estados Unidos, y revela los vínculos de sus impulsores con el nazismo.


'Number 32', de Jackson Pollock, expuesto en la Documenta de 1959, que celebró el arte abstracto estadounidense frente a las escuelas figurativas del bloque comunista.KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN / WALTER KLEIN / POLLOCK-KRASNER FOUNDATION

La Documenta, la gran exposición de arte contemporáneo que se celebra cada cinco años en Kassel (Alemania), no nació como una celebración neutral o acrítica de la pintura más vanguardista, sino como una plataforma guiada por objetivos políticos en la posguerra europea más temprana. Es la provocadora hipótesis planteada por una nueva exposición en el Museo Histórico Alemán de Berlín, donde podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2022, que demuestra que la cita más prestigiosa del arte actual —con el permiso de la Bienal de Venecia— fue creada con el concurso económico de instituciones que la usaron como poder blando para alcanzar objetivos geopolíticos en lo más crudo de la Guerra Fría. “Uno no puede hacer cultura con la política, pero tal vez pueda hacer política con la cultura”, dijo en su día el presidente alemán Theodor Heuss, cuyo Gobierno aceptó subvencionar la primera edición de la Documenta, en 1955, “en reconocimiento del posible impacto del proyecto en la zona de ocupación soviética”, según un documento recogido en la muestra.

Desde su comienzo, la Documenta fue algo más que una exposición artística. Se convirtió en el escaparate internacional donde la República Federal de Alemania (RFA) guiñó el ojo a sus aliados occidentales y el campo de batalla de una guerra cultural que tuvo lugar en distintos frentes. Por una parte, sus impulsores se esforzaron en distanciarse de la intransigencia de los nazis respecto al arte moderno, que no dudaron en tildar de “degenerado”. Por la otra, esta cita contribuyó a forjar un nuevo canon que encumbró a la abstracción como lenguaje universal y, en cambio, menospreció el realismo socialista —el estilo oficial en el bloque oriental, con sus representaciones idealizadas de la clase obrera— como una obsoleta reliquia figurativa. Pese a su apariencia inocua, la Documenta transmitió subtextos ideológicos que arraigaron en el inconsciente colectivo e intervino en la larga digestión de los traumas del Holocausto y la evolución de la memoria histórica en Alemania.

“La Documenta debe su auge y su estatus a su dimensión política. Sin tener en cuenta esta combinación de política y arte no es posible entender la enorme importancia que alcanzó”, señala el presidente del museo berlinés, Raphael Gross, en el catálogo de la muestra, que aspira a corregir la noción de que la Documenta marcó “un nuevo comienzo estético radical” tras los días del nazismo. “En realidad, hubo líneas ininterrumpidas que procedían del nacionalsocialismo. Las obras de artistas judíos asesinados no encontraron un lugar en las primeras ediciones”, recuerda Gross, al frente de un equipo de cinco comisarios que llevan años investigando en el asunto. La Documenta aspiraba a volver a inscribirse en los tiempos dorados de Weimar y la Bauhaus, a la que los folletos tricolores de las ediciones de 1955 y 1959, en tonos primarios de rojo, azul y amarillo, parecen referirse sin rubor. Aun así, ningún artista asesinado durante la guerra fue expuesto en esos comienzos. Peor aún: la mitad de los 21 miembros del consejo directivo de su primera edición había militado en el Partido Nacionalsocialista, en las SS o en la Sturmabteilung, la milicia creada por los nazis en los años veinte.

Entre ellos estaba el cofundador de esta cita artística, Werner Haftmann, un influyente historiador del arte y autor de un volumen de referencia sobre la historia de la pintura en el siglo XX, en el que afirmaba sin inmutarse que “ningún pintor moderno fue judío”. Responsable de las tres primeras ediciones de la Documenta junto al artista y profesor Arnold Bode, Haftmann había luchado contra los partisanos en Italia y figurado en las listas de criminales de guerra en ese país. En Alemania, en cambio, logró camuflar ese pasado y ocupó cargos de gran responsabilidad en el mundo del arte, llegando a dirigir la Neue Nationalgalerie de Berlín a finales de los sesenta. Otro documento expuesto en la muestra de Berlín revela que, en la edición inaugural de 1955, se planteó exponer a dos artistas judíos que murieron a manos de los nazis: Otto Freundlich, asesinado a su llegada al campo de Majdanek, y Rudolf Levy, con el que Haftmann se había cruzado en Florencia durante la guerra, antes de que fuera ejecutado de camino a Auschwitz.

Terminó renunciando a sus planes, aunque sí incluyó a un judío bielorruso como Chagall, que también había sido tratado de degenerado por el nacionalsocialismo. “La primera Documenta no quiso arriesgarse a exponer a su clientela de clase media a los artistas antiburgueses de las vanguardias de antes de la guerra, a quienes los nazis habían tildado de bolcheviques culturales”, recuerda la historiadora Julia Friedrich, conservadora del Museo Ludwig de Colonia, en el catálogo. Aun así, el católico Max Ernst, que había sido detenido por la Gestapo en Francia antes de huir a Estados Unidos en 1941, fue uno de los dos artistas que daban la bienvenida al visitante al llegar al recinto. El otro era un nombre algo más embarazoso: el pintor Emil Nolde, cuya obra expresionista había sido rechazada por los nazis pese a su apoyo explícito al partido, aunque Haftmann no dudase en erigirlo como un “antifascista nato”. Su revisionismo resultó exitoso: uno de sus cuadros acabó colgando en la Cancillería de Bonn, pese a que Nolde hubiese participado en una cena con Hitler en 1933, tras la que escribió una carta a un amigo en la que dijo que el Führer le parecía “grande y noble en sus aspiraciones”.

El lugar escogido tampoco era casual. Kassel, la pequeña patria de los hermanos Grimm, era una localidad de 200.000 habitantes al norte de la región de Hesse, cuyo centro histórico había quedado destruido al 90% por los bombardeos de 1943 que asolaron la ciudad. Reconstruida durante los cincuenta, simbolizaba a la perfección el nuevo comienzo al que aspiraba la nueva RFA. Además, su ubicación era estratégica. Situada en el corazón de Alemania, a solo 30 kilómetros de la frontera con la República Democrática Alemana (RDA), aspiraba a ser un ejemplo de modernidad de cara a los habitantes del Este, aunque los desplazamientos se hubieran vuelto menos frecuentes tras el cierre oficial de la frontera en 1952 para impedir una emigración masiva hacia el Oeste.

La exposición demuestra, a través de numerosos documentos de archivo, que la Documenta se distinguió, desde el primer día, por su cariz proestadounidense. En su segunda edición se expusieron 37 artistas norteamericanos, seleccionados con el asesoramiento del MoMA, entre los que había nombres como Jackson Pollock, cuya abstracción fue inmediatamente aplaudida. En cambio, la figuración brillaba por su ausencia. La tercera edición, en 1964, recibió subvenciones del Congreso por la Libertad de la Cultura, grupo de presión anticomunista fundado en 1950 y operativo en 35 países, que protagonizó un escándalo cuando, dos años más tarde, se descubrió que estaba financiado por la CIA. La cuarta entrega, en 1968, supuso el triunfo de estilos puramente estadounidenses como el pop art o el minimalismo, representado en Kassel por nombres como Andy Warhol o Jo Baer. Además, la Documenta sopesó abrir una sucursal en Filadelfia para celebrar el bicentenario de la Declaración de Independencia en 1973 y evitó posicionarse, en su edición celebrada el año anterior, respecto a la intervención estadounidense en Vietnam, pese al clamor de muchos artistas. Esta inclinación proatlántica fue criticada por nombres como Joseph Beuys, precursor de la performance y el happening, que presentó su obra 7.000 robles, una de sus más conocidas “esculturas sociales”, en la Documenta de 1982. Fue un proyecto de reforestación urbana que llevó a la ciudad a plantar siete millares de árboles en su perímetro, considerado desde entonces una obra pionera dentro del arte con inquietudes sociales y ecológicas.

En cambio, la Documenta no se enfrentó a la incómoda herencia del pasado alemán hasta su edición de 1977, cuando invitó a artistas del otro lado del telón de acero, como Wolfgang Mattheuer, Will Sitte, Bernhard Heisig o Werner Tübke —quien llevó a Kassel un óleo sobre el juicio de un oficial nazi—, coincidiendo con el inicio de la Ostpolitik de Willy Brandt, la política de acercamiento impulsada por el canciller para normalizar las relaciones entre las dos Alemanias. Aun así, esa relativa apertura despertó las críticas de dos grandes pintores nacidos en el Este, pero emigrados al Oeste en su años de juventud: Georg Baselitz y Markus Lüpertz, que retiraron sus obras en señal de protesta, considerando que no se podía celebrar a los representantes de la RDA, “un lugar de intolerancia”. En esa misma edición, celebrada tres décadas después del final de la guerra, la exposición propuso una primera referencia a los campos de concentración, con un vídeo que la artista estadounidense Beryl Korot, futura esposa del músico Steve Reich, rodó en Dachau.

En la Documenta de 1987, el colectivo artístico Guerrilla Girls denunció la falta de mujeres y creadores no blanco.

 El paso de los años dio lugar a otras revisiones críticas y luchas políticas. En la Documenta de 1987, el colectivo Guerrilla Girls denunció la ausencia de mujeres y artistas no caucásicos. “¿Por qué en 1987 la Documenta es blanca al 95% y masculina al 83%?”, protestó el grupo en un cartel realizado para la ocasión, que demostraba que nada había cambiado en exceso desde la primera edición, cuando solo siete mujeres, frente a 140 hombres, aparecieron en la lista de artistas expuestos. La muestra en Berlín concluye con la edición de 1997, la última del siglo pasado, orquestada por primera vez por una mujer, la historiadora francesa Catherine David, que dejó atrás la política de bloques de la Guerra Fría para inscribirse en el mundo multipolar del siglo XXI. Abrió camino a las problemáticas derivadas de la globalización y la descolonización que todavía marcan el arte actual, en las que ahondó el siguiente responsable del evento, el nigeriano Okwui Enwezor, primer no occidental escogido como director artístico.

Una de las lecciones de la muestra es que cada Documenta ha reflejado, voluntariamente o a su pesar, el clima político de su tiempo. En la próxima edición, que se celebrará en 2022 —si no hay cambios—, tomará el testigo el colectivo indonesio Ruangrupa, primer grupo que asume su dirección. Se centrará en los proyectos comunitarios y en los recursos compartidos, ahora que las estéticas asamblearias se imponen en el arte contemporáneo, cada vez más alejado del culto romántico al genio individual, y que vuelve ese viejo adagio que jura que la unión hace la fuerza.

https://elpais.com/cultura/2021-08-26/la-documenta-campo-de-batalla-de-la-guerra-fria.html

La homeopatía es un fraude

La homeopatía es una pseudoterapia sin aval científico en la que, sin embargo, muchas personas confían. Para entender por qué no puede considerarse un tipo de medicina es necesario repasar algunos conocimientos sobre química y física.

En primer lugar, los átomos son entidades cuyo peso es extremadamente pequeño si se expresa en gramos. Por ello, hay que elegir otra unidad de peso muchísimo menor: la unidad de masa atómica (uma), que es lo que pesa un átomo de hidrógeno (H). En esta escala un átomo de H pesa, por definición, 1 uma, uno de carbono (C) 12 umas y uno de oxígeno (O) 16 umas.

En segundo lugar, una molécula es lo que resulta de la unión de dos o más átomos mediante lo que se llama “enlace químico”. Así, el monóxido de carbono es el compuesto constituido por moléculas que resultan del enlace de un átomo de C y uno de O, por eso se representa por CO. Una molécula de CO pesa 28 umas (12 del carbono y 16 del oxígeno). El agua consiste en moléculas en las que un átomo O está unido a dos de H (H₂O), por tanto, una molécula de agua pesa 18 umas (2 del hidrógeno y 16 del oxígeno).

El peso atómico de un elemento o el peso molecular de un compuesto (M) es un número igual al de umas que pesa ese átomo o molécula, respectivamente. Por tanto, el peso atómico del H es 1; el del C, 12; el del O, 16; y el peso molecular del CO, 28. Un mol de una sustancia es su peso molecular en gramos (M gr): 1 mol de agua son, por tanto, 18 gramos de H₂O.

Si establecemos que 1 g = k umas entonces M gr (un mol) pesará Mk umas.

Podemos calcular el número de moléculas que habrá en un mol de cualquier sustancia dividiendo lo que pesa un mol, Mk umas, por lo que pesa una molécula, M umas, es decir, Mk/M=k moléculas. Por tanto, un mol de cualquier compuesto contiene k moléculas, es decir, una constante, cualquiera que sea el compuesto.

Conclusión: el valor de k, que es conocido como constante de Avogadro, es una constante universal (como el número π o la velocidad de la luz en el vacío, c) que ha sido determinado experimentalmente: k = 6,022×10²³ moléculas/mol, es decir, aproximadamente, 6 seguido de 23 ceros o 602.200 trillones de moléculas.

Que haya sido determinado experimentalmente no quiere decir que se hayan contado las moléculas una a una, sino que se ha usado instrumental científico con el que cualquiera que haga la medida en cualquier sitio del mundo obtendrá ese valor.

Nadie, por tanto, puede poner en duda que en 1 mol de cualquier sustancia hay 6,022×10²³ moléculas.

Cómo preparar un producto homeopático
El fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann (1755-1843), y sus usuarios, homeópatas y pacientes, basan su propuesta terapéutica en que:
1. Para combatir una enfermedad deben usarse cantidades mínimas de una sustancia que provoque los mismos síntomas que dicha enfermedad.

Por ejemplo, cafeína para curar el insomnio o muro de Berlín para combatir “una insoportable opresión”. No existe comprobación científica de esta hipótesis.

2. Para obtener esas disoluciones muy diluidas (siguiendo procedimientos bastante esotéricos; Hahnemann usaba su Biblia como parapeto para el proceso de dilución), el producto a usar (natural o de síntesis) se disuelve en 100 mililitros (mL) de disolvente (agua o alcohol) y se extrae la centésima parte (1 mL).

Si partimos de 1 mol de la sustancia (M gr) el mL extraído contendrá el número de moléculas resultado de dividir 6,022×10²³ por 100 y, por tanto, con 2 ceros menos que inicialmente, es decir, 6,022×10²¹ moléculas. Tras añadir el mL extraído a 99 mL de disolvente, los 100 mL resultantes se dice que tienen una concentración 1C.

Cada vez que se repite este proceso disponemos de disoluciones con un número de moléculas que tiene dos ceros menos en cada etapa, es decir, para una disolución nC sería 6,022×1023-2n. Así pues, una disolución 11C tendrá 6,022×1023-22 = aproximadamente a 60 moléculas.

En el siguiente paso (12C), como las moléculas no se dividen en los procesos de dilución y extracción, en el mililitro que ese extrae habrá un 60 % de probabilidad de tener una de las 60 moléculas y un 40 % de que no tener ninguna, es decir, habrá una o ninguna molécula

3. Con la disolución resultante se impregnan unas 35 000 esferitas del excipiente (azúcar o lactosa) para dar los gránulos homeopáticos. Solo 1, como máximo, tendrá una molécula. Refiriéndonos a una preparación de 30 unidosis de Oscillococcinum, el azúcar que se ingiere resulta a 881,33 €/Kg.

Conclusión: cuando el paciente ingiere los gránulos prescritos, cualquiera que sea el nombre del producto que figura en el envase, está tomando exactamente lo mismo: el excipiente (azúcar o lactosa) más la nada más absoluta. Queda, por tanto, demostrado que se trata de un doble fraude. Conviene saber que Hahnemann solía usar disoluciones 30C pero hay preparados comerciales diluidos hasta 200C.

Efecto placebo sin eficacia probada
¿Son suficientes estos datos para concluir el carácter fraudulento de la homeopatía? Evidentemente, si.

En apoyo a todo lo anterior hay que añadir que numerosísimos informes de instituciones científicas y profesionales, nacionales e internacionales, de carácter sanitario han establecido que los productos homeopáticos solo poseen efectos curativos de enfermedades de escasa entidad que se curan solas o por sugestión del paciente (efecto placebo).

Hay que advertir que, en contra del carácter aparentemente inofensivo que pudiera atribuirse a esta práctica (la nada es poco peligrosa), existe un grave riesgo, que puede calificarse de criminal, si se aplica en el tratamiento de enfermedades que requieren el empleo de medicamentos de probada eficacia terapéutica.

José Vicente Soler. Catedrático Emérito de Química Inorgánica, Universidad de Murcia

Fuente: https://theconversation.com/la-homeopatia-es-un-fraude-159005

A la caza de fraudes en la ciencia

¿Qué lleva a investigadores con inmaculado expediente a convertirse en supuestos estafadores? 

Cada año se publican cientos de miles de artículos científicos en las revistas especializadas. La fiebre por firmar, los egos desmedidos y las presiones para encontrar fuentes de financiación son algunos factores. Salimos en busca de casos sonados y de quienes los persiguen

Hace ahora casi 20 años, la investigadora Almudena Ramón Cueto, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asombraba a los presentes en una conferencia de prensa con una película en la que nueve ratas parapléjicas volvían a andar. Se les había seccionado la médula espinal y se les injertó células envolventes del bulbo olfatorio de su nariz. Meses después, los roedores podían subir por una pendiente enrejada, mover sus cuartos traseros, soportar el peso del cuerpo y sentir estímulos en la piel, en contraste con los que no recibieron implante. Su trabajo, firmado con colegas del Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, venía avalado por la prestigiosa revista Neuron.

Estábamos casi a las puertas de un milagro científico. La cura para los lesionados medulares era posible. 

Entre los asistentes figuraba un empresario del calzado que había aportado fondos para la investigación. Su hijo sufrió una lesión medular en un accidente. Pero era necesario probar el trasplante en primates, comentó entonces la investigadora. En mayo de 2018, Ramón Cueto y su pareja fueron detenidos en Valencia por haber estafado presuntamente casi un millón de euros a centenares de pacientes de médula espinal. Las televisiones recogieron la desilusión de los enfermos; una madre pensó en suicidarse al ver que la terapia no hacía efecto en su hijo, al que le habían prohibido contar lo que le hacían, después de pagar 30.000 euros. Una mujer parapléjica por un accidente de moto pagó más de 6.000 euros hasta que fue descartada con un mensaje de correo electrónico siete meses después.

En el entorno del empresario del calzado que financió aquel estudio en ratas el tema está zanjado, sin comentarios, aunque flota la palabra estafa. Un colofón, precedido de una historia de experimentos fallidos o poco claros, juicios, testimonios muy negativos de los colegas científicos que trabajaron con ella en el pasado y no quieren saber nada; despidos, abandono del CSIC y creación de asociaciones para atraer el dinero. En aquel mayo de 2018, Ramón Cueto fue puesta en libertad con cargos y aseguró a sus familiares que era víctima de una conspiración, según el diario digital Las Provincias. La investigación por delito de estafa permanece vigente.

¿Qué puede llevar a una investigadora con excelentes credenciales científicas a convertirse en una supuesta estafadora? 

Antes de aquella controvertida conferencia de prensa pude hablar con el neurocientífico Manuel Nieto Sampedro, un pionero español en demostrar que el cerebro y el sistema nervioso central tenían capacidad para regenerarse, rompiendo un tabú de décadas. Devolver la movilidad a las ratas a las que se corta su médula espinal con una tijera ya no era imposible, me dijo. Pero reconectar las fibras nerviosas dañadas de una médula humana era y sigue siendo el Everest de la neurología, una conquista pendiente.

“En ciencia, lo primero es conocer, pero hay mucho problema de ego”, explica Ramón Ávila, uno de los coautores del artículo de Neuron, del que Cueto es autora principal y que no ha sido enmendado. “Es un buen trabajo”, asegura. Pero quizá marcó el comienzo de la pérdida de rumbo de una científica prometedora, deslumbrada por los focos mediáticos. “La ciencia no es como las películas de Hollywood con final feliz. Nunca se acaba, no hay verdades absolutas. Si no lo ves así, la destrozas”.

“Este caso es complejo”, dice Pere Puigdomènech, profesor de investigación del CSIC y miembro de la Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA, en sus siglas en inglés). Sin valorar las investigaciones de Ramón Cueto, el hecho de “basarse en la esperanza de la gente que está sufriendo es algo terrible”. Habían circulado críticas por las colectas a los enfermos pidiendo dinero. Fueron ignoradas. Puigdomènech destaca la tibieza de las instituciones oficiales. Cree que esta situación se podría haber evitado con un mayor control por parte de los organismos científicos. Pero nadie actuó.

Estos profesionales son muy capaces de mentir, de engañar o de hacer trampas, en el mejor de los casos. 

El escritor e historiador italiano Federico Di Trocchio ya lo señala en su obra Las mentiras de la ciencia (Alianza Editorial). 

Incluso los mayores genios no tienen un historial inmaculado, arrostrándose méritos ajenos. Galileo probablemente nunca realizó algunos de los célebres experimentos que él mismo describió, como el de arrojar objetos de diferente peso desde la torre de Pisa. El mismísimo Newton robó la idea de la ley de la gravedad a Robert Hooke, si bien la demostró con matemáticas de forma brillante: la historia de la manzana cayendo como fuente de inspiración para describir la gravedad, explicada por su sobrina a Voltaire, nunca existió.

Pero se trata de pecadillos si atendemos lo que sucede en el competitivo mundo de la bata blanca. “Se publican un millón de artículos científicos al año en unas 28.000 revistas”, dice Puigdomènech. “Las cifras que se manejan es que entre el 1% y el 0,1% de todo lo que se publica tiene problemas de una cierta gravedad”. Parece poco, pero hablamos de entre 1.000 y 10.000 artículos publicados con sospechas serias de haber sido manipulados. El abanico es amplio; desde ajustar datos para maquillar mejor el experimento hasta omitir los que alteren los resultados o inventarlos sin más. Sumando todo, el porcentaje podría llegar al 30% —algo excesivo, a juicio de Puigdomènech—.

Almudena Ramón Cueto, envuelta en un escándalo de supuesta estafa. EFE

¿De qué clase de mentiras hablamos? 

Si un astrofísico descubre un nuevo agujero negro y resulta que ha falsificado los datos, su reputación puede quedar más o menos dañada, pero el fraude no afecta al gran público. Otra cosa es suscitar falsas esperanzas para afrontar una enfermedad. En 2005, un grupo de investigadores aseguró en Science que había encontrado una nueva proteína llamada visfatina en el tejido adiposo de los ratones con efectos similares a los de la insulina, la molécula que permite que nuestras células retiren la glucosa de la sangre. El grupo de A. Fukuhara, de la Universidad de Osaka, aseguró que la visfatina se unía a los receptores de la insulina y que, por tanto, esta proteína podría ser un buen hallazgo para encontrar nuevas curas para la diabetes. Era una pura mentira.

Y mentir ahora resulta más tentador y fácil. A principios de este siglo, según Nature, los fiascos reconocidos por las propias revistas científicas como artículos publicados y luego retirados sumaban unos 30 anuales. En 2011, la media se elevó a 400. Según la web Retraction Watch, se producen entre 500 y 600 retractaciones en el circuito científico. ¿Qué hay detrás de los números? “Es difícil ser precisos”, explica Adam Marcus, uno de los editores de esta web especializada que da cuenta de los casos que van apareciendo. Las revistas científicas se están poniendo más duras y exigentes y no les tiembla tanto la mano en retirar lo publicado y salir a explicar la metedura de pata. Marcus indica que un tercio de los casos se deben a errores no intencionados. Pero el resto abarca el fraude, la falsificación y la manipulación de los datos.

Antes el ciudadano corriente podía creer que el comportamiento deshonesto de científicos mentirosos de algún país lejano no tenía importancia. Ahora, en medio del actual clima de psicosis por la explosión del coronavirus chino y en un mundo globalizado y asustado, necesitamos más que nunca científicos honestos que combatan las mentiras. Porque de una manera u otra nos alcanzarán. De ello está convencido Leonid Schneider, biólogo celular y periodista científico, autor del blog For Better Science. Practica un activismo feroz que apuesta por una regeneración de la investigación. “La ciencia es incapaz de corregirse a sí misma”, dice en conversación con El País Semanal.

¿Qué especialidades atraen más el foco del engaño? 

“El campo biomédico es un problema. Mucho de lo que se publica desemboca en humanos”, asegura Schneider. “En las historias de biología, que suelen ser más aburridas, no ocurre tanto. Pero los engaños en ciencias botánicas pueden repercutir en la agricultura, en nuestros alimentos”. Si un estudio científico sobre un pesticida nos dice que es seguro y estuviera corrompido por la industria, “terminaremos comiendo ese pesticida”. Hace dos años, un jurado condenó a la multinacional Monsanto a indemnizar con 289 millones de dólares a un jardinero estadounidense que usó sus herbicidas y terminó sufriendo un cáncer terminal. Monsanto apeló. Hoy, Bayer, que compró Monsanto, lidia con una montaña de miles de denuncias y trata de llegar a un acuerdo extrajudicial con indemnizaciones de miles de millones de dólares.

Schneider viene denunciando el comportamiento deshonesto del cirujano italiano Paolo Macchiarini, que saltó a la fama tras haber realizado en 2008 el primer trasplante de tráquea en un enfermo en el hospital Clínico de Barcelona, centro que no le renovó el contrato. Desde entonces, Macchiarini ha dejado un reguero de muertos. Schneider ha elaborado una lista no oficial de 20 intervenciones suyas a lo largo de los últimos 10 años, de las que sobrevivieron tres pacientes y solo uno conserva el trasplante. Cree que en España incluso murieron dos personas en operaciones clandestinas, pese a la falta de registros. Macchiarini se fue a Italia para seguir operando. En 2010 fue admitido en el Instituto Karolinska de Estocolmo.

Lo que sigue es una película de conspiraciones médicas con asesinatos por negligencia: un cirujano que implanta tráqueas artificiales en tres personas, causando dos muertes, con el visto bueno de la institución que otorga los Premios Nobel. La primera muerte en 2012 hace que el hospital universitario de Karolinska ponga fin a las operaciones un año después. Pero Macchiarini aprovecha un permiso y le autorizan para operar en Rusia. Un segundo paciente muere en Suecia en 2014. Cuatro cirujanos de Karolinska cuentan las inconsistencias reflejadas en sus artículos: ocultación de datos en registros médicos y de los deterioros de los pacientes tras las intervenciones.

El Instituto Karolinska encarga una evaluación externa e independiente a una autoridad, el profesor Bengt Gerdin, quien ratifica las conclusiones de los cirujanos, pero el instituto sigue protegiendo al científico italiano y le confirma como investigador en 2015. Medios como Vanity Fair y un reportaje de la televisión sueca denuncian en 2016 el sufrimiento de los pacientes, sus muertes y los métodos del cirujano. El escándalo público se hace imparable pese a la defensa numantina del secretario del comité que elige a los premios Nobel de Medicina y el rector de investigación. Todos dimiten. Macchiarini es despedido. “Falsificó todos los datos, la información de los pacientes”, afirma Schneider. “Hizo pretender que había realizado estudios animales que nunca hizo, lo manipuló todo. Lo único verdadero fueron las muertes de seres humanos”.

Según Science, el cirujano publicó en 2018 un estudio sobre la viabilidad de un esófago artificial sembrado con células madre en la revista Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, muy similar a la temible tráquea de plástico que ha matado a sus pacientes. Su editor respondió que no estaba al tanto del historial del cirujano. A finales del pasado año, la justicia italiana lo condenó a 16 meses de prisión por falsificar documentos. Escándalos así dañan terriblemente a la comunidad científica. En el mejor de los casos, quedan como un grupo de sabios ingenuos y crédulos. Lo que choca contra el método científico, las pruebas y solo pruebas; lo que se propone desde un laboratorio debe ser replicado sin sombras de dudas para su aceptación.

Pero también existe otra explicación. Si dejamos a un lado la ingenuidad, lo que queda es la malicia. Para pillar a un científico tramposo hay que convertirse en una suerte de detective de los hechos, y el norteamericano Walter Stewart, con un doctorado en Medicina de la Universidad de Harvard, es uno de los mejores del mundo. Se le llegó a apodar El Terrorista de los Laboratorios. Pero Stewart, con su colega Ned Feder, acuñó una especialidad insólita: cazador de fraudes científicos (en inglés, fraudbusters). Participa en el Coro de Austin en Texas, la ciudad donde actualmente reside, como cantante de bajo, y lo primero que dice al teléfono es que le llamemos Walter. “Poseo una habilidad asombrosa para detectar si un dato ha sido falsificado. Puedo hacer chequeos de forma muy rápida y soy particularmente muy bueno a la hora de otear determinados tipos de fraude”.

La Escuela de Medicina de Harvard, un lugar sacrosanto para la ciencia médica, fue el lugar donde Stewart y Feder se consagraron como detectives de lo fraudulento. Habían visto en las noticias que un joven brillante llamado John Darsee había cometido un fraude allí. Su investigación consistía en experimentar fármacos en animales para hallar nuevas terapias contra el infarto de miocardio. “Escribimos al decano, que conocía a Darsee, para que nos remitiera los informes. Y vimos que el comité se limitó a echar un vistazo superficial al asunto y a llegar a una conclusión increíble: que Darsee había cometido fraude solo en tres ocasiones aisladas”. Cuando trasladaron sus preocupaciones al decano, este le respondió que estaba en curso una investigación más a fondo, que les haría llegar.

Darsee había publicado en un espacio de apenas dos años un total de 109 piezas, entre artículos y abstracts. “Es sencillamente ridículo”, dice Stewart. “Incluso aunque no hubiera falsificado los datos, que no era el caso, no podría haber publicado tanto”. Cuando por último examinaron el informe final, los dos investigadores advirtieron que el joven médico no solo había falsificado los resultados, sino que “muchos de los revisores de Harvard no tenían interés en ello ni preguntas que hacer, o bien realizaban comentarios falsos al respecto, incluso antes de que se cometiera el fraude”.

Darsee había firmado sus artículos con otros 47 coautores y tanto Feder como Stewart advirtieron que no se trataba de un individuo, sino de una estructura organizada. 

“Encontramos que un tercio de los científicos habían cometido algún tipo de fraude. Nos quedamos asombrados. Yo sabía que, como individuos, los científicos solían mentir de vez en cuando. Pero toparnos con este porcentaje grande de investigadores en Harvard realizando comentarios falsos fue toda una sorpresa”. La manipulación de los datos implicaba incluso ensayos con pacientes ficticios. Uno de ellos tenía 17 años y cuatro hijos, el mayor de 8 años, por lo que debía de haber dejado embarazada por primera vez a la presunta madre a esa misma edad.

Los dos fraudbusters escribieron un detallado artículo en 1983 que remitieron a la revista Nature, la cual tardó cuatro años en editarlo. “Nos llevó mucho tiempo publicar esta historia, ya que se trataba de cómo podía engañar la ciencia”, dice Stewart. Posteriormente se comprobó que Darsee había sido un tramposo desde los tiempos en que estudiaba en 1969 en la Universidad de Notre Dame. Pero este sonado escándalo reveló a Stewart que la mentira encuentra fácil acomodo entre científicos de prestigio y que su primera reacción, en vez de investigarla, es la de proteger al embustero. La prueba de fuego llegó con el biólogo David Baltimore, todo un premio Nobel de Medicina. “Es un mentiroso y un acosador. Lo conozco personalmente desde que era un estudiante de grado en la Universidad Rockefeller”, afirma Stewart sin ambages.

En abril de 1986, la revista Cell publicó un artículo, en el que el premio Nobel Baltimore figuraba como coautor, sobre una serie de experimentos en ratones a los que se les inyectaba un gen que alteraba sus defensas inmunológicas, de manera que podían reconocer con más eficacia agentes patógenos. Se investigaba así la posibilidad de educar al sistema inmunológico para que segregara anticuerpos contra bacterias o virus específicos. Los primeros problemas surgieron cuando una estudiante de posdoctorado del MIT, Margot O’Toole, descubrió 17 páginas de anotaciones que contenían datos conflictivos y contradictorios. Su posterior informe fue descartado por la autora principal, Thereza Imanishi-Kari, que despidió a O’Toole de su laboratorio. En un encuentro que O’Toole tuvo con la autora y el premio Nobel para sugerir una rectificación del artículo, aseguró que Baltimore le había dicho que ese tipo de discrepancias era “habitual” y amenazó con oponerse a cualquier corrección.

Hubo varias comisiones de investigación (por parte del MIT y la Universidad de Tufts) y aparentemente no encontraron irregularidades. Hasta que intervino Walter Stewart y su compañero. “Lo que sucedió es que me hice con los datos originales y probé que se había cometido un fraude”, dice Stewart. El informe que elaboraron Stewart y Feder, que trabajaban para los Institutos Nacionales de Salud (NIH), causó un terremoto científico y político. Se enfrentaron a Baltimore, el cual insistía en proteger a su colaboradora; chocaron con los directivos del NIH y atrajeron la atención de John Dingell, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investigó el asunto mediante el servicio secreto —lo que originó a su vez quejas en los científicos afectados, que proclamaron que se trataba de una nueva caza de brujas—. Sus conclusiones ratificaron lo expuesto por la pareja de fraudbusters. Como colofón, la revista Cell tuvo que retirar el artículo en 1991. Ese mismo año, Baltimore dimitió como presidente de la Universidad Rockefeller, no sin disculparse por no haber actuado de manera más activa.

Pero el asunto no terminó ahí. Otro panel distinto —­del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos— exoneró en 1996 a Imanishi-Kari, entre grandes protestas por parte de los investigadores de Dingell (un par de años antes, los resultados de ese estudio fueron reproducidos por investigadores de Columbia y Stanford). El caso Baltimore se convirtió en uno de los escándalos más complejos de la ciencia norteamericana. Dingell murió en 2019 y fue recordado en Science como un político “que convirtió el comportamiento indebido en un tema de mayor interés en la comunidad científica”.

A la cuestión de los ataques de sus colegas científicos por meter las narices y hurgar en sus engaños, Stewart admite ahora que tuvo mucha suerte. “Ned y yo trabajábamos para el Gobierno, nuestro empleo era permanente, así que era casi imposible despedir a un funcionario, a menos que hagas cosas horribles, como conducir borracho al trabajo”, bromea. En su larga carrera como detective científico, siempre ha encontrado que la reacción de la comunidad científica ante un caso sospechoso de fraude nunca es favorable. “Entre los estadounidenses hay una expresión, la de colocar los carromatos en círculo, prepararse para la defensa ante los indios en los tiempos de la conquista del Oeste. Entre los científicos hay una resistencia a examinar la fiabilidad de lo que dicen otros colegas, ya que eso reflejaría una falta de confianza en la profesión”.

Su conclusión hace trizas la romántica imagen explotada por el cine de ciencia-ficción de los años cincuenta como un personaje al que solo le interesa la verdad por encima de todo. Esta asunción tiene su peso. Schneider se muestra muy crítico con la comunidad científica, que no soporta a los delatores entre sus filas. “Cuando difundes un posible engaño, la ciencia no te lo va a perdonar. Los científicos dependen de la financiación pública. Si el público se entera de los fraudes, dejará de llegar el dinero. La conclusión es que no se puede decir nada malo de los científicos”.

Sin embargo, suele omitirse que los chivatos suelen ser también hombres de ciencia, explica Pere Puigdomènech: detectives especializados como Walter Stewart que husmean en las agendas de laboratorio, estudiantes de posdoctorado o científicos del equipo del jefe al que denuncian. En no pocas ocasiones los delatores han sufrido consecuencias. Los cuatro cirujanos que demostraron en 2015 las inconsistencias de Macchiarini fueron reprendidos este mismo año por el propio Instituto Karolinska, juzgados en algunos casos como científicos deshonestos por su relación con el cirujano italiano maldito o haber firmado artículos con él. “Esto envía el mensaje de que los delatores de las investigaciones serán castigados, lo que es un serio problema” indicó a Science el cirujano Oscar Simonson.

Quizá por esta razón el portal PubPeer, creado a finales de 2012, ofrece una ventana anónima a la comunidad científica para denunciar las inconsistencias de los artícu­los de los colegas. Permite que los autores respondan rápidamente a los comentarios críticos, desde la puntilla hasta una imagen microscópica de un tejido, la electroforesis para separar segmentos genéticos o una tabla de resultados dudosa. El portal nació en California como una fundación sin ánimo de lucro y en 2015 fue demandado —sin resultados— por un afamado investigador del cáncer para obligar a desvelar la identidad de los autores de unos comentarios muy críticos a sus trabajos. “Los científicos no desean proteger a sus colegas poco éticos”, opina Adam Marcus. “Después de todo, dada la escasez de dinero para investigar, proteger a los mentirosos significa competir por una financiación más limitada”.

La escasez de fondos podría explicar el beneficio del engaño, siempre que no se trate de algo muy gordo que haga caer el edificio. Maquillar resultados para que el experimento sea más atractivo se convierte en una tentación. Pero para ello hay que salvar el muro que imponen las grandes revistas científicas, dotadas de equipos de revisores cualificados que garantizan que lo que se cuenta es verdad. El muro tiene grietas. En ocasiones, los artículos son tan complejos y se han realizado con varias metodologías que resulta imposible controlar todos los aspectos, explica Puigdomènech. Estas revistas son también la base de un negocio editorial muy jugoso. Cobran grandes cantidades a las bibliotecas de las universidades por las suscripciones y, aparte, los propios investigadores tienen que pagar entre 1.000 y 2.500 euros “si quieres publicar”, asegura este científico. La presión por firmar, resumida en “si no publicas, estás muerto” —y no habrá dinero para investigar—, empuja a muchos a mentir, a veces un poco, a veces demasiado.

Para Stewart, la norma debería obligar a los científicos a compartir los datos después de la publicación para ponerlos a disposición de quien los pida, especialmente si la investigación se ha financiado con fondos públicos. Aunque también esto está cambiando. Las revistas exigen ya los datos y las fotos originales. Otra cuestión más debatida es la revisión de las notas de laboratorio o cómo evitar que se suministren datos prefabricados. Puigdomènech ha reclamado la convocatoria del Comité de Ética científica previsto en la Ley de la Ciencia de 2011, pero no termina de arrancar (el CSIC dispone ya de uno). Pide un cambio de actitud de los científicos. Este investigador es impulsor de un código de buenas prácticas para la integridad de la investigación de ALLEA avalado por la Unión Europea. “Tenemos que ser los primeros como comunidad en responder a malas prácticas. Y hay que hacerlo a fondo”. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/10/eps/1583855907_030021.html

Fraude masivo a la Seguridad Social de las trabajadoras de hogar y cuidados. Esta vez el sistema no ha conseguido tapar sus vergüenzas

Isabel Otxoa
Viento Sur

El 31 de octubre pasado, el Boletín oficial del País Vasco publicaba el nuevo Decreto sobre ayudas a la conciliación, que terminaba con la exclusión de las trabajadoras de hogar de las prestaciones que el gobierno vasco da a la gente trabajadora durante las excedencias y reducciones de jornada por cuidado. Cuando en mayo de 2017 EHBildu y Elkarrekin Podemos intentaron que el Parlamento Vasco obligase al gobierno a suprimir una discriminación que venía del año 2007, la alianza PNV, PSE y PP lo impidió, aprobando a cambio exigir al gobierno de Madrid la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

¿Cuántas trabajadoras se han quedado sin la prestación? Imposible calcularlo, es lo que ocurre cuando no perteneces al área protegida del mercado laboral. Como no lo intentas, no generas el agravio, y tu problema no existe. Lo interesante de este caso es que había que conocer el Estatuto de los Trabajadores para detectar la discriminación, porque la palabra trabajadora o empleada de hogar no aparecía en la norma excluyente, aparecía el artículo 2.1.b)., que era nombrar discretamente lo mismo.

Algo similar sucedió con la norma estatal que obligaba a registrar la jornada laboral, de 8 de marzo de 2019. El Ministerio de Trabajo divulgó una guía explicativa, según la cual quedaban fuera de la nueva obligación relaciones laborales especiales y otros sectores que tienen su propia regulación sobre jornadas especiales de trabajo. En este contexto, se nombraban grupos: quedaban fuera transportistas, personal de alta dirección, personal laboral de cooperativas… Luego aparecía un etcétera que seguramente se refería a las trabajadoras de hogar, sin citarlas.

La discriminación institucional oculta alcanza este año cotas desconocidas, con la actuación de la Dirección General de la Seguridad Social. En 2019, el salario mínimo por 40 horas subió a 900€ en catorce pagas, lo que significa 1.050€ al mes si se prorratean las pagas extras. La medida se comentó durante tiempo en los medios de comunicación, se hicieron previsiones apocalípticas sobre su impacto en el conjunto de la economía… pero hubo un silencio atronador sobre las consecuencias en el trabajo asalariado de hogar y cuidados. El mínimo nuevo de 1.050€ para las 40 horas y los 7,04€ por cada hora de más, suponía incrementar en un 22,3% salarios que se costean con los sueldos, las pensiones, o los patrimonios de las familias empleadoras. Verdaderamente, un problema para quienes no tuviesen un alto poder económico.

Lo suyo era que el Estado social y democrático de derecho hubiese puesto en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo para controlar la efectividad de la subida, pero lo que hizo fue lo contrario: dio la espalda al incremento del salario mínimo, y no actualizó las cotizaciones de acuerdo a nuevas bases, según correspondía.

Y aquí llegamos a lo sencillo que ha resultado defraudar los derechos de las trabajadoras: casi nunca reciben nómina y además están sujetas a un Sistema Especial que disocia salario real y base de cotización. Así, las interesadas no han sido conscientes del problema hasta fechas recientes.

La cotización de hogar se realiza de acuerdo a tramos de salario. En 2019, las que están a tiempo completo debían haber quedado incluidas en el tramo 7, cotizando por una base de 1.050€, los estuviesen cobrando o no, esto es indiferente. Pero la Tesorería de la Seguridad Social, en una actuación claramente ilegal, no actualizó sus bases, lo que hubiese supuesto incrementar las cuotas a pagar por la parte empleadora. Les aplicó los salarios de años anteriores con lo que en 2019 muchos miles de mujeres que trabajan 40 y más horas aparecen en el tramo 6, cotizando por una base de 877€.

La Tesorería no necesitaba conocer los salarios que se estaban cobrando: nadie puede cotizar por debajo de lo que le corresponde ganar, lo cobre o no verdaderamente. Lo que debió hacer, y no quiso, fue aplicar sin más la nueva base de 1.050 a los contratos que sabía que eran a tiempo completo, porque así aparecían en su base de datos. Y además, luego debió investigar los casos de salarios superiores al mínimo, para aplicarles una base superior.

En Junio pasado, 34 organizaciones de trabajadoras de hogar y otras entidades de apoyo a sus derechos, se dirigieron a la Dirección General de la Seguridad Social explicando el problema (que es más amplio y tremendo, estoy simplificando). Como lo que ha pasado es innegable, nos agradecen la aportación, pero ni se reúnen con las organizaciones ni explican las medidas concretas que van a tomar para resolverlo. En septiembre, hemos reiterado la solicitud de reunión y se ha repetido la negativa, según se dice, en razón del momento político.

No vamos a dejar este asunto de la mano. Lo vamos a mantener vivo hasta conseguir una solución colectiva a un problema colectivo. Esta vez no tenemos enfrente una parte empleadora que no quiere cumplir, ni el principio de la inviolabilidad del domicilio que impide supuestamente conocer lo que ocurre en la relación laboral de hogar.

Lo que tenemos enfrente es la política de cargar sobre las mujeres el trabajo de cuidar en condiciones de inferioridad y desigualdad. La inmensa mayoría de las trabajadoras de hogar a tiempo completo, y casi todas las internas, están atendiendo personas en situación de dependencia. El incremento del coste del empleo de hogar es inasumible para una parte de quienes contratan, claro que sí. Esta cuestión y otras muchas sólo muestran que no es una buena solución para el cuidado, lo que no significa que la atención en casa deba desaparecer, sino su fórmula actual mediante el contrato directo de trabajo de hogar. Pero mientras se generan otras alternativas, no vale echar tierra sobre los derechos de las trabajadoras.

Si a alguien le cuesta creer que la actuación ilegal de la Tesorería haya respondido a una decisión política de no aplicar el salario mínimo de 2019 en la cotización de hogar, tanto mejor porque la solución es fácil. Regularización de todas las cotizaciones, pasadas y presentes, sin necesidad de denuncia individual de las perjudicadas, que normalmente no están en condiciones de hacerlo, porque en hogar se puede poner a alguien en la calle con una indemnización de 7 o 12 días por año, dependiendo de la antigüedad y sin prestación de desempleo.

Este 14 de noviembre, el Pleno del Parlamento Vasco debatirá una Proposición no de Ley de EHBildu que Elkarrekin Podemos comparte, por la que “el Parlamento insta al Gobierno de España a establecer de inmediato mecanismos para la cotización legal en función del salario mínimo establecido para cada jornada laboral, tanto en lo que corresponde a este año, como en lo que corresponde retroactivamente a años anteriores”, frente a la cual PNV y PSE han presentado una enmienda que suprime la exigencia de regularización de cotizaciones, y a cambio propone otra por la que “el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a ratificar el Convenio 189 de 2011, relativo a las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

Llueve sobre mojado: propuestas y promesas de ratificación del C189 de la OIT en un contexto de negación de derechos concretos ya reconocidos por leyes vigentes. Creo que no se atreverían a practicar ese juego con ningún otro sector y me confirma el interés de pelear por objetivos precisos y verificables: los que ya reconocen las leyes, pero no se cumplen, y los que quedan pendientes, con o sin Convenio 189.

Nota de la redacción: Adjuntamos este escrito encabezado por organizaciones de trabajadoras de hogar y entidades que defienden sus derechos, de A Coruña, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Granada, Huelva, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, y ámbito Estatal

AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Ante el Defensor del Pueblo comparecemos y exponemos:

Que mediante este escrito y los documentos que se adjuntan, presentamos QUEJA y solicitamos la intervención de esa defensoría frente a las administraciones y por los hechos que pasamos a relatar:

1) Antecedentes.

Con fecha 24 de junio de 2019, tuvo entrada en el Registro de la Tesorería Territorial de Bizkaia escrito dirigido a la Tesorería General, cuya copia se adjunta (doc. 1). En él se presentaban los problemas detectados en la cotización a la Seguridad Social del Sistema Especial de Empleados de Hogar, que se referían a:

a) los instrumentos de gestión de la Tesorería (los impresos de alta),

b) la regulación legal de las obligaciones de cotización (el sistema de tramos y su diseño, la regulación de la variación de datos)

c) la propia gestión de la recaudación de cuotas por parte de la TGSS y sus delegaciones territoriales.

Se añadió al escrito una muestra representativa de los problemas detectados en las Vidas Laborales y en Informes de Bases de Cotización, que también se acompaña (doc. 2).

Con fecha 9 de julio siguiente, presentaban el escrito ante la TGSS 34 entidades y organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados y de defensa de sus derechos. Se pedía una reunión con el responsable de la TGSS, que no fue concedida en razón, se argumentó, del momento político.

Con fecha 12 de septiembre, se registró de nuevo la solicitud de reunión, que fue denegada con la misma motivación, junto con el agradecimiento a las observaciones y propuestas de mejora realizadas, que, se decía, iban a ser tenidas en cuenta.

2) Objetivo de la queja.

No habiendo obtenido respuesta concreta a nuestras peticiones, nos dirigimos al Defensor del Pueblo con el fin de que intervenga para asegurar que se revisarán y actualizarán las cotizaciones de todas las trabajadoras afectadas.

Realizada la regularización, pedimos que esta se comunique a las trabajadoras interesadas, a fin de que, puedan controlar y, en su caso, instar la revisión de la cuantía de las prestaciones de enfermedad, accidente, riesgo durante el embarazo y maternidad percibidas durante los últimos años, prestaciones que en muchos casos se han abonado en cuantía inferior a la debida. También, cuando haya lugar, la cuantía de sus pensiones.

3) Descripción del problema que origina la Queja.

Como es sabido, la creación por Ley 27/2011, del Sistema especial dentro del Régimen General, trae un cambio radical en el sistema de cotización del sector. Durante todo el periodo de vigencia del Régimen Especial de Seguridad Social del Servicio Doméstico, que va del año 1969 hasta el 2011, el hecho del alta generaba la obligación de pagar una cuota fija e independiente de las horas realizadas o el salario percibido y la única obligación formal de la parte empleadora era presentarse una sola vez en la oficina de la Tesorería para entregar el impreso de alta. La TGSS se ocupaba de actualizar la cuota anualmente, de acuerdo con lo establecido en la normativa de cotización de cada año.

En el Sistema Especial vigente desde 2012, la obligación de cotización cambia radicalmente: se fija de acuerdo a tramos salariales a los que corresponden diferentes bases de cotización. Por tanto, para que la obligación de cotizar se ajuste a la legalidad, es preciso que la cuota se calcule sobre la base de cotización correspondiente a los salarios que se debieran percibir, o los que realmente se perciban, de ser estos superiores (art. 147 Ley General de Seguridad Social vigente).

De esta norma derivaba la obligación de la TGSS de haber atribuido a cada trabajadora la base que le correspondía de acuerdo a la normativa salarial vigente en cada momento: esto es, en el caso de las trabajadoras a tiempo completo, haberles incluido de oficio en el tramo de cotización correspondiente al salario mínimo íntegro de cada año; en los supuestos de trabajo “por horas”, la parte proporcional.

Sobre esta obligación básica, para cuyo incumplimiento no hay excusa, la TGSS debía haber advertido a los empleadores que estaban obligados a comunicarle las variaciones del salario. Ello, con el fin de haber incluido a las trabajadoras en el tramo de cotización correspondiente en el caso de recibir salarios superiores al mínimo.

Pero a los empleadores, tanto a los que acudieron en 2012 a declarar el horario y salario de las trabajadoras que ya tenían contratadas, como a los que a partir de entonces han contratado y solicitado las altas de trabajadoras no se les ha informaba de que las variaciones del salario debían comunicarse a la TGSS .

Año tras año, la TGSS se limitó a recaudar las cuotas sobre los salarios que la empleadora había declarado inicialmente, aplicando las bases de cotización correspondientes a aquellos salarios; incluso cuando la antigüedad venía desde el año 2012, e incluso cuando aplicarlos suponía cotizar por cuantías inferiores al salario mínimo correspondiente en relación con la jornada declarada.

Esta dejación de sus responsabilidades legales, no ha tenido lugar en uno o varios casos aislados, sino en todos los examinados en los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa; y es de pensar que el descontrol ha sido la pauta de todos los territorios.

La gravedad del abandono de la administración de la Seguridad Social debe mirarse a la luz de la situación concreta del sector: las trabajadoras de hogar y cuidados no reciben nómina en casi ningún caso, y el sistema de cotización por tramos disocia salario y base de cotización. Así que regulada la cotización por un sistema de tramos que hace más difícil a la persona interesada descubrir la ilegalidad, privadas del documento que informa de la base de cotización atribuida, la infracotización ha pasado desapercibida.

Pero al llegar el año 2019, el problema se hace perceptible más fácilmente a partir del incremento del 22,3% del s.m.i.para este año: trabajadoras a tiempo completo, muchas de ellas, internas, han cotizado y cotizan todavía muy por debajo de la base de 1050€.

En el año 2018, los salarios a tiempo completo podían cotizar por dos bases: la del tramo 7, de 858,60, correspondiente al mínimo interprofesional de aquél año o por el tramo 8, que era el máximo y hacía tope, con una base de 896,94€, que correspondía a los salarios superiores al mínimo.

En 2019 debían haber ocurrido dos cosas, ambas responsabilidad de la TGSS:

- en los contratos a tiempo completo, una aplicación de oficio de la base de cotización de 1050, correspondiente al tramo 7, y además,

- una investigación para detectar salarios superiores al mínimo, dado que en 2019 desaparecen los topes de cotización hasta entonces existentes. Era previsible, como ha sucedido, que la información sobre salarios con la que contaba la TGSS estuviese desfasada.

Pues bien, todas aquellas trabajadoras a tiempo completo que en 2018 no tenían declarados salarios superiores a 914,01€ (lo que el año pasado era legal, porque el mínimo era 858,60), en 2019 han sido encuadradas en el tramo 6, que es el correspondiente a los salarios entre 780,01 a 914,00, con una base de cotización de 877€.

Lo que describimos, dicho de otra manera, es que en 2019 la TGSS renunció ilegalmente a aplicar (en lo que le concernía) el incremento del salario mínimo hasta los 1.050 € a las trabajadoras a tiempo completo, que no solo no vieron incrementadas sus bases de oficio, sino que las vieron reducidas tal como se ha explicado.

Para mayor incumplimiento de la legalidad, en 2019 la TGSS ha solucionado la falta de actualización de las bases atribuyendo a los contratos coeficientes de parcialidad diferentes según el tramo por el que estaban cotizando, lo que era a simple vista incongruente con el dato de que se trataba de trabajadoras contratadas a tiempo completo, hecho conocido y reconocido por la entidad gestora en sus Informes de Vida Laboral.

El escrito a la Tesorería General describe otros problemas en la gestión y planteamiento legal de la cotización, que damos aquí por reproducidos.

4) Presentación de los casos concretos que demuestran lo que se ha expuesto.

La situación se ha producido en toda la escala de jornadas, aunque no contamos con casos a presentar en contratos a tiempo parcial, que además serán puntuales debido a que el salario en el trabajo por horas suele ser superior al mínimo.

Al no haber accedido a expedientes de trabajadoras a tiempo parcial, presentamos únicamente datos recogidos de Vidas Laborales e Informes de Bases de Cotización pertenecientes a contratos a tiempo completo, indefinidos (Clave 100) y temporales (Clave 401).

El documento aportado como n.º 2 se refería a casos representativos recogidos antes del escrito a la Dirección General de la SS en el mes de junio. En el que aportamos ahora con el n.º 3, se recogen supuestos recogidos en certificaciones obtenidas la segunda quincena del mes de Octubre. La situación continúa.

Los casos de cotización correcta encontrados en 2019 tienen lugar cuando la relación laboral ha comenzado en ese año, o ha pasado de ser trabajo externo por horas a trabajo interno para la misma parte empleadora.

Por lo demás, cuando la relación laboral a tiempo completo es anterior aparece siempre la ilegalidad: o se produce la caída de tramo y la bajada de base de cotización respeto al año 2018 (es la situación ampliamente mayoritaria) o la infracotización porque no se está cotizando sobre los salarios realmente percibidos.

Este año, cuando trabajadoras que debían haber sido encuadradas en tramos superiores al correspondiente al salario mínimo han acudido ellas mismas a pedir explicaciones (en 2019 no hay más tope de cotización que el común del Régimen General), la TGSS ha vuelto a incumplir con su deber de vigilancia de la legalidad de la cotización, ya que ha ajustado las bases solo a partir de la reclamación, y no con retroactividad desde enero, como era debido en todos los supuestos que conocemos. Las interesadas no nos autorizan a documentar con sus datos esta afirmación, pero pedimos que se investiguen también estas situaciones.

5) Consideración final.

Los hechos que fundamentan esta queja responden a la manera de actuar de la TGSS a partir de 2012 en la recaudación del Sistema Especial de Hogar. Los números de afiliación que se aportan en los anexos numerados 2 y 3, corresponden a trabajadoras cuya cotización se ha gestionado en oficinas de Bizkaia y Gipuzkoa, pero no se trata de algo particular sino de un esquema de funcionamiento general.

Las trabajadoras de hogar y cuidados están encuadradas en un régimen de Seguridad Social que no cuenta con la prestación de desempleo, y con un régimen laboral que permite a la parte empleadora rescindir unilateralmente su relación laboral mediante el desistimiento, con una indemnización de 7 o 12 días por año, dependiendo de su antigüedad.

No son las interesadas quienes deben dirigirse a la Administración denunciando su situación particular, es la Tesorería quien debe actuar de oficio con carácter general en todos y cada uno de los casos, revisando las cotizaciones y actualizándolas. También deben comunicarse a las trabajadoras las rectificaciones de bases que hayan tenido lugar, al ser parte interesada a todos los efectos.

Por todo ello,

SOLICITAMOS que se tenga por presentada la queja junto con la documentación que se acompaña, se investiguen los hechos a que se refiere y se inste a las instituciones competentes a ajustar su actuación a la legalidad, con efectos retroactivos y tomando medidas para que la situación denunciada no se reproduzca en el futuro.

En Bilbao, a 11 de noviembre de 2019

Fuente:
http://vientosur.info/spip.php?article15311

_- CORRUPCION URBANÍSTICA. El Ayuntamiento de Madrid se resiste a investigar el caso de Monasterio: “No somos la Stasi”. Urbanismo ha abierto expedientes de las ocho obras irregulares publicadas, pero no hay fecha para los resultados. La líder de Vox borra todos sus proyectos de la web de su estudio.

_- El Ayuntamiento de Madrid no va a abrir una investigación de las obras de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, realizadas en los últimos años con el estudio de arquitectura y la promotora inmobiliaria de ambos, pese a la publicación de ocho casos de irregularidades, según explicó ayer el delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes, de Ciudadanos. “Si lo que pretenden es que nos convirtamos en la Stasi [la antigua policía secreta de Alemania del Este] no lo van a conseguir (…) En ningún caso vamos a iniciar una causa general contra ningún ciudadano, a no ser que por mandato judicial o por comprobación de disciplina urbanística de una ilegalidad manifiesta, así se aconseje u ordene”, dijo en una comparecencia solicitada por el PSOE en la comisión del área. Por el momento, el Ayuntamiento está aún en esa fase inicial de verificación. Cuarenta días después de la publicación del primer caso en EL PAÍS, Fuentes confirmó que se han abierto expedientes de todas las obras bajo sospecha publicadas en las distintas juntas de distrito donde han tenido lugar: “Estamos trabajando en ello”. Pero afirma desconocer cuándo se conocerán los resultados.

Monasterio, líder de Vox en Madrid, y su marido Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación en el Congreso, vendieron lofts en suelo industrial entre 2003 y 2008 y la mayoría fueron construidos sin licencia, tal como ha ido revelando este periódico. Además, ella ejerció como arquitecta sin tener el título, que solo obtuvo en 2009. Han aparecido tres documentos de distintas obras donde aparece como tal antes de esa fecha. Fuentes eludió en todo momento pronunciarse sobre las irregularidades, tan solo se extendió sobre el caso del chalé del matrimonio, en el barrio de Chamartín. No cuenta con licencia de ocupación ni de actividad para el estudio de arquitectura de Monasterio, ubicado en el inmueble. El ayuntamiento ordenó precintar y clausurar el edificio en septiembre, pero luego le concedió una prórroga de un año para legalizarlo. El delegado justificó que no puede "echar a una familia con menores". Mercedes González, del PSOE, le exigió que ejecute la orden de clausura por sentencia firme e investigue por qué se ha incumplido la ley durante años.

La oposición se mostró muy dura. González repasó todos los casos conocidos hasta ahora y exigió saber cuántos expedientes, cuántas inspecciones y cuántas iniciativas de disciplina urbanística se han llevado a cabo en cada episodio bajo sospecha. “Ha llegado el momento de retratarse”, le advirtió en referencia al mutismo que han mantenido hasta ahora PP y Ciudadanos, que dependen de Vox para mantener su mayoría tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. González reveló que el mismo día en que su partido registró la petición de comparecencia desapareció toda la información de la página web del estudio de la dirigente de Vox, Rocío Monasterio Asociados.

José Manuel Calvo, de Más Madrid, denunció un “presunto triple fraude” de Monasterio, profesional, administrativo y penal, por ejercer sin título, por construir sin licencia y “por una posible responsabilidad penal, probablemente prescrita, por poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y las personas”. “Todo esto es absolutamente inaceptable en un cargo público”, concluyó. También pidió a PP y Ciudadanos “no actuar con complacencia ante este caso”. De paso recordó que el líder en Madrid de este último partido, Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, también fue una de las víctimas de los lofts ilegales de Monasterio.

La concejal del PSOE recordó que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, declaró el pasado 26 de octubre: "Estamos investigando este caso como la totalidad de los casos, como es nuestro trabajo. Reunimos todos los expedientes, porque están muy dispersos para analizarlos, como haríamos con cualquier vecino. Una vez que tengamos toda la información se decide si se abre un procedimiento o no". Casi un mes después, aún no hay respuesta del Ayuntamiento.

La representante de Vox, Arantxa Cabello, defendió a sus compañeros de partido y veía una "obsesión" de la oposición con el caso. Enmarcó el conflicto sobre la residencia de Monasterio y Espinosa de los Monteros en el "derecho a la discrepancia" de los ciudadanos. Además de no contar con las licencias necesarias, en junio el dirigente de Vox fue condenado a indemnizar con más de 60.000 euros a un acreedor por no pagar parte del importe de las obras en ese mismo chalé. En todo caso aseguró que los dos dirigentes "acatarán las decisiones obligaciones judiciales y administrativas que les correspondan".

_- Actúa un virtuoso y el tribunal se descompone. El examen en el Real Conservatorio de Música de Madrid ha quedado congelado y los documentos de los 13 opositores se encuentran custodiados en una caja fuerte.

_- BERTA FERRERO
Madrid 19 JUL 2019 - 10:48 CEST
Hacía 30 años que no se celebraban las oposiciones a catedrático de Instrumentista de Cuerda en el Real Conservatorio de Música de Madrid. De pronto, se convocan en abril para finales de junio, con solo dos meses de antelación: cinco plazas, una para viola, una para violonchelo, dos para violín y una para contrabajo. Se presentan 14 aspirantes venidos de toda España.

El tribunal está nombrado: cinco miembros, aunque uno de ellos queda fuera porque es recusado. Quedan cuatro. La primera fase consta de un examen teórico de dos horas, seguido de un exigente examen práctico que es un concierto de dos horas, con la interpretación de seis obras. Los candidatos muestran su competencia con el instrumento

Hay dos que destacan sobre los demás. Uno, especialmente brillante. Virtuoso.

Y, entonces, el tribunal entra en crisis. Dos de sus miembros dimiten insospechadamente. Es sábado 13 de julio. El lunes 15, la dirección de recursos humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid decide dejar en suspenso la oposición. No hay más explicaciones. La versión oficial es que “los cuatro miembros que quedaban no se ponían de acuerdo, por lo que dos de ellos presentaron su renuncia”. La consejería aceptó la decisión “porque con dos miembros de cinco no se puede seguir adelante”, y suspendió temporalmente las pruebas hasta nombrar otro tribunal. ¿Cuál es la verdadera causa de la dimisión de dos miembros del tribunal? ¿Provocar que la oposición vuelva a repetirse?

La sospecha de que algunas plazas estaban adjudicadas es ya inevitable.

Nadie esperaba dos candidatos tan brillantes.

Los 13 aspirantes a catedrático en el conservatorio superior de música ansiaban el título máximo de sabiduría. Ser catedrático es eso. Y algo más. Estar en el primer escalafón y no poder subir más. Ganar entre 2.800 y 3.000 euros brutos al mes. Decidir el programa que se debe impartir de su instrumento. Y prestigio. Mucho prestigio.

“Esto es una vergüenza. Gastamos tiempo, energía y dinero, para que luego esté todo amañado. Me refiero a jornadas enteras, días completos, preparándote para esto”, se queja Juanjo, nombre ficticio. No quiere dar su nombre real: “Por todo lo que me juego”, afirma. “Es indignante. Una chapuza. Es el nivel más alto al que podemos aspirar y el proceso está lleno de irregularidades”. Su postura es bastante común. No es el único que quiere hablar, pero bajo el anonimato. Una vida en juego.

El tiempo en esta historia adquiere una relevancia especial. Después del examen teórico y el práctico, se definirían los finalistas, que deberían exponer la lectura de un programa que tenían que elaborar y presentar, de 15 minutos. Es la prueba que no se llegó a realizar.

El tribunal, compuesto por un presidente, José Antonio Campos, una secretaria, Celia M. Campa, y tres vocales, Alano Melchor Kovacs, Joaquín Torre y Jorge A. Muñoz Martín, ya comenzó con polémica. Uno de los opositores, cuyo nombre no ha trascendido, presentó una recusación porque un miembro no cumplía los requisitos. La Comunidad de Madrid estudió el caso y comprobó que Muñoz era un catedrático en prácticas, es decir, “tenía plaza pero no había sido nombrado oficialmente por el Ministerio de Educación”. Y lo retiró el 8 de julio, con la primera parte de las oposiciones ya realizada. La ley permite continuar con un tribunal de cuatro miembros. Y siguió adelante. “Es importante el número impar para que luego se pueda desempatar. Pero lo cierto es que la normativa lo permite”, explica Juan Antonio Pagán, responsable de Enseñanzas Artísticas de Comisiones Obreras.

El proceso continuó. Y con la parte práctica llegaron las sorpresas: virtuosos desconocidos que sorprendieron con conciertos cuasi perfectos y una diferencia de criterios a la hora de evaluar, a pesar de que hay unos 15 parámetros técnicos y musicales que seguir a rajatabla —como la afinación o que no se pueden hacer pausas—. “Es normal que dentro de un tribunal haya divergencias. No lo es que dos decidan el sábado pasado que dimiten y que Zurita —director general de recursos humanos de la Consejería de Educación— lo acepte el lunes sin preguntar al resto del tribunal qué ha pasado. Nos conduce a pensar que hay otros motivos de fondo”, añade Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato.

La preocupación entre los candidatos es evidente: algunos son profesores en el conservatorio desde hace muchos años; todos llevan décadas de preparación. No saben si sus calificaciones valen, si habrán de repetirse las pruebas o si... se formará un tribunal completamente nuevo. A ellos nadie les ha dicho nada oficialmente.

UNAS NOTAS CONGELADAS Y CUSTODIADAS EN UNA CAJA FUERTE
Los opositores conocieron el lunes que su examen se había quedado congelado y así sigue hasta el momento. Los documentos de los 13 opositores junto con las notas emitidas hasta el momento están custodiados por Ana Guijarro, directora del Real Conservatorio de Música de Madrid, y encerrados en una caja fuerte.

Fuentes de la Consejería de Educación confirmaron el miércoles que formará un nuevo tribunal “lo antes posible para garantizar la transparencia”. El jueves respondieron con un escueto “no hay nada nuevo”. Además, aseguraron que los aspirantes mantendrán la nota que ya se les había asignado. Esta incertidumbre preocupa, y mucho, a los aspirantes, que temen tener que volver a repetir “esta pesadilla”.

Mientras tanto, el sindicato CC OO exigió este jueves a través de un escrito a Miguel José Zurita, director general de recursos humanos de la Comunidad, que se configure el tribunal de nuevo cuanto antes y que mantengan en él a los dos miembros que no dimitieron “ya que reúnen los requisitos para ser miembros del mismo”.

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_- ¿Es un partido o una partida de estafadores del pueblo español? Creado, sostenido y dirigido por el gran capital de España, las empresas de IBEX35,...

_- Vídeo de la sexta sobre el llamado partido de Rivera

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_- Haití se levanta contra la corrupción, el nepotismo, la represión y la impunidad.

_- Jean-Luc Mercier
Rebelión

El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.

Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.

Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.

Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.

Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.

Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.

El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.

Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.

Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.

Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.

Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.

El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.

El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.

El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.

De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.

La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.

La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.

Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.

"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.

Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.

Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".

Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.

Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.

Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.

El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz

Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.

Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.

Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.

Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.

Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene,utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%..

Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.

La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.

Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.

Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.

El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”

El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informático Ecuménico y Popular.

La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.

Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.

En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.

Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según informó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).

Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.

El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).

La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.

La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).

Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La derecha en Europa del Este.

Entrevista a Jakub Patocka, periodista y fundador de la página web checa de información Deníku Referendum

Por qué las oligarquías y la extrema derecha toman progresivamente el poder en la Europa del Este

 Rachel Knaebel
Basta!
 Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

En comparación con la Hungría del presidente de extrema derecha Victor Orban y de la Polonia del partido Dignidad y Justicia, la República Checa da poco de qué hablar.

Con todo, las elecciones legislativas del pasado mes de octubre llevaron a la cabeza del Gobierno al oligarca Andrej Babiš, una de las personalidades más ricas del país que creó su propio partido hace unos años. Un “Donald Trump checo” que no duda en utilizar el poder para fines personales. Basta! Ha entrevistado a Jakub Patocka*, periodista y fundador de la página web checa de información Deníku Referendum y autor de una obra sobre la trayectoria del oligarca de Praga.

Basta!: ¿Puede explicarnos cuál es la situación política que prevalece actualmente en la República checa tras las elecciones legislativas de octubre de 2017?
Jakub Patock: La situación de la República Checa es sombría, aunque no es desesperada. El frágil sistema político establecido tras la revolución democrática de 1989 se ha desmoronado prácticamente. Es cierto que este sistema tenía muchos defectos, pero se trataba de una democracia que se parecía más a la de los países del Oeste que al caos postcomunista del que ahora formamos parte. Actualmente nuestro sistema político conserva los rasgos formales de la democracia, pero se trata de la fachada de un régimen autoritario sofisticado, que sirve a los intereses del nuevo líder checo Andrej Babiš [de centro-derecha, ndlr]. Su único rival es el nuevo presidente Miloš Zeman [social-demócrata, ndlr], que sin lugar a dudas es aún peor en ciertos aspectos.

¿Puede hablarnos de Andrej Babiš?¿Quién es?
Es uno de los ciudadanos más ricos de la República Checa. El partido de Andrej Babiš está organizado como si fuera de su propiedad, lo mismo que los medios de comunicación que compró para apoyar su carrera política. Al principio sus negocios eran la agricultura y la agroquímica. Construyó su fortuna sobre todo utilizando a su favor las subvenciones europeas. Cuando el modelo neoliberal checo se desmoronó tras las elecciones de 2010 y el modelo de empresa de Babiš se debilitó, entonces decidió tomar directamente el control del Estado. Se sumó a la demanda de una alternativa política que hacía la población checa frente a una clase dirigente política en parte corrupta. Babiš comprendió perfectamente que él podría comprar esta posición de principal alternativa, aunque él mismo fuera uno de los vectores que habían provocado la corrupción de la clase dirigente.

¿Cómo se creó su fortuna?
Andrej Babiš era el responsable de la adquisición de mercancías estratégicas para el antiguo bloque del Este. Cuando cayeron los regímenes comunistas utilizó su situación privilegiada, sus contactos, para expropiar la empresa nacional eslovaca de agroquímica Petrimex, que se convirtió en el centro de su propio grupo industrial, Agrofert. Después Babiš creó paso a paso un imperio comprando otras empresas estatales liquidadas e infravaloradas. La siguiente etapa consistió en empezar a comprar propiedades agrícolas privadas y cooperativas.

¿Cómo entró en política?
En 2010 Andrej Babiš se dio cuenta de que la ganga postcomunista estaba llegando a su fin porque la gente también se empezaba a dar cuenta de que la élite en el poder estaba comprada por la nueva oligarquía. Cuando se dio cuenta de que su influencia estaba en peligro porque todo el andamiaje político de la República Checa postcomunista estaba a punto de desmoronarse, entonces decidió entrar en el juego. Así es como nació su proyecto político. Durante las elecciones de 2010 los nuevos movimientos populistas habían obtenido unos resultados magníficos por primera vez en la República Checa. En 2011 Babiš creó su propio partido, llamado “Acción de los Ciudadanos Insatisfechos”, cuyas siglas en checo son ANO, que también significa “sí”. Compró algunos de los medios de comunicación más influyentes y contrató a algunos de los más ágiles responsables de relaciones públicas. De forma absurda, aunque eficaz, se ha creado una imagen de solución alternativa al sistema corrupto. Y ello un año antes de Donald Trump en Estados Unidos.

¿Qué defiende su partido político?
Aparte de los intereses de Andrej Babiš, ¡no defiende nada verdaderamente! De hecho, esta formación política es muy débil en todos los aspectos. La estrategia general del partido ANO consiste en recabar el apoyo de la opinión pública para cuestiones que son importantes para la gente, pero que carecen de consecuencias para los intereses económicos del grupo que dirige Babiš, Agrofert. Hay muchas cuestiones de este tipo, sobre las que su partido adopta posturas muy populares. Y hay otras cuestiones que son verdaderamente importantes para Babiš y Agrofert, acerca de las cuales Babiš cambia las leyes a su favor y utiliza su brazo mediático para apoyarlo.

¿Cuáles son las actividades de su sociedad, Agrofert?
El grupo de Babiš opera sobre todo en la República Checa, aunque también tiene actividades importantes en Alemania y Eslovaquia. Babiš posee además un restaurante de lujo en Francia. Pero lo fundamental de sus negocios es la agricultura industrial y la química que la acompaña. Maniobra políticamente para asegurarse de que el sector agrícola utiliza la mayor cantidad posible de productos químicos.

¿Qué diferencias hay entre su política y la de un Viktor Orban en Hungría (extrema derecha), o la del partido polaco Derecho y Justicia (extrema derecha católica)?
Babiš está en la misma línea política que estos movimientos aunque con algunas diferencias. Ante todo, existen diferencias culturales importantes relacionadas con la evolución de las modernas naciones húngara, polaca, checa y eslovaca. Nunca ha existido el concepto de “Gran Chequia”, como en el caso de Hungría o de Polonia. Este tipo de nacionalismo no existe en la República Checa, por lo que Babiš no puede apostar por este tipo de argumentos. Él mismo es de origen eslovaco. El aspecto patriótico no es un componente tan importante en la política checa. El hecho de que la postura de extrema derecha esté representada en el tablero político por un hombre de negocios japonés, Tomio Okamura, es muy significativo. Pero al mismo tiempo Babiš es como un Orban o como el partido Derecho y Justicia porque es una antítesis de la democracia del oeste de Europa. No quiere un gobierno demócrata, del pueblo para el pueblo, sino que ha declarado abiertamente que quiere cambiar el país para que sea dirigido como una empresa.

Andrej Babiš (izquierda) en 2015, con Sebastian Kurz, que se convirtió después en canciller del Gobierno austriaco (coalición entre conservadores y extrema derecha) - CC Bundesministerium für Europa.

En mi opinión, esta es la clave para entender la situación actual de la Europa Central postcomunista. La mayoría de los habitantes de estos países no han interiorizado el modelo de la Europa Occidental basado en la democracia. Hay muchas razones para ello, una de ellas es que Europa Occidental y Estados Unidos no han logrado desarrollar una verdadera estrategia de integración de los países postcomunistas en el sistema democrático occidental. Algunos lo intentaron y fracasaron, otros simplemente querían convertir estas regiones en semicolonias. Por consiguiente, ahí es donde nos encontramos. Hoy en día unas oligarquías locales toman el control de nuestras políticas, junto con Rusia y China. Los poderes occidentales han perdido terreno al observar con incredulidad cómo pueden ser tan “ingratos” los países postcomunistas. Puedo entender este sentimiento, pero eso no nos ayuda. Babiš, como Kaczynski y Orban, representan las fuerzas de la autocracia contra la democracia.

¿Ha recibido amenazas por ser director de un diario independiente?
He sido amenazado por haber publicado un libro en el que mostraba cómo utilizaba Babiš su poder político para su beneficio personal. El diario se enfrenta ahora a acusaciones de difamación. Además, una brigada financiera está controlando nuestras cuentas por primera vez en ocho años de existencia. Los medios de comunicación de Babiš también han empezado una campaña de difamación contra mí y contra mi periódico con el objetivo de cortarnos nuestros recursos financieros publicitarios. El diario pasa por un periodo de graves problemas económicos que podrían ser fatales.

De manera más general, ¿cuál es la situación económica en al República Checa?
Todo depende de la perspectiva que se adopte. A excepción de la clase oligárquica, que es minúscula y desmesuradamente rica, hay muchas personas en una situación acomodada, una clase media alta que se concentra sobre todo en las grandes ciudades. Pero al lado de esto hay una clase inferior que es cada vez mayor y que está cada vez más desencantada porque su situación ha empeorado con el advenimiento del nuevo régimen democrático, que se asimila al capitalismo desregulado. Millones de familias viven con el miedo constante a gastos inesperados a los que no podrán hacer frente. El hecho de que a la gente aquí se le pague mucho menos que a sus homólogos del Oeste por el mismo trabajo es parte del problema y también es una de las explicaciones de la actitud repugnante que han demostrado los países postcomunistas respecto a los refugiados: las personas que no se benefician de una solidaridad generosa raramente son susceptibles de demostrarla ellas mismas.

¿Qué espera usted de la Unión Europea respecto a la situación política actual de la República Checa?
No tengo la menor duda de que la Unión Europea actúa de buena fe, pero en realidad sus políticas tienen aquí un efecto desastroso. Hay que revisar totalmente la estrategia. Cuando entramos en la Unión Europea todo el mundo estaba obsesionado por la economía y nadie prestó la menor atención a los aspectos políticos. La Unión Europea debe entender que va a tener que luchar. Rusia, China, las oligarquías nacionales, las empresas multinacionales… todas estas fuerzas creen que Europa Central ser ha convertido en su terreno de juego. Consideran que tienen las manos libres para hacer lo que quieran. La Unión Europea tiene que actuar rápidamente si no quiere que desaparezcan las jóvenes democracias del Este de Europa. Hoy en día el dinero europeo que abunda en la región sirve de hecho para fomentar las autocracias.

No obstante, se pueden hacer dos cosas: en primer lugar, reorientar algunos de los recursos financieros de la Unión Europea para apoyar a la sociedad civil y a los medios independientes. Es necesario que estos recursos sean administrados por estructuras de la Unión Europea, no por políticos locales corruptos o por sus amigos. Puede que sea difícil, pero la alternativa a este cambio de rumbo de la Unión Europea en Europa Central es mucho peor, para nosotros y para la propia Unión Europea. En la República Checa la batalla por la democracia sigue abierta porque se ha formado un movimiento fuerte contra Babiš y porque este se enfrenta a cargos criminales. Casi cuatro meses después de las elecciones, todavía no ha logrado formar gobierno por falta de suficiente apoyo en el Parlamento.

Entrevista realizada y traducida del inglés [al francés] por Rachel Knaebel.

* Jakub Patocka es un periodista checo, fundador de la página web de información independiente Deník Referendum y coautor del libro Žlutý baron sobre la trayectoria del oligarca Andrej Babiš.

Fuente: http://www.bastamag.net/Pourquoi-oligarques-et-droites-extremes-prennent-progressivement-le-pouvoir-en

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.