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sábado, 29 de abril de 2017

Por qué las oposiciones son un mal sistema* de selección de funcionarios

España sigue confiando en un método sin validar científicamente para escoger a sus servidores públicos de alto nivel



Silvia opositaba a juez. La primera vez que fue al examen estaba, como todos, “muy nerviosa”. Otra aspirante, que dormía en un hotel al lado de la sede del Tribunal Supremo, se vistió el día de su examen con su blusa y pantalones de pinza para ir a examinarse. A punto de entrar en la sala, se dio cuenta de que iba con las zapatillas de estar por casa, que eran rosa fucsia y de cuadritos. Así hizo el examen. Silvia recuerda sobre todo cómo impone la sala enorme. Allí están los siete miembros del Tribunal en su tribuna y su terciopelo, muy solemne.

Empezó a cantar y duró 7 minutos, cuenta Silvia. “Empiezo a decir ‘esto está muy mal, esto está muy mal’ y me quedo callada, les miro y veo que me ignoran, que están mirando el código”. Uno de ellos sí le miraba y con la cabeza le animaba a que siguiera. Pero Silvia estalló: “En tal ataque de nervios me puse de pie y dije ¡solicito permiso para retirarme!’ Pedí permiso para retirarme como si fuera a despegar del aeropuerto de Barajas”. Salió tan corriendo que la tuvieron que ir a buscar para devolverle el DNI.

El blancazo de Silvia es normal. Una opositora a Letrado de Cortes estudió 5 años, fue al examen, saludó al Tribunal y se fue: “Soy un perfil que no me permito fallar en algo, me importa mucho lo que la gente piense de mí. Prefiero no someterme a la prueba a equivocarme”, dice ahora, años después.

El gobierno ha anunciado que convocará 250.000 plazas de empleo público, la mayor partida de los últimos años. La mayoría será para interinos, mientras que algunos altos cargos como jueces y fiscales tendrán las mismas 100 plazas de los últimos años. Para la selección, el gobierno seguirá confiando en el método de siempre: las oposiciones.

Algunos funcionarios valoran las oposiciones como única manera de seleccionar este tipo de personal. Pero la verdad es que apenas se ha comprobado su eficacia: “Validar científicamente no forma parte de la cultura administrativa no universitaria, como no lo forma, tampoco, medir en temas de recursos humanos”, dice Mikel Gorriti, jefe de Recursos Humanos del Gobierno del País Vasco. Gorriti es de los pocos que ha intentado poner remedio a la falta de comprobación: “En el Gobierno del País Vasco, por ejemplo, sí se han hecho esfuerzos por validar procesos selectivos y se ha publicado una guía", dice.

Las oposiciones son hoy un sistema viejo, aleatorio e ineficaz. España escoge a miles de personas que llevarán el peso de su administración pública con métodos que nunca han sido comprobados. El sacrificio como demostración y la tradición —siempre se ha hecho así— son sus valores más aparentes. Estos son sus problemas principales.
Por qué las oposiciones son un mal sistema de selección de funcionarios


1. No son un sistema científico. Las oposiciones se apoyan en un supuesto: los candidatos que obtienen las mejores puntuaciones serán los mejores en su puesto. Pero nadie lo ha comprobado: “En España es rara (prácticamente inexistente) la administración que puede aportar los datos de validez y eficacia de las oposiciones”, dice Jesús Salgado, catedrático de Psicología del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela.

Hay sistemas mejores para seleccionar personal. Según un trabajo de Salgado, el mejor predictor del desempeño laboral es la inteligencia medida con test psicométricos. Su validez predictiva es de 0,65 sobre un máximo de 1. Las oposiciones podrían asemejarse a los “test de conocimientos del puesto”, cuya validez predictiva está en torno a 0,45, pero probablemente son peores: “Su validez es escasa por la poca relación entre las preguntas de los exámenes y el trabajo a realizar”, dice Gabriel Táuriz, consultor de recursos humanos de Arestora.

Otra ventaja de los test psicométricos es el bajo coste para los opositores: pueden entrenar unas semanas, pero después es inútil seguir porque sus resultados apenas van a mejorar.

Los instrumentos científicos que podrían ayudar a afinar la selección son variados, según Salgado: “Además de los test de conocimientos, se han utilizado entrevistas conductuales estructuradas (particularmente valiosa), test cognitivos, inventarios de personalidad, test de integridad, simulaciones, role-play, test de liderazgo, cuestionarios de orientación al servicio de usuario, test de juicio situacional o test de conocimientos tácitos“.

2. Son un gasto enorme e improductivo de esfuerzo. Los opositores pasan años preparando una oposición. Dedican una media de 5 años a resolver un examen que les aportará muy poco si fracasan. En ese tiempo ni se forman eficazmente ni trabajan: solo se examinan. Renuncian a ganar un salario, cotizar y acumular experiencia. Mientras se encierran otros avanzan. El gasto para muchos es vano: el 37% de los opositores a la carrera judicial abandona antes del quinto intento y otro 47% sigue probando 5 años después.

El encierro en casa de miles de jóvenes durante algunos de los mejores años de sus vidas también trae consecuencias: “Lo peor es el momento pijama: levantarte, ducharte, volver a ponerte el pijama y a tu cuarto con tus libros”, dice la aspirante a Letrado de Cortes. El pijama es solo un problema: “Tienes 26 años y vas con la paguita de los papis. Mis amigos ya trabajaban y a todo decía que no. Te abandonas, no te compras ropa. Te vuelves rarito. Tienes que decirte que eres un desgraciadito pero cuando apruebas ves que ha valido la pena”, dice un inspector de Trabajo.

Este derroche de energía lo pagan los opositores, pero también la sociedad: esas personas serían más útiles haciendo otra cosa. El sistema podría ayudar y hacer la selección antes. Es más fácil reconducir una vocación a los 24 —con una frustración de un año– que a los 29 y tras 6 de encierro.

Francia tiene un sistema de grandes escuelas donde se limita el acceso: “Quien estudia ahí está muy valorado en el mercado de trabajo. La gente que no se lo saca tiene otras salidas. No se trata de estar 2 o 3 años, sino que como mucho es 1 año y en un proceso donde se valora más la capacidad de reflexión”, dice Pablo Ibáñez-Colomo, profesor de la London School of Economics y del Colegio de Europa.

Algunos funcionarios defienden que el esfuerzo les permite luego manejarse mejor. “Si alimentas el cerebro con leyes y leyes, la capacidad de análisis jurídico crece porque somos capaces de reflexionar sobre ellas”, dice el fiscal Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Es una ventaja un tanto etérea, más cuando las leyes cambian sin cesar. El mismo García Ortiz lo sufrió: “Yo soy opositor del año 95 y me cambiaron el Código Penal de arriba abajo”.

3. Son aleatorias: influye el turno, el día o los aplazamientos. Tras años de estudio, es injusto e irracional que el éxito dependa de situaciones aleatorias o desiguales para los candidatos. Pero así es. Según los cálculos de Manuel Bagüés, profesor de la Aalto University (Finlandia), la probabilidad de ganar una plaza aumenta un 55% si el opositor obtiene uno de los primeros números en el orden de presentación: al avanzar el día los tribunales se vuelven quisquillosos. También es peor examinarte un lunes o sufrir aplazamientos. Cada día que a un opositor a Notarías lo convocan y no lo examinan, sus opciones se reducen un 5%.

En todos los procesos de selección influyen cosas ajenas y la suerte. Pero las oposiciones son un caso límite por lo que está en juego: años de esfuerzo y un puesto de por vida.

4. Son una oportunidad solo para quien puede estar 5 años sin obligaciones. La oposición es un riesgo: supone invertir años en un éxito improbable. No es una apuesta cautelosa, como quien estudia por las tardes mientras trabaja por la mañana. Es toda la vida dedicada a un objetivo. ¿Quién puede hacerlo? En mayor medida gente con más renta y colchón familiar: no tienes trabajo pero pagas al preparador.

El dinero es una ventaja material. Pero no es la única que ofrece el origen de un opositor: ¿quién sabe a los 17 años que ser inspector de Trabajo, TECO (Técnico Comercial) y abogado del Estado son salidas profesionales posibles? Quien lo ha visto en casa. En parte por eso hay tantos notarios y registradores que son hijos de notarios y registradores.

5. Los lazos familiares también predicen más aprobados.(1)
La probabilidad de éxito de los candidatos con un apellido similar al de miembros del Cuerpo del Estado al que aspiraban es un 100% superior a lo normal, según los datos de Bagües. En el caso de diplomáticos y abogados del Estado, la ventaja sube al 200%. Los motivos pueden ser legítimos: si tienes un familiar dentro, te habrá orientado mejor, y es más probable que estudiases en la universidad idónea y tengas al mejor preparador. Hasta puede que hayas heredado disciplina e inteligencia. Pero hay motivos de inquietud: la ventaja de los familiares potenciales desaparecieron en las pruebas escritas y anónimas de algunas oposiciones.

6. Excluyen a determinados perfiles. Las personas que aspiran a una oposición tienen un perfil típico por renta, edad y origen. También comparten rasgos psicológicos. Silvia es un nombre ficticio porque no quiere usar el real. Como el resto de funcionarios u opositores, que ha preferido no salir citado. La timidez es un rasgo habitual en opositores: “Son conservadores en la toma de decisiones, menos ambiciosos, con menor necesidad de actividad y variedad, más introvertidos. Hay estudios que apuntan en esta línea”, dice Táuriz.

La conservación de la tradición va en los genes del opositor: “No sé si somos una carrera conservadora por nuestro origen, pero es evidente que un chaval de 22 años que en vez de irse a recorrer el mundo decide dedicar parte de su juventud a un premio posterior que le dure toda la vida, ves visualmente qué tipo de persona es”, dice el fiscal García Ortiz. Por ese mismo motivo, los incentivos que tienen los altos funcionarios para cambiar su método de selección son escasos: “Qué valores transmite ser juez o fiscal: ¿que vas a cambiar la sociedad? Para nada. Transmites seriedad, trabajo, aplicación de la ley, mantenimiento de un estado de orden”, añade García Ortiz.

Gracias a la plaza fija, los altos funcionarios saltan a menudo a la política: “Casi por defecto creas una administración pública entregada al continuismo”, dice Jesús Fernandez-Villaverde, profesor de la Universidad de Pensilvania. El modo estricto de selección impide la frescura de otros perfiles que podrían atreverse con otros modelos: “Si hemos aprendido algo de la gestión de empresa de los últimos 30 años es que necesitas a gente muy diversa”, añade Fernández-Villaverde.

7. Hay mejoras posibles, también en España. El MIR de los médicos podría ser un sistema alternativo. Al sistema suelen reconocerle dos ventajas: la práctica profesional y que sea progresivo.

El MIR arranca con un examen de conocimientos excelente, que Salgado cree que podría ser un modelo para las oposiciones. Pero la prueba de conocimientos no es suficiente: “Un médico también necesita aprender y demostrar que sabe tratar a los pacientes, que sabe ser miembro de un equipo y colaborar con otros, que sabe gestionar los recursos, que es capaz de actualizarse y que lo hará, que es capaz de resistir y soportar el estrés”, dice. Los funcionarios necesitan en el fondo aptitudes similares: “Ahora tienes un cuerpo de jueces y fiscales que sabes que es gente dispuesta a trabajar varias horas al día a tope de concentración durante un montón de tiempo”, dice el fiscal García Ortiz. “¿Son también mejores operadores jurídicos? Eso ya no lo sabes”.

La otra virtud del MIR es que es escalonado: el examen no es definitivo sino un escalón más. Antes de la prueba los estudiantes de medicina ya han sido seleccionados: saben desde adolescentes que necesitarán buenas notas si quieren entrar en la Facultad de Medicina. También estudian 6 años de carrera conscientes de que al final habrá una prueba donde el mejor podrá escoger. “En España estamos acostumbrados a que sea difícil entrar en Medicina, pero cuando se trata de ciencias sociales esa exigencia no existe”, dice Ibáñez-Colomo.

En otros países el acceso y en general las carreras en la administración son más flexibles y están profesionalizadas. Es así en Reino Unido y también en los países nórdicos, que son líderes en los rankings de buen gobierno. El argumento más repetido en España para justificar plazas en propiedad desde el principio es que así se protege al funcionario de los vaivenes y la presión política. “Ejemplos como el del Reino Unido y de Suecia muestran que esto no es así —dice Ibáñez-Colomo. Además, el sistema español no ha impedido que se cree personal laboral dependiente de los vaivenes y la presión política”.


*Puede haber otros peores y de hecho las oposiciones supusieron una gran mejora con respecto al anterior sistema; la recomendación pura y dura y la expulsión con el siguiente cambio de gobierno. Era el caciquismo, la oposición convirtió a los funcionarios del gobierno de turno en funcionarios del Estado y por lo tanto con estabilidad en el puesto de trabajo.

(1) Para mi, este dato es no solo el más injusto y denunciable sino el que sería suficiente si no para invalidarlas si para hacerlas anónimas, hacerlas, urgentemente, opacas a los apellidos. No hacerlo invalidad su objetividad, imparcialidad, el principio de igualdad  y su eficacia que es lo que pretende garantizar.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/actualidad/1491596451_160160.html

sábado, 5 de noviembre de 2016

¿Puede un comunista ser profesor de Universidad en Alemania?

eldiario.es

Kerem Schamberger ha estudiado comunicación en la Universidad Ludwig Maximilian (LMU) y pretendía comenzar un doctorado el 1 de octubre. En Alemania, los doctorados por lo general se llevan a cabo mediante un contrato laboral que incluye una parte de investigación y otra de docencia en la Universidad en la que se desarrolla.

El joven, de 30 años, no ha podido comenzar aún su relación laboral con dicha institución porque según un decreto que data de 1972 todos los funcionarios o personas que trabajan en el sector público han de ser controladas por el Estado frente a su posible radicalismo, para lo cual deben presentar una aprobación del servicio secreto alemán interno (lo que vendría a ser el CNI español).

La razón es que Schamberger no solo es comunista, sino que además es portavoz del partido comunista alemán DKP en Múnich. A pesar de que es un partido legal, se encuentra bajo vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (el Verfassungsschutz), que lo califica de extremista.

La Universidad conocía la norma y la posición de Kerem en el partido comunista, por lo que pidió a las autoridades dicho consentimiento ya en julio. Sin embargo, este organismo aún no se ha pronunciado sobre la fiabilidad ideológica de Schamberger, con lo cual no ha podido comenzar a trabajar hasta el momento. Según el profesor Michael Meyen, que lleva la tesis de Kerem, en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, éste ha sido un alumno excelente y asegura que tiene interés en contratarle “no porque sea comunista, ni tampoco a pesar de ello”.

Para Kerem, se trata de una exclusión práctica de la función docente para los comunistas. Y ello supondría un hecho anticonstitucional, ya que la Carta Magna alemana garantiza la elección libre de una profesión.

Schamberger asegura a este diario que de esta forma “se demoniza a los comunistas”, y explica que esta medida sirve como forma de intimidación: “Conozco a jóvenes que querían entrar en el partido pero que se lo piensan dos y tres veces antes de hacerlo, porque saben las consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer carrera en el sector público”, asegura.

Schamberger explica además que en los últimos días, desde que se hizo pública la noticia, ha recibido numerosas muestras de solidaridad, desde los partidos políticos socialdemócrata SPD, Los Verdes (Die Grüne) y La Izquierda (Die Linke), así como de los sindicatos.

Herta Däubler-Gmelin, abogada de Kerem y ministra de Justicia entre 1998 y 2002– ha declarado al Süddeutsche que la actuación del servicio de protección a la Constitución “seguramente no es legal”. A raíz del suceso, se debatirá en el parlamento regional de Baviera la idoneidad de dicha ley, creada en el contexto de la guerra fría.

Las autoridades han comunicado a la prensa que no se pueden dar a conocer datos del caso por cuestiones de privacidad del afectado, así como que en ocasiones se tarda más tiempo en recibir una respuesta a este tipo de consultas porque hay que “comprobar todos los hechos”.

Esta no es la primera vez que Kerem Schamberger se ve en apuros por sus ideas políticas. En 2014 el Commerzbank cerró sin previo aviso su cuenta bancaria, como se contó en este medio. Kerem veía detrás de esta acción asimismo una motivación política y cómo no pudo hacer nada para impedirla.

Limpieza ideológica de facto
El llamado “Decreto de los radicales” (Radikalenerlass, en alemán) fue promulgado en 1972 bajo el Gobierno de Willy Brandt. En dicha ley se especifica que la fidelidad al orden constitucional actual debe ser un requisito para poder trabajar en el sector público. Pertenecer a una organización catalogada por el servicio secreto interno alemán como peligrosa para dicho orden era excluyente de la función pública.

Ya en los 50 y 60 algunos candidatos a funcionarios fueron rechazados, pero a partir de entonces se mencionaba dicho requisito explícitamente. La guerra fría no solo continuaba su curso, sino que se acentuaba. De ahí que el Estado alemán pretendiese de ese modo acabar con todo tipo de influencia de su enemigo comunista en el interior del Estado.

La prohibición de ejercer una profesión pública por motivos políticos afectó durante décadas a personas que pretendían trabajar por ejemplo como profesores o como conductores de tren, ya que a estas profesiones se accedía únicamente a través del empleo público. Desde que la ley se creó hasta 1991 alrededor de 1,4 millones de personas tuvieron que pasar por dicho proceso de control.

Esta praxis fue muy criticada en el interior de Alemania, así como en el exterior. En Francia por ejemplo François Mitterrand, el entonces presidente del partido socialista, se opuso a dicha ley. Las personas afectadas por el decreto continúan aún hoy reclamando una reparación y rehabilitación de su función pública.

Después de la caída del muro de Berlín, en el este de Alemania hubo una auténtica limpieza en el profesorado, desde infantil a universitario. Cientos de profesores fueron despedidos por su relación con el comunismo. Muchos investigadores se marcharon al extranjero a otras universidades, otros se reciclaron en la empresa privada con otras profesiones. La democracia de mercado de la Alemania reunificada demostraba en aquel momento muy poca flexibilidad.

Aunque la legislación continúa vigente, en cada Estado alemán se aplica de forma diferente. Por una parte existe la autocensura de la que hablaba Kerem Schamberger más arriba, en el sentido de que las personas que ya saben desde muy pronto que quieren dedicarse a la función pública no suelen formar parte oficial en organizaciones vigiladas. Por otro lado, la justicia ha ido dando la razón en parte a quien se ha mostrado contrario a que siga vigente una ley creada en un contexto muy diferente al actual.

En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado alemán había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos al haber suspendido a una maestra por el mero hecho de pertenecer al partido comunista DKP. Dichos artículos garantizan la libertad de opinión y reunión. La maestra Dorothea Voigt recuperó su empleo y el Estado alemán fue condenado a pagar una multa.

En 2004 el profesor de instituto Michael Csaszkóczy fue suspendido de la función pública por sus actividades como activista antifascista. A pesar de no haber sido condenado por crimen alguno, durante 25 años el servicio secreto le tuvo sometido a vigilancia y en 2004 le despidieron por formar parte de la comitiva de la asociación Rote Hilfe, que se encarga de ofrecer ayuda jurídica a activistas cuando se encuentran con problemas legales.

En 2007 Csaszkóczy ganó un juicio y volvió a su puesto como profesor. Seguramente Kerem conseguirá su puesto en la Universidad, pero el tufillo a guerra fría y a las dos Alemanias no ha desaparecido del todo en el país.

Fuente original:
http://www.eldiario.es/internacional/Kerem_Schamberger-Universidad-Alemania-comunista_0_572542875.html

domingo, 5 de agosto de 2012

GESTHA manifiesta su total desacuerdo con las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno.



Cuadro 1. Medidas alternativas de GESTHA para aumentar la recaudación

Medidas
Recaudación anual adicional
Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros 13.943 millones
Reducción de la economía sumergida en diez puntos 38.577 millones
Impuesto sobre la Riqueza 3.399 millones
Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública * 1.400 millones
Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro
y ganancias patrimoniales especulativas 1.490 millones
Impuesto a las Transacciones Financieras*         5.000 millones
Total 63.809 millones

* Instando su implantación en el ámbito de la Unión Europea. 


...Los empleados públicos no han generado el agujero de 60.000 millones de euros de las Cajas de Ahorro, tampoco han provocado el Déficit de Tarifa eléctrica de 25.000 millones, ni el Déficit Presupuestario de 2011 de 91.344 millones de euros, ni de una Deuda Pública del 72% del PIB ( 774.549 millones de euros), tampoco somos responsables de la enormes deudas no financieras de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y sin embargo, una vez más nos hacen pagar los errores de otros y, no conformes con ello, nuestros propios Jefes (Ministro y Secretario de Estado de AAPP), denigran nuestro trabajo con comentarios sobre el “cafelito” y que “aprobar un examen” no justifica no hacer nada. 
Por todo lo anterior, GESTHA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, rechaza rotundamente las medidas anunciadas por el Gobierno, frente a las que continuará planteando en todos los ámbitos sus propuestas alternativas para reducir el déficit, para dignificar la función pública y por ende a los funcionarios y, en este contexto, se muestra de acuerdo con las actuaciones propuestas por las Organizaciones Sindicales y, en aras a preservar la unidad sindical y no dispersar los esfuerzos, anima a todos los CTH a participar en todas aquellas movilizaciones que, convocadas conjuntamente por las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal en el ámbito de las Administraciones Públicas, cada uno considere procedentes

lunes, 16 de julio de 2012

Gracias Funcionarios

Ante el ataque a los funcionarios, me pregunto qué pasaría si los titulares de prensa tuvieran un tenor parecido a éste:
 Un funcionario descubre el bosón de Higgs (Peter Ware Higgs es profesor de física con tenure, equivalente a funcionario)
 Un funcionario consigue incrementar la donación de órganos en España con cifras sin precedentes (Rafael Matesanz es funcionario)
 Un funcionario consigue que se detenga a Pinochet (Baltasar Garzón era funcionario)
 Un funcionario consigue reducir las muertes en carretera en más de un 50% (Pere Navarro es funcionario, y era además alto cargo como Director General de Tráfico)
 Un funcionario salva a una mujer de ser asesinada por su marido (pensad en guardias civiles, policías...)
 Un funcionario detiene a un peligroso terrorista.
 Y yo quizá diría: un funcionario ayuda a nacer a mi hijo. Una funcionaria me enseña a darle el pecho. Otra funcionaria me atiende los días posteriores y se asegura de que todo está bien.
Gracias funcionarios. El País, 15 de julio. Violeta Ruíz.

sábado, 24 de marzo de 2012

Yo me acuso. (Nos queda la ironía)

Sí, lo confieso, soy un empleado público. Antes de relatar todas las fechorías que gentes como yo hemos cometido, y que nos han llevado a la actual situación de emergencia nacional, quiero pedir perdón. En primer lugar, a la clase política, por su honradez, valentía, dedicación y espíritu de sacrificio. Al Gobierno, por su altura de miras, su precisión en el diagnóstico y su firmeza en la gestión del bien común y los intereses generales. A sus señorías, por su justa justicia, su independencia y su recta rectitud. A la banca, por su generosidad y altruismo. Y, finalmente, a las gentes de bien, que confiaron en nosotros y a quienes tan groseramente hemos engañado y mentido.
Me acuso, y me declaro culpable, de la barrumbada de cientos de millones de euros repartidos entre los amiguetes para obras sin sentido: puertos sin barcos, aeropuertos sin pasajeros, ciudades de la cultura sin cultura, formación sin objetivos y sin contenido... Me acuso, igualmente, de crear todo tipo de chiringuitos para colocar a familiares, primos, vecinos y demás parentela. Me acuso de los cientos de asistencias técnicas que he sorteado para temas tan enjundiosos como “La salchicha castellana pasado, presente y futuro”, “¿Hay vida en Marte?”… En fin, podría seguir y seguir pero ya conocen ustedes la realidad.
No pido ni perdón, ni comprensión, ni compasión; yo, Funcionario Español, soy el causante de las crisis financiera, económica y política que nos asola, y así lo reconozco; dejo en sus manos el castigo. Muchas gracias y buen juicio.— F. Javier Santos. El País, Santiago de Compostela.

viernes, 16 de diciembre de 2011

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.  Fuente: Juan Torres López http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/154-impertinencias-de-diciembre-de-2011/2543-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores