Por Vicenç Navarro |
Fuentes: Público
Una situación insostenible: la enorme crisis social urbana
Uno de los mayores problemas sociales que existen en España (y muy en especial en las grandes ciudades) es el elevado coste del alquiler. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), España es el país en la OCDE (el colectivo de países más ricos del mundo) que peor relación tiene (después de Polonia) entre los precios de la vivienda (incluyendo el alquiler) y los ingresos familiares. Según el Global Housing Watch del FMI, en España más del 40% (en Barcelona el 42,7%) de los ingresos familiares se dedican a pagar el alquiler, porcentajes mucho más altos, por ejemplo, que en Francia, Suiza o Alemania, donde tales porcentajes son del 16,5%, el 18,2% y el 23% respectivamente (para mayor información sobre las consecuencias sociales de la enorme carestía de viviendas de alquiler asequibles, ver mi artículo Uno de los derechos constitucionales más ignorados en España: el derecho a la vivienda, Público, 10.05.2018).
La ignorada y/o silenciada crisis social urbana
Esta enorme carga está significando un sacrificio enorme para las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en las urbes más grandes del país, que ha visto como su capacidad adquisitiva se reducía de una manera muy notable durante el fenómeno económico conocido como la Gran Recesión. Mientras los alquileres han subido a unos porcentajes elevadísimos (según un estudio del ayuntamiento de Barcelona, el precio del alquiler en los últimos cinco años ha aumentado un 40%), los salarios han bajado de tal manera que los salarios de los trabajadores de la región metropolitana de Barcelona –que representa el 43% de la población de Catalunya– siguen por debajo de los que había en el año 2010. Esta situación está creando una de las mayores crisis sociales de Barcelona, que paradójicamente es ignorada, cuando no silenciada, en los fórums del establishment político-mediático del país, que se centra en la gran recuperación que ha experimentado, en teoría, la economía española. Según los indicadores utilizados en las noticias económicas de tal establishment, la ciudad de Barcelona, hasta hace unos meses, estaba recuperándose magníficamente: el PIB creció nada menos que un 2,6% en 2018; el número de empresas exportadoras, un 4% en cinco años; la ocupación ha crecido un 13%; las tasas de paro se han reducido; y un largo etcétera. Pero el punto clave que define el nivel de vida, los salarios, sin embargo, han bajado y el alquiler ha subido, disminuyendo con ello de una manera significativamente la calidad de vida de la mayoría de las clases populares, que por fuerza están abandonando la ciudad. La gentrificación (que es la expulsión de la clase trabajadora de la ciudad) es la característica de la «deseada nueva» Barcelona soñada por el establishment político-mediático neoliberal de Catalunya y del resto de España.
La protesta popular
No es, pues, sorprendente, que haya habido una protesta generalizada por tal situación, liderada por unos movimientos sociales que fueron determinantes en el cambio que tuvo lugar en el ayuntamiento de Barcelona, encabezado desde 2015 por una alcaldesa, Ada Colau, que en su día había liderado dichos movimientos. También como resultado de este y otros movimientos sociales que se crearon como protesta hacia las políticas neoliberales (llevadas a cabo por el Estado central bajo los gobiernos Zapatero y Rajoy en Madrid, y primordialmente bajo Artur Mas y Puigdemont en Catalunya), como el 15-M, han aparecido nuevas formaciones políticas como Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común que al establecer un espacio compartido, en alianza con una renovada IU, han alcanzado fuerza suficiente para establecer una coalición, con el también renovado PSOE, que gobierna hoy en España, con un programa que incluye una serie de medidas para corregir esta situación, que ha alcanzado niveles dramáticos en este país. Y una de ellas es regular el precio del alquiler. Como era también previsible, tales propuestas han generado una movilización de los economistas neoliberales (de distintas sensibilidades) cuyas políticas (que protegieron excesivamente al propietario a costa del inquilino) han sido responsables de la enorme crisis social derivada del aumento desmesurado del alquiler, y que ahora han utilizado las cajas de resonancia que les ofrecen la mayoría de los medios de información y persuasión en España (de clara tendencia neoliberal) para promover sus fake news a fin de desacreditar tales propuestas.
Las falsedades neoliberales
Una de las falsedades más reproducidas por tales gurús es que en aquellos países donde esta intervención (la regulación de los precios del alquiler) se ha llevado a cabo ha fracasado. Es interesante que tales fake news se hayan estado distribuyendo casi al mismo tiempo que haya ido creciendo el número de países donde se han ido aprobando leyes que permiten a las ciudades regular el precio de los alquileres. Uno de ellos es EEUU, el país que los neoliberales suelen tomar como punto de referencia. En realidad, este país tiene muchas ciudades que aplican un control de los alquileres, siendo el caso más conocido el de Nueva York, donde nada menos que el 50% de las viviendas de alquiler en aquella ciudad tiene regulado su precio. Tales medidas han sido reforzadas por el Estado de Nueva York hace solo unos meses frente a la oposición del sector inmobiliario, pero con un gran apoyo entre la mayoría de la población. El gobernador del Partido Demócrata de aquel Estado, el Sr. Cuomo, firmó una ley en esta línea, propuesta por el parlamento de dicho Estado. El objetivo de esta ley es, como indicó el presidente del Parlamento de Nueva York, «eliminar el excesivo poder del sector inmobiliario para ayudar y proteger al inquilino» (ver el artículo Landmark Deal Reached on Rent Protections For Tenants in New York, The New York Times, 19.06.2019). Les aseguro que ni el alcalde de Nueva York ni el gobernador del Estado del mismo nombre son extremistas radicales o «ultraizquierdistas», tal y como son definidos aquellos que en España sugieren medidas semejantes. Como he dicho, hay muchos Estados en Estados Unidos que permiten a las ciudades regular el precio del alquiler.
Y un tanto igual ocurre en muchos países de la UE.
Naturalmente que hay varias formas de regulación o control del precio del alquiler, como las de Berlín, París, Viena, etc., ciudades todas ellas que tienen una legislación en cuanto a ello autorizada por sus respectivos Estados (que todavía no existe en España y es precisamente lo que está proponiendo el gobierno de coalición de izquierdas, definido como de «extrema izquierda» por las ultraderechas, que se definen de «centro»). El que aún no se haya hecho es debido al enorme dominio que el pensamiento neoliberal -que favorece los derechos de la propiedad por encima de todos los demás- tiene en los establishments político-mediáticos del país. Pero es necesario recordar a tales establishments que la tan manida y manipulada Constitución Española establece en su artículo 33 que los derechos de la propiedad privada estarán condicionados por la función social de tales derechos, y entre ellos está el artículo 47, que dice que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada«. El Estado tiene que garantizar este derecho empoderando a las ciudades (como el Ayuntamiento de Barcelona) para que puedan aplicar medidas que lo garanticen. Así de claro.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.
Fuente: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2020/03/11/el-escandaloso-problema-del-elevado-coste-del-alquiler/
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lunes, 27 de abril de 2020
sábado, 25 de enero de 2020
Crítica a Thomas Piketty, ¿incremento de desigualdades o de explotación?
Vicenç Navarro
Público
El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades. Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación , raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.
Qué es explotación
En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta a ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.
El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación
Portada del libro Capital e Ideología, de Thomas Piketty
Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se pueden entender la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”.
La explotación de clase durante la Gran Recesión
Esta observación se aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad. La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.
Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Naturalmente tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.
Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobra conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora, causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.
La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores
Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los diferentes países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.
Hoy la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el Gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.
Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos gravando al capital y las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España. Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/28/critica-a-thomas-piketty-incremento-de-desigualdades-o-de-explotacion/
Público
El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades. Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación , raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.
Qué es explotación
En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta a ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.
El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación
Portada del libro Capital e Ideología, de Thomas Piketty
Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se pueden entender la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”.
La explotación de clase durante la Gran Recesión
Esta observación se aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad. La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.
Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Naturalmente tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.
Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobra conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora, causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.
La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores
Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los diferentes países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.
Hoy la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el Gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.
Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos gravando al capital y las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España. Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/28/critica-a-thomas-piketty-incremento-de-desigualdades-o-de-explotacion/
jueves, 2 de enero de 2020
El enorme daño causado por los economistas neoliberales.
Vicenc Navarro
Público
Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía en el año 2001), escribió un artículo publicado en la revista Social Europe, The end of neoliberalism and the rebirth of history (26.11.19), en el que señalaba las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas neoliberales (que incluían reformas laborales encaminadas a debilitar a los sindicatos y facilitar el despido de los trabajadores, así como políticas de austeridad con el intento de disminuir la protección social mediante recortes del gasto público social) en la calidad democrática de los países a los dos lados del Atlántico Norte (incluyendo España), así como en el bienestar de las clases populares de los países donde tales políticas se han estado aplicando. La evidencia de que ello ha sido así es clara y contundente.
El objetivo del artículo de Stiglitz era denunciar a los economistas que han promovido tal ideología política (el neoliberalismo), los cuales han alcanzado un dominio casi completo en fórums donde se reproduce la sabiduría convencional de los establishments políticos y mediáticos. Tal dominio ha sido promovido por las élites financieras y empresariales, así como por los sectores más pudientes de la población, que han ejercido (y continúan ejerciendo) una enorme influencia sobre tales establishments y que eran, y son, los que se benefician más de la aplicación de tales políticas, beneficios que están basados, según Stiglitz, en una enorme explotación de las clases populares, cuya calidad de vida ha empeorado considerablemente como resultado de la aplicación de esas políticas. Una de las consecuencias de esta realidad ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades en la mayoría de estos países en los que tales políticas se han aplicado.
El principio básico del dogma neoliberal, según Stiglitz
Detrás de un lenguaje aparentemente científico, los economistas neoliberales han estado promoviendo un principio muy sencillo y que raramente aparece explícito en su argumentario. Tal principio es que “la eficiencia del sistema económico requiere incrementar la riqueza de los de arriba (las élites financieras y empresariales, así como las profesionales a su servicio), a fin de que tal riqueza vaya extendiéndose a los de abajo, que son todos los demás”. Este principio ha estado vigente siempre en las “ciencias” económicas dominantes, habiendo alcanzado niveles extremos durante la Gran Recesión. Según dicho dogma (y no hay otra manera de definirlo), lo que beneficia a los propietarios y gestores del capital financiero, así como de las grandes empresas del país (que son una minoría de la población), beneficia automáticamente a la mayoría de la población.
El problema con tal ideología es que los datos no muestran esta realidad, pues las rentas de los primeros han ido creciendo muy significativamente durante todos estos años de neoliberalismo imperante, mientras que las de los segundos ha ido descendiendo. En todos estos países del capitalismo desarrollado, las rentas derivadas del trabajo han ido disminuyendo como porcentaje de todas las rentas, mientras que las rentas derivadas de la propiedad del capital han ido aumentando. Y dentro de la masa salarial, ha habido también una enorme polarización de los salarios, con una minoría que se ha visto muy beneficiada a costa de una mayoría que se ha visto muy perjudicada.
La abusiva promoción del neoliberalismo por parte de los establishments políticos y mediáticos
En este escenario, Stiglitz señala que tales economistas neoliberales eran los que aparecían (y añadiría yo que en España continúan apareciendo) en los mayores medios de información, monopolizando el área de lo que se presenta como “ciencias” económicas, marginando, impidiendo y silenciando las voces críticas que no comulgaban con las falacias que sostenían sus argumentos y propuestas. Los primeros eran los ortodoxos del dogma neoliberal, que marginaban a los heterodoxos, definidos como “ideólogos” o “demagogos”.
Ahora bien, el fracaso del neoliberalismo es tan patente, claro y contundente que por fin se ha visto que “el rey estaba desnudo” y hoy, según Stiglitz, estamos viendo el fin del dogma neoliberal, que se había iniciado en los años ochenta del siglo pasado con la revolución neoliberal empezada por el presidente Ronald Reagan en EEUU y por la Sra. Margaret Thatcher en el Reino Unido, y que fue asimilada más tarde por lo que se definía como la Tercera Vía en EEUU (Clinton) y en la Unión Europea (Blair, Schröder y Zapatero). Esta revolución causó, en última instancia, la Gran Recesión, la cual acentuó todavía más los efectos negativos de tales políticas. Dicho fracaso es también la causa de la enorme crisis de legitimidad política que viven las democracias liberales en EEUU y en Europa. Esta conclusión de Stiglitz es, según mi parecer, excesivamente optimista, pues si bien es cierto que tales políticas neoliberales están desacreditadas extensamente en gran parte de los círculos académicos y en algunas agencias internacionales, no lo está tanto en las esferas políticas y mediáticas de muchos países, siendo España uno de ellos.
El gran fracaso del neoliberalismo en España
Todo lo que Stiglitz define, critica y denuncia puede aplicarse totalmente a España. Este es uno de los países donde tales políticas se han aplicado más clara y contundentemente. Como consecuencia de ello, España está, en cuanto a indicadores de calidad de vida de las clases populares se refiere, a la cola de los países capitalistas desarrollados. Un indicador tras otro muestran que, en temas de bienestar, estamos a la cola de los países a los dos lados del Atlántico Norte. Los elevados porcentajes de precariedad en el mercado de trabajo, la elevada tasa de desempleo, el bajo nivel de los salarios, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad y de las rentas, el bajo gasto público social, la escasa protección social, etc., muestran que estamos entre los peores países. Miren los datos y lo verán (ver mi libro Ataque a la democracia y al Bienestar, Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Echen un vistazo a los gurús económicos que aparecen en los grandes medios (radiofónicos y televisivos) y verán que la única diferencia entre ellos es que unos proponen la versión dura del neoliberalismo y los otros su versión blanda, presentando inexactitudes (con gran pomposidad y arrogancia) como “verdades científicas”, aunque en realidad sean falsedades que carecen de credibilidad. En tales fórums es muy infrecuente que aparezca una voz crítica con tal dogma.
Todo esto que está ocurriendo era muy predecible, y así lo hicimos unos pocos
Efectivamente, todo lo ocurrido fue predicho. Véase, como ejemplo, mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Editorial Ariel Económica), escrito ya en 1997. En aquel libro indiqué que las políticas neoliberales que se estaban aplicando en los países capitalistas más avanzados causarían una enorme crisis económica. La derrota del mundo del trabajo, con la consiguiente disminución de los salarios y de la demanda doméstica, crearía dicha crisis, ya que forzaría a las familias y a las empresas pequeñas a endeudarse, lo que provocaría a su vez el gran crecimiento del sector financiero, que al invertir en los sectores de mayor rentabilidad como era el sector especulativo de la economía (del cual el inmobiliario era el más extendido) crearía burbujas que al explotar causarían una crisis financiera. Y todo lo que se predijo, ocurrió. Cuando la reina del Reino Unido pidió a un grupo de economistas cómo era posible que no hubieran sabido prevenir la crisis, el portavoz de dicho grupo, Luis Garicano, el gurú económico de Ciudadanos, no supo responder, cuando, en realidad, era muy fácil de ver si uno abandonaba la fe en el dogma neoliberal (siendo tal economista uno de sus más fervientes creyentes) para mirar simplemente la realidad que le rodeaba.
Los impactos sumamente negativos que presentaban tales políticas se justificaban bajo el lema de que “no había otras alternativas”. Juan Torres, Alberto Garzón y yo mostramos la enorme falsedad de tales propuestas, señalando que por cada recorte de gasto público social que dañaba a las clases populares, se podría haber hecho otro recorte, sustituyendo al anterior, que hubiera afectado a las clases más pudientes. Y también mostramos que el hecho de que no se escogiera una alternativa y no la otra se debía precisamente a la enorme influencia que tales clases pudientes tenían sobre el Estado español y sus partidos gobernantes.
Así pues, y como ya he indicado antes, lo que ocurrió era muy predecible, así como también lo fue la protesta popular en contra de la aplicación de tal dogma. En España dicha protesta tomó la forma del 15-M, el movimiento de los indignados, que tuvo un enorme impacto en el país y que tenía como objetivo la denuncia de la nula representatividad de las instituciones que se definen a sí mismas como representativas. El eslogan “no nos representan” lo decía todo. Fue un auténtico tsunami. Y de ahí nació un movimiento político-social, Podemos. Así fue como nos pidieron a Juan Torres i a mí que hiciéramos un borrador de su programa económico, que elaboramos en base a nuestra obra Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Editorial Sequitur, 2011), realizada conjuntamente con Alberto Garzón. Dicho programa fue mejorado más tarde por las deliberaciones y las discusiones dentro de aquella formación política.
La respuesta de hostilidad por parte del establishment político-mediático hacia dicho programa fue enorme. Y como era predecible, lo intentaron destruir, mintiendo y presentándolo como “escrito en Venezuela” (antes, durante la Guerra Fría, se utilizaban otros puntos de referencia, como Moscú o Pequín), cuando en realidad era un programa de sensibilidad kaleckiana, que quiere decir socialdemócrata de raíces escandinavas. La escasa densidad intelectual de las fuerzas conservadoras y neoliberales hace que en España (incluyendo Catalunya) se sustituya el debate por el insulto, magnificado en las cajas de resonancia que proporcionan los medios.
Las clases populares son conscientes de esta situación, de ahí que la clase política y los medios de información estén en España entre los menos valorados en la Unión Europea.
Pero el cambio es posible, y para ello es importante romper el fatalismo de aquellos que se muestran pasivos porque dicen que hay muy poco que se pueda hacer. Y una cosa que deberían hacer los lectores que son conscientes de este enorme desequilibrio es escribir cartas de protesta a tales medios de información para mostrar el desacuerdo con lo que están diciendo. Porque el nivel de estos medios es tal que deberían ser definidos como medios de persuasión y manipulación. Lo peor que puede ocurrir es que la gente se mantenga pasiva, absorbida por una mentalidad según la cual no se puede hacer nada para cambiar esta situación. Y este es precisamente el mensaje que tales medios continúan promoviendo, acentuando que no hay alternativas o algo parecido. Pero la evidencia científica muestra claramente que sí que las hay, y que no se hayan llevado a cabo se debe a que las élites financieras y económicas del país son determinantes en las políticas gubernamentales. Es necesario y urgente que esto cambie, porque, insisto, de haber alternativas sí que las hay. Lo que ha faltado hasta hoy ha sido voluntad política para aplicarlas. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.
http://www.vnavarro.org/
Fuente: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/27/el-enorme-dano-causado-por-los-economistas-neoliberales/
Público
Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía en el año 2001), escribió un artículo publicado en la revista Social Europe, The end of neoliberalism and the rebirth of history (26.11.19), en el que señalaba las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas neoliberales (que incluían reformas laborales encaminadas a debilitar a los sindicatos y facilitar el despido de los trabajadores, así como políticas de austeridad con el intento de disminuir la protección social mediante recortes del gasto público social) en la calidad democrática de los países a los dos lados del Atlántico Norte (incluyendo España), así como en el bienestar de las clases populares de los países donde tales políticas se han estado aplicando. La evidencia de que ello ha sido así es clara y contundente.
El objetivo del artículo de Stiglitz era denunciar a los economistas que han promovido tal ideología política (el neoliberalismo), los cuales han alcanzado un dominio casi completo en fórums donde se reproduce la sabiduría convencional de los establishments políticos y mediáticos. Tal dominio ha sido promovido por las élites financieras y empresariales, así como por los sectores más pudientes de la población, que han ejercido (y continúan ejerciendo) una enorme influencia sobre tales establishments y que eran, y son, los que se benefician más de la aplicación de tales políticas, beneficios que están basados, según Stiglitz, en una enorme explotación de las clases populares, cuya calidad de vida ha empeorado considerablemente como resultado de la aplicación de esas políticas. Una de las consecuencias de esta realidad ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades en la mayoría de estos países en los que tales políticas se han aplicado.
El principio básico del dogma neoliberal, según Stiglitz
Detrás de un lenguaje aparentemente científico, los economistas neoliberales han estado promoviendo un principio muy sencillo y que raramente aparece explícito en su argumentario. Tal principio es que “la eficiencia del sistema económico requiere incrementar la riqueza de los de arriba (las élites financieras y empresariales, así como las profesionales a su servicio), a fin de que tal riqueza vaya extendiéndose a los de abajo, que son todos los demás”. Este principio ha estado vigente siempre en las “ciencias” económicas dominantes, habiendo alcanzado niveles extremos durante la Gran Recesión. Según dicho dogma (y no hay otra manera de definirlo), lo que beneficia a los propietarios y gestores del capital financiero, así como de las grandes empresas del país (que son una minoría de la población), beneficia automáticamente a la mayoría de la población.
El problema con tal ideología es que los datos no muestran esta realidad, pues las rentas de los primeros han ido creciendo muy significativamente durante todos estos años de neoliberalismo imperante, mientras que las de los segundos ha ido descendiendo. En todos estos países del capitalismo desarrollado, las rentas derivadas del trabajo han ido disminuyendo como porcentaje de todas las rentas, mientras que las rentas derivadas de la propiedad del capital han ido aumentando. Y dentro de la masa salarial, ha habido también una enorme polarización de los salarios, con una minoría que se ha visto muy beneficiada a costa de una mayoría que se ha visto muy perjudicada.
La abusiva promoción del neoliberalismo por parte de los establishments políticos y mediáticos
En este escenario, Stiglitz señala que tales economistas neoliberales eran los que aparecían (y añadiría yo que en España continúan apareciendo) en los mayores medios de información, monopolizando el área de lo que se presenta como “ciencias” económicas, marginando, impidiendo y silenciando las voces críticas que no comulgaban con las falacias que sostenían sus argumentos y propuestas. Los primeros eran los ortodoxos del dogma neoliberal, que marginaban a los heterodoxos, definidos como “ideólogos” o “demagogos”.
Ahora bien, el fracaso del neoliberalismo es tan patente, claro y contundente que por fin se ha visto que “el rey estaba desnudo” y hoy, según Stiglitz, estamos viendo el fin del dogma neoliberal, que se había iniciado en los años ochenta del siglo pasado con la revolución neoliberal empezada por el presidente Ronald Reagan en EEUU y por la Sra. Margaret Thatcher en el Reino Unido, y que fue asimilada más tarde por lo que se definía como la Tercera Vía en EEUU (Clinton) y en la Unión Europea (Blair, Schröder y Zapatero). Esta revolución causó, en última instancia, la Gran Recesión, la cual acentuó todavía más los efectos negativos de tales políticas. Dicho fracaso es también la causa de la enorme crisis de legitimidad política que viven las democracias liberales en EEUU y en Europa. Esta conclusión de Stiglitz es, según mi parecer, excesivamente optimista, pues si bien es cierto que tales políticas neoliberales están desacreditadas extensamente en gran parte de los círculos académicos y en algunas agencias internacionales, no lo está tanto en las esferas políticas y mediáticas de muchos países, siendo España uno de ellos.
El gran fracaso del neoliberalismo en España
Todo lo que Stiglitz define, critica y denuncia puede aplicarse totalmente a España. Este es uno de los países donde tales políticas se han aplicado más clara y contundentemente. Como consecuencia de ello, España está, en cuanto a indicadores de calidad de vida de las clases populares se refiere, a la cola de los países capitalistas desarrollados. Un indicador tras otro muestran que, en temas de bienestar, estamos a la cola de los países a los dos lados del Atlántico Norte. Los elevados porcentajes de precariedad en el mercado de trabajo, la elevada tasa de desempleo, el bajo nivel de los salarios, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad y de las rentas, el bajo gasto público social, la escasa protección social, etc., muestran que estamos entre los peores países. Miren los datos y lo verán (ver mi libro Ataque a la democracia y al Bienestar, Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Echen un vistazo a los gurús económicos que aparecen en los grandes medios (radiofónicos y televisivos) y verán que la única diferencia entre ellos es que unos proponen la versión dura del neoliberalismo y los otros su versión blanda, presentando inexactitudes (con gran pomposidad y arrogancia) como “verdades científicas”, aunque en realidad sean falsedades que carecen de credibilidad. En tales fórums es muy infrecuente que aparezca una voz crítica con tal dogma.
Todo esto que está ocurriendo era muy predecible, y así lo hicimos unos pocos
Efectivamente, todo lo ocurrido fue predicho. Véase, como ejemplo, mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Editorial Ariel Económica), escrito ya en 1997. En aquel libro indiqué que las políticas neoliberales que se estaban aplicando en los países capitalistas más avanzados causarían una enorme crisis económica. La derrota del mundo del trabajo, con la consiguiente disminución de los salarios y de la demanda doméstica, crearía dicha crisis, ya que forzaría a las familias y a las empresas pequeñas a endeudarse, lo que provocaría a su vez el gran crecimiento del sector financiero, que al invertir en los sectores de mayor rentabilidad como era el sector especulativo de la economía (del cual el inmobiliario era el más extendido) crearía burbujas que al explotar causarían una crisis financiera. Y todo lo que se predijo, ocurrió. Cuando la reina del Reino Unido pidió a un grupo de economistas cómo era posible que no hubieran sabido prevenir la crisis, el portavoz de dicho grupo, Luis Garicano, el gurú económico de Ciudadanos, no supo responder, cuando, en realidad, era muy fácil de ver si uno abandonaba la fe en el dogma neoliberal (siendo tal economista uno de sus más fervientes creyentes) para mirar simplemente la realidad que le rodeaba.
Los impactos sumamente negativos que presentaban tales políticas se justificaban bajo el lema de que “no había otras alternativas”. Juan Torres, Alberto Garzón y yo mostramos la enorme falsedad de tales propuestas, señalando que por cada recorte de gasto público social que dañaba a las clases populares, se podría haber hecho otro recorte, sustituyendo al anterior, que hubiera afectado a las clases más pudientes. Y también mostramos que el hecho de que no se escogiera una alternativa y no la otra se debía precisamente a la enorme influencia que tales clases pudientes tenían sobre el Estado español y sus partidos gobernantes.
Así pues, y como ya he indicado antes, lo que ocurrió era muy predecible, así como también lo fue la protesta popular en contra de la aplicación de tal dogma. En España dicha protesta tomó la forma del 15-M, el movimiento de los indignados, que tuvo un enorme impacto en el país y que tenía como objetivo la denuncia de la nula representatividad de las instituciones que se definen a sí mismas como representativas. El eslogan “no nos representan” lo decía todo. Fue un auténtico tsunami. Y de ahí nació un movimiento político-social, Podemos. Así fue como nos pidieron a Juan Torres i a mí que hiciéramos un borrador de su programa económico, que elaboramos en base a nuestra obra Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Editorial Sequitur, 2011), realizada conjuntamente con Alberto Garzón. Dicho programa fue mejorado más tarde por las deliberaciones y las discusiones dentro de aquella formación política.
La respuesta de hostilidad por parte del establishment político-mediático hacia dicho programa fue enorme. Y como era predecible, lo intentaron destruir, mintiendo y presentándolo como “escrito en Venezuela” (antes, durante la Guerra Fría, se utilizaban otros puntos de referencia, como Moscú o Pequín), cuando en realidad era un programa de sensibilidad kaleckiana, que quiere decir socialdemócrata de raíces escandinavas. La escasa densidad intelectual de las fuerzas conservadoras y neoliberales hace que en España (incluyendo Catalunya) se sustituya el debate por el insulto, magnificado en las cajas de resonancia que proporcionan los medios.
Las clases populares son conscientes de esta situación, de ahí que la clase política y los medios de información estén en España entre los menos valorados en la Unión Europea.
Pero el cambio es posible, y para ello es importante romper el fatalismo de aquellos que se muestran pasivos porque dicen que hay muy poco que se pueda hacer. Y una cosa que deberían hacer los lectores que son conscientes de este enorme desequilibrio es escribir cartas de protesta a tales medios de información para mostrar el desacuerdo con lo que están diciendo. Porque el nivel de estos medios es tal que deberían ser definidos como medios de persuasión y manipulación. Lo peor que puede ocurrir es que la gente se mantenga pasiva, absorbida por una mentalidad según la cual no se puede hacer nada para cambiar esta situación. Y este es precisamente el mensaje que tales medios continúan promoviendo, acentuando que no hay alternativas o algo parecido. Pero la evidencia científica muestra claramente que sí que las hay, y que no se hayan llevado a cabo se debe a que las élites financieras y económicas del país son determinantes en las políticas gubernamentales. Es necesario y urgente que esto cambie, porque, insisto, de haber alternativas sí que las hay. Lo que ha faltado hasta hoy ha sido voluntad política para aplicarlas. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.
http://www.vnavarro.org/
Fuente: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/27/el-enorme-dano-causado-por-los-economistas-neoliberales/
sábado, 16 de noviembre de 2019
La enorme crisis social en Catalunya ignorada u ocultada en el debate electoral
Vicenç Navarro
Público.es
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas –la pública– ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas –municipales y autonómicas– .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya –por “Catalunya” se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán– absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema “España-Catalunya” desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que “España nos roba” ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como “trabajadores de la producción” y “trabajadores de servicios”. Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/06/la-enorme-crisis-social-en-catalunya-ignorada-u-ocultada-en-el-debate-electoral/
Público.es
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas –la pública– ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas –municipales y autonómicas– .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya –por “Catalunya” se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán– absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema “España-Catalunya” desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que “España nos roba” ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como “trabajadores de la producción” y “trabajadores de servicios”. Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/06/la-enorme-crisis-social-en-catalunya-ignorada-u-ocultada-en-el-debate-electoral/
jueves, 11 de abril de 2019
¿Quién quiere privatizar las pensiones públicas aunque diga lo contrario?
Juan Torres López
Ganas de escribir
En las últimas horas se ha levantado revuelo en los medios de comunicación porque el presidente Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de querer privatizar las pensiones. Enseguida, desde el Partido Popular lo han negado, concretamente a través de mi amigo Daniel Lacalle (la noticia aquí ).
Como siempre, el debate (si a estos rifirrafes se le puede llamar debates) tiende a generar confusión por los términos en que se plantea.
Es cierto que en España, salvando a algún ultraliberal sin responsabilidades políticas, casi nadie aboga por la sustitución completa del actual sistema público de pensiones (basado en el reparto, es decir, en que los cotizantes actuales financien con sus salarios las pensiones actuales) por otro de capitalización (basado en que cada persona ahorre lo que pueda, que ese ahorro lo gestionen fondos de inversión y que el ahorrador “rescata” ese ahorro más los intereses como pensión).
Las razones de por qué no se defiende abiertamente la privatización de las pensiones públicas son tres. La primera, que la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos prefiere y defiende que se mantengan como tales. La segunda, que es muy difícil de vender lo que la experiencia de los fondos de pensiones de capitalización privada han demostrado: que son muy inseguros, poco rentables y que terminan por dejar tirados a los ahorradores si no son rescatados con dinero público, bien a través de ayudas fiscales o directas del gobierno. Y la tercera, porque es muy comprometido decirle a los votantes que lo que en realidad se está proponiendo es un sistema que sólo va a proporcionar pensiones de jubilación a quienes a lo largo de la vida laboral hayan podido ahorrar, algo que con los salarios actuales no puede hacer todo el mundo.
Es por esas tres razones por lo que ni los propios liberales ni los bancos y demás entidades financieras que son quienes más están interesados en que haya un sistema de capitalización que les permitiría manejar una suma inmensa de ahorro, defienden un cambio radical. Y es por eso que desde hace años han optado por plantear una estrategia más sutil para llegar a la privatización: dejar que el sistema de pensiones públicas se vaya debilitando sin que se note mucho (básicamente reduciendo la pensión por diferentes métodos), al mismo tiempo que fomentan que la gente vaya recurriendo cada vez más al ahorro privado mediante incentivos, publicidad, ayudas fiscales y, sobre todo, con un discurso catastrofista y machacón orientado a convencer a la gente de que en el futuro no será posible que haya pensiones públicas (sobre todo, por un argumento falso pero muy convincente de crecimiento demográfico).
Pero es evidente que quien propone que una parte de las pensiones se financie a través de un sistema de capitalización está defendiendo que se privaticen las pensiones públicas, en todo o en parte. Y es evidente también que, en un sistema de vasos comunicantes, es decir, de recursos limitados, más recursos en el lado privado supone menos en el público y, por tanto, su muerte a cámara lenta.
Por eso llevan razón quienes dicen que darle cabida al sistema de actualización es privatizar las pensiones, aunque quienes proponen esto último digan al mismo tiempo que quieren que eso se vaya compatibilizando con el sistema de reparto.
Seamos serios. Cómo puede decir que no defiende la privatización del sistema (no digo en el todo y a corto plazo, pero desde luego que sí en parte y condicionando el medio y largo plazo) quien propone: a) que bajen las pensiones públicas b) que se creen mecanismos de capitalización (en el sector privado) para proporcionar pensiones privadas y c) que se den ayudas a los fondos privados que gestionan ese ahorro,
Por eso me extraña que diga el Partido Popular que no busca privatizar las pensiones. Las declaraciones de sus dirigentes en ese sentido son muy numerosas y los medios han dado buena muestra de ello. Por ejemplo:
Rajoy aconseja ahorrar para “complementar” la pensión
El PP aplaude la mejora de las condiciones de los planes de pensiones privados porque “mejorará la capacidad ahorradora de los españoles”
Villalobos quiere ‘privatizar’ las pensiones
El Gobierno incentiva que los jóvenes contraten planes privados para complementar su pensión de jubilación
Daniel Lacalle (amigo a pesar de la enorme distancia ideológica que nos separa) también ha defendido en muchas ocasiones la puesta en marcha de un sistema de capitalización privado como complementario del público.
Por ejemplo, en los siguientes videos o artículos:
Ganas de escribir
En las últimas horas se ha levantado revuelo en los medios de comunicación porque el presidente Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de querer privatizar las pensiones. Enseguida, desde el Partido Popular lo han negado, concretamente a través de mi amigo Daniel Lacalle (la noticia aquí ).
Como siempre, el debate (si a estos rifirrafes se le puede llamar debates) tiende a generar confusión por los términos en que se plantea.
Es cierto que en España, salvando a algún ultraliberal sin responsabilidades políticas, casi nadie aboga por la sustitución completa del actual sistema público de pensiones (basado en el reparto, es decir, en que los cotizantes actuales financien con sus salarios las pensiones actuales) por otro de capitalización (basado en que cada persona ahorre lo que pueda, que ese ahorro lo gestionen fondos de inversión y que el ahorrador “rescata” ese ahorro más los intereses como pensión).
Las razones de por qué no se defiende abiertamente la privatización de las pensiones públicas son tres. La primera, que la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos prefiere y defiende que se mantengan como tales. La segunda, que es muy difícil de vender lo que la experiencia de los fondos de pensiones de capitalización privada han demostrado: que son muy inseguros, poco rentables y que terminan por dejar tirados a los ahorradores si no son rescatados con dinero público, bien a través de ayudas fiscales o directas del gobierno. Y la tercera, porque es muy comprometido decirle a los votantes que lo que en realidad se está proponiendo es un sistema que sólo va a proporcionar pensiones de jubilación a quienes a lo largo de la vida laboral hayan podido ahorrar, algo que con los salarios actuales no puede hacer todo el mundo.
Es por esas tres razones por lo que ni los propios liberales ni los bancos y demás entidades financieras que son quienes más están interesados en que haya un sistema de capitalización que les permitiría manejar una suma inmensa de ahorro, defienden un cambio radical. Y es por eso que desde hace años han optado por plantear una estrategia más sutil para llegar a la privatización: dejar que el sistema de pensiones públicas se vaya debilitando sin que se note mucho (básicamente reduciendo la pensión por diferentes métodos), al mismo tiempo que fomentan que la gente vaya recurriendo cada vez más al ahorro privado mediante incentivos, publicidad, ayudas fiscales y, sobre todo, con un discurso catastrofista y machacón orientado a convencer a la gente de que en el futuro no será posible que haya pensiones públicas (sobre todo, por un argumento falso pero muy convincente de crecimiento demográfico).
Pero es evidente que quien propone que una parte de las pensiones se financie a través de un sistema de capitalización está defendiendo que se privaticen las pensiones públicas, en todo o en parte. Y es evidente también que, en un sistema de vasos comunicantes, es decir, de recursos limitados, más recursos en el lado privado supone menos en el público y, por tanto, su muerte a cámara lenta.
Por eso llevan razón quienes dicen que darle cabida al sistema de actualización es privatizar las pensiones, aunque quienes proponen esto último digan al mismo tiempo que quieren que eso se vaya compatibilizando con el sistema de reparto.
Seamos serios. Cómo puede decir que no defiende la privatización del sistema (no digo en el todo y a corto plazo, pero desde luego que sí en parte y condicionando el medio y largo plazo) quien propone: a) que bajen las pensiones públicas b) que se creen mecanismos de capitalización (en el sector privado) para proporcionar pensiones privadas y c) que se den ayudas a los fondos privados que gestionan ese ahorro,
Por eso me extraña que diga el Partido Popular que no busca privatizar las pensiones. Las declaraciones de sus dirigentes en ese sentido son muy numerosas y los medios han dado buena muestra de ello. Por ejemplo:
Rajoy aconseja ahorrar para “complementar” la pensión
El PP aplaude la mejora de las condiciones de los planes de pensiones privados porque “mejorará la capacidad ahorradora de los españoles”
Villalobos quiere ‘privatizar’ las pensiones
El Gobierno incentiva que los jóvenes contraten planes privados para complementar su pensión de jubilación
Daniel Lacalle (amigo a pesar de la enorme distancia ideológica que nos separa) también ha defendido en muchas ocasiones la puesta en marcha de un sistema de capitalización privado como complementario del público.
Por ejemplo, en los siguientes videos o artículos:
Y me choca, por último, que quienes defienden la privatización de las pensiones a través del sistema de capitalización renieguen de su ideología liberal. No lleva razón Daniel Lacalle cuando dice que defender la privatización o el sistema de capitalización no es algo propio de los liberales. ¡Claro que sí! Es algo evidente.
Otra cosa es que en las filas de otras corrientes, y particularmente de la socialdemocracia, se hayan infiltrado con frecuencia y con gran influencia a veces, esas ideas liberales. De hecho, uno de los pocos responsables políticos liberales que tuvo la valentía y la coherencia de defender la privatización a través del sistema de actualización fue David Taguas, cuando era director de la Oficina Económica de La Moncloa con Rodríguez Zapatero (en la revista Panorama Social, 2007, nº 4). Y otro Pedro Solbes puso en marcha también mecanismos de ayuda a las pensiones privadas a pesar de estar en las filas de un partido supuestamente socialista.
Otro debate es si la defensa de la privatización (total o ahora parcial para que termine siéndolo al completo con el tiempo) tiene detrás razones científicas que justifiquen su bondad o si se trata de una propuesta que se realiza sólo por razones ideológicas que al final sólo terminan beneficiando a las entidades financieras que gestionan el ahorro y a los grandes patrimonios financieros. Aunque mi idea es esta última, no es esta cuestión materia de este artículo.
Quien desee saber más puede leer el libro que escribí con Vicenç Navarro titulado Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión , o buscar información en las web de otros economistas críticos o de grupos como Economistas frente a la crisis , en donde se pueden encontrar análisis muy rigurosos al respecto.
http://www.juantorreslopez.com/
Fuente:
http://www.juantorreslopez.com/quien-quiere-privatizar-las-pensiones-publicas-aunque-diga-lo-contrario/
Otra cosa es que en las filas de otras corrientes, y particularmente de la socialdemocracia, se hayan infiltrado con frecuencia y con gran influencia a veces, esas ideas liberales. De hecho, uno de los pocos responsables políticos liberales que tuvo la valentía y la coherencia de defender la privatización a través del sistema de actualización fue David Taguas, cuando era director de la Oficina Económica de La Moncloa con Rodríguez Zapatero (en la revista Panorama Social, 2007, nº 4). Y otro Pedro Solbes puso en marcha también mecanismos de ayuda a las pensiones privadas a pesar de estar en las filas de un partido supuestamente socialista.
Otro debate es si la defensa de la privatización (total o ahora parcial para que termine siéndolo al completo con el tiempo) tiene detrás razones científicas que justifiquen su bondad o si se trata de una propuesta que se realiza sólo por razones ideológicas que al final sólo terminan beneficiando a las entidades financieras que gestionan el ahorro y a los grandes patrimonios financieros. Aunque mi idea es esta última, no es esta cuestión materia de este artículo.
Quien desee saber más puede leer el libro que escribí con Vicenç Navarro titulado Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión , o buscar información en las web de otros economistas críticos o de grupos como Economistas frente a la crisis , en donde se pueden encontrar análisis muy rigurosos al respecto.
http://www.juantorreslopez.com/
Fuente:
http://www.juantorreslopez.com/quien-quiere-privatizar-las-pensiones-publicas-aunque-diga-lo-contrario/
viernes, 23 de noviembre de 2018
La iglesia católica española y el general Franco
Vicenç Navarro
Público.es
La visión que el establishment político-mediático conservador español tiene del papel que la Iglesia Católica Española (ICE) ha jugado en la historia reciente de España es que tal institución apoyó el golpe militar de 1938 como respuesta a la hostilidad expresada por la Segunda República hacia sus intereses, estableciendo un régimen autoritario del que fue distanciándose más tarde, facilitando por último el proceso de transición hacia un régimen democrático homologable a cualquier otro régimen democrático existente en la Europa Occidental. Tal visión es, en general, la que se enseña en el sistema educativo de este país.
El gran error de las fuerzas progresistas y democráticas es no haber denunciado la enorme falsedad de tal visión, siendo su campaña de recuperación de la memoria histórica un proyecto muy limitado, caracterizado por la moderación y el temor a enfrentarse a la ICE, que continúa teniendo un enorme poder en el diseño y formulación de la política educativa del país. No quisiera minimizar, por cierto, el impacto positivo que la recuperación de la memoria histórica ha tenido en muchos ámbitos del país. Su campaña, por ejemplo, para prohibir homenajear a figuras de aquel régimen, definido como meramente autoritario, ha sido valiosa para, al menos, diluir y, en muchas ocasiones, eliminar la visibilidad de figuras representativas de aquella dictadura. Pero incluso ahí, la permanencia de un mausoleo, el Valle de los Caídos, en honor de la figura del dictador muestra la enorme timidez en esta corrección del pasado.
La gran insuficiencia de las campañas de memoria histórica para corregir las falsedades existentes en la historia oficial del país
Hay que reconocer que no ha habido una actitud crítica y de denuncia del papel de la ICE (incluyendo, por cierto, la Iglesia Católica Catalana) en la historia reciente de este país. Ningún medio televisivo, público o privado, se ha centrado en corregir la enorme falsedad de la visión oficial del papel de dicha institución en nuestra sociedad. En primer lugar, nunca ha habido un programa que mostrara el apoyo que tal institución proporcionó a las fuerzas conservadoras responsables del enorme retraso cultural, político y económico que impusieron a las clases populares de este país, y que explica la gran hostilidad que la ICE generó entre estas clases durante la Segunda República, hostilidad que dicha Iglesia nunca se ha preguntado por qué existía. En segundo lugar, la ICE fue parte integrante del golpe militar (que interrumpió un proceso democrático) y del régimen dictatorial que tal golpe impuso y estableció. En realidad, la expresión según la cual “la ICE apoyó la dictadura” no define bien la relación entre la ICE y aquella dictadura. No es que la ICE apoyara el régimen dictatorial. Fue mucho más que apoyo, la ICE era parte esencial de aquel régimen. Los sacerdotes eran pagados por el Estado con fondos públicos, y los obispos eran nombrados por el dictador. Y, como parte de aquel Estado, cumplieron una función, incluyendo la represora.
El papel de la ICE en la represión La Falange y la Iglesia jugaron un papel determinante en la denuncia y selección de las personas e instituciones republicanas brutalmente reprimidas (con especial atención a los maestros fieles a la República, incluyendo mis padres y familiares), represión ocultada y nunca mostrada por los mayores medios de información españoles (lo que engloba a los medios catalanes) del supuestamente régimen democrático actual. El nacionalcatolicismo (mezcla de un nacionalismo imperialista extremo de carácter étnico-racista, con un catolicismo sumamente reaccionario y opresivo) condenó al país a su enorme subdesarrollo cultural y social. De nuevo, como resultado de la enorme influencia de la ICE, no ha habido programas educativos para corregir la enormemente sesgada “historia oficial del país” sobre dicha institución.
Y esta función represora, basada en una completa y total dedicación de la ICE a la permanencia del régimen, continuó hasta el último día del régimen. Baste leer las declaraciones del cardenal Tarancón a raíz de la muerte del dictador, en las que, en un acto realizado en aquel momento, dijo: “creo que nadie dudará en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión diaria, incluso, con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por el engrandecimiento espiritual y material de nuestro país, con olvido incluso de su propia vida” (citado por Juan José Tamayo en el artículo “El santo sepulcro del dictador”, publicado en El Periódico). Esto dicho en homenaje a uno de los dictadores que dirigió uno de los regímenes más represivos que hayan existido en la Europa Occidental del siglo XX. Como documentó en su día el principal experto en fascismo europeo, el entonces profesor Malefakis de la Columbia University de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista italiano liderado por Mussolini, el régimen liderado por Franco cometió 10.000. Y en cuanto al supuesto “engrandecimiento” material, el régimen dictatorial fue responsable del enorme retraso económico y social del país (ver Navarro, V. El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
En realidad, la deificación del dictador fue una constante en el comportamiento de la ICE. Hasta el último día del régimen, el Caudillo entraba en las iglesias bajo palio, con los mismos honores que se daban al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, poniéndolo, como bien dice Juan José Tamayo, al mismo nivel que Dios. La ICE definió a tal personaje como “el dedo de Dios”, definición que fue ampliamente reproducida por los mayores medios de información durante la dictadura. Nada menos que Luis Martínez de Galinsoga, director de La Vanguardia, indicó que “La vida de Franco ha sido conducida por el dedo de Dios”, y las monedas españolas llevaban la imagen del dictador rodeado de un laurel en el que estaba escrito “Caudillo por la gracia de Dios”, mostrando la gran complicidad entre la Iglesia y el sistema financiero de este país.
Y la historia continúa Debería ser obvio que una de las principales causas del retraso en la denuncia de la falsificada historia de nuestro país es precisamente el gran poder que la ICE continúa teniendo en España. La ICE ha sido una de las instituciones que más se han opuesto a sacar al dictador de su monumento: el Valle de los Caídos. Y ahora que, por fin, cuarenta años después de que se iniciara la democracia, se intenta así hacerlo, la vicepresidenta del gobierno español se ha tenido que desplazar al Vaticano para solicitar ayuda a las máximas autoridades de la Iglesia Católica para que permitieran el desplazamiento del dictador a un lugar donde no continúe teniendo gran prominencia, evitando así que sea enterrado nada menos que en la catedral de la capital del Reino, Madrid, como desean sus familiares. El argumento que la ICE está utilizando es que en términos morales, y según los principios de la religión católica, no se puede negar su entierro en el panteón que la familia del dictador compró. Tal respuesta, como bien dice Juan José Tamayo, carece de credibilidad: la Iglesia constantemente expulsa a las personas divorciadas, a las mujeres que han cometido aborto, y un largo etcétera. La mera coherencia exigiría expulsar al responsable del régimen que asesinó a más españoles en el siglo XX. Pero ello requiere que la ICE reconozca y admita que esto es lo que fue aquel personaje, caudillo de un régimen del cual tal institución (la ICE) fue una pieza clave.
Entiendo que haya personas religiosas católicas que pidan que la Iglesia Católica pida perdón al pueblo español por el daño tremendo que ha causado a las clases populares de este país. No soy contrario a ello, pero lo veo improbable y poco significante. La Iglesia Católica ha mostrado ya a lo largo de su historia escasa sensibilidad moral y democrática. En realidad, debería ser denunciada por el papel central que tuvo en aquel régimen dictatorial. Y habría que pedirle al papa Francisco, el papa “progre” de los “cristianos progres”, que haga algo, y denunciara lo que la Iglesia ha hecho en este país. Pero tampoco creo que ocurra. La falta de moralidad de la Iglesia Católica es la tónica que define su historia en España.
Una última observación. En el término ICE incluyo predominantemente a las autoridades eclesiásticas de tal institución y no a la gente normal y corriente que es creyente y de la cual hay de todos los colores políticos, aun cuando dominan numéricamente las sensibilidades conservadoras. A todas ellas las animaría a que se rebelaran frente a tales autoridades, las cuales han dado amplias muestras de una gran falta de vocación democrática y excesivo apego a sus intereses corporativistas, en contra de los intereses de la mayoría de la población. Por el bien del país, por favor, háganlo.
Fuente:
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/11/19/la-iglesia-catolica-espanola-y-el-general-franco/
La visión que el establishment político-mediático conservador español tiene del papel que la Iglesia Católica Española (ICE) ha jugado en la historia reciente de España es que tal institución apoyó el golpe militar de 1938 como respuesta a la hostilidad expresada por la Segunda República hacia sus intereses, estableciendo un régimen autoritario del que fue distanciándose más tarde, facilitando por último el proceso de transición hacia un régimen democrático homologable a cualquier otro régimen democrático existente en la Europa Occidental. Tal visión es, en general, la que se enseña en el sistema educativo de este país.
El gran error de las fuerzas progresistas y democráticas es no haber denunciado la enorme falsedad de tal visión, siendo su campaña de recuperación de la memoria histórica un proyecto muy limitado, caracterizado por la moderación y el temor a enfrentarse a la ICE, que continúa teniendo un enorme poder en el diseño y formulación de la política educativa del país. No quisiera minimizar, por cierto, el impacto positivo que la recuperación de la memoria histórica ha tenido en muchos ámbitos del país. Su campaña, por ejemplo, para prohibir homenajear a figuras de aquel régimen, definido como meramente autoritario, ha sido valiosa para, al menos, diluir y, en muchas ocasiones, eliminar la visibilidad de figuras representativas de aquella dictadura. Pero incluso ahí, la permanencia de un mausoleo, el Valle de los Caídos, en honor de la figura del dictador muestra la enorme timidez en esta corrección del pasado.
La gran insuficiencia de las campañas de memoria histórica para corregir las falsedades existentes en la historia oficial del país
Hay que reconocer que no ha habido una actitud crítica y de denuncia del papel de la ICE (incluyendo, por cierto, la Iglesia Católica Catalana) en la historia reciente de este país. Ningún medio televisivo, público o privado, se ha centrado en corregir la enorme falsedad de la visión oficial del papel de dicha institución en nuestra sociedad. En primer lugar, nunca ha habido un programa que mostrara el apoyo que tal institución proporcionó a las fuerzas conservadoras responsables del enorme retraso cultural, político y económico que impusieron a las clases populares de este país, y que explica la gran hostilidad que la ICE generó entre estas clases durante la Segunda República, hostilidad que dicha Iglesia nunca se ha preguntado por qué existía. En segundo lugar, la ICE fue parte integrante del golpe militar (que interrumpió un proceso democrático) y del régimen dictatorial que tal golpe impuso y estableció. En realidad, la expresión según la cual “la ICE apoyó la dictadura” no define bien la relación entre la ICE y aquella dictadura. No es que la ICE apoyara el régimen dictatorial. Fue mucho más que apoyo, la ICE era parte esencial de aquel régimen. Los sacerdotes eran pagados por el Estado con fondos públicos, y los obispos eran nombrados por el dictador. Y, como parte de aquel Estado, cumplieron una función, incluyendo la represora.
El papel de la ICE en la represión La Falange y la Iglesia jugaron un papel determinante en la denuncia y selección de las personas e instituciones republicanas brutalmente reprimidas (con especial atención a los maestros fieles a la República, incluyendo mis padres y familiares), represión ocultada y nunca mostrada por los mayores medios de información españoles (lo que engloba a los medios catalanes) del supuestamente régimen democrático actual. El nacionalcatolicismo (mezcla de un nacionalismo imperialista extremo de carácter étnico-racista, con un catolicismo sumamente reaccionario y opresivo) condenó al país a su enorme subdesarrollo cultural y social. De nuevo, como resultado de la enorme influencia de la ICE, no ha habido programas educativos para corregir la enormemente sesgada “historia oficial del país” sobre dicha institución.
Y esta función represora, basada en una completa y total dedicación de la ICE a la permanencia del régimen, continuó hasta el último día del régimen. Baste leer las declaraciones del cardenal Tarancón a raíz de la muerte del dictador, en las que, en un acto realizado en aquel momento, dijo: “creo que nadie dudará en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión diaria, incluso, con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por el engrandecimiento espiritual y material de nuestro país, con olvido incluso de su propia vida” (citado por Juan José Tamayo en el artículo “El santo sepulcro del dictador”, publicado en El Periódico). Esto dicho en homenaje a uno de los dictadores que dirigió uno de los regímenes más represivos que hayan existido en la Europa Occidental del siglo XX. Como documentó en su día el principal experto en fascismo europeo, el entonces profesor Malefakis de la Columbia University de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista italiano liderado por Mussolini, el régimen liderado por Franco cometió 10.000. Y en cuanto al supuesto “engrandecimiento” material, el régimen dictatorial fue responsable del enorme retraso económico y social del país (ver Navarro, V. El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
En realidad, la deificación del dictador fue una constante en el comportamiento de la ICE. Hasta el último día del régimen, el Caudillo entraba en las iglesias bajo palio, con los mismos honores que se daban al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, poniéndolo, como bien dice Juan José Tamayo, al mismo nivel que Dios. La ICE definió a tal personaje como “el dedo de Dios”, definición que fue ampliamente reproducida por los mayores medios de información durante la dictadura. Nada menos que Luis Martínez de Galinsoga, director de La Vanguardia, indicó que “La vida de Franco ha sido conducida por el dedo de Dios”, y las monedas españolas llevaban la imagen del dictador rodeado de un laurel en el que estaba escrito “Caudillo por la gracia de Dios”, mostrando la gran complicidad entre la Iglesia y el sistema financiero de este país.
Y la historia continúa Debería ser obvio que una de las principales causas del retraso en la denuncia de la falsificada historia de nuestro país es precisamente el gran poder que la ICE continúa teniendo en España. La ICE ha sido una de las instituciones que más se han opuesto a sacar al dictador de su monumento: el Valle de los Caídos. Y ahora que, por fin, cuarenta años después de que se iniciara la democracia, se intenta así hacerlo, la vicepresidenta del gobierno español se ha tenido que desplazar al Vaticano para solicitar ayuda a las máximas autoridades de la Iglesia Católica para que permitieran el desplazamiento del dictador a un lugar donde no continúe teniendo gran prominencia, evitando así que sea enterrado nada menos que en la catedral de la capital del Reino, Madrid, como desean sus familiares. El argumento que la ICE está utilizando es que en términos morales, y según los principios de la religión católica, no se puede negar su entierro en el panteón que la familia del dictador compró. Tal respuesta, como bien dice Juan José Tamayo, carece de credibilidad: la Iglesia constantemente expulsa a las personas divorciadas, a las mujeres que han cometido aborto, y un largo etcétera. La mera coherencia exigiría expulsar al responsable del régimen que asesinó a más españoles en el siglo XX. Pero ello requiere que la ICE reconozca y admita que esto es lo que fue aquel personaje, caudillo de un régimen del cual tal institución (la ICE) fue una pieza clave.
Entiendo que haya personas religiosas católicas que pidan que la Iglesia Católica pida perdón al pueblo español por el daño tremendo que ha causado a las clases populares de este país. No soy contrario a ello, pero lo veo improbable y poco significante. La Iglesia Católica ha mostrado ya a lo largo de su historia escasa sensibilidad moral y democrática. En realidad, debería ser denunciada por el papel central que tuvo en aquel régimen dictatorial. Y habría que pedirle al papa Francisco, el papa “progre” de los “cristianos progres”, que haga algo, y denunciara lo que la Iglesia ha hecho en este país. Pero tampoco creo que ocurra. La falta de moralidad de la Iglesia Católica es la tónica que define su historia en España.
Una última observación. En el término ICE incluyo predominantemente a las autoridades eclesiásticas de tal institución y no a la gente normal y corriente que es creyente y de la cual hay de todos los colores políticos, aun cuando dominan numéricamente las sensibilidades conservadoras. A todas ellas las animaría a que se rebelaran frente a tales autoridades, las cuales han dado amplias muestras de una gran falta de vocación democrática y excesivo apego a sus intereses corporativistas, en contra de los intereses de la mayoría de la población. Por el bien del país, por favor, háganlo.
Fuente:
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/11/19/la-iglesia-catolica-espanola-y-el-general-franco/
miércoles, 3 de enero de 2018
Franquismo o fascismo
Vicenç Navarro
Hace ya años hubo un debate muy vivo e intenso en círculos politológicos en nuestro país sobre el tipo de régimen político que existía en España durante el periodo 1939-1978. Algunos politólogos, como el Sr. Juan Linz, de la Universidad de Yale (muy influyente en España, maestro de muchos de los profesores de Ciencias Políticas más conocidos en este país), sostenían que aquel régimen había sido un régimen autoritario, o lo que podría llamarse una dictadura a secas, sin más. Su misión era mantener el orden y la autoridad, siendo su dimensión represiva la más acentuada. Dirigida por un caudillo al que el régimen consideraba que tenía dotes casi sobrehumanas (“Caudillo por la gracia de Dios”, se decía en España para definir al Caudillo), tal tipo de Estado recibía el nombre de caudillista, siendo la forma de dictadura más común en América Latina, y que, según tales autores, incluía también la dictadura en España llamada franquista.
Esta visión de la dictadura fue la más común en el establishment político-mediático (es decir, la estructura de poder político y mediático) español, que la promovió extensamente no solo en sus medios de comunicación, sino también en las instituciones educativas del país. Parte del atractivo que esta visión tenía para dicho establishment era que estas dictaduras autoritarias iban debilitando su autoritarismo a medida que se desarrollaba la sociedad y aparecían unas clases sociales -como las clases medias- que, al añadir estabilidad al sistema político, hacían menos necesaria la represión, convirtiéndose más tarde en democracias, tal como el establishment político-mediático creyó que había ocurrido en España. Esta visión fue la preferida por los vencedores de la Guerra Civil, pues justificaba veladamente el golpe militar del 1936 y la dictadura que generó, ya que su autoritarismo era necesario para permitir el desarrollo del país, autoritarismo que fue diluyéndose con el paso del tiempo. De ahí la definición de aquel régimen como franquista, el término más utilizado en España para definir dicho régimen.
El régimen, sin embargo, fue mucho más que autoritario; fue también totalitario
La otra visión de aquel régimen creía que este fue mucho más que autoritario. Consideraba que fue totalitario, es decir, que intentó cambiar toda la sociedad creando un “nuevo hombre” (en aquel entonces la mujer no contaba mucho). Según el Sr. Juan Linz, los regímenes totalitarios eran aquellos que intentaban cambiar la sociedad a través de la imposición de una ideología totalizante (es decir, que afectaba todas las dimensiones del ser humano), como por ejemplo el comunismo, que utilizaba todos los instrumentos a su alcance (desde los educativos hasta los represores) para imponer sus valores. Este tipo de sociedades, decía Linz, eran incambiables, pues no tenían la capacidad de transformarse en democracias. Esta visión de las sociedades comunistas -como regímenes incambiables- fue utilizada durante muchos años por el gobierno federal de EEUU para justificar su gran tolerancia y apoyo a las dictaduras caudillistas latinoamericanas, y su hostilidad hacia las dictaduras comunistas.
Ni que decir tiene que el establishment político-mediático español nunca ha aceptado que el régimen que llamaba franquista fuera totalitario. Pero aquellos que vivimos y sufrimos aquel régimen, sin embargo, podemos dar testimonio de que el régimen dictatorial español fue enormemente represivo no solo físicamente y emocionalmente, sino también ideológicamente. El Estado controlaba todos los sistemas productores de valores, desde la educación hasta todos los medios de comunicación, con el objetivo no solo de mantener el orden y la autoridad, sino también y sobre todo de promover su ideología. Y tal ideología era totalizante en extremo, pues intervenía en todas las dimensiones del ser humano, desde el idioma que uno debía utilizar para comunicarse hasta la manera de realizar y conseguir el orgasmo. Es difícil encontrar una ideología más totalizante que la que existía durante la dictadura del general Franco.
¿Cuál era la ideología totalizante?
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cuál era la ideología de tal régimen? Naturalmente que aquellos que sostienen la teoría de que el régimen era meramente autoritario, sostienen también que no tenía ideología, lo cual contrasta con la experiencia de cualquier persona que haya sufrido aquel régimen. A mí, cuando era niño, en Barcelona, un policía franquista (se llamaban los grises) me pegó una bofetada por hablar catalán, mi lengua materna, gritándome “no hables como un perro, habla en cristiano”. Y la masturbación estaba prohibida. Si no se lo creen, pregúntenselo a sus abuelos (ver mi biografía personal “Una breve historia personal de nuestro país: biografía de Vicenç Navarro”, en vnavarro.org, 26.09.17)
Varias eran las características de su ideología. Una era la sumisión del mundo del trabajo al mundo empresarial (que se benefició extensamente del tal régimen) a través de los sindicatos verticales. No se ha enfatizado suficientemente el clasismo elevado (dominio y reproducción de clase) como característica de aquel régimen dictatorial, lo cual es sorprendente pues un objetivo mayor del golpe militar que lo creó y enalteció en 1936 fue precisamente la defensa de los intereses y principios de la clase dominante (incluyendo las élites económicas y financieras del país) frente a los avances sociales que la II República había estado consiguiendo como resultado de las presiones realizadas por las clases populares.
Otra característica era la sumisión (en realidad, eliminación) de los nacionalismos periféricos (catalán, vasco y gallego) al nacionalismo españolista uninacional enraizado en la monarquía y su pasado imperial. Esta característica definió también aquel régimen cuyo enaltecimiento fue creado bajo el lema de defender la “unidad de España”, unidad que, por cierto, no había estado amenazada, difundiéndose bajo este lema, no la unidad de España sino la continuidad de un estado monárquico borbónico, jerárquico, radial (centrado en la capital del Reino, que tuvo poco que ver con el Madrid popular) y uninacional, que consideraba como “antiEspaña” a la visión plurinacional de España, poliédrica, no radial, con una convivencia consensuada y no forzada por el Ejército.
Estas características, clasismo y nacionalismo extremo, eran características de las ideologías totalizantes conocidas en el siglo XX como nazismo y fascismo, y que se presentaron claramente en el golpe militar del 1936 que no hubiera sido posible sin la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. Y así fue percibido por la mayoría de las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, lo cual explica que fuera de España no se utilice el término franquista para definir el régimen dictatorial español, sino el término fascista. Cuando el Sr. Samaranch fue en el año 1996 a EEUU a inaugurar los Juegos Olímpicos de Atlanta, el New York Times, en su nota biográfica, lo definió como “el delegado de deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. No era su intento insultarle, pues el término con el que se definió aquel régimen en la mayoría de los medios de comunicación occidentales fue el de fascismo. En realidad, el único país en el que no se utiliza el término fascismo es España, y ello no es por casualidad, pues le conviene al establishment político-mediático presentarlo como un caudillismo, ya que una vez desaparecido el caudillo, la dictadura desapareció.
La falacia que el término “dictadura franquista” oculta
Pero la realidad actual muestra el error de tal definición, pues muchos de los elementos de aquella ideología dominante durante la dictadura aparecen también hoy en la cultura dominante de este país, incluyendo el clasismo y el nacionalismo extremo uninacional.
Referente al clasismo, hay que recordar que muchas de las grandes empresas del Ibex 35 proceden del franquismo, como bien ha documentado Rubén Juste. Y su gran poder –junto con el de la Gran Patronal- explica este poder no sólo en lo económico sino también en lo político y mediático, ejerciendo una influencia sobre el estado que implica que los salarios continúan siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre la totalidad de las rentas nacionales sea de los más bajas de la UE-15 (mientras que el porcentaje de las rentas del capital sean de las más elevadas); que los ingresos públicos del estado sean de los más bajos de la UE-15 y que el gasto público social en los servicios públicos como sanidad, educación, escuelas de infancia, vivienda social, servicios asistenciales, en las transferencias sea de los más bajos en tal comunidad europea (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).
Elementos de continuidad dentro del Estado
Es sorprendente también ver la continuidad en las élites dirigentes del estado (desde el jefe de Estado a ministros y dirigentes estatales). Gran cantidad de funcionarios del Estado dictatorial y sus descendientes han ocupado y continúan ocupando puestos de gran responsabilidad. En realidad, los herederos de los vencedores de la Guerra Civil son muchos más en las cúspides del poder estatal, que no los herederos de los vencidos. La gran resistencia a corregir la tergiversación de la historia de España que continúa enseñándose en las escuelas tanto públicas como privadas es las comunidades históricamente dominadas por los primeros, la oposición a legislar la impunidad de los crímenes del franquismo, la intolerancia cuando no apoyo a monumentos al fascismo (como el Valle de los Caídos), la relación privilegiada del estado con la Iglesia, el enorme conservadurismo de la administración pública, la gran corrupción, la utilización de los aparatos del estado para fines partidistas, y muchos otros hechos, son indicadores de la continuación de la ideología mal llamada franquista.
El enorme énfasis en el “respeto a la ley y al orden” (en España, que es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por 100.000 habitantes y menos adultos trabajando en sanidad y educación) que existe en España, y el excesivo poder de la clase empresarial, (síntomas del clasismo heredado de la dictadura anterior), conseguido a costa del escaso poder del mundo sindical (que se traduce también en el escaso desarrollo de la cogestión en las empresas), y su movilización centrada en la bandera y el himno borbónico del lado vencedor, consideradas como los símbolos nacionales, son claro ejemplo de la legitimación de la ideología de aquel régimen. Ni que decir tiene que la forma y el contexto de tales características han ido variando sustancialmente. Pero estos cambios no ha significado su eliminación como indiqué en un artículo reciente, señalando que no ha habido una desnazificación o desfasticización de España como ocurrió en otros países que tuvieron regímenes parecidos como Alemania, Italia y la Francia de Vichy (ver en Público 21 de noviembre de 2017, “Franco no ha muerto”).
Ni que decir tiene que el Estado español y la sociedad española en la que tal estado ha estado ubicado ha cambiado muchísimo durante los casi cuarenta años que han pasado desde el fin de la dictadura. Y mucho bueno ha ocurrido en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en el mejoramiento de las instituciones políticas y en la sensibilidad de la administración pública. Ahora bien, estos cambios, por muy significativos que hayan sido, no han alterado elementos clave y definitorios del estado anterior, que han continuado reproduciéndose en los aparatos del estado y en muchas de las políticas públicas aprobadas y desarrolladas por tal estado que son resultado de la continuidad de lo que se llama “cultura franquista” que tiene claros componentes de las características que definieron la ideología dominante del régimen dictatorial. Sin ello, no se explica que, por ejemplo, como consecuencia del clasismo extremo (cuyas formas de expresión han variado, pero que mantienen un gran dominio de los propietarios y gestores del mundo empresarial en la vida política del país), España continúe teniendo, cuarenta años después del fin de la dictadura, unos de los salarios y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Lo que se llama continuación de la cultura franquista se refleja también con clara represión hacia ideologías distintas a la promovida por el Estado y su constitución en los grandes sectores de los aparatos del Estado como los aparatos policiales y judiciales del Estado central.
El continuismo de esta ideología uninacional y autoritaria en el comportamiento judicial en el caso de los presos políticos actuales
Prueba de lo dicho anteriormente es comparar el enjuiciamiento del ex Presidente Puigdemont en las cortes belgas con las cortes españolas. Independientemente de la valoración y opinión que uno tenga del comportamiento del gobierno Junts pel Sí y su estrategia para alcanzar la independencia, conocida en Catalunya como el “procés”, (y que yo he sido muy crítico en este artículo “Los independentistas son también responsables de la enorme crisis en Catalunya”, Público, 8 de diciembre de 2017). Cualquier lector objetivo puede comparar la dureza y extremismo del sistema judicial español hacia el ex Presidente Puigdemont con el sistema judicial belga. La petición del sistema judicial español de que se detuviera al Presidente Puigdemont y a sus consejeros por los supuestos delitos de rebelión y sedición que la juez de la Audiencia Nacional, la Sra. Carmen Lamela, había dictado fueron prácticamente desautorizados al considerar tales acusaciones exageradas e infundadas, entendiendo solo que los acusados habrían desobedecido, cuya pena no implicaba prisión. El temor a que el tribunal belga reafirmara esta conclusión, asustó al juez del Tribunal Supremo, el Sr. Pablo Llarena, y determinó que eliminara y borrara la petición de extradición pues sabía que el tribunal belga mostraría el carácter claramente político y represivo de la justicia española, clara herencia de la cultura que en España se continúa llamando franquista. No podía haberse mostrado de una manera más clara.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/12/15/franquismo-o-fascismo-2/
Público.es
Hace ya años hubo un debate muy vivo e intenso en círculos politológicos en nuestro país sobre el tipo de régimen político que existía en España durante el periodo 1939-1978. Algunos politólogos, como el Sr. Juan Linz, de la Universidad de Yale (muy influyente en España, maestro de muchos de los profesores de Ciencias Políticas más conocidos en este país), sostenían que aquel régimen había sido un régimen autoritario, o lo que podría llamarse una dictadura a secas, sin más. Su misión era mantener el orden y la autoridad, siendo su dimensión represiva la más acentuada. Dirigida por un caudillo al que el régimen consideraba que tenía dotes casi sobrehumanas (“Caudillo por la gracia de Dios”, se decía en España para definir al Caudillo), tal tipo de Estado recibía el nombre de caudillista, siendo la forma de dictadura más común en América Latina, y que, según tales autores, incluía también la dictadura en España llamada franquista.
Esta visión de la dictadura fue la más común en el establishment político-mediático (es decir, la estructura de poder político y mediático) español, que la promovió extensamente no solo en sus medios de comunicación, sino también en las instituciones educativas del país. Parte del atractivo que esta visión tenía para dicho establishment era que estas dictaduras autoritarias iban debilitando su autoritarismo a medida que se desarrollaba la sociedad y aparecían unas clases sociales -como las clases medias- que, al añadir estabilidad al sistema político, hacían menos necesaria la represión, convirtiéndose más tarde en democracias, tal como el establishment político-mediático creyó que había ocurrido en España. Esta visión fue la preferida por los vencedores de la Guerra Civil, pues justificaba veladamente el golpe militar del 1936 y la dictadura que generó, ya que su autoritarismo era necesario para permitir el desarrollo del país, autoritarismo que fue diluyéndose con el paso del tiempo. De ahí la definición de aquel régimen como franquista, el término más utilizado en España para definir dicho régimen.
El régimen, sin embargo, fue mucho más que autoritario; fue también totalitario
La otra visión de aquel régimen creía que este fue mucho más que autoritario. Consideraba que fue totalitario, es decir, que intentó cambiar toda la sociedad creando un “nuevo hombre” (en aquel entonces la mujer no contaba mucho). Según el Sr. Juan Linz, los regímenes totalitarios eran aquellos que intentaban cambiar la sociedad a través de la imposición de una ideología totalizante (es decir, que afectaba todas las dimensiones del ser humano), como por ejemplo el comunismo, que utilizaba todos los instrumentos a su alcance (desde los educativos hasta los represores) para imponer sus valores. Este tipo de sociedades, decía Linz, eran incambiables, pues no tenían la capacidad de transformarse en democracias. Esta visión de las sociedades comunistas -como regímenes incambiables- fue utilizada durante muchos años por el gobierno federal de EEUU para justificar su gran tolerancia y apoyo a las dictaduras caudillistas latinoamericanas, y su hostilidad hacia las dictaduras comunistas.
Ni que decir tiene que el establishment político-mediático español nunca ha aceptado que el régimen que llamaba franquista fuera totalitario. Pero aquellos que vivimos y sufrimos aquel régimen, sin embargo, podemos dar testimonio de que el régimen dictatorial español fue enormemente represivo no solo físicamente y emocionalmente, sino también ideológicamente. El Estado controlaba todos los sistemas productores de valores, desde la educación hasta todos los medios de comunicación, con el objetivo no solo de mantener el orden y la autoridad, sino también y sobre todo de promover su ideología. Y tal ideología era totalizante en extremo, pues intervenía en todas las dimensiones del ser humano, desde el idioma que uno debía utilizar para comunicarse hasta la manera de realizar y conseguir el orgasmo. Es difícil encontrar una ideología más totalizante que la que existía durante la dictadura del general Franco.
¿Cuál era la ideología totalizante?
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cuál era la ideología de tal régimen? Naturalmente que aquellos que sostienen la teoría de que el régimen era meramente autoritario, sostienen también que no tenía ideología, lo cual contrasta con la experiencia de cualquier persona que haya sufrido aquel régimen. A mí, cuando era niño, en Barcelona, un policía franquista (se llamaban los grises) me pegó una bofetada por hablar catalán, mi lengua materna, gritándome “no hables como un perro, habla en cristiano”. Y la masturbación estaba prohibida. Si no se lo creen, pregúntenselo a sus abuelos (ver mi biografía personal “Una breve historia personal de nuestro país: biografía de Vicenç Navarro”, en vnavarro.org, 26.09.17)
Varias eran las características de su ideología. Una era la sumisión del mundo del trabajo al mundo empresarial (que se benefició extensamente del tal régimen) a través de los sindicatos verticales. No se ha enfatizado suficientemente el clasismo elevado (dominio y reproducción de clase) como característica de aquel régimen dictatorial, lo cual es sorprendente pues un objetivo mayor del golpe militar que lo creó y enalteció en 1936 fue precisamente la defensa de los intereses y principios de la clase dominante (incluyendo las élites económicas y financieras del país) frente a los avances sociales que la II República había estado consiguiendo como resultado de las presiones realizadas por las clases populares.
Otra característica era la sumisión (en realidad, eliminación) de los nacionalismos periféricos (catalán, vasco y gallego) al nacionalismo españolista uninacional enraizado en la monarquía y su pasado imperial. Esta característica definió también aquel régimen cuyo enaltecimiento fue creado bajo el lema de defender la “unidad de España”, unidad que, por cierto, no había estado amenazada, difundiéndose bajo este lema, no la unidad de España sino la continuidad de un estado monárquico borbónico, jerárquico, radial (centrado en la capital del Reino, que tuvo poco que ver con el Madrid popular) y uninacional, que consideraba como “antiEspaña” a la visión plurinacional de España, poliédrica, no radial, con una convivencia consensuada y no forzada por el Ejército.
Estas características, clasismo y nacionalismo extremo, eran características de las ideologías totalizantes conocidas en el siglo XX como nazismo y fascismo, y que se presentaron claramente en el golpe militar del 1936 que no hubiera sido posible sin la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. Y así fue percibido por la mayoría de las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, lo cual explica que fuera de España no se utilice el término franquista para definir el régimen dictatorial español, sino el término fascista. Cuando el Sr. Samaranch fue en el año 1996 a EEUU a inaugurar los Juegos Olímpicos de Atlanta, el New York Times, en su nota biográfica, lo definió como “el delegado de deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. No era su intento insultarle, pues el término con el que se definió aquel régimen en la mayoría de los medios de comunicación occidentales fue el de fascismo. En realidad, el único país en el que no se utiliza el término fascismo es España, y ello no es por casualidad, pues le conviene al establishment político-mediático presentarlo como un caudillismo, ya que una vez desaparecido el caudillo, la dictadura desapareció.
La falacia que el término “dictadura franquista” oculta
Pero la realidad actual muestra el error de tal definición, pues muchos de los elementos de aquella ideología dominante durante la dictadura aparecen también hoy en la cultura dominante de este país, incluyendo el clasismo y el nacionalismo extremo uninacional.
Referente al clasismo, hay que recordar que muchas de las grandes empresas del Ibex 35 proceden del franquismo, como bien ha documentado Rubén Juste. Y su gran poder –junto con el de la Gran Patronal- explica este poder no sólo en lo económico sino también en lo político y mediático, ejerciendo una influencia sobre el estado que implica que los salarios continúan siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre la totalidad de las rentas nacionales sea de los más bajas de la UE-15 (mientras que el porcentaje de las rentas del capital sean de las más elevadas); que los ingresos públicos del estado sean de los más bajos de la UE-15 y que el gasto público social en los servicios públicos como sanidad, educación, escuelas de infancia, vivienda social, servicios asistenciales, en las transferencias sea de los más bajos en tal comunidad europea (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).
Elementos de continuidad dentro del Estado
Es sorprendente también ver la continuidad en las élites dirigentes del estado (desde el jefe de Estado a ministros y dirigentes estatales). Gran cantidad de funcionarios del Estado dictatorial y sus descendientes han ocupado y continúan ocupando puestos de gran responsabilidad. En realidad, los herederos de los vencedores de la Guerra Civil son muchos más en las cúspides del poder estatal, que no los herederos de los vencidos. La gran resistencia a corregir la tergiversación de la historia de España que continúa enseñándose en las escuelas tanto públicas como privadas es las comunidades históricamente dominadas por los primeros, la oposición a legislar la impunidad de los crímenes del franquismo, la intolerancia cuando no apoyo a monumentos al fascismo (como el Valle de los Caídos), la relación privilegiada del estado con la Iglesia, el enorme conservadurismo de la administración pública, la gran corrupción, la utilización de los aparatos del estado para fines partidistas, y muchos otros hechos, son indicadores de la continuación de la ideología mal llamada franquista.
El enorme énfasis en el “respeto a la ley y al orden” (en España, que es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por 100.000 habitantes y menos adultos trabajando en sanidad y educación) que existe en España, y el excesivo poder de la clase empresarial, (síntomas del clasismo heredado de la dictadura anterior), conseguido a costa del escaso poder del mundo sindical (que se traduce también en el escaso desarrollo de la cogestión en las empresas), y su movilización centrada en la bandera y el himno borbónico del lado vencedor, consideradas como los símbolos nacionales, son claro ejemplo de la legitimación de la ideología de aquel régimen. Ni que decir tiene que la forma y el contexto de tales características han ido variando sustancialmente. Pero estos cambios no ha significado su eliminación como indiqué en un artículo reciente, señalando que no ha habido una desnazificación o desfasticización de España como ocurrió en otros países que tuvieron regímenes parecidos como Alemania, Italia y la Francia de Vichy (ver en Público 21 de noviembre de 2017, “Franco no ha muerto”).
Ni que decir tiene que el Estado español y la sociedad española en la que tal estado ha estado ubicado ha cambiado muchísimo durante los casi cuarenta años que han pasado desde el fin de la dictadura. Y mucho bueno ha ocurrido en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en el mejoramiento de las instituciones políticas y en la sensibilidad de la administración pública. Ahora bien, estos cambios, por muy significativos que hayan sido, no han alterado elementos clave y definitorios del estado anterior, que han continuado reproduciéndose en los aparatos del estado y en muchas de las políticas públicas aprobadas y desarrolladas por tal estado que son resultado de la continuidad de lo que se llama “cultura franquista” que tiene claros componentes de las características que definieron la ideología dominante del régimen dictatorial. Sin ello, no se explica que, por ejemplo, como consecuencia del clasismo extremo (cuyas formas de expresión han variado, pero que mantienen un gran dominio de los propietarios y gestores del mundo empresarial en la vida política del país), España continúe teniendo, cuarenta años después del fin de la dictadura, unos de los salarios y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Lo que se llama continuación de la cultura franquista se refleja también con clara represión hacia ideologías distintas a la promovida por el Estado y su constitución en los grandes sectores de los aparatos del Estado como los aparatos policiales y judiciales del Estado central.
El continuismo de esta ideología uninacional y autoritaria en el comportamiento judicial en el caso de los presos políticos actuales
Prueba de lo dicho anteriormente es comparar el enjuiciamiento del ex Presidente Puigdemont en las cortes belgas con las cortes españolas. Independientemente de la valoración y opinión que uno tenga del comportamiento del gobierno Junts pel Sí y su estrategia para alcanzar la independencia, conocida en Catalunya como el “procés”, (y que yo he sido muy crítico en este artículo “Los independentistas son también responsables de la enorme crisis en Catalunya”, Público, 8 de diciembre de 2017). Cualquier lector objetivo puede comparar la dureza y extremismo del sistema judicial español hacia el ex Presidente Puigdemont con el sistema judicial belga. La petición del sistema judicial español de que se detuviera al Presidente Puigdemont y a sus consejeros por los supuestos delitos de rebelión y sedición que la juez de la Audiencia Nacional, la Sra. Carmen Lamela, había dictado fueron prácticamente desautorizados al considerar tales acusaciones exageradas e infundadas, entendiendo solo que los acusados habrían desobedecido, cuya pena no implicaba prisión. El temor a que el tribunal belga reafirmara esta conclusión, asustó al juez del Tribunal Supremo, el Sr. Pablo Llarena, y determinó que eliminara y borrara la petición de extradición pues sabía que el tribunal belga mostraría el carácter claramente político y represivo de la justicia española, clara herencia de la cultura que en España se continúa llamando franquista. No podía haberse mostrado de una manera más clara.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/12/15/franquismo-o-fascismo-2/
domingo, 28 de mayo de 2017
_--Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades
_--Una de las características del tiempo que vivimos es el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, tanto entre como dentro de la mayoría de países capitalistas desarrollados. En este artículo me centraré en las causas del crecimiento de las desigualdades económicas, analizando las desigualdades salariales, las desigualdades en los ingresos familiares y las desigualdades en la propiedad del capital (productos que generan renta), analizando tales desigualdades en Estados Unidos, por dos razones: una, por ser representativo del capitalismo más avanzado y desarrollado del mundo capitalista occidental (punto de referencia para el pensamiento liberal); y otra, porque lo que estamos viendo desde los años ochenta, a partir de la revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan, es la “americanización de Europa”, expresión que refleja el dominio del pensamiento liberal a los dos lados del Atlántico Norte. En realidad, tal crecimiento de las desigualdades económicas se debe primordialmente a la aplicación (e imposición) de las políticas neoliberales en la gran mayoría de tales países, siguiendo el modelo neoliberal estadounidense.
Las desigualdades salariales
Si analizamos la evolución de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la década de los años ochenta (cuando se inició la revolución o, mejor dicho, contrarrevolución neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesión 2007-2015, lo cual nunca ocurrió en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesión). Y lo que sí que disminuyó en la gran mayoría de la población asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. Así, por ejemplo, el porcentaje de la población laboral que tenía alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayoría de la financiación del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a través de aportaciones de empleadores y empleados) descendió durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho más marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situación semejante ocurrió con las pensiones privadas financiadas a través de puestos de trabajo (la mayoría de los datos presentados en este artículo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).
Ingresos familiares
En los ingresos familiares vemos también, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesión. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, más acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.
De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil más alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolución neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta subía. Así, el 1% de mayor renta salarial pasó de tener el 10% de toda la renta del país en 1980 a un 23% en 2015.
El crecimiento de las desigualdades en la distribución de la propiedad
Si en lugar de la distribución de las rentas analizamos la distribución de la propiedad, vemos que esta última se ha ido concentrando mucho más. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pasó de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, están endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la población hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesión. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del país.
El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la población laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.
La disminución de la movilidad vertical
A raíz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenómeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad mediática ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad política del capitalismo avanzado está basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen “humilde” (expresión que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder económico y/o político. Y se señala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen “humilde”. En realidad, se considera a EEUU como uno de los países con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo económico liberal.
Esta supuesta movilidad vertical también se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del “sueño americano”, causa mayor de la estabilidad política del país y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El único problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepción, promovida por el establishment político-mediático del país. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho más limitada de lo que se ha supuesto.
En realidad, EEUU es uno de los países con menos movilidad social. Como bien ha señalado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los países con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensión de tal movilidad (Francia, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos países se analizaba el nivel de renta de los hijos comparándolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), viéndose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivían mejor que los padres, siendo en los países escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.
Y lo que es importante señalar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.
Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades
Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolución digital a la globalización, entre muchos otros factores. En esta discusión se oculta o ignora el elemento político, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qué forma tienen la revolución tecnológica o la globalización depende del contexto político que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensión mayor a partir de la década de los años ochenta, que es cuando se aplican las políticas neoliberales, que son las políticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a través de las instituciones políticas, frente y en contra del mundo del trabajo.
Las políticas públicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades
Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:
La disminución, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mínimo, establecido por ley por el Estado. Descenso de la población laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la población laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalización en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector público se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayoría de los trabajadores señalan, a través de las encuestas, que les agradaría tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de interés, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los países donde la sindicalización es más difícil de llevar a cabo. Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisión, así como de la influencia política y mediática, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relación inversa entre el nivel de sindicalización en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y también está documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalización y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.
La desregulación de los mercados de trabajo
Otra medida neoliberal que tenía como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la protección social de los trabajadores.
La privatización de los servicios públicos
La privatización de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalización y protección de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el público. La subcontratación y externalización de actividades y servicios de las empresas (tanto públicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la población empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor protección social y salarios más bajos que en las empresas que subcontratan.
La globalización en el contexto político actual
La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de producción, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ahí que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en países con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.
La inmigración apoyada por el mundo empresarial
La inmigración ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor número de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ahí que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el número de personas que quieren trabajar, sino también por su disponibilidad para aceptar salarios más bajos y en peores condiciones que los nativos.
¿Qué hay que hacer?
A la luz de estos datos es lógico que la solución sea precisamente el desarrollo de políticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a través de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por:
-aumentar el salario mínimo;
-aumentar la ocupación y la creación de buen empleo;
-dificultar la creación de mal empleo orientando la revolución tecnológica a la supresión de tal tipo de trabajos;
-facilitar la sindicalización, alcanzando los niveles del norte de Europa;
-regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial;
-desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pública a los sectores de la energía, las finanzas y sociales (desde sanidad a educación, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y protección social);
-desanimar y desfavorecer la subcontratación prohibiendo este fenómeno en los servicios públicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y protección social) existentes en el sector público;
-desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas;
-sindicalizar a la población inmigrante;
-facilitar la integración de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigración; y
-eliminar las desigualdades sociales entre géneros y entre razas en el país.
-Y, naturalmente, políticas fiscales auténticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control público de la propiedad y de la gestión en sectores clave de la economía.
Estas son las líneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los países capitalistas de elevado nivel económico. Estas medidas son tan aplicables en EE.UU. como en España, así como en cualquier otro país a los dos lados del Atlántico Norte que han estado sufriendo las políticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. Así de claro.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center.
Fuente:
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/05/04/las-ocultadas-causas-politicas-del-crecimiento-de-las-desigualdades/
Bibliografia:
James K. Galbraith. 2016. Desigualdad. Edt. Deusto. Barna
Las desigualdades salariales
Si analizamos la evolución de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la década de los años ochenta (cuando se inició la revolución o, mejor dicho, contrarrevolución neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesión 2007-2015, lo cual nunca ocurrió en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesión). Y lo que sí que disminuyó en la gran mayoría de la población asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. Así, por ejemplo, el porcentaje de la población laboral que tenía alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayoría de la financiación del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a través de aportaciones de empleadores y empleados) descendió durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho más marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situación semejante ocurrió con las pensiones privadas financiadas a través de puestos de trabajo (la mayoría de los datos presentados en este artículo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).
Ingresos familiares
En los ingresos familiares vemos también, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesión. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, más acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.
De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil más alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolución neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta subía. Así, el 1% de mayor renta salarial pasó de tener el 10% de toda la renta del país en 1980 a un 23% en 2015.
El crecimiento de las desigualdades en la distribución de la propiedad
Si en lugar de la distribución de las rentas analizamos la distribución de la propiedad, vemos que esta última se ha ido concentrando mucho más. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pasó de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, están endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la población hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesión. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del país.
El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la población laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.
La disminución de la movilidad vertical
A raíz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenómeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad mediática ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad política del capitalismo avanzado está basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen “humilde” (expresión que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder económico y/o político. Y se señala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen “humilde”. En realidad, se considera a EEUU como uno de los países con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo económico liberal.
Esta supuesta movilidad vertical también se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del “sueño americano”, causa mayor de la estabilidad política del país y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El único problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepción, promovida por el establishment político-mediático del país. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho más limitada de lo que se ha supuesto.
En realidad, EEUU es uno de los países con menos movilidad social. Como bien ha señalado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los países con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensión de tal movilidad (Francia, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos países se analizaba el nivel de renta de los hijos comparándolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), viéndose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivían mejor que los padres, siendo en los países escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.
Y lo que es importante señalar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.
Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades
Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolución digital a la globalización, entre muchos otros factores. En esta discusión se oculta o ignora el elemento político, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qué forma tienen la revolución tecnológica o la globalización depende del contexto político que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensión mayor a partir de la década de los años ochenta, que es cuando se aplican las políticas neoliberales, que son las políticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a través de las instituciones políticas, frente y en contra del mundo del trabajo.
Las políticas públicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades
Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:
La disminución, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mínimo, establecido por ley por el Estado. Descenso de la población laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la población laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalización en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector público se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayoría de los trabajadores señalan, a través de las encuestas, que les agradaría tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de interés, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los países donde la sindicalización es más difícil de llevar a cabo. Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisión, así como de la influencia política y mediática, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relación inversa entre el nivel de sindicalización en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y también está documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalización y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.
La desregulación de los mercados de trabajo
Otra medida neoliberal que tenía como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la protección social de los trabajadores.
La privatización de los servicios públicos
La privatización de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalización y protección de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el público. La subcontratación y externalización de actividades y servicios de las empresas (tanto públicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la población empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor protección social y salarios más bajos que en las empresas que subcontratan.
La globalización en el contexto político actual
La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de producción, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ahí que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en países con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.
La inmigración apoyada por el mundo empresarial
La inmigración ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor número de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ahí que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el número de personas que quieren trabajar, sino también por su disponibilidad para aceptar salarios más bajos y en peores condiciones que los nativos.
¿Qué hay que hacer?
A la luz de estos datos es lógico que la solución sea precisamente el desarrollo de políticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a través de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por:
-aumentar el salario mínimo;
-aumentar la ocupación y la creación de buen empleo;
-dificultar la creación de mal empleo orientando la revolución tecnológica a la supresión de tal tipo de trabajos;
-facilitar la sindicalización, alcanzando los niveles del norte de Europa;
-regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial;
-desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pública a los sectores de la energía, las finanzas y sociales (desde sanidad a educación, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y protección social);
-desanimar y desfavorecer la subcontratación prohibiendo este fenómeno en los servicios públicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y protección social) existentes en el sector público;
-desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas;
-sindicalizar a la población inmigrante;
-facilitar la integración de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigración; y
-eliminar las desigualdades sociales entre géneros y entre razas en el país.
-Y, naturalmente, políticas fiscales auténticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control público de la propiedad y de la gestión en sectores clave de la economía.
Estas son las líneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los países capitalistas de elevado nivel económico. Estas medidas son tan aplicables en EE.UU. como en España, así como en cualquier otro país a los dos lados del Atlántico Norte que han estado sufriendo las políticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. Así de claro.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center.
Fuente:
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/05/04/las-ocultadas-causas-politicas-del-crecimiento-de-las-desigualdades/
Bibliografia:
James K. Galbraith. 2016. Desigualdad. Edt. Deusto. Barna
jueves, 6 de octubre de 2016
¿Por qué está pasando lo que está pasando en España?
Creo que el periodo que estamos viviendo en España puede definirse como histórico, en el que existe una crisis profunda del régimen que se inició en el proceso de Transición del Estado español (pasando de una dictadura a una democracia), un proceso dominado por las fuerzas conservadoras que controlaban los aparatos del Estado, las cuales configuraron el Estado democrático en términos muy favorables a sus intereses, causando como consecuencia un Estado escasamente democrático y con un gran subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Hoy el sistema electoral es muy poco representativo (algo bien denunciado en el famoso eslogan “no nos representan” del movimiento de los indignados, eslogan con el cual la mayoría de españoles está de acuerdo), y la dimensión social del Estado está poco desarrollada, siendo uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español) con uno de los gastos públicos sociales (que incluyen los servicios públicos tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, programas de prevención de la pobreza y de la exclusión social, programas de integración de inmigrantes y transferencias públicas, como pensiones, ayudas a las familias, ayudas a los trabajadores en paro, entre otros) per cápita (en el caso de la prestación por desempleo, por trabajador) más bajos de esta comunidad (ver mi libro Bienestar insuficiente. Democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002).
El establecimiento del régimen iniciado en la Transición
Tal aparato del Estado ha sido gobernado primordialmente por dos fuerzas políticas, una neoliberal en la esfera económica y profundamente conservadora en la dimensión político-cultural, semejante a la ultraderecha europea (como muestra la defensa realizada por la dirigente de tal partido, la Sra. Esperanza Aguirre, del General Millán-Astray, uno de los generales golpistas que lideró una de las represiones más sangrientas que hayan existido en Europa). La otra fuerza política ha sido el PSOE, un partido perteneciente a la sensibilidad política socialdemócrata, que se integró fácilmente en el aparato del Estado dominado por las fuerzas conservadoras, ocupando un lugar subalterno dentro de ese Estado. Fue esta fuerza política la que fue corrigiendo el enorme déficit social existente en España, heredado de la España dictatorial. Cuando el dictador murió, en 1975, el gasto público social como porcentaje del PIB era solo del 14%, con mucho, el más bajo (junto con Grecia y Portugal) de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15 (cuyo promedio era del 22%). En 1993, había pasado a ser de casi el 25% del PIB, y ello como consecuencia de las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE, sin que con ello se eliminara, sin embargo, tal déficit social (España continuaba teniendo uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15). En realidad, este déficit aumentó a partir de tal fecha como consecuencia de los recortes del gasto público para conseguir que el déficit público del Estado bajara de un 6% del PIB a un 3%, como instruía y mandaba el Tratado de Maastricht, condición para la entrada y permanencia de España en el euro. En realidad, el euro se estableció en España a un elevado coste para las clases populares del país, que fueron las que sufrieron las consecuencias de la reducción del gasto público social, el mayor componente del gasto público (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
Las causas de la Gran Recesión
Una situación semejante apareció durante la Gran Recesión, que fue presentada por el establishment político-mediático del país, incluyendo el gobierno del PSOE, como resultado de un supuestamente excesivo gasto público y unos costes laborales muy elevados. De esta lectura (profundamente errónea, pues en el inicio de la Gran Recesión el Estado español estaba en superávit, no en déficit, y los salarios por aquel entonces estaban entre los más bajos de la UE-15) salieron las políticas de recortes del gasto público social que han empobrecido enormemente el Estado del Bienestar español, y las reformas laborales que tenían como objetivo bajar los salarios a base de desregular el mercado de trabajo.
En realidad, no era el inexistente crecimiento exagerado del gasto público, sino los limitadísimos ingresos a las arcas del Estado, lo que creó el déficit público. El Presidente Zapatero, del PSOE, congeló las pensiones públicas para rellenar el agujero de 1.200 millones de euros que había causado la rebaja del impuesto de patrimonio (2.100 millones) y/o la bajada del de sucesiones (2.552 millones), entre otros, siguiendo su famoso dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas” (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Ni que decir tiene que la aplicación de tales políticas causó un gran descenso del apoyo electoral del PSOE (no solo en las elecciones generales, sino también en las autonómicas -incluyendo en Andalucía, presidida por la Sra. Susana Díaz-) que ha continuado en la medida en que no ha habido ni un cambio de orientación política ni una autocrítica en tal partido. En realidad, en Andalucía el PSOE nunca había conseguido un porcentaje de votos más bajo en unas elecciones autonómicas que con la Sra. Díaz (en las elecciones autonómicas de 2015 Susana Díaz obtuvo el 35,43% de los votos; el PSOE había registrado hasta entonces su mínimo histórico en las elecciones de 1994, con un 38,71% de los votos).
¿Por qué el PSOE ha ido realizando tales políticas neoliberales?
Para contestar esta pregunta hay que entender que este fenómeno de descenso electoral del partido socialdemócrata, aunque particularmente acentuado en España, ocurre en la mayoría de países de la UE-15. Y una causa importante es la evolución de los aparatos de estos partidos. El análisis de la composición de tales aparatos muestra un gran dominio de estos por parte de profesionales con educación superior, incluyendo universitaria, que han desarrollado una relación intensa con las empresas financieras, económicas y mediáticas que ejercen una enorme influencia sobre los Estados, estableciéndose así puertas giratorias entre instituciones financieras, económicas y mediáticas por un lado, e instituciones políticas por el otro.
Como bien alertaba ya el gran politólogo Ralph Miliband en su libro Parliamentary Socialism, esta nueva clase (algunos utilizan el término “casta”) política había desarrollado una serie de privilegios, y asumía que la clase trabajadora estaba o bien desapareciendo, o se estaba transformando en las clases medias, a las que ellos consideraban representar, y cuya función era votarles cada cuatro años.
Su poder dejaba de depender de los militantes (a los que se consideraba como agentes pasivos que aprobaban lo que la dirección quería), desaconsejando el rol de la militancia dentro del proceso de decisión, y enfatizando, en su lugar, su sustitución por la movilización mediática realizada a través de los medios televisivos y radiofónicos. La militancia de tales partidos disminuyó como consecuencia, limitándose esta a aquellos que estaban en situación de aprendizaje, para pasar a tener con posterioridad cargos en el aparato y/o en las instituciones representativas.
Y los datos muestran la consecuencia de estos hechos. El electorado socialista y los militantes de tales partidos han ido descendiendo. La prensa digital progresista ha documentado extensamente la conexión entre el aparato del PSOE y los intereses financieros, económicos y mediáticos. El último ejemplo de ello es el nombramiento de Rubalcaba, el ex secretario general del PSOE y sucesor de Zapatero, y ligado al felipismo, como miembro del consejo editorial de El País (consejo al cual pertenece también Felipe González), rotativo que se ha destacado por su defensa del neoliberalismo y su hostilidad hacia el cambio.
¿Qué ha pasado en las elecciones del 2015 y del 2016?
El PSOE estaba dividido desde el principio del proceso electoral entre la vieja guardia, que controlaba el aparato y que deseaba continuar con el bipartidismo, por un lado, y la militancia, que deseaba una coalición de izquierdas, por el otro. Y en medio estaba Pedro Sánchez, que habiendo sido elegido por la militancia estaba muy limitado por el aparato, que confabulaba contra él. Fue precisamente por tal influencia que Pedro Sánchez nunca respondió a la propuesta de Podemos en 2015, y de Unidos Podemos en 2016, de hacer un pacto que estableciera una coalición y buscara más apoyos a partir de esta coalición. La vieja guardia nunca aceptó esta posibilidad, que hubiera permitido sacar a Rajoy y a su partido del gobierno y establecer un nuevo gobierno liderado por las izquierdas. Ahora bien, Pedro Sánchez, en lugar de ser sensible, tras las elecciones del 2015, a esta propuesta, se alió primero con Ciudadanos a través de un pacto, para luego invitar a Podemos en una situación subalterna.
En el 2016 Pedro Sánchez nunca ha respondido a las peticiones de Unidos Podemos para explorar la posibilidad de establecer un gobierno alternativo, que siempre ha existido, pero siempre se ha ignorado cuando no ocultado (con la gran colaboración de los medios, liderados por El País, cuyo grado de manipulación ha alcanzado los niveles de La Razón). Pero el aparato del PSOE (dirigido por los barones) se ha opuesto por todos los medios a ello, pues siempre prefirió la continuación del bipartidismo, que pasa por el apoyo al PP en la investidura, a abrir una posibilidad de gobierno en la que esté Podemos. Y han depuesto a Sánchez, que había visto, por fin, que la única opción era crear una alternativa basada en una coalición con Podemos. Puesto que Ciudadanos siempre prefirió una alianza con Rajoy, no le quedaba otro remedio que explorar la alternativa que había sugerido Unidos Podemos de conseguir alianzas con los partidos nacionalistas.
El problema español que en España se conoce como el problema catalán
Las mismas fuerzas financieras, económicas, políticas y mediáticas que han estado promocionando el neoliberalismo han estado imponiendo la visión uninacional de España. Y ello ha incluido al aparato del PSOE, siendo ello también causa de su gran deterioro en las naciones históricas que existen en España -Catalunya, País Vasco y Galicia-, donde el PSOE ha pasado a ser un partido minoritario casi residual. En estas naciones han aparecido fuerzas de izquierdas que han recuperado la visión republicana de España, que había caracterizado no solo a las izquierdas catalanas, vascas y gallegas, sino también a las españolas.
Un hecho ocultado, cuando no silenciado por el aparato del PSOE, ha sido su apoyo a la autodeterminación de los distintos pueblos y naciones en España durante la resistencia antifascista. La falta de sensibilidad de los dos partidos mayoritarios en España hacia la plurinacionalidad de España ha sido la causa del surgimiento de partidos de izquierdas con vocación transformadora, claramente antineoliberales, con otra visión de España, plurinacional, justa, democrática y solidaria, que han canalizado el voto de descontento de la población, y muy específicamente de los jóvenes y la clase trabajadora. La articulación de estos movimientos y partidos ha ido sustituyendo a las fuerzas nacionalistas periféricas conservadoras (que habían jugado un papel clave en la reproducción del bipartidismo a nivel del Estado), de orientación cristianodemócrata y liberal, conjugando el rechazo al neoliberalismo con el rechazo a la visión uninacional de España.
Este fenómeno coincidió con la aparición de un movimiento político-social iniciado en el movimiento 15-M, que se convirtió en un partido nuevo, Podemos, que hizo suya también esta visión plurinacional de España, habiéndose convertido en un periodo de tiempo muy breve (menos de dos años) en una de las fuerzas políticas de mayor peso y presencia en Las Cortes. Se alió con la renovada IU, estableciéndose la coalición Unidos Podemos, que significa una amenaza para los defensores del statu quo.
La crisis dentro del PSOE
La defensa a ultranza del statu quo hizo que la vieja guardia del PSOE (Felipe González, José Bono, Alfredo Pérez Rubalcaba, Susana Díaz, y otros) se opusiera a que el PSOE se aliara con Podemos y con los que definieron como independentistas. Y han depurado, en un ejercicio golpista, al candidato Sánchez, que había sido elegido por la militancia y que había llamado a un referéndum entre los militantes para encontrar apoyo a su propuesta de negación a la investidura de Rajoy y recuperación de alternativas que pasaban, en primer lugar, por una alianza con Podemos. Esto fue lo que motivó el golpe del aparato frente a la militancia, que claramente favorecía a tal alternativa.
Expulsado el secretario general, Pedro Sánchez, se ha nombrado presidente de la gestora al presidente de Asturias, el Sr. Javier Fernández, próximo a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Susana Díaz, y que había hecho de su postura “no a Podemos y no a los secesionistas” su mayor leitmotiv. La aceptación de Pedro Sánchez de la exigencia de Susana Díaz de que se votara a mano alzada (sin voto secreto) fue el síntoma de que el aparato había ganado, pues la mayoría de miembros del Comité Federal son funcionarios que ocupan cargos que dependen de los barones. Fue el triunfo del aparato frente a la militancia. Leyendo El País y sus editoriales, y escuchando a García Ferreras (próximo a Zapatero) en La Sexta cubriendo la jornada, puede verse el contubernio político-mediático movilizado para destruir a Pedro Sánchez. Una vez más, la defensa de la “unidad de España” ha servido para salvaguardar los intereses financieros, económicos y mediáticos del establishment español, dejando la vía abierta para (tras cesiones simbólicas) permitir la investidura del corrupto Rajoy y su corrupto partido.
Consecuencias para las izquierdas
Lo ocurrido el sábado es enormemente negativo para las izquierdas en España y para el bienestar de las clases populares, ya que facilitará la permanencia en el poder del partido más reaccionario que existe en España, expandiendo todavía más su plan económico y financiero neoliberal, y su ultraderechismo reaccionario. Se esperan al menos cuatro años más de un Estado represivo e insensible a las necesidades populares, Estado que continuará dominado por el bipartidismo, con el apoyo de Ciudadanos y las derechas nacionalistas. Ha sido, una vez más, la victoria de los de siempre. Frente a esta situación se necesita una amplia coalición y movilización de todas las fuerzas progresistas que confronte las políticas del gobierno Rajoy y sus aliados, tanto a través de la agitación social (más necesaria que nunca) como a través de la lucha parlamentaria, ayudando a la vez a las bases del PSOE a rebelarse frente a unos barones y un aparato que han continuado imponiendo una visión uninacional del Estado español, a la vez que han perpetuado un gobierno que está dañando a las clases populares de todos los pueblos y naciones de España. Así de claro.
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2016/10/05/por-que-esta-pasando-lo-que-esta-pasando-en-espana/
El establecimiento del régimen iniciado en la Transición
Tal aparato del Estado ha sido gobernado primordialmente por dos fuerzas políticas, una neoliberal en la esfera económica y profundamente conservadora en la dimensión político-cultural, semejante a la ultraderecha europea (como muestra la defensa realizada por la dirigente de tal partido, la Sra. Esperanza Aguirre, del General Millán-Astray, uno de los generales golpistas que lideró una de las represiones más sangrientas que hayan existido en Europa). La otra fuerza política ha sido el PSOE, un partido perteneciente a la sensibilidad política socialdemócrata, que se integró fácilmente en el aparato del Estado dominado por las fuerzas conservadoras, ocupando un lugar subalterno dentro de ese Estado. Fue esta fuerza política la que fue corrigiendo el enorme déficit social existente en España, heredado de la España dictatorial. Cuando el dictador murió, en 1975, el gasto público social como porcentaje del PIB era solo del 14%, con mucho, el más bajo (junto con Grecia y Portugal) de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15 (cuyo promedio era del 22%). En 1993, había pasado a ser de casi el 25% del PIB, y ello como consecuencia de las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE, sin que con ello se eliminara, sin embargo, tal déficit social (España continuaba teniendo uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15). En realidad, este déficit aumentó a partir de tal fecha como consecuencia de los recortes del gasto público para conseguir que el déficit público del Estado bajara de un 6% del PIB a un 3%, como instruía y mandaba el Tratado de Maastricht, condición para la entrada y permanencia de España en el euro. En realidad, el euro se estableció en España a un elevado coste para las clases populares del país, que fueron las que sufrieron las consecuencias de la reducción del gasto público social, el mayor componente del gasto público (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
Las causas de la Gran Recesión
Una situación semejante apareció durante la Gran Recesión, que fue presentada por el establishment político-mediático del país, incluyendo el gobierno del PSOE, como resultado de un supuestamente excesivo gasto público y unos costes laborales muy elevados. De esta lectura (profundamente errónea, pues en el inicio de la Gran Recesión el Estado español estaba en superávit, no en déficit, y los salarios por aquel entonces estaban entre los más bajos de la UE-15) salieron las políticas de recortes del gasto público social que han empobrecido enormemente el Estado del Bienestar español, y las reformas laborales que tenían como objetivo bajar los salarios a base de desregular el mercado de trabajo.
En realidad, no era el inexistente crecimiento exagerado del gasto público, sino los limitadísimos ingresos a las arcas del Estado, lo que creó el déficit público. El Presidente Zapatero, del PSOE, congeló las pensiones públicas para rellenar el agujero de 1.200 millones de euros que había causado la rebaja del impuesto de patrimonio (2.100 millones) y/o la bajada del de sucesiones (2.552 millones), entre otros, siguiendo su famoso dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas” (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Ni que decir tiene que la aplicación de tales políticas causó un gran descenso del apoyo electoral del PSOE (no solo en las elecciones generales, sino también en las autonómicas -incluyendo en Andalucía, presidida por la Sra. Susana Díaz-) que ha continuado en la medida en que no ha habido ni un cambio de orientación política ni una autocrítica en tal partido. En realidad, en Andalucía el PSOE nunca había conseguido un porcentaje de votos más bajo en unas elecciones autonómicas que con la Sra. Díaz (en las elecciones autonómicas de 2015 Susana Díaz obtuvo el 35,43% de los votos; el PSOE había registrado hasta entonces su mínimo histórico en las elecciones de 1994, con un 38,71% de los votos).
¿Por qué el PSOE ha ido realizando tales políticas neoliberales?
Para contestar esta pregunta hay que entender que este fenómeno de descenso electoral del partido socialdemócrata, aunque particularmente acentuado en España, ocurre en la mayoría de países de la UE-15. Y una causa importante es la evolución de los aparatos de estos partidos. El análisis de la composición de tales aparatos muestra un gran dominio de estos por parte de profesionales con educación superior, incluyendo universitaria, que han desarrollado una relación intensa con las empresas financieras, económicas y mediáticas que ejercen una enorme influencia sobre los Estados, estableciéndose así puertas giratorias entre instituciones financieras, económicas y mediáticas por un lado, e instituciones políticas por el otro.
Como bien alertaba ya el gran politólogo Ralph Miliband en su libro Parliamentary Socialism, esta nueva clase (algunos utilizan el término “casta”) política había desarrollado una serie de privilegios, y asumía que la clase trabajadora estaba o bien desapareciendo, o se estaba transformando en las clases medias, a las que ellos consideraban representar, y cuya función era votarles cada cuatro años.
Su poder dejaba de depender de los militantes (a los que se consideraba como agentes pasivos que aprobaban lo que la dirección quería), desaconsejando el rol de la militancia dentro del proceso de decisión, y enfatizando, en su lugar, su sustitución por la movilización mediática realizada a través de los medios televisivos y radiofónicos. La militancia de tales partidos disminuyó como consecuencia, limitándose esta a aquellos que estaban en situación de aprendizaje, para pasar a tener con posterioridad cargos en el aparato y/o en las instituciones representativas.
Y los datos muestran la consecuencia de estos hechos. El electorado socialista y los militantes de tales partidos han ido descendiendo. La prensa digital progresista ha documentado extensamente la conexión entre el aparato del PSOE y los intereses financieros, económicos y mediáticos. El último ejemplo de ello es el nombramiento de Rubalcaba, el ex secretario general del PSOE y sucesor de Zapatero, y ligado al felipismo, como miembro del consejo editorial de El País (consejo al cual pertenece también Felipe González), rotativo que se ha destacado por su defensa del neoliberalismo y su hostilidad hacia el cambio.
¿Qué ha pasado en las elecciones del 2015 y del 2016?
El PSOE estaba dividido desde el principio del proceso electoral entre la vieja guardia, que controlaba el aparato y que deseaba continuar con el bipartidismo, por un lado, y la militancia, que deseaba una coalición de izquierdas, por el otro. Y en medio estaba Pedro Sánchez, que habiendo sido elegido por la militancia estaba muy limitado por el aparato, que confabulaba contra él. Fue precisamente por tal influencia que Pedro Sánchez nunca respondió a la propuesta de Podemos en 2015, y de Unidos Podemos en 2016, de hacer un pacto que estableciera una coalición y buscara más apoyos a partir de esta coalición. La vieja guardia nunca aceptó esta posibilidad, que hubiera permitido sacar a Rajoy y a su partido del gobierno y establecer un nuevo gobierno liderado por las izquierdas. Ahora bien, Pedro Sánchez, en lugar de ser sensible, tras las elecciones del 2015, a esta propuesta, se alió primero con Ciudadanos a través de un pacto, para luego invitar a Podemos en una situación subalterna.
En el 2016 Pedro Sánchez nunca ha respondido a las peticiones de Unidos Podemos para explorar la posibilidad de establecer un gobierno alternativo, que siempre ha existido, pero siempre se ha ignorado cuando no ocultado (con la gran colaboración de los medios, liderados por El País, cuyo grado de manipulación ha alcanzado los niveles de La Razón). Pero el aparato del PSOE (dirigido por los barones) se ha opuesto por todos los medios a ello, pues siempre prefirió la continuación del bipartidismo, que pasa por el apoyo al PP en la investidura, a abrir una posibilidad de gobierno en la que esté Podemos. Y han depuesto a Sánchez, que había visto, por fin, que la única opción era crear una alternativa basada en una coalición con Podemos. Puesto que Ciudadanos siempre prefirió una alianza con Rajoy, no le quedaba otro remedio que explorar la alternativa que había sugerido Unidos Podemos de conseguir alianzas con los partidos nacionalistas.
El problema español que en España se conoce como el problema catalán
Las mismas fuerzas financieras, económicas, políticas y mediáticas que han estado promocionando el neoliberalismo han estado imponiendo la visión uninacional de España. Y ello ha incluido al aparato del PSOE, siendo ello también causa de su gran deterioro en las naciones históricas que existen en España -Catalunya, País Vasco y Galicia-, donde el PSOE ha pasado a ser un partido minoritario casi residual. En estas naciones han aparecido fuerzas de izquierdas que han recuperado la visión republicana de España, que había caracterizado no solo a las izquierdas catalanas, vascas y gallegas, sino también a las españolas.
Un hecho ocultado, cuando no silenciado por el aparato del PSOE, ha sido su apoyo a la autodeterminación de los distintos pueblos y naciones en España durante la resistencia antifascista. La falta de sensibilidad de los dos partidos mayoritarios en España hacia la plurinacionalidad de España ha sido la causa del surgimiento de partidos de izquierdas con vocación transformadora, claramente antineoliberales, con otra visión de España, plurinacional, justa, democrática y solidaria, que han canalizado el voto de descontento de la población, y muy específicamente de los jóvenes y la clase trabajadora. La articulación de estos movimientos y partidos ha ido sustituyendo a las fuerzas nacionalistas periféricas conservadoras (que habían jugado un papel clave en la reproducción del bipartidismo a nivel del Estado), de orientación cristianodemócrata y liberal, conjugando el rechazo al neoliberalismo con el rechazo a la visión uninacional de España.
Este fenómeno coincidió con la aparición de un movimiento político-social iniciado en el movimiento 15-M, que se convirtió en un partido nuevo, Podemos, que hizo suya también esta visión plurinacional de España, habiéndose convertido en un periodo de tiempo muy breve (menos de dos años) en una de las fuerzas políticas de mayor peso y presencia en Las Cortes. Se alió con la renovada IU, estableciéndose la coalición Unidos Podemos, que significa una amenaza para los defensores del statu quo.
La crisis dentro del PSOE
La defensa a ultranza del statu quo hizo que la vieja guardia del PSOE (Felipe González, José Bono, Alfredo Pérez Rubalcaba, Susana Díaz, y otros) se opusiera a que el PSOE se aliara con Podemos y con los que definieron como independentistas. Y han depurado, en un ejercicio golpista, al candidato Sánchez, que había sido elegido por la militancia y que había llamado a un referéndum entre los militantes para encontrar apoyo a su propuesta de negación a la investidura de Rajoy y recuperación de alternativas que pasaban, en primer lugar, por una alianza con Podemos. Esto fue lo que motivó el golpe del aparato frente a la militancia, que claramente favorecía a tal alternativa.
Expulsado el secretario general, Pedro Sánchez, se ha nombrado presidente de la gestora al presidente de Asturias, el Sr. Javier Fernández, próximo a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Susana Díaz, y que había hecho de su postura “no a Podemos y no a los secesionistas” su mayor leitmotiv. La aceptación de Pedro Sánchez de la exigencia de Susana Díaz de que se votara a mano alzada (sin voto secreto) fue el síntoma de que el aparato había ganado, pues la mayoría de miembros del Comité Federal son funcionarios que ocupan cargos que dependen de los barones. Fue el triunfo del aparato frente a la militancia. Leyendo El País y sus editoriales, y escuchando a García Ferreras (próximo a Zapatero) en La Sexta cubriendo la jornada, puede verse el contubernio político-mediático movilizado para destruir a Pedro Sánchez. Una vez más, la defensa de la “unidad de España” ha servido para salvaguardar los intereses financieros, económicos y mediáticos del establishment español, dejando la vía abierta para (tras cesiones simbólicas) permitir la investidura del corrupto Rajoy y su corrupto partido.
Consecuencias para las izquierdas
Lo ocurrido el sábado es enormemente negativo para las izquierdas en España y para el bienestar de las clases populares, ya que facilitará la permanencia en el poder del partido más reaccionario que existe en España, expandiendo todavía más su plan económico y financiero neoliberal, y su ultraderechismo reaccionario. Se esperan al menos cuatro años más de un Estado represivo e insensible a las necesidades populares, Estado que continuará dominado por el bipartidismo, con el apoyo de Ciudadanos y las derechas nacionalistas. Ha sido, una vez más, la victoria de los de siempre. Frente a esta situación se necesita una amplia coalición y movilización de todas las fuerzas progresistas que confronte las políticas del gobierno Rajoy y sus aliados, tanto a través de la agitación social (más necesaria que nunca) como a través de la lucha parlamentaria, ayudando a la vez a las bases del PSOE a rebelarse frente a unos barones y un aparato que han continuado imponiendo una visión uninacional del Estado español, a la vez que han perpetuado un gobierno que está dañando a las clases populares de todos los pueblos y naciones de España. Así de claro.
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2016/10/05/por-que-esta-pasando-lo-que-esta-pasando-en-espana/
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