_- Actúa un virtuoso y el tribunal se descompone. El examen en el Real Conservatorio de Música de Madrid ha quedado congelado y los documentos de los 13 opositores se encuentran custodiados en una caja fuerte.

_- BERTA FERRERO
Madrid 19 JUL 2019 - 10:48 CEST
Hacía 30 años que no se celebraban las oposiciones a catedrático de Instrumentista de Cuerda en el Real Conservatorio de Música de Madrid. De pronto, se convocan en abril para finales de junio, con solo dos meses de antelación: cinco plazas, una para viola, una para violonchelo, dos para violín y una para contrabajo. Se presentan 14 aspirantes venidos de toda España.

El tribunal está nombrado: cinco miembros, aunque uno de ellos queda fuera porque es recusado. Quedan cuatro. La primera fase consta de un examen teórico de dos horas, seguido de un exigente examen práctico que es un concierto de dos horas, con la interpretación de seis obras. Los candidatos muestran su competencia con el instrumento

Hay dos que destacan sobre los demás. Uno, especialmente brillante. Virtuoso.

Y, entonces, el tribunal entra en crisis. Dos de sus miembros dimiten insospechadamente. Es sábado 13 de julio. El lunes 15, la dirección de recursos humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid decide dejar en suspenso la oposición. No hay más explicaciones. La versión oficial es que “los cuatro miembros que quedaban no se ponían de acuerdo, por lo que dos de ellos presentaron su renuncia”. La consejería aceptó la decisión “porque con dos miembros de cinco no se puede seguir adelante”, y suspendió temporalmente las pruebas hasta nombrar otro tribunal. ¿Cuál es la verdadera causa de la dimisión de dos miembros del tribunal? ¿Provocar que la oposición vuelva a repetirse?

La sospecha de que algunas plazas estaban adjudicadas es ya inevitable.

Nadie esperaba dos candidatos tan brillantes.

Los 13 aspirantes a catedrático en el conservatorio superior de música ansiaban el título máximo de sabiduría. Ser catedrático es eso. Y algo más. Estar en el primer escalafón y no poder subir más. Ganar entre 2.800 y 3.000 euros brutos al mes. Decidir el programa que se debe impartir de su instrumento. Y prestigio. Mucho prestigio.

“Esto es una vergüenza. Gastamos tiempo, energía y dinero, para que luego esté todo amañado. Me refiero a jornadas enteras, días completos, preparándote para esto”, se queja Juanjo, nombre ficticio. No quiere dar su nombre real: “Por todo lo que me juego”, afirma. “Es indignante. Una chapuza. Es el nivel más alto al que podemos aspirar y el proceso está lleno de irregularidades”. Su postura es bastante común. No es el único que quiere hablar, pero bajo el anonimato. Una vida en juego.

El tiempo en esta historia adquiere una relevancia especial. Después del examen teórico y el práctico, se definirían los finalistas, que deberían exponer la lectura de un programa que tenían que elaborar y presentar, de 15 minutos. Es la prueba que no se llegó a realizar.

El tribunal, compuesto por un presidente, José Antonio Campos, una secretaria, Celia M. Campa, y tres vocales, Alano Melchor Kovacs, Joaquín Torre y Jorge A. Muñoz Martín, ya comenzó con polémica. Uno de los opositores, cuyo nombre no ha trascendido, presentó una recusación porque un miembro no cumplía los requisitos. La Comunidad de Madrid estudió el caso y comprobó que Muñoz era un catedrático en prácticas, es decir, “tenía plaza pero no había sido nombrado oficialmente por el Ministerio de Educación”. Y lo retiró el 8 de julio, con la primera parte de las oposiciones ya realizada. La ley permite continuar con un tribunal de cuatro miembros. Y siguió adelante. “Es importante el número impar para que luego se pueda desempatar. Pero lo cierto es que la normativa lo permite”, explica Juan Antonio Pagán, responsable de Enseñanzas Artísticas de Comisiones Obreras.

El proceso continuó. Y con la parte práctica llegaron las sorpresas: virtuosos desconocidos que sorprendieron con conciertos cuasi perfectos y una diferencia de criterios a la hora de evaluar, a pesar de que hay unos 15 parámetros técnicos y musicales que seguir a rajatabla —como la afinación o que no se pueden hacer pausas—. “Es normal que dentro de un tribunal haya divergencias. No lo es que dos decidan el sábado pasado que dimiten y que Zurita —director general de recursos humanos de la Consejería de Educación— lo acepte el lunes sin preguntar al resto del tribunal qué ha pasado. Nos conduce a pensar que hay otros motivos de fondo”, añade Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato.

La preocupación entre los candidatos es evidente: algunos son profesores en el conservatorio desde hace muchos años; todos llevan décadas de preparación. No saben si sus calificaciones valen, si habrán de repetirse las pruebas o si... se formará un tribunal completamente nuevo. A ellos nadie les ha dicho nada oficialmente.

UNAS NOTAS CONGELADAS Y CUSTODIADAS EN UNA CAJA FUERTE
Los opositores conocieron el lunes que su examen se había quedado congelado y así sigue hasta el momento. Los documentos de los 13 opositores junto con las notas emitidas hasta el momento están custodiados por Ana Guijarro, directora del Real Conservatorio de Música de Madrid, y encerrados en una caja fuerte.

Fuentes de la Consejería de Educación confirmaron el miércoles que formará un nuevo tribunal “lo antes posible para garantizar la transparencia”. El jueves respondieron con un escueto “no hay nada nuevo”. Además, aseguraron que los aspirantes mantendrán la nota que ya se les había asignado. Esta incertidumbre preocupa, y mucho, a los aspirantes, que temen tener que volver a repetir “esta pesadilla”.

Mientras tanto, el sindicato CC OO exigió este jueves a través de un escrito a Miguel José Zurita, director general de recursos humanos de la Comunidad, que se configure el tribunal de nuevo cuanto antes y que mantengan en él a los dos miembros que no dimitieron “ya que reúnen los requisitos para ser miembros del mismo”.

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El magnate del Espírito Santo, multado con 3,7 millones de euros. La condena es aparte de los procesos Marqués, Monte Branco y EDP, donde está imputado por decenas de delitos.

El último presidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado Espírito Santo, ha sido condenado a pagar una multa de 3,7 millones de euros por vender títulos de deuda de su mismo grupo contra la orden del Banco de Portugal. El Tribunal también ha prohibido que Salgado ocupe cargo financiero alguno durante ocho años, aunque esta condena, como la misma multa, es el menor de sus problemas.

El Tribunal de Segunda Instancia de Santárem también ha condenado al administrador del mismo banco, Amílcar Morais Pires, a pagar 350.000 euros y a estar un año sin ocupar cargos financieros. Inicialmente, el Banco de Portugal había multado con 4 millones de euros a Salgado y a Pires con 600.000 euros. Ambos administradores recurrieron la sanción, que ahora reduce el tribunal, aunque los abogados de la defensa ya han anunciado que la recurrirán.

Esta condena es una de las primeras en la guerra judicial que tiene por delante el magnate de la familia Espírito Santo. Ricardo Salgado, que permanece recluido en su casa de Cascais desde que su banco tuvo que ser intervenido por el Gobierno, en agosto de 2014. La quiebra del primer banco privado del país ya ha costado al Estado más de 7.000 millones, pero se estima que acabará siendo el doble.

Salgado está imputado por decenas de delitos de blanqueo de dinero, corrupción, fraude en los casos que envuelven la administración de su banco con el ex primer ministro José Sócrates, en la Operación Marqués, así como por el blanqueo de 27 millones de euros en el caso Monte Branco. En las semanas pasadas a estos casos se le añadió otra imputación en el caso EDP, según el cual, Salgado pagó al ministro de Sócrates Manuel Pinho un millón de euros para que favoreciera a la eléctrica EDP y al grupo empresarial de la familia, el GES.

Pese a su implicación en los más importantes casos judiciales del país, Salgado está en libertad, aunque con el pasaporte retirado y con el embargo de sus bienes y los de su amplia familia.

En uno de sus últimos fallos judiciales también se le fue congelado el cobro de una pensión mensual de 39.000 euros. Salgado llevaba cobrando más de dos años una pensión de 90.000, pero la nueva administración de su antiguo banco (ahora llamado Novo Banco) consideró que un pensionista no podía cobrar más que su primer directivo y se la rebajó a 11.500. Salgado demandó al banco y el juez consideró que la pensión debía ser de 35.000 euros; en estas, el ministerio fiscal, que desconocía tal detalle, reclamó al juez que esa pensión se embargara, como el resto de los bienes de Salgado, para hacer frente a los presumibles prejuicios del Estado y a las presumibles condenas por los casos judiciales varios a los que se enfrenta.

https://elpais.com/economia/2018/04/30/actualidad/1525109575_453896.html

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