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jueves, 5 de julio de 2018

Entrevista a Vera Sacristán sobre el informe: “¿Quién financia la universidad?" (I) “La disminución de la financiación pública de las universidades ha sido muy fuerte en España, entre 2009 y 2015 un 27,7 % en términos reales”

Salvador López Arnal
El viejo topo

Vera Sacristán Adinolfi (Barcelona, 1958) es profesora de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC);
su especialidad es la geometría computacional. Fue vicerrectora de Personal de la UPC (2002-2006) y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organismo de la Conferencia de Rectores de esas universidades. Ha publicado diversos artículos e informes sobre política universitaria y ha coordinado un libro sobre el mismo tema. Es miembro fundador (actualmente su presidenta) del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), un organismo que tiene por objetivo el análisis documentado y crítico para la mejora del sistema universitario en España.

Nuestra conversación se centra en el informe:
¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015.

***

Mi enhorabuena por el informe que ha publicado. ¿Qué personas han colaborado en su realización? ¿Cuánto tiempo de estudio y escritura le ha llevado?
Han colaborado en el informe otros dos miembros del Observatorio: Albert Corominas, catedrático emérito de organización industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Alfonso Herranz, profesor de historia económica de la Universidad de Barcelona, especialista en historia de las políticas públicas.

¿Ha sido un trabajo de encargo o fruto de su activismo en este ámbito? ¿Qué hace una matemática-geómetra computacional como usted estudiando asuntos de financiación?
Este trabajo es un fruto del trabajo que hacemos desde el Observatorio del Sistema Universitario. No sé si lo llamaría activismo, por mi parte son más bien ganas de hacer algo útil con el conocimiento sobre política universitaria que he ido adquiriendo a lo largo de mis años de actividad profesional.

El informe abarca el período 2009-2015. ¿Por qué 2009 como fecha inicial? ¿Por qué 2015 como límite?
Aunque parezca mentira, hace muy poco tiempo que las universidades públicas españolas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) publican datos de financiación. Se venían publicando hace más tiempo datos sobre el número de estudiantes matriculados , sobre las plantillas de personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS), y también sobre los precios de matrícula, pero no sobre financiación. Todavía en 2014, cuando preparábamos un informe del OSU sobre financiación de las universidades públicas catalanas, tuvimos que pedir los datos a cada una de las universidades, y como no todas nos respondieron, acabamos pidiéndolos a la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, que nos los suministró.

Ahora que el MECD ya publica los datos, la serie publicada comienza en 2009. Esta fecha es suficientemente buena para estudiar la evolución de la financiación durante los años de los recortes, ya que en 2009 apenas comenzaban. En cuanto a la fecha final, 2015, nos habría gustado ofrecer una más reciente, pero los datos de 2016 no se publicarán hasta dentro de muchos meses (los de 2015 se publicaron este pasado otoño). Estos plazos tan lentos en la publicación de datos económicos tienen cierta explicación: una vez cierra un ejercicio económico, cada universidad debe someter sus cuentas a una auditoría externa antes de poder aprobarlas como definitivas. Luego deben mandarlas al MECD, me imagino que en un cierto formato, éste debe revisarlas antes de publicarlas,… Se podría seguramente acelerar el proceso, pero no creo que mucho más de unos meses.

Por otro lado, de la financiación de las universidades privadas se sabe poco menos que nada, dado, precisamente, su carácter privado.

¿De cuántos estudiantes hablamos en 2009? ¿De cuántas universidades? ¿Y en 2015?
En 2009 en España había 1.155.765 estudiantes de grado y máster matriculados en las universidades públicas presenciales. Éstas eran, y siguen siendo, 47. El número de estudiantes creció hasta situarse en 1.202.976 en 2011. A continuación ha seguido una evolución descendente, hasta situarse en 1.102.383 en 2015.

¿De dónde ha obtenido los datos para realización de su informe?
Para este informe, las fuentes principales han sido el MECD , la OCDE y el Public Funding Observatory de la European University Association, para los datos de financiación, y el INE para los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Producto Interior Bruto (PIB) . Hay que mencionar también que para algunas comunidades autónomas y universidades, los datos que ofrece el ministerio son claramente incorrectos. En esos casos hemos recurrido a los informes de fiscalización que publican los tribunales de cuentas de las comunidades autónomas correspondientes.

Habla usted en su estudio de "euros constantes de 2009". ¿Nos puede explicar el significado de esos "euros constantes"? ¿Sin contar la inflación o algo así?
Exactamente. Cuando los economistas dicen que "en términos reales" un determinado importe ha variado un determinado tanto por ciento, significa que han descontado la variación que en el mismo período haya sufrido el IPC. Trabajar en "euros constantes" significa lo mismo: es considerar cómo varía un determinado precio o importe una vez descontada la inflación. Si, en cambio, lo que se desea conocer es el valor nominal de un determinado importe, entonces se trabaja en "euros corrientes".

Se estudia la financiación de las universidades públicas españolas, a excepción de la UNED, la UIMP y la UIA por sus características singulares. 
¿Por qué sólo las públicas? ¿No hay ninguna universidad privada que reciba ayuda o financiación estatal?
En general, las universidades privadas sólo reciben algún tipo de financiación pública muy específico. Por ejemplo, pueden optar a las convocatorias competitivas de financiación de proyectos de investigación, o pueden obtener subvenciones para la impartición de alguna titulación a precios públicos, entre otras. Ahora bien, en general no reciben financiación ordinaria básica no finalista. Además, conocer los datos de los ingresos de las universidades privadas en España, hoy por hoy, no es posible.

Ahora bien, existen excepciones a lo que acabo de decir. Por ejemplo, en Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat de Vic (UVic) son privadas y, sin embargo, están acogidas al régimen de financiación pública. En el caso de la UOC, por tratarse de una universidad privada creada por la misma Generalitat de Catalunya. El caso de la UVic es distinto: se trata de una universidad privada que fue "rescatada" por la Generalitat de Catalunya cuando estaba apunto de quebrar.

¿Y no es una contradicción que la Generalidad de Catalunya, una institución del Estado, cree una universidad privada? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad?
Lo cierto es que en el ámbito universitario ya hace muchos años que existe una miríada de instituciones privadas que dependen de entidades públicas. La UOC es un ejemplo, pero también lo son las fundaciones de las universidades, que imparten estudios de postgrado no reglados, algunos centros adscritos que, en realidad, pertenecen a las universidades a las que se adscriben y que imparten estudios oficiales a precios "privados",… En cada caso concreto, las motivaciones concretas han sido diversas, pero siempre se acaban resumiendo en una: la gestión privada es más "flexible". En palabras llanas: el motivo suele ser escapar de la regulación de lo público. En unos casos, se trata de evitar el sistema de gobierno de las universidades públicas, que garantiza la participación de todos los estamentos y la elección por éstos de todos los órganos de gobierno. En otros, evitar las limitaciones (que ya es decir) de la normativa de precios públicos. O incluso soslayar los requisitos de calidad del profesorado que tienen las universidades públicas, y que son incomparablemente más laxos para las universidades privadas.

¿Hay una diferencia muy elevada entre las tasas universitarias de las universidades públicas y de las privadas?
Sin duda alguna. Las universidades privadas son más caras que las públicas. Ahora bien, me gustaría poder indicarte un estudio comparativo de precios, o una web en la que pudieras compararlos fácilmente, pero no me consta que exista. El MECD publica los precios de todos los estudios de las universidades públicas, pero no los de las privadas. Y éstas tampoco los muestran de forma fácilmente localizable en sus webs.

¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de las universidades públicas? ¿Ocurre lo mismo en otros países de nuestro entorno?
La fuente principal de los ingresos de las universidades públicas es la financiación pública, es decir, proviene de los impuestos que paga la ciudadanía. En 2009, constituía el 78% de los ingresos en el conjunto de España. En 2015 había pasado a representar el 71%.

La segunda fuente de ingresos en importancia son las tasas y precios públicos que pagan los estudiantes y sus familias. En 2009 era el 11% de los ingresos de las universidades públicas españolas. En 2015 había pasado a constituir el 18%.

El resto de los ingresos (del orden del 11%) proviene de la Unión Europea, que financia proyectos específicos principalmente de investigación, y de empresas y administraciones públicas que contratan servicios específicos a las universidades o alquilan sus espacios.

Se ha hablado durante esto años de la política de recortes, algunos han usado el término austericida, cuando se han referido a la disminución del gasto social. Se ha comentado también que no había otra, que todos deberíamos estrecharnos el cinturón o lo que fuera. 
¿Es así, se puede hablar en estos términos en su ámbito de estudio? ¿Ha habido recortes, pero estos eran necesarios y cualquier otra política era un sueño utópico en una noche de verano, teatro y descanso?
La disminución de la financiación pública de las universidades ha sido muy fuerte en estos años. Concretamente, en el conjunto de España, entre 2009 y 2015 ha caído un 27,7% en términos reales (esto es, una vez descontada la inflación). Téngase en cuenta que, en lo peor de la crisis (esto es, entre 2008 y 2013), la riqueza de España, medida como PIB, descendió un 8,1%. En el período 2009-2015, mientras la financiación pública de las universidades caía un 27,7%, el PIB cayó un 0,3%, y el número de estudiantes un 4,6%. Creo que estos datos pueden dar una idea de hasta qué punto los recortes se han ensañado con la universidad.

Las cifras anteriores son globales, indican la media en el conjunto de España. Por comunidades autónomas (CCAA), los recortes de la financiación pública fueron muy dispares. Las que más recortaron fueron Castilla-La Mancha (38,2%), la Comunidad Valenciana (35,3%), la Comunidad de Madrid (33,7%), Cataluña (32%) y Cantabria (30,1%). Las que menos, aunque recortando más de lo que disminuía su PIB, Aragón (17,0%), La Rioja (17,5%), Navarra (18,4%), Asturias (19,5%) y Castilla y León (19,7%). El resto recortó entre el 20,0% y el 27,7%. Estos datos ponen de manifiesto grandes diferencias entre CCAA. En nuestro estudio mostramos que dichas diferencias no responden a evoluciones distintas del número de estudiantes ni tampoco del PIB. En otras palabras, se trata de decisiones políticas que responden a las prioridades marcadas por cada gobierno autonómico.

Usted explica en el informe que la financiación pública de las universidades proviene de las comunidades autónomas y de Estado. ¿En qué proporción en 2009? ¿Cuál era esa proporción en 2015? ¿Algún cambio significativo en este punto?
La financiación de las universidades públicas presenciales está transferida a las comunidades autónomas. El papel del Estado se reduce a un aporte basal mínimo y a la financiación específica de los proyectos de investigación. En 2009 las CCAA cubrían el 91,4% de la financiación pública universitaria. En 2015, el porcentaje había subido al 94,6%, porque la financiación pública estatal se redujo más que el promedio de la autonómica, de hecho se desplomó a menos de la mitad.

Y estos fondos de financiación investigadora, que supongo esenciales para la tarea investigadora del profesorado universitario, tanto los nacionales como los de las CCAA, ¿también se han resentido? Efectivamente. A este respecto, recomiendo los informes sobre los recursos destinados a I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado que anualmente publica la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), de los que se desprende una caída en picado de los fondos en la última década, y los datos que publica la OCDE, que permiten comparar la rezagada situación de España con la del resto de países de nuestro entorno.

En 2009, señala usted, la aportación media por estudiante en las universidades públicas fue de 955€ (con fuertes desigualdades entre las comunidades con mayor aportación, Navarra y Cataluña, y las de menor aportación, Canarias y La Rioja). ¿Cuál fue la aportación en 2015?

Efectivamente, en 2009 cada estudiante pagó en la universidad pública 955€ de media en concepto de precios de matrícula y de tasas (de matrícula, de gestión del expediente, de emisión del título, etc.). Seis años más tarde, la media había subido a 1.412€.

Las diferencias entre CCAA ya eran notables en 2009: el importe pagado por estudiante variaba entre los 759€ por estudiante de Canarias y los 1.267 de Navarra. Seis años más tarde, en 2015, los importes variaban entre los 832€ de Galicia y los 2.123 de Cataluña. El índice de Gini, que es un indicador de la desigualdad que se usa muy frecuentemente, creció en esos años de 10,03 a 14,28.

Del total de los ingresos de las universidades públicas del conjunto de España, en 2009 el 78,4% provino de la financiación pública, el 10,9% de las tasas y precios públicos de matricula y el resto, un 10,7%, de otras fuentes. En 2015, expreso los datos aproximadamente, serían estos: 71%, 18% y 11%. En el caso de las tasas el incremento es de más de 63,5%. 
¿Me equivoco? ¡En apenas seis años más de un 60%! 
¿Cuánto dinero aportaron entonces el conjunto de las familias españolas en el último curso que ha estudiado?
Efectivamente, es correcto. En el conjunto de España, los estudiantes y sus familias ingresaron directamente a las universidades públicas presenciales 1.556.283.943€ en concepto de tasas y precios públicos, además de lo que aportaron a través de sus impuestos.

Exacto, además de lo que aportaron a través de sus impuestos. Algunas comunidades españolas fueron gobernadas por fuerzas de centro izquierda durante el período que ha estudiado; otras por fuerzas de centro derecha o incluso de derecha sin matices. 
¿Se nota esa orientación política en las aportaciones de las comunidades y en las tasas impuestas a las familias?
En cuanto a la financiación pública, las tres comunidades que más la recortaron porcentualmente (Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid) estaban gobernadas por el PP, y las tres que menos (Aragón, La Rioja y Navarra) también (en el caso de Navarra, por UPN). Las comunidades que destacaron por su aumento de precios (Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia) estaban gobernadas por el PP salvo Cataluña, donde gobernaba CiU con el apoyo de ERC. Las que destacaron por la disminución de la aportación del estudiantado a los ingresos (Galicia y La Rioja) también estaban gobernadas por el PP.

Tomemos un respiro si le parece.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, n.º 363, abril de 2018.

jueves, 19 de octubre de 2017

_- Francia. Los recortes de Macron logran la primera unidad sindical en diez años

La Vanguardia

Varios centenares de miles de funcionarios pararon o salieron a la calle en protesta en Francia contra la degradación de la función pública, en un momento en el que el Gobierno del joven y voluntarioso presidente Emmanuel Macron se dispone a aplicar nuevos recortes.

El cuchillo del recorte social neoliberal corta muy fino en Francia pero el suyo es un corte constante: desde hace treinta años, una generación. Y parece que empieza a tocar hueso. Basta con conversar con cualquier funcionario del sistema hospitalario o enseñante del sistema de la educación nacional. Siempre la misma descripción: profesionales agotados, centros en estrés y frustración, mucha frustración, sobre todo entre los funcionarios veteranos que tienen una perspectiva biográfica de la lenta degradación.

miércoles, 22 de marzo de 2017

España recortó 12.000 millones la protección por desempleo en plena crisis y con la tasa de paro desbordada

España recortó 12.000 millones la protección por desempleo en plena crisis y con la tasa de paro desbordada

España recortó el gasto en protección por desempleo en 12.017 millones de euros entre los años 2015 y 2012, según el último informe europeo sobre gasto social publicado por Eurostat.

En concreto, el gasto social dedicado a la protección del desempleo en España se cifró en 21.512,78 millones de euros en el año 2015, una cifra inferior en más de 1.000 millones de euros a la correspondiente a 2008, cuando existían 1,5 millones de parados menos y una tasa de desempleo ocho puntos menor.

Con el recorte sitemático de las partidas destinadas a paliar la crisis y la precariedad laboral, el gasto social en desempleo en porcentaje del PIB se ha reducido en España desde el 3,2% en 2012 hasta el 2% en 2015, para situarse finalmente en las proximidades de la media europea -el 1,7%-, aun cuando las realidades laborales de la economía española y las del resto de las potencias europeas difiere sustancialmente.

Así, cabe destacar los casos de Alemania, donde con una tasa de paro en el entorno del 5% destinó el 1,7% de su Producto Interior Bruto en 2015 a la protección del desempleo, o Francia, quien con un panorama laboral mucho menos deteriorado que el de España también situó su cobertura en el 2% sobre el PIB.

Por último, indicar que, según consta en el informe, otros países europeos como Finlandia o Dinamarca asignaron a la cobertura de esta contingencia sendos porcentajes del 2,7%, mientras que Reino Unido -0,2%- y Bulgaria y Rumanía -0,1%- representaron a los países europeos que menor esfuerzo realizaron en esta materia.

http://www.elcaptor.com/economia/espana-recorto-12-000-millones-proteccion-desempleo-crisis

lunes, 29 de agosto de 2016

El ataque a la educación pública en España.

 Vicenç Navarro

No hay plena conciencia, entre el establishment político-mediático que gobierna España, de las consecuencias de los recortes que han ocurrido durante estos últimos años (2008-2016) en la educación pública, afectando desde las escuelas de infancia (mal llamadas guarderías, en España, y digo mal llamadas porque el término asume que la mayor función de estos centros es guardar a los infantes y niños mientras los padres están trabajando, cuando debería ser la de educar y ayudar al desarrollo emocional e intelectual del/de la niño/a, en una etapa crucial y de enorme importancia en su vida) hasta los programas de formación para personas adultas. Estos recortes del gasto público educativo se han estado aplicando (en realidad, debería utilizarse el término “imponiendo”, pues ninguno de los partidos gobernantes en España –ni el PSOE ni el PP- tenían en su programa electoral la realización de tales recortes) con una intensidad que no había ocurrido en ningún momento anterior del periodo democrático.

La intensidad de los recortes
Si un ejército extranjero enemigo hubiera ocupado el país e impuesto estas políticas de recortes, es más que probable que hubiera habido una rebelión popular, oponiéndose a la ocupación del país por una fuerza política extranjera que, con sus políticas, estarían afectando muy negativamente el futuro del país a base de destrozar su sistema educativo. Sin embargo, no ha habido tal rebelión pues, en parte, no hay plena conciencia del enorme deterioro de la educación pública (ya que, salvo contadísimas excepciones, los medios no han estado informando de la enorme gravedad de la situación). Pero otra razón de que no haya habido tal rebelión es también debido a que el que realiza estos recortes no es una fuerza extranjera, sino que son los propios gobiernos españoles, los cuales los justifican aludiendo que “no hay ninguna otra alternativa posible” (la frase más utilizada por los dirigentes políticos responsables de tales políticas), pues hay que reducir el déficit público a fin, en teoría, de generar el beneplácito de los mercados financieros, necesario para que los Estados puedan conseguir dinero prestado de los bancos privados (a los cuales, por cierto, los Estados ayudan y rescatan cuando están en dificultades).

¿A qué se debe el silencio ante tal ataque?
Ahora bien, la causa más importante de que no haya una revuelta en las calles en referencia a lo que está ocurriendo con la educación pública de este país es que los sectores más pudientes de la población, el 25-30% de renta superior del país, no queda especialmente afectada por los recortes, pues llevan a sus hijos a la escuela privada (que recibe unos subsidios públicos llamados concierto), siendo las clases populares las que más utilizan las escuelas públicas. Las escuelas privadas concertadas tienen un porcentaje muy elevado de escuelas de la Iglesia Católica, institución que, excepto durante la II República, siempre ha ejercido un enorme –y excesivo- poder en el sistema escolar, lo cual explica que haya sido en las escuelas públicas dónde los recortes han sido más acentuados.

En realidad, esta polarización del sistema educativo por clase social (que se refleja, por ejemplo, en la dicotomía clases pudientes – escuela privada y clases populares – escuela pública) es la causa, no solo de la pobreza del gasto público educativo, sino también del hecho que los recortes hayan sido más acentuados en la escuela pública que en la privada concertada. Veamos los datos disponibles en el Ministerio de Educación y en el sistema informático de la UE (Eurostat).

La subfinanciación del sistema educativo público en España
España es uno de los países con uno de los gastos públicos educativos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español): un 4,19% del PIB (según los datos de 2013), mucho más bajo, por ejemplo, que el 7,16% de Finlandia. España tiene una escuela clasista, es decir, su escolaridad está definida por la homogeneidad de clase social en cada centro escolar. Finlandia, en cambio, tiene una escuela multiclasista. El hijo del banquero y el hijo del empleado de la banca van a la misma escuela, un hecho impensable en España.

La escuela de este país dista mucho más de ser el crisol de la sociedad donde se cocina la cohesión social. En realidad, el sistema educativo produce dos tipos de ciudadanos: uno, el ciudadano de primera, miembro de las clases dirigentes; el otro, el ciudadano de segunda, miembro de las clases populares subalternas. Hagan un estudio del tipo de escuelas a las que asistieron los miembros de los gobiernos españoles y lo verán. Un 72% de todos los ministros de los gobiernos españoles (fueran estos socialistas o populares) fueron a escuelas privadas. En realidad, este porcentaje es similar al que otros estudios han mostrado para periodos anteriores, durante el siglo XX.

Esta polarización educativa responde a un enorme poder de las clases pudientes, a través de los partidos políticos de sensibilidad conservadora y liberal (lo que se conoce –a nivel de calle- como las derechas). A mayor poder político de tal clase social, mayor polarización del sistema educativo. No es de extrañar, pues, que uno de los sistemas escolares más polarizados en España sea el catalán, resultado de haber sido, Catalunya, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por una alianza de un partido liberal (CDC) y un partido democratacristiano (UDC). El supuesto nacionalismo de esta coalición gobernante promocionó paradójicamente uno de los sistemas educativo más descohesionados de España. Catalunya es una de las Comunidades Autónomas con mayor división de la población por clase social en su sistema escolar.

La polarización social del sistema escolar
Otra relación estadística demostrada es que, a mayor poder de las derechas, mayores son los recortes en el gasto público educativo. España, de nuevo, es uno de los países de la UE-15 que ha recortado tal gasto de una manera más acentuada durante la Gran Recesión (recortes realizados, en su mayor parte, durante la época del gobierno Rajoy), con una reducción del 18,4% durante la mayoría del periodo de austeridad, agravada por el hecho que ha coincidido con una expansión de la población escolar (un 6,67%) durante el mismo periodo (2009-2016). Ningún otro país (excepto Grecia) ha visto unos recortes tan acentuados como en España. Y Catalunya ha sido una de las Comunidades Autónomas que más ha recortado el gasto público educativo. Es más, los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya en los que CDC ha sido la fuerza dominante han aprobado en las Cortes Generales la gran mayoría de leyes y propuestas del gobierno del PP, que afectaron directa o indirectamente al gasto público educativo de Cataluña.

Recortes en todos los componentes del gasto público social
Esta pobreza de recursos e intensidad de recortes aparece también en otros componentes del sistema educativo, como es la educación universitaria. La universidad pública ha sufrido de una manera muy marcada, no solo en capítulos como investigación, sino también en becas y ayudas al estudiante, así como en formación al cuerpo docente. Algunos de estos capítulos han incluso desaparecido de los presupuestos educativos.

Pero ha sido en los programas de formación ocupacional donde tales recortes han sido incluso más acentuados, recortes que han tenido lugar a la vez que aumentaba significativamente la necesidad por tales programas, debido al gran crecimiento del desempleo. Según los estudios del sindicato CCOO, tal gasto se ha reducido casi por la mitad durante el periodo de austeridad. De nuevo, uno de los lugares de España donde los recortes han sido más acentuados ha sido Cataluña.

A la luz de todos estos datos, es acertado definir lo que está ocurriendo en España (incluyendo Catalunya) como un ataque al sistema educativo público, ataque que ha sido diseñado y realizado por partidos gobernantes españoles (incluyendo catalanes), y que excusan tales ataques aludiendo, como indiqué antes, a que no hay otras alternativas, frase que carece de credibilidad ya que es fácil de demostrar, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos hecho en el libro Hay Alternativas, que sí que las hay si hay voluntad política para hacerlas. Así de claro.

Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=13607

jueves, 9 de junio de 2016

La Comunidad de Madrid asfixia a la educación pública

Laura Galaup
La Marea

Un informe de CCOO denuncia que los recortes se han llevado por delante desde 2009 a 797 maestros en Primaria y a 1.083 en Secundaria

La Comunidad Madrid ha sido el “campo de experimentación” de las políticas de privatización de la educación del Partido Popular. Ésa es una de las conclusiones que se extrae del informe que ha elaborado la Fundación Investigación, Desarrollo de Estudios y Actuaciones Sociales (FIDEAS). Los docentes que han participado en este documento aseguran que esta región es la que menos invierte en cada alumno que estudia en centros públicos.

Según indican, la política educativa se centra en grandes anuncios que no van acompañados de grandes inversiones. Y ponen un ejemplo: el proyecto que abanderó Esperanza Aguirre siendo presidenta, el programa bilingüe. Conforme han pasado los cursos el número de estudiantes ha aumentado, entre 2008 y 2014 la asistencia a clases en inglés se ha multiplicado por cuatro. Sin embargo, la inversión sólo se ha duplicado pasando de 7,7 millones de euros a 18,4.

La situación de le Educación Infantil preocupa a los firmantes de este informe. Llaman la atención sobre la ratio de las escuelas de 0 a 3 años: si en Madrid la media puede alcanzar 13 niños por docente, la recomendación de la OCDE reduce esta cifra a siete. “El aumento de cuotas a las familias ha seguido una progresión a la inversa a lo que se puede considerar justicia y equidad. Esto ha supuesto, por un lado la expulsión y por otro la no matriculación de muchísimos niños y niñas del sistema debido a que sus familias no pueden hacer frente a los pagos”, indican los investigadores.

Asimismo también critican la inyección económica que están recibiendo los centros privados. Según cálculos realizados por la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, una escuela privada de 8 aulas y 115 alumnos recibe una aportación pública de 2.570 euros anuales por plaza, mientras que una escuela infantil de gestión indirecta de características similares recibiría 1.567 euros.

De los profesores a la LOMCE
Los recortes que se llevan ejecutando desde 2009 se han llevado por delante a 797 maestros en Primaria y a 1.083 en Secundaria. Y según este informe, han dejado en evidencia la incapacidad del Gobierno regional a la hora de afrontar las desigualdades educativas. La Consejería de Educación no ha sido capaz de romper los patrones que dictan que en la capital y que entre las zonas de la comunidad con mayor renta la escolarización principal sea concertada.

“La consejería ha pensado que la manera de superar las evidentes diferencias en el acceso al derecho a la educación era modificar el proceso de admisión de alumnos, no por la vía de aumentar el número de plazas públicas en donde más carencia había, sino por el camino de extender las zonas de escolarización (la llamada zona única), buscando una mejora de la competencia y selección del alumnado, añaden en el documento.

El documento también hace referencia al impacto de la LOMCE, y concluye que en Secundaria supone una temprana segregación de los alumnos según rendimiento educativo: “Sin haber resuelto las causas sociales que explican estas diferencias?”. Además, tras las protestas celebradas el pasado miércoles en varios centros de Formación Profesional de la Comunidad por el cierre de algunos módulos, los docentes aseguran que esta oferta educativa es “absolutamente insuficiente”. “Los estudios cifran en 3.000 solicitudes no atendidas en ciclos medios y 6.000 en ciclo superior en las que más de la mitad correspondían a Madrid capital”, finalizan.

Fuente: http://www.lamarea.com/2016/06/05/madrid-asfixia-la-educacion-publica/

martes, 12 de abril de 2016

La "Semana de la Ciencia Indignada" en varias universidades públicas de Madrid aborda temas para impulsar y motivar la investigación científica. El mar se está tomando como un vertedero global

Imagine una superficie tan grande como el territorio de la Península Ibérica multiplicado por tres. Ahora imagine cubrir todo ese espacio con basura, con porquería de todo tipo y procedencia. Pues así es, más o menos, la mayor de las  ‘islas de basura’,  ubicada en el Pacífico Norte, que están flotando en los océanos del planeta. Hay cuatro más repartidas por el resto de la enorme masa de agua que cubre el globo y que, desde los tiempos de la industrialización, el ser humano ha utilizado como su vertedero particular de referencia.

Se tira de todo, desde químicos contaminantes procedentes de la agricultura y las actividades extractivas, hasta las aguas negras de ciudades y cruceros (cada uno de estos barcos deja a su paso 95.000 litros de aguas residuales procedentes de los inodoros), pero lo más preocupante, lo que más está afectando a la supervivencia del hábitat marino, son las ingentes cantidades de plástico, visibles ya en casi cualquier costa. Se estima que sólo en 2015 se han vertido al mar unas 9 toneladas de este material y que para 2025 esa cantidad aumentará hasta los 16 millones.

“El gran problema es que toda esta basura tarda cientos de años en degradarse, así que si vamos sumando, la cantidad de plástico acumulado en el océano es inestimable”, señala el profesor José Manuel Serrano, doctor en Biología, en una conferencia en la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, que junto con otras universidades públicas de la comunidad celebra estos días su tercera edición de la   ‘Semana de la Ciencia Indignada’, una iniciativa para reivindicar la importancia de la investigación y la inversión frente a la política de severos recortes que vive el sector.

Cientos de años, en concreto 450, es lo que tarda en desaparecer del agua, por ejemplo, una sencilla botella de plástico. Lo mismo que un pañal de usar y tirar. Cada lata de aluminio como la de los refrescos no se degrada hasta pasado medio siglo, el hilo de nailon que se utiliza para pescar tarda 650 años más. No se conoce, por el momento, el tiempo que perdura el vidrio.

Pero ahí no queda todo. Si la basura flotante es desorbitada, la que permanece hundida en el fondo del mar es incalculable. “La cantidad de plástico vertido, en comparación con lo que se ve es bastante poco” –recuerda Serrano- “el 70% del plástico no flota. Además se fragmenta, lo que hace enormemente difícil conocer las dimensiones del problema”, añade.

Al igual que sucede en la atmósfera, en el mar las corrientes de agua provocan una especie de enormes anticiclones marinos que funcionan como remolinos de agua a cuyo centro va a parar la basura, que es absorbida poco a poco hacia el fondo del mar. “Esto se podía haber previsto”, critica el doctor en Biología, “se conoce desde hace muchísimo tiempo cómo funcionan estas corrientes y se podía haber pensado que iban a ser conflictivos para los vertidos”.

Los vertidos de plástico al mar comenzaron cuando se empezó a producir masivamente este material en los años 70, pero la concienciación sobre el verdadero problema que acarrea (100.000 mamíferos marinos mueren cada año a consecuencia del plástico y el 80% de las aves marinas lo han ingerido alguna vez) no llegó hasta que Charles Moore, un aventurero que en 1997 quedó escandalizado tras la cantidad de plásticos encontrados en su travesía por mar entre Los Angeles y Hawaii, dio la voz de alarma.

¿Y qué soluciones hay? Pues pocas. La única válida, por el momento, es reducir el consumo de plásticos, reutilizarlos y reciclarlos. Aunque existen algunos proyectos en pruebas para recoger la basura marina, están aún lejos de conseguir una solución definitiva. Otros proyectos de plásticos biodegradables, como el biopol o el quitosano trabajan también en la misma dirección.

“Todo esto tiene unas repercusiones económicas inimaginables. Afecta al turismo, a la pesca… no puedo entender cómo hay un acuerdo mundial para reducir la contaminación atmosférica y no se hace nada con la contaminación del mar”, sentencia Serrano.

Fuente original: http://www.publico.es/ciencias/mar-tomando-vertedero-global.html
(Foto de Rosa Peña: De paseo en mi barrio, después de la lluvia. Rivermark. Santa Clara. California)

miércoles, 17 de febrero de 2016

Lo que no se conoce sobre el que lidera la campaña de austeridad contra Grecia y España.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, febrero 2016

Cualquier lector que haya seguido de cerca las noticias sobre Grecia recordará que una figura clave de la imposición de las políticas de austeridad al pueblo griego, que han tenido un impacto devastador para aquel país, fue el Presidente del Eurogrupo, el Ministro de Finanzas de Holanda, el Sr. Jeroen Dijsselbloem, que lideró el ataque (y no hay otra manera de decirlo) a Grecia, forzándola a que aplicara las recetas neoliberales que han causado tanto daño, no solo a las clases populares griegas, sino a las de todos los países -incluyendo España- cuyos gobiernos han aplicado dichas recetas. Tal personaje fue especialmente duro en las exigencias fiscales, acusando al gobierno Syriza de no hacer el trabajo que tenía que hacer, a saber, recoger fondos públicos para pagar las deudas que el gobierno griego había heredado del gobierno conservador liberal anterior. Y este mismo señor ha estado presionando con particular insistencia y mano dura al gobierno español para que haga más recortes y ajustes del gasto público, aplicando las mismas políticas públicas que causaron un enorme daño al pueblo griego, liderando el sector más duro del Eurogrupo, el cual forman los Ministros de Economía y Finanzas de los países de la Eurozona, que él preside. Después de Grecia, Dijsselbloem ha escogido España como su punto de mira, exigiéndole unos recortes de nada menos que de 9.000 millones de euros, que desmantelarían todavía más el ya muy subfinanciado Estado del Bienestar español. España es uno de los países con un gasto público social por habitante en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios domiciliarios, en vivienda social, en servicios sociales y un largo etcétera, más bajos de la UE-15. Pero tal personaje ha puesto como prioridad de su labor el que se gaste incluso menos, pues según él, el déficit público de España es hoy el problema mayor que tiene este país, punto de vista que, por cierto, es ampliamente sostenido por la mayoría de economistas neoliberales que tienen gran proyección mediática en los medios de información y persuasión españoles (incluyendo los catalanes).

¿Quién es este personaje, el Sr. Dijsselbloem?
Lo que no se conoce –porque no se ha publicado en ninguno de los mayores medios de información- es quién es este señor. Dicho personaje ha jugado un papel clave en convertir Holanda en un paraíso fiscal en el que las mayores empresas europeas (incluyendo españolas) y norteamericanas evitan pagar sus impuestos en los países donde se realiza la producción, la distribución o el consumo de sus productos. La política impositiva de tal país está diseñada para atraer a compañías multinacionales que establecen su sede en Holanda. Las ventajas fiscales y subsidios públicos, así como su tratamiento sumamente favorable a las rentas del capital, son bien conocidos en el mundo financiero y empresarial.

Ello explica que haya muchas compañías que establezcan su sede en Holanda (desde la compañía minera canadiense Gold Eldorado a la estadounidense Starbucks, la lista es enorme). En realidad, algunas de estas compañías solo tienen en Holanda una dirección postal, sin edificio siquiera, como es el caso de los grupos musicales Rolling Stones o U2, del Sr. Bono, que se ha hecho famoso y rico a base de supuestamente defender a los pobres del mundo (ver el artículo de David Hollanders “What Europe Needs to Know About The Dutch Tax Haven”, Social Europe Journal, 05.01.16). Muchos de los beneficios fiscales y subsidios, así como las transacciones financieras no son públicos, e incluso miembros del Parlamento holandés no tienen acceso a esa información.

Es sorprendente que Holanda, sin embargo, no aparezca en la lista de paraísos fiscales. Y ello se debe a la activa movilización de la coalición gobernante en Holanda, formada por el partido socialdemócrata, al cual pertenece el Ministro de Finanzas, el Sr. Dijsselbloem, dirigiendo la política económica y financiera del país, y el partido radical de derechas, que aprobaron una ley en el año 2013 en la que se indicaba que Holanda no era un paraíso fiscal, por mucho que se le pareciera. El gobierno prácticamente prohibió el uso de tal término, lo cual no fue un obstáculo para que el gobierno holandés haya apoyado la realización de seminarios para empresarios extranjeros (realizados en el extranjero, el último en Ucrania) para enseñarles cómo evitar pagar impuestos en Holanda.

Como bien indica David Hollanders, Holanda es un ejemplo de libro de texto de lo que es un paraíso fiscal. Como muestra tal autor, hay 12.000 empresas (que manejan un total de 4 billones de euros) que tienen una sede postal en Holanda, que incluyen el 80% de las cien empresas más grandes del mundo y el 48% de las mayores compañías que aparecen en la revista Fortune. Entre tales empresas con sede postal en Holanda hay empresas portuguesas, españolas (como la empresa que se benefició de la privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat por la Generalitat de Catalunya – ver “Tots els camins porten a Holanda”, El Triangle, 23.12.15), griegas y otras, lo cual implica que Grecia, España, Portugal y otros países dejan de ingresar impuestos (millones y millones de euros) a las arcas del Estado debido a las políticas aprobadas por el gobierno holandés, del cual el Sr. Dijsselbloem es uno de los mayores responsables y arquitectos, el mismo personaje que acusa a Grecia y a España de tener excesivos déficits públicos, déficits públicos que no existirían si las grandes empresas pagaran los impuestos que tendrían que pagar si no tuvieran sus sedes fuera del país, incluyendo Holanda, situación favorecida y facilitada por tal señor.

Se sabe que el Sr. Jean-Claude Juncker, hoy Presidente de la Comisión Europea, es otro personaje que hacía lo mismo cuando era Presidente y Ministro de Finanzas de Luxemburgo, otro paraíso fiscal donde un gran número de empresas internacionales, incluyendo españolas, tienen su sede.

El Sr. Jean-Claude Juncker es también de los que presiona por todos los medios para que se apliquen las políticas de austeridad en Grecia y en España. Pero no se sabía tanto de este otro personaje, el Sr. Dijsselbloem. El cinismo y la indecencia, por no decir falta de ética, de tales personajes alcanzan ya niveles sin precedentes. Y esta es la Europa a la que se nos pide que pertenezcamos.
http://www.vnavarro.org/?p=13028

sábado, 30 de enero de 2016

¿A quién afecta el recorte del gasto?. Los Gobiernos priorizan las políticas para combatir el déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener el gasto social. Los Presupuestos de Género, promovidos por la ONU y la UE, analizan el impacto sobre la igualdad

En una sociedad cuya prioridad fuera el bienestar de sus ciudadanos, los políticos querrían ser fotografiados inaugurando centros de educación infantil, comedores escolares, viviendas sociales y centros de día para mayores: medidas de bajo coste que mejoran la calidad de vida. Nuestros políticos, sin embargo, inauguran grandes infraestructuras, faraónicos centros culturales y multimillonarias intervenciones urbanas. La mayoría de los españoles no utilizará nunca los superpuertos deportivos, ni el AVE, ni entrará en los megamuseos. Sin embargo, los han pagado con sus impuestos.

Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.

Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.

En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.

El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?

El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).

La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.

Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.

Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

viernes, 17 de julio de 2015

Inverosímil. En resumen: ¿lo de Tsipras ha sido un accidente o un ajuste de cuentas?

Un coche negro entra como un rayo en la plaza de Sintagma, aminora la velocidad, se abre una puerta y un fardo es arrojado fuera. Cuando el automóvil desaparece, la gente se acerca al bulto, que resulta ser un hombre con la cara hinchada a golpes y la nariz rota. Los párpados abultan como pelotas de tenis y los labios parecen una masa informe de carne picada entre la que brillan fragmentos de lo que debió de ser la dentadura. No es difícil suponer, por el silbido que a modo de respiración escapa del agujero donde estaba la boca, que tiene tres o cuatro costillas clavadas en los pulmones. El resto de su cuerpo no está mejor: una de las piernas aparece extrañamente retorcida y le falta un zapato. Es Alexis Tsipras, el mensajero que los griegos enviaron a Europa para renegociar su deuda. He aquí nuestra respuesta, parecen responder los acreedores.

Debe de haber en todo este asunto aspectos que se nos escapan.

Si razonamos desde lo que sabemos, o creemos saber, los hechos resultan completamente inverosímiles. Veamos: la UE propone a Grecia una solución imposible. Tsipras convoca un referéndum y vuelve a Bruselas con un mensaje claro de su pueblo. A los dos días, inexplicablemente, firma un acuerdo peor que el que aconsejó la convocatoria de la consulta y regresa a casa humillado, escupido, zarandeado y con muestras de desvarío mental. Al mismo tiempo, nos enteramos de que quienes venían prestando a Grecia el dinero que ahora le reclaman y que consintieron su ingreso en el euro sabían que se trataba de un país sin Hacienda, sin Tesoro, sin catastro y sin instituciones públicas en general, además de corrupto. ¿Por qué hacíamos negocios con él? En resumen: ¿lo de Tsipras ha sido un accidente o un ajuste de cuentas?
Juan José Millás, El País.

jueves, 22 de enero de 2015

RECORTES SANITARIOS » Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos

Pacientes de oncología y cardiología son forzados a cambiar de centro.

Millón y medio de personas —un millón de funcionarios y medio millón de sus familiares beneficiarios— se enfrentan, en 2015, a recortes en la asistencia sanitaria que les presta la mutualidad Muface, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con Muface (Adeslas, Asisa y DKV) han recortado su cartera de médicos y hospitales, de forma que hay especialidades e incluso centros enteros a los que ya no pueden acudir. Ello ha motivado que personas ya en tratamiento hayan tenido que cambiar de hospital o que se vean obligadas a solicitar autorizaciones para cada una de las pruebas o las consultas que necesitan.

Es lo que le ha sucedido a una funcionaria del Estado, con 34 años en Muface, que pide el anonimato para contar su historia. Le detectaron un cáncer de pulmón, a finales de 2013, y fue operada en su hospital, el HM Sanchinarro, a través de la aseguradora Adeslas. Al pedir hora en noviembre para su revisión trimestral, en enero, le preguntaron si era “de Adeslas particular o de Adeslas Muface”. “Ya no atendemos a nadie de Muface”, asegura que le contestaron. Ahí empezó una peregrinación por diferentes oficinas para enterarse de qué estaba sucediendo. Tras mucho insistir, Adeslas accedió a continuar su tratamiento un año. “Pero dicen que las pruebas me las van a hacer en otro sitio”, precisa.
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Mutualismo

Los funcionarios del Estado pueden elegir dónde recibir su asistencia sanitaria: con entidades privadas o en la sanidad pública. A 1 de diciembre de 2014, había 1.518.434 personas adscritas a Muface. Algo más del 81% escogieron la privada el año pasado, entre una de las aseguradoras que firmaron el concierto con Muface.

Los mutualistas eligen, a principios de año, entre la pública y la privada, y dentro de esta, con qué aseguradora entre las que han firmado el concierto. Este año lo han hecho Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. En todos los casos, tienen garantizadas las mismas prestaciones. Sin embargo, las aseguradoras deciden con qué hospitales o con qué médicos contratan a su vez esos servicios. En 2015, las aseguradoras ya no tienen convenio con varios centros sanitarios del Grupo Quirón. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informa de que ninguna de las tres grandes aseguradoras ofrece ya los tres hospitales de este grupo en Barcelona. En Madrid, los funcionarios siguen pudiendo acudir a San José y San Camilo, las clínicas más pequeñas. En el hospital más grande, el de Pozuelo, se han limitado las especialidades que cubren las compañías, añade.

"Si hay un problema, ¿adónde voy de urgencias?"

Esther (nombre figurado) asegura haber vivido “un suplicio” en las últimas semanas. Esta funcionaria, del Cuerpo Nacional de Policía, de 53 años, padece un cáncer de ovarios del que recayó el año pasado. “Llevo ocho años con mi oncóloga. Se ha creado una complicidad. Me conoce y conoce mi caso. Sabe lo que me va bien y lo que no. En una enfermedad como el cáncer, la confianza hace mucho”, explica. Tras operarse, el año pasado, ha seguido yendo a revisión a su hospital, el Quirón de Pozuelo, a través de la aseguradora Adeslas. Cuando se enteró de que había cambios en el convenio de los funcionarios, llamó para enterarse: “Me dijeron que con la tarjeta de Muface ya no me atendían, que a partir de ahora mi aseguradora tendría que autorizarme cada cosa. Pero fue el hospital el que me lo dijo. Adeslas nunca me informó de nada”.

Empezó a presentar instancias. Quería que siguieran tratándola en su hospital de siempre, con el equipo de siempre. “No me contestaban. Tengo que empezar otra vez con la quimioterapia y he estado en un sinvivir. La otra vez tuve tranquilidad, pero ahora todo son nervios e incertidumbres”, relata. El viernes pasado, por fin le autorizaron la quimioterapia, pero ahora no sabe a qué atenerse en el futuro. “De palabra, sin darme nada por escrito, en la Quirón aseguran, por ejemplo, que no puedo acudir en caso de emergencia. ¿Si tengo una complicación, adónde voy de urgencias?”, se pregunta.

Un portavoz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asegura que la continuidad asistencial de los pacientes con dolencias graves —el mismo hospital, el mismo médico— está garantizada en los seis meses siguientes a la baja del catálogo de proveedores de un centro sanitario o de una especialidad. En el caso de pacientes de las especialidades de Oncología y Psiquiatría, este periodo se alarga hasta un año.

Muface entiende la continuidad asistencial, es decir, el tratamiento en el mismo centro, “en sentido amplio”, explica dicho portavoz. Es decir, los casos en los que a un paciente se le autoriza a seguir con las consultas con su oncólogo, pero le mandan a otros centros para hacerse las pruebas o para las urgencias no serían legales. “Si un paciente se siente perjudicado, que pida amparo a Muface”, añade. Fuentes de Adeslas aseguraron que están cumpliendo "a rajatabla" lo que indica el convenio e indicaron que entienden el nerviosismo de los pacientes pero piden tranquilidad porque todos "van a seguir con su médico".
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/01/20/actualidad/1421791624_348636.html

Sobre los seguros
En su edición del pasado 21 de enero informan ustedes de los increíbles recortes y cambios que están efectuando Muface y sus aseguradoras a los funcionarios, sin comunicarles una sola palabra. Ponen ustedes un par de casos de Adeslas. Creo que será interesante avisar a los que están en Asisa de que también a nosotros nos están machacando. Hube de pasar una revisión en la Dexeus de Barcelona y sólo cuando llegué allí desde Madrid supe que Muface ya no lo cubría. Lo más canallesco es que tanto Asisa como Muface ocultan la información. No hay modo de saber qué han eliminado y qué queda. No hay guías, no hay catálogos, no hay listas y si alguien se aventura en la Red puede acabar en los huesos.

Me parece que ni un sólo político ha dicho una palabra al respecto. Los más escépticos suponemos que es una iniciativa del Gobierno para que muramos los más viejos y salgamos más baratos.- A 22 ENE 2015 - El País. Cartas al director.

sábado, 10 de enero de 2015

No admitamos recortes en sanidad

Estuve frente al Ministerio de Sanidad apoyando a los enfermos de hepatitis C. El Gobierno no está tratándoles con el medicamento que cura más del 50% de los casos. Es caro, dicen. También es caro un transplante o un tratamiento contra el cáncer; miedo me da cuando los contables deciden sobre los tratamientos. Es caro el medicamento, seguro que lo es, pero salva vidas. No creo que los rescates de autopistas, de Castor, los AVE a ninguna parte o los aeropuertos sin aviones salven vidas, aunque sí engorden bolsillos. No admitamos recortes en sanidad, sobre todo cuando continuamos viendo derroche en otras áreas innecesarias.— Collado Hermoso, Segovia 2 ENE 2015 - El País.

jueves, 23 de octubre de 2014

Estudiantes en huelga

Mi hijo de 15 años, junto con otros compañeros, ha acudido a la manifestación en defensa de la escuela pública. Como madre me preocupa que mi hijo con esa edad deba ir a reclamar sus derechos: el derecho a una escuela pública de calidad, sin recortes, con medios; sin argumentos torticeros que proclamen que no hay recortes cuando los números evidencian que sí los hay. Aunque no en todas las escuelas; en las concertadas se ha producido un aumento del presupuesto, incluso en las segregadas por sexo. Así que no entiendo las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, cuando califica de “huelga política” más que “educativa” la huelga de estudiantes. Por supuesto que lo es, de la misma forma que los recortes son fruto de una política sustentada en una ideología liberal que aboga por acabar con lo público para que sea meramente residual; que cada uno tenga no lo que merezca, sino lo que se pueda pagar.

Pero no todo es negativo: quizá nuestros hijos, ante tanta indecencia política y escasa sensibilidad de los que mandan para con la mayoría social, se conviertan en ciudadanos críticos, exigentes con la clase política y poco tolerantes ante la mediocridad de algunos de los que nos gobiernan. No es solo la defensa de lo público, es la defensa del derecho a tener un futuro digno.—  23 OCT 2014. Barcelona. El País, cartas al director.

sábado, 3 de mayo de 2014

Es la vergüenza. Lo que está sustituyendo al despilfarro en España no es el buen gobierno, sino el derroche de injusticia

En un hospital público de España, de cuyo nombre prefiero no acordarme, le han negado atención médica a un niño de dos años. Dicho de otra forma: le exigieron a la madre firmar un papel de pago. El niño tenía fiebre, respiraba con dificultad, vomitaba, lloraba sin cesar. Esto ocurrió en urgencias, el pasado 30 de abril. En la historia hay un dato biográfico, auténtico, que parece introducido por un guionista providencial: el niño había nacido en ese hospital. Vino al mundo allí, en el mismo lugar ahora inaccesible, por una burocracia inepta que anda multiplicando fronteras con verja. Es un niño español, por cuna y DNI. Pero hay otro detalle nuclear en la historia: el niño iba en brazos de su madre, emigrante de Cabo Verde. Habrá quien argumente que lo ocurrido es un daño colateral del control presupuestario. Pero lo que está sustituyendo al despilfarro en España no es el buen gobierno, sino el derroche de injusticia. Una marea de impúdica desigualdad. ¿Cómo van a ser verosímiles los brotes verdes de la economía cuando asistimos diariamente a un bombardeo tóxico que provoca la desfoliación de la verdad? No es el Gobierno de la austeridad lo que cierra la puerta a un niño enfermo. Es el Gobierno de la brutalidad. Pese a la desfoliación, he llegado a esta conclusión histórica después de leer un implacable testimonio científico que se refiere al corazón. Se titula: Lágrimas de vergüenza. Lo firma un médico. El cardiólogo Maximiliano Diego. Cuenta en la web de Salud a diario cómo en el último año se han multiplicado los pacientes que sufren un segundo infarto, más grave, al no poder pagar el tratamiento necesario: más de 100 euros al mes. “O comemos, o tomo las pastillas”, confiesa uno de esos hombres del segundo infarto, trabajador en paro. Así que ya no deberíamos hablar en elecciones ni de política ni de economía: “¡Es la vergüenza, estúpido!”.
Fuente: Manuel Rivas, El País.

miércoles, 30 de abril de 2014

El rector de la Complutense: “El futuro de la Universidad pública está en entredicho”. El responsable del mayor centro presencial de España alerta de la "asfixia" de los campus

La Complutense ha perdido 300 profesores en tres años y otros 90 se irían fuera este año
Hasta el 15% de sus grupos de investigación se ha quedado sin financiación
El comunicado de los rectores

"Asfixia" es la palabra que define el estado actual de las universidades españolas, según ha expresado esta mañana el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo,  en la lectura de un comunicado consensuado entre los 50 campus públicos y 25 privados del país en el que exigen al Gobierno que revoque los recortes que les ahogan. El responsable del mayor centro presencial del país, con 78.000 alumnos, ha alertado de que el efecto de los ajustes tardará "años" en revertirse —"Lo que hemos invertido en 30 años lo tiramos por la borda con cuatro años de desinversión"— y ha advertido de que la viabilidad de los centros se complica mucho si no se toman medidas: "El futuro de la Universidad pública está en entredicho".

El rector de la Complutense ha detallado con las cifras de su propio campus el impacto de esas “medidas excepcionales” que rechaza el comunicado. Medidas que llegaron a través de los recortes presupuestarios (unos 1.200 millones desde 2009) y de cambios normativos que han favorecido un aumento inédito del precio de las matrículas universitarias y el endurecimiento de los criterios académicos para acceder a una beca. En su centro, los efectos se traducen en pérdida de profesores, de alumnos y de equipos y líneas de investigación.

La Complutense ha perdido 300 profesores doctores en los últimos tres años, y otros 90 están al borde de quedarse fuera este año, porque la tasa de reposición (del 10%, solo se cubre una de cada diez bajas) impide que se les estabilice. "La formación de todos estos docentes ha costado 30 millones de dinero público, es dinero que se va por la alcantarilla", se ha quejado Carrillo. La pérdida de estos 90 doctores puede suponer, ha dicho, que tengan que "plantear el cierre de departamentos o incluso de titulaciones".

Menos profesores y también menos alumnos. El campus madrileño ha perdido hasta un 20% de estudiantes de máster en los dos últimos años, ha contado el rector, y 800.000 créditos matriculados menos en el mismo periodo, lo que equivale a que cada estudiante ha dejado de matricularse de una asignatura (60 créditos son un curso completo de media). La subida de tasas, especialmente intensa en Madrid, está detrás de la caída de alumnos— el coste medio de las matrículas de grado ha subido hasta un 65% en dos cursos—. "Muchos de los que hoy somos profesores en esta Universidad no podríamos haber estudiado con estos precios", se ha lamentado el rector.

La investigación del centro universitario más grande de España también se ha resentido con fuerza. De los 570 grupos de investigación, entre el 10 % y el 15% se ha quedado sin financiación, "lo que supone paralización de laboratorios y de líneas de investigación", explica el vicerrector de Investigación del campus, Francisco Tirado. "Esto afecta también a la temática de las investigaciones, las más costosas, las relacionadas con la química, la física o la salud, que necesitan más material, consumibles, etcétera, y que son las más afectadas", añade. "Los equipos de investigación no tienen relevo, los departamentos tampoco, ¿quién va a dar clase dentro de cinco años?", se ha quejado el rector. "Esto va a tener un coste para este país", ha alertado Carrillo, que ha recordado que la investigación en España "está soportada en un 66% por las universidades"...

"Nos están vapuleando año tras año", se ha lamentado el rector, para quien la postura del Gobierno —el Ministerio de Educación ya dijo ayer que no tiene intención de revertir la situación— es una "opción política" y no solo una cuestión de dinero. "Se habla de meter 5.000 millones para rescatar las radiales, ¿para eso hay dinero y no para la Universidad?".

Los rectores de todas las universidades españolas han escenificado esta mañana con la lectura simultánea del comunicado en sus campus su rechazo a los recortes y la exigencia al Ejecutivo de que dé marcha atrás en unas medidas que atacan a "la equidad".
Fuente: El País.

domingo, 2 de febrero de 2014

Falsedades del pensamiento económico dominante

Vicenç Navarro. Público.es

Permítame, Sr. lector, que le hable como si estuviéramos tomando un café, explicándole algunas de las mayores falsedades que se le presentan a diario en la prensa económica. Debería ser consciente de que gran parte de los argumentos que se presentan en los mayores medios de información y persuasión económicos del país para justificar las políticas públicas que se están llevando a cabo, son posturas claramente ideológicas que no se sustentan en base a la evidencia científica existente. Le citaré algunas de las más importantes, mostrándole que los datos contradicen lo que dicen. Y también intentaré explicarle por qué se continúan repitiendo estas falsedades, a pesar de que la evidencia científica las cuestiona, y con qué fin se le presentan diariamente a usted y al público.

Comencemos por una de las falsedades más importantes, que es la afirmación de que los recortes de gasto público en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, vivienda social, y otros (que están perjudicando enormemente el bienestar social y calidad de vida de las clases populares), son necesarios para que no aumente el déficit público. Y se preguntará usted, “y, ¿por qué es tan malo que crezca el déficit público?”. Y los reproductores de la sabiduría convencional le responderán que la causa de que haya que reducir el déficit público es porque el crecimiento de este déficit determina el crecimiento de la deuda pública, que es lo que el Estado tiene que pagar (predominantemente a la banca, que tiene algo más de la mitad de la deuda pública en España) por haber pedido prestado dinero a la banca para cubrir el agujero creado por el déficit público. Se subraya así que la deuda pública (que se considera una carga para las generaciones venideras, que tendrán que pagarla) no puede continuar creciendo, debiéndose reducir recortando el déficit público, lo cual quiere decir para ellos recortar, recortar y recortar el Estado del Bienestar, hasta el punto de acabar con él, que es lo que está ocurriendo en España.

Los argumentos que se utilizan para justificar los recortes no son creíbles.
El problema con esta postura es que los datos (que la sabiduría convencional oculta o ignora) muestran precisamente lo contrario. Los recortes son enormes (nunca se habían visto durante la época democrática unos tan grandes), y en cambio, la deuda pública continúa y continúa creciendo. Mire lo que está pasando en España, por ejemplo, con la sanidad pública, uno de los servicios públicos más importantes y mejor valorados por la población. El gasto público sanitario como porcentaje del PIB se redujo alrededor de un 3,5% en el periodo 2009-2011 (cuando debería haber crecido un 7,7% durante el mismo periodo para llegar al gasto promedio de los países de semejante desarrollo económico al nuestro), y el déficit público se redujo, pasando del 11,1% del PIB en 2009 al 10,6% en 2012, y en cambio la deuda pública no bajó, sino que continuó aumentando, pasando del 36% del PIB en 2007 al 86% en 2012. En realidad, la causa de que la deuda pública esté aumentando se debe, en parte, a los recortes del gasto público.

¿Cómo puede ser eso?, se preguntará usted. Pues la respuesta es fácil de ver. El descenso del gasto público implica que disminuye la demanda pública y con ello el crecimiento y la actividad económica, con lo cual el Estado recibe menos ingresos por vía de impuestos y tasas. Y al recibir menos impuestos, el Estado debe endeudarse más, con lo cual la deuda pública continúa creciendo. Ni que decir tiene que el mayor o menor impacto estimulante del gasto público depende del tipo de gasto. Pero se está recortando en los servicios públicos del Estado del Bienestar, que son los que crean más empleo y que están entre los que estimulan más la economía. Permítame que repita esta explicación debido a su enorme importancia.

Cuando el Estado (tanto central como autonómico y local) aumenta el gasto público, aumenta la demanda de productos y servicios, y con ello el estímulo económico. Cuando baja, disminuye la demanda y desciende el crecimiento económico, con lo cual el Estado recibe menos fondos. Es lo que en la terminología macroeconómica se conoce como el efecto multiplicador del gasto público. La inversión y el gasto públicos facilitan la actividad económica, lo cual es negado por los economistas neoliberales (que se promueven en la gran mayoría de medios de mayor información y persuasión del país), y ello a pesar de la enorme evidencia publicada en la literatura científica (ver mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar, Ariel Económica, 1997).

Otra farsa: nos gastamos más de lo que tenemos
La misma sabiduría convencional le está diciendo también que la crisis se debe a que hemos estado gastando demasiado, muy por encima de nuestras posibilidades. De ahí la necesidad de apretarse el cinturón (que quiere decir recortar, recortar y recortar el gasto público). Por regla general, esta postura va acompañada con el dicho de que el Estado tiene que comportarse como las familias, es decir “en ningún momento se puede gastar más de lo que se ingresa”. El Presidente Rajoy y la Sra. Merkel han repetido esta frase miles de veces.

Esta frase tiene un componente de hipocresía y otro de falsedad. Déjeme que le explique el por qué de cada uno. Yo no sé cómo usted, lector, compró su coche. Pero yo, como la gran mayoría de españoles, compro el coche a plazos, es decir, a crédito. Todas las familias se han endeudado, y así funciona su presupuesto familiar. Pagamos nuestras deudas a medida que vamos ingresando los recursos que, para la mayoría de españoles, proceden del trabajo. Y de ahí deriva el problema actual. No es que la gente haya ido gastando por encima de sus posibilidades, sino que sus ingresos y sus condiciones de trabajo han ido deteriorándose más y más, sin que la población sea responsable de ello. En realidad, los responsables de que ello ocurra son los mismos que le están diciendo que tienen que recortarse los servicios públicos del Estado del Bienestar y también bajar los salarios. Y ahora tienen la osadía (para ponerlo de una manera amable) de decir que la culpa la tenemos usted y yo, porque hemos estado gastando más y más. Yo no sé usted, pero le garantizo que la mayoría de las familias no han estado comprando y amasando bienes como locos. Todo lo contrario.

La misma hipocresía existe en el argumento de que el Estado ha estado gastando demasiado. Fíjese usted, lector, que el Estado español ha estado gastando, no mucho más, sino mucho menos de lo que han gastado otros países de similar nivel de desarrollo económico. Antes de la crisis, el gasto público representaba solo el 39% del PIB, cuando el promedio de la UE-15 era un 46% del PIB. Ya entonces, el Estado debería haberse gastado como mínimo 66.000 millones de euros más en gasto público social para haberse gastado lo que le correspondía por su nivel de riqueza. No es cierto que ni las familias ni el Estado se hayan gastado más de lo que deberían. Y a pesar de ello, le continuarán diciendo que la culpa la tiene la mayoría de la población que ha gastado demasiado y ahora tiene que apretarse el cinturón.

También habrá usted escuchado que estos sacrificios (los recortes) hay que hacerlos “para salvar al euro”.
De nuevo, esta cantinela de que “estos recortes son necesarios para salvar al euro” se reproduce constantemente Ahora bien, en contra de lo que constantemente se anuncia, el euro no ha estado nunca en peligro. Ni tampoco hay la más mínima posibilidad de que algunos países periféricos (los PIGS, que incluyen a España) de la Eurozona sean expulsados del euro. En realidad, uno de los problemas de los muchos que tienen estos países es que el euro está demasiado fuerte y sano. Su cotización ha estado siempre por encima del dólar y su elevado poder dificulta la economía de los países periféricos de la Eurozona. Y otro problema es que el capital financiero alemán les ha prestado, con amplios beneficios, 700.000 millones de euros y quiere ahora que los países periféricos los devuelvan. Si alguno de ellos dejara el euro, la banca alemana podría colapsar. Esta banca (cuya influencia es enorme) no quiere ni oír hablar de que estos países deudores se vayan del euro. Les aseguro que es lo último que desean.

Esta observación, que es obvia, no es un argumento, por cierto, a favor de permanecer en el euro. En realidad, creo que los países PIGS deberían amenazar con salirse del euro. Pero es absurdo el argumento que se utiliza de que España tenga que ver reducido el tiempo de visita al médico todavía más para salvar al euro (que es el código para decir, “salvar a la banca alemana y devolverle el dinero” que prestó consiguiendo enormes beneficios).

Estas son las falacias que constantemente se le exponen. Pero le aseguro que se le presentan sin que exista ninguna evidencia que las avale. Así de claro.

La causa de los recortes
Y se preguntará usted, ¿por qué se hacen entonces estos recortes? Y la respuesta es fácil de ver, aunque raramente la verá en aquellos medios de información y persuasión. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”, pero ahora aquellos medios no utilizan esta expresión por considerarla “anticuada”, “ideológica”, “demagógica” o cualquier epíteto que utilizan para mostrar el rechazo y deseo de marginalización de aquellos que ven la realidad según un criterio distinto, e incluso opuesto, al de los que definen la sabiduría convencional del país.

Pero, por mucho que lo quieran ocultar, esa lucha existe. Es la lucha (lo que mi amigo Noam Chomsky llama incluso guerra de clases –como expone en su introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo) de una minoría (los propietarios y gestores del capital, es decir, de la propiedad que genera rentas) contra la mayoría de la población (que obtiene sus rentas a partir de su trabajo).

Ni que decir tiene que esta lucha de clases ha ido variando según el periodo en el que uno vive. Era distinta en la época de nuestros padres y abuelos de la que está ocurriendo ahora. En realidad, ahora es incluso más amplia, pues no es solo de las minorías que controlan y gestionan el capital contra la clase trabajadora (que continúa existiendo), sino que incluye también a grandes sectores de las clases medias, formando lo que se llaman las clases populares, conjuntamente con la clase trabajadora. Esta minoría es enormemente poderosa y controla la mayoría de los medios de información y persuasión, y tiene también una gran influencia sobre la clase política.

Y este grupo minoritario desea que se bajen los salarios, que la clase trabajadora esté atemorizada (de ahí la función del desempleo) y que pierda los derechos laborales y sociales. Y está reduciendo los servicios públicos como parte de esta estrategia para debilitar tales derechos. También es un factor importante la privatización de los servicios públicos, que es consecuencia de los recortes, y que permite la entrada del gran capital (y muy en particular del capital financiero-banca y de las compañías de seguros) en estos sectores, aumentando sus ganancias.

Usted habrá leído cómo en España las compañías privadas de seguros sanitarios se están expandiendo como nunca antes lo habían conseguido. Y muchas de las empresas financieras de alto riesgo (que quiere decir, altamente especulativas) están hoy controlando grandes instituciones sanitarias del país gracias a las políticas privatizadoras y de recortes que los gobiernos están realizando, justificándolo todo con la farsa (y créanme que no hay otra manera de decirlo) de que tienen que hacerlo para reducir el déficit público y la deuda pública.
Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=10378

domingo, 15 de septiembre de 2013

El Gobierno aprueba el primer paso para devaluar las pensiones

CC OO calcula que los jubilados perderán hasta un 28% de su poder adquisitivo en 15 años 
La ministra Báñez se declara abierta a hacer cambios en su oferta


El Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% anual, incluso en los años malos para la Seguridad Social (como el actual y, muy probablemente, los próximos). “Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre”, ha defendido este viernes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, después de que el Consejo de Ministros estudiara un informe sobre la reforma de pensiones. Pero ese suelo no garantiza el poder adquisitivo. Al contrario. Un ejemplo: de haber estado en vigor la reforma de pensiones ahora sobre la mesa en 2013 —cuando la inflación “es muy baja”, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, y se situará en torno al 1% a finales de año— las pensiones habrían perdido poder adquisitivo, es decir, se habrían devaluado. La crisis económica y las tendencias demográficas amenazan con que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sea sistemática con la nueva fórmula.
El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe con una doble propuesta de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, una nueva fórmula de actualización anual, basada en la salud de las cuentas de la Seguridad Social, y que afecta a todos los pensionistas (presentes y a los futuros) ya que pretende desvincularla del IPC en 2014. No obstante, el resultado de la ecuación está limitado: si una vez despejada la incógnita el resultado es negativo, las pensiones subirán al menos el 0,25%; si es positivo, nunca podrán subir 0,25 puntos más que el IPC.

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