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martes, 7 de agosto de 2018

Préstamos a estudiantes, una experiencia negativa e incluso peligrosa

Juan Torres López
CTXT

En casi todos los países donde existen esta práctica la deuda es creciente y se alimenta a sí misma. Eso es lo que lleva a pensar que el sistema es insostenible o que terminará estallando en algún momento

Un grupo de economistas vinculados a FEDEA acaba de publicar una propuesta de financiación de la universidad basada en la concesión de créditos a estudiantes a semejanza de lo que ya ocurre en otros lugares del mundo.

FEDEA es una fundación financiada principalmente por la banca y es lógico que los economistas que trabajan en su seno hagan propuestas como ésta, que está clara y casi exclusivamente orientada a aumentar el negocio bancario, es decir, la deuda. La banca no tira el dinero y es legítimo que financie a quien defiende sus intereses haciendo propuestas que aumentan su cuenta de resultados. Pero, precisamente por eso, es imprescindible que la ciudadanía sea consciente de que las “soluciones” que se lanzan como científicas y objetivas por fundaciones de apariencia neutral no lo son en realidad, sino que forman parte del negocio de quien financia a sus autores. En este caso, de la banca, cuyo negocio es sencillamente el de crear deuda convirtiendo de cualquier manera a los individuos y a las empresas, a la economía en general, en consumidores compulsivos de crédito.

En 2015 escribí un documento sobre la naturaleza de los créditos a estudiantes sobre su funcionamiento y sus consecuencias reales en los países donde han funcionado (incluyendo España). Como la nueva propuesta de FEDEA pone de nuevo de actualidad el tema voy a resumir a continuación sus principales conclusiones. Quien desee leer el documento completo, con el análisis concreto de las experiencias y los datos de donde obtengo mis conclusiones puede hacerlo aquí:
Los prestamos a estudiantes: una mala vía para financiar la universidad 

http://ctxt.es/es/20180704/Firmas/20646/Juan-Torre-Lopez-prestamos-estudiantiles-FEDEA-deuda.htm


Es cierto que el sistema de préstamos a estudiantes para financiar los estudios universitarios es complejo, que las diferentes experiencias son muy diversas y aún es pronto para conocer con total seguridad cuáles son sus resultados finales. Pero si se analiza con un mínimo de rigor y objetividad la literatura científica disponible se pueden establecer algunas conclusiones básicas sobre sus resultados en los países en donde se lleva aplicando algún tiempo.

En primer lugar, hay que señalar que prácticamente en todos los países donde existen estos préstamos a estudiantes la deuda es creciente y se alimenta a sí misma (Brown y otros 2015a). Y eso es lo que lleva a pensar que el sistema es insostenible o que terminará estallando en algún momento, después de provocar grandes problemas financieros y personales. Según la Reserva Federal, la deuda estudiantil en Estados Unidos ha pasado de 600.000 millones de dólares a 1,5 billones en la actualidad en solo 10 años. Y algo parecido viene ocurriendo en Inglaterra y otros países, aunque es verdad que en menor escala, de momento.

Los análisis de cohortes que se realizan en diversos países son claros en este sentido (Brown y otros 2015b): los estudiantes terminan pagando una cantidad considerablemente mayor de la inicial y eso hace que los impagos se multipliquen. En Estados Unidos, a medida que avanzan las cohortes aumentan el porcentaje de impagos y el montante de la deuda. La cohorte de 2005 en Estados Unidos tendría que haber desembolsado ya el 90% de su deuda inicial pero solo ha pagado el 38%. Y la de 2010 solo ha desembolsado el 9%. Más de la mitad de la cohorte de 2009 ha dejado de pagar o ve aumentar su deuda.

El porcentaje de impagos aumenta también claramente a medida que pasa el tiempo. A los cinco años del inicio del reembolso de la deuda, se había impagado el 21% de los préstamos de la cohorte del año 2005. Pero la cohorte de 2009 tenía ya un porcentaje de impagos del 26% a los cinco años de haber empezado el reembolso.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los préstamos a estudiantes no se establecen porque se haya demostrado que con ellos se disponga de una vía más adecuada para financiar la enseñanza universitaria sino para ahorrar gasto público. Así se ha reconocido explícitamente en algún documento gubernamental, como en el caso británico (Department for Business, Innovation and Skills (2011).

Diversos estudios de entidades tan poco sospechosas como el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Federal Reserve of New York 2014) o el Banco de Francia (Mistretta-Belna 2014) han reconocido los problemas de todo tipo que está generando el sistema y el incremento extraordinario de la deuda que lleva consigo. Y los principales aspectos críticos que se suelen poner de manifiesto en la literatura científica que ha evaluado el sistema de préstamos a estudiantes son los siguientes.

– Los préstamos estudiantiles no solo han provocado una deuda gigantesca que por sí misma es peligrosa, sino que también han afectado negativamente al consumo y al ahorro de las familias. En Estados Unidos se ha podido comprobar que existe una fuerte correlación entre este tipo de deuda y la disminución del consumo y la compra de viviendas o de automóviles, por ejemplo.

– También se ha comprobado que el sistema de préstamos genera exclusión porque los estudiantes más endeudados tienen además dificultades añadidas a la hora de acceder a otras vías de financiación, lo que disminuye sus posibilidades de acceso a nuevas fuentes de rentas.

– La suscripción de préstamos y el aumento de la deuda estudiantil va de la mano del retraso en la creación de familias. Y también de la prostitución de miles de estudiantes. Uno de los más grandes portales de citas y encuentros sexuales incluso tiene una entrada especial con el señuelo explícito de encontrar financiación para pagar la deuda estudiantil: Say goodbye to college debt.

– También se ha puesto de relieve que el sistema es muy dependiente del ciclo económico. En fases de crisis o recesivas aumentan los impagos y las dificultades para hacerles frente, provocando una dinámica que refuerza la caída de la actividad.

– Estos préstamos generan problemas financieros tanto si son asumidos por la banca privada como si no. En el primer caso, los bancos proceden a titulizarlos (convirtiéndolos en nuevos productos financieros), generando antes o después, como en Estados Unidos, burbujas o añadiendo problemas a los que vienen ocasionando la inestabilidad financiera de nuestros días. Y la deuda también puede terminar vendiéndose en los mercados financieros aunque el sistema se base en préstamos concedidos por el sector público o con dinero de los contribuyentes (el gobierno británico reconoció que se lo plantea y que estudia diversas posibilidades de hacerlo).

– Cuando el sistema de préstamos va acompañado de subidas en los gastos de escolarización (lo que ha ocurrido casi siempre) se produce, como en el caso claro del Reino Unido, una disminución de la demanda de estudios universitarios por razones de renta y, por tanto, inequitativa e ineficiente pues puede dar lugar a que dispongan de titulaciones no quienes estén más preparados sino quienes gocen de más recursos familiares.

– El sistema de préstamos se basa en una idea falsa: que quien se beneficia de la inversión en estudios universitarios es el propio estudiante. Pero es evidente que eso es cierto solo parcialmente puesto que la sociedad en su conjunto también se beneficia, y eso es lo que justifica que la enseñanza universitaria se financie, en todo o al menos en parte, con recursos públicos.

– Cuando se recurre a préstamos y se establece el principio de que deben ser los propios individuos quienes asuman la carga financiera de sus estudios lo que ocurre es que los gobiernos tienen más fácil desentenderse de su financiación, cuando se ha podido comprobar que ésta es fundamental para garantizar que el sistema sea eficiente, suficiente y justo y funcione adecuadamente.

– También se ha podido comprobar que los costes que pueden llegar a suponerle al Estado (por ejemplo, cuando ha de hacer frente a avales por impagos o por costes de administración del sistema) pueden encarecerse tanto que el sistema de préstamos ni siquiera suponga un ahorro de gasto público respecto al mejor sistema de becas.

– Cuando se toman en cuenta todos los factores que hay que considerar (coste general, equidad, incentivos, balance de costes y beneficios sociales...) no está de ningún modo claro, ni se ha podido demostrar que recurrir a préstamos sea más eficaz, más económico o más equitativo que proporcionar becas.

– Aunque no sea el tipo de crédito más rentable para la banca, el sistema siempre supone un negocio para ella, bien como financiadora directa o porque fideliza clientes o porque le proporciona recursos para generar nuevos negocios en los mercados financieros.

– La literatura científica suele concluir señalando algunas condiciones que, en todo caso, parece que son las que deberían darse para que un sistema de préstamos no genere problemas de ese tipo, o para que sus inconvenientes no sean mayores que las ventajas. Entre ellas, que sea menos costoso que el de becas (lo que, como acabamos de señalar, ni siquiera está asegurado); que haya una buena administración específica del sistema para demorar sin dificultades los pagos cuando no se puedan hacer por razones temporales; que la administración fiscal sea fuerte y eficiente, puesto que conviene que esté vinculada con ésta última; que haya voluntad política de perseguir a los malos pagadores con capacidad para pagar; que los préstamos se utilicen en alguna medida como incentivos para determinadas titulaciones; que no se utilice el sistema como una renta básica disimulada; que el sistema financiero sea sofisticado y solvente; que no haya elevados niveles de paro; que se produzcan economías de escala (porque se sabe que el sistema funciona mejor cuando está más extendido); o que se subsidien los intereses. En otras circunstancias no solo no se puede asegurar que el sistema sea bueno o mejor que cualquiera otro, sino que puede inferirse que lo más seguro es que provoque costes sociales, públicos y personales elevados, problemas financieros y administrativos graves e incluso consecuencias macroeconómicas muy negativas.

En cualquier caso, y antes de establecer este sistema, se debe abrir un debate amplio, plural y riguroso sobre las consecuencias de mercantilizar la educación. Hay que evaluar previamente los costes y beneficios de todo tipo de este sistema en relación con el de becas. Debe disponerse una administración específica y de recursos financieros que impidan que aquí se reproduzcan los males de otros países. Y deberían tenerse en cuenta las condiciones de entorno (paro, desigualdad de partida, previsiones económicas...) para evitar que el sistema colapsara incluso antes de haber llegado a consolidarse.

Pero la propuesta de FEDEA no va por aquí. Es un simple camino corto para que la banca siga haciendo negocio convirtiendo la economía española en una bomba de deuda.

La aplicación del sistema en España (sin economía de escala, sin administración ad hoc, con alto nivel de paro, con paro juvenil elevado que expresa poco aprecio a los valores de la educación, con un sistema bancario propicio al riesgo, poco riguroso y con grandes privilegios) puede ser muy negativo desde todos los puntos de vista. Así se ha podido comprobar incluso cuando el volumen de préstamos concedidos hasta ahora ha sido bastante bajo. Juan Torres López es economista. Es miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

lunes, 27 de marzo de 2017

Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para “acabar” con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque “Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces”.

Ante semejante “argumento” decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.

Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases y medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza “para robar” a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.

Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.

Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienen caso  de menor nivel económico).

LAS MENTIRAS DEL PP

“El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares”.

Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).

“El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces”.

Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.

“El impuesto sobre sucesiones “confisca como los impuestos de la Edad Media” la riqueza de los andaluces”.

Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento.

Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que “Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces” (aquí).

“El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres”.

Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).

“El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras”.

Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?

“Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid”.

Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.

“Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres”.

Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.

“El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo”.

Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar.

Afirmar, como hace el PP en su página web, que “aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias” (aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.

“Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones”.

Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP (aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.

“Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares”.

Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.

“El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres”.

Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.

Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).

Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o “lo roba Susana”.

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.

“El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas”.

Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias ha sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.

En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: “Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación… y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes” (la noticia aquí).

“El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja”.

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).

Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).

– (La Junta de Andalucía) “valora un inmueble muy encima del valor de mercado”.

Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle (en un video que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.

“El impuesto lleva a la ruina”.

Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).

– Según el impuesto “a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros”.

Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo video para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son muy minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.

“La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto”.

Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo video es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al gobierno central y no a la Junta de Andalucía.

El impuesto sobre sucesiones “no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad”.
Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el video) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.

Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía “el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo”. Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo “mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”.

“La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones”.

Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789 y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (En Francia las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe porque se hereda mucho más tarde que antes (Alternatives Economiques, nº 366, p. 27).

Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?

Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio. Las necesarias reformas del impuesto

¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones?
Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democrática para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.

Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.

La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.

En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.

En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).

En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el “salto” cuando se superan los límites establecidos.

Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.

Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.

Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa…. no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!

Publicado en eldiario.es Ganas de escribir http://www.juantorreslopez.com/7842-2/