Lesmes dice que la corrupción es un “mal endémico, incluso sistémico”. El presidente del Poder Judicial pide reforzar la cooperación internacional contra los paraísos fiscales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que la corrupción es un "mal endémico, sistémico incluso", que "acecha a la sociedad desde tiempos inmemoriales". En la inauguración de un curso para magistrados sobre macroprocesos de corrupción, Lesmes ha solicitado una mayor cooperación internacional para luchar contra los paraísos fiscales, tanto a través de acuerdos bilaterales con los países que permiten ocultar a los titulares de los fondos que contemplen cláusulas de intercambio de información como mediante pactos multilaterales. "La colaboración internacional es fundamental para combatir el fraude fiscal y los delitos económicos", ha señalado.

Ante un foro de 70 magistrados, Lesmes ha anunciado la próxima firma de un convenio de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude. El acuerdo se basa en la formación tanto de los magistrados como de los funcionarios de Hacienda y prevé la organización conjunta de seminarios, jornadas y cursos y la realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por parte de funcionarios de ambas instituciones.

El curso sobre los macroprocesos contra la corrupción está organizado por Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles (Madrid) y anterior instructor de los casos Gürtel y Bárcenas, entre otros, en la Audiencia Nacional. Lesmes ha enumerado en su discurso inaugural las dificultades que experimentan los jueces en la investigación de la delincuencia económica. Entre ellos, ha citado su complejidad, la "sobrecarga" de muchos órganos judiciales e "incluso las presiones que a veces reciben" los magistrados en el desarrollo de sus instrucciones.

En su intervención, Lesmes ha defendido que la elaboración de un "marco legislativo específico" para las investigaciones de "macrocriminalidad" económica y fiscal, que se escapan de las previsiones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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