Joaquín Nieto Sainz -Mendavia (Navarra), 1956- ocupa desde el 1 de mayo de 2011 la Dirección de la Oficina en España de la Organización del Trabajo Internacional (OIT), agencia de las Naciones Unidas (ONU) especializada en materia laboral y cuya estructura tripartita -gobierno, empresas y trabajadores- persigue el fortalecimiento del diálogo social, entre otras de sus misiones y objetivos.
Profundizamos así en la nueva sección de entrevistas que progresivamente irán publicándose en El Captor, ofreciendo en exclusiva la extensa y enriquecedora conversación mantenida hace escasas semanas con el máximo representante de uno de los más relevantes organismos institucionales en el ámbito socio-laboral de España.
Resulta un privilegio poder entrevistar al director en España de la OIT, una institución clave a nivel mundial.
Y a punto de ser centenaria. En el contexto de la preparación del centenario en 2019, la OIT ha lanzado la ‘Iniciativa sobre el futuro del trabajo’, un debate mundial para responder a preguntas como; ¿Qué va a ser del trabajo a lo largo del siglo XXI? ¿Habrá suficiente? ¿Se evitará la pérdida de toda una generación de jóvenes? ¿Cómo afectará al trabajo la evolución tecnológica? ¿Cómo la evolución demográfica? ¿Qué cambios e impactos serán debidos a la protección ambiental para evitar el desastre climático y ecológico? ¿Qué modificaciones en la organización del trabajo y la producción y en las organizaciones de empleadores y trabajadores?
Dada la magnitud de los retos, ¿poseen las instituciones llaves maestras para crear las condiciones que nos permitan afrontarlos? ¿Qué instituciones: las españolas, las europeas…? Lo que le sucede a España está íntimamente ligado de manera inmediata con lo que sucede en el mundo y en Europa. Los problemas españoles no son intrínsecamente españoles; están asociados a problemas y decisiones tomadas en Europa. Es imposible hoy hablar sólo de políticas nacionales. En nuestro informe 2016 “Tendencias y perspectivas mundiales del empleo” prevemos que la senda de la creación de empleo en España no va a estar exenta de dificultades. En la economía española hay sectores como el exportador -muy importante y dinámico- que es muy sensible a la coyuntura internacional, que presenta unas perspectivas sombrías dada la situación en los países emergentes. Otros sectores dependen más de la demanda interna, que se ve constreñida por las políticas de austeridad. El gran riesgo es que fruto de la austeridad extrema que ha provocado la caída de ingresos y la devaluación salarial, España –que está conociendo una recuperación económica pero sin recuperación social- caiga en otra crisis económica antes incluso de reiniciarse la recuperación social.
Ciertos resortes institucionales sí influyen positivamente en la recuperación de la demanda interna, como por ejemplo la modulación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por supuesto. Existen restricciones que provienen de la esfera internacional, pero existe también un margen positivo para aplicar políticas internas. Los poderes públicos influyen, es evidente. Por ejemplo, han sido ellos los que han decido aplicar políticas de austeridad extrema en Europa y en España. Eso es una opción política, activar la recuperación salarial elevando, por ejemplo, el salario mínimo, es también una opción política. Pero no todo acaba ahí. También influyen las decisiones adoptadas por las asociaciones empresariales y de trabajadores. En la activación de la demanda interna es muy importante lo que pase en la negociación colectiva, con los acuerdos salariales alcanzados en los convenios. Empresarios y sindicatos firmaron un acuerdo confederal que contemplaba una elevación moderada de los salarios. Esto ha influido positivamente en los convenios firmados que han acordado mejoras salariales. Los poderes públicos son decisivos pero no suficientes, es necesario que el conjunto de la sociedad actúe.
A veces da la sensación de que incluso las decisiones tomadas en un marco de diálogo social avanzan por una áspera deriva, me refiero al abaratamiento de los costes por cese o despido.
Esas medidas de abaratamiento de los costes del despido se han adoptado en ausencia de diálogo social, esa es la realidad. Las partes tenían distintas posiciones. Las organizaciones sindicales defendían la flexibilidad interna –para mantener al máximo el empleo en cada empresa–, pero no la flexibilidad externa, por considerar que abarata y estimula el despido favoreciendo la sustitución de trabajadores con cierta antigüedad y salarios más elevados por otros sin antigüedad y salarios menores. Lo que ha habido desde que se inició la crisis es una ausencia de diálogo social, lo que ha favorecido el abaratamiento de los despidos, la sustitución de empleos por otros de menor calidad y la reducción de la calidad del empleo.
También influirá la economía. El impacto de las reformas laborales sobre el empleo está sobrevalorado. La evolución del empleo no depende tanto de las relaciones laborales como de otros factores, como la política económica y el modelo productivo. Se crea empleo cuando hay decisiones económicas que revitalizan la economía y la inversión estimulando la creación de empleo. El modelo productivo, es decir la estructura productiva por sectores, es también decisiva. En España, sin ir más lejos, el marco regulatorio básico de las relaciones laborales es único, por ser estatal. Pero hay Comunidades autónomas con la mitad de desempleo que otras. Las diferencias se encuentran en sus modelos productivos; los más diversificados, industrializados y modernizados hacia los requerimientos internacionales de sostenibilidad tienen más empleos y éstos son más estables. Antes comentaba que el sector exportador ha tenido un comportamiento dinámico incluso durante la crisis. Que no sea el sector con empleos más precarios y de peor remuneración sino todo lo contrario, nos da pistas muy significativas. En lo que sí influye la regulación es en la calidad del empleo.
Algunas conclusiones tan evidentes luego no se plasman en la práctica. Lo cierto es que a los trabajadores se les exige flexibilidad y eso es algo muy difícil de conjugar con la estabilidad.
Cuando se habla de flexibilidad tenemos que distinguir entre flexibilidad interna y flexibilidad externa. La interna se negocia y puede ser un elemento de conservación y mantenimiento de los empleos en la empresa, mientras que la externa consiste en un marco regulatorio que permite decisiones unilaterales por parte de la empresa, que suele traer consigo más despidos y una menor estabilidad de los empleos. Detrás de los grandes términos como ‘flexibilidad’ hay que buscar mayor nivel de precisión para saber de qué se está hablando. También convendría discernir las tendencias en la evolución del empleo. No todo el empleo ha evolucionado hacia la precariedad, aunque existe una tendencia general -que es mundial- hacia una mayor precarización. Pero a la vez también existen sectores en los que el empleo va ganando mayores niveles de estabilidad. Y el potencial mundial de este proceso es inmenso. Más de la mitad de los empleos en el mundo están en la economía informal, pero se pueden formalizar. En el marco de la OIT, gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos han iniciado un camino para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal.
Aunque alguno de los últimos informes de la OCDE indica que España tiene una de las tasas de minijobs en el mercado juvenil más altas del mundo.
Sí, esta es también una tendencia general de los últimos años, la del empleo a tiempo parcial, que ha generado una especie de efecto sustitución de empleos a tiempo completo por otros a tiempo parcial y peor remunerados. Así, el número de contratos puede aumentar estadísticamente, sin que aumente el número real de empleos creados y de horas remuneradas. Lo que sí aumenta es la situación de pobreza entre los empleados. Ya no basta con tener un empleo para salir de la pobreza y cada vez hay más trabajadores pobres. En España superan en un tercio la media de la Unión Europea (12,5% versus 9,5%). Además se encuentran principalmente en los trabajadores por cuenta propia, algo a tener en consideración en el momento de alentar qué tipo de empleos se crean.
Si apostamos por un modelo de emprendedurismo masivo las tasas de fracaso serán enormes y aumentará la pobreza.
Lo importante a considerar es que a partir de ahora los gobiernos van a estar obligados tanto a reducir el desempleo como a reducir la pobreza. La agenda 2030 de Naciones Unidas en vigor desde el 1 de enero de 2016 establece en el Objetivo 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la obligación de reducir la pobreza en cada país a la mitad de su pobreza relativa (es decir de aquellas personas cuyos ingresos anuales están por debajo del 60% de la mediana). Esta nueva agenda de Naciones Unidas –los ODS– ya no está dirigida sólo a los países en desarrollo o menos desarrollados como era antes, sino que vincula también a los países desarrollados, porque existe un sur dentro del norte, y sus gobiernos van a tener que explicar qué están haciendo para reducir la pobreza y adoptar medidas coherentes.
Creo que en este sentido podríamos hablar del término “Complemento Salarial”.
Están apareciendo varias propuestas a este respecto y todas son algo confusas en relación a su modalidad y su posible aplicación.
Todas parecen ir orientadas hacia el uso de recursos públicos para complementar la remuneración de los trabajadores.
El salario es salario y las ayudas públicas son ayudas públicas. Hay una amplia red de protección social con ayudas públicas. También hay un sistema de incentivos a la contratación, reducciones y exenciones de cotización y otras subvenciones a las empresas que son ayudas públicas. En lo que se refiere a los trabajadores, la OIT considera que tienen derecho a un trabajo decente y a la protección social. Si los trabajos son decentes, es decir con salarios dignos y protección social, no sería necesario activar un sistema añadido de ingreso salarial. En cuanto a la protección social, hay numerosos mecanismos para garantizar unos ingresos mínimos para todas las personas y muchas fórmulas en debate, desde la garantía de renta mínima a las propuestas de renta básica. En cuanto a los ingresos salariales, el salario mínimo es una buena fórmula. Además, la mejora de los salarios mínimos es la mejor herramienta para combatir la pobreza en el trabajo e incluso para dinamizar la economía y la demanda interna. Nosotros creemos que en países como España hay un margen importante de mejora en este aspecto. La carta social de la UE ya apunta a un salario mínimo de al menos el 60% de la mediana de los salarios. Esto daría una buena respuesta a la situación de trabajadores pobres. Los complementos para aquellas personas que trabajan a tiempo parcial y no completan un salario mínimo mensual son parte de la esfera de la protección social. Las subvenciones a las empresas son parte de las políticas activas de empleo.
¿Qué opina sobre la posibilidad de limitar la realización de horas extraordinarias para incrementar las posibilidades de ocupación de los parados, tal y como establece el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores en España?
Dicho artículo da una posibilidad a los poderes públicos de actuar al respecto. El problema con las horas extra en España hoy está relacionado con lo que se conoce como economía sumergida, que en OIT denominamos “trabajo no declarado”. Es posible que la actividad económica no declarada no haya aumentado en tiempos de crisis y se mantenga en valores que rondan un 20%. Pero sí que se observa un desplazamiento de las modalidades del trabajo no declarado hacia las horas extras no declaradas, lo que da pie a pensar que parte de las contrataciones a tiempo parcial no son sino artificios para declarar menos a la Seguridad Social. La actuación de los poderes públicos en el sentido que usted comenta tiene su complejidad y debería empezar por hacer aflorar las horas extraordinarias realmente realizadas pero no declaradas aunque remuneradas y las no declaradas ni remuneradas. De hecho, se está dando cierto reparto del empleo, porque si comparamos el total de las horas de trabajo realizadas en 2015 en relación a las realizadas en 2011, resulta que son algo menos pero el número de ocupados ha crecido ligeramente en ese período lo que sugiere que se ha dado un cierto reparto del empleo, pero con peores salarios y menor protección social.
Respecto a lo que usted citaba sobre el “trabajo no declarado” nos enfrentamos al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La sostenibilidad del sistema de pensiones público y de reparto depende fundamentalmente del empleo, es evidente, y la mejor forma de hacer sostenible el sistema es el fortalecimiento de la población activa y la plena ocupación. No obstante, atendiendo también a variables demográficas y a las necesidades de la sociedad está claro que el sistema debe nutrirse de ingresos fiscales que provengan no solo de lo que llamamos ingresos contributivos, las cotizaciones sociales, sino también de impuestos. Si hay que mejorar los ingresos en el sistema de pensiones no necesariamente eso tiene que significar elevar las cotizaciones sociales, puede conseguirse con una mayor tributación de los beneficios u otros impuestos.
Debe de haber una reflexión sobre el conjunto del sistema fiscal. Tenemos unos sistemas de recaudación fiscal en los que el uso de los recursos humanos en forma de empleo está muy gravado a través de las cotizaciones sociales, y sin embargo los recursos humanos son abundantes y el empleo escaso. Mientras que el uso de los recursos naturales no está tan gravado, siendo recursos muy escasos pero muy empleados, cuyo consumo debería reducirse. Para estimular la eficiencia energética y de los recursos naturales por un lado y para estimular la empleabilidad por el otro, debería producirse una especie de trasvase impositivo, bajando cargas a la empleabilidad de los recursos humanos y aumentando impuestos al uso de recursos naturales, con un balance que podría ser neutro o no desde la perspectiva de los ingresos fiscales dependiendo de las necesidades de cobertura del sistema.
¿No se debería definir con mayor precisión toda propuesta de financiación alternativa? El cómo se debe hacer con detalle corresponde a las partes discutirlo y decidirlo; al gobierno, a las empresas y a los trabajadores de manera tripartita. Lo único que sí quiero añadir a esta reflexión es que cualquier nueva articulación debe ser simultánea, justa y pensada en el medio y largo plazo, no sea que la reducción de cotizaciones no sea cubierta por los nuevos impuestos y se desmorone el sistema.
También debería seguir siendo solidaria, como lo es el sistema público de reparto de pensiones, que es un sistema solidario inter-generacional e intra-generacional. Inter-generacional porque la generación laboralmente activa mantiene a las generaciones pasivas, que a su vez han contribuido en el pasado o contribuirán en el futuro a sostener el sistema. Intra-generacional porque el abanico de salarios es mucho más abierto que el de las prestaciones contributivas.
Y por supuesto debe ser el fruto del diálogo social. Si de lo que se trata es de mejorar los ingresos de manera justa, el diálogo social siempre encontrará el modo de hacerlo. Y lo mismo si hay que moderar las prestaciones. Porque entonces los distintos intereses se conjugan y aumenta la creatividad a la hora de encontrar soluciones. Si solo es una parte la que actúa, o si por ejemplo, a la hora de reformar los sistemas públicos de reparto, predominan las reflexiones y estudios y propuestas que provienen del sector privado de pensiones, entonces se producen distorsiones interesadas tanto del análisis como del diagnóstico, las previsiones y las soluciones. Hay que analizar la sostenibilidad de los sistemas públicos, pero también de los sistemas privados, porque ambos tienen fortalezas y debilidades que hay que considerar.
Fuente: http://www.elcaptor.com/economia/mejora-salarios-minimos-combatir-pobreza-trabajo
(Foto de Rosa Peña: Primavera en mi barrio. Rivermark. Santa Clara. California)
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