Recuerdo que la primera vez que le preguntaron en una entrevista a Iñaki Gabilondo por Vox su respuesta fue inmediata y muy precisa. Recordó que tenía 33 años cuando murió Franco y que, en consecuencia, nadie tenía que decirle lo que era el franquismo porque reconocía el franquismo en cuanto lo veía. Eso era Vox para él: puro franquismo. Me consta que no ha cambiado de opinión.
La opinión de Iñaki Gabilondo es la que se ha reproducido en el informe de la ONU sobre la derogación de las leyes autonómicas de memoria democrática en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana y su sustitución por unas denominadas “Leyes de Concordia”, que pretenden restaurar la interpretación de Alianza Popular respecto de la guerra civil y la dictadura del general Franco. Lo que el PP, mientras ha podido mantener la representación de la derecha española en régimen de monopolio, había difuminado, se está haciendo de manera expresa e incluso agresiva cuando ha tenido la necesidad de contar con Vox bien como socio de un Gobierno de coalición o como socio de investidura. Allí donde Vox ha sido determinante para que el PP pudiera formar Gobierno, ha exigido y conseguido que se ponga en práctica una política de relegitimación del franquismo. Lo hizo en primer lugar en Andalucía, sin exigir formar parte del Gobierno, a pesar de que sus escaños eran imprescindibles. Y lo ha vuelto a hacer, exigiendo entrar en el Gobierno en todas las demás comunidades autónomas en que sus escaños se lo permitían.
Las “Leyes de Concordia” suponen, por el momento, la culminación de la estrategia de Vox de relegitimación del franquismo. Son la expresión del éxito de Vox en su operación de restaurar de manera dignificada la memoria del régimen del general Franco y de hacerla prevalecer sobre la memoria democrática. La guerra civil y el régimen del general Franco no supusieron el fin de la democracia, sino abrir un paréntesis que permitiera con su cierre la transición a una auténtica democracia frente a la experiencia republicana. Con lo que se viene a decir que el golpe de Estado del general Franco fue formalmente antidemocrático, pero materialmente no lo fue. Fue la premisa indispensable para que pudiéramos acabar teniendo democracia en España. El general Franco no destruyó la democracia, sino que posibilitó la Restauración de la Monarquía y, con ello, la “Transición” a la democracia. De esto es de lo que van las “Leyes de Concordia”.
Por eso, los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana han reaccionado tan agresivamente contra el dictamen de la ONU contras su “Leyes de Concordia”. No son sus leyes las que tergiversan la historia y hacen invisibles los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no susceptibles de ser amnistiados, sino que es la ONU la que miente, con la ayuda de un Gobierno español ilegítimo presidido por Pedro Sánchez. No fue Franco el gobernante ilegítimo, sino Pedro Sánchez. De esto es de lo que la ONU parece no haberse enterado todavía, según la derecha española.
Me temo que esta estrategia, que ya no es de Vox exclusivamente, sino de toda la derecha española, no va a dejar de estar presente en el futuro. Con intensidad variable según vayan siendo los resultados de las elecciones europeas y de la elección a la presidencia de los Estados Unidos. En el supuesto de que la extrema derecha consiga formar parte de la mayoría que configure la composición de la Comisión Europea y en el de que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, no se puede descartar que haya una “Ley de Concordia” estatal que sustituya a la Ley de memoria democrática. España se juega más que los demás países europeos en los procesos electorales de esta segunda mitad de 2024. En el de Estados Unidos no tenemos nada que hacer. En el de las elecciones al Parlamento Europeo, sí.
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