Concepción Sáez insta a tomar medidas contra el presidente del TSJ de Castilla y León, al que ya se abrió expediente por acusar a Podemos de “poner en solfa” la democracia.
Una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado un escrito ante el órgano que preside Carlos Lesmes para pedir que actúe contra José Luis Concepción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha comparado al Partido Comunista de España (PCE) con el Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler en Alemania. “Violentando el deber de imparcialidad y su apariencia, el presidente del TSJCyL violenta la imagen pública del propio Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en sus jueces y tribunales”, señala en su escrito Concepción Sáez, vocal del CGPJ a propuesta de IU, que insta a Lesmes y a la comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo, a tomar “medidas gubernativas y disciplinarias” contra el magistrado. El CGPJ no ha adoptado, de momento, ninguna decisión, aunque prevé abordar el asunto en la reunión de la comisión permanente del próximo jueves, según fuentes consultadas.
No es la primera vez que Lesmes tiene sobre su mesa manifestaciones hechas en público por el presidente del TSJ de Castilla y León, cuyo mandato está caducado desde enero de 2021, pero se mantiene en el cargo debido a la reforma legal aprobada por el Gobierno que impide al Consejo hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, tenga el mandato vencido (el actual terminó en diciembre de 2018). Ya en 2020 la comisión permanente se vio obligada a intervenir después del revuelo que provocaron unas palabras de Concepción durante el primer estado de alarma por la pandemia de covid-19. El magistrado cargó contra el Gobierno de PSOE y Podemos, asegurando que se estaba utilizando “la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad”.
La comisión permanente examinó el caso y resolvió que Lesmes enviara una carta al presidente del TSJ para pedirle “moderación, prudencia y mesura”, exactamente la misma fórmula que había empleado el Consejo ante críticas de miembros del Gobierno a decisiones judiciales. Apenas nueve meses más tarde, otras declaraciones de Concepción, en esta ocasión acusando a Podemos de “poner en solfa” la democracia, llevaron al Consejo a abrirle una investigación interna, pero el órgano concluyó que esas palabras estaban amparadas por la libertad de expresión y el expediente se archivó sin más consecuencias.
Ahora las afirmaciones del juez han llegado en una entrevista concedida el Diario de Burgos en la que el periodista le recuerda al magistrado la polvareda que levantaron aquellas palabras sobre el Ejecutivo de coalición. “¿Sigue pensando lo mismo?, pregunta el entrevistador. A lo que Concepción responde: “No lo digo yo, lo dice la historia. El comunismo ha generado más de 110 millones de muertos en los países en los que ha tenido algún tipo de influencia desde la revolución soviética de 1917; y los derechos y libertades de la gente han tenido un menoscabo importante allá donde ha gobernado [...]”. El entrevistador le recuerda que el PCE es “un partido legal que se presenta con normalidad a las elecciones”. A lo que el magistrado responde: “También el Partido Nacional Socialista llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933, y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria”.
La vocal Sáez, en el escrito presentado ante el Consejo, advierte al órgano de la “gravedad” de estas manifestaciones y del “reiterado e injustificable comportamiento público” de Concepción como magistrado y como presidente de un tribunal superior. En opinión de Sáez, estas palabras exceden los límites a la libertad de expresión de los jueces, unos límites que el propio Lesmes se encargó de recordarle al presidente del TSJ en la carta que le remitió en 2020. “Sus desinhibidas intervenciones en los debates públicos”, añade la vocal, “le configuran como un activista al servicio de unos distintivos ideológicos cuya defensa solo tendría cabida, en su caso, de hallarse fuera de la judicatura”.
Sáez rememora en el escrito que ya ella misma se ha quejado de la actitud de Concepción en ocasiones anteriores. Y el propio magistrado lo evoca en la entrevista de la que ha saltado la nueva polémica. “A mí no me abrieron ningún expediente disciplinario; hubo una denuncia de una vocal del CGPJ nombrada a instancia de Izquierda Unida a la que no le debe gustar la verdad”, afirma, antes de asegurar que el Consejo “la inadmitió de plano”. “Como no podía ser de otra manera”, asegura.
https://elpais.com/espana/2022-06-06/una-vocal-del-poder-judicial-pide-que-se-actue-contra-el-magistrado-que-comparo-al-pce-con-el-partido-nazi.html
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miércoles, 8 de junio de 2022
miércoles, 20 de noviembre de 2019
“La justicia española, en gran medida, aún es franquista”. Entrevista a Roldan Jimeno
Roldan Jimeno (Pamplona, Navarra, 1973) es historiador y jurista. Autor de numerosas obras de investigación, su último libro, Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español (Pamiela, 2018), tiene por objeto la Ley de amnistía, de 15 de octubre de 1977, pilar del actual régimen español, y las políticas de memoria aplicadas desde entonces en el Estado español, sin perder de vista la perspectiva internacional.
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
lunes, 18 de junio de 2018
‘IN MEMORIAM’ CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS. Aquella alegre pandilla del PCE de prensa. Figura destacada del periodismo antifranquista, evolucionó a posiciones de derecha.
Ni siquiera estoy seguro de que a César Alonso de los Ríos (Palencia, 1936) fallecido el último día del mes pasado en Madrid, le gustase este a modo de necrológica: se había vuelto bastante cascarrabias, que es la escapatoria de los inteligentes que no aceptan el rebaño. Fue uno de los nuestros, de los entonces míos, y luego cambió. Tenía, faltaría más, todo el derecho del mundo a hacerlo. Fue uno de los responsables teóricos de aquella extraña pandilla que componían, componíamos, los del PCE de prensa, basculando entre Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer y vaya usted a saber qué derivas cubanas, guevaristas. Stalin nunca. Fui su subordinado en la La Calle, que no era una revista comunista, sino progresista: me llamé Serge D’Alfand y fui corresponsal en Ginebra. Al final le confesé que no compartía su último viraje ideológico y creo que no le gustó que se dijese de manera tan frontal: compartimos algunas tertulias radiofónicas y creo que alguna vez hasta nos gritamos las diferencias. Jamás dejé de quererle, pese a su pésimo humor postrero.
Le debemos a César dos cosas: haber tomado partido por, valga la redundancia, un partido a cuya pertenencia le podría haber costado muy caro haber servido. Eran tiempos duros, pocas bromas. Escribir en Triunfo, y más ser uno de sus responsables, era algo que podía costarte, al menos, la carrera en unos momentos en los que hasta la mención de la libertad de expresión, cuyo día internacional conmemoraremos mañana, estaba vetada. Lo segundo, haber tenido el valor cívico de mostrarnos desnudo al héroe que, no mucho antes, había sido despedido con lágrimas multitudinarias por cientos de miles de madrileños. Me refiero al fallecido alcalde Enrique Tierno Galván. Tierno era, en efecto, un farsante, como pudimos comprobar hasta la saciedad mi colega Pedro Vega —historiador del PCE— y yo mismo; nadie se atrevió a decirlo así hasta que Alonso de los Ríos, en el que creo más lúcido y valiente de sus volúmenes, lo puso de manifiesto.
Tengo algunos otros motivos personales de agradecimiento al que fue camarada antes de que todos dejásemos de ser camaradas: un día, en el que yo debía viajar a Perú, me obligó, él, que me sacaba veinte centímetros de estatura, a llevarme su gabardina. “En Lima llueve mucho”, me dijo, sin saber que los peruanos difícilmente han visto una prenda así en su vida. Opinó, con risa en los ojos miopes, que la gabardina me sentaba muy bien, y nunca quiso que se la devolviese. Era generoso en el humor.
Formó parte destacada de cuanto de lucha antifranquista pudo existir en la peculiar república de los periodistas de los últimos tiempos del régimen: con él estaban gloriosos desaparecidos, como Fernando Castelló, Javier Alfaya, María Antonia Iglesias, Miguel Salabert… Otros afortunadamente viven, los más en la diáspora, como Gregorio Morán, o Raúl del Pozo —Raúl Júcar en Mundo Obrero—, o los hermanos Mullor o Andreu Claret o Rodrigo Vázquez de Prada o… Qué injusto olvidar algunos de los muchos nombres que pasaron por aquella alegre muchachada, tan efímera, a veces tan gloriosa.
Luego vino el desengaño, el paso al PSOE, la involución creciente, la admiración por Aznar. Muchos, que habíamos desertado del PCE porque no éramos comunistas, sino simplemente antifranquistas, ya no le acompañábamos desde hacía tiempo. El peligro de lo que él pensaba que sería la desintegración territorial de España le amargaba la vida. Hacía tiempo que yo no hablaba con él, pero me imagino lo que debería estar pasando, él, tan sanguíneo, al ver lo que va ocurriendo en Cataluña.
Pese a todo, estoy seguro, le seguíamos queriendo: a ver quién le arrebataba su derecho a evolucionar como le diese la gana. Estuvo con Delibes, con Vázquez Montalbán, con Manu Leguineche. De él, cuando comenzó a escribir en medios de la derecha, Manolo Vázquez Montalbán dijo, con ironía pero con cariño: “Le está saliendo el alumno del Ramiro que quizá siempre llevó dentro”. Creo, me dicen, que murió entristecido, pensando que se había quedado muy solo. Tuvo el coraje de asumirlo. Si sirviese de algo, que no, muchos le llevaremos siempre en el recuerdo.
Fernando Jáuregui es periodista.
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525197206_198767.html
Le debemos a César dos cosas: haber tomado partido por, valga la redundancia, un partido a cuya pertenencia le podría haber costado muy caro haber servido. Eran tiempos duros, pocas bromas. Escribir en Triunfo, y más ser uno de sus responsables, era algo que podía costarte, al menos, la carrera en unos momentos en los que hasta la mención de la libertad de expresión, cuyo día internacional conmemoraremos mañana, estaba vetada. Lo segundo, haber tenido el valor cívico de mostrarnos desnudo al héroe que, no mucho antes, había sido despedido con lágrimas multitudinarias por cientos de miles de madrileños. Me refiero al fallecido alcalde Enrique Tierno Galván. Tierno era, en efecto, un farsante, como pudimos comprobar hasta la saciedad mi colega Pedro Vega —historiador del PCE— y yo mismo; nadie se atrevió a decirlo así hasta que Alonso de los Ríos, en el que creo más lúcido y valiente de sus volúmenes, lo puso de manifiesto.
Tengo algunos otros motivos personales de agradecimiento al que fue camarada antes de que todos dejásemos de ser camaradas: un día, en el que yo debía viajar a Perú, me obligó, él, que me sacaba veinte centímetros de estatura, a llevarme su gabardina. “En Lima llueve mucho”, me dijo, sin saber que los peruanos difícilmente han visto una prenda así en su vida. Opinó, con risa en los ojos miopes, que la gabardina me sentaba muy bien, y nunca quiso que se la devolviese. Era generoso en el humor.
Formó parte destacada de cuanto de lucha antifranquista pudo existir en la peculiar república de los periodistas de los últimos tiempos del régimen: con él estaban gloriosos desaparecidos, como Fernando Castelló, Javier Alfaya, María Antonia Iglesias, Miguel Salabert… Otros afortunadamente viven, los más en la diáspora, como Gregorio Morán, o Raúl del Pozo —Raúl Júcar en Mundo Obrero—, o los hermanos Mullor o Andreu Claret o Rodrigo Vázquez de Prada o… Qué injusto olvidar algunos de los muchos nombres que pasaron por aquella alegre muchachada, tan efímera, a veces tan gloriosa.
Luego vino el desengaño, el paso al PSOE, la involución creciente, la admiración por Aznar. Muchos, que habíamos desertado del PCE porque no éramos comunistas, sino simplemente antifranquistas, ya no le acompañábamos desde hacía tiempo. El peligro de lo que él pensaba que sería la desintegración territorial de España le amargaba la vida. Hacía tiempo que yo no hablaba con él, pero me imagino lo que debería estar pasando, él, tan sanguíneo, al ver lo que va ocurriendo en Cataluña.
Pese a todo, estoy seguro, le seguíamos queriendo: a ver quién le arrebataba su derecho a evolucionar como le diese la gana. Estuvo con Delibes, con Vázquez Montalbán, con Manu Leguineche. De él, cuando comenzó a escribir en medios de la derecha, Manolo Vázquez Montalbán dijo, con ironía pero con cariño: “Le está saliendo el alumno del Ramiro que quizá siempre llevó dentro”. Creo, me dicen, que murió entristecido, pensando que se había quedado muy solo. Tuvo el coraje de asumirlo. Si sirviese de algo, que no, muchos le llevaremos siempre en el recuerdo.
Fernando Jáuregui es periodista.
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525197206_198767.html
jueves, 25 de enero de 2018
_- Un siglo de Marcelino Camacho
Público.es
“Ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar”
Estos días de enero Marcelino Camacho hubiera cumplido cien años. Un siglo de lucha, dignidad y compromiso, tres de las características definitorias de la trayectoria vital, sindical y política del sindicalista y militante comunista soriano. Conviene recordar especialmente en estos tiempos a figuras imprescindibles del movimiento obrero de nuestro país como Camacho, y la conmemoración de su centenario se antoja como una oportunidad de oro para reivindicar la vigencia de los valores que él defendió durante toda su vida. Desde aquí quiero aplaudir la iniciativa de su sindicato, CCOO, y sus partidos, el PCE e Izquierda Unida, de organizar diversos actos con motivo de la efeméride. La ocasión lo merece.
Cuatro notas biográficas: Marcelino Camacho fue un trabajador metalúrgico, hijo de ferroviario, comprometido desde muy joven con los valores de izquierdas. Luchó defendiendo a la República durante la Guerra Civil. Sufrió en los campos de concentración y en las cárceles franquistas. Organizó las Comisiones Obreras en la clandestinidad y fue su primer secretario general, cargo que desarrolló hasta 1987. También fue diputado por el PCE en las Cortes Generales en la legislatura constituyente y en la primera legislatura de la restauración democrática, hasta su dimisión a principios de 1981.
Cierto es que las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos y que el mantra del fin de las ideologías ha ido calando en amplios sectores de nuestra sociedad, pero para combatir determinados discursos es conveniente armarse de argumentos y reivindicar el legado de personas como Marcelino Camacho, estandarte de una generación que nos ha ido dejando pero cuyo recuerdo debe permanecer más vivo que nunca. Se dice que esto ya no va ni de izquierdas ni de derechas. Se insiste en que no hay clases sociales y se machaca a los jóvenes insistentemente con la idea de que el paraíso está en el consumo y el individualismo. Háztelo tú. Todo está en tu interior. Si quieres puedes. Los sindicatos están anticuados, ya no sirven. Los políticos son todos iguales…
Pero si algo ha demostrado la tozuda historia de la humanidad es que si las personas no nos agrupamos y organizamos para conseguir nuestros objetivos comunes las élites del poder siempre llevarán las de ganar. Y sabemos que van ganando aunque nosotros seamos más. Esto Marcelino Camacho y muchos militantes de su generación lo tuvieron meridianamente claro, y de ahí la importancia del movimiento obrero (y especialmente el PCE y CCOO) durante la larga noche del franquismo, algo que interesadamente poco a poco va desapareciendo de los libros de historia. Sin su lucha, sin su sacrificio y sin su trabajo muchas de las conquistas sociales de nuestro país nunca hubieran llegado. Porque, a pesar de lo que muchos creen, no llegaron gratis.
Y conviene tener presente que aún quedan muchas conquistas pendientes, máxime en tiempos de retroceso, corrupción y expolio. Conviene recordarlo ahora que empieza a calar cierto discurso desde la izquierda que reniega del papel del PCE o CCOO en la Transición. Sí, quizá las cosas se pudieron hacer mejor, de eso no hay duda, pero hoy jugamos con ventaja cuando decimos que se cedió demasiado en aquellos tiempos tan complicados y violentos, con una correlación de fuerzas extraordinariamente favorable a los sectores conservadores y herederos del régimen totalitario de Franco. No digo que se estén despreciando los años de cárcel, torturas, exilio y sufrimiento de personas como Marcelino Camacho, pero quienes nacimos ya en los ochenta o incluso más tarde tenemos la obligación de ponernos en el sitio de aquella generación heroica que se lo jugó todo por nosotros. Todo, también la libertad y la vida. ¿Cuántos hoy estaríamos dispuestos sinceramente a ello? Por eso creo que cuando hablamos hoy de presos políticos o exilio debemos ser muy cuidadosos, recordar a esta generación y huir de la frivolidad velozmente. Y no todo el mundo lo hace.
Hoy me pregunto qué pensaría Marcelino Camacho de la situación política que nos está tocando vivir. ¿Qué pensaría de todo lo que estamos perdiendo las clases populares en los últimos años? ¿Cómo reivindicaría la vigencia de sus ideales de juventud? ¿Qué pensaría de las victorias de las derechas y la falta de entendimiento de las izquierdas? ¿Qué papel jugaría en la construcción de Unidos Podemos y la unidad de la izquierda transformadora en las Españas? ¿Qué pensaría de Catalunya y de cómo cierta izquierda ha antepuesto la identidad nacional a la clase social, pactando incluso con la derecha? ¿Qué pensaría de Trump, del auge de la extrema derecha en Europa o del Brexit? Nunca lo sabremos, desgraciadamente. Y no seré yo quien aventure los supuestos pensamientos de alguien que ya no está entre nosotros.
Hoy debemos brindar todos por la memoria de Marcelino Camacho. Todos: sindicalistas de clase, comunistas y gentes de izquierdas en general los primeros, sí. Pero cualquier demócrata de convicción y corazón debe saber que tiene mucho que agradecer a aquella generación que Camacho representa como pocos. Porque aquellos valores que él defendía hoy tienen la máxima vigencia: la defensa de los derechos de la mayoría ante los injustos abusos de las élites del poder.
Miguel Guillén Burguillos es politólogo
Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/12375/un-siglo-de-marcelino-camacho/
jueves, 23 de noviembre de 2017
ENTREVISTA A ALBERTO GARZÓN. “Cuando pienso en un preso político, pienso en Marcos Ana”
El coordinador federal de IU cree que el nacionalismo "es la mejor excusa" para no hablar de los recortes y la corrupción que afectan a los partidos en el Gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña
La peor crisis política e institucional de los últimos 40 años en España ha permitido a Izquierda Unida recuperar su presencia pública, un tanto perdida dentro de Unidos Podemos, con un discurso igual de severo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy que con el desafío secesionista de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Frente a la tibieza con la que Podemos ha criticado la declaración de independencia “ilegal e ilegítima” y ha centrado su discurso casi en exclusiva en criticar al Gobierno y sus aliados del PSOE y Ciudadanos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Alberto Garzón (Logroño, 1985) ha mantenido una posición contundente con ambas administraciones. “Un nacionalismo llama a otro nacionalismo. Tanto Puigdemont como Rajoy se retroalimentan en sus estrategias”, afirma el coordinador federal de IU. “La identidad nacional se puede construir, se puede promover. Eso es lo que hizo Artur Mas: facilitar que bajo la bandera nacionalista catalana se pudiera ocultar su propia gestión”, añade en relación al predecesor de Puigdemont en el Govern.
Prueba de que el discurso de Unidos Podemos no es monolítico es que Garzón es contrario a la condición de presos políticos que los secesionistas o el mismo secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, atribuyen al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers del Govern encarcelados por rebelión, sedición y malversación de fondos. “Las palabras tienen mucha fuerza y están cargadas de ideología y por tanto hay que usarlas con cuidado. La prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. [Su caso] No es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria”. “Cuando pienso en un preso político pienso en Marcos Ana, que se tiró más de 20 años en la cárcel franquista y no fue reconocido ni siquiera en democracia”, sentencia.
El coordinador federal de IU considera “un grave error” que Puigdemont no acudiese a la citación en la Audiencia Nacional. La reacción de la juez ha sido ordenar su busca y captura. “Lo responsable es hacerse cargo de las propias decisiones. Y una vez uno tiene claro cuál es su hoja de ruta como la tenía Puigdemont, creo que afrontar con madurez las consecuencias era lo más adecuado”, sostiene Garzón. “En un proceso tan complejo como este creo que Puigdemont no podía salir de rositas porque es el gran responsable de lo que está sucediendo”, razona.
El crecimiento reciente del independentismo lo atribuye a la decisión del Tribunal Constitucional de anular una parte importante del Estatut pero “fundamentalmente a la crisis económica”. “Y tiene un responsable: Artur Mas”, apostilla. “También los dirigentes de la antigua Convergència. Ellos sabían que la mejor forma de ocultar su gestión de la crisis, que era exactamente igual que la de Rajoy, es decir la austeridad como eufemismo de los recortes en servicios públicos, era envolverse en la bandera. Lo mismo pasa con la corrupción. El nacionalismo es la mejor excusa para no hablar de otras cuestiones”, es su reflexión.
Garzón expone que gran parte del “nuevo independentismo” es producto de la crisis y “ha comprado el discurso de que la independencia es la solución a los problemas y la frustración cotidiana”. “El mensaje de Artur Mas, y que después se ha continuado, era ‘con la independencia seremos más ricos, más capaces de enfrentar los retos conjuntamente, seremos más felices’. Es una idea muy potente, que moviliza mucho, sobre todo en un contexto donde la gente sufre las consecuencias de la crisis, donde tenemos una clase media muy golpeada y que abraza ese discurso”, explica. La situación actual, según Garzón, “obedece a esa quimera promovida por los dirigentes independentistas. Ha habido mucha fantasía por el camino pero no era percibida como tal por la mayoría de la gente que salía a la calle. Creyeron realmente en ese proceso”, recalca. La “enorme paradoja” que caracteriza a la crisis catalana es “ver cómo la gente que protestaba en 2009-2010 contra los recortes en educación y sanidad de la Generalitat, y que fueron golpeados y reprimidos por los Mossos, ahora aparecen del lado de los mismos que recortaban”, concluye Garzón. De ahí que en la campaña electoral del 21-D pretenda hablar de cuestiones sociales y no solo territoriales.
La convocatoria de las elecciones “es algo correcto” para Garzón pues “va a permitir ganar tiempo y calmar los ánimos aunque no va a solucionar” un problema que considera político y que, por tanto, el 155 no contribuiría a resolver. Garzón cree que Catalunya En Comú “es una fórmula muy potente” con vistas a las elecciones autonómicas catalanas. Su principal ventaja respecto a Catalunya Sí que Es Pot (CSQP), que concurrió a las anteriores autonómicas, es “haber integrado a las experiencias municipales” como Barcelona En Comú, de Ada Colau: “El espacio de los comunes no estuvo en las autonómicas de 2015, en las que CSQP obtuvo en torno al 10% de los votos. Tres meses más tarde En Comú Podem, incluyendo ya con los comunes, fue capaz de superar el 24%”.
Aunque se declara “muy satisfecho” con la inclusión de IU en Unidos Podemos, el parlamentario reconoce que la crisis entre la dirección estatal de Podemos y su marca en Cataluña ha contribuido a alimentar el relato de la proximidad de los de Iglesias con el independentismo. “No me podía creer las declaraciones de Albano [Dante Fachin]. No me podía creer ese tipo de seguidismo de política de Puigdemont, de defensa de su hoja de ruta, o incluso en algunos casos su complicidad cuando se está representando a un espacio político que claramente no es independentista”, apunta. “Ese tipo de comportamientos no han ayudado en absoluto porque han sido además explotados, lógicamente, por los adversarios para confundir e instalar en el imaginario una idea falsa”, finaliza.
Garzón respeta pero no cree “representativa de lo que es IU y el PCE” la posición de Francisco Frutos, exsecretario general del PCE, que acusa a una parte de la izquierda de “baile el agua” a los independentistas. “Su crítica concreta incurre en la falacia del hombre de paja: hace una construcción de una izquierda que supuestamente es cómplice del independentismo. Yo necesito que cuando se hagan ese tipo de acusaciones se señale bien. Yo no soy nacionalista ni independentista... No mantenemos una posición cómplice con ninguno, ni con Rajoy ni con Puigdemont. Sus argumentaciones [las de Frutos] carecen del fundamento y rigor suficientes”.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1197417193044529487#editor/target=post;postID=4955430422558568570
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/05/actualidad/1509906384_133736.html
La peor crisis política e institucional de los últimos 40 años en España ha permitido a Izquierda Unida recuperar su presencia pública, un tanto perdida dentro de Unidos Podemos, con un discurso igual de severo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy que con el desafío secesionista de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Frente a la tibieza con la que Podemos ha criticado la declaración de independencia “ilegal e ilegítima” y ha centrado su discurso casi en exclusiva en criticar al Gobierno y sus aliados del PSOE y Ciudadanos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Alberto Garzón (Logroño, 1985) ha mantenido una posición contundente con ambas administraciones. “Un nacionalismo llama a otro nacionalismo. Tanto Puigdemont como Rajoy se retroalimentan en sus estrategias”, afirma el coordinador federal de IU. “La identidad nacional se puede construir, se puede promover. Eso es lo que hizo Artur Mas: facilitar que bajo la bandera nacionalista catalana se pudiera ocultar su propia gestión”, añade en relación al predecesor de Puigdemont en el Govern.
Prueba de que el discurso de Unidos Podemos no es monolítico es que Garzón es contrario a la condición de presos políticos que los secesionistas o el mismo secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, atribuyen al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers del Govern encarcelados por rebelión, sedición y malversación de fondos. “Las palabras tienen mucha fuerza y están cargadas de ideología y por tanto hay que usarlas con cuidado. La prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. [Su caso] No es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria”. “Cuando pienso en un preso político pienso en Marcos Ana, que se tiró más de 20 años en la cárcel franquista y no fue reconocido ni siquiera en democracia”, sentencia.
El coordinador federal de IU considera “un grave error” que Puigdemont no acudiese a la citación en la Audiencia Nacional. La reacción de la juez ha sido ordenar su busca y captura. “Lo responsable es hacerse cargo de las propias decisiones. Y una vez uno tiene claro cuál es su hoja de ruta como la tenía Puigdemont, creo que afrontar con madurez las consecuencias era lo más adecuado”, sostiene Garzón. “En un proceso tan complejo como este creo que Puigdemont no podía salir de rositas porque es el gran responsable de lo que está sucediendo”, razona.
El crecimiento reciente del independentismo lo atribuye a la decisión del Tribunal Constitucional de anular una parte importante del Estatut pero “fundamentalmente a la crisis económica”. “Y tiene un responsable: Artur Mas”, apostilla. “También los dirigentes de la antigua Convergència. Ellos sabían que la mejor forma de ocultar su gestión de la crisis, que era exactamente igual que la de Rajoy, es decir la austeridad como eufemismo de los recortes en servicios públicos, era envolverse en la bandera. Lo mismo pasa con la corrupción. El nacionalismo es la mejor excusa para no hablar de otras cuestiones”, es su reflexión.
Garzón expone que gran parte del “nuevo independentismo” es producto de la crisis y “ha comprado el discurso de que la independencia es la solución a los problemas y la frustración cotidiana”. “El mensaje de Artur Mas, y que después se ha continuado, era ‘con la independencia seremos más ricos, más capaces de enfrentar los retos conjuntamente, seremos más felices’. Es una idea muy potente, que moviliza mucho, sobre todo en un contexto donde la gente sufre las consecuencias de la crisis, donde tenemos una clase media muy golpeada y que abraza ese discurso”, explica. La situación actual, según Garzón, “obedece a esa quimera promovida por los dirigentes independentistas. Ha habido mucha fantasía por el camino pero no era percibida como tal por la mayoría de la gente que salía a la calle. Creyeron realmente en ese proceso”, recalca. La “enorme paradoja” que caracteriza a la crisis catalana es “ver cómo la gente que protestaba en 2009-2010 contra los recortes en educación y sanidad de la Generalitat, y que fueron golpeados y reprimidos por los Mossos, ahora aparecen del lado de los mismos que recortaban”, concluye Garzón. De ahí que en la campaña electoral del 21-D pretenda hablar de cuestiones sociales y no solo territoriales.
La convocatoria de las elecciones “es algo correcto” para Garzón pues “va a permitir ganar tiempo y calmar los ánimos aunque no va a solucionar” un problema que considera político y que, por tanto, el 155 no contribuiría a resolver. Garzón cree que Catalunya En Comú “es una fórmula muy potente” con vistas a las elecciones autonómicas catalanas. Su principal ventaja respecto a Catalunya Sí que Es Pot (CSQP), que concurrió a las anteriores autonómicas, es “haber integrado a las experiencias municipales” como Barcelona En Comú, de Ada Colau: “El espacio de los comunes no estuvo en las autonómicas de 2015, en las que CSQP obtuvo en torno al 10% de los votos. Tres meses más tarde En Comú Podem, incluyendo ya con los comunes, fue capaz de superar el 24%”.
Aunque se declara “muy satisfecho” con la inclusión de IU en Unidos Podemos, el parlamentario reconoce que la crisis entre la dirección estatal de Podemos y su marca en Cataluña ha contribuido a alimentar el relato de la proximidad de los de Iglesias con el independentismo. “No me podía creer las declaraciones de Albano [Dante Fachin]. No me podía creer ese tipo de seguidismo de política de Puigdemont, de defensa de su hoja de ruta, o incluso en algunos casos su complicidad cuando se está representando a un espacio político que claramente no es independentista”, apunta. “Ese tipo de comportamientos no han ayudado en absoluto porque han sido además explotados, lógicamente, por los adversarios para confundir e instalar en el imaginario una idea falsa”, finaliza.
Garzón respeta pero no cree “representativa de lo que es IU y el PCE” la posición de Francisco Frutos, exsecretario general del PCE, que acusa a una parte de la izquierda de “baile el agua” a los independentistas. “Su crítica concreta incurre en la falacia del hombre de paja: hace una construcción de una izquierda que supuestamente es cómplice del independentismo. Yo necesito que cuando se hagan ese tipo de acusaciones se señale bien. Yo no soy nacionalista ni independentista... No mantenemos una posición cómplice con ninguno, ni con Rajoy ni con Puigdemont. Sus argumentaciones [las de Frutos] carecen del fundamento y rigor suficientes”.
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domingo, 9 de abril de 2017
_--HISTORIA. Una vía inédita al socialismo. Este domingo se cumplen 40 años de la legalización del Partido Comunista de España. Dos libros se adentran en su historia.
_--Terminaban en 2010 Carme Molinero y Pere Ysàs su trabajo sobre el partido comunista de los catalanes con una evocación teñida de nostalgia: la crisis del PSUC —decían— coincidía con el final de la Transición y con el final de una etapa en la que, sin el PSUC, no puede explicarse la historia de Cataluña. Con idéntica reflexión podría haber concluido también este nuevo recorrido que nos lleva desde la hegemonía a la autodestrucción del partido de los comunistas españoles: el final de la Transición fue el final de una etapa que no puede explicarse sin la historia del PCE.
La historia arranca en 1956, con una resolución del Comité Central que se hará tan célebre como la “svolta de Salerno”, que 12 años antes determinó la política de los comunistas italianos. “Por la reconciliación nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español” fue su expresivo título, que implicaba un gran viraje, aunque para el caso Dolores Ibárruri empleó la menos traumática definición de cambio táctico. Pero caramba con el cambio táctico: a partir de esa resolución, el PCE dio por clausurada a todos los efectos la Guerra Civil e inició una política de mano tendida a todas las fuerzas de izquierda o derecha, llamándolas a deponer los odios y el espíritu de venganza del pasado.
No resultó fácil convencer a los grupos políticos que pululaban en torno a personalidades de la seriedad de esta llamada. De hecho, como ponen de relieve Molinero e Ysàs, el PCE rompe su aislamiento no porque llegue a acuerdos por arriba con otros partidos, sino porque es quien mejor percibe el potencial político de las movilizaciones contra la dictadura que se inician en la rebelión universitaria de 1956, estallan en 1962 con las huelgas de la cuenca asturiana, se multiplican en 1965 de nuevo con los estudiantes y alcanza a colegios profesionales en los años setenta, sin olvidar las asociaciones vecinales y los cristianos por el socialismo. Es construyendo desde abajo, y al precio de caídas, cárceles, torturas y largas condenas, como el PCE, o sus militantes, alcanzan en el conjunto de la oposición democrática esa posición hegemónica, más evidente en Cataluña cuando se funda la Assemblea, no por casualidad en una parroquia y con presencia de intelectuales, profesionales y obreros.
¿Y dónde comenzó la autodestrucción? Siempre apoyándose en fuentes primarias, Molinero e Ysàs rechazan la tesis, hoy tan facilona, de culpar a las traiciones, cesiones, renuncias que los comunistas hayan podido cometer durante el proceso de transición. Cierto, no se produjo la ruptura ideada por el PC con un gobierno provisional que condujera el proceso, pero el proceso mismo culminó con una muy activa participación de los comunistas en todo lo que en su Noveno Congreso se definió como “netas rupturas con el pasado dictatorial”: la legalización del partido, las elecciones a Cortes y su rápida conversión en constituyentes, las preautonomías, la amnistía, las elecciones sindicales, los acuerdos de La Moncloa…
Y de la hegemonía, casi sin solución de continuidad, a la autodestrucción. No fue el hundimiento electoral lo que provocó la crisis interna, sostienen los autores, sino al revés. Tal vez, mejor, se retroalimentaron. En todo caso, las “autocríticas” en el PCE que se suceden entre 1977 y 1982, junto a las divisiones viscerales entre euros, prosoviéticos o afganos y leninistas del PSUC y la escisión del comunismo vasco más el retroceso electoral del andaluz, confirmó ese revés del destino y quebró el hechizo del partido identificado con el secretario general. Empezaron los lamentos convertidos en reproches y Santiago Carrillo no supo reaccionar más que con expulsiones. Y así, purga purgando, se esfumó lo que Molinero e Ysàs definen como un inédito proyecto político: la vía al socialismo mediante una revolución de la mayoría; y con la vía, desapareció también el no menos inédito modelo de socialismo en libertad.
El mensajero
Mucho de exageración hay en el subtítulo de la publicación de los papeles de José Mario Armero y del diario de Ana Montes, su esposa, material que conforma el libro de Alfonso Pinilla García: si algo se ha contado hasta el mínimo detalle del periodo de transición es precisamente la legalización del PC. Se contó ya entonces, a medida que el partido y sus dirigentes salían de la clandestinidad y concedían ruedas de prensa. Y se contó después, por los protagonistas, a favor y en contra, y por los periodistas, muy jóvenes y alerta, que siguieron todo el proceso. Prueba de ello son las abundantes citas de unos y otros que llenan muchas páginas del libro, comenzando por El año de la peluca, del mismo Carrillo, o por Sábado Santo rojo, de Joaquín Bardavío.
Quedaban las notas que Armero, en su papel de go-between, iba tomando de los recados que se cruzaron entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Y así van pasando de nuevo ante nuestra mirada, con el apoyo en estas notas hasta hoy inéditas y aquí generosamente reproducidas o transcritas, los primeros contactos, los órdagos, los movimientos de ajedrez, lo que uno está dispuesto a ceder y otro a conceder. Si algo sorprende, aunque tampoco, es que hubo juego limpio: ambos conocían muy bien las cartas, ninguna marcada, de las que cada cual disponía. Y las jugaron a fondo. Y los dos ganaron, uno la legalidad y el otro la legitimidad.
De la hegemonía a la autodestrucción.
SANTOS JULIÁ
El Partido Comunista de España (1956-1982). Carme Molinero y Pere Ysàs. Barcelona, Crítica, 2017. 509 páginas
La legalización del PCE. La historia no contada, 1974-1977. Alfonso Pinilla García. Prólogo de Pilar Urbano Alianza, 2017. 412 páginas. 21,85 euros
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/07/babelia/1491572213_471737.html
La historia arranca en 1956, con una resolución del Comité Central que se hará tan célebre como la “svolta de Salerno”, que 12 años antes determinó la política de los comunistas italianos. “Por la reconciliación nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español” fue su expresivo título, que implicaba un gran viraje, aunque para el caso Dolores Ibárruri empleó la menos traumática definición de cambio táctico. Pero caramba con el cambio táctico: a partir de esa resolución, el PCE dio por clausurada a todos los efectos la Guerra Civil e inició una política de mano tendida a todas las fuerzas de izquierda o derecha, llamándolas a deponer los odios y el espíritu de venganza del pasado.
No resultó fácil convencer a los grupos políticos que pululaban en torno a personalidades de la seriedad de esta llamada. De hecho, como ponen de relieve Molinero e Ysàs, el PCE rompe su aislamiento no porque llegue a acuerdos por arriba con otros partidos, sino porque es quien mejor percibe el potencial político de las movilizaciones contra la dictadura que se inician en la rebelión universitaria de 1956, estallan en 1962 con las huelgas de la cuenca asturiana, se multiplican en 1965 de nuevo con los estudiantes y alcanza a colegios profesionales en los años setenta, sin olvidar las asociaciones vecinales y los cristianos por el socialismo. Es construyendo desde abajo, y al precio de caídas, cárceles, torturas y largas condenas, como el PCE, o sus militantes, alcanzan en el conjunto de la oposición democrática esa posición hegemónica, más evidente en Cataluña cuando se funda la Assemblea, no por casualidad en una parroquia y con presencia de intelectuales, profesionales y obreros.
¿Y dónde comenzó la autodestrucción? Siempre apoyándose en fuentes primarias, Molinero e Ysàs rechazan la tesis, hoy tan facilona, de culpar a las traiciones, cesiones, renuncias que los comunistas hayan podido cometer durante el proceso de transición. Cierto, no se produjo la ruptura ideada por el PC con un gobierno provisional que condujera el proceso, pero el proceso mismo culminó con una muy activa participación de los comunistas en todo lo que en su Noveno Congreso se definió como “netas rupturas con el pasado dictatorial”: la legalización del partido, las elecciones a Cortes y su rápida conversión en constituyentes, las preautonomías, la amnistía, las elecciones sindicales, los acuerdos de La Moncloa…
Y de la hegemonía, casi sin solución de continuidad, a la autodestrucción. No fue el hundimiento electoral lo que provocó la crisis interna, sostienen los autores, sino al revés. Tal vez, mejor, se retroalimentaron. En todo caso, las “autocríticas” en el PCE que se suceden entre 1977 y 1982, junto a las divisiones viscerales entre euros, prosoviéticos o afganos y leninistas del PSUC y la escisión del comunismo vasco más el retroceso electoral del andaluz, confirmó ese revés del destino y quebró el hechizo del partido identificado con el secretario general. Empezaron los lamentos convertidos en reproches y Santiago Carrillo no supo reaccionar más que con expulsiones. Y así, purga purgando, se esfumó lo que Molinero e Ysàs definen como un inédito proyecto político: la vía al socialismo mediante una revolución de la mayoría; y con la vía, desapareció también el no menos inédito modelo de socialismo en libertad.
El mensajero
Mucho de exageración hay en el subtítulo de la publicación de los papeles de José Mario Armero y del diario de Ana Montes, su esposa, material que conforma el libro de Alfonso Pinilla García: si algo se ha contado hasta el mínimo detalle del periodo de transición es precisamente la legalización del PC. Se contó ya entonces, a medida que el partido y sus dirigentes salían de la clandestinidad y concedían ruedas de prensa. Y se contó después, por los protagonistas, a favor y en contra, y por los periodistas, muy jóvenes y alerta, que siguieron todo el proceso. Prueba de ello son las abundantes citas de unos y otros que llenan muchas páginas del libro, comenzando por El año de la peluca, del mismo Carrillo, o por Sábado Santo rojo, de Joaquín Bardavío.
Quedaban las notas que Armero, en su papel de go-between, iba tomando de los recados que se cruzaron entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Y así van pasando de nuevo ante nuestra mirada, con el apoyo en estas notas hasta hoy inéditas y aquí generosamente reproducidas o transcritas, los primeros contactos, los órdagos, los movimientos de ajedrez, lo que uno está dispuesto a ceder y otro a conceder. Si algo sorprende, aunque tampoco, es que hubo juego limpio: ambos conocían muy bien las cartas, ninguna marcada, de las que cada cual disponía. Y las jugaron a fondo. Y los dos ganaron, uno la legalidad y el otro la legitimidad.
De la hegemonía a la autodestrucción.
SANTOS JULIÁ
El Partido Comunista de España (1956-1982). Carme Molinero y Pere Ysàs. Barcelona, Crítica, 2017. 509 páginas
La legalización del PCE. La historia no contada, 1974-1977. Alfonso Pinilla García. Prólogo de Pilar Urbano Alianza, 2017. 412 páginas. 21,85 euros
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/07/babelia/1491572213_471737.html
martes, 10 de enero de 2017
LA DIGNIDAD DEL PCE. Que Alberto Garzón acuse al eurocomunismo de Santiago Carrillo de izquierda domesticada es faltar al respeto que se ganaron y una injusticia.
QUE NO SABE de dónde viene difícilmente sabe adónde va. Es lo que me digo desde que estalló la polémica entre Gaspar Llamazares, excoordinador de Izquierda Unida, y Alberto Garzón, líder actual de la coalición. Todo empezó cuando Garzón declaró a este periódico que el populismo de Íñigo Errejón cometía el mismo error que el eurocomunismo de Santiago Carrillo, secretario general del PCE durante el cambio de la dictadura a la democracia: la moderación. No es la primera vez que Garzón desdeña el papel desempeñado durante la Transición por el PCE, partido integrado en IU y en el que él mismo milita: hace unos meses afirmó que en aquella época el PCE ejerció de “izquierda domesticada” por los poderes políticos. Ahora, sin embargo, la respuesta de Llamazares no se hizo esperar: afirmó que “asimilar eurocomunismo a populismo es historia ficción”, denunció la superficialidad del análisis histórico de Garzón, concluyó: “Someter a una causa general a la izquierda de la Transición y la estrategia del PCE no es nuevo; lo raro es que lo asuma un dirigente del PCE”.
Llamazares acierta de lleno. Dejemos de lado la disparatada equiparación entre eurocomunismo y populismo: baste decir que el PCE nunca se rebajó a atizar en democracia “el enfrentamiento entre pueblo y representantes”, la forma de demagogia que, como recuerda el propio Llamazares, define al populismo actual. Pero el acierto de Llamazares apunta a algo mucho más importante, que podría formularse así: uno de los errores fundamentales de la izquierda española consiste en haberle entregado el mérito de la Transición a la derecha, lo que a ésta le permite presentarse como casi única constructora de la democracia. Se trata de una flagrante falsificación histórica. La verdad es que la derecha española no quería la democracia, o quería una democracia tan limitada que apenas puede llamarse democracia; fue la izquierda –y muy en especial el PCE– quien empujó hasta conseguir una democracia plena. Por supuesto, el resultado no fue el que la izquierda quería; pero tampoco el que quería la derecha: el resultado fue un pacto. En eso consiste la política democrática: en ceder en lo accesorio para no ceder en lo esencial. Para el PCE de aquella época, al cabo de 3 años de guerra y 40 de dictadura, lo esencial era la democracia: la construcción de un sistema político donde todos cupiésemos. Eso fue lo que se consiguió. Y a eso contribuyó decisivamente el PCE, que desde finales de los años cincuenta apostaba por la reconciliación nacional, por no ajustar cuentas con el pasado y por lo que luego se llamaría la “ruptura pactada”. Si se recuerda que quienes proponían tal cosa eran gentes que habían llevado el peso brutal de la lucha antifranquista y que habían padecido exilio, persecución y a veces cárcel y tortura, se entenderá por qué ésa era una apuesta heroica. El PCE hizo durante la Transición lo contrario de lo que hacen los populistas: no cargó la responsabilidad sobre las espaldas de otros, sino que, como había hecho durante el franquismo –cuando protagonizó casi a solas el combate contra la dictadura–, las cargó sobre sí mismo, responsabilizándose de la construcción de la democracia. Todo hubiese podido salir mejor, claro; pero también hubiese podido salir peor, incluso mucho peor. Sea como sea, acusar a esa gente de ser una “izquierda domesticada” –a ellos, que se jugaron la vida contra el franquismo y le obligaron a aceptar la democracia durante la Transición– me parece no sólo despreciar lo mejor de la historia del comunismo español, sino faltarles al respeto que se ganaron; acusarlos de eso ahora, desde la comodidad de una vida transcurrida por entero en democracia –a ellos, que conocieron medio siglo de penalidades–, me parece una injusticia brutal.
Es una injusticia que quienes no hicimos la Transición cometemos en los últimos tiempos con frecuencia. Si nuestros hijos nos tratan con la misma petulancia ignorante y despectiva con que nosotros tratamos a nuestros padres, lo pagaremos caro. Por lo demás, no me extraña que Garzón tenga problemas en IU. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe adónde va.
http://elpaissemanal.elpais.com/columna/alberto-garzon-dignidad-del-pce/?id_externo_rsoc=FB_CC
Llamazares acierta de lleno. Dejemos de lado la disparatada equiparación entre eurocomunismo y populismo: baste decir que el PCE nunca se rebajó a atizar en democracia “el enfrentamiento entre pueblo y representantes”, la forma de demagogia que, como recuerda el propio Llamazares, define al populismo actual. Pero el acierto de Llamazares apunta a algo mucho más importante, que podría formularse así: uno de los errores fundamentales de la izquierda española consiste en haberle entregado el mérito de la Transición a la derecha, lo que a ésta le permite presentarse como casi única constructora de la democracia. Se trata de una flagrante falsificación histórica. La verdad es que la derecha española no quería la democracia, o quería una democracia tan limitada que apenas puede llamarse democracia; fue la izquierda –y muy en especial el PCE– quien empujó hasta conseguir una democracia plena. Por supuesto, el resultado no fue el que la izquierda quería; pero tampoco el que quería la derecha: el resultado fue un pacto. En eso consiste la política democrática: en ceder en lo accesorio para no ceder en lo esencial. Para el PCE de aquella época, al cabo de 3 años de guerra y 40 de dictadura, lo esencial era la democracia: la construcción de un sistema político donde todos cupiésemos. Eso fue lo que se consiguió. Y a eso contribuyó decisivamente el PCE, que desde finales de los años cincuenta apostaba por la reconciliación nacional, por no ajustar cuentas con el pasado y por lo que luego se llamaría la “ruptura pactada”. Si se recuerda que quienes proponían tal cosa eran gentes que habían llevado el peso brutal de la lucha antifranquista y que habían padecido exilio, persecución y a veces cárcel y tortura, se entenderá por qué ésa era una apuesta heroica. El PCE hizo durante la Transición lo contrario de lo que hacen los populistas: no cargó la responsabilidad sobre las espaldas de otros, sino que, como había hecho durante el franquismo –cuando protagonizó casi a solas el combate contra la dictadura–, las cargó sobre sí mismo, responsabilizándose de la construcción de la democracia. Todo hubiese podido salir mejor, claro; pero también hubiese podido salir peor, incluso mucho peor. Sea como sea, acusar a esa gente de ser una “izquierda domesticada” –a ellos, que se jugaron la vida contra el franquismo y le obligaron a aceptar la democracia durante la Transición– me parece no sólo despreciar lo mejor de la historia del comunismo español, sino faltarles al respeto que se ganaron; acusarlos de eso ahora, desde la comodidad de una vida transcurrida por entero en democracia –a ellos, que conocieron medio siglo de penalidades–, me parece una injusticia brutal.
Es una injusticia que quienes no hicimos la Transición cometemos en los últimos tiempos con frecuencia. Si nuestros hijos nos tratan con la misma petulancia ignorante y despectiva con que nosotros tratamos a nuestros padres, lo pagaremos caro. Por lo demás, no me extraña que Garzón tenga problemas en IU. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe adónde va.
http://elpaissemanal.elpais.com/columna/alberto-garzon-dignidad-del-pce/?id_externo_rsoc=FB_CC
sábado, 14 de mayo de 2016
Entrevista al escritor y periodista Gregorio Morán. “Rosa Luxemburgo tiene una vigencia impresionante”
Enric Llopis
Rebelión
Desde hace más de 20 años, las “sabatinas intempestivas” en “La Vanguardia” de Gregorio Morán (Oviedo, 1947) sajan la actualidad con pluma bien afilada. El escritor y periodista destapó las vergüenzas políticas y culturales de la Transición hace muchos años, cuando pocos cuestionaban los grandes consensos y a los prohombres del cambio. En 1991 Gregorio Morán escribió “El Precio de la Transición” (Planeta), libro reeditado en 2015 por Akal. Ha dedicado dos biografías a Adolfo Suárez, una radiografía sin concesiones al PCE (“Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985)” y un grueso volumen para poner en su contexto a uno de los más insignes intelectuales hispanos: “El maestro en el erial: Ortega y Gasset y la cultura del franquismo”.
Ensayista heterodoxo, lúcido y provocador, su libro “El cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los letrados” fue vetado por Planeta por las críticas a la Real Academia Española. El texto vio la luz en la editorial Akal en 2014. Cuando se le pregunta por la vigencia del marxismo, destaca la vigencia de revolucionarias como Rosa Luxemburgo, “un referente mucho más útil que las tonterías que se están diciendo sobre Gramsci”. La entrevista tiene lugar antes de la presentación del libro “El precio de la transición”, organizada por el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València.
-Gregorio Morán militó en el PCE entre 1965 y 1976. ¿Dónde se sitúa políticamente hoy?
En mi casa.
-Partidos como “Ciudadanos” reivindican una segunda Transición, la figura de Adolfo Suárez y los Pactos de la Moncloa. ¿Cuál es tu opinión?
Todo eso me parece una estupidez soberana, que demuestra una gran falta de imaginación analítica. Es como pensar que hubo una primera Restauración, la canovista, y una segunda que fue la de Juan Carlos I, cuando no tienen nada que ver. Igual que comparar la primera República con la segunda. Sólo coinciden en la palabra “República”. En el caso de la Transición, no es lo mismo salir de una dictadura, aunque sea de un modo muy peculiar porque no se estableció ninguna ruptura, a una situación como la actual, en la que campa la corrupción y el agotamiento de la clase política es absoluto. El cuestionamiento de la primera Transición es total, y nos dicen: vamos a la segunda. No, vayamos a otra cosa. Habría que sanear la vida política, y eso no tiene que ver con una segunda Transición. Los partidos tradicionales están agotados y los nuevos no tienen suficiente fuerza para imponerse.
-“El País”, donde en su día publicaste colaboraciones, celebra actualmente el 40 aniversario. ¿Continúa siendo hoy el “intelectual orgánico”, la referencia dominante que fue en la Transición?
No tiene nada que ver. El sábado 7 de mayo, en un recuadrito de esos que no lee nadie, “El País” informaba de los dos nuevos consejeros del grupo PRISA, un profesional qatarí del mundo de la empresa y otro vinculado al sector de los medios de comunicación, que fue socio y director del grupo Lagardère. Creo que “El País” acabará siendo un periódico cosmopolita, dedicado a la bolsa, a los negocios o si no a la quiebra, porque el problema es cómo se quitan de encima los miles de millones de euros de deuda. Lo preocupante es la ausencia de un referente periodístico. O un semanario, porque esto es algo que nadie se pregunta. ¿Por qué en España no han funcionado los semanarios, salvo en el caso de “Triunfo” o durante un buen periodo con “Cambio 16”? Han desaparecido, y es algo que se necesita. En Francia tienen mucha fuerza. No digamos ya en Italia. Aquí, cuando pasamos de la “basurilla” cotidiana no queda nada…
-¿Fue alguna vez “El País” un periódico de izquierdas? En su día podían leerse las columnas de Manuel Vázquez Montalbán o Eduardo Haro Tecglen…
Nunca. Tuvo que ver con Felipe González. Es verdad que estaba Manolo Vázquez Montalbán, pero Haro Tecglen tenía que ver con la izquierda lo mismo que yo con los jesuitas. En todo caso, lo que no se encuentra hoy es lo que se considera un referente, por ejemplo un artículo de Pradera u otros; con independencia de que no comparta nada con ellos, hay un peso político y una reflexión detrás. Un artículo en estos momentos de Fernando Savater resulta patético. O de Elorza, a quien conocí como Andoni Elorza, entonces furibundo nacionalista. También recuerdo los artículos en defensa de Herri Batasuna de Savater, publicados en “Egin”. Creo que recojo alguno en el libro “El cura y los mandarines”. En aquel momento, algunos de nosotros estábamos en neutralizar el efecto de la violencia, mientras estos hacían el frívolo con ella. Ahora, en cambio, saltan cada vez que uno se sale de la norma.
-¿Hay algún intelectual de izquierdas que hoy te interese? ¿Qué opinas de los “conversos”?
Es una pregunta difícil. ¿Qué pasó con la izquierda en España? ¿Hay intelectuales de izquierda? ¿Santos Juliá? Él mismo decía el otro día en una entrevista que es una persona conservadora; lo fue siempre. Savater no fue de izquierdas en su día, es el hijo de un notario. Toda esta gente que son hijos de notarios me produce una sensación especial. En la historia del movimiento radical anarquista o comunista no creo que exista este fenómeno, salvo en España, donde es muy importante. Hay un montón de hijos de notarios. También Ramoneda. Por otro lado, en España no existen sólo “conversiones”, es decir, que uno pase de conservador a radical o al revés, sino que se producen reconversiones: un doble “rebote”. La izquierda más brillante que había en España era la de Barcelona, el PSUC y su entorno. Después se incorporó “Bandera Roja”, gente como Alfonso Carlos Comín… ¿Qué quedó de todo aquello? Precisamente estos días ha muerto el director de “El Viejo Topo” entre 1972 y 1977, Pep Subirós. Mira, las dos personas más “anti-revisionistas” de la época, que a los comunistas nos llamaban “social-traidores”, fueron Miquel Roca Junyent y Narcís Serra.
-Pero actualmente no aparecen en el primer plano de la política…
El recorrido de estos dos personajes ilustra sobre la izquierda en Catalunya y en España muchísimo más que varias tesis doctorales. Me refiero, por ejemplo, a la reciente renovación del exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra como consejero de Telefónica en Brasil hasta 2019, a lo que suma el cargo de consejero de la filial chilena de esta compañía. La trayectoria final del PSOE es una demostración de que en octubre de 1982, cuando todo iba a cambiar, algo falló. O nos engañaron, o se engañaron a sí mismos o se transformaron. Pero algo pasó.
-Durante la Transición se hablaba de la prensa como “parlamentos de papel”, el 23-F fue también “la noche de los transistores”. ¿Desempeñan actualmente este rol las tertulias?
No las sigo, la verdad es que no tengo una opinión. Cuando voy en un taxi y empiezan unos tipos a parlotear, le digo al conductor si puede bajar el volumen o apagar la radio.
-Después de analizar durante muchos años el recorrido de escritores, intelectuales y prohombres de la cultura, ¿sería una buena decisión liquidar el Ministerio, también las subvenciones, y hacer de la cultura algo nómada y vinculado a la calle?
No, en eso que no cambie, pero que se distribuyan mejor las subvenciones. El sistema de ayudas en sí no es malo, lo que resulta negativo es el compadreo.
-¿En qué situación se encuentra actualmente el periodismo?
Se ha deteriorado mucho, pero no creo que se trate de un caso excepcional. Se ha degradado del mismo modo que el conjunto de la sociedad.
-Por último, ¿está vigente el marxismo?
Yo le daría más importancia, en un momento como el actual, a una persona a la que no se le está dando, Rosa Luxemburgo. Por una razón obvia. La reflexión de Gramsci está situada en un momento muy determinado, y se plantea desde la cárcel. Pero el pensamiento de Rosa Luxemburgo se formula de lleno en la pelea política y, sobre todo, con un problema muy grave: el adversario es el enemigo de clase, no la lengua. Ella es una polaca que trabaja con el Partido Socialdemócrata alemán. Tiene una vigencia impresionante. Además, le plantea a Lenin el problema clave: cómo compaginar libertad y socialismo. Es un referente mucho más útil que muchas de las tonterías que se están diciendo sobre Gramsci.
Desde hace más de 20 años, las “sabatinas intempestivas” en “La Vanguardia” de Gregorio Morán (Oviedo, 1947) sajan la actualidad con pluma bien afilada. El escritor y periodista destapó las vergüenzas políticas y culturales de la Transición hace muchos años, cuando pocos cuestionaban los grandes consensos y a los prohombres del cambio. En 1991 Gregorio Morán escribió “El Precio de la Transición” (Planeta), libro reeditado en 2015 por Akal. Ha dedicado dos biografías a Adolfo Suárez, una radiografía sin concesiones al PCE (“Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985)” y un grueso volumen para poner en su contexto a uno de los más insignes intelectuales hispanos: “El maestro en el erial: Ortega y Gasset y la cultura del franquismo”.
Ensayista heterodoxo, lúcido y provocador, su libro “El cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los letrados” fue vetado por Planeta por las críticas a la Real Academia Española. El texto vio la luz en la editorial Akal en 2014. Cuando se le pregunta por la vigencia del marxismo, destaca la vigencia de revolucionarias como Rosa Luxemburgo, “un referente mucho más útil que las tonterías que se están diciendo sobre Gramsci”. La entrevista tiene lugar antes de la presentación del libro “El precio de la transición”, organizada por el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València.
-Gregorio Morán militó en el PCE entre 1965 y 1976. ¿Dónde se sitúa políticamente hoy?
En mi casa.
-Partidos como “Ciudadanos” reivindican una segunda Transición, la figura de Adolfo Suárez y los Pactos de la Moncloa. ¿Cuál es tu opinión?
Todo eso me parece una estupidez soberana, que demuestra una gran falta de imaginación analítica. Es como pensar que hubo una primera Restauración, la canovista, y una segunda que fue la de Juan Carlos I, cuando no tienen nada que ver. Igual que comparar la primera República con la segunda. Sólo coinciden en la palabra “República”. En el caso de la Transición, no es lo mismo salir de una dictadura, aunque sea de un modo muy peculiar porque no se estableció ninguna ruptura, a una situación como la actual, en la que campa la corrupción y el agotamiento de la clase política es absoluto. El cuestionamiento de la primera Transición es total, y nos dicen: vamos a la segunda. No, vayamos a otra cosa. Habría que sanear la vida política, y eso no tiene que ver con una segunda Transición. Los partidos tradicionales están agotados y los nuevos no tienen suficiente fuerza para imponerse.
-“El País”, donde en su día publicaste colaboraciones, celebra actualmente el 40 aniversario. ¿Continúa siendo hoy el “intelectual orgánico”, la referencia dominante que fue en la Transición?
No tiene nada que ver. El sábado 7 de mayo, en un recuadrito de esos que no lee nadie, “El País” informaba de los dos nuevos consejeros del grupo PRISA, un profesional qatarí del mundo de la empresa y otro vinculado al sector de los medios de comunicación, que fue socio y director del grupo Lagardère. Creo que “El País” acabará siendo un periódico cosmopolita, dedicado a la bolsa, a los negocios o si no a la quiebra, porque el problema es cómo se quitan de encima los miles de millones de euros de deuda. Lo preocupante es la ausencia de un referente periodístico. O un semanario, porque esto es algo que nadie se pregunta. ¿Por qué en España no han funcionado los semanarios, salvo en el caso de “Triunfo” o durante un buen periodo con “Cambio 16”? Han desaparecido, y es algo que se necesita. En Francia tienen mucha fuerza. No digamos ya en Italia. Aquí, cuando pasamos de la “basurilla” cotidiana no queda nada…
-¿Fue alguna vez “El País” un periódico de izquierdas? En su día podían leerse las columnas de Manuel Vázquez Montalbán o Eduardo Haro Tecglen…
Nunca. Tuvo que ver con Felipe González. Es verdad que estaba Manolo Vázquez Montalbán, pero Haro Tecglen tenía que ver con la izquierda lo mismo que yo con los jesuitas. En todo caso, lo que no se encuentra hoy es lo que se considera un referente, por ejemplo un artículo de Pradera u otros; con independencia de que no comparta nada con ellos, hay un peso político y una reflexión detrás. Un artículo en estos momentos de Fernando Savater resulta patético. O de Elorza, a quien conocí como Andoni Elorza, entonces furibundo nacionalista. También recuerdo los artículos en defensa de Herri Batasuna de Savater, publicados en “Egin”. Creo que recojo alguno en el libro “El cura y los mandarines”. En aquel momento, algunos de nosotros estábamos en neutralizar el efecto de la violencia, mientras estos hacían el frívolo con ella. Ahora, en cambio, saltan cada vez que uno se sale de la norma.
-¿Hay algún intelectual de izquierdas que hoy te interese? ¿Qué opinas de los “conversos”?
Es una pregunta difícil. ¿Qué pasó con la izquierda en España? ¿Hay intelectuales de izquierda? ¿Santos Juliá? Él mismo decía el otro día en una entrevista que es una persona conservadora; lo fue siempre. Savater no fue de izquierdas en su día, es el hijo de un notario. Toda esta gente que son hijos de notarios me produce una sensación especial. En la historia del movimiento radical anarquista o comunista no creo que exista este fenómeno, salvo en España, donde es muy importante. Hay un montón de hijos de notarios. También Ramoneda. Por otro lado, en España no existen sólo “conversiones”, es decir, que uno pase de conservador a radical o al revés, sino que se producen reconversiones: un doble “rebote”. La izquierda más brillante que había en España era la de Barcelona, el PSUC y su entorno. Después se incorporó “Bandera Roja”, gente como Alfonso Carlos Comín… ¿Qué quedó de todo aquello? Precisamente estos días ha muerto el director de “El Viejo Topo” entre 1972 y 1977, Pep Subirós. Mira, las dos personas más “anti-revisionistas” de la época, que a los comunistas nos llamaban “social-traidores”, fueron Miquel Roca Junyent y Narcís Serra.
-Pero actualmente no aparecen en el primer plano de la política…
El recorrido de estos dos personajes ilustra sobre la izquierda en Catalunya y en España muchísimo más que varias tesis doctorales. Me refiero, por ejemplo, a la reciente renovación del exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra como consejero de Telefónica en Brasil hasta 2019, a lo que suma el cargo de consejero de la filial chilena de esta compañía. La trayectoria final del PSOE es una demostración de que en octubre de 1982, cuando todo iba a cambiar, algo falló. O nos engañaron, o se engañaron a sí mismos o se transformaron. Pero algo pasó.
-Durante la Transición se hablaba de la prensa como “parlamentos de papel”, el 23-F fue también “la noche de los transistores”. ¿Desempeñan actualmente este rol las tertulias?
No las sigo, la verdad es que no tengo una opinión. Cuando voy en un taxi y empiezan unos tipos a parlotear, le digo al conductor si puede bajar el volumen o apagar la radio.
-Después de analizar durante muchos años el recorrido de escritores, intelectuales y prohombres de la cultura, ¿sería una buena decisión liquidar el Ministerio, también las subvenciones, y hacer de la cultura algo nómada y vinculado a la calle?
No, en eso que no cambie, pero que se distribuyan mejor las subvenciones. El sistema de ayudas en sí no es malo, lo que resulta negativo es el compadreo.
-¿En qué situación se encuentra actualmente el periodismo?
Se ha deteriorado mucho, pero no creo que se trate de un caso excepcional. Se ha degradado del mismo modo que el conjunto de la sociedad.
-Por último, ¿está vigente el marxismo?
Yo le daría más importancia, en un momento como el actual, a una persona a la que no se le está dando, Rosa Luxemburgo. Por una razón obvia. La reflexión de Gramsci está situada en un momento muy determinado, y se plantea desde la cárcel. Pero el pensamiento de Rosa Luxemburgo se formula de lleno en la pelea política y, sobre todo, con un problema muy grave: el adversario es el enemigo de clase, no la lengua. Ella es una polaca que trabaja con el Partido Socialdemócrata alemán. Tiene una vigencia impresionante. Además, le plantea a Lenin el problema clave: cómo compaginar libertad y socialismo. Es un referente mucho más útil que muchas de las tonterías que se están diciendo sobre Gramsci.
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