Buitres. Eso es lo que son (gracias a las leyes y los gobiernos)

">Buitres. Eso es lo que son (gracias a las leyes y los gobiernos)"> Leyes injustas y hechas para dar privilegio a los fondos de inversión que actúan como buitres arruinan todavía más a los países más endeudados.

Buitres. Eso es lo que son (gracias a las leyes y los gobiernos)

Muchas de las personas que lean estas líneas quizá no hayan oido hablar nunca de los «fondos buitres» o no sepan a qué se dedican y por qué se llaman así.

Voy a explicar a continuación de una manera muy sencilla y elemental cómo operan y el daño tan grande que hacen porque es tanto el silencio habitual que suele haber en torno a ellos que bien se les podría aplicar el verso de Dante: «No meditáis en cuánta sangre cuesta».

En los últimos cuarenta años, y por razones que no voy a explicar aquí, se ha multiplicado el negocio bancario de la deuda y los hogares, empresas y gobiernos tienen que dedicar cada día más ingresos a pagarla, junto a sus intereses. Cuando su situación se pone mal y no pueden afrontarla, tratan de alcanzar acuerdos con sus acreedores para reestructurarla o incluso para conseguir quitas. La reestructuración es un acuerdo entre deudores y acreedores para modificar los plazos y condiciones del pago de la deuda y la quita consiste en anular una parte de ella para que el deudor pueda pagarla sin arruinarse. Lógicamente, los acreedores prefieren este tipo de acuerdos a no cobrar nada.

Pues bien, los llamados fondos buitres son grandes capitales que se dedican a comprar la deuda de los gobiernos (principalmente) o empresas, pero no para cobrarla, sino para especular con ella.

Cuando saben que un Estado está en apuros compran parte de su deuda, lógicamente a muy bajo precio, precisamente porque está en dificultades.

En esa situación, los demás acreedores estarán tratando de llegar a acuerdos de reestructuración para procurar cobrar el máximo posible. Es entonces cuando los buitres pleitean para pedir que no se acuerde nada. Lo hacen allí donde saben que los jueces les van a dar la razón porque, previamente, se han aprobado leyes que permiten que un solo acreedor paralice el acuerdo alcanzado incluso por todos los demás sin excepción. El buitre no quiere cobrar su deuda, sino paralizar el pago para que, al cabo de los años, la suma a cobrar por el título que compró a bajo precio se haya multiplicado a base de intereses e indemnizaciones. Así logran obtener rentabilidades de hasta el 1.270%, como ocurrió con el fondo Singer en Argentina en 2016.

Para que los buitres puedan obtener estos beneficios gigantescos arruinando a países enteros se ha generado un entramado verdaderamente diabólico: primero, se logró que más del 60% de los acreedores de los países endeudados sean privados y que Nueva York fuese la sede judicial donde se dirimen más del 50% de los contratos de ese tipo; luego, se aprobaron las leyes que dan a los acreedores los derechos que he mencionado; tercero, se mantienen despachos de abogados literalmente dedicados a expoliar a pueblos enteros; y, final y lógicamente, se financia a grupos de presión encargados de conseguir que los políticos y gobiernos permitan todo esto y lo pongan en marcha.

La deuda es, de por sí, una esclavitud impuesta por la banca a la humanidad: el 42% de la población mundial (3.300 millones) vive en países en donde se dedica más dinero a pagar intereses que a salud o educación; en unos 20 países más que a educación y en 45 más que a sanidad. Y, para colmo, cuando se disponen a pagar, ya al límite de sus recursos, los fondos buitres especuladores los arruinan todavía más actuando con la maldad y la saña que he explicado.

Afortunadamente, la gente, no los gobiernos, ha comenzado a movilizarse contra este auténtico terrorismo financiero y en Nueva York hay ya iniciativas para cambiar esas leyes que permiten la especulación de los fondos buitres. Aunque no lo parezca, porque apenas se informa de ello, la humanidad despierta y se da cuenta de lo que pasa porque la inmensa mayoría está de acuerdo con lo que decía Quevedo: es quitar la codicia y no añadir dinero lo que hace ricos a los seres humanos. 

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_- Multimillonarios gracias al dolor ajeno

_- El problema no es que sean ricos, sino riquísimos, ineficientes y a costa de los demás.

_- Hace unos días mi compañera y amiga Carmen Lizárraga, profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, publicó un comentario en Twitter señalando la abismal diferencia de ingresos entre los dueños de Inditex y Mercadona y sus trabajadores. Era una manera rápida, como no puede ser de otra forma en esa red social, de llamar la atención sobre las enormes diferencias de ingresos que se dan en el seno de las empresas, algo que muchos economistas bastante ortodoxos han reconocido siempre como una fuente de ineficiencias y pérdida de productividad, tal y como ella misma se encargó de señalar en un artículo posterior (aquí).

Lo curioso del caso fue la tremenda reacción que suscitó su comentario, desde los insultos más o menos habituales hasta las acusaciones de comunista, bolivariana, ignorante, radical… simplemente porque, tras limitarse a proporcionar los datos de ingresos, recurrió a la ironía escribiendo: “¿Como se llama la película? Con el sudor de los de abajo”.

El caso me parece que va más lejos de la simple anécdota. Cuando se proporcionan datos sobre las grandes desigualdades de nuestro tiempo y se reclaman medidas de política económica para reducirlas casi siempre se suele encontrar ese tipo de reacciones. Los medios de comunicación, los economistas, periodistas o políticos comprometidos con la defensa del orden establecido responden de manera furibunda, descalificadora y repitiendo siempre los mismos argumentos: las diferencias de ingresos actuales son naturales y han existido siempre, se deben exclusivamente al valor que aportan las personas ricas, más innovadoras y competitivas, y no son negativas sino deseables porque su existencia genera crecimiento económico y empleo, además de mucha ayuda a los demás, gracias a su generosidad.

Lo cierto, sin embargo, es que nada de esas supuestas ventajas responden a la realidad.

– En nuestra época hay más milmillonarios (o su equivalente en términos reales) que nunca. En 1996 había 423 en todo el mundo, mientras que, según la revista Forbes, en marzo de este año eran 2.095, cinco veces más (aquí). De ellos, 24 en España, muy por debajo de los 651 de Estados Unidos, 390 de China, 110 de Alemania o 39 de Francia y 36 de Italia.

– La riqueza de los milmillonarios también alcanza hoy día el porcentaje más alto sobre la riqueza total del último siglo y quizá de la historia: esas 2.095 personas representan el 0,00003% de la población mundial mientras que su riqueza equivale al 12% del producto bruto anual de todo el planeta. En Estados Unidos, las 614 personas más ricas tienen una riqueza equivalente a la que poseen los 165 millones que constituyen la mitad más pobre de su población.

– No es verdad que la riqueza de los milmillonarios sea el resultado de su innovación o de que sean capaces de incorporar avances que supongan mejoras en el crecimiento económico o el empleo. Hay una prueba evidente, precisamente en estos últimos meses de pandemia: desde el último mes de marzo al 7 de diciembre, el patrimonio neto de los 651 milmillonarios estadounidenses ha aumentado en un billón de dólares, al pasar de 2,95 billones a 4,01 billones (datos aquí).

Otras investigaciones también han demostrado que la innovación ha cambiado de pautas en los últimos cincuenta años. En los setenta del siglo pasado sí era cierto que la innovación se producía mayoritariamente en el seno o por impulso de compañías privadas, lo que justificaría sus beneficios extraordinarios. Actualmente, por el contrario, se sabe que alrededor de las dos terceras partes de la innovación se produce en el seno o bajo el impulso de equipos en donde están presentes fondos gubernamentales o que cuentan con una importante aportación de fondos públicos (datos aquí). Y eso no solo contrasta con los mayores beneficios extraordinarios que se reciben ahora sino también con la menor contribución fiscal que hacen las empresas y grandes patrimonios: en los años sesenta y setenta del siglo pasado (con menos beneficios) proporcionaban el 30% de los ingresos públicos de Estados Unidos y ahora sólo el 10%.

– Tampoco es verdad que los más ricos del planeta, esas 2.095 personas (sin contar a quienes tienen patrimonios escondidos, dictadores, o delincuentes internacionales), hayan acumulado su enorme riqueza solo gracias a su mérito o esfuerzo personal o contribuyendo a que la economía sea más eficiente y competitiva.

Según las investigaciones de Thomas Piketty y otros investigadores, en Estados Unidos el 60% de la riqueza se hereda y en Europa alrededor del 55% (aquí). Y el economista estadounidense Robert Reich muestra que el origen de las fortunas más grandes del planeta no es precisamente el mérito, la innovación o la mayor eficiencia sino, además de la herencia, el poder del mercado que aniquila la competencia, la información privilegiada y el pago a los políticos para conseguir leyes y normas favorables a sus intereses (aquí).

– También se ha demostrado que no es cierto que se produzca un supuesto efecto positivo de la desigualdad y de la existencia de personas muy ricas sobre el resto de la economía (el llamado “efecto derrame”). No es verdad, como se quiere hacer creer, que cuanto más superricos haya, más riqueza se “derrama” sobre el conjunto de la sociedad.

Una investigación de David Hope y Julian Limberg de la London School of Economics and Political Science (aquí) ha demostrado recientemente que también es falso que sea bueno para la economía que haya superricos y que sus fortunas estén cada día más exentas de impuestos. Después de estudiar lo ocurrido en 18 países de la OCDE durante los últimos 50 años, concluyen que, allí donde han bajado los impuestos, la desigualdad ha aumentado porque las rebajas impositivas solo han beneficiado al grupo que posee el 1% más elevado de la renta. Y en su investigación han comprobado que menos impuestos y más desigualdad va unido a menos crecimiento económico y a más desempleo, de donde deducen que no hay que tener miedo a subir los impuestos a los superricos (en concreto, en estos momentos de crisis por la epidemia) porque eso no va a producir menos actividad o menos empleo, sino todo lo contrario.

– Tampoco es verdad que mucha mayor riqueza vaya unida a una gran filantropía por parte de los superricos. Es significativo, por ejemplo, que cuando Bill y Melinda Gates y Warren Buffet propusieron a otros millonarios donar el 50% de su riqueza durante diez años a fondos de beneficencia sólo consiguieron reclutar a 211, uno de cada diez de los 2.095 milmillonarios del planeta. Y eso, sin entrar a considerar que ese tipo de filantropía no es, en realidad, sino una forma de privatizar la solidaridad que al final supone una merma de ingresos para la provisión de bienes públicos esenciales y para las organizaciones más pequeñas o independientes y que, lógicamente, lleva consigo el control de quien recibe las ayudas, lo que las envilece, a veces, de forma sustancial.

El coste y la bárbara irracionalidad de la desmesurada concentración de la riqueza de nuestros días se percibe con un simple dato sobre la mayor fortuna del planeta, la que posee el dueño de Amazon, Jeff Bezos: su riqueza ha aumentado en 74.000 millones de dólares del 18 de marzo al 7 de diciembre. Eso quiere decir que si ese incremento de ingresos para él solo se hubiera repartido entre todas las personas que emplea Amazon en todo el mundo, poco más de 1,2 millones, cada una de ellas hubiera recibido unos 62.000 dólares mientras que Bezos hubiera seguido siendo ahora en diciembre igual de superrico que hace nueve meses.

Es lógico que los grandes milmillonarios oculten el origen de sus grandes fortunas; que no reconozcan lo decisivo que ha sido a la hora de acumularla la disposición de bienes y recursos públicos por los que no están dispuestos a pagar. Pero lo que no se puede negar es que, en general, la concentración tan extraordinaria de la riqueza que se ha producido en los últimos años ha ido acompañada -en la economía- de menos actividad, de más crisis, de menos empleo, de peor provisión de bienes públicos imprescindibles, y de mercados más concentrados y, por tanto, más ineficientes. Y, desde otros puntos de vista, de menos derechos individuales y sociales, de más injusticias y de menos democracia porque ha aumentado el poder de quienes pueden decidir al margen de la política representativa gracias a su control sobre los partidos, los medios de comunicación y las fuentes de creación de opinión y formación.

Conseguir que no ya los ricos, sino los riquísimos que dominan el planeta, contribuyan como los demás al mantenimiento de la sociedad, que se desincentiven y penalicen sus abusos de poder en los mercados, que se persiga y castigue su torticera influencia en la política o que se fomente la meritocracia y se penalice la gran herencia no es, a la vista de la situación a la que hemos llegado, ni siquiera un objetivo político o ideológico, sino un imperativo ético que debiera defender cualquier persona sensible, honesta y concernida por el futuro del planeta y de las generaciones futuras.

https://juantorreslopez.com/el-problema-no-es-que-sean-ricos-sino-riquisimos-ineficientes-y-a-costa-de-los-demas/

La esclavitud moderna, también en España

El informe nos pone un cero en las actuaciones relativas a las cadenas de suministro que rodean estos crímenes, algo que es muy importante para combatir la esclavitud

"Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas"

Corea del Norte tiene el mayor problema de esclavitud moderna del mundo EFE

El pasado mes de julio se presentó un informe sobre la esclavitud en nuestro planeta que pasó prácticamente desapercibido en los medios de comunicación españoles. Lo ha realizado la Fundación Free Walk en colaboración con la Organización Internacional de Trabajo y, a pesar de las limitaciones de cálculo que el propio informe analiza, está considerado como la aproximación más certera a este crimen. Un crimen que muchos creerían extinguido y del que apenas se habla pero que se comete día a día casi a nuestro lado.

El informe lleva por título The 2018 Global Slavery Index (puede leerse completo aquí ) y en él se define la esclavitud moderna como un concepto amplio que incluye las situaciones en las que una persona, mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, le quita a otra su libertad para controlar su cuerpo, para elegir o rechazar un determinado empleo o para dejar de trabajar. Todo lo cual puede manifiestarse bajo formas diferentes: explotación sexual, trabajos forzados, tráfico laboral de adultos y de niños y niñas, niños soldados, matrimonios infantiles y de adultos obligados, esclavitud por deudas o la llamada esclavitud por descendencia, cuando una persona está condenada a permanecer en una de estas situaciones porque sus ancestros lo estuvieron.

El informe calcula que en todo el planeta hay 40,3 millones de personas en estas situaciones, de las cuales el 71% del total son mujeres y niñas, 10 millones son niños y niñas, 24,9 millones empleadas en trabajos forzados, 15,4 millones son esposas forzadas, y 4,8 millones son personas explotadas sexualmente.

No obstante, el informe advierte de que esas cifras están subestimadas con toda probabilidad porque es prácticamente imposible registrar todos los casos de esclavitud que se producen en el mundo (téngase en cuenta que sólo en la prostitución hay entre 40 y 43 millones en el mundo, según la prestigiosa Fondation Scelles ). Eso sucede, por ejemplo, con los que están relacionados con el tráfico o secuestro de personas para quitarles sus órganos y venderlos después para trasplantes (la Organización Mundial de la Salud calcula que se vende ilegalmente un órgano humano a la hora o que el 8% de los que se trasplantan en todo el mundo son de origen ilegal). También es casi imposible determinar el número exacto de niños alistados en ejércitos o la esclavitud laboral y familiar en algunos países de Oriente Medio, en donde se sabe que se concentran millones de trabajadores en condiciones de esclavitud, pero de muy difícil estudio por la falta de transparencia y de libertades que suele darse en esos países. Y también son especialmente difíciles de registrar los matrimonios forzados.

Según el informe, los países donde hay mayor prevalencia de estos tipos de moderna esclavitud son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, República Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán, Pakistán, Camboya e Irán. Y los que tienen el mayor número de personas esclavas (el 60% del total) son India (7,9 millones), China (3,8 millones), Pakistán (3,2 millones), Corea del Norte (2,6 millones), Nigeria (1,38 millones), Irán (1,28 millones), Indonesia (1,2 millones), República Democrática del Congo (1 millón), Rusia (0,79 millones) y Filipinas (0,78 millones).

Pero el descubrimiento más relevante del informe quizá sea que la esclavitud no se registra solamente en los países de menor desarrollo, sino que se produce también en los más ricos. En Estados Unidos hay 403.000 personas esclavas, 167.000 en Alemania, 136.000 en Reino Unido y 1,3 millones en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea.

Es cierto que la mayoría de estos países ricos son los que están adoptando medidas más eficaces para combatir las distintas formas de la esclavitud moderna pero también que aún presentan muchas lagunas en cuanto a protección y que en los últimos años han establecido políticas migratorias más duras y menos proteccionistas que se pueden reflejar pronto en el aumento de la esclavitud en su seno. En todo caso, el informe denuncia que algunos países con alta renta per capita (Qatar, Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos) han tomado medidas muy limitadas para hacerle frente. Y resulta especialmente terrible que en muchos casos sean los propios Estados quienes recurren al trabajo forzoso en centros públicos. Algo que no sólo ocurre en países "malditos", como Corea, sino también en Estados Unidos, Rusia o China.

Y también es muy relevante que sean los países más ricos los que en mayor medida se benefician de la esclavitud, no sólo por la que hay dentro de sus fronteras, sino porque cada año importan los bienes y servicios para cuya producción se esclaviza a millones de personas por valor de unos 354.000 millones dólares.

El informe sitúa a España en el lugar 124 de los 167 países estudiados, lo que significa que está entre los mejores en cuanto al número de personas esclavas, pero peor de lo que nos correspondería si se exigiera correlación entre nivel de riqueza y ausencia de esclavitud. Entre nosotros hay 105.000 personas esclavas, sólo el 2,27% del total de la población, pero un número absoluto muy elevado que nos debería avergonzar y obligarnos a actuar. Sobre todo, sabiendo que nuestra tasa de vulnerabilidad o peligro de caer en esclavitud es mucho mayor, el 12,8% según el informe.

Es cierto, por un lado, que somos el séptimo país en cuanto a mejores y más eficaces medidas contra este crimen y ejemplares en algunas industrias en donde se concentra un gran número de personas esclavas, como la pesca: de los 20 principales países pesqueros España es el único en donde no se han reportado casos de abuso o tráfico laboral en los últimos cinco años. Y también que obtenemos buena nota en la ayuda que prestamos a los afectados, en la persecución judicial de estos crímenes y en las medidas que adoptamos para abordar el riesgo, pero el informe nos pone un cero en las actuaciones relativas a las cadenas de suministro que rodean estos crímenes, algo que es muy importante para combatir la esclavitud. El gobierno central y los autonómicos deberían hacer frente con más eficacia a estos problemas, sobre todo ahora que se agravan los problemas migratorios que tan vinculados están con las mafias criminales que hay detrás de la esclavitud. Un drama terrible que, como demuestra este informe, no ha desparecido ni mucho menos en nuestros días y ni siquiera en países como el nuestro o en los más ricos aún del resto de Europa.

Juan Torres López es economista, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

@JUANTORRESLOPEZ 

Fuente:
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/esclavitud-moderna-Espana_6_810228972.html

Acabar con las pensiones públicas y, de paso, con la democracia

Juan Torres López

 CTXT

El autor responde a los argumentos de César Molinas en El País

Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.

Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.

Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.

Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.

1. En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas.

2. En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”.

Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.

3. El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.

Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.

Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.

4. El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.

Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.

El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.

Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.

Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.

Juan Torres López es economista. Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20463/Juan-Torres-Lopez-Cesar-Molinas-pensiones-Espa%C3%B1a-Estado-de-Bienestar.htm

La globalización. Juan Torres López.

"ciegos, que viendo, no ven"

José Saramago,

Ensayo sobre la ceguera.

Como es bien sabido, en los últimos dos o tres decenios se han producido cambios muy profundos en nuestras sociedades que han propiciado una nueva y quizá más profunda fase de internacionalización de las relaciones económicas y sociales.

No es la primera vez en la historia en que la dimensión internacional alcanza un protagonismo tan relevante y, de hecho, lo que muchos historiadores afirman es que, en realidad, vivimos una segunda globalización. Pero sí es verdad que el vertiginoso y revolucionario avance de las nuevas tecnologías de la información ha creado un nuevo tipo de sociedad, la sociedad en red o de redes, en la que muchos de sus aspectos más determinantes del bienestar humano (para bien o para mal) se desenvuelven a escala global o planetaria.

Casi al mismo tiempo que se ha gestado esto último se ha ido produciendo también una crisis evidente (si no la práctica desaparición) de lo que hemos conocido como Estado de Bienestar.

Es muy pertinente, por lo tanto, preguntarse sobre la interrelación entre ambos fenómenos sociales, si pueden reforzarse uno con otro, en qué condiciones, o si, por el contrario, son verdaderamente incompatibles.

Pero para entender los efectos que la fase globalizadora en la que estamos ha tenido sobre el Estado del Bienestar es imprescindible ponerse de acuerdo sobre su naturaleza respectiva porque no todos estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de las mismas cosas.

Creo que es fácil aceptar que cuando hablamos del Estado de Bienestar nos referimos al sistema social que se consolidó, principalmente en Europa, a partir de la II Guerra Mundial y que comúnmente se asocia con los años gloriosos del capitalismo de los años cincuenta y sesenta.

Pero hay que tener muy en cuenta que el Estado de Bienestar fue el resultado concreto de unas circunstancias sociales, políticas y económicas muy singulares y de una correlación de fuerzas entre las clases sociales muy especial.

Por un lado, el Estado del Bienestar fue posible gracias al crecimiento intensivo que favorecía grandes incrementos de la productividad y una expansión continuada de la demanda, a la constante y amplia intervención del sector público en la economía, al pleno empleo y a una división internacional del trabajo y de las tareas productivas que garantizaba el predominio de las economías del norte desarrollado, principalmente, sobre sus antiguos territorios coloniales.

Y a todo eso coadyuvó, al mismo tiempo, la enorme capacidad de creación de consenso que proporcionaba la llamada cultura del más y la aparición, desde el principio muy ligada a los grandes poderes económicos, de las grandes industrias culturales y de manipulación de las conciencias.

Por otro lado, el Estado del Bienestar fue (para muchos, de modo principal) el resultado de un pulso entre clases sociales que en aquellos momentos históricos no tenía un ganador claro.

Ese pulso sin ganador seguro se tradujo inicialmente en un pacto (en muchas ocasiones explícito) sobre la distribución de la renta que expresaba, al mismo tiempo, el equilibrio de clases existente entonces (que impedía que se produjese un claro predominio del capital sobre el trabajo, o viceversa) y la necesidad de ofrecer un modelo relativamente aceptable para las clases trabajadoras frente al referente alternativo que en aquel momento representaban la Unión Soviética y sus países afines.

En esas condiciones, teniendo en cuenta que se orientaba sobre todo a lograr un cierto equilibrio de clases sociales, y aunque la economía tendiese constantemente, como ha sucedido siempre en el capitalismo, a su internacionalización, el Estado del Bienestar no podía ser fundamentalmente sino una experiencia nacional, es decir, fraguada en el interior de los respectivos ámbitos estatales.

La globalización neoliberal
Por otra parte, la globalización en la que nos encontramos no es simplemente un cambio de escala, que lo es, ni el resultado de un gran revolución tecnológica, que lo es, ni un cambio de proyecto civilizatorio, que lo es, ni siquiera el resultado de una transformación radical en el modo de funcionar, organizar o regular la vida económica y social, que lo es.

La fase globalizatoria que vivimos en la actualidad es todo ello pero también, y sobre todo, es la consecuencia de un cambio radical en la correlación de fuerzas, es el resultado del pulso al que hice referencia anteriormente ganado ahora resueltamente por el capital frente a los trabajadores de todo el mundo. Y esto es lo que de verdad explica que, a medida que la globalización se ha ido consolidando, el Estado del Bienestar haya ido entrando en una crisis profunda y definitiva.

Veamos esto con algo más de detalle.
Las razones que se pueden argumentan para explicar, justificar o racionalizar el declive del Estado del Bienestar en la globalización de nuestra época son muy diversas y todas seguramente cargadas de razón… si no se contextualizan adecuadamente.

Se trata, por ejemplo, de argumentos como los siguientes:
– La falta de capacidad de maniobra de los gobiernos para llevar a cabo las políticas redistributivas que permitieran los pactos o equilibrios de rentas que son intrínsecos y consustanciales al Estado del Bienestar. Entre otras razones, porque si las llevan a cabo, estableciendo cargas impositivas que no privilegien al capital, éste se deslocaliza, desplazándose a territorios más favorables desde este punto de vista gracias a las nuevas condiciones de movilidad que proporciona el no-orden institucional del actual marco de relaciones económicas internacionales.

– La ausencia de esos mecanismos o instrumentos redistributivos (principalmente fiscales) a escala global que permitieran compensar o complementar la acción de los gobiernos nacionales en este campo.

– El predominio de políticas deflacionistas que deprimen la actividad económica, y que necesariamente implican reducir el potencial de crecimiento de las economías limitando, en consecuencia, las posibilidades de creación de empleos.

– La generalización de mercados de trabajo que, en lugar de ser la fuente de la socialización en el bienestar (garantizado salarios de suficiencia, acceso a los derechos sociales universales, la creación de amplias redes familiares y sociales,… como en la etapa fordista) son precarios, origen de grandes desigualdades e incluso de un nuevo tipo de grave exclusión social.

– La imposibilidad, en las anteriores condiciones, de originar o generar el consenso en el espacio de la mercancía (del empleo y del consumo) para pasar a convertir en mercancía la generación del consenso en el espacio del ocio o no trabajo.

– Una renuncia efectiva al Estado, a la política y a la consideración del espacio colectivo (que es el propio del bienestar cuando las personas se reconocen como seres sociales más que como simples individuos) como ejes de la acción social, para convertir al mercado en su centro omnipresente.

Por otro lado, la regulación socioeconómica desde la ética y la lógica del mercado que sostiene la globalización en la que nos encontramos ha producido una economía global que es imagen vicaria del mercado: imperfecta, asimétrica, desigualadora, útil solamente para optimizar la rentabilización de los intercambios pero completamente ajena a la equidad o simplemente a la problemática distributiva.

Finalmente, el orden institucional que finalmente acompaña a este estado de cosas que caracterizan a la globalización de nuestras días es la negación estricta de sí mismo porque no es un auténtico orden global (como ocurre paradigmáticamente en el campo financiero) sino una arquitectura que no se rige sino por la búsqueda constante del beneficio con independencia de su precio o de las condiciones en que se produzca (lo que explica, por ejemplo, los acusado problemas de sostenibilidad que la acompañan).

En todas estas condiciones, lo que viene creando la globalización son sociedades fragmentadas, desiguales y compuestas de individuos ensimismados que renuncian implícita o explícitamente, consciente o inconscientemente, a su pertenencia al grupos o a la clase, es decir, al otro como puente hacia su socialización. Unas sociedades en las que, efectivamente (y como suele ser opinión mayoritaria) es materialmente imposible que sobreviva el Estado del Bienestar.

Ahora bien, lo que sucede es que esta incompatibilidad no se da entre globalización y bienestar de modo genérico sino entre proyectos históricos concretos de ambos.

Es fundamental tener en cuenta que la globalización en la que nos encontramos, como ocurriera con otras fases globalizadoras, no es la globalización. En realidad, es su modalidad neoliberal, tan inevitablemente caduca como históricamente lo es cualquier otra.

Y lo está ocurriendo, y afectando gravemente al bienestar, es que la globalización neoliberal es radicalmente imperfecta.

No es verdad que esté implicando una globalización de todas las relaciones sociales, como falsamente se quiere hacer creer. Por el contrario, son demasiados los ámbitos que expresamente están quedando fuera de la dimensión global que podrían alcanzar para lograr mejores condiciones de vida y bienestar para el conjunto de la humanidad.

De hecho, son muy pocos los ámbitos socioeconómicos que en nuestros días se encuentran globalizados perfecta y literalmente hablando. Quizá solamente el dinero y las finanzas. Ni siquiera el comercio, porque los países ricos imponen costosísimas y barreras a los más pobres. Tampoco el trabajo, pues se mantienen fronteras obviamente contrarias a la liturgia liberalizadora con la que se nos adoctrina día a día. Y la globalización de la cultura, de los valores o las pautas de consumo o estilos de vida son, una clara expresión uniformadora más que la del mosaico en que debiera reflejarse la diversidad global de nuestro planeta.

En definitiva, el Estado del Bienestar es incompatible con la globalización pero solo en la versión neoliberal de ésta última y lo que eso indica no es que haya que renunciar a la globalización o mucho menos al bienestar sino que hay que hacer que éste sea su eje. En lugar de renunciar y dejar de hablar de bienestar lo tendríamos que erigir en el centro de la globalización para así avanzar hacia lo que me parece que satisface mejor que la agenda actual a las aspiraciones humanas más auténticas: la sociedad mundial del Bienestar Global.

http://www.juantorreslopez.com/globalizacion-y-estado-de-bienestar/

_- Juan Torres López. Vertebrar España.

_- Juan Torres López y Roberto Viciano Pastor.
Ctxt.

Es imprescindible que exista el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones

LUIS GRAÑENA I

No hace falta decir que la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace tiempo y que ha empeorado en los últimos meses sigue siendo realmente grave y peligrosa para la convivencia pacífica, no sólo entre la población catalana sino para el conjunto de los españoles. A corto plazo no hay salidas claras y nos parece muy ingenuo creer que el conflicto se puede resolver imponiéndose una parte (aunque fuera mayoritaria o tenga la legitimidad que tiene el Estado de derecho) sobre la otra (por muy minoritaria que fuera, que ni lo es ni lo va a ser).

Ahora bien, que en Cataluña se haya podido extender en tan gran medida la convicción de que una parte de la población, ni siquiera mayoritaria, puede imponer a la otra nada más y nada menos que la independencia, es decir, que haya brotado (y en tan poco tiempo) una dinámica tan totalitaria y excluyente no puede ser el simple resultado de procesos internos. También han debido influir los modos en que se ha planteado la relación y la convivencia de Cataluña y los catalanes con el resto de los españoles y con el conjunto de España.

A nuestro juicio, lo que ha sucedido es que el modelo del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha llegado a un nivel de degeneración próximo a la insostenibilidad. Eso ha ocurrido, para colmo, en una coyuntura muy compleja: cuando los grandes partidos sobre los que ha pivotado nuestra democracia en los últimos cuarenta años (PP, PSOE y nacionalistas catalanes) entraron en barrena al no poder seguir tapando la corrupción que ha generado su gestión ni las vergüenzas del modo en que han gobernado la reciente crisis económica (sobre todo, CiU en Cataluña), y porque los partidos que nacieron como respuesta (Podemos y Ciudadanos) no supieron aprovechar las últimas elecciones generales para convertirse en ejes de la regeneración institucional que reclama la sociedad española.

II

La existencia de tensiones territoriales, como las de ahora, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia y las diferencias entre nuestros pueblos es un hecho innegable que ha generado siempre fuerzas disgregadoras. Pero las respuestas, como en los últimos tiempos, no siempre han ido, desgraciadamente, en la línea de integrar y unirnos solidariamente en la diversidad.

La mayoría de las derechas españolas contempla el nacionalismo periférico según el estereotipo que describió magistralmente José Ortega y Gasset en su España invertebrada,como “un movimiento artificioso, extraído de la nada, sin causa ni motivos profundo”. De modo, seguía diciendo el filósofo madrileño, que hablar de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euskadi, parecería entonces como “cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen”.

Las izquierdas españolas, por su parte, sirvieron de contrapeso de los nacionalismos, del centralista español y de los periféricos, pero solo hasta que los golpistas españoles de 1936 consiguieron, con una magnífica operación de marketing, identificarse con la idea de España.

A partir de entonces “lo español” se convirtió en rasgo de identidad de la dictadura franquista y, como estúpida reacción, las fuerzas de izquierda se situaron enfrente de todo lo que pudiera sonar a España. Asumieron entonces como propias las posiciones identitarias, nacionalistas periféricas e incluso, en algunos casos, independentistas, como si éstas fueran, por oposición, las auténticas expresiones de la libertad y la democracia que la dictadura había pisoteado.

III

La tensión entre dos nacionalismos, uno más fuerte y cargado de vestigios imperiales y otro más débil y en expansión, pero ambos igual de excluyentes entre sí, impidió el nacimiento en democracia de un auténtico proyecto nacional de todos los españoles.

Sin ese proyecto, temerosos todos ante los embates del terrorismo nacionalista, y confiandos en que el nacionalismo moderado de la periferia ayudaría a consolidar el Estado democrático, a lo largo de la Transición se articuló una organización territorial de España que podríamos calificar de vergonzante, que no era ni una cosa ni la otra, y que fue diseñándose a golpe de tirones, de negociaciones bilaterales y de remiendos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 se ha venido produciendo una carrera sin fin de peticiones e incluso de chantajes, y la cesión continua de competencias y prebendas financieras por parte del Estado y de los partidos de ámbito estatal para evitar la activación de la agenda independentista de los nacionalismos vasco y catalán.

Con ese método de diseño y desarrollo, nuestro proceso de organización territorial ha terminado produciendo una descentralización asimétrica o incluso deformada y en constante proceso de reconfiguración. No llega a lo federal pero tiene componentes de confederación (régimen foral); tiene una enorme descentralización de las competencias y el gasto pero es muy dependiente del centro en el ingreso; la autonomía es muy amplia pero hay una escasa capacidad de codecisión y los mecanismos de interrelación entre las diferentes instancias de gobierno son muy débiles o casi inexistentes. Y, lo que resulta más importante, el Estado de las Autonomías no ha permitido que se cumpla el primer precepto que señala la Constitución en relación con la organización territorial del Estado en su artículo 139.1, que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción. Sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora de los niveles de vida. El sistema de financiación autonómico ha tenido un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable. Y las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades, en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y los pueblos.

La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista, sino que ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando el desarme de medios y competencias que sufre la administración central deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es una expresiva muestra de ello).

IV

La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está tratando de hacer el Partido Popular (“ahogarlos por directa estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres”, escribió Ortega y Gasset). Tampoco la de exacerbar el nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el nombre de España. Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros problemas de ahora.

Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.

Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el diseño del Estado Autonómico. Hay que comenzar, en primer lugar, por analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no solo formal, del proyecto común de España. Para ello es imprescindible que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones. Un compromiso que creemos que en estos momentos solo puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas sus consecuencias para todos.

Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles, deberíamos decidir si estamos dentro o fuera. Y si los pueblos de España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones, dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.

Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en condiciones de equidad. Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que, preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular común. Que garantice algo tan esencial como la coordinación y subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios.

Somos conscientes de lo irreal que puede parecer este planteamiento en la situación en la que estamos, en medio de una gran crisis de confianza en las instituciones, de enfrentamiento entre diferentes poderes del Estado, abochornados por la corrupción, sin habernos recuperado del todo de la crisis económica, y con los partidos políticos fuertemente enfrentados e incapaces de generar alianzas o consensos de amplio calado. Pero ¿quién puede creer de verdad que un problema tan grave se resuelve solo con reformas de tercer nivel, por inercia, escapando o ganando votaciones por los pelos para huir hacia adelante, sin consenso y sin el apoyo de una mayoría social amplísima y verdaderamente transversal?

Es imprescindible el impulso ético ciudadano que lleve al parlamento y al gobierno, como preferencia de la mayoría social más amplia posible, verdaderamente transversal, la demanda de un consenso nacional profundo y de unidad.

Como dijo el ya mencionado Ortega, lo que impulsa y nutre la creación de auténticas naciones no es la fuerza, ni obligar y ni siquiera el convencer, sino “un proyecto sugestivo de vida en común”. Esto es lo que de verdad tendríamos que poner en marcha todos los españoles sin distinción, quizá recordando la máxima del sabio Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Roberto Viciano Pastor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180314/Firmas/18463/Juan-Torres-VIciano-Pastor-Espa%C3%B1a-Politica.htm

¿Quiénes son los adictos a la deuda?

Juan Torres López

eldiario.es

- Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se quiere decir es que hay que crear las condiciones que les permitan seguir creando deuda

- Quinto artículo de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas

Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica es el que afirma que la enorme deuda que se acumula en el mundo es consecuencia de que la gente normal y corriente vive por encima de sus posibilidades y de que los partidos de centro-izquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que la aumentan sin cesar.

Se trata, como tantas otras, de una falsedad que se desmiente fácilmente con el conocimiento elemental de los procesos económicos y con los datos. Pero que, a base de repetirse miles de veces, ha terminado por convertirse en un credo que la gente asume y que, gracias a ello, permite imponer las políticas económicas que benefician a otros.

Cuando se consigue que la gente crea que la deuda tan elevada se ha generado por su culpa, debido a su comportamiento irresponsable, se pueden ya imponer medidas correctivas "de austeridad" y recorte en los gastos sin que sus beneficiarios protesten, o al menos sin que lo hagan suficiente o convencidamente, pues están convencidos de que deben expiar su culpa.

La trampa es clara: unos (los acreedores) generan la deuda en su beneficio pero hacen creer a los deudores que estos últimos son los responsables de ella, y así pueden imponerles más fácilmente las condiciones que aseguren el pago, multiplicado por los intereses, de la deuda. Y la trampa es tan antigua que la palabra "deuda" significa también "culpa" en muchas lenguas. Para Nietzsche el propio concepto de culpa procede del "tener deuda": el deudor siempre es culpable.

Los datos, como he dicho, muestran claramente que son precisamente los gobiernos más a la derecha los que multiplican la deuda mientras que los de centro-izquierda suelen ser los que tienen que dedicarse a reducirla. Y la prueba más evidente de que son las políticas más liberales las que aumentan la deuda se tiene simplemente comprobando que su mayor incremento histórico se ha producido precisamente desde los años 80 del siglo pasado cuando comenzaron a imponerse generalizadamente.

El caso de Estados Unidos es paradigmático. El padre de la revolución conservadora que impulsó el neoliberalismo, Ronald Reagan, llegó a la presidencia diciendo que la deuda estaba fuera de control, cuando en realidad se encontraba en el nivel más bajo de los últimos 50 años. Pero lo que ocurrió fue que bajo su mandato y el siguiente de Bush padre la deuda se disparó como nunca antes, volvió a bajar con la presidencia demócrata de Clinton y nuevamente subió con Bush hijo. Y algo parecido se puede decir con la ingente deuda que los países más atrasados acumularon bajo gobiernos de derecha o extrema derecha a partir de los años 80.

La banca internacional, de la mano de la CIA, impulsó golpes de Estado para imponer a dictadores civiles o militares cuya primera y principal tarea consistía en suscribir préstamos multimillonarios (muchos de los cuales ni siquiera llegaban a sus países). Las auditorías que se han realizado años después en algunos lugares han demostrado que ese endeudamiento fue un auténtico crimen contra sus pueblos, una deuda ilegítima y tramposa que las grandes potencias y los poderes financieros no tienen la vergüenza de reconocer como tal.

En España estamos viendo en estos últimos años que sucede algo parecido. Los ayuntamientos más endeudados son precisamente los del Partido Popular y cuando han llegado partidos o coaliciones de centro-izquierda se han de dedicar a reducirla con enorme esfuerzo.

Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de deuda que ahora tiene la economía española se debe a que antes de la crisis la gente corriente vivía "por encima de sus posibilidades" pero los datos también contradicen esa idea. Según los del Banco de España, en 2008 a las familias le correspondía el 25% de la deuda total y el 35% de la deuda no financiera (excluida la de los bancos, es decir, sólo la de las familias, la del sector público y la de las empresas no financieras). A las empresas no financieras, el 33% de la total y el 47% de la no financiera. Al sector público el 11,8 % de la total y el 16% de la no financiera y a las entidades financieras, el 30,3% de la total. Y, además, el 49,1% de las familias y el 83,5% del 20% con menos ingreso no estaban endeudadas. Y la mayoría de las familias (73,4%) con menos renta (40%) solo tenían en aquel año la deuda correspondiente a su vivienda habitual.

En contra de lo que se quiere hacer creer, las familias y las personas corrientes, o las pequeñas y medianas empresas, no son las adictas a la deuda, y endeudarse no es lo que buscan los partidos políticos más progresistas. Todo lo contrario, son ellos quienes sufren la deuda como lo que es, una esclavitud resultado de la desigualdad y de las políticas de creación artificial de escasez y de bajos ingresos.

La razón de por qué la deuda es tan elevada en todas las economías es otra, doble y bien clara. Por un lado, porque es el negocio de la banca y ésta tiene suficiente poder como para imponer un modelo generalizado de crecimiento económico impulsado por la deuda para garantizar y aumentar sus beneficios. Y, por otro, a causa de los intereses que la multiplican sin cesar.

Gracias a las normas que regulan el sistema bancario desde hace décadas, la banca tiene el privilegio de poder dar préstamos creando el dinero que presta desde la nada, es decir, sin tenerlo previamente. Y es obvio que un privilegio como este no lo desperdicia, sino que lo utiliza a la máxima potencia.

Si el negocio de la banca es dar préstamos (si solo recibiera depósitos se arruinaría) y lo que busca es aumentar su beneficio, lo que tiene que hacer es crear deuda constantemente. Para ello utiliza su poder, que es enorme precisamente por ese mismo privilegio, para imponer las políticas que restringen el ingreso y que obligan a endeudarse constantemente, o que implican modos de vida (viviendas en propiedad) que necesitan financiación externa, o para corromper a los políticos y obligarlos a realizar gastos cuantiosos, sean necesarios o no pero que deben financiarse con su crédito.

Quien es adicto a la deuda es la banca porque esa es la fuente de sus ganancias y de su impresionante poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político.

La segunda razón que hace que la deuda se multiplique es el interés.

El dinero que un banco central o un banco comercial da en préstamo viene, como he dicho, de la nada. Por eso los bancos centrales pueden prestar al 0% a los bancos privados, como igual podría hacer un banco privado o comercial (otra cosa es que el interés se utilice como incentivo o desincentivo en la vida económica). Pero estos últimos lo prestan al interés más alto que pueden y, además, con fórmulas de interés compuesto que multiplican la deuda en poco tiempo: una al 7% se duplica en diez años, por ejemplo.

Los datos que muestran el peso de los intereses en la deuda total son abrumadores. De cada 100 euros de deuda pública acumulada en el conjunto de la UE-28 de 1995 hasta finales de 2015, más de la mitad (57,6 euros) corresponden a intereses, en la eurozona 60,5 euros y en España 61,4 en ese mismo periodo.

Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se quiere decir es que hay que crear las condiciones que les permitan seguir creando deuda. Y es precisamente por ello que en estos últimos años en que se han ido rescatando con inmensas cantidades de dinero público (que han obligado a endeudarse aún más a los Estados) lo que ha ocurrido es que la deuda ha vuelto a crecer espectacularmente. Lógico: un banco rescatado es el que de nuevo comienza a generar deuda.

Nos decían que había que imponer las políticas de recortes para que bajara la deuda pero lo que se buscaba era justo todo lo contrario: reducir la capacidad de generar ingreso propio para que los bancos volvieran a prestar y a crear deuda. Por eso en 2015 había en Europa cinco billones más de deuda pública que en 2007, y 2,4 billones más que en 2010. Y por eso la deuda total ha aumentado en 57 billones de dólares en todo el mundo desde 2007 a mediados de 2016, y la de los Estados ha pasado de 26 billones de dólares a 56,5 billones en ese mismo periodo.

La prueba del engaño es que la deuda haya subido de esa manera justamente en el periodo de aplicación de políticas de recortes sociales y rescate a la banca justificadas como las imprescindibles para disminuirla.

Juan Torres López es economista, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.
@JUANTORRESLOPEZ

Fuente:

http://www.eldiario.es/temas/desvelando_mentiras_mitos_y_medias_verdades_economicas/

Liberales: Defienden el mercado, (sobre todo sus mercados) pero no la libertad.

Juan Torres López

Ganas de escribir

La última salida de la política de Esperanza Aguirre permite reflexionar también sobre el sentido y el significado real que tiene el liberalismo económico contemporáneo, y no sólo en nuestro país.

Esperanza Aguirre, y quienes la han rodeado, se presentaba a sí misma como la expresión de la política liberal más auténtica, como una Thatcher española capaz de darle la vuelta a la sociedad y a la ideología dominantes. Y a su alrededor se han cobijado en los años en que ha estado en el poder los liberales más preclaros de la vida social española, intelectuales, catedráticos, inversores, grandes empresarios y jóvenes delfines, todos ellos predicadores de la “libertad de mercado” y enemigos acérrimos de todo tipo de intervencionismo público y estatal (del cual, por cierto, obtienen buenas rentas la inmensa mayoría de ellos).

Los seguidores de Esperanza Aguirre y ella misma han sido los más vibrantes defensores del mercado como mecanismo supremo de solución de todos los problemas económicos. Y lo curioso es que esa defensa exacerbada del mercado se ha conseguido equiparar (es verdad que no sólo en España y en el entorno de Esperanza Aguirre) con la defensa de lo eficiente, de la máxima competencia y, lo que todavía resulta más increíble, de la libertad. En contra de esa retórica liberal que entroniza al mercado, lo que el gobierno de una liberal como Esperanza Aguirre ha supuesto en la práctica está bien claro: una conspiración constante para disponer del poder público suficiente que permita acumular la mayor cantidad posible de riqueza pública en manos privadas. Una conspiración a veces tan enfermiza y acentuada que ha terminado convirtiéndose, según se va descubriendo, en el origen de una auténtica organización criminal dirigida a vaciar a manos llenas las arcas del Estado.

La eficiencia de las políticas liberales que ha llevado a cabo Esperanza Aguirre está igualmente clara cuando se comprueba que las privatizaciones efectuadas sólo han servido para poner recursos hasta entonces públicos en manos privadas, pero no para generar menores costes o más eficiencia. La privatización de amplios sectores de la sanidad o la educación no ha creado servicios mejores, más eficientes, más transparentes o más baratos, sino que, por el contrario, ha generado mayor gasto, aunque, eso sí, ahora destinado a colmar los bolsillos privados. Y es normal que eso haya sido lo que ha ocurrido porque la identificación automática entre mercado y competencia, eficiencia o libertad no es sino un gran mito sin ningún fundamento objetivo o científico.

Defender el mercado sin ningún otro matiz, como suelen hacer los liberales, es una simpleza porque en realidad no existe “el” mercado. Mercados hay muchos, con naturaleza y efectos muy variados, y para que se pueda decir que un mercado es plenamente eficiente o mejor que una buena decisión pública, a la hora de asignar recursos, deben darse una serie de condiciones y requisitos muy estrictos (por ejemplo, información perfecta y gratuita a disposición de todos los sujetos, plena homogeneidad de los productos y ausencia total de barreras de entrada a los mercados) que es casi, por no decir que totalmente, imposible que se den en la realidad.

La competencia, lejos de ser una condición innata o consustancial a los mercados, es desgraciadamente lo primero que se quiebra cuando los mercados se pone a funcionar si éstos no están convenientemente regulados, es decir, si no hay un buen anillo de derechos de propiedad que proteja a los mercados de sí mismos, de las fuerzas auto destructoras que genera el afán de lucro desmedido, la concentración de la riqueza y la vía libre para los más poderosos, condiciones que son las que suelen predominar en los mercados contemporáneos. No hay forma posible de hacer que los mercados se acerquen al ideal de la eficiencia y la competencia que no sea la de una buena regulación, el establecimiento de un adecuado sistema de normas. Y eso sólo puede garantizarse justamente cuando hay un Estado que funciona correctamente y, sobre todo, no sometido a los dictados del propio poder de mercado del que disponen quienes tienen privilegios en su seno. ¿Acaso privatizar para destinar más recursos, más servicios o más obras, más negocio, a los grandes promotores y constructores que dominan en condiciones de oligopolio el mercado tiene algo que ver con la competencia perfecta y con la mayor eficiencia? Debilitar al Estado, como hacen los liberales cuando gobiernan, es lo contrario de lo que se precisa para fortalecer la competencia y la eficiencia, y justo lo que desean quienes ya tienen gran poder de mercado para aumentarlo.

Los mercados de hoy día, los que han contribuido a diseñar y a proteger las políticas liberales de nuestro tiempo, son mucho más imperfectos que nunca y, por tanto, más ineficientes. Es una quimera, por no decir que un miserable engaño, decir que en ellos predominan la competencia o que sólo allí es donde la eficiencia va a alcanzar su máxima expresión. Ocurre todo lo contrario: lo que han conseguido las políticas liberales como las que han puesto en marcha los gobiernos de la liberal Esperanza Aguirre ha sido erradicar todavía más la competencia, oligopolizar los mercados y hacerlos, en consecuencia, mucho más ineficientes, y mucho más onerosos para la inmensa mayoría la población.

Pero si hay un mito singularmente exagerado en relación con el liberalismo es el que hace creer que al defender los mercados se defiende la libertad en su sentido prístino, en su más auténtica expresión. Es un mito porque lo que hacen las políticas liberales con el pretexto de dar libertad a los mercados es simplemente aumentar la de quienes los dominan en su exclusivo beneficio. La libertad en el mercado es una auténtica quimera cuando los derechos, o quizá mejor dicho los poderes de apropiación están definidos de una manera tan desigual y asimétrica como hoy día lo están. En las condiciones de funcionamiento de los mercados que imponen las políticas liberales, que en España no son otras que las que benefician a las más grandes empresas, la libertad que puede alcanzarse solo es la misma que Anatole France decía irónicamente que proporcionaba el derecho en nuestras sociedades: “La Ley -decía-, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.

De hecho, la paradoja más grande que tienen los mercados es que, incluso si se dieran las condiciones que les permitieran ser completamente eficientes con carácter general, es decir, en todos los ámbitos de la economía, se necesitaría una autoridad central, o hablando en plata un dictador, que distribuyera satisfactoriamente la renta.

La razón es sencilla y la explico con más detalle en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas (Ediciones Deusto): de ser eficientes (lo que ya de por sí es dudoso), los mercados solo lo serían logrando que los sujetos económicos adquieran los bienes y servicios en su uso más valioso o más barato. Pero es evidente que para que los sujetos puedan adquirir (eficientemente) esos bienes y servicios deben de haber dispuesto ya de ingresos. Y también lo es que, una vez adquiridos los bienes, la distribución de esos ingresos ya es diferente a como lo era antes del intercambio realizado. Por tanto, para que se pueda decir que los intercambios llevados a cabo en los mercados proporcionan a todos los sujetos (a la sociedad en general) la máxima satisfacción o bienestar, es imprescindible que todos los sujetos estén satisfechos con la distribución de la riqueza inicial y con la resultante. Y como esa satisfacción no la puede dar por definición el mercado ha de darla una autoridad central, el dictador. Un significativo detalle que se le olvida mencionar a los liberales cuando nos quieren hacer creer que al defender el mercado defienden la libertad.

Mercado y libertad son dos conceptos que, en realidad, no tienen por qué coincidir y que, en las condiciones de mercados imperfectos que crean las políticas liberales, es cuando menos coinciden. Los liberales defienden el mercado que les conviene a los grandes oligopolios pero de esa forma no defienden ni la competencia, ni la eficiencia ni, por supuesto, la libertad.

Fuente:
http://www.juantorreslopez.com/liberales-defienden-el-mercado-pero-no-la-libertad/#more-7858

Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para “acabar” con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque “Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces”.

Ante semejante “argumento” decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.

Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases  medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza “para robar” a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.

Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.

Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienen caso  de menor nivel económico).

LAS MENTIRAS DEL PP

– “El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares”.

Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).

– “El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces”.

Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.

– “El impuesto sobre sucesiones “confisca como los impuestos de la Edad Media” la riqueza de los andaluces”.

Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento.

Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que “Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces” (aquí).

– “El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres”.

Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).

– “El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras”.

Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?

– “Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid”.

Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.

– “Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres”.

Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.

– “El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo”.

Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar.

Afirmar, como hace el PP en su página web, que “aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias” (aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.

– “Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones”.

Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP (aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.

– “Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares”.

Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.

– “El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres”.

Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.

Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).

– Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o “lo roba Susana”.

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.

– “El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas”.

Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias ha sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.

En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: “Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación… y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes” (la noticia aquí).

– “El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja”.

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).

Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).

– (La Junta de Andalucía) “valora un inmueble muy encima del valor de mercado”.

Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle (en un video que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.

– “El impuesto lleva a la ruina”.

Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).

– Según el impuesto “a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros”.

Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo video para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son muy minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.

– “La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto”.

Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo video es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al gobierno central y no a la Junta de Andalucía.

– El impuesto sobre sucesiones “no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad”.
Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el video) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.

Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía “el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo”. Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo “mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”.

– “La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones”.

Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789 y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (En Francia las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe porque se hereda mucho más tarde que antes (Alternatives Economiques, nº 366, p. 27).

Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?

Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio. Las necesarias reformas del impuesto

¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones?
Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democrática para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.

Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.

La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.

En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.

En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).

En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el “salto” cuando se superan los límites establecidos.

Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.

Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.

Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa…. no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!

Publicado en eldiario.es Ganas de escribir http://www.juantorreslopez.com/7842-2/

Economía española: Lo que ofrece Rajoy, lo que España necesita.

Juan Torres López

Ganas de escribir

Hay que reconocer que Mariano Rajoy ha sido el líder más inteligente en estos últimos meses. Ha conseguido llevarse el gato al agua, aunque lo ha hecho de una forma bien expresiva de lo que puede esperarse de él y de su partido: dejando hacer y pasar a los demás y limitándose a recoger parsimoniosamente el fruto de los errores ajenos.

Ahora, con su nuevo gobierno empieza una nueva fase que en lo esencial no cambiará mucho de la primera, aunque tendrá nuevas consecuencias porque las circunstancias ya no son las mismas.

En su primer mandato se ha limitado a hacer lo contrario de lo que había predicado y a soslayar cuando le ha convenido los mandatos más equivocados de Bruselas que decía compartir, consciente como debe ser de que detrás de ellos solo hay intereses y fundamentalismo ideológico y no una respuesta acertada a nuestros problemas económicos ni conveniente para nuestros intereses.

Su política es la de favorecer que la gran empresa imponga el modelo de crecimiento y la disciplina laboral, que la devaluación salarial se convierta en nuestra estrategia de competitividad y que la deuda (es decir, el negocio bancario) siga siendo el motor de la economía. Y, en lugar de poner en marcha con integridad la política de austeridad que le imponía Bruselas, ha sido suficientemente inteligente como para descargar los sacrificios de gasto sobre ayuntamientos y comunidades autónomas (a costa de la mayoría de las políticas de bienestar social que suelen corresponder a estas administraciones) y para sortear en la mayor medida de lo posible (y aunque eso haya sido a base de realizar constantes trampas en las cuentas públicas) sus exigencias de déficit. Así, lo que ha hecho el gobierno de un Partido Popular que presume de “liberal” es dar un empuje pseudo-keynesiano a sus políticas, lo que, unido a la mejor coyuntura exterior, ha permitido que la economía española presente ciertos síntomas de mejora en los dos últimos años. La paradoja es que el PP ha conseguido vender su gestión como de éxito económico haciendo justamente lo contrario de lo que decía que había que hacer para tener éxito en la gestión económica. Mariano Rajoy en estado puro.

Lo que ahora posiblemente va a ocurrir es que el gobierno tendrá que dar ciertas cuentas de esa gestión con la que ha conseguido engañar a todo el mundo. Bruselas le exigirá los recortes que compensen sus desajustes anteriores, se entrará en una nueva fase de contención de gasto tras la alegría pre-electoral y eso puede producir un frenazo de la ya de por sí limitada expansión (inesperadamente prolongada por el impasse de casi un año que hemos vivido en la formación del gobierno). Sobre todo, si la coyuntura exterior no mejora sensiblemente. Pero como la legislatura tiene muchos componentes de inestabilidad y Rajoy querrá salvar sus muebles es muy posible que su gobierno siga limitándose a afrontar el día a día con luces cortas y sin la menor intención de meterse en las complicaciones que supone realizar cambios de demasiada envergadura. No creo que se pueda esperar otra cosa que más de lo mismo que hemos visto en la segunda fase de la anterior.

Mientras tanto se van a quedar sin afrontar los grandes problemas que a mi juicio sigue teniendo pendiente la economía española.

El primero es la creciente pérdida de peso de los salarios en la renta nacional que, además de otras consecuencias no menos importantes, dinamita los motores endógenos de la actividad económica y destruye a las empresas y al tejido empresarial que viven del mercado interno (que suelen ser intensivos en empleo) en un contexto en el que el externo no nos resulta demasiado favorable.

El segundo, una dinámica de generación de deuda que puede llegar a ser insoportable a poco que suban los tipos de interés, se frene la ya de por sí débil recuperación de la actividad o se pongan en claro algunas sospechosas incoherencias de nuestras cuentas públicas que podrían estar sobrevalorando el PIB y ocultando la verdadera magnitud de nuestro endeudamiento.

El tercero, nuestra dependencia de las cada vez más insoportables y equivocadas directrices que emanan de Bruselas y que, entre otras muchas cosas, es la responsable de la pérdida continuada de activos bajo control nacional y de fuentes de riqueza que nos permitan apropiarnos de su valor añadido.

El cuarto, y unido a todo lo anterior, la pérdida de tejido productivo y la externalización de nuestros mejores activos y de la decisión sobre ellos.

Y si fuese necesario resumir todos esos problemas en uno solo o principal, nuestra escasa capacidad para generar valor añadido y, sobre todo, para apropiarse de él. Una patología que cualquiera puede percibir sin necesidad de palabra alguna, por ejemplo, cuando pasea por cualquier ciudad inglesa o alemana y encuentra más paneles solares que en cualquier lugar de la soleada España.

España necesita a mi juicio un gran pacto de rentas orientado a salvar el mercado interno teniendo en cuenta que éste vive en gran parte de la masa salarial.

Necesita un pacto fiscal que imponga eficacia y equidad en la recaudación y que reconsidere al mismo tiempo todas las políticas de gasto.

Necesita un pacto de soberanía que nos permita hacernos fuertes y defender los intereses nacionales en la Unión Monetaria.

Y necesitamos una estrategia ampliamente compartida orientada a recuperar nuestro tejido productivo y a poner en marcha una estrategia de reactivación sostenible.

Puede parecer una perogrullada pero ninguna economía puede salir adelante con un mínimo de éxito si (como le viene pasando a la española) su industria, su sector primario y sus servicios de alto valor añadido van a menos.

El problema principal a la hora de avanzar en esa dirección es que no cabe esperar que el PP haga otra cosa que servir a quienes no tienen el más mínimo interés en que la economía española cambie, porque son los que se aprovechan de su estado actual. Y, por otro lado, que los errores que han cometido las direcciones del PSOE y de Podemos en esta última coyuntura han sido tan clamorosos y desgraciados que seguramente costará tiempo crear condiciones tan favorables como las que ha habido para cambiar la correlación de fuerzas y el escenario político.

Fuente:
http://www.juantorreslopez.com/economia-espanola-lo-que-ofrece-rajoy-lo-que-espana-necesita/