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lunes, 6 de enero de 2020

Vicio insubsanable

Contracorriente
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Oriol Junqueras el 14 de octubre está afectada por un vicio insubsanable; cuanto más tiempo tarde en reconocerlo, mayor será la humillación

La Abogacía del Estado pide al Supremo que Junqueras ejerza como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad | El documento de la Abogacía

Javier Pérez Royo

El Tribunal Supremo (TS) se ha metido él solo en un callejón sin salida. Aceleró la fase final del juicio oral del procés, con la finalidad de que quedara visto para sentencia antes del 13 de junio, que sabía que era la fecha para la proclamación definitiva por la Junta Electoral Central (JEC) de los candidatos proclamados electos de manera provisional el 26 de mayo, creyendo que de esta manera ya no sería necesario poner en libertad a Oriol Junqueras, solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y esperar la respuesta de este para dictar sentencia contra él.

Pero no es así. El parlamentario únicamente pierde la inmunidad con la disolución del parlamento. Solamente los miembros de la Diputación Permanente la conservan mientras el parlamento está disuelto. Los demás la pierden. Una vez celebradas las elecciones generales, los candidatos que son proclamados electos vuelven a ser portadores de la misma desde el mismo momento de la proclamación. Y lo son a lo largo de toda la legislatura. Para ser detenidos o poder proceder penalmente contra ellos, se tiene que solicitar el suplicatorio a la Cámara a la que pertenezcan: Congreso, Senado o Parlamento Europeo. Tanto si se han iniciado acciones penales contra ellos o incluso se ha iniciado el juicio oral o si el juicio ha quedado visto para sentencia, como si no. La inmunidad es garantía institucional de la "integridad" del nuevo parlamento y garantía individual de cada uno de sus miembros. Y garantía sin excepción de ningún tipo. Hay que dirigir siempre y en todo caso el suplicatorio al parlamento, a fin de que levante la inmunidad de un parlamentario.

Es obvio que el hecho de que un parlamentario esté siendo ya procesado, y más todavía si ha concluido el juicio oral, facilita al juez o tribunal la fundamentación de la solicitud del suplicatorio y puede acelerar la tramitación parlamentaria y la respuesta de la Cámara. Pero lo que no puede nunca es EXIMIR al órgano judicial de la obligación de solicitar el suplicatorio. En ningún caso.

Cada parlamento es la expresión de una nueva manifestación de voluntad del cuerpo electoral. Es una nueva manifestación del principio de soberanía popular. Con él se activa la garantía de la inmunidad parlamentaria. Cualquier circunstancia anterior de la que pueda derivarse responsabilidad penal para uno de sus miembros tiene que ser puesta en conocimiento del parlamento, a fin de que este decida si concede o no la autorización para proceder contra él. Es la única manera que tiene el parlamento de conservar el control de su propia integridad.

Quiere decirse, pues, que la no solicitud del suplicatorio por parte de un juez o tribunal contra un parlamentario vicia de nulidad cualquier actuación del órgano judicial. Se trata de un vicio insubsanable, porque choca frontalmente con el principio de soberanía popular, con el principio de legitimidad democrática en que descansa el Estado Constitucional.

Estos son conocimientos que se adquieren en el primer curso de la licenciatura. El parlamento es el "patrón oro" de la democracia parlamentaria, que, precisamente por eso, se adjetiva así. Nadie más que él puede decidir sobre su propia "integridad". No entenderlo así es desconocer el fundamento en el que descansa el Estado democrático.

Esto es lo que ha hecho el TS. Ha dictado sentencia el 14 de octubre contra Oriol Junqueras, que era diputado europeo desde el 13 de junio, como acaba de reconocer de manera expresa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y lo ha hecho sin haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y sin haber recibido de este la autorización para poder hacerlo.

La manifestación de voluntad del TS en dicha sentencia es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Ha dictado sentencia contra quien no podía dictarla, sin recibir previamente la autorización del Parlamento del que era miembro. Este vicio de nulidad no es subsanable.

El TS tiene dos alternativas: o reconocer el error que ha cometido y proceder a declarar nula la sentencia por él dictada el 14 de octubre o permanecer en el error y recibir una nueva humillación por parte del TJUE.

sábado, 28 de diciembre de 2019

Sobre la sentencia de Junqueras: ha pasado lo que tenía que pasar

Para evitar confusiones, sigamos el orden que se tiene que seguir.

1. Oriol Junqueras estaba en posesión de todos sus derechos constitucionales en el momento en que fueron convocadas las elecciones al Parlamento Europeo. Estaba en prisión provisional, pero no existía ninguna sentencia firme que le privara del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.

2. Oriol Junqueras fue proclamado candidato por la Junta Electoral Central (JEC) dentro de la lista correspondiente, certificándose de esta manera que reunía los requisitos legalmente exigidos para ello.

3. Celebradas las elecciones el 26 de mayo, la JEC procedió a la proclamación provisional de Oriol Junqueras como candidato electo, sin que se interpusiera ningún recurso contra la misma.

4. El 13 de junio, tras el recuento general, la JEC procedió a la proclamación definitiva, ordenando su publicación en el BOE.

Es obvio que si un ciudadano concurre a unas elecciones porque puede hacerlo y es elegido, posteriormente no puede impedírsele acudir a la sede de la JEC para prometer o jurar la Constitución, privándosele de esta manera del escaño obtenido mediante el voto de los ciudadanos. No es admisible que se permita a un ciudadano participar como candidato en unas elecciones y que no se le permita ocupar el escaño para el que ha sido elegido.

Esto tan obvio es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a reconocer en la sentencia conocida este jueves. Oriol Junqueras es miembro del Parlamento Europeo desde el 13 de junio, cuando se hizo la proclamación definitiva por la JEC. Desde ese día tenía que haber cesado la prisión provisional, de tal manera que pudiera acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Para continuar procediendo penalmente contra él, el Supremo tendría que haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y haber esperado la respuesta de este.

El TJUE sanciona el comportamiento fraudulento del Tribunal Supremo de permitir a Oriol Junqueras participar en unas elecciones, pero no aceptar el resultado de las mismas. Oriol Junqueras es diputado europeo desde el 13 de junio, haya jurado o prometido la Constitución o no. Desde entonces debería estar en libertad y poder participar en las sesiones del Parlamento Europeo. Sobre esto no existe duda.

Lo que queda por decidir es si el Tribunal Supremo pudo dictar la sentencia que dictó el 14 de octubre condenando a Oriol Junqueras por delito de sedición. Esta era la cuestión que suscitaba en las dos últimas líneas de sus Conclusiones el Abogado General.

Porque el Supremo cometió un segundo fraude al elevar la cuestión prejudicial al TJUE y no esperar la respuesta de este para dictar sentencia. Temiendo que el TJUE decidiera que Oriol Junqueras era miembro del Parlamento Europeo y que el Tribunal Supremo tenía que ponerlo en libertad y solicitar el suplicatorio para poder continuar procediendo penalmente contra él, no esperó la respuesta y dictó sentencia el 14 de octubre, es decir, el mismo día en que se celebró la vista sobre la cuestión prejudicial en el TJUE.

Con esta conducta el TS corría el riesgo de que el TJUE acabara diciendo que Oriol Junqueras era diputado europeo y portador por tanto de la inmunidad propia de quien ostenta esa condición y que, en consecuencia, el TS no podía dictar sentencia contra él sin solicitar previamente el suplicatorio al Parlamento. El tribunal corría el riesgo de que la sentencia acabara siendo nula de pleno derecho por haber sido dictada contra quien el Supremo no podía dictarla en ese momento.

Sobre este segundo fraude la sentencia del TJUE conocida este jueves no dice nada, pero tendrá que acabar diciendo algo, porque la defensa de Oriol Junqueras solicitará sin duda la nulidad al TS y, dependiendo de la respuesta de este, volverá al TJUE.

Esto se va a empezar a analizar en los cinco días que el TS ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las consecuencias que se deben extraer de la sentencia del TJUE conocida este jueves.

Atentos.

Javier Pérez Royo es catedrático emérito de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla.

http://www.sinpermiso.info/textos/sobre-la-sentencia-de-junqueras-ha-pasado-lo-que-tenia-que-pasar

viernes, 20 de abril de 2018

La constitución y la monarquía, charla de Javier Pérez Royo.



Carlos I de Inglaterra y Escocia. Rey de Inglaterra e Irlanda 27 de marzo de 1625 - 30 de enero de 1649

Carlos Estuardo nació en el palacio de Dunfermline, el 19 de noviembre de 1600, siendo el segundo hijo varón de los nueve vástagos de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra y Ana de Dinamarca. Fue un niño subdesarrollado que todavía no podía caminar o hablar a la edad de tres años. Cuando la reina Isabel I murió en 1603 y Jacobo VI fue proclamado rey de Inglaterra como Jacobo I, dejaron a Carlos en Escocia bajo el cuidado de enfermeras y criados porque se temía que el viaje dañara su frágil salud. Finalmente, hizo el viaje a Inglaterra en julio de 1604 y fue puesto posteriormente a cargo de Lady Carey, que le enseñó a caminar y hablar. Al llegar a adulto no medía más que 1 m y 62 cm.

miércoles, 11 de abril de 2018

Declaraciones del catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla sobre el encarcelamiento de políticos catalanes.


Quiero recordar que Javier Pérez Royo, además de catedrático, ha sido el mejor expediente académico en Derecho de la Universidad de Sevilla. Según publicó en su momento El País, todas las asignaturas con Matriculas de Honor. Y se sabe que asistió a clases. Sus compañeros lo tienen en muy alta estima tanto como estudiante como ahora cuando ejerce de profesor, doctor, catedrático y en su momento de rector magnifico de la U. de Sevilla.

Catedráticos de Derecho Constitucional y la elección de Puigdemont

Noam Chomsky y más de 100 académicos de 19 países piden la puesta en libertad de los políticos catalanes encarcelados

Agencias

Más de cien académicos de 19 países, entre ellos Noam Chomsky, pidieron hoy en una carta "la puesta en libertad inmediata" de los políticos catalanes encarcelados en España por participar en la declaración de independencia de Cataluña.

En la misiva, publicada por el diario escocés independentista The National, reclaman también "una acción inmediata de la Unión Europea para detener esta represión, que representa una mancha indeleble y permanente en la democracia europea".

Piden además a la UE que actúe para acabar con la situación de los que denominan como "exiliados", en alusión a los políticos catalanes prófugos de la Justicia española, que, según afirman, "están siendo perseguidos por órdenes de detención europeas emitidas bajo los auspicios de la Unión Europea".

Entre esos políticos figuran el ex presidente catalán Carles Puigdemont, acusado por la Justicia española de rebelión y malversación de caudales públicos y quien está en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida sobre su entrega a España en cumplimiento de una euroorden.

También se incluye entre esos políticos la ex consejera catalana de Educación Clara Ponsatí, huida a Edimburgo y en libertad condicional con medidas cautelares pendiente de que se decida sobre su extradición a España para responder ante la Justicia de los delitos de rebelión y malversación.

Los firmantes de la carta son más de un centenar de profesores de distintas ramas de las humanidades de universidades de Estados Unidos, México, Argentina, Australia, Canadá y el Reino Unido.

lunes, 18 de diciembre de 2017

El problema no es el 21D, sino el 22D

eldiario.es


No cabe duda de que el auto del juez Pablo Llanera dictado ayer, que el lector con seguridad conoce, va a tener un impacto en la campaña electoral que comenzó apenas doce horas después de que dicho auto se hiciera público.

Pero, en mi opinión, el impacto va a ser mayor a partir del 22D. Una campaña electoral es una suerte de paréntesis, en el que se hace política de una manera completamente distinta a como se hace el resto del tiempo. Durante los días de campaña no se gobierna ni se hace oposición. El enfrentamiento es puramente dialéctico. El impacto de la prolongación de la prisión provisional de los dos exconsejeros y de los presidentes de ANC y OMNIUM hará que la carga emocional de los discursos, de la de todos y no solamente de la de los nacionalistas, sea mayor, pero de ahí no pasará. La liturgia electoral se desarrollará según lo previsto y el derecho de sufragio se ejercerá con normalidad.

Pero el 21 al caer la tarde se cierra el paréntesis y hay que volver a hacer política a partir de la interpretación de la decisión del cuerpo electoral. Ese es el momento de la verdad. En ese momento habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que supone la aplicación del 155 o no.

Porque hasta que no haya investidura del presidente de la Generalitat, se mantendrá la aplicación del art. 155 CE, es decir, será el Presidente del Gobierno de la Nación el responsable de la dirección de la Administración catalana. El tiempo que se tarde para hacer la investidura no es irrelevante. Es tiempo de prolongación de la suspensión de la autonomía y de la ocupación de Catalunya desde el exterior.

Hacer una investidura en estas circunstancias no va a ser fácil. Ya no lo está siendo en estos últimos años. Ahí están las últimas elecciones catalanas o las dos últimas españolas, por no hablar de las últimas alemanas. Y sin autos de prisión ni querellas por delitos de rebelión ni embargos vengativos.

Constituir gobierno y salir del 155 CE es de una urgencia extraordinaria para recobrar una cierta normalidad que permita vislumbrar un encaje de Catalunya en el Estado, que resulte aceptable para todos. Cuanto más se prolongue el “estado de excepción” más difícil va ser encontrar una salida.

Y negociar la formación de un gobierno con políticos en prisión y bajo amenazas de querellas por rebelión, si los resultados electorales son los que pronostican las encuestas, no va a resultar nada fácil. La aplicación del art. 155 CE es lo que ha conducido a que los miembros del Govern hayan perdido el fuero y a que, como consecuencia de ello, el Fiscal General del Estado pudiera soslayar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la hora de residenciar las querellas por rebelión. ¿Habría admitido a trámite el TSJC una querella por rebelión como la que han admitido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? ¿Habría adoptado las medidas cautelares que han adoptado estos últimos?

Sé que es profundamente injusto para Miquel Iceta, pero esto es lo que ha supuesto el recurso al 155 CE. Antes de apoyar el recurso al art. 155 CE, la dirección del PSOE debería haber exigido al presidente del Gobierno que diera orden al Fiscal General de que no activara querellas contra los miembros del Govern y de la mesa del Parlament y menos cuando se pone en marcha un proceso electoral. La calificación de las conductas como delito de rebelión y las decisiones de admitirlas a trámite como tales y de ordenar la prisión provisional han sido del Fiscal General y de la AN y TS, pero han sido Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera los que las han hecho posible.

El Fiscal General y los magistrados de la AN o del TS no tienen que participar en la negociación de la investidura del president de la Generalitat. Pero el PP, el PSOE y Ciudadanos sí. Al haber posibilitado la persecución judicial de sus adversarios políticos se han inhabilitado para entablar una negociación con ellos.

El auto del lunes, en la medida en que reafirma la calificación como rebelión de las conductas de los exconsejeros y de los presidentes de la ANC y de Omnium, uno de los cuales es candidato en la lista de Puigdemont, consolida y profundiza la fractura que se ha producido a lo largo de estos años en la sociedad catalana.

Es lo que suele ocurrir con las decisiones judiciales. Una vez que se han producido, no hay manera de negociar, de hacer política. Y hay problemas que solo se pueden resolver haciendo política.

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/problema_6_715388488.html

domingo, 15 de enero de 2017

Democracia e inviolabilidad

Javier Pérez Royo

La persecución penal del concejal de la CUP Joan Coma se basa en un artículo incompatible no solo con la Constitución, sino con la esencia de la democracia.

La democracia representativa descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Subrayo lo de que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Porque en democracia, en contra de lo que con cierta frecuencia se suele decir, no se puede discutir todo. Se puede discutir casi todo, pero no todo. Es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente, esto es, políticamente, todo lo demás.

El primer principio operativo de la democracia representativa no susceptible de ser discutido es el de que los representantes elegidos de manera directa por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio no pueden ser perseguidos penalmente por las "opiniones manifestadas" o por los "votos emitidos" en el ejercicio de su función representativa. Este principio se extiende a todos los representantes elegidos de manera directa. Únicamente a ellos, ya que no opera para los que tienen legitimación democrática indirecta. Pero opera para todos los que tienen legitimación democrática directa sin excepción. No hay democracia representativa sin la vigencia indiscutible de dicho principio.

Porque la premisa de toda democracia representativa digna de tal nombre es la de que cuando el representante, en el ejercicio de la función para la que ha sido elegido, manifiesta una opinión o emite un voto, son los ciudadanos que lo han elegido los que están manifestando dicha opinión o emitiendo dicho voto. Es él como persona física el que opina o vota, pero políticamente son los ciudadanos que lo han elegido los que lo están haciendo a través de él. Sin esta operación de identificación del representante con los representados en la manifestación de la opinión o en la emisión del voto, la democracia como forma política no sería ni intelectualmente pensable ni técnicamente organizable.

La inviolabilidad del representante elegido directamente por los ciudadanos es simultáneamente una consecuencia inmediata y una exigencia inexcusable del principio de legitimación democrática en el que se asienta la democracia representativa. En el Estado Democrático la inviolabilidad no es una "prerrogativa". Lo fue en el Estado Monárquico predemocrático, pero ya no lo es. La inviolabilidad existiría, aunque la Constitución no la contemplara. No así la inmunidad. Pero la inviolabilidad sí. No hay democracia representativa sin inviolabilidad.

Y es así en todos los niveles en que se expresa la legitimación democrática en nuestra fórmula de gobierno: europea, estatal, autonómica y municipal. Desde el punto de vista de la legitimación democrática no hay diferencia de ningún tipo entre el parlamentario europeo, el estatal, el autonómico y el concejal de un ayuntamiento. Todos son igualmente representantes de los ciudadanos que los han elegido. Cuando expresan una opinión o cuando emiten un voto son los ciudadanos que los han elegido los que lo están haciendo a través de ellos.

Esta es la razón por la que estoy en desacuerdo con la persecución penal de la que está siendo objeto Joan Coma por haber manifestado unas opiniones y emitido unos votos en el Pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), del que es concejal. Coma es investigado por la Audiencia Nacional por delitos de rebelión e incitación a la sedición, según recoge el auto del juez Ismael Moreno, que ante la no comparecencia en el Juzgado del edil, dictó auto de detención.

Dicha persecución encuentra cobertura en el artículo 78. 1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que dispone: "Los miembros de las Corporaciones Locales están sometidos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo". Pero la redacción de este artículo es incompatible con el artículo 23 CE.

No puede caber ninguna duda de que "... el derecho a participar en los asuntos públicos… por medio de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal", que es el tenor literal del art. 23.1 CE, se extiende a las elecciones municipales exactamente igual que a las demás. El concejal no es menos representante que el parlamentario europeo, estatal o autonómico. Y no puede verse expuesto a exigencia de responsabilidad penal en el ejercicio de esa función, porque en ese momento dejaría de serlo.

En lugar de iniciar actuaciones contra Joan Coma, se debía haber aprovechado la denuncia del Sr. Anglada para elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 78. 1 LRBRL, a fin de depurar el ordenamiento jurídico de un precepto incompatible no ya con la Constitución sino con la esencia de la democracia como forma política.

http://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-el-caso-coma-o-los-limites-de-la-democracia-realmente-existente-dossier

sábado, 23 de agosto de 2014

Basta ya. Está en juego la expresión del principio de legitimación democrática del poder. La reforma electoral del PP, una propuesta llena de lagunas

Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.

Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.

Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.

Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido...
Fuente:  21 AGO 2014 - El País.

sábado, 25 de mayo de 2013

Desconfianza y miedo. Cada vez es mayor el desconcierto y la angustia con que la sociedad española mira al futuro

El CIS no empezó a preguntar hasta septiembre de 2000 en su Barómetro mensual por los gestores inmediatos del sistema político como un posible problema de la sociedad española. Desde septiembre de 2000 hasta abril de 2005, en el listado de las posibles respuestas a la pregunta ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen en España? se incluía una mención a los “problemas políticos”. A partir de abril de 2005, “problemas políticos” fue sustituido por “la clase política, los partidos y los políticos”. En el siglo pasado, el CIS incluía ocasionalmente una pregunta sobre “problemas políticos” o “noticias sobre la situación política” o “corrupción política”, pero en la mayor parte de los barómetros no se interrogaba a los ciudadanos por su preocupación acerca de quienes se dedican a gestionar el sistema político.

Hasta el siglo XXI, es decir, hasta un cuarto de siglo después de iniciada la Transición, el CIS no intuye que ese pueda ser un problema de la sociedad española, lo que induce a pensar que el sistema político estaba cumpliendo de manera razonable la función que debe cumplir en una sociedad democráticamente constituida y que no era necesario, en consecuencia, preguntar por “la clase política” como problema. A partir del cambio de siglo deja de ser así.

En los primeros años del siglo, hasta 2005, la preocupación ciudadana se mantiene relativamente baja, entre el 5% y el 7%, con la excepción de 2003, el último año de la segunda legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno, en el que la preocupación se aproxima al 10% o sube ligeramente por encima. Desciende significativamente en la mayor parte de los meses de 2004 y 2005, no aproximándose al 10% más que ocasionalmente, y empieza a situarse en torno al 10% en 2006 y algo por encima en 2007. Desciende en 2008 y a partir de 2009 se consolida por encima de 10%, subiendo permanentemente hasta situarse casi en el 20% en 2010; por encima del 20% en 2011, llegando a estar por encima del 30% desde finales del 2012.

La confianza de la sociedad española en que disponía de un sistema político con el que podía hacer frente a los problemas con los que tuviera que enfrentarse ha venido descendiendo de manera continuada y progresiva desde 2006 y de manera alarmante desde 2010. Ni siquiera la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de noviembre 2011 y en las municipales y autonómicas de mayo del mismo año ha conseguido que la confianza de la sociedad española en su sistema político se recupere. Más bien lo contrario. Se ha acelerado la pérdida de confianza de manera significativa.

La crisis política es más preocupante que la crisis económica, porque únicamente desde la política se puede encontrar una salida. Si la sociedad no confía en quienes tienen que dirigirla, es muy difícil que se puedan movilizar las energías que en ella existen para salir del estancamiento. La dirección política es la primera tarea que todas las Constituciones encomiendan al Gobierno. En dirección política, en liderazgo, se resume toda la acción de gobierno. Y cuanto más difíciles sean las circunstancias, más necesaria es dicha dirección.

La evidencia empírica de que disponemos nos indica que la dirección política brilla por su ausencia desde la misma noche electoral. Ni un solo gesto tuvo Mariano Rajoy entre la noche del 20 de noviembre y el 23 de diciembre en que se hizo la sesión de investidura. Estuvo mudo durante su primer mes con mayoría absoluta. No hubo ni un gran mitin ni convocó a la prensa nacional e internacional para transmitir a la sociedad española y europea de qué proyecto de futuro era portador. En una situación de emergencia como la que vivíamos y después de un apoyo abrumador en las urnas, era lo menos que cabía esperar. Y ha seguido prácticamente mudo después de la investidura. En lugar de tener confianza en la sociedad española, de ir a su encuentro y hacer una convocatoria que permitiera al país cerrar filas en torno a su liderazgo para aguantar lo que se nos está viniendo encima, no ha hecho otra cosa que huir, refugiándose en una pantalla de plasma e imponiendo de manera autoritaria decisiones sin dar ningún tipo de explicación de las mismas.

Los resultados de todos los estudios de opinión son concluyentes. Cada vez es mayor el desconcierto y la angustia con que la sociedad española mira al futuro. El Gobierno está transmitiendo miedo y, desde Franklin D. Roosevelt, sabemos que no hay nada peor que el miedo para hacer frente a una crisis.
JAVIER PÉREZ ROYO 25 MAY 2013. Fuente: El País

sábado, 9 de junio de 2012

Discurso fraudulento

El PP ganó las elecciones con un relato que no se corresponde en absoluto con su acción de Gobierno

Que no es lo mismo ser presidente del Gobierno que ser presidente de un partido es algo que Mariano Rajoy debería haber aprendido desde su investidura el 23 de diciembre del año pasado. Pero no parece que haya sido así. La estrategia de dejar que el paso del tiempo permita encontrar solución a los problemas sin tener que tomar una decisión para resolverlos puede dar resultados en la dirección del partido. Ahí está el caso de Francisco Camps como ejemplo. Pero no parece que pueda dar resultados en la dirección del Estado...

Debería haberlo aprendido. El paso del tiempo no solo no resuelve, sino que agrava el problema. La decisión de posponer la presentación de los Presupuestos Generales del Estado a la fecha de celebración de las elecciones andaluzas, con la finalidad de asegurar de esa manera que Javier Arenas pudiera convertirse en presidente de la Junta de Andalucía, además de no conseguir ese objetivo, supuso una pérdida de prestigio del Gobierno de España en la instancia en que más importa tener prestigio en este momento, en la Unión Europea. ¿Puede alguien sorprenderse de que, después de haber actuado de esa manera, la Comisión Europea rechazara la pretensión del Gobierno de España de ampliar el déficit para este año del 5,4% al 5,8%? Dejar pasar el tiempo pasa factura. De manera tangible e intangible...

Nadie puede respetar a un Gobierno que se niega a investigar una quiebra de la magnitud de la de Bankia y de las que van a venir a continuación. 

...No sé si dejar pasar tiempo acabará siendo positivo para Rato, Blesa, Olivas y demás gestores del PP de las distintas cajas que se fusionaron en Bankia, así como para los gestores de esta última, pero seguro que no lo es para el país y para su Gobierno, cuya credibilidad desciende de manera vertiginosa con esta manera de proceder. Nadie puede respetar a un Gobierno que se niega a investigar una quiebra de la magnitud de la de Bankia y de las que van a venir a continuación. Dentro del país, como ha escrito en estos últimos días Josep Ramoneda, supone una ruptura del contrato social en el que descansa la legitimidad de la acción política. Fuera únicamente puede generar desprecio no solamente hacia el Gobierno, sino, lo que es más grave, hacia el propio país. Subordinar el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas las Cortes Generales al interés del partido del Gobierno no puede conducir nada más que a un mayor desprestigio institucional y a una mayor desconfianza en la acción del Estado. Los ciudadanos el pasado 20-N avalaron con su voto el discurso de Mariano Rajoy de que se había perdido mucho tiempo por el Gobierno anterior en hacer frente a la crisis económica. Se prometió que con el nuevo Gobierno no ocurriría lo mismo y que se recuperaría el tiempo perdido. Lo ocurrido en estos más de cinco meses y medio nos indica que no está siendo así. Las elecciones fueron ganadas por el PP con un discurso que no se corresponde en absoluto con lo que está siendo la acción de Gobierno. Ha habido un componente fraudulento muy elevado en la estrategia que llevó a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Cada día resulta más visible.

Ver más aquí en El País, 8 de junio, Javier Pérez Royo

lunes, 5 de septiembre de 2011

La reforma constitucional

Asistimos a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional europeo. Es una exigencia para la supervivencia de la Unión Europea, pero que nos sitúa ante una limitación de soberanía

Sin Dinero no hay Estado.
Esto ya nos lo enseñó Hamilton en El Federalista (Capítulo XXX): "El dinero ha sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y le permite ejecutar sus funciones más vitales". Esta es una regla que, en términos absolutos, no admite excepción. De ahí que las relaciones entre el Estado y su moneda y su deuda sean un indicador de primera importancia para conocer el estado de salud tanto del primero como de las segundas. Y de ahí también que no haya tarea en la que el Estado ponga más empeño que en dar garantías respecto del valor de su moneda y del pago de su deuda.

Hasta la fecha ha sido muy infrecuente que el Estado haya recurrido a la Constitución en esta tarea. Pero en algunos casos sí ha ocurrido. En Estados Unidos, tras la guerra civil, se incluyó en la XIV Enmienda una garantía del pago de la deuda. A dicha garantía se ha hecho referencia en el reciente debate sobre la elevación del techo de la deuda, llegándose a sostener que el presidente podía no necesitar el concurso del Congreso para seguir haciendo frente al pago de la misma. Pero la opinión dominante en el país considera que la garantía de la XIV Enmienda está muy vinculada a la deuda contraída durante la guerra civil y no tiene alcance general. En consecuencia, se ha considerado que la decisión del Congreso era insoslayable.

El precedente más expresivo es, sin duda, el de la reforma constitucional de 1926 en la Francia de la Tercera República. Vale la pena recordarlo. "En 1926, en un momento en que la moneda francesa estaba próxima al hundimiento, especialmente porque la deuda pública era enorme y porque los ahorradores no tenían confianza en el Estado, en particular en su capacidad de pagarla en su integridad, el antiguo presidente de la República, Raymond Poincaré, volvió a formar un Gobierno que tenía ante todo como objetivo dar seguridad a los prestamistas del Estado, con la finalidad de salvar la moneda. Decidió, en consecuencia, proceder a una revisión constitucional instituyendo una Caja pública, la Caja Autónoma de Amortización, que estaría gestionada independientemente del Estado y que se alimentaría de recursos propios constitucionalmente garantizados: los derechos de sucesión, la tasa de la primera transmisión de inmuebles posterior a la entrada en vigor de la reforma y las rentas del monopolio del tabaco y de las cerillas. Esta Caja tenía como única tarea la de amortizar la deuda del Estado reembolsándola gracias a los recursos que le estaban afectados. Para hacer comprender a los ciudadanos que se trataba de un compromiso solemne del Estado y que los Gobiernos ulteriores no podrían modificar estas reglas sin encontrar obstáculos difícilmente superables, el Gobierno Poincaré solicitó y obtuvo del Parlamento una revisión constitucional inscribiendo estas reglas en la Constitución. Estas reglas, sin embargo, no conciernen a los órganos superiores del Estado: se trata, al contrario, de crear una institución secundaria, pero autónoma, cuyas funciones están excluidas de las competencias de los órganos superiores del Estado".

En estos términos comentaba 33 años más tarde el profesor Jacques Cadart (Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 2ª ed. LGDJ París 1979, T. I, p. 121) la reforma constitucional aprobada mediante la Ley Constitucional de 10 de agosto de 1926. Una norma que no es materialmente constitucional se había convertido en formalmente constitucional, con la finalidad de salvar la moneda y garantizar el pago de la deuda. En realidad, la reforma iba más lejos de lo que el propio profesor Cadart dice, ya que contenía una cláusula suplementaria para el caso de que no fueran suficientes los recursos expresamente mencionados, que consistía en la inclusión anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una cantidad adicional igual al montante de tales recursos. En ningún caso se admitiría el impago de la deuda. Este era el mensaje. La Constitución se incorporaba de manera inequívoca a una operación de salvamento de la moneda y de garantía de la deuda. El parecido entre la reforma francesa de 1926 y la que está en debate en España en este 2011 salta a la vista, aunque también lo hacen las diferencias entre una y otra.

En ambos casos hay una respuesta a una situación de emergencia. Pero en 1926 había solamente eso, mientras que en 2011 en España la respuesta va a ir mucho más allá de la emergencia, para incorporarse establemente a la Constitución.

La reforma constitucional que se está tramitando en España tiene su origen en la necesidad de dar respuesta a una emergencia, pero es en el fondo un episodio en el proceso de constitucionalización de la Unión Europea, que tiene un precedente en la reforma constitucional alemana de 2009 y que va a ser seguida por reformas constitucionales en, por lo menos, los países que comparten el euro como moneda, aunque previsiblemente se extenderá a los demás.

Estamos asistiendo a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional Europeo de importancia extraordinaria, aunque dicha innovación no vaya a ser el resultado de una decisión constituyente europea, sino de la suma de decisiones constituyentes de los distintos países que integran la Unión. Alemania, como viene ocurriendo por lo demás en el Derecho Constitucional Europeo posterior a la II Guerra Mundial, ha empezado marcando el camino, pero después lo vamos a acabar recorriendo todos los demás. España es la que lo está haciendo en primer lugar, pero no va a ser la última en hacerlo.

Hacer de la necesidad virtud. De eso es de lo que se trata. Tenemos una moneda única y una política monetaria única, pero ni tenemos ni podemos tener en las circunstancias actuales y en el tiempo en que es posible hacer predicciones una política económica y una política fiscal única. Las tensiones entre esta unidad, por un lado, y ausencia de unidad, por otro, han sido manejables hasta que la crisis económica ha hecho acto de presencia con la intensidad con que lo ha hecho. Han dejado de serlo. Y si no se encuentra una fórmula, no para manejar las tensiones, sino para evitar que vuelvan a producirse, continuar avanzando en el proceso de construcción de la Unión Europea será sencillamente imposible.

La reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria y fijar el límite del déficit de todas las administraciones públicas es la expresión de la voluntad del Estado de seguir avanzando en el proceso de construcción de la Unión Europea. Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.

Lo que no ha formado parte del Derecho Constitucional de cada uno de los países que han constituido la Unión Europea, tiene que pasar a formar parte del mismo, al menos para aquellos que comparten el euro como moneda. Formalmente va a ocurrir como consecuencia de una decisión constituyente soberana de cada uno de los países a través de sus órganos constitucionales competentes para ello. Pero materialmente es una exigencia de la supervivencia de la Unión Europea...

JAVIER PÉREZ ROYO, El País, 05/09/2011

viernes, 23 de julio de 2010

Juego limpio

No recuerdo que en ninguna de las legislaturas anteriores se produjera una contradicción de tanta magnitud entre las previsiones que se formularon por los partidos políticos en los programas electorales con los que concurrieron ante los ciudadanos para pedir su confianza para gobernar y lo que ha ocurrido con posterioridad. Ninguno de los partidos contempló un crecimiento del PIB que no girara en torno al 3%, décima arriba décima abajo, en lugar del descenso superior al 3% que se ha producido y, en consecuencia, ninguno contempló el brutal crecimiento del paro, la elevación de la tasa de morosidad y todos los demás males a los que nos estamos teniendo que enfrentar.

Esta es, en mi opinión, la mayor singularidad, desde una perspectiva política, de la crisis por la que estamos atravesando. Crisis de una magnitud similar a esta las hemos vivido en España desde la transición. El estancamiento con una inflación del 30% a finales de los setenta llegó a poner en cuestión la posibilidad misma de que se pudiera aprobar la Constitución y, posteriormente, hemos llegado a tener tasas de paro superiores a las que ahora mismo tenemos con una población activa mucho menor y con una tasa de cobertura de los desempleados muy inferior.
Lo que diferencia a esta crisis de las anteriores es que nadie la previó y, en consecuencia, nos ha llegado sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Estábamos preparados para todo lo contrario. De ahí que se haya tenido que dar un viraje de 180 grados en la política económica y que se hayan tenido que adoptar medidas que jamás se había pensado que se tendrían que adoptar.

Obviamente, ello ha conducido a que el partido que está en el Gobierno tenga que hacer una política que no solo no coincide sino que puede llegar a estar en contradicción con el programa con que compareció ante los electores y con base en el cual se hizo la investidura. No solamente ha ocurrido en España y en Andalucía, pero le ha ocurrido al PSOE y al PSOE-A. Hay un punto de verdad, en consecuencia, en la argumentación del PP de que el PSOE no tiene un mandato electoral para hacer lo que está haciendo.

Nada habría que objetar a esa posición del PP si, al mismo tiempo, estuviera dispuesto a dirigirse a los ciudadanos a fin de explicarles en qué medida se ha producido el desajuste entre lo que ellos mismos previeron en su programa electoral y lo que posteriormente ha sucedido y, sobre todo, qué es lo que proponen para hacer frente a esta crisis sobrevenida, a fin de que el cuerpo electoral pudiera vislumbrar que si el Gobierno no sabe qué hacer, al menos sí hay una alternativa que tiene una política clara para sacar al país de la situación en que se encuentra.

Si la crisis es de la magnitud que es y si la desorientación del Gobierno es la que el PP dice que es, la alternativa de Gobierno debería hacer visible a los ciudadanos que ellos sí disponen de una política coherente para el país y para Andalucía y que son capaces de articularla y presentarla en sede parlamentaria a fin de que pueda ser discutida...

Una mínima exigencia de juego limpio debería conducir a que el PP presentara una moción de censura,... Independientemente de que la moción triunfara o no, es obvio que todos estaríamos mucho más tranquilos al saber que, en poco tiempo, tendríamos garantizada la salida de la crisis, el crecimiento del PIB, el descenso del paro y todo lo demás...
Leer todo el artículo de Javier Pérez Royo aquí.