Concepción Sáez insta a tomar medidas contra el presidente del TSJ de Castilla y León, al que ya se abrió expediente por acusar a Podemos de “poner en solfa” la democracia.
Una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado un escrito ante el órgano que preside Carlos Lesmes para pedir que actúe contra José Luis Concepción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha comparado al Partido Comunista de España (PCE) con el Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler en Alemania. “Violentando el deber de imparcialidad y su apariencia, el presidente del TSJCyL violenta la imagen pública del propio Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en sus jueces y tribunales”, señala en su escrito Concepción Sáez, vocal del CGPJ a propuesta de IU, que insta a Lesmes y a la comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo, a tomar “medidas gubernativas y disciplinarias” contra el magistrado. El CGPJ no ha adoptado, de momento, ninguna decisión, aunque prevé abordar el asunto en la reunión de la comisión permanente del próximo jueves, según fuentes consultadas.
No es la primera vez que Lesmes tiene sobre su mesa manifestaciones hechas en público por el presidente del TSJ de Castilla y León, cuyo mandato está caducado desde enero de 2021, pero se mantiene en el cargo debido a la reforma legal aprobada por el Gobierno que impide al Consejo hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, tenga el mandato vencido (el actual terminó en diciembre de 2018). Ya en 2020 la comisión permanente se vio obligada a intervenir después del revuelo que provocaron unas palabras de Concepción durante el primer estado de alarma por la pandemia de covid-19. El magistrado cargó contra el Gobierno de PSOE y Podemos, asegurando que se estaba utilizando “la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad”.
La comisión permanente examinó el caso y resolvió que Lesmes enviara una carta al presidente del TSJ para pedirle “moderación, prudencia y mesura”, exactamente la misma fórmula que había empleado el Consejo ante críticas de miembros del Gobierno a decisiones judiciales. Apenas nueve meses más tarde, otras declaraciones de Concepción, en esta ocasión acusando a Podemos de “poner en solfa” la democracia, llevaron al Consejo a abrirle una investigación interna, pero el órgano concluyó que esas palabras estaban amparadas por la libertad de expresión y el expediente se archivó sin más consecuencias.
Ahora las afirmaciones del juez han llegado en una entrevista concedida el Diario de Burgos en la que el periodista le recuerda al magistrado la polvareda que levantaron aquellas palabras sobre el Ejecutivo de coalición. “¿Sigue pensando lo mismo?, pregunta el entrevistador. A lo que Concepción responde: “No lo digo yo, lo dice la historia. El comunismo ha generado más de 110 millones de muertos en los países en los que ha tenido algún tipo de influencia desde la revolución soviética de 1917; y los derechos y libertades de la gente han tenido un menoscabo importante allá donde ha gobernado [...]”. El entrevistador le recuerda que el PCE es “un partido legal que se presenta con normalidad a las elecciones”. A lo que el magistrado responde: “También el Partido Nacional Socialista llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933, y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria”.
La vocal Sáez, en el escrito presentado ante el Consejo, advierte al órgano de la “gravedad” de estas manifestaciones y del “reiterado e injustificable comportamiento público” de Concepción como magistrado y como presidente de un tribunal superior. En opinión de Sáez, estas palabras exceden los límites a la libertad de expresión de los jueces, unos límites que el propio Lesmes se encargó de recordarle al presidente del TSJ en la carta que le remitió en 2020. “Sus desinhibidas intervenciones en los debates públicos”, añade la vocal, “le configuran como un activista al servicio de unos distintivos ideológicos cuya defensa solo tendría cabida, en su caso, de hallarse fuera de la judicatura”.
Sáez rememora en el escrito que ya ella misma se ha quejado de la actitud de Concepción en ocasiones anteriores. Y el propio magistrado lo evoca en la entrevista de la que ha saltado la nueva polémica. “A mí no me abrieron ningún expediente disciplinario; hubo una denuncia de una vocal del CGPJ nombrada a instancia de Izquierda Unida a la que no le debe gustar la verdad”, afirma, antes de asegurar que el Consejo “la inadmitió de plano”. “Como no podía ser de otra manera”, asegura.
https://elpais.com/espana/2022-06-06/una-vocal-del-poder-judicial-pide-que-se-actue-contra-el-magistrado-que-comparo-al-pce-con-el-partido-nazi.html
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miércoles, 8 de junio de 2022
domingo, 12 de septiembre de 2021
Lesmes no dimite y reparte culpas entre Gobierno y PP por el bloqueo del Poder Judicial.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces carga contra las razones del Ejecutivo para indultar a los líderes del procés y la reforma que impide que el CGPJ haga nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado
— Casado pide en los argumentarios internos culpar a Sánchez del bloqueo del Poder Judicial
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la “insostenible” situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que la semana pasada rebasó los mil días en funciones. Carlos Lesmes ha llamado a “las fuerzas políticas concernidas” a acabar con la "lucha partidista" y acordar en las próximas semanas el acuerdo “necesario” para la renovación.
Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP
“Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha dicho el también presidente del Tribunal Supremo, que ha descargado la responsabilidad en el Gobierno y en el PP —a los que ha pedido “patriotismo constitucional” y “generosidad”— y no ha aludido a la posibilidad de presentar su dimisión. Es la cuarta vez que Lesmes se refiere en este discurso a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya situación de interinidad se remonta a diciembre de 2018. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo.
El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.
En los últimos meses los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras.
Durante su discurso, Lesmes también ha cargado contra la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. A juicio del presidente del CGPJ, esta norma “ha venido a agravar” la situación del CGPJ y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.
Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Este lunes, Lesmes ha reprochado a la Cámara que desatendiera “todas” las peticiones que realizó el CGPJ para pronunciarse sobre esta reforma.
En su discurso, el presidente del CGPJ también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés y el hecho de que el ejecutivo haya justificado la medida de gracia por constituir "la concordia frente al resentimiento". Ha asegurado Lesmes que "nada más alejado de la realidad" y que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos". Con esta crítica a la justificación política de los indultos ha querido ensalzar, ha dicho, "la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha pronunciado este discurso en el Tribunal Supremo ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La formación conservadora rechaza negociar la renovación de los vocales y propone ahora un nuevo sistema para elegir vocales que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno. En los argumentarios internos del partido, Casado pide incluso culpar a Pedro Sánchez de la no renovación del órgano argumentando que "la pelota, en el tejado de Sánchez".
Aunque no ha citado el bloqueo del Poder Judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en su discurso de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha señalado que, más allá de las tensiones propias y de los necesarios ajustes para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no debe convertirse en un "campo de batalla política" y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad". En su intervención, Delgado también ha subrayado la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía.
— Casado pide en los argumentarios internos culpar a Sánchez del bloqueo del Poder Judicial
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la “insostenible” situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que la semana pasada rebasó los mil días en funciones. Carlos Lesmes ha llamado a “las fuerzas políticas concernidas” a acabar con la "lucha partidista" y acordar en las próximas semanas el acuerdo “necesario” para la renovación.
Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP
“Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha dicho el también presidente del Tribunal Supremo, que ha descargado la responsabilidad en el Gobierno y en el PP —a los que ha pedido “patriotismo constitucional” y “generosidad”— y no ha aludido a la posibilidad de presentar su dimisión. Es la cuarta vez que Lesmes se refiere en este discurso a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya situación de interinidad se remonta a diciembre de 2018. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo.
El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.
En los últimos meses los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras.
Durante su discurso, Lesmes también ha cargado contra la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. A juicio del presidente del CGPJ, esta norma “ha venido a agravar” la situación del CGPJ y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.
Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Este lunes, Lesmes ha reprochado a la Cámara que desatendiera “todas” las peticiones que realizó el CGPJ para pronunciarse sobre esta reforma.
En su discurso, el presidente del CGPJ también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés y el hecho de que el ejecutivo haya justificado la medida de gracia por constituir "la concordia frente al resentimiento". Ha asegurado Lesmes que "nada más alejado de la realidad" y que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos". Con esta crítica a la justificación política de los indultos ha querido ensalzar, ha dicho, "la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha pronunciado este discurso en el Tribunal Supremo ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La formación conservadora rechaza negociar la renovación de los vocales y propone ahora un nuevo sistema para elegir vocales que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno. En los argumentarios internos del partido, Casado pide incluso culpar a Pedro Sánchez de la no renovación del órgano argumentando que "la pelota, en el tejado de Sánchez".
Aunque no ha citado el bloqueo del Poder Judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en su discurso de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha señalado que, más allá de las tensiones propias y de los necesarios ajustes para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no debe convertirse en un "campo de batalla política" y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad". En su intervención, Delgado también ha subrayado la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía.
lunes, 18 de abril de 2016
Lesmes dice que la corrupción es un “mal endémico, incluso sistémico”. El presidente del Poder Judicial pide reforzar la cooperación internacional contra los paraísos fiscales.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que la corrupción es un "mal endémico, sistémico incluso", que "acecha a la sociedad desde tiempos inmemoriales". En la inauguración de un curso para magistrados sobre macroprocesos de corrupción, Lesmes ha solicitado una mayor cooperación internacional para luchar contra los paraísos fiscales, tanto a través de acuerdos bilaterales con los países que permiten ocultar a los titulares de los fondos que contemplen cláusulas de intercambio de información como mediante pactos multilaterales. "La colaboración internacional es fundamental para combatir el fraude fiscal y los delitos económicos", ha señalado.
Ante un foro de 70 magistrados, Lesmes ha anunciado la próxima firma de un convenio de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude. El acuerdo se basa en la formación tanto de los magistrados como de los funcionarios de Hacienda y prevé la organización conjunta de seminarios, jornadas y cursos y la realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por parte de funcionarios de ambas instituciones.
El curso sobre los macroprocesos contra la corrupción está organizado por Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles (Madrid) y anterior instructor de los casos Gürtel y Bárcenas, entre otros, en la Audiencia Nacional. Lesmes ha enumerado en su discurso inaugural las dificultades que experimentan los jueces en la investigación de la delincuencia económica. Entre ellos, ha citado su complejidad, la "sobrecarga" de muchos órganos judiciales e "incluso las presiones que a veces reciben" los magistrados en el desarrollo de sus instrucciones.
En su intervención, Lesmes ha defendido que la elaboración de un "marco legislativo específico" para las investigaciones de "macrocriminalidad" económica y fiscal, que se escapan de las previsiones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/11/actualidad/1460373311_858101.html
Ante un foro de 70 magistrados, Lesmes ha anunciado la próxima firma de un convenio de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude. El acuerdo se basa en la formación tanto de los magistrados como de los funcionarios de Hacienda y prevé la organización conjunta de seminarios, jornadas y cursos y la realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por parte de funcionarios de ambas instituciones.
El curso sobre los macroprocesos contra la corrupción está organizado por Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles (Madrid) y anterior instructor de los casos Gürtel y Bárcenas, entre otros, en la Audiencia Nacional. Lesmes ha enumerado en su discurso inaugural las dificultades que experimentan los jueces en la investigación de la delincuencia económica. Entre ellos, ha citado su complejidad, la "sobrecarga" de muchos órganos judiciales e "incluso las presiones que a veces reciben" los magistrados en el desarrollo de sus instrucciones.
En su intervención, Lesmes ha defendido que la elaboración de un "marco legislativo específico" para las investigaciones de "macrocriminalidad" económica y fiscal, que se escapan de las previsiones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/11/actualidad/1460373311_858101.html
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